Hoy este dilatado proceso judicial podría resolverse con la presentación del peritaje de Jimmy Ricardo Franco, que establece que Holcim debe pagar USD 101.980.923.14 a los demandantes.

La decisión está en manos de la jueza Vanessa Mercedes Wolf, quien deberá emitir un pronunciamiento y resolver si acoge o no el análisis del perito.

Los miembros de la “Asociación de Jubilados y Veteranos de la Cemento Nacional” (hoy HOLCIM ECUADOR S.A.) reclaman esos recursos como un régimen de jubilación especial por los problemas de salud que les causó la producción de cemento.

Eduardo Carmigniani, abogado de Holcim dijo a El Universo que la empresa ya impugnó el peritaje de Jimmy Ricardo Franco por no acogerse a las fórmulas establecidas por la Corte en 2014, e hizo referencia a un peritaje privado realizado por el economista Walter Spurrier que señala que Holcim debe pagar solo $3 millones.

Carmigniani aseguró a ese diario que la empresa nada tiene que pagar “porque en 2017 ya se cancelaron los $3 millones al Seguro Social”.

La nota de El Universo recoge el testimonio de Raquel Jiménez de Garzón, jubilada de 71 años, quien trabajó en la cementera por 35 años.

Ella señala que tiene problemas auditivos causados por el fuerte ruido al que estuvo expuesta por más de tres décadas.

Además, ha tenido que enfrentar el contagio del Covid-19 sin tener los medios económicos suficientes para garantizar su recuperación.

Sus compañeros de lucha viven una situación similar, pues en su avanzada edad, a más de padecer enfermedades respiratorias provocadas por los años de trabajo cerca del cemento, deben hacer frente a la crisis sanitaria y económica que vive el país.

Su esperanza de mejores días, dicen, está puesta en la justicia y en lo que hoy resuelva la jueza Vanessa Wolf.