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Ecuador dejó de ser país petrolero (2)

  • mh
    20 de abril de 2015

Fracking de EE.UU., fractura a productores
Una suerte inédita, es la que ha gozado el gobierno de Rafael Correa durante estos ocho años, en los que los precios del petróleo se han mantenido altos, con un promedio de 70 dólares el barril, aunque ha llegado a picos de hasta 140 dólares.
Ilustración: Este es el esquema del fracking, o fracturación hidráulica que permite extraer hidrocarburos que se encuentran en las rocas a presión.
Solo en 2009 se experimentó una súbita, pero corta caída. Sin duda el desplome de los precios registrado en 2014 que se mantiene hasta la fecha -sin posibilidad de recuperarse en el corto plazo- es un golpe letal a la economía ecuatoriana. Este hundimiento de los precios estuvo advertido en la agenda de la economía global desde el año 2010 cuando se evidenció una baja de la demanda de derivados, producto del debilitamiento de la economía europea, principalmente, y ante la revolución silenciosa de EE.UU que le permitió subir la producción petrolera, a través de la novedosa técnica de fracturación hidráulica (Fracking), orientada a extraer hidrocarburos atrapados entre las rocas.
Una suerte inédita, es la que ha gozado el gobierno de Rafael Correa durante estos ocho años, en los que los precios del petróleo se han mantenido altos, con un promedio de 70 dólares el barril, aunque ha llegado a picos de hasta 140 dólares. Solo en 2009 se experimentó una súbita, pero corta caída. Sin duda el desplome de los precios registrado en 2014 que se mantiene hasta la fecha -sin posibilidad de recuperarse en el corto plazo- es un golpe letal a la economía ecuatoriana.
Este hundimiento de los precios estuvo advertido en la agenda de la economía global desde el año 2010 cuando se evidenció una baja de la demanda de derivados, producto del debilitamiento de la economía europea, principalmente, y ante la revolución silenciosa de EE.UU que le permitió subir la producción petrolera, a través de la novedosa técnica de fracturación hidráulica (Fracking), orientada a extraer hidrocarburos atrapados entre las rocas.
Como resultado de esta operación, EE.UU se ha convertido en el primer productor de petróleo del mundo, con 11 millones de barriles diarios, superando incluso a Arabia Saudita. Actualmente, la sobreoferta de crudo se estima en dos millones de barriles al día.
Esta revolución petrolera de EE.UU., no solo logró fracturar la geología sino que, al desplomar los precios del crudo, también fracturó a aquellas economías dependientes del petróleo, que actualmente ostentan gobiernos identificados como autoritarios. De esta forma, regímenes como el de Vladimir Putin (Rusia), Nicolás Maduro (Venezuela) y Rafael Correa (Ecuador), experimentan graves impactos en sus economías: Rusia prácticamente ha ingresado en recesión; en Venezuela, país que depende en un 95% de las exportaciones petroleras, la crisis está tocando fondo; y, la economía de Ecuador está entrando en terapia intensiva. La economía es mala consejera, la falta de dinero vuelve impopulares a los caudillos. De esta forma, EE.UU está exhibiendo una nueva estrategia para incidir no solo en la economía global, sino incluso “fracturar“ a gobiernos como los de Putin, Maduro y Correa, dejando en el pasado el cuestionado intervencionismo.
No hay excusa. El gobierno de Ecuador estaba advertido de la caída del precio del crudo y debió adoptar medidas para enfrentar los impactos en la economía, como crear una reserva con los recursos petroleros que excedieran el precio presupuestado. Por el contrario, las políticas emprendidas en el sector hidrocarburífero desde el año 2007 fueron en dirección opuesta. La entrega de la administración de Petroecuador a la Marina, privilegió objetivos políticos del gobierno, antes que la definición de una política energética soberana, los resultados fueron evidentes: caída de la producción, mayor corrupción, e impulso de inversiones millonarias en proyectos no sustentables, como la refinería del Pacífico, la explotación del ITT dentro del área protegida Yasuní, la construcción de la planta de gas en Monteverde cuando se va a sustituir el consumo de gas; o, cuestionados negocios con China, como el oneroso endeudamiento garantizado con petróleo.
Como nunca antes en la historia petrolera ecuatoriana, el crudo de exportación fue entregado sin licitación y a precios descontados, a Petrochina (China), Pdvsa (Venezuela), Petrovietnam (Vietnam) y Ancap (Uruguay), empresas estatales que sirvieron de pantalla para transferir el petróleo a intermediarios privados, que hicieron millonarios negocios a través de la reventa del hidrocarburo en el mercado norteamericano, principalmente.
En el plano de la contratación petrolera, el gobierno de Correa impulsó una propuesta orientada a liquidar el “pasado neoliberal“, recuperar una mayor participación en la renta petrolera y refrendar la “soberanía energética“: cambio de modalidad contractual de Participación a Prestación de Servicios. El revolucionario contrato de Prestación de Servicios diseñado por el exministro Wilson Pastor, no era sino el mismo viejo modelo aplicado por el propio Pastor durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, con la compañía norteamericana Maxus (Bloque 16), solo que ahora con algunos maquillajes modernos.
La diferencia central entre el contrato de Participación y el de Prestación de Servicios, radica en que, en el primero, la compañía recibe una participación directa en la producción de crudo, mientras con el segundo, el Estado paga a la contratista una tarifa por barril extraído, de esta forma las compañías extranjeras se aseguraron un ingreso permanente, no así el país, cuyos ingresos estaban determinados por el comportamiento del precio internacional del hidrocarburo. Aunque en el contrato de servicios, literalmente el 100% del petróleo es de propiedad del Estado, en la práctica las tarifas se cancelan con petróleo.
Contratos como el de Maxus sirvieron de ejemplo para sendos cuestionamientos, por cuanto fomentaban graves distorsiones económicas y abusos de las compañías que inflaban los costos de producción, los que al final eran cubiertos por el Estado. Por esta razón este tipo de contrato fue sustituido por el de Participación en la década de los 90, aunque la cura resultó peor que la enfermedad, no porque el modelo sea malo en sí, sino por una pésima negociación, que definió una inequitativa participación del país en la producción de petróleo. En síntesis, durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, en los contratos de Servicios con costos de producción superiores a los precios del crudo, los ingresos para el país fueron cero, mientras que, en los renovados contratos de Participación, igualmente el Ecuador recibió un promedio de apenas 25 barriles de cada 100, una participación marginal.
Con ese telón de fondo, los funcionarios de la revolución ciudadana definieron el cambio contractual, el retorno al viejo modelo de servicios petroleros, maquillado. Cuatro fueron los beneficios que pensaban alcanzar con los nuevos contratos: a) mejorar la participación del Estado en la renta petrolera; b) atraer inversión extranjera para actividades de riesgo exploratorio; c) incrementar las reservas de petróleo; y, d) subir la producción de los bloques privados.
En la práctica, los objetivos a, b y c, resultaron un rotundo fracaso. El primero tuvo un relativo éxito debido a los altos precios del petróleo hasta el 2014, lo que le permitió al gobierno obtener mayores ingresos fiscales por exportación, hasta que los precios se desplomaron y dejaron en harapos el ponderado modelo contractual.
Durante los cinco años de vigencia de los contratos, las reservas probadas de los bloques operados por las transnacionales no se incrementaron, la producción cayó hasta ubicarse en 2014 en 120 mil barriles diarios. Los yacimientos operados por las compañías extranjeras están prácticamente agotados.
El gobierno garantizó tarifas de entre 35 y 41 dólares por barril a las compañías extranjeras, en los principales bloques petroleros, aunque en algunos casos como Ancón, la tarifa es de 58 U$/BL, además redujo el impuesto a la renta del 44.4% al 25%. Así, las compañías se aseguraron un ingreso fijo, mientras la participación del Estado quedaba a expensas del precio internacional del petróleo. El costo de producción de Petroecuador y Petroamazonas a esa fecha (2010) era de 9 dólares el barril, promedio.
Según las propias cifras del gobierno lo que ganó el país con el cambio de modalidad contractual de Participación a Prestación de Servicios, fue 0,34 centavos de dólar por barril. Una cifra insignificante, como se expresa en el cuadro.
En el área de mayor producción privada, como es el Bloque 16 de Repsol, el país perdió 2,27 US/BL, con la nueva tarifa. Además se le amplió el contrato por 6 años, en circunstancias que desde el 2012, el 100% de las reservas, infraestructura y producción (38 mil barriles diarios) debieron pasar gratuitamente al Estado.
En el caso del bloque Tarapoa operado por la empresa china Andes Petroleum (CNPC), con la renegociación se anexó el campo unificado Fanny 18B, cuyo 70% de reservas eran de propiedad de Petroecuador, esta acción se adoptó pese a que en la reforma legal no consta ninguna disposición relativa a campos compartidos.
Con la compañía italiana Agip (Bloque 10) igualmente se amplió el plazo contractual y se anexaron los campos Lumbiquiti y Oglan, este último descubierto por Petroecuador, con reservas probadas de 60 millones de barriles, cuya extracción hoy le cuesta al país 35,00 US/BL.

Las joyas de la corona van a compañías extranjeras
Con el objetivo de subir la producción en los campos maduros, conocidos como “joyas de la corona“, anteriormente operados por la estatal CEPE-PETROECUADOR, el gobierno procedió a la firma de contratos de servicios específicos, entre los años 2012 y 2014, con las compañías extranjeras: Halliburton, Schlumberger, Tecpetrol, Sinopec, Sertecpet, para los campos Auca, Shushufindi, Cuyabeno, Libertador, Aguarico. Previamente, el campo Sacha, uno de los más grandes del país, fue adjudicado a la empresa mixta Río Napo (Petroecuador-Pdvsa) con una tarifa de 17,06 U$/BL.
Con estos contratos se obliga a la empresa pública Petroamazonas a adquirir a las empresas privadas extranjeras, directamente y por 15 años, los equipos y servicios para mantener y subir la producción; además, se incluye la aplicación de tecnologías de recuperación mejorada, con una tarifa de 39 dólares el barril. Las inversiones en equipos y contratación de servicios de Petroamazonas el 2014 ascendieron a U$ 3384 millones, mientras el año 2007 fueron apenas de U$ 342 millones. La vigencia de estos contratos y el crecimiento de la inversión pública, permite explicar el incremento de los costos de producción de Petroamazonas, de 9 a 27 U$/BL. En menos de tres años prácticamente los costos se triplicaron.
Como se aprecia, con los contratos de servicios específicos estas compañías se aseguraron por 15 años la provisión directa (Sin licitación) de bienes y servicios a Petroamazonas, por una cifra superior a los U$ 3000 millones anuales, uno de los mayores negocios del país. Durante siete años de la revolución ciudadana (2007 – 2014) las inversiones en exploración y explotación de petróleo realizadas por las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, llegaron a U$ 13.037,01 millones, una de las más altas de la historia petrolera, pero los resultados, principalmente el descubrimiento e incorporación de nuevas reservas probadas, son negativos.
Aunque literalmente, la empresa pública Petroamazonas figure como operadora de los campos maduros (Joyas de la Corona), en la práctica, de acuerdo con los contratos de servicios específicos, la casi totalidad de actividades: desde los servicios de alimentación, estudios técnicos, fiscalización, sísmica, mantenimiento y perforación de pozos, las realizan compañías privadas extranjeras, en una suerte de privatización encubierta.

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