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Etiqueta: Correato

Yachay, 9 años de contratos incumplidos por empresas chinas

El Estado ecuatoriano no logra liquidar los contratos que, por casi una década, han mantenido las empresas chinas CEIEC y Gezhouba para varias obras en La Ciudad del Conocimiento. La Contraloría ha emitido glosas con responsabilidades administrativas y civiles por decenas de irregularidades en la ejecución de este “proyecto emblemático” del correato.

A 130 kilómetros de Quito, en San Miguel de Urcuquí, se extiende sobre un área de 6.462 hectáreas una de las quimeras del correato: “La Ciudad del Conocimiento”.

En sus inmediaciones se encuentra el complejo universitario Yachay Tech que prometía ser un hito en el desarrollo científico, tecnológico y por lo tanto un faro de conocimiento a escala nacional, regional y mundial.

Un equipo del Portal Mil Hojas recorrió sus instalaciones y pudo constatar que luego de 10 años de firmados no solo los contratos de construcción de cinco edificios, sino también de instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado, así como de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, buena parte de estas obras siguen inconclusas, por lo que   el funcionamiento de los servicios básicos mencionados es parcial.

Solo basta con avanzar entre las vías de la Ciudad Yachay, unas pavimentadas y otras de tierra, para constatar el contraste entre la colosal obra tan promocionada por el exmandatario Rafael Correa y la realidad.

En tres de los cinco edificios que conforman el campus universitario, donde debían funcionar 18 institutos tecnológicos nacionales e internacionales, solo encontramos columnas con fallas estructurales, que no han sido subsanadas y que sostienen losas, también hechas fuera de toda norma técnica.

Por las irregularidades en la ejecución de estas obras, los trabajos fueron suspendidos en mayo de 2015, luego de exámenes especiales efectuados por la Contraloría General del Estado. El consorcio ecuatoriano-coreano Conecuakor es el responsable de este contrato por US$ 44 millones.

La Contraloría emitió 83 glosas en Yachay por irregularidades en la ejecución de las obras. Muchas de estas siguen incompletas y abandonadas.

Pero, la mayor parte de las obras que demandaba La Ciudad del Conocimiento fueron adjudicadas a empresas chinas bajo el sistema de régimen especial, es decir de manera directa. De esas firmas, Gezhouba y CEIEC, destacan por haber concentrado los más altos valores contractuales, un total de US$233,23 millones para casi dos docenas de obras de infraestructura y equipamiento de Yachay.

En 2015, luego de anomalías detectadas por la Contraloría, las obras en Yachay fueron suspendidas. 

Las responsabilidades de Gezhouba iban desde la construcción y equipamiento de aulas y laboratorios hasta sistemas de agua potable y alcantarillado, pasando por la implementación de sistemas de video vigilancia.

CEIEC, por su parte debía entregar obras civiles y equipamiento para la construcción de soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones, además de una subestación que genere luz para Yachay.

Carlos Reinoso Jerez, investigador de Doctorado de Yachay Tech, explica el funcionamiento de los laboratorios para las 10 escuelas del centro universitario.

En nuestro recorrido por la denominada “ciudad del futuro” pudimos constatar que de las 18 obras que debía ejecutar Gezhouba, sí están funcionando: el centro de Salud, el centro infantil, “algunos” de los laboratorios para los docentes y el mercado ‘El Rosario’.

La ejecución del contrato de CEIEC es más complejo de constatar, pues la instalación de cables eléctricos y de telecomunicaciones se debían realizar bajo tierra. Trabajos que no se conoce cuál fue su nivel de avance.

Lo que sí constatamos es que la Subestación Eléctrica de 25 megavatios está construida, pero abandonada y solo la vigila un guardia contratado por CEIEC.

CEIEC construyó esta subestación eléctrica de 25 mv, que podría aportar en esta crisis energética, pero no está funcionando, debido a los problemas contractuales.

Edificio de Laboratorios E2 y E3 de las carreras de Matemáticas, Tecnologías de la Información, Nanotecnología, Biología, Física y otras.

En cambio, la parte administrativa de Yachay funciona en la hacienda Jacinto Jijón y Caamaño. Unas aulas, los laboratorios y la residencia funcionan en otros dos edificios que cuentan con todos los servicios básicos.

El contrato de Gezhouba incluye un centro de salud tipo B, el complejo multifamiliar San José, el Centro Infantil del Buen Vivir y el Mercado El Rosario. Foto: Cortesía de Yachay Tech

Hay zonas que han sido tomadas por la maleza, están llenas de basura y escombros e incluso hay el riesgo de que sean invadidas, según advierte Andrés Rosales, rector de la Universidad Yachay Tech, la única autoridad que aceptó recibir en Urcuquí a Mil Hojas para dialogar sobre la situación actual del proyecto.

CEIEC fue contratada por Yachay EP para obras de soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones para 33 km de vías, una subestación y una línea de 25 mw.

Para comprender la dimensión de este espejismo promovido por la maquinaria propagandística que comandó Correa durante sus 10 años en el poder, es preciso explicar que el mega-proyecto tiene tres componentes:

  1. Yachay EP, empresa matriz responsable de administrar el mega-proyecto y
    dotar de la infraestructura, los equipos y servicios necesarios para su funcionamiento a las otras dos entidades que la conforman:
  2. Yachay, La Ciudad del Conocimiento
  3. Yachay Tech, la primera universidad de Investigación de Tecnología Experimental de Ecuador

Los hallazgos de Contraloría en la ejecución de contratos de CEIEC y Gezhouba

En el correato se delinearon las condiciones para la participación de las empresas estatales chinas en los denominados proyectos emblemáticos, creando las leyes de Contratación, la de Empresas Públicas y la de Educación Superior, entre otras. Todo atado a facilitar el financiamiento estatal del gigante asiático.

Sin embargo, no hay obra ejecutada por contratistas chinas que no haya sido objetada por la Contraloría y otros organismos de control por causar millonarios perjuicios al Estado.

Yachay, La Ciudad del Conocimiento, fue uno de los proyectos impulsados bajo esta fórmula, con un crédito de US$ 1.000 millones concedido en enero de 2015 para financiar su primera fase.

El 25 de noviembre de ese mismo año, Yachay EP suscribió con la china Gezhouba un contrato por US$ 169,67 millones para la construcción de infraestructura básica y equipamiento, con un plazo de 850 días, que se cumplieron en mayo de 2018. Pero hasta el momento, no hay actas de entrega-recepción de todo el contrato.

Al primer crédito se sumó otro en el 2016 del mismo Eximbank por US$ 198,24 millones, a 20 años, más 5 de gracia e interés fijo del 3%, para la infraestructura, el equipamiento urbano, la electricidad y las telecomunicaciones del proyecto Yachay.

Hasta el momento el Estado ecuatoriano no logra liquidar los contratos que, por US$233,23 millones, mantiene con Gezhouba y CEIEC

Este financiamiento se aprobó para que el consorcio estatal chino CEIEC ejecute, vía régimen especial, el mencionado proyecto, que consiste en el soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones para 33 kilómetros de vías y la construcción de una subestación con una línea de 25 megavatios que la conecte con Ibarra, capital de la provincia de Imbabura.

El 20 de noviembre de 2015, el gerente de Yachay EP, Héctor Rodríguez y el representante legal de CEIEC, Wang Fei suscribieron el contrato No. 047-2015, por US$ 63,56 millones (más IVA), a ser desarrollado en 730 días calendario de la orden de inicio.

La calificación de CEIEC pasó el filtro del RUP (estaba habilitada en el Registro Único de Proveedores), del Sistema Nacional de Contratación Pública, pese a que el consorcio asiático, a esa fecha, figuraba en la nómina de empresas inhabilitadas para contratar, que publica el Banco Mundial. Se trata de una lista negra debido a prácticas reñidas con la ética, la transparencia, los derechos humanos y ambientales.     

En el Informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre el caso “Universidades Emblemáticas”, de marzo de 2022, en el caso de Yachay, se concluyó que suman 83 las glosas confirmadas por Contraloría a diferentes autoridades y a contratistas como Gezhouba y Conecuakor.

En el caso de Gezhouba las glosas suman US$ 1´801.208,04, entre otras causas por: no ejecutar la obra bajo los términos del contrato y beneficiarse de los reajustes de los precios no calculados; y no presentar el personal técnico ofertado.

Mil Hojas revisó los estados financieros de Gezhouba en el portal de la Superintendencia de Compañías. A diciembre de 2019, consta del valor total del contrato con Yachay EP (US$169,67 millones), la empresa china recibió el 45,62%, es decir US$77,40 millones. De 2020 a 2023 no aparece este dato en los balances registrados ante este organismo de control.

En cuanto al contrato de CEIEC, en 2022, un informe de la Contraloría detalló que no contó con planos arquitectónicos ni estructurales aprobados, con permisos de construcción del Municipio de Urcuquí y de la empresa eléctrica Emelnorte, algo indispensable por tratarse de un proyecto de media y alta tensión.

Además, los análisis de los auditores permitieron detectar varios pagos injustificados: US$ 6,92 millones por trabajos de soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones que no cumplieron las especificaciones técnicas, US$255.278 por equipos de la red informática que no se ajustaron al contrato, US$793.815 por trabajos inconclusos y US$ 49.668 por equipos que no tenían la capacidad de comunicación establecida para la red informática.

Mil Hojas consultó a un ingeniero civil que ha trabajado con empresas chinas y explicó que, antes de firmar los contratos, tanto CEIEC como Gezhouba, debieron haber exigido la entrega de los planos aprobados del proyecto integral, en este caso del Municipio de Urcuquí, así como los permisos correspondientes de las empresas de agua potable, alcantarillado y eléctrica, según corresponda.

“Sin tener todos los planos aprobados, no es posible hacer un presupuesto. Incluso las empresas debían verificar la ubicación de los puntos de luz, de las conexiones para los baños, para las redes de telecomunicaciones en función de los contratos”, acota el experto.

Sin embargo, confiesa que no le sorprende tal situación, pues esta era la estrategia durante el gobierno de Correa con las empresas chinas para luego hacer reajustes de precios y suscribir contratos complementarios.

Y, si bien el constructor consultado explica que cada empresa debe responder por las obras establecidas en sus contratos, el hecho de que no hayan exigido planos y permisos aprobados acarrea responsabilidades, incluso de tipo penal.

En una entrevista en febrero de 2022, el expresidente Guillermo Lasso dijo que ha existido un despilfarro en el proyecto Yachay, en donde aseguró que se invirtió US$ 1.200 millones y solo encontraron activos tangibles por US$ 200 millones.

El 6 de enero de 2023, Lasso anunció la liquidación de la empresa pública Siembra EP (antes Yachay EP) a través del Decreto 639, tras asegurar que el proyecto Yachay-Ciudad del Conocimiento ha sido un fracaso.La universidad Yachay Tech, la única fase del proyecto que sigue operativa, quedó fuera de este proceso de liquidación.A pesar de las denuncias de malos manejos administrativos, financieros y de la inestabilidad política que marcaron sus primeros siete años, Yachay Tech emprendió un plan de reingeniería desde 2022.


Entrevista

“Gezhouba y CEIEC quieren resolver los problemas y terminar las obras”

Andrés Rosales, la única autoridad que accedió a conversar con Mil Hojas, explica cómo los problemas de Yachay EP frenan el desarrollo de la universidad. Este experto politécnico en sistemas y electrónica, fue elegido rector y, en dos años de gestión, se ha enfocado en resolver los problemas y fomentar el desarrollo de la universidad, que actualmente forma a más de mil estudiantes.

Rosales admite que Yachay Tech está lejos de ser el Silicon Valley ecuatoriano prometido por el expresidente Rafael Correa, cuyo gobierno inauguró en marzo de 2014 el centro educativo.

Revela además que las empresas chinas Gezhouba, CEIEC e incluso el Eximbank están abiertos a negociar con el Gobierno, subsanar errores, pagar multas y terminar las obras.

Rosales hace un llamado al presidente Daniel Noboa y a las autoridades de la Senescyt para que dialoguen con los representantes de las empresas asiáticas y lleguen a un acuerdo que permita terminar los edificios y dotarlos del equipamiento tecnológico necesario. Esto no solo potenciará la oferta académica de Yachay Tech, que hoy cuenta con diez carreras técnicas, sino que permitirá recibir a más estudiantes y fomentar el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología con sello ecuatoriano.

¿Qué conoce sobre los informes de Contraloría y las glosas emitidas, especialmente sobre los contratos con las empresas CEIEC y Gezhouba? ¿Hay acercamientos para lograr alguna solución?

Las puertas de la Universidad siempre están abiertas para conversar… El gerente de Gezhouba (Frank Lai) me ha expresado que para esta y otras empresas chinas es súper importante llegar a un acuerdo con el Estado, para seguir avanzando en los proyectos; es decir, terminar los edificios, porque eso les da credibilidad. El gerente de Gezhouba me ha expresado que el Eximbank también está atento a que se resuelvan las cosas, porque no quieren dejar una mala imagen de que todo quedó a medias. Ellos entienden los problemas, me ha expresado el gerente que quieren llegar a un acuerdo, evitar otro tipo de juicios y, más bien, pagar alguna multa, pagar alguna terminación del contrato y avanzar en la obra. Él ha venido, ha recorrido constantemente los edificios y quiere terminar el mismo sistema de alcantarillado.

¿Hace cuánto tiempo hubo estos acercamientos, hay una propuesta en firme, oficial para subsanar los inconvenientes?

No he visto la propuesta en firme. Son las conversaciones que he tenido con el gerente de Gezhouba. Él se ha acercado a la universidad desde 2023. Este año también se acercó a conversar y me ha dicho que está muy atento a seguir avanzando en las negociaciones para cerrar el contrato. Ellos quieren terminar la obra y a nosotros como universidad nos interesa mucho eso porque ver los edificios en obra gris y que sea un peligro para los estudiantes es muy triste.

Desde la SENESCYT la única respuesta a las preguntas de FMH ha sido el silencio, mientras el rector de Yachay Tech, Andrés Rosales, pide al Gobierno lograr acuerdos con las firmas chinas para contar con la obra civil y equipamiento necesarios.

¿Hay peligro para los estudiantes?

Siempre va a haber un peligro porque no hay muros, entonces cualquiera puede ingresar a estos edificios abandonados y puede estar tal vez ahí una serpiente o cualquier otro tipo de animal o tal vez alguna persona que le quiera hacer daño.

 ¿Se refiere solo a ese tipo de riesgos o a los estructurales por la mala calidad en las construcciones?.

No, para nada, porque esos edificios, si bien están abandonados, no han tenido nunca una caída ni hemos visto desmoronamientos.

Sin embargo, los informes de Contraloría advierten ese riesgo…, además no hay redes de alcantarillado, agua potable, se levantó edificaciones sin planos aprobados, por eso son las multas del Municipio (de Urcuquí). ¿Todo eso está dispuesta la empresa a resolver y a pagar las glosas por US$ más de 30 millones?.

Yo hablo por las conversaciones que he tenido, ellos están dispuestos a terminar la obra, todo lo que involucre no lo sé, pero quieren que los edificios queden bien, tal como era el contrato que suscribieron.

¿Hay por parte de CEIEC un pronunciamiento para subsanar los inconvenientes, como lo ha hecho Gezhouba que admite errores en el desarrollo de los proyectos?

Ese detalle técnico no sé. El gerente de Gezhouba me ha dicho: “Andrés, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con el Gobierno, con la Senescyt y terminar la obra. Y puedo decir que mis colegas de CEIEC también tienen la misma intención y el Eximbank también tiene la misma intención. Eso es lo que me han dicho, ya el detalle no lo sé.

¿Sobre esas obras hay un acta de entrega a recepción?

No hay un acta de entrega-recepción en ninguno de los casos.

¿Quién tendría que tomar las riendas de estas negociaciones? ¿El secretario de la Senecyt, el Gobierno?
Es un tema en el que debe intervenir el Gobierno Nacional. El secretario de la Senescyt puede llegar al presidente y explicarle cuáles son las soluciones.

¿Lo ha hecho? ¿Hay ese liderazgo en la Senescyt actualmente?

Entiendo que si está en conversaciones con el presidente (Daniel Noboa). Hay muy buena intención de la gente de la Senescyt, han venido, han caminado con nosotros, han ingresado a los edificios. 

Gestión de los principales actores contrato CEIEC- Yachay

  • 2010-10-07

    Rafael Vicente Correa Delgado
    Presidente de la República, Registro Oficial

    Expide la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que dispone la creación de cuatro nuevas universidades públicas “emblemáticas”. Una de ellas es Yachay.

  • 2011-12-13

    Rafael Correa
    Presidencia de la República

    En una de sus habituales sabatinas, Rafael Correa informa su decisión de crear Yachay, la Ciudad del Conocimiento, que incluye la Universidad Yachay Tech, para lo cual serán expropiadas 6.462 hectáreas de terrenos, según él improductivos y desestimó el reclamo de 8 0 9 grandes hacendados a los que llamó terratenientes y los acusó de no pagar impuestos . Dijo que el nuevo centro educativo tendrá 18 institutos de investigación estatales y que pronto llegarán otros de Corea del Sur, Japón y de transnacionales como Sime, Microsoft… «Será una fuente de creación de conocimiento a nivel mundial. Ya no es palabra, esto es realidad, ya se están expropiando los predios. Son miles de millones de dólares de inversión que irán a Urcuquí, y no cualquier inversión, no inversión para bananos, sino inversión en alta tecnología. Tendremos la Universidad de Ciencia y Tecnología más avanzada del Ecuador y probablemente de América Latina»… 

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  • 2013-03-13

    Rafael Correa
    Presidente de la República

    Decreto Ejecutivo No. 1457, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 922 de 28 de marzo de 2013 crea la Empresa Pública YACHAY EP

  • 2014-12-12

    Pabel Muñoz López
    Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo

    Oficio No. SENPLADES-SZIN-2014-0204: Notificación a la Empresa Pública Yachay sobre la vigencia del dictamen de priorización del proyecto «Ciudad del Conocimiento Yachay».

  • 2014-03-31

    Rafael Correa
    Presidente de la República

    Inauguración de la Ciudad del Conocimiento, la universidad Yachay
    Rafael Correa inaugura Yachay, la primera universidad dedicada a la investigación científica y a la tecnología experimental. 
    “Nace y surge Yachay como un símbolo del nuevo Ecuador. Hoy es un día de mucha esperanza, qué bella analogía que hizo René: el 26 de julio de 1972 se inició el boom petrolero ecuatoriano, más de 40 años después, hoy lunes 31 de marzo del 2014, empieza otro boom, el boom del conocimiento.

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  • 2015-01-26

    René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que lo preside; Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Diego Aulestia Valencia, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi)

    Miembros del Directorio de Yachay EP

    Resolución No. 001-DIR YACHAY-EP: Aprobación del presupuesto para recursos no permanentes para el ejercicio fiscal 2016.

  • 2015-03-10

    Luis Villafuerte
    Director Nacional de Negociación y Financiamiento Público

    Director Nacional de Negociación y Financiamiento Público

  • 2015-05-26

    Héctor Rodríguez Chávez
    Gerente General de la Empresa Pública Yachay EP

    Mediante Resolución Nro. YACHAY EP-GG-2015-0015, expide la CODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NRO. YACHAY EP-GG-2015-OG, QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ORDENADORES DE GASTO Y PAGO Y EL REGLAMENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, QUE INCLUYE LOS PROCESOS POR EL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA PÚBLICA YACHAY EP

  • 2015-09-10

    René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que lo preside; Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Diego Aulestia Valencia, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi)
    Directorio de la Empresa Pública Yachay EP

    Acta No. 007-2015-DIR-YACHAY-EP: Aprobación del presupuesto de USD 71,184,618.44 para el proyecto de Infraestructura Eléctrica y de Telecomunicaciones.

  • 2015-09-10

    René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que lo preside; Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Diego Aulestia Valencia, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi)
    Directorio de la Empresa Pública YACHAY EP

    Resolución No. 004-DIR-YACHAY EP: Autorización para la contratación del Proyecto de Infraestructura Eléctrica y de Telecomunicaciones.

  • 2015-10-27

    Marcela Vallejo Figueroa
    Directora Administrativa de Yachay EP

    Mediante resolución YACHAY EP-DA-078 -2015, reforma el Plan Anual de Contrataciones de Yachay EP y aprueba tres partidas presupuestarias por $63,55 millones sin lVA, con certificación presupuestaria plurianual PRES-2015-020, para la ejecución del proyecto de CEIEC.

  • 2015-10-29

    Héctor Rodríguez Chávez
    Gerente General de YACHAY EP

    Resolución Nro. YACHAY-GJ-DCP-2015-0217: Inicio del procedimiento de contratación para el Proyecto de Infraestructura Eléctrica y de Telecomunicaciones Ciudad del Conocimiento YACHAY. PROCESO: RE-YACHAY-019-2015

  • 2015-10-29

    Héctor Rodríguez Chávez
    Gerente General de YACHAY EP

    Pliego de Régimen Especial de Contratación con una empresa pública de la comunidad internacional. Procedimiento: RE-YAGHAY-O19-2015. Yachay EP ha resuelto acogerse al régimen especial de contrataci6n previsto en el articulo 2, numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por razones de conveniencia y viabilidad técnica y económica, conforme consta en la Resolución No. YACHAY-DCP-GJ-2015-213, de 29 de octubre de 2015. En ese contexto, invita a la empresa china CEIEC a presentar una oferta para el proyecto, cuyos detalles son: Objetivo: construcción de soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones para 33 km de vías en Yachay, Urcuquí, y una línea de subtransmisión con una subestación de 25 MW entre Ibarra y Yachay. Presupuesto Referencial: USD 63,557,693.25 (sin IVA).Plazo de Ejecución: 730 días calendario desde la Orden de Inicio del Contrato.El proveedor seleccionado deberá preparar un Cronograma Valorado de Actividades para coordinar las actividades del proyecto, estableciendo la ruta crítica y los frentes de trabajo necesarios.

  • 2015-10-29

    Héctor Rodríguez Chávez
    Gerente General de YACHAY EP

    Invitación al Proyecto: Infraestructura Eléctrica y de Telecomunicaciones Ciudad del Conocimiento Yachay. Se invita a la empresa CEIEC a presentar su oferta. El presupuesto referencial es de $63’557,693.25, sin IVA, y el plazo estimado para la ejecución es de 730 días calendario.

  • 2015-11-09

    Wang Fei
    Gerente y apoderado de CEIEC

    Presentación de la oferta por parte de CEIEC y evaluación de la oferta.

  • 2015-11-12

    Comisión Técnica

    Acta No. 3 de Calificación de la Oferta: Evaluación y recomendación de adjudicación a CEIEC.

  • 2015-11-16

    Comisión Técnica

    Memorando Nro. YACHAY-CT-2015-002: Remisión de actas del procedimiento de contratación recomendando adjudicación a CEIEC.

  • 2015-11-18

    Héctor Rodríguez Chávez
    Gerente General de YACHAY EP

    Resolución YACHAY-DCP-2015-021: Adjudicación del contrato a CEIEC.

  • 2015-11-19

    Directora Administrativa de YACHAY EP

    Oficio Nro. YACHAY-DA-2015-0108-O: Notificación a CEIEC de la adjudicación del contrato.

  • 2015-11-20

    Héctor Rodríguez Chávez
    Gerente general de Yachay EP

    Wang Fei
     Representante legal de CEIEC

    Suscriben el Contrato No. 047-2015, dentro del mecanismo de Régimen Especial No. RE-YACHAY-019-2015, como representantes de la Empresa Pública YACHAY E.P.” y la estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), cuyo objeto es la ejecución del “Proyecto de Infraestructura Eléctrica y de Telecomunicaciones – Ciudad del Conocimiento Yachay”.

  • 2015-12-01

    Fausto Herrera
    Ministro de Finanzas

    Oficio No. MINFIN-DIR-2015-0500: Notificación de incremento presupuestario de recursos no permanentes a USD 13,796,027.32.

  • 2015-12-10

    René Ramírez Gallegos, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que lo preside; Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Diego Aulestia Valencia, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi
    Directorio de la Empresa Pública Yachay EP

    Resolución No. 001-DIR-YACHAY-EP: Aprobación del incremento presupuestario para el ejercicio fiscal 2015 y asignación de USD 109,790,961.28.

  • 2016-01-27

    Juan Carlos Gómez Romero
    Gerente de Tecnologías de Yachay EP

    Con Oficio Nro. YACHAY-GDT-2016-0003-O, dirigido a Wang Fei, apoderado de CEIEC, indica que, en su calidad de administrador del contrato Nro 047-215, …, de conformidad con el numeral 3.03 de la cláusula tercera del contrato, se procede con la entrega de diseños y planos, licencia ambiental y plan maestro ambiental. Y le solicita el envío de la nómina del personal técnico y la maquinaria, conforme a la oferta presentada, en el plazo de 5 días contados desde la fecha de recepción del oficio, así como la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y los seguros. Remite copia a: Edgar Andrés Troya Meneses, gerente de Infraestructura y Construcciones y a Gabriela Valeria Díaz Peñafiel, gerente Administrativa Financiera.

  • 2016-02-26

    Fausto Herrera
    Ministro de Finanzas

    A través de un comunicado que se suscribió un convenio para obtener un crédito con la entidad china por 198,24 millones de dólares, a un plazo de 20 años, más cinco años de gracia y a una tasa de interés fija del 3%. Los recursos serán destinados para la infraestructura, el equipamiento urbano, la electricidad y las telecomunicaciones del proyecto.

  • 2016-03-30

    Héctor Rodríguez Chávez
    Gerente General de YACHAY E.P.

    Suscribió la Resolución No. YACHAY-EP-GG-2016-0011, mediante la cual delegó al Gerente de Infraestructura y Construcciones todas las atribuciones que le corresponden a la máxima autoridad de “YACHAY E.P.”, establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, Resoluciones del SERCOP y demás normativa aplicable, en relación al contrato No. 0051-2015, celebrado con la empresa China Gezhouba Group Company Limited.

  • 2019-12-10

    Lenín Moreno Gómez
    Presidente de la República

    «Suscribe el Decreto Ejecutivo 945 con el que dispone el cambio del nombre de Yachay EP a Siembra EP. Agrega otra función: “Desarrollar un ecosistema de docencia, investigación, innovación y producción,  enfocado en productos agrícolas tradicionales y no tradicionales para alcanzar el desarrollo humano sostenible en la región norte del país y demás actividades económicas necesarias para su cumplimiento.”. También cambia la conformación del Directorio, para lo cual se sustituye el artículo 3 de la siguiente manera: El titular de la Senescyt o su delegado permanente, quién lo presidirá; El Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, o su delegado permanente; el Ministro de Agricultura y Ganadería, quien actuará como delegado del Presidente de la República”.

  • 2023-01-06

    Guillermo Lasso Mendoza
    Presidente de la República

    Mediante el Decreto Ejecutivo 639, dispone el cierre definitivo de Siembra EP y del proyecto de la Ciudad del Conocimiento Yachay. Y dispone que la Senescyt realice todas las acciones administrativas, legales y financieras de Yachay, por considerar hay un excesivo gasto corriente… Mientras dura el proceso, la Senescyt emitirá informes en los que determinará los bienes muebles e inmuebles, las competencias y las atribuciones que deben transferirse a otras instituciones de la Función Ejecutiva. El proceso de cierre tomaría seis mese y la Senescyt deberá cumplir las recomendaciones, juicios y patrocinios e identificar los bienes muebles e inmuebles y dónde serán transferidos.

Lea el miércoles

Mientras Andrés Rosales, rector de Yachay Tech, asegura que el gerente de la empresa china Gezhouba le ha ratificado que la contratista está dispuesta a subsanar los errores para llegar a un acuerdo con el Gobierno, el representante de Gezhouba en Ecuador descarta esa posibilidad. Afirma, más bien, que el Estado no les paga desde hace cuatro años y advierte que la casa matriz no descarta llevar el caso a instancias judiciales.

Rosales explica también que la subestación eléctrica construida por la china CEIEC no está operativa al 100%, por lo que un acuerdo con el Gobierno permitiría que ese contingente alivie la demanda de energía de Emelnorte.

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China: El dragón que secuestró a Ecuador y ahora ofrece rescatar a su mayor hidroeléctrica

La gigante Power China, matriz de Sinohydro, propone al gobierno «solucionar» los graves problemas de la hidroléctrica Coca Codo Sinclair, obra que su propia filial construyó con miles de fallas, entre ellas más de 17.000 fisuras, por las que Ecuador reclama US$ 580 millones.

Mientras el conflicto aún se dirime en arbitraje internacional, Power China pretende comprar o recibir en concesión la mayor hidroeléctrica del país para reparar y optimizarla, proyecto que costó US$ 3.300 millones -tres veces lo estimado por el gobierno de Rafael Correa- y que hoy enfrenta al Estado ecuatoriano y a Sinohydro.

Así lo revela en diálogo con Mil Hojas Carlos Pérez García, exministro de Energía y experto petrolero. Aunque admite que suena descabellada la propuesta, considera que podría ser la única opción para evitar una catástrofe ambiental y económica en la mega hidroeléctrica con la que el correato prometió sin éxito ahuyentar al fantasma de los apagones, que ahora está de regreso.

Pérez detalla cómo la relación bilateral con China, bautizada por Correa y su par Xi Jinping como Asociación Estratégica Integral, está marcada por una trama de corrupción, secretismo y sumisión al dragón asiático en la que dejó atrapado a Ecuador y sorprende ahora con un plan para rescatarlo del abismo al que él mismo lo empujó.

También cuenta detalles sobre la influencia de lobistas que, en conexión con ciertas autoridades y mandos medios en la burocracia, han tejido una red de relaciones que, según advierte, aún sigue operando.

La propuesta de Power China ya está en el Ministerio de Energía. Al presidente Daniel Noboa le corresponde decidir si toma acción ya, o patea el problema para después de las presidenciales que se realizarán a inicios de 2025.

Snai edificio
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Pese al secretismo en la política de endeudamiento con China, establecido bajo el gobierno de Rafael Correa, las limitaciones que ello ha significado para los gobiernos posteriores, y los problemas de funcionamiento de varios proyectos financiados por China, el régimen de Daniel Noboa ha anunciado un nuevo crédito para construir una cárcel en Santa Elena. ¿Cómo percibe esta situación?

El país quedó comprometido con grandes sumas de dinero, a tasas de interés bastante altas con el Gobierno chino. Esa decisión la tomó el presidente Correa en vista de que el presupuesto quedó desfinanciado principalmente por la baja del precio del petróleo. Los años de bonanza se acabaron y tenía que buscar fondos. Una buena parte se hizo con preventas de petróleo a China hasta 2024… Cuando pasé por el Ministerio de Energía se logró un desembolso adicional de US$500 millones en la renegociación de los contratos con el CDB (China Development Bank). En el Gobierno del presidente Moreno se consiguió renegociar ciertas tarifas, pero no había mucho espacio porque los contratos con China tenían una cantidad de candados. El secretismo era complicado. Inclusive a mí, el Ministerio de Finanzas se negaba a entregarme copia de los contratos, lo cual era absurdo porque era parte del Gobierno. La Contraloría tuvo que intervenir. Eso le costó el puesto al ministro (Carlos) De La Torre y tuvo que entregar la información.

Rafael Correa y Xi Jinping

¿Fue el ministro De la Torre quien le impidió acceder al contenido de los contratos? 
Él decía que son confidenciales y le dijo lo mismo a la Contraloría.

¿Tras su salida, pudieron acceder a esa información? 
Sí, el contralor de ese entonces, Pablo Celi, exigió que se me entreguen los contratos, pero solo podía leer, no podía sacar copias. Había un control extremadamente fuerte por el miedo de que el Gobierno chino demande al Ecuador por haber hecho públicos los contratos.

De La Torre venía del correato ¿estaba cuidando las espaldas?
Claro y había bastante gente del correísmo todavía en el Ministerio de Finanzas.

¿Aún siguen?
Todavía hay gente ahí. No querían entregar los contratos. El Gobierno chino había incluido cláusulas de confidencialidad absurdas. Está bien que haya esa confidencialidad mientras se está negociando pero, una vez que se firma un contrato, debe ser público y no fue así. Tuvimos que pelear duro.

¿Fue un error haber permitido cláusulas de confidencialidad y de soberanía en los contratos?
Se renunció absolutamente a todo. Mire lo absurdo, se creó un fideicomiso en Panamá para pagar el dinero de esos contratos, cuando era prohibido tener fideicomisos en paraísos fiscales. Todo el dinero de la venta del crudo entró a ese fideicomiso. De ahí, China dice tanto es mío y coge el dinero.

¿Quién constituyó el fideicomiso?
El Ecuador lo constituyó junto con el CDB (Banco de Desarrollo de China).

¿Es decir que los ingresos por las preventas iban directamente al fideicomiso, no se registraban en las cuentas de Petroecuador?
En las cuentas de Petroecuador se registraba en la venta, pero el dinero iba al fideicomiso, el CDB tomaba la parte que le corresponde y el saldo regresaba al Ecuador, a la Cuenta Única.

¿Además de violar la ley contra los paraísos fiscales, era entregarles el manejo contable de ese dinero?
Claro, era una especie de garantía que tenía el Gobierno chino para cobrar sus haberes.

¿Usted ni nadie pudo hacer nada por la vía legal para anular ese tipo de operaciones?
 No, porque estaba previsto en el contrato.

 ¿Cómo constató que ese fideicomiso fue creado en Panamá?
Por la información que me dio el Ministerio de Finanzas, pero no tengo esos documentos.

¿Hizo algo sobre esos fideicomisos? 
No había cómo porque era parte del acuerdo con China. Deben estar vigentes hasta que se acabe de pagar las deudas y las preventas petroleras

Carlos Pérez García, exministro de Energía. Foto: Diario El Universo

Carlos Pérez García, exministro de Energía. Foto: Diario El Universo

¿Nos pusieron de rodillas por el financiamiento fácil, pero caro?
Fácil entre comillas, y caro. Como el Gobierno del presidente Correa cerró las puertas de los multilaterales, tuvieron que recurrir a gobiernos como el chino. Algo hubo con Rusia con un par de proyectos, pero principalmente fue dinero chino. En ese entonces, la política china era endeudar a los países para tener el control. Hoy lo están haciendo con África.

¿Es una cuestión geopolítica?
Es geopolítica. Cuando llegamos a China, le dije al presidente Moreno que hay que negociar de gobierno a gobierno, que debe reunirse con el presidente de China. Se consiguió algo, pero no muy importante. 

¿Eso se debe en parte a que hay una muralla tejida por los lobistas chinos?
Hay mucho lobista ecuatoriano en China y, chino en Ecuador, que manejan las gestiones entre los gobiernos. De ellos, unos han desaparecido, otros están presos. Recuerdo a un señor Sánchez, que salió en uno de los casos con problemas, como del ex contralor (Carlos Pólit), que está preso en Estados Unidos, los negociados de las preventas con el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador (Nielsen Arias, alias El gordo) … los proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales. Recuerdo una de las épocas en las que estuvimos cortos de crudo y se le dijo al gobierno chino que no podíamos entregar el crudo, nos dijeron que si no se entrega el crudo no entregan el préstamo para el hospital de Bahía. Un chantaje.

¿Qué hizo usted?
Logramos argumentar una fuerza mayor en el contrato, había esa cláusula y logramos desenredarnos por un tiempo corto hasta poder entregar el crudo y conseguir el préstamo. Mientras tanto, había muchos problemas porque no se exigió que las empresas chinas hagan el due diligence de sus proyectos (investigación previa a la firma de un contrato). Tomaron como carta abierta lo que decían CELEC o CNEL, estén bien o mal. Ahora tenemos la erosión regresiva en Coca Codo, el túnel de Toachi-Pilatón que no aguantó, el túnel en Quijos que no se pudo terminar porque se venía derrumbando…

No hubo control de calidad ni entes de control vigilando los procesos
Claro. Lamentablemente esas negociaciones fueron hechas de gobierno a gobierno. La situación actual es diferente, el Gobierno chino se ha hecho a un lado. He tenido conversaciones con empresas como China Power que quería comprar Coca Codo Sinclair, devolvernos el dinero y hacerse responsable como está. Pero hay el sentimiento de que estamos entregando algo que es nuestro. Si algo no está funcionando, prefiero entregar a alguien que se haga cargo, responda por eso y devuelva el dinero.

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Coca Codo Sinclair

Suena extraño que una empresa china quiera hacerse cargo de algo que no sirve

No es que no sirva, la central funciona, pero hay el riesgo de problemas serios y nadie sabe cuándo, puede ser en 10 o 20 años, porque hay incertidumbre sobre la calidad de los equipos, las condiciones geológicas y cantidad de cosas.

¿Sería bueno abrir las puertas a una negociación? 
Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.

¿Eso sería bueno para el país? 
Sería bueno porque la responsabilidad de lo que pase en esa hidroeléctrica pasa a ser de la concesionaria, no del Estado. 

¿Y todo lo que se ha perdido y todo el daño causado? 
Esos dineros serían reembolsados al Estado.

¿Los más de US$3.000 millones?
Cerca de US$3.000 millones. Habrá que discutir una tarifa de generación atractiva

¿Esa es la única salida para resolver el problema de Coca Codo?
Eso es algo que el Gobierno tiene que sentarse a negociar. No sé si hoy, por efecto de las elecciones, las cosas se estén dando un poco lento.

Pero, concesionar Coca Codo a China, nuevamente, suena hasta descabellado
Suena descabellado, pero es la única solución para que el país salga bien librado.

¿Nadie más se haría cargo?
Esa es una espada de Damocles que está encima del Estado. Si pasa algo con la hidroeléctrica, volveremos al problema de la falta de energía. Y se debería poner una cláusula en la que se determine cómo la empresa va a compensar al país si por ‘x’ o ‘y’ razón no puede generar.

¿Eso significaría echar tierra sobre las denuncias de corrupción, los informes de Contraloría con responsabilidades?

No sé cómo serían las negociaciones, pero el daño está hecho. No creo que al entregar la obra en concesión se borre los pecados de antes. Ahora, conociendo a China, no sería raro que proponga eso y diga: me libran de toda responsabilidad, mi embajador que estuvo involucrado ya no va a tener problemas, etcétera.

Sería bueno, entiendo que China Power, que es la matriz, la mamá de Sinohydro, ha presentado una propuesta, pero como la política se mete, dicen ‘no vamos a vender el proyecto’. Por eso han presentado una propuesta de concesión que, entiendo, reposa en el Ministerio de Energía.

Contrato de implementacion

¿Tendrán que hacer un balance sobre el costo-beneficio, incluido el costo político?

Claro, habrá que ver qué proponen. Solo sé que hay una propuesta económica y comercial. Que yo conozca no hay ningún planteamiento en cuanto a dejar sin efecto acusaciones anteriores a esta negociación. Ha habido una cantidad de abusos. Creo que el Gobierno chino ya se dio cuenta y por eso ya no interviene en las negociaciones. Gente con la que he hablado de empresas chinas, que aún tienen interés de invertir en el país, comenta que les están diciendo ‘usted va como empresa privada a invertir en Ecuador, no con respaldo del Gobierno chino’.

¿Será que no pensó que las cosas iban a llegar tan lejos?
La filosofía de esos países es totalmente diferente a la nuestra. Cuando me reunía con ellos me decían: usted es ministro, puede decidir lo que sea. Yo les decía no, tengo que seguir lo que dice la ley, no importa que sea ministro, no tengo la palabra final sino la ley y la Constitución… Cuando había un dominio por parte de la Presidencia de la República, se forzaba… y los resultados hoy en día son que todo el mundo anda preso o con acusaciones.

¿Cómo operan los lobistas, son equipos grandes dentro y fuera del país?
Los lobistas son gente que tiene contactos en China y se acostumbraron a estar incrustados en el Gobierno ecuatoriano. Mi primera sorpresa fue cuando fui a China y los lobistas estaban en el mismo hotel. ¿Cómo sabían que yo había ido a China, en qué hotel estaba y qué reuniones iba a tener con el Gobierno chino? Tenían toda mi agenda. 

¿Quiénes son? ¿Puede citarlos? 
Uno que a mí me sorprendió fue ese señor Sánchez, que venía y proponía ciertas cosas. Mi respuesta fue: ‘yo no camino por esos caminos’ 

¿Se refiere a Bolívar Sánchez, considerado uno de los principales lobistas petroleros y que, junto con Rafael Correa y Jorge Glas, es uno de los 20 sentenciados en el Caso Sobornos-Odebrecht?

Sí, hablo de Bolívar Sánchez

¿Qué le proponía? 

Comisiones y comisiones… Les dije que no trabajo así, que mi vida ha sido transparente y que mi labor es pelear por las mejores condiciones para el país. Que yo hago las cosas de gobierno a gobierno y que no voy a lidiar con ellos.

¿Le informó al presidente Moreno sobre eso? 

Claro.

¿Qué dijo él? 

El presidente Moreno en estas cosas no se involucraba mucho. Le gustaba meterse más en los programas sociales. Al ministro de Finanzas (Richard Martínez) y a mí nos dejaba manejar los sectores.

¿Qué reputación tienen los lobistas chinos?

Son complicados. En el mundo de los negocios se dice que con los chinos se empieza a negociar luego de que se ha firmado los contratos porque no respetan las cláusulas y siempre exigen más. A pesar de que el Gobierno chino lo niega, hay bastante corrupción. Frené bastante a los benditos lobistas que querían meterse por todos lados para influenciar. Me decían que puedo hacer lo que me dé la gana, que no importa la ley ni los jueces. Yo les respondía que eso podrán hacer en su país, pero acá deben cumplir la ley.

¿Ítalo Cedeño es uno de esos lobistas?

El era uno de los mayores lobistas de las empresas chinas y muy amigo del exvicepresidente Jorge Glas. Se reunían a cada rato. Lo conozco muchísimos años, no concuerdo con su forma de trabajar, ni de comportarse, peor aún con el escándalo de la esposa. Los chinos se mueven a todo nivel y este señor Cedeño, que trabajó tanto tiempo en Andes Petroleum, tiene con ellos un cordón umbilical. Era terrible, ofertaban cualquier cosa. Lo importante es mantenerse firme y no aceptar nada de nada.

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Contrato de grilletes electrónicos con CEIEC mantiene encadenado al Estado

El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) mantienen una disputa por la millonaria liquidación que la empresa asiática reclama para poder finiquitar el contrato mediante el cual vendió al Estado ecuatoriano 5.497 dispositivos electrónicos, entre ellos 4.000 grilletes o tobilleras.

Luego de casi 7 años de iniciadas las operaciones y funcionamiento de este sistema de monitoreo y vigilancia, los reflectores vuelven a enfocarse en este proceso contractual.

La controversia no ha podido zanjarse porque el SNAI reclama varios incumplimientos contractuales a CEIEC, como el no haber entregado el código fuente, que es el conjunto de archivos y bases de datos inicial de la plataforma tecnológica del sistema de vigilancia electrónica. La empresa china no dio mantenimiento a uno de los soportes del software que es el Google Maps y pese a que no dio ese servicio cobró US$ 80 mil adicionales al costo real de ese rubro. Es decir, la empresa china quiere cobrar más de lo que constan en las actas del proceso. CEIEC también incumplió plazos de entrega de productos y servicios.

El remanente reclamado por CEIEC suma US$ 2 millones, pero el SNAI sostiene que solo deben cancelarse US$ 800 mil.

El 31 de enero de 2024, el SNAI solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre las actuaciones del equipo auditor por eliminar irregularidades cometidas por una exministra de Justicia, dos exadministradores de contrato y la empresa CEIEC que sirvieron para desvanecer una glosa de US$ 9,5 millones.

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El SNAI recuperó documentación sobre el contrato con CEIEC, en diez cajas con información que no fue entregada formalmente por administraciones anteriores.

La polémica no es solo un desacuerdo en las cifras. Lo que coloca más cuesta arriba la situación del SNAI es una decisión que tomó la Contraloría General del Estado hace más de cuatro años al desvanecer una glosa en contra de la empresa china y varios funcionarios del extinto ministerio de Justicia, argumento que ahora es usado por la excontratista china para desconocer los incumplimientos contractuales identificados por el SNAI.

En octubre de 2018, la Contraloría estableció una glosa por US$ 9,5 millones en contra de la contratista CEIEC, la ministra de Justicia del régimen correista, Ledy Zúñiga (quien firmó el contrato), Fabián Rosas Espinoza, entonces subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares, y Roberto Vaca Mejía, a la fecha coordinador General de Gestión Estratégica (estos dos últimos administradores del contrato).

Pero en diciembre del 2019, los mismos auditores, que elaboraron el examen especial y establecieron responsabilidades civiles, desvanecieron la glosa y liberaron de responsabilidades a los funcionarios y a la empresa china. Quien firmó la resolución fue el contralor subrogante Luis Miño, el mismo que, junto con Pablo Celi, firmaron otros desvanecimientos de glosas a favor de las empresas asiáticas Petrochina y Sinohydro.

El SNAI busca ahora que los administradores del contrato sean “responsables por sus acciones y omisiones” y que los auditores del organismo de control sean investigados. Por ello el 31 de enero de 2024 solicitó formalmente a la Contraloría un examen especial a las “actuaciones del equipo auditor”.

La Contraloría respondió “favorablemente” a este pedido, el pasado 21 de febrero.

“Los auditores que dijeron que no hay nada de novedad (al desvanecer la glosa) pueden responder por el derecho de repetición porque son evidenciables todas las anomalías porque ni siquiera hicieron un análisis profundo al contrato de la empresa china. El análisis que hicieron los auditores fue un análisis rápido y somero”, dijo a Mil Hojas, el director del SNAI, Luis Zaldumbide.

La autoridad del organismo encargado de las cárceles del país explica que no se puede realizar otro examen especial sobre un tema que ya fue cerrado por la Contraloría. Pero sí se puede pedir que se investigue la actuación de los auditores que analizaron este proceso contractual.

Por lo tanto, el SNAI quiere que se investigue también a los responsables de decisiones como la firma de actas que señalaban que se entregó el código fuente sin que ello se haya realizado, el no haber cobrado las multas correspondientes a las demoras en las entregas de productos y servicios, el haber suscrito documentos que decían que la contratista entregó productos y servicios, pese a que no lo hizo.

En la glosa que determinó la Contraloría constan multas no impuestas a CEIEC debido a prórrogas injustificadas por un total de US$ 95.987,20.

El SNAI no descarta que estas y otras irregularidades que siguen recopilando formen parte de denuncias judiciales en contra exfuncionarios, que serán presentadas posteriormente.

¿Por qué y para qué se compraron dispositivos de vigilancia electrónica?

El contexto legal y político en el que las autoridades ecuatorianas se ampararon para llevar adelante el proyecto de vigilancia electrónica fue el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece el uso de dispositivos de vigilancia electrónica como parte de las medidas cautelares y sustitutivas de la prisión preventiva y ordena que el ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma; también estaba el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que establece entre sus objetivos el consolidar la transformación de la justicia y la seguridad integral.

A su vez el sustento de estas normas y del plan de desarrollo era que la compra de dispositivos electrónicos se debía a la necesidad de reducir los gastos provocados por el sistema penitenciario. El extinto Ministerio de Justicia señaló que, por cada caso de arresto domiciliario, se necesitaba de tres policías para la custodia, lo que generaba un costo de US$ 90 diarios, mientras que con el uso del grillete o tobillera ese valor se reduciría a US$ 5.

El mencionado proyecto fue diseñado con tres componentes: implementar una plataforma de gestión ajustada a la normativa ecuatoriana, implementar un modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica; y monitorear el funcionamiento y cumplimiento del modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica, de acuerdo con la documentación precontractual y contractual revisada por Mil Hojas.

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de la Administración Pública fue la encargada de entregar el aval técnico del proyecto al Ministerio de Justicia, en marzo de 2015.

Al mes siguiente la ex Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES emitió el dictamen de prioridad y para entonces ya estaba definido un presupuesto de US$ 18’ 014,369.98 (período 2015-2017), para el proyecto. El valor incluía un préstamo de China Development Bank (CDB) por USD 4’226.494,05, financiamiento pagado con petróleo ecuatoriano a precios descontados.

Entre los hitos precontractuales a destacar está el convenio Cooperación Interinstitucional para coordinar el Sistema de Vigilancia Electrónica firmado el 23 de febrero de 2016 entre la entonces ministra de Justicia Ledy Zúñiga y un representante del Ecu 911.

Para julio de 2016 ya estaba autorizado el inicio de la contratación bajo régimen especial e invitación directa a CEIEC para que participe en el proceso. La decisión la tomó Karla Benítez, ministra de Justicia (s).

El 3 de agosto de ese año la ministra Zúñiga dictó la resolución de adjudicación a CEIEC. Y el 18 de agosto, junto con Wag Fei, apoderado de CEIEC, la titular del ministerio de Justicia suscribió el contrato por US$ 13,712.456,45, a un plazo de 480 días desde la fecha de efectivización del anticipo.

La empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) exige el pago de un remanente de US$ 2 millones, pero el SNAI sostiene que solo deben cancelarse US$ 800 mil, tras confirmar una serie de irregularidades cometidas por la contratista asiática en la ejecución del contrato por el cual se  adquirieron 5497 dispositivos electrónicos.

Los compromisos que asumió CEIEC

En el objeto del contrato se establece que CEIEC tiene que “suministrar, instalar, entregar debidamente funcionando los bienes y servicios que comprenden la adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo­posicionamiento electrónico, según las condiciones, especificaciones técnicas y características de los servicios, pliegos precontractuales y la oferta presentada.

Contrato de implementacion
Condiciones de los contratos dispositivos electronicos

La contratista también debía proveer los dispositivos de vigilancia electrónica, con el siguiente detalle:

► 3000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 dispositivos para protección y 400 para arresto domiciliario.

► Un software de monitoreo basado en desarrollo web y motores de mapeo para la ubicación de los monitoreados utilizando un nivel de detalle a full color, con detalles en imágenes vía satélite y mapas tipo callejero, satelital e híbrido.

El sistema de Vigilancia y Monitoreo debía contar con tres tipos de monitoreo:

  • Domiciliario
  • Libre circulación
  • Para protección (víctima – agresor, testigo)

El software de monitoreo tenía que soportar el monitoreo simultáneo de al menos 10.000 dispositivos de vigilancia electrónica.

► Infraestructura de hardware: que incluye servidores, equipos de red, almacenamiento, cableado y demás elementos que se estimen necesarios, considerando que deben soportar la Plataforma en su totalidad.

► El software base (sistemas operativos, bases de datos) y todos los componentes que requiera su plataforma.

La contratista implementará la interoperabilidad con el sistema del ECU 911. Los parámetros técnicos para el intercambio de la información serán definidos entre el Ministerio de Justicia, la contratista y el sistema ECU 911.

► A solicitud del Ministerio de Justicia, CEIEC debía realizar la verificación técnica al domicilio de la persona privada de la libertad PPL  (en caso de vigilancia electrónica de arresto domiciliario) o lugares autorizados por el Juez (en caso de libre circulación), debiendo informar el nivel de riesgo en los accesos y el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas requeridas para la adecuada implementación de la vigilancia, en un informe de viabilidad técnica, en un plazo no mayor a 48 horas.

CEIEC debía verificar que las áreas de tránsito restringido o el perímetro del domicilio, sean accesibles físicamente, que exista disponibilidad del servicio de telefonía móvil tanto de voz como de datos, que cuente con señal satelital de suficiente intensidad y que cuente con servicio de energía eléctrica para recargar las baterías del dispositivo de vigilancia electrónica.

► El código fuente de la versión implementada será entregado al Ministerio de Justicia para su uso exclusivo, sin restricciones y de manera perpetua.

► CEIEC debe implementar centros de monitoreo. Luego la operación de los Centros de Monitoreo Principal y de Respaldo será de responsabilidad del Ministerio de Justicia.  

► Si los dispositivos de vigilancia sufren algún daño que no esté relacionado con la cobertura de la garantía técnica, la contratista reemplazará el dispositivo por otro nuevo de las mismas características, en un plazo no mayor a 48 horas, hasta un máximo del 15% de la totalidad de los dispositivos adquiridos durante la vigencia del contrato.

► CEIEC realizará un programa de capacitación orientada a jueces y fiscales, funcionarios del SIS ECU911, policía nacional, funcionarios del Ministerio de Justicia y Proyecto de dispositivos de vigilancia electrónica.

Sobreprecios, sobrecompras e incumplimientos caracterizaron al contrato

El contrato entre el ex Ministerio de Justicia y CEIEC para implementar la vigilancia electrónica estuvo plagado de irregularidades, desde sobreprecios en los dispositivos y sobrecompra de equipos hasta el incumplimiento de cronogramas. Además de la descoordinación de datos y otras falencias en su funcionamiento.

el CEIEC edificio

CEIEC tiene su oficina principal en Quito

En 2017, es decir al año siguiente de firmado el contrato, nuestro equipo periodístico ya reveló irregularidades en este proceso: la empresa china adquirió los grilletes a la empresa Megasteky con un posible sobreprecio de 800%. 

En el desglose del valor del contrato constan los valores de los dispositivos de vigilancia electrónica (DVE) que están divididos en: 4.000 grilletes o dispositivos de libre circulación, 600 denominados dispositivos víctimas, 400 dispositivos de arresto domiciliario y 500 dispositivos de reconocimiento facial, que con el costo de sus respectivas licencias suman un valor de US$ 6.483.000.

En el item correspondiente a los grilletes consta un valor unitario de US$ 1.058: US$ 960 por cada dispositivo, más el costo de la licencia permanente de US$ 98 por cada unidad. El contrato no especifica qué características y valores se incluyeron dentro de los US$ 960.

El equipo ofertado por CEIEC fue el modelo MT200, del año 2016, con tecnología y comunicación GSM, GPRS/UMTS, Quad-band 850/900/1800/1900Mhz, 3G, GPS, Bluetooth, micrófono y parlante incorporado. Para precisión de ubicación: 15 metros, puerto para cable de carga; resistentes a humedad y temperaturas hasta 250 grados y batería de 15 horas de duración.

En la investigación realizada por nuestro equipo de investigación en 2017, se descubrió que, al comparar a nivel internacional, su valor de mercado oscilaba entre los US$130 y US$135. Quiere decir que a cada brazalete de ese modelo (MT200) se le aumentó US$825, es decir, que cada dispositivo tuvo más del 800% de incremento.

Al poco tiempo de estos hallazgos, la Contraloría General del Estado examinó este contrato y en octubre de 2018 emitió el informe DNA1-0049-2018 que concluyó con la GLOSA-DNPR-01463-80.

Si bien en párrafos anteriores, ya se mencionó a esta glosa, es importante destacar que las irregularidades encontradas por el órgano de control fueron más allá de la no entrega del código fuente o de incumplimientos de plazos por parte de CEIEC.

Entre los graves reparos a la empresa china y a las autoridades consta que “la interoperabilidad de los sistemas del Ministerio de Justicia y del Sistema ECU 911 no contó con la definición de parámetros técnicos, ni cumplió con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia; solo el 18% de los grilletes electrónicos estaba en uso efectivo, por lo que se concluyó que se compraron equipos en demasía.

Además, ya se evidenciaron discrepancias en los datos sobre la localización de personas privadas de libertad entre el Ministerio de Justicia y el ECU-911, lo que ocasionó “que no se ubique en tiempo real a los PPL; y por tanto la plataforma informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico no cumplan con el objeto del contrato para el cual se adquirió, ocasionando un perjuicio a la entidad por US$9 598 719,52 correspondiente al valor del anticipo”.

En cuanto a los argumentos para glosar a cada funcionario, sobre la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga y los administradores del contrato, el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Fabián Rosas Espinoza, y el excoordinador General de Gestión Estratégica, Roberto Vaca Mejía, la Contraloría les responsabilizó por no coordinar acciones para el intercambio de datos entre los sistemas del Ministerio de Justicia y del ECU 911. Tampoco verificaron que CEIC suministre, instale y entregue los módulos de integración con ECU-911 y el complementario para el Software ECU-911 según las especificaciones técnicas previstas en el contrato.

A Zúñiga se le cuestionó también por firmar el contrato “sin contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, ni especificaciones técnicas para verificar la real necesidad del objeto a contratar, y por no solicitar reportes de avances, ni verificar el cumplimiento de las etapas del contrato”.

Por recomendar y autorizar una prórroga de 7 días a CEIEC para que entregue 1.500 dispositivos sin que existiera una situación de fuerza mayor, ocasionando que no se imponga la multa respectiva a la contratista se glosó a Fabián Rosas y Karla Benítez con US$ 95.987,20.

Por haber suscrito el acta de entrega de recepción parcial, señalando que CEIEC cumplió con las obligaciones establecidas, “sin observar que existieron 8 días de retraso en la entrega de los productos se glosó a Roberto Vaca con US$617.060,54. Así mismo autorizó la modificación del cronograma de entrega del producto lo que representó una demora de 44 días, retraso por el que tampoco se le impuso multa a la contratista.

Estas glosas civiles sumaron US$ 713.047,74.

Pese a las pruebas recopiladas por el organismo de control, en septiembre de 2019, a través de resolución 17886, Contraloría desvaneció la responsabilidad civil de US$ 603.348,08 “en favor” de Roberto Vaca, administrador del contrato y la empresa CEIEC, por cuanto la contratista demostró “documentadamente” que no incumplió los plazos de entrega. Y en diciembre de 2019, Luis Miño, subcontralor General del Estado, con resolución 17923, decidió que los sistemas de interoperabilidad “se encuentran funcionando”, por lo tanto, resolvió desvanecer la glosa en contra de Zúñiga, Rosas y Vaca.

documento responsabilidad civil

El documento confirmó la responsabilidad civil por US$ 109.699,66 en contra de Fabián Rosas y Karla Benítez.

La Contraloría no hizo el seguimiento a la compra que hizo CEIEC de los grilletes a la empresa Megasteky y, de lo que conocemos hasta el momento, esa denuncia no prosperó a instancias judiciales.

Las fallas de este sistema de grilletes electrónicos, al que el correato también denominó emblemático (así bautizaba a muchas de sus obras), fueron ampliamente denunciadas por políticos y periodistas. Por ejemplo, en abril de 2020 se conoció que la plataforma que controla el funcionamiento de los grilletes electrónicos se cayó y los operadores del sistema temían que PPL sentenciados puedan escapar.

“Para que funcione un grillete se destruían cinco”

Con los altos niveles de inseguridad de Ecuador, que ha alcanzado un récord en la tasa de homicidios de alrededor de 45 por cada 100.000 habitantes, no todo sospechoso de haber cometido un delito va preso. Muchos son juzgados en libertad por la opción que da el Código Orgánico Integral Penal (COIP art 522) del uso de grilletes o tobilleras electrónicas como una medida sustitutiva a la prisión preventiva.

Sin embargo, los recurrentes problemas técnicos que han impedido que estos dispositivos rastreen en tiempo real a los procesados han abonado a la impunidad en el sistema de justicia del país.

Pese a las deficiencias en estos equipos, los problemas solo se han agravado. Cuando Mario Carrillo, llegó a la subdirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) en septiembre de 2023, funcionaban dijo, alrededor de 800 dispositivos electrónicos y unos de 4.200 “eran solo piezas porque dentro de esta institución se hacía canibalismo técnico, es decir, para que funcione un dispositivo, destruían a cinco”.

Carrillo asegura que la justificación que se le explicó en ese entonces para adoptar tal procedimiento fue que debían cumplir órdenes judiciales y no contaban con grilletes en buenas condiciones. Sino habilitaban un grillete se cometía el delito de desacato.

“Me dijeron que como siguen dando órdenes judiciales no se puede dejar de cumplir; entonces trataron de recuperar piezas, destruyendo otros (grilletes), cambiando partes, lo que se convierte en una bola de nieve que se va agrandando”,

Carrillo confirma que a estos problemas se sumaba la poca o casi nula vigilancia que dio el sistema ECU 911, encargado de hacer el seguimiento de cada grillete colocado.

Citó como ejemplo, el caso de Fernando Alvarado, ex secretario de comunicación de la Presidencia del correísmo. “El 911 tenía que haber detectado ese aparato que estaba en tal quebrada y no fue así. Uno tiene que enterarse el momento que están desactivándolo y, en tiempo real, (saber) dónde está esa persona con el dispositivo”.

Modelo de grillete que usó Fernando Alvarado

Este es el grillete que usó el exsecretario de Comunicación del correato, Fernando Alvarado.

El ex subdirector del SNAI se refiere a uno de los mayores escándalos que pusieron al descubierto las graves falencias del funcionamiento de los grilletes electrónicos. El 20 de octubre de 2018, se dio la orden de que todos los pasos fronterizos estuvieran alertas. Fernando Alvarado, que tenía medidas cautelares por un caso de corrupción, se había quitado el dispositivo y escapó.

Alvarado había logrado que un juez le sustituyera la prisión preventiva en el caso de un supuesto peculado para la producción de los enlaces ciudadanos (las llamadas sabatinas), que eran utilizados para atacar a los oponentes políticos del correísmo.

Tras su huida, se inició otro juicio en contra de Alvarado por incumplir orden legítima de autoridad al haberse retirado el grillete electrónico, uno de los 4.000 entregados por la empresa china CEIEC.

Precisamente fue la fuga de este alto funcionario del correato uno de los hechos más simbólicos que confirmó las falencias de este sistema de vigilancia, concebido cuatro años antes, al amparo del entonces naciente COIP, (vigente desde febrero de 2014) que ordenaba que el ex Ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma.

El 86,5% de los grilletes están dañados, perdidos o en revisión

Dispositivos electronicos

El contrato con CEIEC estableció que debían entregar a su contraparte ecuatoriana un total de 5.497 dispositivos electrónicos desglosados en 4000 grilletes o tobilleras; 600 Beeper, 400 radios, 500 tablet, pero según la constatación física realizada por el SNAI, al momento, no existen todos estos dispositivos.

En cuanto a los grilletes, 2.615 están dañados, 495 están en proceso de repotenciación, 286 están perdidos y ya se han presentado 80 denuncias formales ante la justicia reportando estas pérdidas. Además 36 están en cadena de custodia y 25 están en proceso de verificación de daños. Solo 540 están en uso y controlados desde el centro de monitoreo.

De los 600 Beeper MT70, solo 14 están en uso y monitoreados; de las 400 radios bases S921, 32 están instaladas y funcionando en la plataforma; y de las 500 Tablet Aaron-5, apenas 8 están en uso.

El director del organismo de control de las cárceles del país, Luis Zaldumbide, asegura que está optimizando los equipos que tiene. Anunció que repotenciará los dispositivos que están en la plataforma con accesorios nuevos para aumentar la disponibilidad de estos aparatos. También hay que remplazar baterías dañadas.

Además, se repotenciará la plataforma con el apoyo de la Unión Europea que también entregará las licencias por un valor de US$13.000, por seis meses. Para ello, dijo Zaldumbide ya se hicieron las pruebas de una de las plataformas de control que es Google Maps.

“Estábamos ciegos. Esto se vuelve hacer después de casi tres años, una nueva inversión en dispositivos y no solo para repotenciar los que tenemos en plataforma”, puntualizó Zaldumbide, quien aseguró que ya no se recurrirá a la práctica que se había generalizado en los últimos años del “canibalismo técnico” mediante el cual se usaban partes de otros dispositivos para completar otros con el fin de que sean funcionales.

Pese a la mala experiencia que dejó al estado ecuatoriano este contrato con CEIEC, el SNAI apostó por una subsidiaria china, la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, para la construcción de la cárcel de Santa Elena por US$ 52 millones y se lo hizo mediante un proceso publicado en compras públicas y declarado bajo reserva para los próximos diez años.

La contratista para el nuevo centro de privación de libertad es controlada por la estatal «China Road And Bridge Corporation» (CRBC).

El Gobierno del presidente Daniel Noboa optó por esta empresa a través de una carta directa y sin concurso público. Esta subsidiaria de CRBC ha dejado sentado en los documentos oficiales, que está dispuesta a recibir todo el pago por construir la cárcel, en bonos del Estado.

Por un contrato de US$ 55,5 millones, firmado en 2012 con la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, la Contraloría cuestionó a CRBC por subcontratar la totalidad de las siete obras que debía entregar. Esto, pese a que solo podía contratar con terceros un máximo del 30% del monto del contrato. Además, obtuvo una ganancia adicional a la establecida en los costos indirectos y utilidades de su oferta.

La empresa asiática formaba parte de la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial desde 2009, pues fue acusada de actos de corrupción en Filipinas.

Al momento CRBC está envuelta en la polémica compra del hotel Quito.

Documentos de respaldo

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