El año 2020 no pudo empezar de peor manera en el hospital del IESS de Babahoyo. Jeremías Calero Andaluz era la alegría de su hogar, un niño vivaz, robusto, alegre e inquieto, características propias de quien apenas tenía ocho años y sin ningún problema serio de salud, hasta que llegó el fatídico día en que fue internado en el hospital del Seguro Social, por una complicación en sus amígdalas.
“Nos dijeron que tenían que operarlo, sacarle las amígdalas y que era algo sencillo, que muchas veces hacen esto, todos los días”, recuerda la atribulada madre de Jeremías, quien aún tiene gestos de incredulidad porque una situación así sencillamente no se puede creer.
Jeremías fue ingresado el 14 de enero y al día siguiente, miércoles 15 de enero, entró al quirófano a las 8 de la mañana. El niño posó para una foto levantando su pulgar, tranquilo, optimista, acostado en la camilla y con la ropa azul de cirugía.
Nada hacía presagiar una desgracia. Pero a las once de la mañana, vino el anuncio de una asistente de los médicos: “Señora, prepárese, su hijo se puso mal, le dio un infarto. Estamos tratando de reanimarlo y confiemos en Dios”. Y solo minutos después les confirmaron a sus padres que había muerto. La hora oficial de su fallecimiento que consta en el hospital era las diez con treinta y dos minutos de la mañana. La médica que lo operó es cubana.
Lo que vino después fue como el fin del mundo para los padres y abuelos. A más del dolor de perder un pequeño hijo, está la incertidumbre de no saber lo que realmente pasó y si existe uno o más responsables de esta tragedia. “Se están haciendo las investigaciones respectivas y cuando estén los resultados, en unos veinte días, los diremos”, ofrecieron las autoridades del hospital en rueda de prensa. Pero los familiares no quisieron esperar y la protesta fue inmediata. Y la Fiscalía comenzó a actuar.
“Aquí no mataron un perro, era un niño que recién comenzaba a vivir y queremos saber quien es el responsable de la muerte de mi sobrino”, declaró Ángel Calero Jiménez, tío de Jeremías y, además, concejal del cantón Babahoyo. Dijo algo más en el primer plantón que realizaron en las afueras de la Fiscalía:
“No es justo que estos señores vengan a vender los puestos en el Seguro y ponen gente que no está preparada y todo esto perjudica a la ciudadanía. Esto es una sola argolla, hay que decir lo que es. Quien pone y vende los puestos en el Seguro es Marcia Arregui. El pueblo y la ciudadanía tiene que saber”.
Esta no fue la primera vez en el nuevo año que saltó a la luz el nombre de la asambleísta del partido de gobierno, Alianza País, Marcia Arregui. Recién comenzaba el 2020 y, el 3 de enero, en este mismo hospital se realizó una singular protesta: se trataba de los trabajadores de la cocina que ese día paralizaron sus labores y salieron a rechazar lo que ellos consideraban un abuso, pues decían que les habían concluido su contrato debido a que no habían accedido a pagar la coima respectiva.
- ¿Quién estaría detrás de todo esto?, preguntó un periodista del medio digital Click.
- Los asambleístas. Sabemos que esto es aquí propiedad de la asambleísta Marcia Arregui, y ellos son los que ponen, disponen, con su hijo también. Ellos disponen aquí quienes son los proveedores y quien no da la colación, no entra, no tiene la venia. Y eso es un secreto a voces,todos los sabemos”, contestó Yahaira Vásquez, representante de la contratista de alimentación del hospital.
- ¿Los directivos actuales del hospital son puestos por ellos?, pregunta el periodista.
- “Claro, por supuesto. Los de Compras Públicas, Servicios Generales, Dirección General, todo. Trabajan en equipo”.
El problema, según la contratista Yahaira Vásquez, se dio porque no quisieron pagar una coima de USD 100.000, por un contrato de casi USD 800.000, pago que tendría que darse anualmente. “No estamos dispuestos a seguir callando, ya es hora que esta olla de grillos se destape. El pueblo no puede ser tonto útil de estas personas. Estamos cansados. Y nos dijeron que venían de parte de la Asambleísta Arregui”.
Una autoridad del gobierno lo confirma: sí hay reparto de hospitales
“En efecto. El reparto de los hospitales a los asambleístas es real. Existe. Eso es un hecho que se viene dando desde hace tiempo y continúa. Yo le cuento, pero no puede decir la fuente, porque yo soy una autoridad del gobierno. Y en el momento que salga que de mí salió la información, en ese mismo instante estoy afuera. Y yo quiero seguir. Usted me entiende, no quiero tener problemas y el poder político es más fuerte estando adentro”.
Una alta autoridad del gobierno -en funciones- corroboró la información que hemos publicado respecto a #ElRepartoDeHospitales. No solo eso. También aportó información adicional, como que el hospital del IESS de Quevedo le correspondió al presidente de la Asamblea, legislador de Los Ríos, César Litardo.
Y habló de Ximena Chactong, asambleísta nacional recientemente titularizada debido a que el principal, Carlos Viteri Gualinga, ahora está en México como asilado político, junto a otros correístas. Chactong es morenista: “Para ganar ese votito, el gobierno le dio la Dirección Provincial del IESS de Los Ríos”, explica la autoridad. Añade que el hospital general de Babahoyo lo tienen Marcia Arregui y Kharla Chávez, asambleístas del oficialismo.
Estas versiones apuntan a que el gobierno de Lenin Moreno tuvo que recurrir a la antiquísima práctica del reparto del poder -que ya pasó antes, prácticamente en todos los gobiernos- para ganar débiles lealtades y muy condicionados votos en el Parlamento. Casi nada.
Pero a cambio, tuvo que entregar mucho. Demasiado, si se toma en cuenta el costo que le representa al país el manejo político de casi todas las casas de salud. De las grandes y hasta de las pequeñas. Los hospitales básicos y también los especializados.
Representa una tarea difícil encontrar un hospital que esté libre de este reparto. Pero a la mano y a la vista aparecen los que sí están contaminados. Al respecto, ya hemos presentado informes de lo que pasa en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil y otro con el reporte de lo que ocurre en las provincias de Manabí, Santo Domingo y Carchi en nuestra serie #ElRepartoDeLosHospitales
El esquema es repetido y el resultado es nefasto. La Contraloría General del Estado no se da abasto para auditar tantos contratos repletos de irregularidades y de sobreprecios que van desde el 100% hasta el 1500%. No es un error de tipeo, son esas las proporciones.
En la provincia de Los Ríos no es diferente y las redes sociales se han convertido en una válvula de desfogue de actos irregulares al por mayor.
Inclusive en Los Ríos el tema pasó a mayores instancias, como la denuncia presentada en la Fiscalía de Babahoyo por parte de Renato Moreira quien hasta el 27 de octubre del año pasado era el Jefe de Compras del hospital del IESS de Babahoyo.
Ese día renunció y después fue a la Fiscalía a denunciar que “hoy he sido maltratado y amenazado por un individuo que conozco es un proveedor que viene de la ciudad de Milagro, junto a otras personas más. Dentro del hospital se están aceptando cosas irregulares con las que yo no estoy de acuerdo.
Se puede evidenciar con las cámaras de seguridad como esta persona entró de manera intempestiva y me amenazó porque yo nunca me voy a prestar a deshonestidades. Me dijo que me va a hacer meter un tiro en la cabeza, que conoce donde estudian mis hijos, que sabe de la situación laboral de mi esposa… se ha amenazado a un funcionario público y por eso renuncio, lamentablemente”, expuso Moreira.
La clínica que se construye en la propiedad de Arregui
En el cantón Ventanas se construye en el terreno de la asambleista Marcia Arregui lo que parece ser una nueva clínica. Ella no confirmó el hecho porque dice que la construcción no le pertenece.
La asambleísta Marcia Arregui ha sido la principal señalada en el tema de reparto de hospitales en la provincia de Los Ríos. Y ella dice estar cansada de esta situación, a la que califica de calumnias en su contra, porque no tiene nada que ver ni se ha enterado de que las casas de salud se han convertido en un botín político que el gobierno se ha encargado de repartirlo en porciones.
Por eso ha puesto dos denuncias, una en contra de los proveedores de alimentos del hospital del IESS y otra contra el tío del niño Jeremías recientemente fallecido, quien también es concejal de Babahoyo.
“Esto tiene que parar en algún momento y hay que sentar un precedente. La gente no puede abrir la boca y decir las cosas porque le da la gana, porque le sale del estómago. Yo no tengo nada que ver, absolutamente nada, en los puestos públicos del Estado”, nos dijo en entrevista telefónica.
Lo que sí confirmó es que su hijo ocupa el puesto de Director Provincial de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad, y su nuera es la Directora Provincial del Seguro Social Campesino, cargos en los que asegura no tuvo nada que ver.
“A mucha honra, mi hijo es director de Agrocalidad, es un joven profesional que trabaja y está en su derecho. Si es un buen funcionario, bienvenido sea, no es un parásito de la sociedad. Mi nuera está en el Seguro Campesino y no la he puesto yo, tiene casi diez años allí. No entiendo, si fueran sicarios, prostitutas, delincuentes, allí deberían preocuparse. Mientras tanto, deberían estar tranquilos. Preocúpense de la inseguridad, violaciones, robos, pero ya deberían dejar de hacer daño a la gente que ayuda a quien necesita”, dijo indignada.
Por otra parte, en el cantón Ventanas ha llamado la atención en los últimos meses la construcción de lo que parece será una nueva clínica que funcionará en este cantón de Los Ríos. Así lo comentan los ciudadanos de esta ciudad y también de la provincia, que además saben que el terreno donde se levanta este inmueble pertenece a la asambleísta Marcia Arregui.
Lo que se dice es que allí funcionará una clínica de hemodiálisis. Pero en entrevista con este medio, la asambleísta no pudo confirmar si eso será de esta manera, pues indicó que si bien la construcción está dentro de su terreno, los dueños son otros: “Eso es de dos señores, gente muy conocida acá. Y yo puedo construir, si es mi terreno”.
- P: ¿Usted no sabe que es lo que están construyendo?
- Desconozco, tiene que preguntarle a los señores.
- P: Dicen que es una clínica de diálisis.
- Bueno, no sé, usted también como periodista me parece que está pasándose del tema.
- P: Lo que yo hago es preguntarle.
- Le estoy contestando que le pregunte a las personas que están construyendo.
Y colgó.
Este medio intentó tener la reacción del presidente de la Asamblea, César Litardo, sobre el manejo político de la salud, en el que también fue mencionado. Pero planteado el asunto a su asesora de comunicación, no hubo una respuesta positiva.
Durante el correísmo, en la provincia de El Oro se dio el caso de que dos nuevas clínicas, de propiedad del hijo del entonces asambleísta oficialista Montgómery Sánchez, fueron beneficiadas como prestadoras externas del IESS, que se convirtió en su principal cliente. En ese momento, a pocos les llamó la atención el hecho, pero confirma que el asunto no es nuevo ni una creación reciente del morenismo.
Granda no lo niega, para Romo no hay reparto
Paúl Granda, presidente del directorio del IESS, fue entrevistado en Teleamazonas por la periodista Janet Hinostroza, el pasado 14 de enero y no descartó el reparto de hospitales a los asambleístas. Él explicó que “hemos sido francos y directos sobre este tema: no vamos a permitir que nuestros hospitales sean cuotas políticas de nadie”.
–Pero ya lo son, replicó Hinostroza.
Entonces vino la apurada respuesta del funcionario: “Hemos aprobado un reglamento para que se descarte todo tipo de influencia directa o indirecta y con ese reglamento ahora se hace un proceso de selección de manera sistemática para que entre gente profesional. Si es que existe un manejo político, un manejo interesado para beneficiarse de nuestros hospitales o para adquirir medicamentos a la voz del Carnaval, no lo vamos a permitir. Vamos a actuar con rigurosidad. Vamos a proteger hasta el último centavo de los afiliados”.
Entonces la periodista le lanzó un reto al funcionario: “A todos los televidentes que tengan cuestionamientos de nombramientos de directores o funcionarios de los hospitales del IESS, mándenme los nombres de esas personas, recomendados o familiares de políticos o asambleístas, y le paso a usted esa lista para que la revise y la depure. No puede haber personas que no sean técnicas a la cabeza de los hospitales”.
Granda aceptó el reto: “Por favor, páseme la lista. Esto es una obligación y les pido por favor a los ciudadanos que tengan información de un manejo inadecuado de los hospitales, hágannos saber. Tenemos un comité de ética que ha procesado más de sesenta denuncias. Ayúdennos en la lucha contra la corrupción”, respondió Granda.
Granda no pudo negar la situación del reparto de hospitales. La ministra de Gobierno María Paula Romo, sí lo hizo, tajantemente. Y eso que su propio tío, Andrés Romo, fue grabado por la ex gerente del hospital del Tulcán, cuando la llamó para presionar por la adjudicación de un contrato.
Del tema también decía no saber absolutamente nada la hasta hace poco Secretaria Anticorrupción de la Presidencia, Dora Ordoñez Cueva, cuando fue entrevistada por este medio para conocer las acciones que había tomado el gobierno ante las revelaciones hechas durante las últimas semanas. La respuesta fue que no había ninguna acción sobre dicho reparto, porque no estaba enterada.
Los que sí se enteraron y crearon un observatorio al que denominaron “ciudadano” para que vigile todo lo que pasa en torno al IESS, fueron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Su presidente, Christian Cruz, posesionó al coordinador de este Observatorio, que resultó ser César Rodríguez, ex asambleísta correísta, ex candidato bucaramista, ex seguidor de Paúl Carrasco y de Guillermo Lasso, y hace apenas un mes, efusivo militante pro candidatura presidencial de Jaime Nebot, en Quito.
«César Rodríguez como observador del IESS es como Drácula siendo observador del Banco de Sangre«, dice Fernando Villavicencio, director del portal La Fuente.
Como suele ocurrir, la acción más efectiva ha venido de la parte ciudadana de la sociedad. Eso ha hecho la Comisión Anticorrupción liderada hasta hace poco por Jorge Rodríguez y actualmente, por Germán Rodas. Ha sido esta Comisión la principal vocera de las irregularidades que pasan en los hospitales públicos en todo el país.
Y lo continúa haciendo: la última denuncia presentada hace una semana no es menos grave y se refiere a que los beneficiados a dedo con convenios de pago por venta con sobreprecios de insumos y medicamentos en los hospitales del IESS de Guayaquil Teodoro Maldonado y Los Ceibos, se mudaron, y ahora ganan subastas inversas en los hospitales públicos de Quito.
“¿La mafia cambió de residencia y la Ministra de Salud Catalina Andramuño, igual que sus antecesoras, se limita a contemplar las estrellas?”, cuestiona la Comisión.
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