Las relaciones laborales y familiares de Carlos Tomás Alvear Peña no sólo son evidencias de cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana cooptó la función judicial en diez años de ejercicio del poder, también denotan el poco interés gubernamental de ejecutar cambios que fortalezcan la independencia de la justicia, tal como una decena de países recomendaron al Ecuador, el pasado 1 de mayo, en el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos en Naciones Unidas. Ese día el gobierno presentó su informe sobre la condición de la justicia y aseguró que existía un Reglamento de “concursos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para el ingreso a la Función Judicial, lo que ha permitido normar adecuadamente el procedimiento de postulación, selección y designación de servidores, incluyendo una fase de formación inicial a través de la Escuela de la Función Judicial”.

Se trata de una lírica declaración porque se contrapone al sistema que Gustavo Jalkh constituyó con Carlos Peña como su rostro más visible ¿Quién es Alvear Peña? Es un hombre de gustos refinados, gusta de los viajes y la buena comida, quien no lo conoce debe saber que es el hombre más poderoso de la justicia, luego del saliente presidente Rafael Correa y el propio Jalkh, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Alvear es desde 2016 director nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), cuencano de 37 años, profesionalmente lo ha logrado todo, incluso a nivel de nepotismo porque buena parte de su familia (esposa, padre, sobrino, cuñadas, primos, amigos cercanos y otros parientes) ostenta importantes cargos dentro de la Función Judicial.

En 2015 Alvear Peña impulsó el concurso de méritos para escoger 475 jueces en todo el país. Para ello los aspirantes debían ser parte del curso de formación inicial, el cual fue impartido por la Escuela de la Función Judicial. Esta dependencia, dirigida también por él, fue la encargada de formar y capacitar a los aspirantes a  ocupar una vacante como juez. Su esposa, María Alexandra Domínguez Arcos fue parte del concurso y como es obvio fue seleccionada  jueza de primer nivel. Ese año la Escuela de la Función Judicial manejó también otras funciones que antes no le habían correspondido: tomó pruebas psicológicas, de conocimientos y prácticas. 

Manejó además los requerimientos para los postulantes que deseaban ingresar al curso de formación inicial. Posteriormente manejó la aprobación del concurso para los futuros jueces e intervino en los procesos de evaluación de desempeño, es decir, en los puntajes, la asignación de evaluadores y la evaluación propiamente dicha.

Esta suerte de control total le permitieron a Alvear Peña manipular y manejar los resultados de los concursos a su conveniencia, lo que garantizó que su esposa, María Alexandra Domínguez Arcos, apruebe, entre 1.000 aspirantes; los resultados le permitieron mantenerse en una plaza de trabajo en Quito.

Imagen: Gustavo Jalkh es el funcionario mas poderoso de la función judicial, conoce muy bien las relaciones familiares de los Alvear, pero es un tema que nunca discutirá públicamente.

En ese mismo año, en el concurso para la elección de notarios,  Alvear Peña, fue testigo de la forma en que su padre, Carlos Alvear Alvear, ganó el concurso para una de las mas concurridas notarías de Guayaquil, la Notaría Sexagésima Cuarta ¿Influencia?

Gustavo Jalkh fue quien oficializó el nombramiento del padre de Alvear. En el acto también estuvo presente el fiscal Galo Chiriboga.

La Constitución ecuatoriana señala en el artículo 178, inciso sexto, que es el Consejo de la Judicatura el máximo organismo de administración de justicia: “es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”.

La normativa legal de la Constitución que el correísmo elaboró a su medida provocó la estructuración de una agencia de empleo para amigos y familiares de sus altas autoridades. El resultado de esto: jueces sin independencia, pues estos deben lealtad a quiénes les dieron los cargos. No solo que deben el puesto, sino la permanencia diaria:  “Los jueces se ven presionados por sus sentencias”, para garantizarse  “estabilidad laboral y “crecimiento” (ascenso) ”, cuenta a MilHojas.is un ex funcionario judicial.

El nepotismo existente en el Consejo de la Judicatura, no se resume a la esposa y padre del mencionado funcionario, también involucra a su cuñado Jorge Jaramillo;a Carla María Mata Cedeño, cuñada; Iván Jerves, cuñado de su hermana; Amir Hushang Tahmasebi Domínguez, sobrino de su esposa;a sus parientes Santiago Bedoya Jaramillo, José Luis Jaramillo Calero. También a María de Lourdes Apolo Castro y su esposo, Andrés Paúl Tapia Estrella. También están  sus parientes Guillermo Sandoval Díaz, Iván Eugenio Izquierdo Castanier, Jenny Castanier Rodríguez, Paolo Domíngez y otros.

Alvear Peña no es el único funcionario que ha utilizado su influencia para meter a sus parientes en la Judicatura: Wilson Navarrete Ortiz, director nacional de transparencia de la judicatura, es hermano de Giovany Navarrete Ortiz quien labora en la Unidad Administrativa y Logística de la Escuela de la Función Judicial; Nelly Arroba Salazar, asesora de Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, es hermana de Raúl Arroba Salazar, funcionario de la Escuela de la Función Judicial; Paulina Casares Subía, funcionaria del Consejo de la Judicatura, es pariente de Alejandro Subía, vocal del Consejo de la Judicatura.

Datos del Ministerio de Finanzas, en 2015 la Función Judicial registró 16100 empleados.n toda la estructura gubernamental se han privilegiado las dependencias administrativas, lo que ocasionó que el personal administrativo supere tres a uno al misionaljurisdiccional (jueces, secretarios y ayudantes judiciales). Se privilegió cargos administrativos para poder dar trabajo a sus conocidos que desembocó en unajudicatura con pocos jueces, pocos secretarios y mucho personal de ventanilla, archivo y coordinadores.

El Examen Periódico Universal al que Ecuador se sometió recibió decenas de recomendaciones sobre la independencia de la justicia en el país, varias delegaciones exigieron al Estado en el marco del EPU que creara condiciones objetivas para tal independencia renunciando al control de los mismos. El rechazo del gobierno a recoger estas recomendaciones ilustra la importancia que tiene para el régimen el controlar los nombramientos y la docilidad de la conducta de jueces en el país.