- Una auditoría realizada por la Contraloría concluye que Marco Calvopiña, ex gerente de Petroecuador, presentó la denuncia en contra del autor del libro Ecuador made in China en medio de incumplimientos de las leyes de administración pública
- Calvopiña permitió que la firma Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio en ese caso, sin contar con un contrato de por medio.
- Cuando finalmente se celebró el contrato, el argumento de Petroecuador para ello fue la falta de confianza en los funcionarios del área legal de la estatal.
Fueron ilegales los procesos pre contractuales y contractuales realizados por Petroecuador con el estudio jurídico Vizueta & Asociados al encargarle la denuncia penal en contra del activista Fernando Villavicencio, por presunto uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y falsedad de instrumentos privados, en su libro ‘Ecuador made in China’, donde se advierte sobre varios escándalos de corrupción petrolera.
Así lo señala el informe de Contraloría DASE 0063-2016, en su examen especial al proceso de contratación suscrito entre la estatal petrolera y Vizueta & Asociados S.A..
El organismo de control determina que la mencionada firma de abogados trabajó con Petroecuador en la demanda contra Villavicencio durante 7 meses antes de su contratación. Por lo que en sus conclusiones establece que el ex gerente de la estatal, Marco Calvopiña (hoy en la cárcel por estar involucrado en la mayor trama de corrupción de Petroecuador) quien presentó la denuncia en contra del activista, no cumplió las leyes que rigen la administración pública al permitir que Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio, sin que exista un contrato de por medio. Y se destaca que la contratación, hecha posteriormente, tampoco se justifica debido a que existían suficientes abogados en Petroecuador para encargarse del proceso legal.
En el libro ‘Ecuador made in China’ publicado en enero del 2013, el eje fundamental de las denuncias de Villavicencio apuntó a los negocios de Petroecuador con Petrochina. El activista afirmó que no había preventas petroleras a ese país, sino que eran préstamos que Ecuador recibía a cambio de la entrega de petróleo: “Se prendó el crudo nacional en operaciones de crédito público… Encubrieron (las autoridades) la violación de varias normas relacionadas con el endeudamiento público, en cuanto a autorizaciones y registros se refiere y se transgredió el Art. 130 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas… Se afectó gravemente la capacidad financiera de EP Petroecuador; se permitió pagar directamente deuda externa pública con ingresos petroleros”. Por lo que, según la investigación de Villavicencio, con estas acciones se incumplieron los artículos 315 de la Constitución, 3 y 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así como el Art. 91 Código de Planificación y Finanzas Públicas.
También denunció a detalle casos como el presunto peculado que se habría causado al Estado por la compra de 240 mil barriles de diesel premiun por parte de Petroecuador a PMI de México, compañía que no tenía ese combustible, pues lo compró a Glencore, una intermediaria descalificada en Ecuador, que además ofertó un precio más alto que las otras oferentes. Esta compra generó un perjuicio de unos $448.800 por el buque, de acuerdo con las estimaciones de Villavicencio.
Estas y otras revelaciones expuestas en el mencionado libro dieron pie a posteriores publicaciones e investigaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. Y con ello desataron la reacción del anterior Gobierno, especialmente del entonces vicepresidente, Jorge Glas, quien ahora funge el mismo cargo, pero sin funciones, en medio de su creciente involucramiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Glas y el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dispusieron a Marco Calvopiña, quien era gerente de Petroecuador, que inicie la acción penal en contra del activista, así consta en el informe de Contraloría.
En efecto, el 5 de diciembre del 2013 Calvopiña presentó en la Fiscalía General del Estado la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador made in China’ con el patrocinio del estudio jurídico Vizueta & Asociados “por contener hechos fraudulentos lesivos y dañinos en el que se ha distorsionado la naturaleza de los documentos originales que reposan en los archivos generales de la empresa”.
Pero esta firma de abogados externos ya estaba en escena dentro de la historia de este polémico caso desde fines de agosto del 2013, pues según la Contraloría, ya venía prestando el servicio de asesoramiento para atender las acciones judiciales que demandaba el tema, sin que Petroecuador haya contratado sus servicios profesionales.
En 2015 Villavicencio pidió al Contralor que inicie una auditoría a los procesos pre contractual y contractual del citado estudio jurídico. La petición la hizo tras acceder a una proforma de honorarios profesionales que envió Vizueta y Asociados a Petroecuador por $580 mil, el 28 de octubre del 2013, señalando que por pedido del gerente de Petroecuador, ha realizado por casi 60 días el estudio y la preparación legal y procesal por los actos contenidos en el libro ‘Ecuador made in China’, “que lesiona gravemente a la empresa y sus funcionarios… que hay un uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y hay también falsedad de instrumentos privados, por lo que es procedente el enjuiciamiento penal del autor del libro”.
La Contraloría hizo un examen especial, analizando el período desde el primero de enero del 2013 hasta el 16 de marzo del 2016.
El gerente de comercio internacional de Petroecuador presentó a Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, como sustento para la demanda en contra de Villavicencio que éste realiza afirmaciones de ciertas operaciones comerciales realizadas por la petrolera que no están acordes a la realidad y afectan a la imagen de la empresa. Sobre esta base, el 15 de noviembre del 2013 el gerente de asuntos jurídicos de Petroecuador recomienda la contratación de un abogado externo para seguir las acciones legales en contra de Villavicencio y sugiere contratar al estudio jurídico Vizueta y Asociados. El gerente de asuntos jurídicos dijo a la Contraloría que debido al monto de la propuesta original de Vizueta & Asociados también planteó a Calvopiña negociar a la baja ese valor.
El 15 de enero del 2014 la Fiscalía inicia la indagación por la acusación de Petroecuador hacia Villavicencio por supuestamente haber cometido el delito de uso doloso de documento falso de carácter público, tipificado y sancionado por los Arts. 339 y 341 del Código Penal.
Para esta fecha Vizueta & Asociados continuaba dando sus servicios de asesoría en las acciones judiciales que implicaba la demanda.
Cuando la Contraloría comunica a Héctor Vizueta Rogasner, gerente de la firma privada, los resultados provisionales de la auditoría sobre la prestación de sus servicios sin que se haya realizado previamente un proceso contractual, la respuesta de Vizueta solo ratifica lo señalado por el organismo de control, al confirmar que “antes de proceder la acción pre-procesal, Vizueta & Asociados efectuó un estudio minucioso de la documentación de los archivos de Petroecuador y la información contenida en la obra “Ecuador made in China”, labor ardua llevada a cabo con funcionarios del área de comercio exterior, archivo general y de administración de Petroecuador”. Vizueta agrega que este trabajo duró aproximadamente 60 días hasta la presentación del informe para revisión de los ejecutivos de la empresa estatal.
Luego de la lectura del borrador de su informe de auditoría, Vizueta sostiene que esta firma de abogados no ha infringido ninguna ley y que “por la complejidad del caso, no podía requerir a Petroecuador la instrumentación de un contrato, mientras no se realizaran los estudios pertinentes a la documentación obtenida, para poder determinar si merecía proseguir con alguna acción penal.”
Pese a estos argumentos, el organismo de control concluye que Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, no observó las leyes que rigen la administración pública, al permitir que el estudio jurídico entregue sus servicios de patrocinio sin contar con un contrato de por medio. Y observa también que en estas condiciones de incumplimiento de las leyes, el ex gerente de la petrolera estatal presentó la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador maade in China’.
Al cabo de dos meses de iniciada la indagación previa de este caso, Petroecuador recién contaba con los términos de referencia para iniciar la fase pre contractual del patrocinio jurídico de Vizueta & Asociados. El 21 de abril de ese año el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador, adjudica el contrato por $200 mil, bajo el procedimiento de Régimen Especial.
Los argumentos que el subgerente de Patrocinio y admnistrador del contrato dio a la Contraloría para justificar esta adjudicación fue que “dicha firma jurídica por disposición del señor gerente general de la época ya venía trabajando en el tema, tanto con la misma gerencia general cuanto con la gerencia de comercio exterior, por lo cual al realizar el requerimiento de contratación se siguió con esa disposición…”.
Es decir, se acepta prácticamente que este contrato se asignó a dedo, sin argumentos legales y técnicos.
“No había confianza en abogados de Petroecuador”: así justifica la estatal la contratación de abogados externos“
El argumento del subgerente jurídico para explicar la contratación de abogados externos para este caso, pese a contar con profesionales del derecho en la misma empresa estatal, fue que “ a la época de asumir funciones, mediados del 2013… se habían dado circunstancias por demás extrañas, como las de no presentar recursos en casos de cuantías enormes, como el de AKIRA de $49 millones, por lo que no existía la confianza necesaria en el personal, tanto así que de la Presidencia de la República, el Secretario Nacional Jurídico remitió el oficio N° T.1 C.1-SNJ-13-564 del 27 de junio del 2013… mediante el cual se hace notar tales irregularidades; todo esto sumado a la carencia de personal, por lo que se trataba de integrar un equipo de trabajo….ya que el personal existente estaba saturado y no cubría las necesidades de defensa de la empresa”.
Luego de los informes favorables de la comisión de evaluación de Petroecuador, la Contraloría resalta que el gerente de asuntos jurídicos, al recomendar la contratación de Vizueta &Asociados no cumplió con un proceso de selectividad para la contratación, con lo que inobservó el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública.
Además, este proceso pre contractual inicia bajo la figura de Régimen Especial, pero el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador no argumentó las razones por las cuales se estableció la necesidad de la empresa para acogerse al mencionado Régimen Especial. Por ello, incumplió el numeral 1 del artículo 92 del Reglamento de la Ley de Contratación pública, según la Contraloría.
De todas formas el contrato Nº 2014082 con Vizueta & Asociados se suscribe el 2 de mayo del 2014, por $200 mil más IVA, es decir 7 meses después de presentada la denuncia en la Fiscalía. El plazo era de aproximadamente tres años y el monto debía pagarse en cinco partes: $60 mil más IVA, a la presentación del informe y de la denuncia en la Fiscalía; $60 mil más IVA, al abrirse la instrucción fiscal; $30 mil más IVA, al dictarse el llamamiento a juicio; $30 mil más IVA, luego de que el Tribunal Penal emita sentencia; y $20 mil más IVA, una vez que exista sentencia ejecutoriada en firme y no se haya presentado recurso extraordinario de protección o si esto se da, una vez resuelto de forma favorable a Petroecuador.
El mismo día de la firma del contrato Vizueta envía su factura a Petroecuador por $60 mil más IVA por el primer pago, valor que le fue cancelado entre el 21 y el 28 de mayo de 2014.
El proceso de indagación continuó hasta cuando la fiscal del caso, Cecilia Garzón, solicitó al Juez de Garantías Penales de Pichincha la desestimación y el archivo de la denuncia presentada por Calvopiña, al considerar que no hay delito.
En su resolución Garzón derriba todas las imputaciones en contra de Villavicencio. Entre sus principales argumentos explica que “los hechos incorporados en la obra “Ecuador made in China “, corresponden a ideas descritas por el autor y que según la Ley de Propiedad Intelectual (Art. 10) “el derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras”. Por lo que concluye que “los hechos denunciados no se adecúan al tipo penal como es el uso doloso de un documento público”.
Agrega que, en su libro, Villavicencio “ha plasmado sus opiniones y críticas a los diferentes gobiernos de turno, para lo cual, si bien es cierto, se tomaron como base convenios, contratos y más documentación de Petroecuador, como empresa pública, no por eso, su obra puede considerarse un documento público, peor aún falso.
Entre los planteamientos de la denuncia de Calvopiña se señalaba que producto de la distorsión de la información del libro, “él (Villavicencio) busca alterar el equilibrio económico y financiero de Petroecuador a nivel nacional e internacional, poniendo en grave riesgo aquellas negociaciones a las cuales está sometida la estatal y lo que es más, divulgando actos irreales de los primeros mandatarios del país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos”.
Frente a ello la Fiscal explica que, según las pericias practicadas, “los convenios y contratos a los que refiere la denuncia, se encuentran en los archivos de Petroecuador y ya surtieron su efecto legal, por lo que la publicación de esta obra no ha impedido la firma de contratos o convenios y que a consecuencia de esto se haya producido una crisis petrolera y económica tanto de Petroecuador como del país”.
Debido a que gran parte de la información expuesta por Villavicencio en su libro había sido solicitada oficialmente por el ex asambleísta Cléver Jiménez, la Fiscalía General también se pronuncia por el fuero de Corte que entonces tenía el legislador y, en febrero del 2016, señala que la solicitud de información hecha por Jiménez se dio sobre la base de su atribución de fiscalizar los actos del poder público, amparado en el artículo 128 de la Constitución y el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El 5 de abril de 2016 el juez de la Unidad Penal de Pichincha resolvió desestimar y archivar la indagación previa.
Tras el dictamen fiscal y la resolución del mencionado juez, Vizueta & Asociados presentó a ese juzgado más informes sobre el tema, consiguiendo que en el mismo mes de abril del 2016, el juez pida al Fiscal Provincial que delegue la causa a otro fiscal que continúe la investigación. Aunque esto sí se concretó, al final el proceso fue archivado.
A pesar de que nunca se llegó a la etapa de formulación de cargos con la que inicia la instrucción fiscal, el estudio jurídico Vizueta & Asociados ya desde el 21 de septiembre del 2015 había pedido a Petroecuador el segundo pago pactado en el contrato por $60 mil. Este pago fue negado por el administrador del contrato.
Para Villavicencio, se evidencia la persecución política en su contra debido al sinnúmero de irregularidades y violaciones a la ley que se cometieron para configurar esa persecución en este caso.
VIZUETA & ASOCIADOS Y SUS CONTRATOS CON EL GOBIERNO
El representante legal de este estudio jurídico es Héctor Vizueta Rogasner. Su oficina matriz está en Guayaquil. Inició sus actividades el 6 de febrero de 1997 y está registrado en el SRI con el RUC 0991383727001.
Su relación con empresas de gobierno se evidencia en varias ocasiones. En 2007 esta firma de abogados estuvo en el ojo del huracán. La razón: Una indagación previa iniciada por el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Financieros, Abraham Cheing, el 12 de marzo de ese año por el supuesto pago de honorarios al estudio jurídico Vizueta & Asociados S.A. por la defensa de Pacifictel en el caso Nedetel.
Una publicación de diario El Universo, del 20 de marzo del 2007, informa que Carlos Reyes Izquierdo, abogado guayaquileño en libre ejercicio, denunció que “Nedetel salió favorecida en un laudo arbitral que condenaba a Pacifictel a pagar “varios millones de dólares ($ 12 millones), que eso está resuelto en última y definitiva instancia, y que por tanto, no se justifica la contratación del estudio y pagarle $ 300 mil”.
El entonces gobernador del Guayas, Camilo Samán, “quien dijo intervenir en el tema por delegación del presidente de la República, explicó que se contrató al estudio para defender a la empresa con un recurso de nulidad del laudo planteado ante la Corte de Justicia”. Añadió que el directorio de la desaparecida Pacifictel aprobó cancelar al bufete el 10% de anticipo ($30 mil) y el 90% restante, por resultados. Y que hasta ahora no se ha pagado ni un solo centavo”.
El gerente del estudio jurídico, Héctor Vizueta, declaró a la prensa que mandó una pro forma, como se estila, que es el 2,5% del valor del laudo, pero para defender su integridad resolvieron no cobrar ni el 10%, sino el total cuando obtengan resultados positivos y agregó “el Presidente de la República ha puesto sobre los hombros de nuestro estudio esta tarea”.
La firma Vizueta & Asociados ha estado relacionada con otras demandas y juicios de Petroecuador, como el caso de Akira. Este bufete de abogados firmó el 9 de septiembre del 2013 un contrato con la estatal petrolera para defenderla en el juicio No. 564-2008-2 y recurso de casación No. 209-2013, iniciados en su contra por la empresa Akira Internacional. El contrato fue por $300 mil con IVA.
Akira demandó a Petroecuador por haberlo incluido en la lista de contratistas incumplidos y haber retenido un valor consignado por la emisión de las cartas de crédito.
La firma Vizueta & Asociados aparece también en reuniones con funcionarios de la Refinería del Pacífico en marzo del 2016 y recientemente fue contratada por el asambleísta de PAIS, Esteban Albornoz para entablar un juicio penal por calumnias a los miembros de la Comisión Anticorrupción.
La Policía ha registrado esa problemática de forma escueta; en sus informes se detallan hechos violentos entre grupos, pero no identifica los interés de los protagonistas que se disputan la tierra y el oro. Hay algunas pruebas: el teniente coronel John Cárdenas, jefe de la policía en Buenos Aires, reconoce en un informe del 11 de marzo a la Junta de Propietarios La Merced de Buenos Aires (que lidera Ruperto Olegario Bolaños Ortega) como una organización antiminera que busca la salida de la empresa australiana Hanrine.
Ruperto Bolaños Ortega fue quien se aprovechó del boom del oro, levantó sus propios peajes para el ingreso a Buenos Aires y la ciudad de plástico y luego hizo una solicitud para ser concesionario minero de la zona. Cuando las autoridades le contestaron que no era legal su pedido, se hizo ambientalista.
Los últimos hechos, de agresión a empleados y pobladores de la zona, junto a técnicos de empresas mineras, por otros vecinos del sector, provocó el inmediato ingreso del Ejército en la comunidad y la rápida intervención en la mina, donde encontraron, nuevamente a jornaleros en las galerías y socavones. La policía no fue protagonista.
