Otras Miradas

El control del oro ilegalmente extraído en la provincia de Imbabura ha constituido un sistema de delincuencia que atraviesa todo el país. Decenas de camiones transportan cientos de toneladas de material en una ruta de 650 kilómetros hasta las plantas de beneficio en Azuay y El Oro
50 mil dólares es el costo de seguridad de esta ruta; agentes de tránsito, policía, ejército y cualquier autoridad permiten el paso de ese material; las ganancias son incommensurables
Franklin Soria, autor de este informe, ha sido amenazado en mas de una ocasión por hacer reportes de este tema

El 23 de octubre de 2018, la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, Zobeida Aragundi, entregó a la Fiscalía un informe sobre la actuación de 204 jueces y 42 fiscales en el Caso 30S. Se denomina así al 30 de septiembre de 2010, día de la sublevación policial contra el Gobierno de Rafael Correa por la Ley de Servicio Público que eliminó varios de sus beneficios.
A esa jornada de caos y dolor, que incluyó una balacera en el Hospital de la Policía -donde Correa se atrincheró por más de 10 horas y dejó 10 muertos y 300 heridos- el oficialismo llamó secuestro e intento de magnicidio. En torno a esta tesis tejió una red de persecución en contra de 715 ciudadanos, sobre la base de pruebas manipuladas e instauró 51 demandas en 17 provincias.
Pese a ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, no se ha pronunciado sobre el informe.
Más preocupante es que el ex fiscal general Paúl Pérez Reina y la actual titular de esa entidad, Ruth Palacios, no hayan ordenado una investigación. Es más, Pérez Reina retiró a Aragundi de la terna para el Consejo de la Judicatura definitivo luego de que ella le presentara el informe del 30S
En diálogo con MILHOJAS Aragundi analiza los entretelones del accionar judicial sobre el 30S, las implicaciones de la renuncia de Pérez Reina y el rol de la nueva fiscal

Una resaca continua se ha convertido la situación legal del Mall del Pacífico en Manta para sus inversionistas. El proyecto, valorado en 200 millones de dólares, ha dinamizado el comercio de la ciudad pero paradójicamente su situación legal es compleja: una sentencia judicial ordena devolver el terreno, en el que se asienta el complejo, a su antiguo dueño, el municipio de esa ciudad. Un manual de errores podría escribirse con esta historia que se parece al enfretamiento de David y Goliat, entre una jubilada y un poderoso empresario.

Bautizada bajo la figura de “derecho intangible“, autoridades petroleras suscribieron una operación de endeudamiento por $1000 millones aa cambio de la entrega del campo Auca a la transnacional Schlumberger (Shaya)
En la desesperación por conseguir esos recursos, las autoridades del gobierno olvidaron que, la producción del campo estaba comprometida hasta el año 2024 para pagar los créditos firmados con China y Tailandia
Los costos de producción históricos de Auca han sido de los más bajos del continente. Hasta 2009, entre 4 y 9 dólares por barril. Luego se dispararon hasta bordear los $30 en el contrato con Schlumberger

Los impactos de la corrupción en los pueblos y la naturaleza son un inmensa deuda ecológica que deben incluirse dentro las sanciones establecidas en la consulta popular
li>Proyectos como Multipropósito Chone o Coca Codo Sinclair han estado envueltos en polémicas relacionadas no solo con corrupción, sino también con casos de maltrato laboral, violencia contra familias campesinas y afectaciones ambientales
li>También el desarrollo de proyectos mineros ha implicado la alteración irreversible del medio social y natural debido a la remoción de grandes cantidades de tierra y rocas y uso de sustancias químicas tóxicas.

Comencé a trabajar en la burocracia desde los 21 años.
No fue sino hasta hace unos días que conversaba con un amigo y compartíamos experiencias laborales, que nos dimos cuenta de que los jóvenes, fuimos adoptados en este proceso que inició hace 19 años por el Gobierno.

La confrontación de un listado de mas de 1500 funcionarios públicos, relacionados a los sectores estratégicos, como electricidad y petróleo,

La Unidad de Gestión de Medios, que se encarga de manejar los paquetes accionarios de los medios incautados, es una entidad pública que trabaja en las sombras.
En un oficio del Ministerio de Finanzas se certifica que la Ugemed “no consta en el Catálogo de Instituciones y Entidades Operativas del Sector Público Vigente, además no registra asignaciones en el Presupuesto General del Estado al 24 de mayo del 2016”.
Este reportaje apareció originalmente en Fundamedios.org.

Los videos de preparación de un grupo de jóvenes en un recinto militar, en los que participa como posible coordinadora una activa militante de Alianza PAIS y un asambleísta alterno de ese partido, Rodrigo Collahuazo, devela un fenómeno más profundo. La vinculación de Delgado con varios grupos radicales de jóvenes, entre ellos los Lating King y Alfaro Vive Carajo, que promueven la radicalización violenta de la sociedad y están vinculados a las líneas estratégicas de defensa del proyecto político del gobierno.
Este es un reportaje que apareció originalmente en PlanV.com.ec.

El galimatías de los gastos de la Secretaría de Comunicación
Contratos millonarios sin justificación y con empresas de hermanos, madres e hijos de funcionarios; uso de recursos del Estado para favorecer a Alianza PAÍS, pagos sin respaldos, son solo algunas de las irregularidades encontradas por la Contraloría en una auditoría realizada a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), durante la gestión de Fernando Alvarado.
Este reportaje apareció originalmente en Planv.com.ec