Manabí: 125 candidatos pugnan por 10 curules en la Asamblea
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Redacción MH |5 de February de 2025
Entre los postulantes prevalecen exasambleístas, sus alternos o sus exasesores, además de exfuncionarios públicos
MANABÍ CIRCUNSCRIPCIÓN 1
La mitad de los candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Manabí ya han sido funcionarios públicos
Once de los 50 postulantes a la legislatura han tenido procesos penales.
En la circunscripción 1 de Manabí, que comprende quince cantones del norte de la provincia, 50 candidatos a asambleístas correrán por nueve tiendas políticas y una alianza. La mitad de ellos han sido funcionarios públicos. Por otro lado, una decena ha tenido procesos penales.
Además, tres actuales legisladores, que llegaron a la Asamblea Nacional después de la muerte cruzada, ahora buscan la reelección. Ellos son Lenin Barreto Zambrano, por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5); Jaime Moreno Félix, por Construye (lista 25), y Jaminton Enrique Intriago Alcívar, por la alianza Unidos por el Desarrollo, que agrupa al Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Amigo y el local Cambio, lista 6-62-16.
Otros dos que dejaron la Asamblea por la muerte cruzada en mayo de 2023 también quieren regresar. Son Eitel Zambrano Ortiz por CREO (lista 21), y Guido Mendoza Andrade, por la RC.
Manabí es la tercera provincia más grande del Ecuador y en ella hay 1,3 millones de electores que, el próximo 9 de febrero, decidirán la suerte de una zona signada por la violencia: enero de 2025 ha sido el mes más violento de los últimos años.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 38 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Además de los exasambleístas que intentan regresar, entre los candidatos por la circunscripción 1 de Manabí hay tres asambleístas alternos, todos de la alianza Unidos por el Desarrollo (lista 6-62-16): Natalia Garzón León, Jorge Bravo Alcívar y Diego Sabando Párraga.
Más allá de los asambleístas, sus alternos o sus exasesores, entre los candidatos hay otros exfuncionarios públicos que han sido profesores universitarios y de colegio, un asistente de alcaldía, un agente tributario, una veterinaria y una tutora de asistencia domiciliaria, entre otros, según el registro de la Contraloría General del Estado.
En general, los municipios son los principales empleadores, aunque también aparecen el SRI y el Consejo Nacional Electoral.
Los cinco aspirantes de la alianza Unidos por el Desarrollo han sido funcionarios públicos. Luego sigue la RC con cuatro candidatos; y CREO, SUMA (lista 23) y ADN (lista 7), con tres cada uno.
De acuerdo con los registros de la Contraloría, una candidata de la RC labora para el Municipio de Quito y busca ser electa asambleísta por Manabí. Se trata de Bertha Vélez Vélez, que desde julio de 2024 aparece como “funcionario directivo 7” del municipio capitalino. Antes trabajaba para la Prefectura de Manabí. Su última declaración es una periódica de 2024 donde consta un patrimonio de 108.045 dólares, pero no ha hecho constar la de fin de gestión.
Los registros de la Contraloría reflejan muchas incongruencias. Hay funcionarios que presentan varias declaraciones para el mismo periodo con distintos valores. Una de ellas es María Mercedes García Bravo, analista de la Prefectura, que en una declaración periódica de 2024 señala un patrimonio de 623.337 dólares y en otra, también periódica de 2024, 10.833 dólares.
Los candidatos que han declarado mayor patrimonio, por encima de los 300 mil dólares son Jaime Moreno Félix, Jaminton Intriago Alcívar y Jorge Bravo Alcívar.
En cambio, el exasambleísta Eitel Zambrano Ortiz declaró un patrimonio negativo de 4.400 dólares en 2018 cuando dejó de trabajar en el Hospital Básico de Chone. Es decir que sus deudas superaban sus activos. Cuatro años y medio después, al dejar la Asamblea, declaró 138.501 dólares de patrimonio.
Hay 19 postulantes a la legislatura que no han cumplido con la obligación de declarar el impuesto a la renta.
Poca cultura tributaria
La cultura tributaria manabita no refleja la riqueza de la provincia. La excepción de la regla son los candidatos que pagan impuestos. Apenas siete de los 50 aspirantes han declarado impuesto a la renta con valores superiores a cero dólares durante tres años seguidos, en el periodo analizado por esta alianza periodística, que corre entre 2017 y 2023.
Ellos son: Jorge Cassis González, de Centro Democrático; Lenin Barreto Zambrano, de la RC; Eitel Zambrano Ortiz, de CREO; Marlon Vera Delgado, de SUMA; Jaime Moreno Félix, de Construye, y Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo.
El resto ha registrado valores apenas uno o dos años seguidos; ha declarado cero dólares de impuesto a la renta la mayoría de las veces o no ha cumplido con el requisito de presentar su declaración. Este último grupo asciende a 19 aspirantes a asambleístas. Los partidos con la mayor cantidad de candidatos que no han presentado sus declaraciones son Unidad Popular (UP), con cuatro, y ADN, con tres.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Por otro lado, hay seis candidatos que no tienen registros en el SRI. Cuando se consulta su nombre aparece: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
Cuatro candidatos mantienen deudas con el SRI, pero ninguno debe más de 300 dólares.
Procesos por delincuencia organizada
Esta alianza periodística también analizó los procesos penales relacionados con los candidatos durante los últimos diez años y que constan en la página web de la Función Judicial. Once de los cincuenta postulantes de la circunscripción 1 de Manabí registran procesos penales.
El exalcalde de Flavio Alfaro y exasambleísta, Jaminton Enrique Intriago Alcívar (Unidos por el Desarrollo), es el candidato con más denuncias registradas en su contra. Su nombre está relacionado con casos por presuntos delitos de estafa, hurto, incumplimiento de decisiones de autoridad y fraude procesal.
Los casos de estafa y hurto fueron archivados, mientras que el proceso por presunto fraude procesal tiene una solicitud de archivo en curso. Los expedientes relacionados con el presunto incumplimiento de decisiones de autoridad, iniciados durante su gestión como alcalde de Flavio Alfaro, también fueron archivados. Uno de estos casos se originó por la falta de pago a una empleada municipal que trabajó durante dos años y denunció el incumplimiento de una compensación económica. El otro estaba relacionado con la falta de cancelación de la liquidación de un abogado.
Sin embargo, un proceso por supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad aún sigue activo en la Corte Provincial, donde la fiscal general Diana Salazar solicitó información al respecto.
Para este artículo, esta alianza intentó obtener la versión de Intriago Alcívar, pero hasta el cierre de esta edición no ha respondido al requerimiento.
La circunscripción 1 de Manabí presenta el cuarto porcentaje más alto (22%) de candidatos que han enfrentado procesos penales en la última década.
El partido político con el mayor número de candidatos que han enfrentado demandas penales en la circunscripción 1 de Manabí es SUMA, con tres postulantes: Cecil Cedeño Buenaventura, Fabiola Saltos Moreira y Marlon Vera Delgado.
Cedeño Buenaventura enfrenta un proceso penal por presunto abigeato, lo que ha derivado en medidas cautelares como la retención de fondos y la prohibición de enajenar bienes. Fue llamada a juicio como cómplice. El caso se tramitará en Chone, donde debe presentarse periódicamente ante la justicia, según consta en una providencia emitida en enero de este año. Aunque esta alianza buscó obtener su versión para este artículo, Cedeño no accedió a dar declaraciones.
Por su parte, Saltos Moreira enfrentó una demanda por supuesta calumnia, cuya pena fue declarada en extinción tras llegar a una conciliación con el denunciante. En el caso de Vera Delgado, este enfrentó un proceso por presunta delincuencia organizada iniciado en 2022, pero dicho expediente fue finalmente archivado.
Otra candidata que tiene un llamamiento a juicio es Bertha Vélez Vélez, dentro de un proceso por presunta falsificación y uso de documento falso. La audiencia donde se escucharán las pruebas que permitan determinar si es culpable o inocente está prevista para el próximo 14 de febrero.
Este proceso se abrió en 2015, con la denuncia del representante legal de una compañía de transporte, quien apuntó que su empresa registraba un contrato público con la Dirección Distrital del MIES de Chone – Flavio Alfaro, pero que ese acuerdo no era verdadero. En esa época, Vélez era la directora de esta institución, según el expediente judicial. Ella también enfrentó una causa por presunto tráfico de influencias, pero esta fue archivada. Este equipo periodístico la contactó, pero no respondió.
MANABÍ CIRCUNSCRIPCIÓN 2
14 candidatos a asambleístas de la circunscripción 2 de Manabí han enfrentado procesos penales
La mitad de los postulantes a la legislatura han ejercido anteriormente cargos públicos y algunos han incrementado su patrimonio siendo funcionarios.
En las elecciones del próximo 9 de febrero, la circunscripción 2 de la provincia de Manabí elegirá a cinco asambleístas de un total de 75 postulantes. De estos, 14 han enfrentado procesos penales, entre los que se cuentan los presuntos delitos de estafa y peculado.
La circunscripción 2 de Manabí comprende siete cantones, incluyendo los dos más poblados de la provincia, la capital, Portoviejo, y el cantón Manta. Se han inscrito doce tiendas políticas y tres alianzas.
El Movimiento PID (lista 4) es la organización política que postula en esta circunscripción la mayor cantidad de aspirantes que han enfrentado procesos penales. Las hermanas Gabriela y Ana Flecher Vélez registran demandas por presuntas usurpación y estafa.
En el caso de Gabriela Flecher. La causa por presunta usurpación se abrió por pedido de una compañía inmobiliaria en el año 2021 y no fue admitida, y el caso por presunta estafa fue producto de la venta de terrenos que, supuestamente, no le pertenecían por más de 34 mil dólares en 2019.
Estos dos procesos están relacionados y en uno de ellos obtuvo una sentencia ratificatoria de inocencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manta. La defensa de Gabriela Flecher declaró que ella “no causó el perjuicio” y que tenía un contrato de corretaje a nombre de una tercera persona.
Mientras que Ana Flecher fue procesada por presunta usurpación debido a una querella de la misma compañía inmobiliaria, pero finalmente, una sala de la Corte Provincial de Justicia la declaró inocente.
Las hermanas Flecher comparten la lista con Amado Cevallos Carranza, quien tiene dos cédulas de identidad. Con una de ellas registra un proceso por presunta falsificación de documentos públicos y, con la otra, una boleta de detención vigente.
Aunque ambos casos, de 2019, aparecen archivados, se buscó la versión de Cevallos desde diciembre pasado, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.
Por otro lado, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita, registra procesos por supuesto tráfico de influencias en 2020 y presunto peculado en 2023. Camino Manabita, lista 6-62, está integrada por el Partido Social Cristiano (PSC) y el Movimiento Cambio.
En el primer proceso contra Arteaga, el ahora aspirante fue sobreseído. En el segundo, generado durante su ejercicio como alcalde de Montecristi, la Fiscalía formuló cargos en su contra, pero le levantaron la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad debido al proceso electoral, aunque mantiene la prohibición de salida del país. Por su candidatura, el proceso se encuentra suspendido.
Según la Fiscalía, existiría un perjuicio económico al Estado de 687.726 dólares. Esta alianza periodística buscó la versión de Arteaga vía telefónica, pero no respondió al requerimiento.
Carlos Pazmiño Zamora, de Centro Democrático (lista 1), enfrentó un proceso por el presunto delito de paralizar un servicio público, que fue archivado en investigación previa. Y a Adriana Cañizares Falconí, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17), se le archivó un proceso por supuesto fraude electoral en 2023.
El Movimiento PID presenta la mayor cantidad de candidatos que han enfrentado procesos penales. Luego están: Alianza Camino Manabita (PSC y Movimiento Cambio), Centro Democrático y PSE
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 38 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Pocas declaraciones de IR
Un tercio de los 75 candidatos a asambleístas por la circunscripción 2 de Manabí no ha cumplido con el requerimiento de presentar sus declaraciones de impuesto a la renta (IR), durante los últimos siete años (2017-2023).
El partido con mayor número de candidatos que no han presentado estas declaraciones es el movimiento Democracia Sí, lista 20. Cinco de sus postulantes no han cumplido con ese requerimiento. Entre ellos está Leonardo Alcívar Viteri (Democracia Sí), quien además es el único postulante que ha registrado una deuda en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI), por 951 dólares.
Los postulantes que en más ocasiones han incumplido con la obligación de declarar su IR son Mery Zamora García, de Unidad Popular (UP), con cuatro años sin declaraciones y Ana Fletcher Vélez, del PID, también con cuatro.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Al igual que en la circunscripción 1 de la provincia, son muy pocos los candidatos que sí presentan declaraciones de impuesto a la renta con valores por encima de los cero dólares durante tres años seguidos. En la circunscripción 2 son diez de un total de 75 aspirantes.
Por otro lado, 16 de los candidatos no registran información en el sistema del SRI. Junto a su nombre el sistema señala: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
En esta circunscripción, cinco asambleístas buscan su reelección. Entre ellos, la actual asambleísta nacional Valentina Centeno Arteaga, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7); Carlos Vera Mora, de Camino Manabita, y Adriana García Mejía (ex Construye), por la alianza Por la Seguridad y el Bienestar de los Manabitas, conformada por Avanza y Machete, lista 8-61.
La Revolución Ciudadana (RC), que conformó alianza con el movimiento Sí Podemos (lista 5-72), postuló a la reelección a Fernando Cedeño Rivadeneira y María Gabriela Molina Menéndez.
Además de los asambleístas que buscan la reelección, hay otros 33 postulantes que han sido funcionarios públicos, en total son 38, prácticamente la mitad, según los registros de la Contraloría General del Estado.
El partido con mayor cantidad de candidatos con experiencia como funcionarios es el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), con cinco candidatos. El Partido Unidad Popular (UP) y la RC pusieron en la papeleta a cuatro exfuncionarios.
Entre los funcionarios públicos destacan los exalcaldes de Portoviejo Ervin Gonzalo Valdiviezo Solórzano, por Amigo, y el de Montecristi Wilver Arteaga Palacios, por Camino Manabita. Así como dos exconcejales de Manta que corren por partidos distintos: Víctor Chiriboga Erazo, por Centro Democrático, y Diego Franco Hanze, 12por ADN. También están por CREO, la expresidente del directorio de Autoridad Portuaria, Jessika Guadamud Carreño, y el exprosecretario relator de la Asamblea Nacional, Jhon Becker Argandoña Mejía.
Hay casos de candidatos con aumentos importantes en sus patrimonios luego de haber ejercido cargos públicos, como el de un exdirector de la cárcel de El Rodeo que llegó a declarar hasta 1,4 millones de dólares
En la lista también consta Jorge Aguilar Granda, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3), exdirector de la cárcel de El Rodeo en el año 2021. En su declaración periódica a la Contraloría, declaró ese mismo año un patrimonio de 1,4 millones de dólares. No ha presentado declaración de fin de gestión.
Otro candidato con un registro de patrimonio alto es Fernando Cedeño Rivadeneira, quien antes de ser asambleísta fue procurador general de la Universidad Técnica de Manabí y miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que llegó a presidir en 2014. En 2017, Cedeño declaró un patrimonio de 753.868 dólares. Sin embargo, en su última declaración periódica presentada en 2024, su patrimonio disminuyó a 120.066 dólares, según los registros de la Contraloría.
El exconcejal de Manta, Chiriboga Erazo declaró un patrimonio de 512.447 dólares cuando asumió en mayo de 2023, en tanto que en su última declaración periódica de 2024 registró un patrimonio de 660.426, es decir un incremento de más de 140 mil dólares.
Mientras que Guadamud Carreño declaró un patrimonio de 115.012 dólares en 2021 cuando asumió la presidencia de Autoridad Portuaria de Manta y dos años después registró 203.000 dólares.
Al contrario, hay dos aspirantes que han declarado patrimonio negativo siendo funcionarios públicos, es decir que sus deudas superaban a sus activos. Ellos son Marcela Cruz Basurto (ID), que fue directora de Tránsito del cantón Manta y declaró un patrimonio de -164.725 en 2019 y Rafael Alonzo Dumes (UP), que como docente de la Coordinación zonal de Educación registró un patrimonio de -235.792 dólares en su declaración periódica de 2024.
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