Puná o cómo funciona la justicia en el Ecuador
El 7 de agosto de 2018 a las 16h00 se realizó un operativo de desalojo liderado por autoridades policiales del más alto nivel. Un operativo de esa naturaleza realizado en el Ecuador continental difícilmente hubiera pasado desapercibido. En este caso, salvo algunas protestas en redes sociales, no se supo de él. El operativo sucedió en la Isla Puná y al parecer lo que pasa en Puná se queda allí.
Puná, es la isla mayor del Golfo de Guayaquil. Pese a que administrativamente es parte de Guayaquil, su comunicación con la urbe es limitada. A Puná sólo se llega por agua, ya sea que se tome la embarcación diaria desde la zona del mercado Caraguay, en Guayaquil, o desde Posorja (otra parroquia rural de la ciudad) donde se sale con más frecuencia. El éxito del viaje y el tiempo de duración del mismo depende de la mareas. Por lo menos es hora y media cruzando el mar desde la ciudad. A veces las embarcaciones quedan varadas en el lodo.
Probablemente por ello y también por el sigilo comunicacional con que el que se procedió, no se dio cobertura a un operativo que partió con 25 embarcaciones desde Posorja y movilizó 300 policías bajo el mando del Coronel Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior. El crnel. Tello no era el único alto oficial en el operativo, lo acompañaban el crnel. Johnny Charles Mora Flores, Jefe de Operativo del Distrito Sur y el teniente coronel Jefferson Santamaría. También estaban cuatro comisarios de policía del Guayas: Wilson Layana (Juján), Byron Alcívar (Durán), Lorena Toledo (Playas) y el Ab. Manuel Barreto (Milagro). Dos Agentes Fiscales: Franklin Muzzio Manrique y Alfredo Chonillo Muñoz. Los acompañaba el beneficiario del desalojo: el abogado Fernando Rosero acompañado por sesenta civiles a sus órdenes, que llegaron en sus propias embarcaciones. También fue parte del operativo un helicóptero de la Policía.
El sigilo también se explica porque el desalojo se realizó para cumplir una orden judicial que ha sido denunciada por los afectados como ilegal e inejecutable. En la orden, emitida en una sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, ni siquiera aparecía el nombre de quienes fueron desalojados ese 7 de agosto de 2018, en predios ubicados en el Sector de la comuna ancestral Río Hondo y La Flor de la isla Puná, Segundo Reyes Gonzabay, empresario camaronero oriundo de la isla, su empresa Pescayo S.A.
La sentencia decía que se desaloje a Freiman Solís Sánchez, quien había trabajado en un predio vecino al desalojado. Si bien la sentencia agregaba que también se desalojará a “las personas que aparezcan como invasores en terrenos de “La Hacienda El Placer”, María Leonor Jiménez de Viteri, ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, señala que dado que en materia penal la responsabilidad es personalísima y, siendo el derecho restrictivo, una sentencia que pedía el desalojo de quien ya no estaba ahí y que por otra parte no citaba los nombres de quienes realmente iban a ser desalojados, era inejecutable.
El tema de la inejecutabilidad de la orden de desalojo es sólo la punta del iceberg. De fondo está el hecho de que fiscales, jueces y autoridades como el ex Ministro del Interior, Mauro Toscanini, y el crnel. Tello convirtieron en “invasores” y “traficantes de tierras” a quienes tenían una historia de dominio de décadas de los predios de los que fueron desalojados. Tanto para los abogados de las Comunas, como de la empresa Pescayo S.A. el meollo del asunto es que se trasladó de manera retorcida al ámbito penal un problema que debía haber sido resuelto en el ámbito de lo civil: es decir los demandantes de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer, primero, debieron haber borrado procesos de extinción de dominio y adjudicación de tierras a favor de las comunas y de Segundo Reyes, realizados décadas atrás en el marco de la Ley de Reforma Agraria, lo cual en un régimen de derecho sería muy difícil. Además, por parte del Ab. Fernando Rosero el tiempo ya se había agotado.
Antes del desalojo realizado el 7 de agosto de 2018 hubo varios intentos. El primero ocurrió el 9 de junio y no se concretó. El segundo intento sucedió el 14 de junio y se vio frustrado porque subió la marea y quedaron empantanados. El 22 de junio Fernando Rosero tenía listo ya un contingente para acompañar otro intento de desalojo, que no se dio.
¿Cómo se metió Fernando Rosero en este caso? Fue abogado patrocinador de Zaira Eljuri, quien aseguraba ser la propietaria ya que su tío, supuestamente, le dejó a su fallecido padre los derechos sobre las aportaciones que le correspondían como uno de los propietarios de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Dicha cesión de derechos está denunciada como falsifcada y es objeto de una investigación fiscal que se encuentra pendiente. En agosto de 2015 Rosero patrocinó la demanda de Apertura de la Sucesión Hereditaria (juicio # 092009-2015-06426) y posteriormente una denuncia de invasión que Zaira Eljuri presentó en julio de 2016. El 15 de junio de 2017 Zaira Eljuri, quien se encontraba delicada de salud, otorgó un poder especial a favor de Fernando Rosero, que lo facultaba para realizar cuanto acto jurídico estime en razón del predio perteneciente a la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Apenas un mes después, el 14 de julio 2017, Zaira Eljuri falleció, pero al parecer el poder que había otorgado a su abogado se extendería más allá de su muerte.
Estas fotografías corresponden al 29 de septiembre de 2017, cuando Fernando Yávar Núñez, Fernando Rosero Gonzalez y policías acudieron a la Hacienda El Placer, en la parroquia Puná al reconocimiento del lugar de los hechos, correspondientes a la denuncia presentada el 3 de mayo de 2017 por Zaira Eljuri Alarcón en contra Vladimir Sisalima Barros, por el supuesto delito de Ocupación, Uso Ilegal de Suelo y/o Tráfico de Tierras.
Tras fallecer su apoderada, Rosero se convirtió en el Gerente de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. En tal calidad, compareció a la investigación previa No. 090101817050601 que su clienta había iniciado en contra de otro posesionario de las tierras, Vladimir Sisalima Barrios, por el supuesto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, para informar al fiscal a cargo, Fernando Yávar Núñez de la muerte de Zaira Eljuri y que ahora él estaba al frente de la denuncia. En ese acto pidió que el Fiscal incluya a Segundo Reyes Gonzabay como coautor y principal instigador del presunto delito.También pídió a la Fiscalía que realice una inspección in situ para desalojar a Sisalima y Reyes.
El 29 de septiembre de 2017 el fiscal Fernando Yávar Núñez y el Ab. Fernando Rosero González llegaron a Puná en helicóptero para realizar el “reconocimiento del lugar de los hechos” dentro de la investigación previa por el presunto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras. Durante tal diligencia el Fiscal Yávar dispuso la aprehensión de Freiman Solís Sánchez, guardián de Sisalima, por el delito de tenencia de arma de fuego sin permiso, pues la Policía, al ingresar a su dormitorio, encontró una cartuchera bajo su almohada. Al llegar a Guayaquil el cargo en contra de Freiman Solís fue modificado y, lo acusaron de invasor. Cambiaron también al fiscal y, a partir de eso, lograron la orden de desalojo que dio lugar a la expulsión de las comunas y Reyes de sus tierras.
Entre el 14 de junio y el 7 de agosto de 2018, tanto los abogados de Pescayo S.A. como de las comunas afectadas realizaron varias acciones centradas en la inejecutabilidad de la orden judicial y la tortuosa actuación de la Fiscalía y jueces del Guayas. Acudieron a la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En compañía de la CNA Guayas acudieron ante la Gobernación del Guayas. Se les informó que el Intendente del Guayas no iba a mandar desalojar por la inejecutabilidad. Los abogados también denunciaron ante el Consejo de la Judicatura la actuación de la ex Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón. El Presidente de la Comuna Ancestral Indígena Río Hondo envió el 5 de julio una comunicación al Viceministro del Interior, solicitando que suspenda la medida.
Pero al parecer la capacidad de presión de Fernando Rosero, sobre quien los afectados señalaron que tendría cercanía con el entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini, era muchísimo mayor.
La noche anterior al desalojo el entonces Intendente del Guayas, Josué Dumani, quien tenía dudas sobre la ejecutabilidad de la orden de desalojo y habría estado esquivando su consumación, estaba en su residencia en una ciudadela cerrada, cuando la general de policía Tannya Varela Coronel llegó hasta su puerta para trasladarle la orden del entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini de que tenía que firmar la orden para que la Comisaria de Playas se haga cargo del desalojo, pues la Comisaria de Guayaquil se había reportado enferma.
El día del operativo la abogada de Pescayo, Mariana Mejía, exhibió ante las autoridades los títulos de propiedad (Registro de la Propiedad de Guayaquil) de los predios de donde los estaban desalojando y les indicó que la zona de Playas y Bahía (85.95 hectáreas), donde también estaba ubicada la Granja Acuícola Pescayo, eran terrenos estatales sobre los que tenían un Acuerdo de Concesión de Playas y Bahías vigente, pues ha sido renovado por la autoridad respectiva, de conformidad con la ley desde su concesión original en 1997. El Cnel. Mora Flores contestó a la abogada que no tenía interés en lo que decía y que iba a cumplir con la orden judicial y eso implicaba desalojar todo el predio.
Más allá de la inejecutabilidad del desalojo, las autoridades extendieron el desalojo a la Zona de Playas y Bahías de 85.95 hectáreas concesionadas a Pescayo desde 1997, misma que se ha renovado de acuerdo a la ley y por lo tanto se encontraba vigente. De ahí que ni el predio ni los bienes que estaban en ella podían haber sido entregados a Rosero.
Tampoco se permitió que el administrador de Pescayo S.A. esté presente en la elaboración del inventario de bienes existentes, entre ellos la producción camaronera que se encontraba en fase de recolección y sembrado, ni los insumos, balanceado, bienes muebles e inmuebles, que eran propiedad de la empresa.
El operativo de desalojo se realizó con uso excesivo de la fuerza pública, los trabajadores y comuneros fueron amenazados y maltratados físicamente por los oficiales de policía y sus subalternos. En el operativo fueron detenidas catorce personas, mujeres, trabajadores, comuneros, guardias de seguridad de Pescayo S.A. No se les leyó sus derechos durante el arresto y fueron puestos a órdenes del juez penal fuera del plazo que determina la ley (26 horas). Incluso se detuvo a la abogada de la empresa, Mariana Mejía, a pedido de Fernando Rosero. Los detenidos fueron esposados desde las cinco de la tarde del día martes 7 de agosto del año 2018 hasta las siete de la noche del miércoles 8 de agosto del año 2018 cuando, después de llevarlos de Puná a Guayaquil y finalmente a Playas, los presentaron ante el Juez de lo Penal de esa localidad para su audiencia de flagrancia. Durante todo eso tiempo no les dieron de beber ni de comer.
La travesía de traslado desde Puná hasta el puerto de Posorja fue azarosa. Las embarcaciones que llevaban a los detenidos se dañaron por lo que tuvieron que pasar durante tres horas, en la madrugada, varados en alta mar hasta que fueron rescatados. Llegaron al Cuartel Modelo de Guayaquil a las 8:30 de la mañana. Las mujeres detenidas fueron llevadas al Hospital Universitario para su revisión. La abogada Mariana Mejía, de 61 años, presentaba un cuadro grave de hipertensión por lo que debió ser medicada repetidamente para que pudiera presentarse con los demás detenidos en la Sala de Audiencia de Flagrancia del Cantón Playas que se encuentra a cuarenta minutos de Guayaquil. Finalmente fueron liberados, pues el juez determinó que no había motivo para procesarlos.
El fin de semana siguiente al desalojo, los vecinos de la Comuna Río Hondo, vieron a los empleados del abogado Rosero cosechando los camarones de las piscinas de Pescayo S.A.
Después del desalojo
Mientras Segundo Reyes Gonzabay enfrenta un juicio por Uso Ilegal de Suelo y Tráfico de Tierras por estar en su propio predio, sus abogados han contratacado y presentaron una denuncia por el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras en contra del Ab. Fernando Rosero González, gerente de los Predios Rústicos Hacienda El Placer, por el desalojo del 7 de agosto de 2018 y por haberse apropiado incluso de la zona de playas y bahías.
La denuncia fue presentada el ante el Fiscal de Espacios Acuáticos, Víctor Hugo Calderón, quien abrió el expediente número 090101818082237 (161-2018) por desalojo ilegal de Segundo Reyes Gonzabay, de los trabajadores de la Empresa Pescayo S.A. y por la ocupación del área ubicada en zonas de Playas y Bahía sobre los cuales Segundo Reyes tiene derechos de posesión, desde1985 renovados el año 1999 mediante Acuerdo Ministerial No. 101-2008, por lo que posee el derecho exclusivo de ocupación de la camaronera construida sobre tierras estatales.
En el Oficio Nro. MAP-SUBACUA-2018-1804-O del 14 de agosto del 2018, remitido por Luis Daniel Carofilis Hernández, Subsecretario de Acuacultura, y Pesca al Gobernador de la Provincia del Guayas se señala:
“Que el Acuerdo Ministerial No. 101-2008 se encuentra vigente y que se ha renovado los Derechos de Concesión de una área de Zonas de Playa y Bahía, otorgada el 18 de septiembre del año 2008, por una superficie de 85,95 hectáreas ubicadas en el sitio La Florida y El Placer, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, otorgada a favor de la empresa PESCAYO S. A., y concluye que dicha Cartera de Estado, no ha dispuesto realizar ningún desalojo contra ese predio camaronero de 85,95 hectáreas”.
Esta es la certificación de que la concesión sigue siendo de Reyes y que fue despojado de ella con violencia, por parte de Rosero, con colaboración de la Policía. Sin embargo, ni la Gobernación ni la Intendencia quieren desalojar a Rosero.
Ante lo sucedido, el Fiscal Víctor Hugo Calderón dispuso realizar un reconocimiento del lugar de los hechos, el mismo que se realizó el 29 de agosto de 2018 con personal técnico de la Dirección de Control Acuícola de la Subsecretaría de Acuacultura, personal Técnico y policías de Medio Ambiente, un perito del departamento de criminalística y un agente investigador de la Policía Judicial, quienes se trasladaron al predio ubicado en el sector La Florida y El Placer, sitio Río Hondo, cantón Guayaquil, lugar donde funciona la camaronera Pescayo S.A. para verificar el estado actual de legalidad y operatividad del predio en referencia.
Al regresar de la diligencia y arribar al Muelle Municipal del Mercado Caraguay en Guayaquil, Daner Reyes Ortega, hijo de Segundo Reyes Gonzabay recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como la General Tannya Varela Coronel, Jefa de la Zona 8 de Policía. Él le pasó la llamada al abogado de Pescayo S.A. Patricio Pazmiño Salazar. La general preguntó si era verdad que habían ingresado al predio 50 policías y si los servidores policiales habían rastrillado sus armas a los empleados de Fernando Rosero que se encontraban ahí, pues él así lo había denunciado. El abogado Pazmiño respondió que eso era falso, ya que solo se había inspeccionado las zonas de playa y bahía en cumplimiento de la diligencia dispuesta por el Fiscal de Espacios Acuáticos, que no había ese número de policías pues sólo estaban un policía de criminalística, un agente investigador de la Policía Judicial del Guayas, dos policías de la UPMA y dos de la Marina. La general agradeció la información.
En este momento está por determinarse fecha de audiencia de juzgamiento en el proceso por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras contra Segundo Reyes Gonzabay, Vladimir Sisalima Barros y el guardián Freiman Solís Sánchez. También está pendiente una indagatoria pedida por el Fiscal Fernando Yávar contra Segundo Reyes Gonzabay y otros por asociación ilícita para invasión de tierras. Contra la abogada de Segundo Reyes, Mariana Mejía por prevaricato. También existe la denuncia de Patricio Pazmiño contra Fernando Rosero por uso de documento falsificado en referencia a la supuesta cesión de derechos de Franco Eljuri a Felipe Eljuri el 8 de marzo de 1977, denuncia contra Fernando Rosero por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras por estar vendiendo la 3.090 hectáreas de Puná y otra por invasor en zonas de playas y bahías, propiedad del Estado, concesionadas a Pescayo S.A.
Por su parte la Comuna Río Hondo, a través de su abogado Ricardo Ochoa, presentó una solicitud de medidas cautelares el día previo al desalojo pero se las negaron. También denunció a la jueza por no tomar en cuenta su fundamento y haber hecho copy/paste de otro fundamento. Pese a que el Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, el 9 de agosto pasado, les contestó que el desalojo no iba a perturbar el área de la comuna, a los cuatro días del operativo la gente de Rosero hizo una zanja en el área de la comuna. Existe un informe del teniente político de Puná sobre esta afectación a la Comuna. Y lo más grave: las tierras de la comuna Río Hondo están incluídas en el predio que Rosero ha puesto a la venta. Por lo que la comuna va a comparecer en calidad de terceros perjudicados en la utilización dolosa de documentos públicos falsos. El Ab. Ricardo Ochoa manifiesta que pese a que a Río Hondo le asiste el derecho, su falta de recursos la pone en situación de desventaja.
22 de junio 2018. Protesta de Comuneros de Puná en apoyo a Segundo Reyes Gonzabay
A los abogados de Reyes, les preocupa en cambio, que se mantenga la parcialidad con la que ha actuado tanto la Fiscalía como los jueces hasta ahora. Según los abogados de Pescayo S.A. la entonces Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, dio luz verde al proceso por invasión y tráfico de tierras, mientras dejó en el limbo la investigación previa sobre la validez del documento de cesión de derechos entre los hermanos Eljuri,en que se fundamenta el otro proceso. Tampoco ha sido buena su experiencia en las cortes, con jueces que no aceptan o no leen las pruebas de sus defendidos. Finalmente, la actuación del Ministerio del Interior, bajo el mando de Mauro Toscanini, su viceministro Andrés De La Vega y el Cnel. Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, al ejecutar una orden de desalojo inejecutable concretaron el despojo de cuatro comunas y un empresario para quienes no existe la seguridad jurídica en el Ecuador.
Al mismo tiempo, si bien se habría caído el convenio de compraventa entre Fernando Rosero y los empresarios camaroneros de Machala, Darío Francelín Coronel Jiménez y Kleber Franco Loayza Cárdenas por seis millones de dólares, en días recientes se ha visto anunciada la venta de 3.080 hectáreas, con camaronera incluída, por 10 millones de dólares. Es decir, pese a toda la opacidad que rodea a los procesos de cesión de derechos sobre estas tierras y a la polémica legal latente sobre su tenencia, parece que a quien logra poner de su parte a los operadores de la justicia, la fortuna le sonríe en Ecuador, pues en este caso particular nada de esto ha impedido que la cotización de los terrenos se incremente en cuatro millones de dólares en muy poco tiempo.
