Coyuntura

De abril a junio

El trimestre del primero de abril al 30 de junio de 2015 encontró un país en la pendiente de una crisis económica y política. Pero, a la vez, a un gobierno que no cambia su política de escarnio y persecución de medios de comunicación y opositores y  que sigue consolidado su control sobre los otros poderes del Estado.  En este trimestre continúo se reeligió la directiva de la Asamblea Nacional, se renovó a los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral para terminar de integrar el Quinto Poder, a la vez que siguen las denuncias y quejas por la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El régimen, además, logró con  éxito poner un magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pese a todo ello, nunca había estado tan complicada la situación para la Revolución Ciudadana.

A nivel económico, la caída de los precios del crudo había provocado entre enero y mayo de 2015 una pérdida de cerca del 25% de los ingresos petroleros del país.[i] Ello a su vez llevó a una crisis de liquidez de la caja fiscal, que ha sido enfrentada de diversas maneras: Utilizando las reservas del Banco Central del Ecuador[ii], pidiendo prestado a gobiernos seccionales[iii], emitiendo bonos a altísimas tasas de interés[iv], la deuda en bonos reconocida alcanza los USD 4,564 millones. La aclaración de deuda reconocida es importante porque el gobierno ecuatoriano tiene una gran parte de la deuda que no es reconocida como tal, como las ventas anticipadas de petróleo a China y otros países, el inconstitucional borrón de su deuda con el IESS^[v], a más de deudas a proveedores que permanecen en un limbo entre causadas y facturadas.^[vi] 

El Superintendente de Bancos se ve precisado a aclarar que el “sistema financiero es sólido”^[vii]. Los bancos también emiten declaraciones tranquilizantes sobre su liquidez y la dolarización. ^[viii] Pese a ello en poco tiempo se empezaban a publicar las noticias de la caída de depósitos en los bancos privados.^[ix]

Las cifras del Estado son cada vez menos transparentes, no sólo las de endeudamiento, sino también las de gasto, como el caso del costo real de obras públicas, un ejemplo de ello es el de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair^[x]

En tanto, el mecanismo que pretendía buscar el equilibrio de la balanza comercial, de las salvaguardas,  termina afectando al mismo sector y las mismas variables que intentaba proteger.^[xi]Para mediados de junio llega otro crédito chino de 500 millones de dólares^[xii] para el “plan de inversiones del país” y los anuncios de implementación del “dinero electrónico”, controles de cuánto se está girando, y las mismas leyes a la herencia y plusvalía, suenan a intentos de sostener el gasto gubernamental en tiempos de petróleo a la baja.

En términos políticos este trimestre ha sido duro por el gobierno.  Lo iniciaron con una muestra de fuerza, una rendición de cuentas de la Asamblea en la que ni en los asientos del pleno casi había espacio para la oposición; y, donde finalmente la Presidenta de la Asamblea dio una rueda de prensa en la que no se admitieron preguntas.^[xiii]

Pero la anuencia de la Asamblea a proyectos presidenciales confiscatorios fue el detonante para la crisis que estallaría días después.

Inicia el tire y jale con los jubilados, maestros y trabajadores en torno a la irónicamente llamada “ley de justicia laboral”. Correa necesitaba disminuir la deuda y para ello desconoció la obligación del Estado de aportar a la seguridad social para las prestaciones de salud de los jubilados y de las enfermedades catastróficas.[xiv] La llamada Ley de Justicia Laboral, que reformó aspectos clave de la seguridad social en el Ecuador^[xv] fue aprobada. Esto enfrentó al gobierno con los jubilados^[xvi] quienes demandaron la inconstitucionalidad de la norma, pero no fueron los únicos.^[xvii]

Con un timing impecable,  la ley se aprueba a pocos días de del Primero de Mayo^[xviii], día de los trabajadores. No sólo les preocupa la eliminación del 40% de fondos del Estado al IESS sino también el tema de las reformas/enmiendas constitucionales donde los trabajadores públicos dejarían de estar amparados por el Código del Trabajo para estar amparados ahora por la Ley de Servicio Público. Ante esta inquietud, la respuesta del gobierno no fue el diálogo sino convocar su propia marcha con su central laboral paralela y ordenar una amplia cobertura policiaca.^[xix] El Presidente pretende que la marcha de los trabajadores le pertenece.^[xx] Las marchas del Primero de Mayo en las diversas ciudades del país sirvieron para evidenciar el cambio en el escenario político/social del Ecuador.^[xxi] En estas marchas surgieron los primeros gritos de Fuera Correa Fuera.^[xxii] Se empezó hablar de un Paro Nacional.

A las afrentas a los trabajadores el régimen sumó el allanamiento^[xxiii] y la apropiación del Fondo de Cesantía del Magisterio^[xxiv][xxv] Los afiliados al Seguro Social Campesino también se sentían amenazados y marcharon.^[xxvi]

Después del golpe de la “Ley de Justicia Laboral” y su impacto sobre el aporte a las jubilaciones y limitación de las utilidades, después de confiscar los ahorros de los maestros y de otros casi 60 fondos particulares, llegó la polémica por la ley de herencia^[xxvii] y la de plusvalía.^[xxviii]

Las declaraciones del propio presidente sobre su voluntad de ir eliminando las empresas familiares^[xxix] y la intencionalidad de la resolución, luego suspendida, de la Superintendencia de Bancos de que se debería reportar todos los retiros a partir de 5000 dólares al mes,^[xxx] y el anuncio de la puesta en vigencia del dinero electrónico, ^[xxxi]incrementaron la sensación de vulnerabilidad e incertidumbre.

El proyecto de ley de Galápagos, y la rebelión en el Archipiélago^[xxxii], generó conflictos tanto en el seno de la propia Asamblea como en las islas.^[xxxiii] Un conflicto que fue enfrentado con represión.^[xxxiv] Ampliando la sensación de un país enervado.

El proyecto de control del suelo por parte del Estado,^[xxxv] quitando competencias a municipios y gobiernos locales, estaba en la Asamblea esperando por ser votado abundaba en la sensación ciudadana de que cualquiera sería el próximo en la arbitrariedad estatal y eso podría significar perderlo todo.

Pensada por los correístas como una ley que enfrentaría a los estratos sociales entre sí, la ley de herencias terminó siendo un bumerang, que dio inicio a las marchas “autoconvocadas”^[xxxvi]de junio en la Av. De los Shyris^[xxxvii] en Quito, que se reprodujeron luego en todo el país^[xxxviii]. Los correístas no pudieron equiparar las marchas^[xxxix] y debieron recurrir a la policía.

Ecuador convulsionó en junio, la clase media salió a las calles y muchas veces confluyó con los sectores populares que reivindicaban otras causas.^[xl] Las marchas de junio fueron como una reacción en cadena.^[xli] De la exigencia de archivo de los dos proyectos^[xlii] se pasó a decir que esto no sólo era por las herencias, sino por dignidad.

 La gente se tomó las calles por varias semanas del mes de junio^[xliii] y sólo la anunciada venida del Papa tendría la virtud de desmovilizar a la sociedad.

El rol de las redes sociales en la difusión de visiones alternas sobre lo que estaba sucediendo y logró minar el efecto omnipresente que estos ocho años ha tenido el aparato de propaganda del correísmo. Todo esto se daba en un momento en que la caída de precio del petróleo^[xliv] generaba la hipótesis de ciudadana que detrás de todos estos proyectos sólo estaba la voluntad del gobierno de extraer más recursos.

Cuando se desató la calle, el Presidente estaba en Europa, su retorno fue complejo, pues un grupo de ciudadanos de Quito, decidieron ir al aeropuerto a verlo para reclamarle. Cuando volvió se demoró un día en llamar a cadena nacional. En un procedimiento por demás irregular el Presidente decidió retirar los proyectos sin perjuicio de volveros a presentar. Su bancada de país, por otro lado, se preparó para “socializar” los proyectos retirados, con lo que no se generó el efecto de desmovilizar a la población como se esperaba.^[xlv] La gente siguió en las calles.^[xlvi]

Mientras las cámaras de la producción pedían el archivo definitivo de los proyectos de ley^[xlvii], otros pedían que les den los formularios para la revocatoria del mandato presidencial.

Como la calle no paraba, desde las altas esferas del gobierno se empieza a hablar en términos de conspiración.^[xlviii]

Y las cifras de aceptación y credibilidad del mandatario bajan.  Pero ya venían bajando antes^[xlix] El presidente se vio inmerso en una disputa con un adolescente que le hace un gesto en la calle^[l], posteriormente ciudadanos le llevan una ofrenda de yucas.^[li] Su estilo confrontacional del Presidente lo sigue enfrentando no sólo con ciudadanos sino con las autoridades seccionales que no son de su movimiento de gobierno.^[lii]  El gobierno sigue investigando a ciudadanos por el 30S de 2010, en abril también llamaron a interrogar al dirigente indígena Carlos Pérez Guartambel.^[liii] En el transcurso del trimestre varios oficiales de policía fueron procesados por tal suceso y dos de ellos condenados.

Finalmente el brutal desalojo sin plan de contingencia de 40 familias de la barriada de la Cooperativa Mélida Toral, en el sector de la Isla Trinitaria en el Sur de Guayaquil, por parte de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (STPAHI).^[liv]  Y la oferta posterior de opciones de vivienda social de hasta 70,000 dólares^[lv] inalcanzable para estas familias impactó su imagen de líder popular.

De otro lado, las fuerzas sociales y de la oposición tampoco estuvieron inmóviles y generaron algunos acercamientos inéditos, unos con éxito y otros frustrados.  Durante la Semana Santa aprovecharon para reunirse públicamente las autoridades seccionales de las circunscripciones más importantes del Ecuador: el alcalde de Guayaquil, el de Quito y el Prefecto del Azuay. Ese encuentro pateó el tablero nacional de alianzas y sus posibles implicaciones pusieron presión a los otros actores políticos, no sólo del gobierno sino de la oposición.^[lvi]

Por otro lado Unidad Popular[lvii] presentó sus firmas para inscribirse^[lviii] El tema del IESS le costó al gobierno un aliado Ramiro González y su movimiento AVANZA, se separaron de la coalición gubernamental.^[lix] El CNE permitió a la ID recoger firmas para reinscripción. Se dio un encuentro entre PK, Creo y Sociedad Patriótica, que fue muy criticado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, de la cual PK es una especie de brazo político.

A nivel gremial y sindical, se fueron fortaleciendo los encuentros entre sectores sindicales, magisterio y sectores populares no afines al gobierno, que ya habían participado juntos en otras marchas, con vista al Primero de Mayo, pero también como reacción a las últimas leyes.

La actuación de los otros poderes del Estado en este período hizo patente que el único espacio que le quedaba a la ciudadanía, e incluso a los políticos, eran las calles.

A los fallidos intentos de llamar a Consulta Popular por parte de Yasunidos[lx] y de CREO[lxi] este trimestre se sumaron las negativas de la Corte Constitucional a los pedidos de consulta sobre las enmiendas a otras organizaciones políticas y de cualquier intento de revocatoria de mandato que se presentara ante el CNE, ni siquiera los formularios entregaban.[lxii]

Finalmente, en cuanto a la situación de los medios y la libertad de expresión, los mecanismos de silenciamiento persisten^[lxiii]: Se prorrogó elección de defensores de audiencia ante el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Diario La Hora compareció de nuevo ante la Supercom por la denuncia del alcalde de Loja por no haber publicado sobre su rendición de cuentas.^[lxiv] Supercom sancionó a La Hora y a Extra. El Universo se retiró de una audiencia en resistencia y fue sancionado por el 10% de su facturación^[lxv]

Entre tanto el control de Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación (SECOM) sobre los medio incautados, aumenta.^[lxvi] 

Ante protestas internacionales la Secretaría de Comunicación rechazó pronunciamiento de la SIP sobre las violaciones a los derechos humanos y libertad de expresión en el país y la región.^[lxvii]A finales de abril también Freedom House se pronunció sobre la falta de libertad de expresión en Ecuador.^[lxviii]

En términos de la comunicación, la “enmienda” que plantea la comunicación como un servicio público preocupa a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)^[lxix]

De julio a septiembre

En el trimestre entre el 1_ro de julio y el 30 de septiembre de 2015 fuimos testigos del ascenso y estancamiento posterior de la protesta en las calles, tanto por la necesidad de los diferentes actores sociales de replantearse formas de lucha como por las acciones de control del gobierno vía represión y desactivación de otros actores que las apoyaban, como cierto sector del empresariado. Mientras el tema de las enmiendas continuaba su inexorable avance al mes de diciembre, cuando se cumple el plazo en que la Asamblea Nacional volverá a tratarlas, la crisis económica avanzó con un régimen que ha hecho malabares para mantenerse a flote financieramente. Pero la crisis también le permitió al gobierno rearmar un discurso, no siempre coherente, hacia cierto sector del empresariado para desmovilizarlo e impedir que apoye las protestas, alejando el fantasma de un paro obrero-patronal.  Otros elementos importantes de este trimestre fueron la visita del Papa Francisco y los fenómenos naturales que enmarcaron el proceso de lucha. Todo esto en medio de las alertas por la actividad volcánica, primero del Cotopaxi y posteriormente del Tungurahua, mientras los incendios forestales asolaban varias zonas de la sierra ecuatoriana, especialmente los alrededores de la capital. 

El mes de julio inició con una sociedad movilizada, con marchas y plantones prácticamente diarios^[lxx] como resultado de una especie de onda expansiva de las marchas del mes de junio. El gobierno a su vez llamó a un “Diálogo Nacional”, mismo que no logró convocar a los sectores que estaban en las protestas y terminó siendo una serie de reuniones con partidarios del gobierno para generar la imagen de que las reformas/enmiendas estaban siendo consultadas y que desde los asambleístas del gobierno se hacían esfuerzos por “socializar” las mismas.^[lxxi] La polarización era tal que ministros del régimen denunciaban con nombres y apellidos a supuestos golpistas, entre ellos asambleístas nacionales como Lourdes Tibán y Andrés Paez.^[lxxii] A falta de pruebas, la denuncia fue ridiculizada y no progresó.  Hubo otros incidentes menores^[lxxiii] como cuando en el conversatorio del Presidente Correa con la prensa se anunció el inicio de investigaciones del SRI (Secretaría de Rentas Internas) a los bienes del alcalde Nebot^[lxxiv], lo que se leyó como una retaliación a quien lideró una masiva protesta contra el régimen el 25 de junio en Guayaquil.  En tanto, la Ecuarrunari (organización indígena de la Sierra ecuatoriana) proponía la revocatoria del mandato para quienes votaran por las reformas a la Constitución.^[lxxv]  Otra fuente de fricción, se generó con el gremio de los Médicos y profesionales de la salud con la creación por decreto de ACCESS^[lxxvi] (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Salud).  También los abogados plantearon sus reivindicaciones, sobre todo contra el modelo de gestión de justicia.  En este trimestre realizaron varios plantones en el Consejo de la Judicatura^[lxxvii].

Pese a la movilización, el gobierno insistió con las “enmiendas” constitucionales, y los sectores sociales plantearon un paro para el mes de agosto. Estas diversas fuerzas, con sus diferentes plataformas de lucha, fueron confluyendo para ese paro.^[lxxviii] Los jubilados también se pronunciaron por marchar contra el régimen y ser parte del paro en agosto.^[lxxix]

Ante el llamamiento a paro y las marchas la respuesta del Presidente Correa fue denunciar que se estaría gestando un “golpe blando” en su contra^[lxxx]. Más adelante incluso hablaría de que “los gobiernos de izquierda enfrentan una nueva “Guerra Fría”.^[lxxxi] Este discurso no era un discurso en el vacío. En esos días el Parlamento Cubano se pronunció respaldando al gobierno de Correa por los supuestos intentos desestabilizadores de los que era víctima.^[lxxxii] También los embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) ante la Unesco expresaron su respaldo al Gobierno de Ecuador ante los intentos de desestabilización.^[lxxxiii]

Partiendo de esta visión conspirativa, el gobierno decidió dar licencia al Canciller Ricardo Patiño para que este se dedique a realizar trabajo “territorial” y a fortalecer las bases de Alianza País.^[lxxxiv]  El rango de actividades a desplegar por el Ministro Patiño y su comprensión de la situación fueron denunciados por la Asambleísta Lourdes Tibán en un documento filtrado a la prensa.^[lxxxv] En el documento se establecen lineamientos para enfrentar el paro programado para el 13 de agosto y se encuentran citas como: “hay dos caminos: el del Estado preventivo y represivo y el del Estado preventivo y represivo con participación organizada ciudadana”^[lxxxvi] Dada la visión del gobierno sobre la protesta social, la relación del Canciller Patiño y el Ministro del Interior José Serrano con los expandilleros “Latin King” generó preocupación en sectores de la sociedad civil, de cara a las marchas.^[lxxxvii]

La visita durante tres días del Papa Francisco, del 5 al 7 de julio, redujo la protesta social en la calle^[lxxxviii].  Pese a este paréntesis, la presencia del Papa tampoco estuvo excenta de controversia.  Durante ella, y desde los días previos a la misma, el Gobierno planteó una estrategia comunicacional para tomar ventaja de la misma, utilizando citas del Papa como una herramienta más de propaganda.  Sin embargo, en las redes sociales el humor terminó por desfigurar esta estrategia a través de los memes.^[lxxxix]

Cuando las cosas parecían aquietarse y el tema del paro era algo para el mes de agosto, varios escándalos interrelacionados explotaban en el país. Uno de ellos, la filtración de los correos de Hacking Team y sus contactos con el gobierno ecuatoriano para facilitarle equipos de espionaje y el de la ubicación de la Secretaría Nacional de Inteligencia en Lumbisí, en las inmediaciones donde fuera la mansión del banquero William Isaías. A más de esto la filtración de los expedientes de políticos, activistas sociales y periodistas que son espiados por la Senaín, puso en una situación incómoda al régimen y a su encargado de inteligencia, Rommy Vallejo.^[xc]

El clima de polarización creado por el Presidente con su teoría de la conspiración contaminaba todos los espacios.  El día 16 de julio, mientras realizaba la cobertura de una protesta contra el alcalde de Quito, es agredido por simpatizantes del gobierno el periodista Christian Zurita, coautor del libro “El Gran Hermano”, quien hace unos años fue perseguido judicialmente por el Presidente Correa.^[xci] La violencia se manifestó también la Universidad Central, en un enfrentamiento donde resultan heridas dos estudiantes de un grupo universitario opuesto al que patrocina el gobierno. El propio Presidente, durante sus alocuciones en su sabatina, tomó partido por quienes las estudiantes denuncian como el agresor.^[xcii] Aunque no generó mayor revuelo, también se registró el hallazgo de  bombas panfletarias a los diarios El Universo (independiente) y El Telégrafo (gubernamental).^[xciii]

La tensión no sólo se sintió en la capital y las grandes ciudades. Otras provincias también fueron escenarios de conflicto. En Galápagos, las protestas se encendieron en junio con la nueva ley para las Islas y con la prisión de uno de sus dirigentes Eduardo Véliz, procesado judicialmente y en delicado estado de salud. En Orellana se registraron movilizaciones por conflictos con las autoridades en torno a la construcción de la carretera de Taisha. En Esmeraldas resurgieron conflictos limítrofes^[xciv]. Este panorama se desataba en la lógica de la polarización que ha vivido el país y todo alimentaba el paro.

A fines de julio con la salida del Rector Fernando Albericio^[xcv] estalló el escándalo de la Universidad de Yachay, una de las obras insignias de la Revolución Ciudadana, con un gasto dispendioso que sorprendió e indignó a la sociedad ecuatoriana, como salarios de 16,000 dólares a tres personas que ni siquiera trabajan en el país y que cuando llegan cobran viáticos, un costo por estudiante que multiplica por miles el costo del resto de unidades de educación superior del país, nepotismo, etc.  El escándalo de Yachay caldea los ánimos.^[xcvi]

El 3 de agosto arrancó la marcha indígena desde Tundayme^[xcvii], en la Amazonía. Durante su avance fue interactuando con todas las comunidades en su ruta hasta la capital. El archivo de las enmiendas constitucionales fue el tema que lideró sus peticiones.^[xcviii]. Tras su arribo a Quito se unieron todos los sectores sociales. Los dirigentes de la Conaie y la Ecuarrunari estuvieron presentes y liderando la marcha, así como el Prefecto de Zamora. Gremios, Jubilados, Estudiantes, ciudadanos en general participaron de ella. 

El gobierno minimizaba^[xcix] a la vez que denunciaba  la marcha como violenta^[c].  El 13 de agosto, llamado día del paro, se cerraron también varias carreteras de la sierra ecuatoriana.^[ci] Cuando la marcha llegó a las calles aledañas al Palacio Presidencial y la Plaza Grande se desató la represión. Los líderes de la marcha fueron golpeados y la periodista francobrasileña, Manuela Picq^[cii], compañera del dirigente de la Ecuarrunari, Carlos Pérez, fue agredida físicamente, detenida arbitrariamente y posteriormente deportada del país de la ciudadanía universal. La represión no se limitó a la capital. Se extendió a otras las localidades donde hubo movilizaciones y protestas. Un ejemplo de ello: la golpiza en el Puyo a la activista Margoth Escobar, quien además fue detenida y procesada.^[ciii]

El día 15 de agosto, la actividad volcánica del Cotopaxi fue utilizada como argumento para justificar la declaratoria de Estado de Excepción.^[civ]  El estado de excepción permitió que las Fuerzas Armadas intervengan en actividades de seguridad ciudadana a nivel nacional.  Por ello, en lugar de enviar a las Fuerzas Armadas a la zona en riesgo por la actividad volcánica, las enviaron a reprimir poblaciones distintas como la de Saraguro en la provincia de Loja o la de Taisha en Morona Santiago, donde las comunidades persistían en el cierre de carreteras.^[cv]

El saldo de las protestas de agosto fueron 61 detenidos y por lo menos 75 procesados a nivel nacional.^[cvi] A muchos de ellos se les realizó audiencias a puerta cerrada.^[cvii]  La mayor parte de los procesos, como el de Margoth Escobar, aún continúan.

En septiembre, la represión del gobierno tomó otro curso. La Secretaría de Comunicación, adscrita a la Presidencia de la República, inició el proceso de disolución de Fundamedios,^[cviii] organización de la sociedad civil que defiende el derecho a la libertad de opinión, expresión y prensa; y uno de los continuos blancos de la ira gubernamental en sabatinas y cadenas.  El Estado ecuatoriano ya antes había aplicado discrecionalmente el Decreto 16^[cix] para la disolución de la Fundación Pachamama. En esta ocasión aplicó el nuevo Decreto Presidencial No. 739, aprobado el cuatro de agosto, ^[cx] para iniciar el proceso contra Fundamedios.  La solidaridad con Fundamedios y las protestas nacionales^[cxi] e internacionales^[cxii] no se hicieron esperar, incluso los Relatores de Naciones Unidas y la CIDH se pronunciaron en contra de la disolución^[cxiii].  La presión surtió efecto y el gobierno dio marcha atrás en su decisión de disolver Fundamedios^[cxiv], aunque mediante un mecanismo tan forzado como el que estaban utilizando para disolverla.

Mientras tanto la crisis fiscal avanzaba.^[cxv] En una economía donde el Estado asumió el rol de motor principal, la postergación de pagos a proveedores del gobierno tuvo un efecto dominó.  La falta de liquidez no sólo del régimen sino en toda la economía^[cxvi] fue cada vez más difícil de ocultar.  Para lidiar con el tema se emitieron Títulos de Banco Central como mecanismo de pago a contratistas del Estado en el campo de la construcción^[cxvii].  Pero los TBC fueron una solución parcial. Urgido por liquidez el gobierno ecuatoriano recurrió nuevamente al esquema de preventa de petróleo, esta vez con Tailandia  (PTT) por US$ 2500 millones de dólares^[cxviii]. Esto trajo consigo un desembolso inicial de US$ 500 millones al Estado^[cxix] apenas un paliativo para un déficit presupuestal que se calculaba entre US$ 8000 a US$ 9000 millones para el año en curso^[cxx] y que las interminables negociaciones con China ya no alcanzaban a cubrir.  La revelación de que PTT revendió el crudo ecuatoriano^[cxxi] confirmó que la preventa a PTT, a más de representar un esquema de endeudamiento encubierto^[cxxii], era una operación de “shadow banking”.^[cxxiii]

El impacto de la crisis en la sociedad ecuatoriana se sentía en el constante incremento de los  precios.  Una de las medidas que empujaron al alza los precios de muchos items, sobre todo importados, fueron las salvaguardas arancelarias ^[cxxiv] . La ciudadanía optó por ir a los países fronterizos a adquirir los productos que se habían vuelto prohibitivos en el Ecuador^[cxxv], lo que a su vez ocasionó que el gobierno reaccione y también grave a los productos que entraban por la frontera como compra personal.^[cxxvi] La medida buscó desestimular el paliativo que los ecuatorianos habían encontrado al creciente costo de la vida y trasladar más recursos al fisco.  Otro de los efectos de la crisis en la vida cotidiana ha sido el creciente desempleo.  La solución del gobierno fue cambiar la forma de cálculo del desempleo para enmascararlo.^[cxxvii]

Pero la crisis económica tuvo un lado positivo para el gobierno. Le sirvió como contrapeso a la inconformidad de los sectores empresariales a los que atemorizó con que se vería agravada con la inestabilidad política.  Mientras enfrentaba a los sectores sociales, el gobierno inició una serie de acercamientos con los sectores empresariales, para que “arrimen el hombro”^[cxxviii] ante la crisis.  El discurso antiempresarial de las leyes de herencia y plusvalía se atenuó y el gobierno puso en escena el “rostro amable” de la Ministra Nathalie Cely quien ofreció al sector empresarial las “Alianzas Público-Privadas”.^[cxxix]

Lo cierto es que en septiembre las marchas se detuvieron, aunque se dieron actos simbólicos protagonizados sobre todo por sectores de la clase media, muchos de ellos irrecuperables para el régimen debido a que mantienen inclaudicable su rechazo a la corrupción oficial.  Los sectores sociales parecen haberse dado un tiempo para recuperar fuerzas y planificar nuevas movilizaciones para noviembre.^[cxxx] El trimestre cerró con el 30 de septiembre, fecha cuyo sentido se disputa en el Ecuador^[cxxxi], con monumentos enlutados en todo el país.^[cxxxii]