Nívea Vélez: ‘En el IESS, donde poníamos el dedo salía pus’ (2)
Eliminación del 40% y ampliación de la cobertura, los peores golpes que un Gobierno ha dado al IESS
El 20 de abril de 2015 entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral. En lo que a seguridad social respecta, la norma permite que cerca de un millón y medio de amas de casa se afilien. Al mismo tiempo elimina la obligación del Estado, contraída hace 70 años, de aportar el 40% del valor de las pensiones jubilares, que equivale a $1 100 millones por año. Para ello, el movimiento gobiernista Alianza País (AP) reformó el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social y, en lugar de fijar un valor o porcentaje, dispuso que el Estado solo invierta en los jubilados cuando haga falta. No estableció cómo ni con qué recursos.
Imagen: Paulina Guerrero, exrepresentante de los trabajadores del IESS, fue estituida. Ella tenía una visión crítica del manejo del Ginerno en la seguridad social.
El argumento que esgrime el Gobierno de Rafael Correa para justificar esta reforma es que el IESS tiene superávit. Según expertos en seguridad social, ese superávit proviene principalmente del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que incluye las pensiones jubilares.
Los efectos de las reformas empezaron a sentirse a fines de 2014 cuando se registró un déficit superior a 500 millones de dólares en el fondo de salud. Otra reforma a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2010 ya mermó la sostenibilidad de los fondos del IESS al incluir a cónyuges e hijos menores de edad de los afiliados como beneficiarios de la atención médica gratuita en hospitales públicos y privados con convenios con el IESS. Aquello desbordó la demanda de servicios pues se estima que los afiliados tienen cuatro millones de hijos. Atenderlos supuso un gasto de 65 millones de dólares en 2014, sin que el IESS reciba nada de ellos.
Esta política clientelar es la que, en opinión de Nívea Vélez y Paulina Guerrero, tiene al Instituto al borde de la quiebra pues resulta insostenible dar cobertura cerca de nueve millones de beneficiarios, de los cuales la mitad aporta. Por ello, el dinero que sobra en pensiones jubilares falta en otros fondos como el de salud.
Por ello, ambas enfatizan en la necesidad de que el Consejo Directivo cumpla su compromiso de hacer un análisis actuarial técnico. Solo de esa manera se podrá hacer una proyección económica confiable que mida la sustentabilidad de la seguridad social tras la eliminación del aporte estatal del 40%.
De varios estudios efectuados hasta el momento, uno estima que el IESS será sustentable 12 años, otro 23 años y un tercero advierte que, para 2050, habrá un déficit de 70 000 millones de dólares.
Entre las tantas personas que han advertido el impacto de la eliminación del 40% está la ex intendenta de Seguridad Social, Carmen Corral. Para ella, la Ley quebrará el fondo de pensiones y, cuando eso ocurra, al Gobierno no le quedará más opción que elevar los aportes de los afiliados, subir la edad para jubilarse y aumentar la base de cálculo de la pensión.
El panorama es sombrío. En 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuó un estudio según el cual el déficit del IESS se evidenciaría en el año 2030. Pero ojo que esa estimación fue antes de que el correismo eliminara el 40%, lo que implica que la crisis se agudiza de forma inmediata, como está ocurriendo en la actualidad. Según el organismo, la deuda del Estado con el IESS bordearía los dos mil millones de dólares en 2030 y 10 000 millones en 2050. Este cálculo incluye el impacto del crecimiento demográfico en las finanzas del Instituto, debido a las variaciones que, en los últimos 25 años, han registrado las tasas de fecundidad y de esperanza de vida.
Este análisis se basa en cifras de la Cepal según las cuales en 1990 cada ecuatoriana tenía en promedio 3,67 hijos y, en 2010 2,48. La esperanza de vida, en tanto, aumentó de 69 a 75 años. Si esta tendencia se mantiene quiere decir que los aportantes van disminuyendo y los jubilados aumentando.
Esto afecta la sostenibilidad del financiamiento de las pensiones jubilares pues sin el 40% de aporte estatal, la principal fuente de financiamiento del Fondo de Pensiones son los aportes de los nuevos afiliados, pero cada día son menos.