Joya de los Sachas, provincia de Orellana, territorio colindante con Sucumbíos, en la frontera norte. Es miércoles 3 de abril de 2024: Dos minutos antes del mediodía, cinco sujetos, hábiles en el manejo de armas y explosivos, luciendo chalecos con alimentadores, atacan a un grupo que departía en un bar. Intentan abrir la puerta, no pueden. Disparan a mansalva con fusiles de guerra de alto poder, similares a los que usan las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA). Saldo fatal: 4 víctimas mortales, un herido y el local destruido por la activación de una granada.

Además de pistolas 9 mm y revólveres calibre 38, los fusiles de asalto son las armas que más están usando los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), según evidencias recogidas por la Policía Nacional luego de brutales ataques, como el ocurrido en Orellana. Así concluye la investigación técnico- científica realizada por el área de balística. Entre 2023 y enero del 2024 la Dirección de Criminalística recopiló 69.468 proyectiles 9 mm, además de 16.000 de 5.56 mm, que se utilizan en armas de largo alcance o alto poder.

En cuanto a la procedencia de las armas, Patricio Carrillo, exministro de Gobierno de Ecuador, indica que hasta antes del 2015, la mayoría de GDO, criminales y/o delincuentes comunes, utilizaban armas caseras para ejecutar sus acciones violentas, las que en su mayoría se elaboraban en la provincia de Bolívar, de manera semindustrial y artesanal. En 2012, el Ejecutivo emite una resolución que dispone el cierre de esas fábricas. A partir de entonces empiezan a proliferar las armas de fuego industrializadas, que ahora manejan en su mayoría las organizaciones criminales.

No obstante, es recién desde junio del 2023 que, con apoyo de la Agencia Federal de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y de la Interpol, Ecuador comienza a profundizar el análisis de las armas incautadas, con la creación del Área de Rastreo de Criminalística de la Policía Nacional, indica el mayor Nelson Solís, integrante de la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica de la Policía Nacional.

Con esta nueva dependencia es posible identificar la línea de distribución, es decir el recorrido de un arma de fuego desde su fabricación en el país de origen hasta el último tenedor legal.

“En Ecuador no se hacía ese análisis y tampoco la Ley de Armas lo contemplaba; sin embargo, con la gestión institucional y la aplicación integral de análisis forense, que se está implementando, se incorpora el rastreo de las armas”, dice Solís, y explica que, con el acuerdo con Estados Unidos, Ecuador tiene acceso a las bases de datos o a las herramientas de rastreo que han proporcionado. “Lo único que hacemos es acceder a esas búsquedas y generamos la información. A enero del 2024 tenemos información de 451 armas”, refiere, y estima que a mediados de año estén -además de periciadas- rastreadas el total de armas incautadas en 2023: 5.732.

Además recalca que en el área de balística de la Policía Nacional, todas las armas incautadas se exponen a una pericia, estén o no inmersas en una actividad delictual o criminal. Ahí son sometidas al proceso establecido por la ley, que se llama gestión integral, durante el cual se realiza: el análisis forense, la obtención de elementos balísticos, se obtiene muestras, se ejecuta el rastreo del arma y se coteja con la información existente en el sistema. Así es como se determina si es que el objeto analizado ha sido utilizado en algún hecho violento.

Estados Unidos, el principal origen

En esos análisis, hasta el momento se ha rastreado 451 armas que llegaron a Criminalística entre junio de 2023 y enero de 2024 y se ha determinado que 194 procedieron de los Estados Unidos; 79 fueron fabricadas en Austria; 32 en Brasil; 23 en Turquía; 11 en Checoslovaquia; 10 en Italia; 9 en España; 6 en Bélgica; 4 en Argentina, 4 en Serbia y Montenegro. En 79 equipos no se pudo determinar la procedencia, por distintas adulteraciones.

De entre todas esas armas, hay una incautada en Guayaquil que, según las pericias efectuadas, ha sido usada en al menos veinte hechos criminales, que son investigados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. No se precisó en poder de qué GDO fue hallada, ni las circunstancias, pero se trata de una pistola calibre 9 milímetros. En la Zona 8, que además conforman Durán y Samborondón, se incautó 9.560 armas de fuego, entre 2020 y enero de 2024.

Todas las armas, indiscriminadamente, estén o no inmersas en una actividad delictual, permanecen en los centros de acopio de la Policía Nacional, bajo cadena de custodia, hasta que el juez que lleva el proceso penal disponga el destino final, que puede ser la destrucción o la declaración de interés público. Un total de 23.224 armas fueron destruidas entre 2020 y 2023, según las Fuerzas Armadas.

La Unidad de Criminalística busca aplicar estándares internacionales para el análisis de armas de fuego, que exigen que los laboratorios de balística tengan repositorios de armas de fuego y archivos físicos de municiones para garantizar un análisis profundo de todo el armamento incautado por las fuerzas del orden.

Para las autoridades es fundamental contar con esos repositorios, porque a Criminalística llegan armas de todo tipo y de distintos calibres, así como municiones variadas. De esa forma, durante las pericias se puede hacer análisis mucho más amplios y detallados de las armas que son incautadas en los eventos delincuenciales.

“Al Estado le cuesta mucho dinero invertir en la compra de armas y municiones solo para pericias. Por eso, los organismos internacionales recomiendan tener repositorios, que se van incrementando con las armas y las municiones incautadas. De lo contrario, las armas no pueden ser periciadas de manera inmediata. Igual, si tenemos la munición, pero no el arma”, explica el experto en balística Nelson Solís.

El 12 de julio de 2023 la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan usar armas, municiones, explosivos y accesorios incautados tras operativos en contra de la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional. El pleno del organismo aprobó que un juez puede declarar lo decomisado como de beneficio social o de interés público y puede determinar que instituciones como la Policía o las Fuerzas Armadas sean los destinos de aquellas armas.

Pero para que no se requiera un pronunciamiento judicial que viabilice la decisión de la Corte, este 21 de abril en la consulta popular el gobierno busca validar la resolución del máximo organismo de justicia mediante una reforma al COIP, donde quede explícito que las armas confiscadas puedan ser usadas por las fuerzas del orden. Si gana el SI en este tema, el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Nacional la respectiva reforma al COIP. Al momento suman 42.166 armas de fuego y 494.300 municiones las que se encuentran en los Centros de Acopio de Evidencia.

Más droga incautada, más violencia

Al analizar la forma cómo los grupos narcodelictivos y terroristas han repotenciado su armamento, el General Freddy Sarzosa, Director de Investigaciones de la Policía Nacional, sostiene que, desde 2017 se ha registrado una transición de la violencia interpersonal a violencia criminal, situación que va a la par con el incremento de las incautaciones de droga. “Hay una relación directa entre tráfico de armas, de drogas y homicidios intencionales, tomando en consideración que el 90% de la violencia criminal está asociado al tráfico de droga”, asegura.

De cada 10 muertes, 8 o 9 han sido por impacto de armas de fuego que, en su mayoría, ingresaron por la frontera sur ecuatoriana. Según el rastreo oficial, se trata de armas que primero fueron importadas por Perú, en donde también fueron utilizadas por grupos ilegales. El siguiente destino de la mayoría de esas armas fue Ecuador, vía contrabando, para ser utilizadas por grupos narcodelictivos o terroristas, como los denomina el Gobierno de Daniel Noboa Azín, desde que declaró el conflicto armado interno, en enero de 2024.

Debido a esa situación, según Sarzosa, hace poco, desde la Interpol se planeó la necesidad de repotenciar los análisis, a fin de establecer la trazabilidad de las armas y las municiones, lo que permitirá bloquear el ingreso de ese tipo de armamento a territorio ecuatoriano. Además, el experto es partidario de ejecutar ese tipo de control en coordinación con los países productores de armas, lo que facilitaría mejorar el combate del contrabando.

También sostiene que hay indicios de que los enfrentamientos son parte de las disputas de poder y territorio entre los grupos que controlan la economía ilegal que genera sus actividades criminales. “Además, con más violencia, pretenden sembrar terror para que otros grupos no busquen apropiarse de sus zonas. Quieren alcanzar su hegemonía siendo más crueles, tal como sucedió en el ataque de Joya de los Sachas”, enfatiza.