El 23 de octubre de 2018, la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Zobeida Aragundi, entregó a la Fiscalía un informe sobre la actuación de 204 jueces y 42 fiscales en el Caso 30S. Se denomina así al 30 de septiembre de 2010, día de la sublevación policial contra el Gobierno de Rafael Correa por la Ley de Servicio Público que eliminó varios de sus beneficios.
A esa jornada de caos y dolor, que incluyó una balacera en el Hospital de la Policía -donde Correa se atrincheró por más de 10 horas y dejó 10 muertos y 300 heridos- el oficialismo llamó secuestro e intento de magnicidio. En torno a esta tesis tejió una red de persecución en contra de 715 ciudadanos, sobre la base de pruebas manipuladas e instauró 51 demandas en 17 provincias.
Pese a ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, no se ha pronunciado sobre el informe.
Más preocupante es que el ex fiscal general Paúl Pérez Reina y la actual titular de esa entidad, Ruth Palacios, no hayan ordenado una investigación. Es más, Pérez Reina retiró a Aragundi de la terna para el Consejo de la Judicatura definitivo luego de que ella le presentara el informe del 30S
En diálogo con MILHOJAS Aragundi analiza los entretelones del accionar judicial sobre el 30S, las implicaciones de la renuncia de Pérez Reina y el rol de la nueva fiscal
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