“Pretenden meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos”
El Banco del Pacífico ha presentado una acción de inejecución del habeas data, ante las maniobras que, según el abogado de la institución financiera, Germánico Maya, se han ejecutado para intentar meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos.
Durante una entrevista con Mil Hojas, Maya explicó que este 5 de marzo, el Banco solicitó al juez Ubaldo Eladio Macías Quinton, de la Unidad Judicial Penal Norte en Guayaquil, que en el término de cinco días envíe el expediente del caso (No. 09286-2020-01635) a la Corte Constitucional para que esta declare que no es factible el cumplimiento del habeas data y el Pacífico consiga dos objetivos: “quedar liberado de la obligación de pagar la millonaria indemnización, en la que deben haber sido partícipes todos quienes ahora están presos, y pueda continuar con la ejecución del proceso coactiva en contra de Muentes y su esposa”.
La defensa legal del Pacífico ha pedido además que se declare la desnaturalización de la acción de hábeas data y el error inexcusable de los jueces que conocieron del caso.
Maya aseguró que con el abuso del derecho que hacían los imputados en el caso Purga en Guayaquil y en Quito, a quienes calificó como una gavilla de pícaros, se pretendía maniobrar cortes, y poner y quitar jueces en víspera de las audiencias. En el caso del Pacífico se intentaba perjudicar al Estado ecuatoriano porque el capital de esta institución le pertenece a la Corporación Financiera Nacional. Entonces el no pagar créditos y convertirse en beneficiarios de USD 4 millones, era básicamente “meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos, lo que es criticable y ahí nos damos cuenta que los ciudadanos estamos en la indefensión”.
Maya recuerda que la Corte Constitucional en reiterados fallos ya ha proclamado que aquel afectado con un recurso como el habeas data puede solicitar la inejecución de un fallo como el dictado en este caso. La expectativa es que este juez a quien le tocó tramitar la causa, ahora en ausencia del juez Cevallos, responda dentro del período establecido.
El abogado del Pacífico enfatiza que, si en cinco días Macías no despacha el caso, la defensa legal de la institución financiera puede acudir directamente a la Corte Constitucional pidiéndole que avoque conocimiento ante la eventual rebeldía del juez.
Ubaldo Macías ordenó el embargo de varias propiedades del Banco por USD 40 millones como una medida para forzar el pago de la indemnización que ordenó el juez Cevallos. El Banco se ha opuesto, solicitando la revocatoria de tales medidas.
Maya estima que ante esta situación en la que se ha intentado atracar fondos que le pertenecen al Estado ecuatoriano, la Corte Constitucional actuará de manera expedita.
Pese al complejo momento que atraviesa la justicia ecuatoriana debido a la escasez de jueces que despachen las causas represadas, a lo que se suma la crisis en la Corte Provincial de Guayas, producto del caso Purga, Maya confía en que el tema del Banco del Pacífico tenga la atención correspondiente.
El abogado dijo también que el banco no tiene intención de plantear una demanda penal, ya que la Fiscalía General está al tanto del caso y ha tomado cartas en el asunto.
Otros alfiles de Muentes en los juzgados
El Banco del Pacífico también interpuso un juicio de falsedad de instrumento privado por las notas de crédito irregulares presentadas por Mónica Alvarado y Pablo Muentes Alarcón. La demanda recayó en la jueza Silvia Orozco, quien decidió rechazarla.
La institución financiera apeló tal resolución, pero la influencia de Muentes reapareció en esta instancia. El tribunal provincial, conformado por Alfonso Ordeñana; Nelson Mecías Ponce Murillo; y Lino Tumbaco Ramos Alberto, rechazó el recurso presentado por el Pacífico y ratificó la decisión de la jueza, con el voto de los dos últimos jueces.
La Fiscalía señala que, en primera instancia, el juez ponente fue Ulises Torres, “quien no habría aceptado colaborar en las pretensiones del miembro de la cúpula criminal.” Es por ello por lo que Muentes solicitó a la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y a Mercedes Villarreal Vera, entonces directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, que el juez Torres sea cambiado de sala de la Corte Provincial de Guayas. Se hizo la voluntad de Muentes y se designó como reemplazo a Lino Ramos.
En sus alegatos, la Fiscalía General afirma que, de esa forma, Muentes, a quien califica como “líder del grupo criminal”, cometió los delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricato para obtener un beneficio económico de alrededor de $3.9 millones, “manipulando a su antojo la justicia con la colaboración de funcionarios judiciales de la provincia del Guayas”.
Apropiación ilegal de tierras
El caso del Banco del Pacífico no es el único, a decir de la Fiscalía, pues la misma modalidad se replicó en otros escenarios, como en la apropiación ilegítima de tierras, donde el factor común, a más de su “modalidad delictiva” es la familia Muentes Alarcón.
En esta ocasión, fue Fausto Alarcón Gómez, primo de Pablo Muentes, quien acudió a la figura de un habeas data con el objetivo de apropiarse de varias hectáreas de terrenos que no le pertenecían de forma legal.
El terreno en disputa, ubicado en el cantón Durán de la provincia del Guayas, le perteneció originalmente a la familia Ramírez Nieto. El último propietario registrado es la compañía ROYAL TECNOLOGY.
Sin mayores explicaciones, apareció una nueva ficha registral (N° 31) con el mismo código catastral del predio antes mencionado. Este documento se encontraba a nombre del primo de Pablo Muentes, sin que éste conste en el historial de compraventa del código catastral, es decir, no había el soporte documental que legitime la transacción. Aun así, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Durán, Andrea Patiño, ordenó la anulación de la ficha registral N° 401 que sí contaba con el historial de transacciones del terreno y en su lugar decidió legitimar la ficha N° 31 y eliminar toda la información catastral generada dentro de la ficha legítima (401), señala la Fiscalía.
De esta forma, Fausto Alarcón Gómez obtuvo una propiedad cuyo avalúo catastral oscila entre los USD 200 mil, pese a que su actividad laboral se centra en la venta de sánduches de cerdo, en “El Sanduchón”, en Guayaquil cuyas ganancias no le permitirían adquirir un inmueble de estas características, según la Fiscalía.
Esto “evidencia que no solo las famosas desnaturalizaciones de los habeas corpus han servido como herramienta para la delincuencia organizada, sino que también se valían de habeas datas para apropiarse de bienes que legítimamente no les pertenecían”, indicó la fiscal Diana Salazar. “Todo ello, gracias al control que el grupo criminal mantenía en la administración de justicia de la provincia del Guayas”, acotó.
Narcotráfico
En agosto de 2023, el narcotraficante Adolfo Macías, alias “Fito”, fue trasladado desde la cárcel regional de Guayaquil a la de máxima seguridad “La Roca”. Fito presentó un recurso de apelación por este cambio ante el juez de garantías penitenciarias, Diego Poma, el mismo que aceptó la pretensión y dispuso que el narco regrese a la cárcel regional. El SNAI apeló la decisión. El conocimiento de ese recurso recayó en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, integrada por los jueces Fabiola Gallardo, Henry Moran Morán y Reinaldo Cevallos Cercado. Este último resolvió el habeas data del Banco del Pacífico para beneficiar a Muentes con casi USD 4 millones.
“Al tener bajo su control la decisión de retornar a un máximo líder de un grupo narco delictivo al centro de rehabilitación social que controlaba, la jueza Fabiola Gallardo habría emprendido gestiones para contactar a Fito, a través de su abogado Ronald Cantos Sacón, con obvias razones de procurar un beneficio a cambio de su decisión”, ha señaló la fiscal general.
La audiencia de apelación para resolver la situación penitenciaria de Fito fue convocada para el 20 de diciembre de 2023. En esos días la Fiscalía hizo público el #CasoMetástasis, donde Mayra Salazar, relacionada también con el narcotraficante Leandro Norero, fue detenida. La Fiscalía señala que por este motivo la diligencia no se instaló y que Gallardo intentó excusarse con la finalidad de “deslindarse de estos hechos y buscar su impunidad”.
La Fiscalía también destaca los nexos de Mayra Salazar con el sentenciado Daniel Salcedo, a quien daba cuenta de los arreglos en los sorteos de las causas judiciales por medio del exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz.
