De promesa tecnológica a chatarra: Ecuador pagó US$109 millones a china CEIEC por kits de seguridad de corta vida útil y una plataforma indescifrable
Miles de cámaras de video, dispositivos de rastreo satelital GPS, botones de auxilio, sensores de apertura y cierre de puertas, cables y piezas electrónicas que hace más de una década eran parte de los kits de seguridad del proyecto “Transporte Seguro” del gobierno de Rafael Correa, están arrumados en dos bodegas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en el norte de Quito, a la espera de una firma para convertirse en chatarra.
Este proyecto que le significó al Estado un gasto de US$109 millones en dos contratos con la estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) terminó desmoronándose por graves omisiones, irregularidades y actos de corrupción. Esta empresa abandonó el Ecuador llevándose consigo no solo el monto total de los contratos, sino también las claves para desencriptar la plataforma tecnológica imprescindible para operar los kits de seguridad que se pretendían instalar en más de 70.000 unidades de transporte público.
Kits de seguridad completos y piezas de equipos como GPS y sensores, fueron incautados en los 29 talleres de la empresa Dismundi, subcontratista de la china CEIEC. En estos talleres, según la Agencia Nacional de Tránsito se ‘deshuesaban’ los equipos buenos para arreglar los equipos dañados. Foto: ANT
Por cada kit de seguridad, los dueños de las unidades de transporte pagaban entre US$1.500 y US$2.000. A cambio, Dismundi entregaba un certificado para que el transportista pueda hacer trámites administrativos, por ejemplo, vender su vehículo. Foto: ANT
El primer contrato, correspondiente a la fase 1 del proyecto “Transporte Seguro” se firmó el 1 de noviembre del 2012 por US$ 72’994.792. CEIEC debía entregar e instalar 55.000 kits de seguridad para el transporte público a nivel nacional y una plataforma tecnológica que enlace a todas las unidades de transporte que tengan su kit y a su vez las conecte con otra plataforma en el ECU911.
El segundo contrato, suscrito el 5 de septiembre de 2014 como parte de la fase 2, ascendió a US$36’196.421,51 para la adquisición de 17.256 kits adicionales. Además, contempló la construcción de infraestructura, el soporte a la plataforma tecnológica y la expansión del Data Center del proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial.
Ambos contratos fueron adjudicados vía régimen especial e invitación directa del gobierno de Correa a la estatal CEIEC. El primero, en el 2012 lo firmó Mauricio Peña, director ejecutivo de la Agencia Nacional De Regulación y Control Del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, y Zhu Yingtao, subgerente de la división de contratación de CEIEC.
Mientras que dos años después, María Lorena Bravo, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y Wang Fei, apoderado de CEIEC, pusieron sus rúbricas en el segundo contrato.
Para Alejandro Lascano, actual director de la ANT, el corazón del proyecto de “Transporte Seguro” era la plataforma porque esta tenía la capacidad de enlazar a los más de 72.000 kits de seguridad distribuidos en transportes público y comercial.
La plataforma china denominada SITPC (Sistema Integral de Transporte Público y Comercial), entró en funcionamiento en enero de 2014 para el monitoreo, alarmas y alertas de las unidades de transporte interprovincial, intraprovincial, buses urbanos, de turismo, carga mixta y ambulancias.
En ese mismo año la plataforma empezó su operación con la transmisión de datos del 35% de los kits, pero nunca llegó a la meta del ciento por ciento.
“Fue un proyecto que no arrancó de golpe. Se demoró más de 2 años hasta que ingresen los equipos que constaban en la primera fase, es decir 55.000 kits. Se demoraban en el enlace porque se generó un cuello de botella por ser una sola plataforma y tenían a la cola muchos usuarios que ya compraron el dispositivo. Hacer el registro, el enlace y hasta estar operativo demoraba semanas”, contó Jorge Urquizo, director de Control Técnico Sectorial de la ANT.
La empresa china CEIEC vendió al Estado más de 72.000 kits de seguridad para el proyecto Transporte Seguro, pero se descontinuaron luego de tres años, y no pudieron ser renovados. Los aparatos colocados en taxis y buses se convirtieron en adornos. Fotos: Archivo EL COMERCIO y EL UNIVERSO
El monopolio de un solo proveedor como CEIEC empezó a preocupar a los transportistas; esta empresa era la dueña de los equipos, proveedora de los kits de seguridad, la única que podía acceder al Software de la plataforma y la que, a través de su subcontratista, Dismundi S.A. instalaba y desinstalaba los equipos en 29 talleres seleccionados por ellos.
Además, le quitó la potestad a la ANT para emitir un certificado que se convirtió en requisito para trámites administrativos de los transportistas a cambio de US$1.500 y hasta US$2.000 por cada kit.
La empresa china aseguró el manejo y el mantenimiento de la plataforma instalando un “candado”, que era un sistema de encriptación en idioma chino que ningún técnico pudo desencriptar.
Urquizo, señaló a Mil Hojas, que CEIEC sí entregó el Código Fuente (conjunto de archivos y bases de datos inicial de la plataforma tecnológica), pero “nadie pudo descifrar cómo ampliar el espectro para que se incluya (en la plataforma) a otro tipo de equipos que no sea los proporcionados por esta empresa asiática”.
“Lo mismo le pasó al ECU 911 (con el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana firmado en el 2011) que también contrató con CEIEC; a ellos le dieron una plataforma de monitoreo, llegó a su etapa de vida útil y el ECU 911 no pudo hacer nada más y debió instalar una nueva plataforma”, contó Urquizo.
La plataforma tecnológica instalada con un software diseñado por la empresa china se saturó y apenas pudo registrar al 35% de los kits colocados en las unidades de transporte público y comercial. Tampoco pudo transmitir información a la plataforma del ECU911. Foto: X, Ecu 911
Incluso dijo, que en los archivos de la ANT existe un informe de las TICs que concluye que el Código Fuente es indescifrable. El director de esta entidad se comprometió con Mil Hojas a entregar este documento, pero hasta el cierre de este reportaje no llegó.
Incluso dijo, que en los archivos de la ANT existe un informe de las TICs que concluye que el Código Fuente es indescifrable. El director de esta entidad se comprometió con Mil Hojas a entregar este documento, pero hasta el cierre de este reportaje no llegó.
En el Gobierno de Rafael Correa se concretó la firma del proyecto Transporte Seguro y en dos contratos de primera y segunda fases se pagó a la empresa china CEIEC, US$109 millones.
La falta de mantenimiento y de actualizaciones del software por tener un Código Fuente encriptado hizo que la plataforma deje de tener capacidad para ingresar los kits en el tercer año de funcionamiento; y de cumplir la meta de registrar y operativizar el 100% de los más de 72.000 kits. Solo llegó al 35% porque la plataforma se saturó, tenía intermitencias y no almacenaba las grabaciones de las unidades de transporte.
Solo por este el Código Fuente, el Estado canceló a la contratista US$ 700.000.
Según conoció MIL HOJAS, la empresa china negociaba con el gobierno de Lenin Moreno, la firma de una tercera fase del proyecto en el 2018 para actualizar el software con nuevos servidores y equipos y una remodelación de infraestructura. Pero las largas negociaciones y la pandemia interrumpieron las negociaciones con CEIEC.
Dismundi siguió vendiendo kits cuando la plataforma dejó de funcionar
A pesar de que la ejecución de los contratos de la china CEIEC terminó en marzo de 2017 y la plataforma tecnológica dejó de funcionar por completo en el 2019, la empresa subcontratista Dismundi continuó vendiendo los kits de seguridad a los transportistas hasta el 2021.
“Tener el kit se convirtió en un requisito administrativo. Si queríamos hacer un cambio de un nuevo socio o cambio de vehículo, debía tener el certificado, eso era una obligación y debíamos comprar los kits. Esa era la trampa, porque no tuvimos un beneficio para nuestra seguridad o la seguridad de nuestros usuarios a mediano y peor a largo plazo”, señaló Washington Nuñez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Urbano del Ecuador (Fenatu).
“El proyecto como se planteó era muy bueno y cuando empezó a ejecutarse sí disminuyó la delincuencia en las unidades de transporte, hubo buenas experiencias que reportaron los compañeros conductores. Igual el botón de pánico fue una protección, pero lamentablemente la forma como se desarrolló y los procedimientos nunca fueron claros y falló. Tampoco conocimos el contenido del proyecto y peor los contratos firmados con la empresa china”, se quejó Núñez.
Según el dirigente de la Fenatu y otros transportistas de taxis consultados, el kit de seguridad costaba UD$ 1.500 pero en ciertos talleres de Dismundi (empresa importadora de vehículos comerciales) el cobro llegaba a los US$ 2.000. Lo que fue ratificado por Urquizo.
Los 29 talleres habilitados por Dismundi eran los únicos que podían hacer el mantenimiento de los equipos y el arreglo. Según Urquizo, en esos lugares se confirmó que, para el reemplazo de una pieza, deshuesaban un nuevo y cobraban a los transportistas como un nuevo equipo, pero eran modificados. “Eran los únicos que podían hacerlo porque CEIEC se encargó de que no haya otra opción”.
“La ANT de ese entonces autorizó a estos talleres, pero CEIEC a través de Dismundi les daba los usuarios para el ingreso a la plataforma tecnológica. Nosotros fuimos parte del proceso, pero no administramos, ANT era un usuario más de esa plataforma”, aseguró Lascano.
Este Portal de Investigación envió un correo electrónico a Dismundi, solicitando una entrevista, pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondieron a su teléfono convencional que aparece en la página web de esta empresa, ubicada en la vía Manta, Montecristi, provincia de Manabí.
El 28 de diciembre de 2022, el Directorio de la ANT en su resolución 029-DIR-2022-ANT, suspendió de manera temporal el requisito del ‘Certificado de Instalación’ como constancia documental del kit de seguridad (instalado, operativo y funcionando) en los trámites administrativos para habilitación vehicular, registro de cambio de socio y de titularidad.
La suspensión definitiva se aprobó recién el 2024, con la resolución 032-DIR-2024-ANT.
Después del fracaso del proyecto Transporte Seguro, los transportistas conformaron mesas de trabajo en el 2024 y desde fines de enero del 2025 este gremio firmó un contrato con T42 / Tracking System Tracsym Ecuador, que provee el servicio de plataforma para controlar el rastreo de unidades y monitorear la telemetría del conductor. Foto: X de Transporte Seguro / ANT
En el 2019, la Contraloría General del Estado emitió una serie de conclusiones y recomendaciones tras un examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de la segunda fase del proyecto Transporte Seguro.
Contraloría señaló observaciones que no se pudieron corregir
Cinco años después de la firma del segundo contrato del proyecto de Transporte Seguro, la Contraloría aprobó el informe DNAS-0012-2019 (enero de 2019) tras un examen especial donde se encontraron irregularidades en la ejecución.
- Equipos observados por los auditores estaban dañados, fuera de línea, sin ser rastreados por el ECU 911.
- CEIEC subcontrató a Dismundi S.A. para encargarle la actualización de los equipos, es decir, la desinstalación y reinstalación de los kits de seguridad, algo que no se ejecutó por completo, y cuando se realizó la auditoría, 1.012 equipos estaban en bodega sin funcionar.
- Los derechos de autor del software de la plataforma tecnológica SITPC para el Transporte Público y Comercial, adquirido por la ANT a CEIEC, no fueron registrados en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), lo que ocasionó que la entidad no cuente con los documentos que certifiquen que es titular de la propiedad intelectual del software desarrollado por la compañía china.
- Los equipos no informáticos del centro de datos principal del proyecto, instalados en el edificio del ECU 911 en Samborondón, Guayaquil, no contaron con códigos únicos de identificación, lo que dificultó su ubicación, seguimiento, control y custodia.
- Al equipo de auditoría se le entregó la documentación del segundo contrato: incompleta, desordenada y sin anexos.
- Sobre la instalación y adecuación del Data Center en Samborondón (con un costo de US$ 1’600.000), a cargo de la subcontratista Hardsofnet Soluciones Cía. Ltda., el equipo de la Contraloría no pudo determinar que estén bajo custodia todos los equipos no informáticos del centro de datos principal del proyecto.
- Se comprobó además que los kits de seguridad fueron manipulados por los conductores de las unidades de las diferentes operadoras de transporte. Hubo daños en fusibles, parlantes, panel de velocidad y GPS.
Sobre las recomendaciones emitidas por la Contraloría, todas se ejecutaron y están cerradas, dijeron tajantes Lascano y Urquizo.
Una de ellas, era que se designe a un funcionario del proyecto “Transporte Seguro” que elabore un inventario de bienes intangibles para que, a través de este registro se controlen los derechos de propiedad intelectual. Este inventario, dijo Urquizo, reposa en el ECU 911 y en la ANT está el software de la plataforma desarrollado por CEIEC “que ya no sirve porque todo está caducado”.
En referencia al pedido de la Contraloría para que CEIEC reinstale los equipos o kits de seguridad en el transporte público y se corrija el proceso para su inmediato funcionamiento, Lascano señaló que estas observaciones “se cayeron” porque la plataforma a donde se enviaba el registro para que los kits funcionen, ya no estaba operativa en 2019 y justificó que esta observación quede en el aire porque “no se puede solucionar algo que ya no existe”.
El funcionario insistió que “con CEIEC no tenemos nada pendiente y tampoco, nada por pagarle”. A la empresa china se le canceló la totalidad de los contratos de más de US$ 109 millones.