El nombramiento de un  nuevo gerente de la Empresa Nacional Minera (Enami) y las presiones de Codelco para constituir una empresa que explote el yacimiento Llurimagua en la provincia de Imbabura abrió un escenario de tensión en todo el sector minero a pocos días que concluya el 2020, muchos temen que se apruebe un acuerdo bajo presión. 

Antes que finalice el 2020 la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, quiere firmar con la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) la constitución de la empresa Llurimagua Copper Company Sociedad Anónima e iniciar los procesos de gestión financiera para la futura explotación del yacimiento Llurimagua, uno de los mas ricos del planeta, en el occidente de la provincia de Imbabura.

En su apuro por cerrar el acuerdo Codelco le pidió, a fines de noviembre, a la Procuraduría General del Estado, iniciar conversaciones amistosas para lograr constituir la sociedad anónima.  Pero no se trata de un pedido amistoso: es una confrontación porque Codelco piensa recurrir al “Convenio de Protección Recíproca de Inversiones” en caso de que sus pretensiones no sean favorables.

El pedido de conversación amistosa fue presentado en un boletín de prensa cuidadosamente elaborado en Chile y que evidencia la real tensión entre los dos países.

La realidad es que a Codelco no le costó un centavo conseguir su participación en ese gran yacimiento, además buena parte de estudios y prospección de esa zona le entregó el Estado y toda la información adicional que Codelco levantó, la mantiene en total reserva, lejos del conocimiento de las autoridades nacionales, en un claro ejemplo de malos socios.

Pese a las presiones internacionales y los aliados que Codelco tiene en el gobierno de Lenín Moreno, las autoridades del sector minero saben que es muy difícil firmar el llamado pacto de accionistas, que aún tiene que resolver un sinnúmero de ilegalidades.

El acuerdo de accionistas, que tiene al menos 100 ítems como derechos del área minera, constitución, aumento de capital, directorio, registros contables y financieros, plan de finanzas, garantías, fuerza mayor, etc, no ha podido aclarar temas fundamentales como la transferencia de bienes o patrimonio a la sociedad anónima.

Es un tema de relevancia, porque la empresa debe tener valorado el rico yacimiento que es Llurimagua. El artículo 162 de la Ley de Compañías establece como requisito que “los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente fundamentados, se incorporarán al contrato”.

El mismo artículo agrega: “En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por los fundadores o por peritos por ellos designados. Los fundadores responderán solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. En la designación de los peritos y en la aprobación de los avalúos no podrán tomar parte los aportantes”.

Bajo esa premisa la sociedad anónima propuesta no puede ser valorada en cero.  Medios relacionados a la minería han dicho que entre los varios temas pendientes está el compromiso “fijado en el pacto de accionistas en 2015 en el que Codelco debe entregar a Enami toda la información geológica obtenida de la perforación de 100.000 metros en la concesión”. Esa información no ha sido entregada por Codelco y es la que no permite determinar la valoración del yacimiento.

 Conflictos en el territorio

La filial de Codelco en Ecuador es la empresa Exploraciones Mineras (Emasec) que trabaja en las parroquias de Junín, Chalguayacu Alto, Cerro Pelado y Barcelona. Algunos pobladores de la zona consideran que es el patio trasero del cantón Cotacachi y en busca del desarrollo de su espacio han aprendido a convivir con escepticismo con los técnicos de la filial chilena.

Pero esa relación, algo tensa, se ha deteriorado desde octubre de 2018 cuando terminaron los trabajos de prospección en la zona. “Desde entonces no sabemos nada y los resultados de los estudios son secretos”, detalla un ex colaborador de la empresa. “No puede hacer público mi nombre, si lo hace estaré amenazado por aquellos que colaboran con la empresa y quienes se muestran radicalmente contrarios a la minería”, nos dice.

Pero su mayor preocupación es que dentro del pacto de accionistas, en los documentos anexos, en la página 62, se incluye un plano que delimita la zona minera, el espacio del proyecto y un área de protección. Esta última zona tiene una extensión de 28 mil hectáreas  y creen que la nueva empresa busca controlar esa zona a su favor:  “quieren blindar el territorio alrededor para que nadie les moleste, para que la vecindad no entre incluso otras mineras y sus intereses se mantengan lejos, ellos pueden especular con el valor de los terrenos privados y debilitar a su competencia”, cuenta el ex empleado.