31 candidatos a asambleístas por Guayas han enfrentado procesos penales

Un sentenciado por tráfico de drogas, otro por presunto tráfico de influencias en contratación pública y hasta una pareja de esposos con un juicio por estafa, destacan en los casos judiciales de los postulantes. En 3 de las circunscripciones, casi la mitad de los aspirantes son caras conocidas de la política y la función pública.

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 1

Cuentas tributarias grises en 33 candidatos a asambleístas de la circunscripción 1 de Guayas

Hay 13 candidatos con deudas al SRI. Seis han enfrentado acusaciones penales por tráfico de influencias, narcotráfico, receptación de objetos de origen dudoso, instigación y otros delitos.

Las cuentas tributarias no están claras en los candidatos de la circunscripción 1 de Guayas, donde 96 aspirantes, de 16 listas, compiten por seis curules, pues 33 no han presentado todas sus declaraciones del impuesto a la renta. Además, 13 aspirantes registran deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Mientras que seis han enfrentado denuncias penales.

Las organizaciones políticas con más candidatos incumplidos en la presentación de sus declaraciones de impuesto a la renta son Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4), Revolución Ciudadana (RC, lista 5) y Amigo (lista 16), con cuatro cada uno.

Según los registros del SRI, el candidato con más años sin declaraciones, entre 2018 y 2023, es John Zhinin Huayamave (PID). Le siguen Ricardo Patiño Aroca (RC) y Yisley Chávez Brito (Pachakutik, lista 18), con cinco años.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Además, trece de los candidatos, de diez listas, registran deudas en el SRI. Cinco adeudan menos de 100 dólares, siete con montos entre 120 dólares y 660 dólares y uno, Mario Cuvi Santacruz (Construye, lista 25), debe 3.179 dólares y ya tiene un convenio de pago.

De los 96 aspirantes, 22 no cuentan con información registrada en el SRI, y 23 han declarado cero dólares de impuestos en los últimos tres años.

La circunscripción 1 de Guayas está compuesta por parroquias del centro y suroeste de Guayaquil, entre ellas Ximena y Febres Cordero.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Casi la mitad exfuncionarios

De los 96 candidatos, casi la mitad (44) ha sido funcionarios públicos, según los registros de la Contraloría General del Estado.

En esta circunscripción los votantes decidirán si eligen asambleístas que ya han ocupado cargos en la función legislativa, como Roberto Cuero Medina (RC), Jorge Acaiturri Villa Varas (PSC), Jorge Chamba Cabanilla, Mayra Montaño, María Fernanda Jiménez y Paola Jaramillo Zurita (ADN).

En la nómina de postulantes hay 11 que han ocupado cargos en la municipalidad de Guayaquil o en sus empresas públicas, entre ellos: Óscar Estrada Tapia, Dalton Núñez Mateus, Hernán del Pozo Mosquera, María Fernanda Jiménez Vásquez, Jimmy Coronel Martínez, Romina Zeballos Avellán, Pablo Redín Vidal, Ángel Gaibort Gallegos y Mayra Montaño Guisamano.

Con respecto a las declaraciones patrimoniales juradas de los 44 funcionarios, la Contraloría indica que cuatro aspirantes reportaron cero dólares, otros quince registraron un patrimonio de hasta 10 dólares, cinco de hasta 10.000 dólares y trece de hasta 100.000. Otros seis candidatos (Unidad Popular y Revolución Ciudadana) tienen patrimonios que oscilan entre 100.000 y 500.000 dólares y un aspirante (PSC) llegó a los 900.000 dólares.

El patrimonio de Paola Jaramillo (exPSC y ahora ADN) tuvo un aumento considerable. En octubre de 2020, ella declaró un patrimonio de 4.400 dólares y en agosto de 2022, uno de 182.501 dólares.

Procesados por causas penales

En esta circunscripción hay seis candidatos que han sido procesados penalmente con distintos resultados. El caso más llamativo es un proceso activo cuya sentencia ha sido apelada: Mary Mendoza Muñoz (PSP) figura como procesada en un caso de tráfico de influencias por contrataciones irregulares durante la pandemia.

Mendoza suministró equipos de fumigación y limpieza por 143.990 dólares a la Prefectura del Guayas, durante la gestión del fallecido Carlos Luis Morales (PSC). La defensa de Mendoza argumentó en el juicio que no hubo ninguna relación, por cargo, jerarquía o amistad entre ella y la funcionaria de la prefectura que firmó los contratos. No obstante, la Fiscalía apeló la sentencia de la Corte Provincial de Guayas emitida en noviembre de 2022 confirmando la inocencia.

La audiencia de apelación fue fijada para el 31 de diciembre de 2024, pero en los registros judiciales no consta que se hubiera realizado. Mendoza no ha respondido a una solicitud de entrevista enviada sobre este tema.

Otro caso llamativo es el del exministro Ricardo Patiño Aroca, procesado por el delito de instigación, castigado con prisión de seis meses a un año, luego de que en un encuentro político de la RC en octubre de 2018 manifestara: “Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, cerrar los caminos”.

Fue acusado de instigar al pueblo a la “resistencia combativa”. El juez le dispuso prisión preventiva. La defensa de Patiño apeló pero la sala de lo penal de la Corte Provincial de Cotopaxi ratificó la prisión en junio del 2019. En septiembre de ese año fue llamado a juicio, pero para entonces Patiño ya estaba en México. El 23 de abril del 2024, al cabo de cinco años, Patiño pidió que se declarase la prescripción, lo que fue aceptado por la justicia.

El candidato Lenin Duque Romero (Centro Democrático, lista 1) registró un proceso judicial por el delito de calumnia, pero el caso quedó prescrito tras dos años. Duque había acusado en 2014 a una cadena de hoteles por una “presunta doble contabilidad”.

Receptación, calumnia, tráfico

Otros dos candidatos, Michael Boni Dicado (Pachakutik), y Johnny Viracocha Cevallos (RETO), fueron procesados por los delitos de receptación (guardar o transportar objetos de origen dudoso) y calumnia, respectivamente. En un operativo policial en 2018, Boni fue hallado con tres celulares cuya propiedad no justificó, mientras que a Viracocha un abogado lo acusó en 2017 de afectar su honra al señalarlo como falsificador de documentos públicos.

En ambas causas, los procesados recibieron sentencias ratificatorias de inocencia emitidas por los tribunales. Consultados por Fundamedios para este reportaje, Boni no respondió al correo electrónico, en tanto que Viracocha reaccionó con la palabra “Excelente”, nada más.

Manuel Gómez Corozo (ID) fue detenido en abril del 2019 luego de que se hallara en la vivienda donde se encontraba varias funditas con 3,2 gramos de heroína, monedas de diferente denominación y una balanza.

El fiscal asignado emitió un dictamen abstentivo a favor de Gómez porque “las evidencias halladas no fueron encontradas en su posesión sino dentro del domicilio que no era de su propiedad, sino que éste era alquilado por terceras personas”. Gómez no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico desde Fundamedios.

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 2

Un tercio de los candidatos de la circunscripción 2 de Guayas ha trabajado en el sector público; uno registra una causa penal activa

Diez aspirantes reportaron a la Contraloría un patrimonio de cero dólares, mientras que nueve señalaron que tienen más deudas que ingresos.

Uno de cada tres candidatos en la circunscripción 2 de Guayas ha pasado por la función pública, son 33 de los 96 aspirantes a la Asamblea Nacional. Sus principales empleadores fueron las instituciones del Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados y el mismo Legislativo.

Entre los que van por la reelección figuran tres aspirantes. Juan Pablo Molina Saldaña (RC, lista 5), así como Amanda Hidalgo Astudillo (PSC-Avanza, lista 6-8), que fue asambleísta alterna. También está Victoria Desintonio Malavé (RC), que ganó la curul en 2021, después de haber sido destituida dos años antes como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Otros dos han sido ministros de Estado: Andrés Guschmer Tamariz, del Deporte en el actual gobierno de Daniel Noboa y que corre por el oficialista ADN (lista 7), y Gabriel Martínez Castro, de Transporte y Obras Públicas con Lenín Moreno, que se postula por SUMA (lista 23).

De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, cuatro señalaron tener saldos negativos; cuatro registraron cero dólares; 19 reportaron bienes por hasta 200.000 dólares; y cinco informaron que sus bienes oscilan entre 200.000 dólares y más de un millón de dólares.

En estos últimos figuran los exministros Guschmer (ADN) y Martínez (SUMA), el asambleísta Molina Saldaña (RC), el exconcejal de Guayaquil Manuel Samaniego Zamora (PSC-Avanza) y el exfiscal Joselito Argüello Saltos (Partido Socialista Ecuatoriano).

En su declaración, Martínez reportó un patrimonio de 880.208 dólares cuando ascendió de viceministro a ministro de Transporte y Obras Públicas en 2019. Dos años más tarde, cuando dejó el ministerio, declaró un millón de dólares.

Mientras que Samaniego tuvo un incremento de más de 230.000 dólares en su patrimonio en cuatro años. En 2019, al dejar el cargo de concejal de Guayaquil, detalló activos por 336.762 dólares y cuatro años más tarde, en 2023, cuando dejó la coordinación institucional del Municipio de Guayaquil, subió a 569.776 dólares.

“Había una mejor condición de ingresos económicos en esos años”, señaló Samaniego al referirse que en ese tiempo tenía tres ingresos mensuales como funcionario municipal, docente y por el alquiler de sus locales comerciales. “La mejor forma de ahorrar ha sido comprar activos, es la mejor forma de conservar el dinero, no se deprecia y gana plusvalía”, indicó Samaniego, quien redujo sus deudas de 115.639 a 10.480 dólares entre 2023 y 2024.  “Una parte fue pagada con la venta de unos activos y otra parte fue abonada con mis ingresos”, acotó.

La circunscripciòn 2 de Guayas abarca dos populosas parroquias de Guayaquil: Tarqui y Pascuales, al noroeste de la ciudad. Quince partidos y movimientos políticos compiten por las seis curules, así como una alianza: PSC-Avanza.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Convenios de pago con SRI

De los 96 postulantes, doce tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre ellos Ingrid Salazar, del Movimiento Construye (lista 25), que adeuda 420 dólares, y el exministro Martínez, quien registró un convenio de pago por 7.140 dólares. Otros deben menos de 80 dólares.

Por otro lado, 33 no han presentado declaraciones de renta en algunos años, mientras que 48 declararon cero dólares en su último reporte al SRI.

Los partidos o movimientos que tienen mayor número de candidatos con declaraciones en cero dólares son: Partido Unidad Popular (UP, lista 2) con cuatro aspirantes; le siguen Movimiento Centro Democrático (lista 1), Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3) y Acción Democrática Nacional (ADN) con tres, y Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4), la Revolución Ciudadana y la Izquierda Democrática con dos, cada uno.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

De los 33 candidatos que han sido funcionarios públicos, 19 sí han tributado al SRI entre 2017 y 2023. Los tres que más han pagado impuestos son Janina Rizzo Alvear (Acción Democrática) con 142.632 dólares, Omar Sánchez Mantilla (PSP) con 135.928 dólares y Manuel Samaniego con 35.861 dólares

Otros diez, entre ellos Carlos García Neira (UP), Ulvio Cárdenas Granda (UP) y Elba Argüello Calderón (PSP) reportaron cero dólares. Tres candidatos no han presentado declaraciones desde 2017: Felipe Sánchez Pazmiño (Amigo), Mariuxi Torres Sánchez (Democracia Sí) e Ingrid Salazar Cedeño (Construye); en tanto que Patricia Villegas Rivera (RC) no tiene información registrada en el sistema del SRI.

Causas judiciales

En los registros de la función judicial constan cinco participantes con causas judiciales, cuatro de ellas archivadas. El aspirante del Partido Socialista Ecuatoriano, el exfiscal Argüello Saltos tiene un proceso activo por supuestas calumnias. “Si en algún momento me mandan preso, me iré, porque esa será una medalla para mí”, dijo el candidato sobre el proceso que el Banco del Pichincha le interpuso.

En esta causa, iniciada en enero de 2023 por unas declaraciones que Argüello realizó en sus redes sociales en noviembre del 2022, está pendiente la audiencia de juzgamiento. El 27 de diciembre de 2024 se tenía previsto realizar esa diligencia, pero fue diferida por pedido de la entidad bancaria.

En el proceso hay escritos de Argüello pidiendo que se declare la nulidad procesal por falta de citación, que se remita a la Fiscalía por haberse configurado fraude procesal y que se declare la prescripción de la pena. Argüello fue citado, sin embargo no se ha declarado el fraude procesal ni la prescripción de la causa.

Investigaciones archivadas

Otros cuatro candidatos de este distrito registran investigaciones archivadas: Luis Humberto Rivera Piza, Victoria Desintonio Malavé, Gabriel Martínez Castro y Manuel Samaniego Zamora.

En el caso de Rivera Piza, candidato por PID, su proceso fue archivado en 2017 a pedido de la denunciante quien señaló que “con la parte demandada hemos llegado a una conciliación”.

No constan detalles de la denuncia. Rivera no atendió una entrevista solicitada por Fundamedios el pasado 4 de enero.

El caso en contra de Victoria Desintonio (RC) se archivó a pedido de la Fiscalía en mayo del 2024. El delito que se investigaba era el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se inició en 2019 cuando ella era vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La queja surgió luego de que Desintonio y otros siete consejeros aprobaron una moción para conformar una comisión que revise el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. “No existen elementos de convicción de los que se desprenda el cometimiento de un ilícito”, concluyó Diana Salazar, fiscal General del Estado, al pedir el archivo de este proceso.

En contra de Martínez (SUMA) consta un proceso penal por el presunto delito de peculado, cuya investigación fiscal se inició en septiembre de 2021 tras una “noticia criminis”, luego de la exposición de un video en redes sociales donde se acusaba que seis personas, entre ellos Martínez, serían parte de una red de corrupción hospitalaria.

La Fiscal Diana Salazar solicitó el archivo. “No se advierte la existencia de una conducta ilícita de peculado por parte de los investigados”, argumentó. Martínez fue consultado para abordar este caso, pero hasta el cierre de esta publicación no respondió.

El candidato Manuel Samaniego (PSC-Avanza) reporta una causa judicial en su contra por el delito de hostigamiento que data de 2018. En octubre de ese año, un dirigente estudiantil de la Universidad de Guayaquil –donde Samaniego es docente– lo acusó de ofrecerle trabajo en el Municipio de Guayaquil, donde Samaniego era concejal, a cambio de votar por un directivo ante el Consejo Universitario.

“En la Universidad Estatal había una pugna en un proceso de intervención, me parece, y un estudiante de un grupo político universitario levantó esta denuncia falsa. Al día siguiente, el mismo estudiante hizo una declaración pública retractándose de la denuncia”, comentó Samaniego. En efecto, la causa fue archivada.

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 3

Más caras nuevas que conocidas entre los candidatos a asambleístas de la circunscripción 3 de Guayas

Cinco candidatos han enfrentado procesos penales y seis han registrado deudas con el SRI. 16 listas compiten por los seis escaños del distrito más grande de Guayas

De los 96 postulantes a la Asamblea Nacional por la circunscripción 3 de Guayas, 59 no registran experiencia en cargos públicos, es decir el 61 por ciento. El movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID, lista 4) es la única de las 16 listas que presentó un bloque completo de seis aspirantes sin trayectoria en el sector público, seguido por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y la Izquierda Democrática (ID, lista 12), con cinco postulantes cada uno que comparten el mismo perfil.

Tras la revisión de bases de datos del Consejo de la Judicatura y el Servicio de Rentas Internas (SRI), se identificó que cuatro candidatos a asambleístas por esta provincia han enfrentado procesos penales. Entre ellos, un postulante de la Revolución Ciudadana (RC, lista 5) fue sentenciado como culpable. Además, 30 candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta entre 2017 y 2023.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Candidatos a la reelección y rostros nuevos en la política

La mayoría de los 96 candidatos de la Circunscripción 3 de Guayas, que compiten por seis curules, no tiene experiencia en cargos públicos. En los registros de la Contraloría General del Estado, 59 postulantes no tienen historial laboral en instituciones estatales. En el Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID), fundado en 2017 para respaldar al expresidente Lenín Moreno, ninguno de sus candidatos ha desempeñado funciones en el sector público.

De los seis candidatos de la Izquierda Democrática (ID), del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y de Democracia Sí, cinco no tienen experiencia en cargos públicos. Otros movimientos presentan una situación similar, con cuatro de sus seis candidatos carecen de experiencia en cargos públicos: los movimientos RC, Centro Democrático, Amigo, CREO y el Partido Unidad Popular (UP).

A la reelección va un grupo de cinco exasambleístas. Nuria Butiñá Martínez, vinculada históricamente a la RC, quien aspira nuevamente a una curul respaldada por este movimiento político. Lucía Jaramillo Zurita, electa en 2023 por el PSC, ahora busca su reelección con el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).

Por su parte, Ferdinan Álvarez Zambrano dejó atrás la camiseta de la RC para postularse por ADN. Su desafiliación se concretó en octubre de 2023, tras un conflicto personal con el exvicepresidente Jorge Glas, que actualmente permanece en prisión.

Mientras tanto, Daniel Onofa Cárdenas (ID) y Vicente Taiano Basante (PSC) buscan mantener sus posiciones legislativas bajo las mismas banderas políticas con las que construyeron sus carreras.

Quienes han sido funcionarios públicos han tenido que registrar sus patrimonios en la Contraloría General del Estado. El caso de Taiano Basante llama la atención por un aumento y disminución en poco tiempo. En julio de 2020 declaró un patrimonio de 173.929 dólares, en octubre de 2023 subió a 723.126 dólares y en noviembre del mismo año bajó a 377.154 dólares.

Ferdinan Álvarez (ADN) pasó de un déficit de 10.532 dólares en 2017 a un patrimonio de 138.242 dólares en 2023, poco antes de dejar la Asamblea tras la disolución por muerte cruzada. En la misma línea, Giovanni Fantoni (UP) triplicó su patrimonio en una década. En 2013 declaró 107.300 dólares y en 2023 reportó 373.832 dólares como asesor de gerencia en el Registro de la Propiedad de Guayaquil.

Las declaraciones de Gladys Loza Dávila (Pachakutik, lista 18) presentan inconsistencias. En 2024 afirmó ser asistente ejecutiva del CNEL desde 2008, pero tiene una declaración de 2019 como concejal alterna de Durán. En ninguno de los casos ha presentado declaración de fin de gestión. Como concejal alterna reportó un déficit de 17.170 dólares, es decir su patrimonio era negativo, en tanto que en la declaración periódica de 2024 señaló un patrimonio de 149.686 dólares.

María Gabriela García (Construye, lista 15) trabajó en ocho instituciones estatales en los últimos cuatro años, todas adscritas al Ejecutivo. En 2020 declaró un patrimonio de 23.400 dólares, que se incrementó en enero de 2024 a 218.500 dólares. En contraste, Jasmín Cedeño Mantilla (Democracia SÍ) declaró un patrimonio de 7,5 millones de dólares en 2015, principalmente por bienes inmuebles, es decir propiedades. Sin embargo, en 2024, este bajó a 158.415, según lo reportado ante la Contraloría.

Los pendientes con la Justicia

Cinco candidatos de esta circunscripción se han enfrentado a la justicia en procesos penales. Una sola de las causas llegó a sentencia de culpabilidad en primera instancia, otra prescribió y el resto fueron archivadas.

Un candidato de la RC fue sentenciado culpable. Se trata de Mario Moreno Araujo quien fue detenido en enero de 2018, durante un operativo policial en la Bahía de Guayaquil. Moreno atendía un local comercial en donde se encontraron 792 prendas de vestir valoradas en 3.970 dólares, cuya procedencia no pudo justificar, según las autoridades. La Fiscalía presentó cargos en su contra por el delito de receptación, argumentando que el acusado, como encargado del local, tenía conocimiento de que la mercancía era de origen ilícito.

Según la defensa, Moreno era empleado del dueño del local, quien no compareció durante el proceso judicial ni pudo ser localizado. La defensa presentó documentación que acreditaba la relación laboral de Moreno, incluyendo su afiliación al IESS desde 2011. A pesar de esto, las pruebas no justificaron la procedencia lícita de la totalidad de la mercadería.

El 6 de febrero de 2018, el tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Moreno, aplicando una pena de 100 horas de trabajo comunitario, además de una multa equivalente al 25% del salario básico unificado. También se ordenó el decomiso de la mercadería.

Al ser consultado, Moreno respondió: “Las pruebas obrantes en el expediente demuestran fehacientemente que mi actuación se circunscribió al ámbito de mis funciones como empleado de un establecimiento comercial. Mi desconocimiento sobre la ilicitud de la mercancía, así como mi condición de trabajador afiliado al IESS, excluyen mi responsabilidad penal”.

Otro caso es el de Sandra Figueroa Aguilar, también candidata de la RC. De acuerdo al proceso judicial 0928720150055, en 2014 fue acusada de violación de propiedad privada por Josué Narváez Mendieta, hermano del exalcalde de Durán Dalton Narváez, ambos hijos de la exalcaldesa Mariana Mendieta.

Según la denuncia, el 24 de octubre de 2014, Figueroa, como funcionaria municipal de Durán, intervino en la expropiación de un local comercial que Josué Narváez arrendaba, sin mostrar documentación que respaldara la diligencia. Narváez afirmó en su acusación que Figueroa estaba acompañada por Julio César Arce Fajardo, padre de la entonces alcaldesa Alexandra Arce Plúas, a pesar de que este no tenía vinculación laboral con el Municipio.

El caso fue archivado, y todas las medidas cautelares contra Figueroa y Arce fueron revocadas. Fundamedios contactó a Figueroa para conocer su versión de los hechos, su relación con Julio César Arce y las razones de su acompañamiento, pero no se obtuvo respuesta.

Asimismo, Roxana Chala Quintero (RETO) fue dos veces querellada por calumnia en 2024, pero ambas causas fueron archivadas.  Otro candidato denunciado por los mismos cargos fue Martha Fierro Baquero (AMIGO), pero el caso no avanzó y prescribió el 1 de julio de 2022.

Finalmente, Robert García Lecaro (PSC) fue denunciado en 2023 por estafa, según el proceso 11282202304515G, pero la Fiscalía concluyó que no se encontraron elementos suficientes para formular cargos en su contra. García enfrentó un segundo proceso (07283202401159G) cuyos detalles no constan en los archivos de la Función Judicial. Esta causa también fue archivada.

Los pendientes con el Fisco

Las deudas firmes de los candidatos con el Servicio de Rentas Internas (SRI) son limitadas, con solo seis personas registran pendientes. La mayor deuda corresponde a César Carrera (PID), por 1.124 dólares, mientras que las restantes no superan los 250 dólares.

Por otra parte, 30 de los 96 candidatos no han presentado al menos una declaración del Impuesto a la Renta entre 2017 y 2023. Entre quienes sí lo han hecho, solo dos reportaron montos superiores a los 10.000 dólares, alcanzando incluso cifras mayores a 100.000 dólares.

Alejandro Vanegas Cortazar (RC) declaró un IR de 52.903 dólares en 2018, que aumentó a 107.807 en 2019 y bajó a 10.986 dólares en 2023. En un caso similar registra Luis Ayala Aguirre (Construye), quien declaró 21.836 dólares en 2017, incrementó a 51.611 dólares en 2019 y redujo la cifra a 8.392 dólares en 2023.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

En 2023, al menos ocho candidatos declararon valores entre 1.100 y 5.000 dólares, mientras que 10 reportaron montos entre 1 y 1.000 dólares. En contraste, 37 de los 96 candidatos declararon en cero su Impuesto a la Renta y otros ocho no presentaron declaraciones en ese período.

La Circunscripción 3 de Guayas es la más grande entre las cuatro circunscripciones de la provincia. Con 1’598.271 votantes empadronados, esta zona incluye cantones con profundos desafíos como Durán, donde la corrupción se ha enquistado en sus instituciones municipales afectando su capacidad de gestión, y donde la pobreza alcanza al 65,40% de sus habitantes. También comprende el cantón Playas y algunas parroquias de Guayaquil, como Posorja, Puná, Tenguel y Rocafuerte.

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 4

Narcotráfico, estafa, peculado… 15 candidatos por la circunscripción 4 de Guayas registran juicios penales

Un sentenciado por tráfico de drogas y otros procesados por estafa, traspaso de acciones sin consentimiento o daño de bienes patrimoniales constan entre los candidatos.

El camino hacia la Asamblea Nacional tiene claroscuros en el distrito 4 de Guayas, donde se escogerá a seis asambleístas. Un análisis detallado de los datos públicos revela que quince de los 90 candidatos de esa zona han acumulado procesos penales. Y, aunque varios casos han sido archivados y muchas inocencias ratificadas, entre los cargos más graves figuran peculado, estafa, tráfico de drogas y falsificación de firmas.

También hay vacíos en el cumplimiento tributario de los candidatos. De los 90, 24 no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) y cuatro siempre han declarado este tributo en cero dólares, los últimos años. Esto también contrasta con los patrimonios abultados de varios aspirantes, que en ciertos casos han pasado de cinco a seis cifras en cuestión de pocos años.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. MIL HOJAS y otros 39 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Los procesos penales no son exclusivos de una tienda política. SUMA (lista 23) tiene tres candidatos con este tipo de antecedentes. Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Centro Democrático (CD, lista 1), Pachakutik (lista 18), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y Unidad Popular (UP, lista 2) tienen dos cada uno.

También están Construye (lista 25), Democracia Sí (lista 20) y el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC–MG, lista 6-75), cada uno con un candidato en esta situación, según los registros disponibles de la Función Judicial.

En el conjunto de presuntos delitos constan: tres procesos por estafa, dos por calumnia, dos por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad, dos por paralización de un servicio público, uno por tráfico de drogas, uno por destrucción de bienes del patrimonio cultural, uno por peculado, uno por ataque o resistencia, uno por falsificación de firmas y uno por tenencia y porte de armas. De estos, 7 fueron archivados tras la investigación previa.

Cinco casos son los más llamativos: un sentenciado por tráfico de drogas, una pareja de esposos investigados por presunta estafa, un exalcalde que fue acusado de daño a un bien patrimonial y un postulante que ha sido señalado de falsificar firmas.

Tráfico de drogas

Willian Angulo Araujo busca un puesto en la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17). Fue condenado a tres años de cárcel, tras haber sido hallado culpable en el grado de autor directo del delito de tráfico ilícito de drogas.

Angulo fue hallado con 29 sobres de cocaína el 10 de enero de 2018. Sin embargo, fue beneficiado con una suspensión condicional de la pena por doce meses, el 2 de mayo de ese año. La medida fue concedida por el juez Ricardo Ramos, quien dispuso que Angulo se abstuviera de frecuentar centros nocturnos de concurrencia masiva, centros educativos, saliera del país sin previa autorización; además de presentarse periódicamente ante él.

El candidato tiene otra sentencia previa a un año de cárcel por no acatar sentencia judicial, porque fue hallado en la casa de su pareja, de quien tenía orden de alejamiento.

Fundamedios contactó a Angulo, pero no respondió al pedido de entrevista.

Esposos sortean acusación de estafa

Las candidaturas de los esposos Héctor Rodríguez Cabrera y Sara López Hungría son auspiciadas por el movimiento Centro Democrático (lista 1), del presidenciable Jimmy Jairala. De acuerdo con el proceso judicial —en el que se investiga una presunta estafa— estaba previsto que la audiencia de juzgamiento se realice el lunes 6 de enero, cuando los denunciados ya estaban en plena campaña. Sin embargo, el fiscal del caso, Nelson Vela, se excusó por un problema de salud.

El proceso inició el 28 de noviembre de 2018 y la audiencia de formulación de cargos fue el 26 de marzo de 2019. Ahí la jueza Gladys Perea ordenó el inicio de la instrucción fiscal por pedido del fiscal Juan Carlos Iturralde. El denunciante aseguró que los esposos le hablaron “de MY TRADER COIN, una plataforma donde se invierte dinero”; y que el 19 de junio de 2017, él les entregó 5.000 dólares, a manera de inversión, con la promesa de que recibiría ganancias diarias por 12 dólares.

Sin embargo, el denunciante dijo que, pese a que en la plataforma se veía el monto acumulado, nunca pudo sacar ni el monto entregado ni las supuestas ganancias.

Durante el proceso, Christian Cevallos, abogado de los sospechosos, aseguró que sus clientes sí cancelaron los valores. Fundamedios intentó comunicarse con los aludidos, a través de los correos electrónicos que constan en el proceso judicial, pero no hubo respuesta. Al cierre de esta nota, el Tribunal Penal no había definido una nueva fecha para el juicio. Tampoco se ha hecho mención en el expediente que los procesados son candidatos.

Enrique Guerrero, secretario general de Centro Democrático, se sorprendió al enterarse de este caso, aunque asegura que el proceso de selección de candidatos fue transparente, público y que sí revisaron los datos de los postulantes. “Para mí es nuevo. Si bien se hizo la confirmación, las sentencias no estaban ejecutoriadas. Yo puedo tener una denuncia o una investigación, pero eso no da impedimento”, dijo Guerrero.

Supuesto traspaso de acciones sin consentimiento

En otro caso está implicado Víctor Morán Andrade, de Construye, junto a otras tres personas (entre ellas una notaria). El denunciante los señala como sospechosos de traspasar acciones de una empresa sin su consentimiento, a través de una organización delictiva.

La denuncia data de 2010 y el registro judicial digital es breve, pero arroja un dato relevante: la Fiscalía pidió, el 1 de octubre de 2024, el archivo de esa causa, que se sigue por presunta asociación ilícita. Es decir, el archivo se pidió justo en la época en que Morán era inscrito como candidato.

“La víctima empezó a revisar el estado de las participaciones que la compañía Inmobiliaria Central S.A. tenía en la Hotelera El Ejecutivo C. Ltda. y se encontró con la sorpresa de que fueron transferidas sin su consentimiento”, se lee en el proceso. La Fiscalía solicitó el archivo argumentando falta de “indicios fundamentales”.

Hasta el cierre de esta nota aún no constaba algún auto relacionado con el trámite del archivo. También está pendiente una respuesta de Morán ante un pedido de entrevista de este equipo periodístico.

Denuncia contra exalcalde de Milagro

Otro de los casos relevantes es el de José Asán Wonsang, alcalde de Milagro entre 2005-2014 y 2019-2023, que hoy busca una curul por SUMA, lista 23. Sobre él pesa la denuncia de un ciudadano por destrucción de bienes del patrimonio cultural.

El expediente de la investigación previa lo conoció la Presidencia de la Corte del Guayas, cuando la titular era Fabiola Gallardo (actualmente involucrada en el caso Purga).

La entonces fiscal Provincial, Yanina Villagómez, quien también enfrenta acusaciones por el caso Purga, pidió el 2 de enero de 2024 que se convocara a la audiencia de formulación de cargos. Nueve días después dijo que, por un lapsus involuntario, no se notificaron acciones de la Fiscalía a las partes y que, para salvaguardar el debido proceso, se dejara sin efecto la convocatoria de dicha audiencia.

El 19 de febrero de 2024, el juez ponente, Hugo González, concedió el pedido de Villagómez y dejó sin efecto la audiencia de formulación de cargos.

Asán asegura que en 2014, durante su administración se decidió derrocar un edificio que estaba atrás del Municipio de Milagro, para evitar un accidente, ya que se estaba “cayendo a pedazos”. Este es el origen del proceso, cuya fecha de ingreso al sistema judicial data del 3 de enero de 2024, es decir, unos 10 años después, según los datos de la plataforma digital del Consejo de la Judicatura.

“Se convirtió en un peligro para la ciudadanía. Nosotros le pedimos al Instituto de Patrimonio que viniera a desvincular algunos predios que ellos habían declarado patrimoniales en el gobierno de (Rafael) Correa”, comentó Asán, quien asegura que no lo han citado por ese tema.

La función pública en el pasado de 43 candidatos

Esta investigación también identificó que 43 de los 90 aspirantes han ocupado cargos públicos. Los partidos con más funcionarios son ADN y SUMA, con cinco cada uno, seguidos por Amigo, la Revolución Ciudadana, y la alianza PSC-MG, con cuatro cada uno. Pachakutik, Sociedad Patriótica y Unidad Popular también tienen una representación significativa, mientras que CREO, RETO y otras organizaciones cuentan con menos representantes.

Y entre los cuadros que han ocupado un cargo público reciente están los cuatro asambleístas que buscan la reelección: Francisco Cevallos Macías y Marjorie Rosado Sánchez (ADN), Ana María Raffo Guevara (RC) y Nelly Plúas Arias (PSC-MG).

También hay quienes han amasado patrimonios de seis cifras; incluso, algunos superan el millón de dólares.

Por ejemplo, Fricson George Tenorio, quien destacó como futbolista en Barcelona Sporting Club, registraba 400.000 dólares de patrimonio en 2014, cuando ocupaba el cargo de concejal de Daule. Seis años después, en 2023, ese monto escaló a los 712.000. En ese año ostentaba la función de Subdirector de Desarrollo Recreacional en el municipio dauleño.

Francisco León Flores, quien fue alcalde de Salitre entre 2014 y 2019, tenía un patrimonio de 66.000 dólares. Dos años después fue elegido como asambleísta nacional y su periodo terminó con la muerte cruzada en mayo de 2023. Al dejar ese cargo, su patrimonio había subido a 436 mil dólares.

La exprefecta del Guayas, Susana González Rosado, también está en el grupo de candidatos con patrimonios abultados. Ella contaba con 1,2 millones de dólares cuando llegó a una de las concejalías de Guayaquil, en 2014. Luego, buscó la viceprefectura junto con Carlos Luis Morales, quien falleció. González suplió a Morales y, al final del mandato, en 2023, su patrimonio era de 1,3 millones de dólares.

Nelly Plúas Arias, quien ocupó el cargo de asambleísta provincial desde mayo 2021 hasta ahora (está con licencia por campaña), presentó un patrimonio de 2,7 millones de dólares en mayo de 2023. En septiembre pasado, cuando declaró su patrimonio por un cargo de docente ocasional en la Universidad de Guayaquil, su patrimonio se había reducido a 2,4 millones de dólares.

Cuestión de impuestos

El pago de impuestos es opaco en algunos candidatos. De acuerdo con el registro del SRI, 24 no han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta en todos los años. La organización política con más candidatos en esta situación es ADN, con cuatro postulantes.

El candidato que más declaraciones pendientes tiene es José Crespín Pacheco (CREO), con seis. Le siguen Ana Carrera Ramírez (ADN), Yolanda Vera Rivas (PSE), Isabel Alarcón Tello (Democracia Sí), Williams Sarzosa Narando (UP) y Jackson Ronquillo Frías (PSC-MG), con cuatro declaraciones no presentadas.

El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Además, hay cuatro candidatos que siempre han declarado cero dólares de Impuesto a la Renta, desde el 2017. Es el caso de Máxima Bravo Vargas (PSC–MG), quien ha sido asistente legal del Municipio de El Triunfo en los últimos tres años. También el de Lucy Yépez Goya (CREO), quien ha tenido varios cargos públicos como asistente del Municipio del El Triunfo, responsable de Logística del Cuerpo de Bomberos de ese mismo cantón y jefa política de la Gobernación del Guayas. Otra candidata es María Esmeraldas Oramas (Amigo), una docente pública con casi 40 años de experiencia. Completa esta lista Luis Arteaga Ludeña (Construye), quien no registra cargos públicos.

Por último, cuatro candidatos han registrado deudas menores al SRI, que no superan los 120 dólares.

Para este reportaje se buscó comentarios de ADN, Partido Socialista, Unidad Popular, Democracia Sí, entre otras tiendas políticas. Esta última organización, a través de su dirigente principal, Gustavo Larrea, justificó el hecho de que hagan falta declaraciones de impuestos de ciertos candidatos porque, dice, son personas “del pueblo, que no tienen muchos ingresos”. El resto de partidos o movimientos no contestaron.

Guayas elegirá 24 legisladores provinciales, repartidos en cuatro circunscripciones. En la circunscripción 4 compiten catorce partidos y movimientos, así como la alianza PSC-MDG.

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