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El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) mantienen una disputa por la millonaria liquidación que la empresa asiática reclama para poder finiquitar el contrato mediante el cual vendió al Estado ecuatoriano 5.497 dispositivos electrónicos, entre ellos 4.000 grilletes o tobilleras.

Luego de casi 7 años de iniciadas las operaciones y funcionamiento de este sistema de monitoreo y vigilancia, los reflectores vuelven a enfocarse en este proceso contractual.

La controversia no ha podido zanjarse porque el SNAI reclama varios incumplimientos contractuales a CEIEC, como el no haber entregado el código fuente, que es el conjunto de archivos y bases de datos inicial de la plataforma tecnológica del sistema de vigilancia electrónica. La empresa china no dio mantenimiento a uno de los soportes del software que es el Google Maps y pese a que no dio ese servicio cobró US$ 80 mil adicionales al costo real de ese rubro. Es decir, la empresa china quiere cobrar más de lo que constan en las actas del proceso. CEIEC también incumplió plazos de entrega de productos y servicios.

El remanente reclamado por CEIEC suma US$ 2 millones, pero el SNAI sostiene que solo deben cancelarse US$ 800 mil.

El SNAI recuperó documentación sobre el contrato con CEIEC, en diez cajas con información que no fue entregada formalmente por administraciones anteriores.

La polémica no es solo un desacuerdo en las cifras. Lo que coloca más cuesta arriba la situación del SNAI es una decisión que tomó la Contraloría General del Estado hace más de cuatro años al desvanecer una glosa en contra de la empresa china y varios funcionarios del extinto ministerio de Justicia, argumento que ahora es usado por la excontratista china para desconocer los incumplimientos contractuales identificados por el SNAI.

En octubre de 2018, la Contraloría estableció una glosa por US$ 9,5 millones en contra de la contratista CEIEC, la ministra de Justicia del régimen correista, Ledy Zúñiga (quien firmó el contrato), Fabián Rosas Espinoza, entonces subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares, y Roberto Vaca Mejía, a la fecha coordinador General de Gestión Estratégica (estos dos últimos administradores del contrato).

Pero en diciembre del 2019, los mismos auditores, que elaboraron el examen especial y establecieron responsabilidades civiles, desvanecieron la glosa y liberaron de responsabilidades a los funcionarios y a la empresa china. Quien firmó la resolución fue el contralor subrogante Luis Miño, el mismo que, junto con Pablo Celi, firmaron otros desvanecimientos de glosas a favor de las empresas asiáticas Petrochina y Sinohydro.

El SNAI busca ahora que los administradores del contrato sean “responsables por sus acciones y omisiones” y que los auditores del organismo de control sean investigados. Por ello el 31 de enero de 2024 solicitó formalmente a la Contraloría un examen especial a las “actuaciones del equipo auditor”.

La Contraloría respondió “favorablemente” a este pedido, el pasado 21 de febrero.

“Los auditores que dijeron que no hay nada de novedad (al desvanecer la glosa) pueden responder por el derecho de repetición porque son evidenciables todas las anomalías porque ni siquiera hicieron un análisis profundo al contrato de la empresa china. El análisis que hicieron los auditores fue un análisis rápido y somero”, dijo a Mil Hojas, el director del SNAI, Luis Zaldumbide.

La autoridad del organismo encargado de las cárceles del país explica que no se puede realizar otro examen especial sobre un tema que ya fue cerrado por la Contraloría. Pero sí se puede pedir que se investigue la actuación de los auditores que analizaron este proceso contractual.

Por lo tanto, el SNAI quiere que se investigue también a los responsables de decisiones como la firma de actas que señalaban que se entregó el código fuente sin que ello se haya realizado, el no haber cobrado las multas correspondientes a las demoras en las entregas de productos y servicios, el haber suscrito documentos que decían que la contratista entregó productos y servicios, pese a que no lo hizo.

En la glosa que determinó la Contraloría constan multas no impuestas a CEIEC debido a prórrogas injustificadas por un total de US$ 95.987,20.

El SNAI no descarta que estas y otras irregularidades que siguen recopilando formen parte de denuncias judiciales en contra exfuncionarios, que serán presentadas posteriormente.

¿Por qué y para qué se compraron dispositivos de vigilancia electrónica?

El contexto legal y político en el que las autoridades ecuatorianas se ampararon para llevar adelante el proyecto de vigilancia electrónica fue el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece el uso de dispositivos de vigilancia electrónica como parte de las medidas cautelares y sustitutivas de la prisión preventiva y ordena que el ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma; también estaba el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que establece entre sus objetivos el consolidar la transformación de la justicia y la seguridad integral.

A su vez el sustento de estas normas y del plan de desarrollo era que la compra de dispositivos electrónicos se debía a la necesidad de reducir los gastos provocados por el sistema penitenciario. El extinto Ministerio de Justicia señaló que, por cada caso de arresto domiciliario, se necesitaba de tres policías para la custodia, lo que generaba un costo de US$ 90 diarios, mientras que con el uso del grillete o tobillera ese valor se reduciría a US$ 5.

El mencionado proyecto fue diseñado con tres componentes: implementar una plataforma de gestión ajustada a la normativa ecuatoriana, implementar un modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica; y monitorear el funcionamiento y cumplimiento del modelo de gestión del sistema de vigilancia electrónica, de acuerdo con la documentación precontractual y contractual revisada por Mil Hojas.

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de la Administración Pública fue la encargada de entregar el aval técnico del proyecto al Ministerio de Justicia, en marzo de 2015.

Al mes siguiente la ex Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES emitió el dictamen de prioridad y para entonces ya estaba definido un presupuesto de US$ 18’ 014,369.98 (período 2015-2017), para el proyecto. El valor incluía un préstamo de China Development Bank (CDB) por USD 4’226.494,05, financiamiento pagado con petróleo ecuatoriano a precios descontados.

Entre los hitos precontractuales a destacar está el convenio Cooperación Interinstitucional para coordinar el Sistema de Vigilancia Electrónica firmado el 23 de febrero de 2016 entre la entonces ministra de Justicia Ledy Zúñiga y un representante del Ecu 911.

Para julio de 2016 ya estaba autorizado el inicio de la contratación bajo régimen especial e invitación directa a CEIEC para que participe en el proceso. La decisión la tomó Karla Benítez, ministra de Justicia (s).

El 3 de agosto de ese año la ministra Zúñiga dictó la resolución de adjudicación a CEIEC. Y el 18 de agosto, junto con Wag Fei, apoderado de CEIEC, la titular del ministerio de Justicia suscribió el contrato por US$ 13,712.456,45, a un plazo de 480 días desde la fecha de efectivización del anticipo.

Los compromisos que asumió CEIEC

En el objeto del contrato se establece que CEIEC tiene que “suministrar, instalar, entregar debidamente funcionando los bienes y servicios que comprenden la adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo­posicionamiento electrónico, según las condiciones, especificaciones técnicas y características de los servicios, pliegos precontractuales y la oferta presentada.

La contratista también debía proveer los dispositivos de vigilancia electrónica, con el siguiente detalle:

► 3000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 dispositivos para protección y 400 para arresto domiciliario.

► Un software de monitoreo basado en desarrollo web y motores de mapeo para la ubicación de los monitoreados utilizando un nivel de detalle a full color, con detalles en imágenes vía satélite y mapas tipo callejero, satelital e híbrido.

El sistema de Vigilancia y Monitoreo debía contar con tres tipos de monitoreo:

• Domiciliario
• Libre circulación
• Para protección (víctima – agresor, testigo)

El software de monitoreo tenía que soportar el monitoreo simultáneo de al menos 10.000 dispositivos de vigilancia electrónica.

► Infraestructura de hardware: que incluye servidores, equipos de red, almacenamiento, cableado y demás elementos que se estimen necesarios, considerando que deben soportar la Plataforma en su totalidad.

► El software base (sistemas operativos, bases de datos) y todos los componentes que requiera su plataforma.

►La contratista implementará la interoperabilidad con el sistema del ECU 911. Los parámetros técnicos para el intercambio de la información serán definidos entre el Ministerio de Justicia, la contratista y el sistema ECU 911.

► A solicitud del Ministerio de Justicia, CEIEC debía realizar la verificación técnica al domicilio de la persona privada de la libertad PPL  (en caso de vigilancia electrónica de arresto domiciliario) o lugares autorizados por el Juez (en caso de libre circulación), debiendo informar el nivel de riesgo en los accesos y el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas requeridas para la adecuada implementación de la vigilancia, en un informe de viabilidad técnica, en un plazo no mayor a 48 horas.

CEIEC debía verificar que las áreas de tránsito restringido o el perímetro del domicilio, sean accesibles físicamente, que exista disponibilidad del servicio de telefonía móvil tanto de voz como de datos, que cuente con señal satelital de suficiente intensidad y que cuente con servicio de energía eléctrica para recargar las baterías del dispositivo de vigilancia electrónica.

► El código fuente de la versión implementada será entregado al Ministerio de Justicia para su uso exclusivo, sin restricciones y de manera perpetua.

► CEIEC debe implementar centros de monitoreo. Luego la operación de los Centros de Monitoreo Principal y de Respaldo será de responsabilidad del Ministerio de Justicia.  

► Si los dispositivos de vigilancia sufren algún daño que no esté relacionado con la cobertura de la garantía técnica, la contratista reemplazará el dispositivo por otro nuevo de las mismas características, en un plazo no mayor a 48 horas, hasta un máximo del 15% de la totalidad de los dispositivos adquiridos durante la vigencia del contrato.

► CEIEC realizará un programa de capacitación orientada a jueces y fiscales, funcionarios del SIS ECU911, policía nacional, funcionarios del Ministerio de Justicia y Proyecto de dispositivos de vigilancia electrónica.

Sobreprecios, sobrecompras e incumplimientos caracterizaron al contrato

El contrato entre el ex Ministerio de Justicia y CEIEC para implementar la vigilancia electrónica estuvo plagado de irregularidades, desde sobreprecios en los dispositivos y sobrecompra de equipos hasta el incumplimiento de cronogramas. Además de la descoordinación de datos y otras falencias en su funcionamiento.

CEIEC tiene su oficina principal en Quito

En 2017, es decir al año siguiente de firmado el contrato, nuestro equipo periodístico ya reveló irregularidades en este proceso: la empresa china adquirió los grilletes a la empresa Megasteky con un posible sobreprecio de 800%. 

En el desglose del valor del contrato constan los valores de los dispositivos de vigilancia electrónica (DVE) que están divididos en: 4.000 grilletes o dispositivos de libre circulación, 600 denominados dispositivos víctimas, 400 dispositivos de arresto domiciliario y 500 dispositivos de reconocimiento facial, que con el costo de sus respectivas licencias suman un valor de US$ 6.483.000.

En el item correspondiente a los grilletes consta un valor unitario de US$ 1.058: US$ 960 por cada dispositivo, más el costo de la licencia permanente de US$ 98 por cada unidad. El contrato no especifica qué características y valores se incluyeron dentro de los US$ 960.

El equipo ofertado por CEIEC fue el modelo MT200, del año 2016, con tecnología y comunicación GSM, GPRS/UMTS, Quad-band 850/900/1800/1900Mhz, 3G, GPS, Bluetooth, micrófono y parlante incorporado. Para precisión de ubicación: 15 metros, puerto para cable de carga; resistentes a humedad y temperaturas hasta 250 grados y batería de 15 horas de duración.

En la investigación realizada por nuestro equipo de investigación en 2017, se descubrió que, al comparar a nivel internacional, su valor de mercado oscilaba entre los US$130 y US$135. Quiere decir que a cada brazalete de ese modelo (MT200) se le aumentó US$825, es decir, que cada dispositivo tuvo más del 800% de incremento.

Al poco tiempo de estos hallazgos, la Contraloría General del Estado examinó este contrato y en octubre de 2018 emitió el informe DNA1-0049-2018 que concluyó con la GLOSA-DNPR-01463-80.

Si bien en párrafos anteriores, ya se mencionó a esta glosa, es importante destacar que las irregularidades encontradas por el órgano de control fueron más allá de la no entrega del código fuente o de incumplimientos de plazos por parte de CEIEC.

Entre los graves reparos a la empresa china y a las autoridades consta que “la interoperabilidad de los sistemas del Ministerio de Justicia y del Sistema ECU 911 no contó con la definición de parámetros técnicos, ni cumplió con los requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia; solo el 18% de los grilletes electrónicos estaba en uso efectivo, por lo que se concluyó que se compraron equipos en demasía.

Además, ya se evidenciaron discrepancias en los datos sobre la localización de personas privadas de libertad entre el Ministerio de Justicia y el ECU-911, lo que ocasionó “que no se ubique en tiempo real a los PPL; y por tanto la plataforma informática y dispositivos de geoposicionamiento electrónico no cumplan con el objeto del contrato para el cual se adquirió, ocasionando un perjuicio a la entidad por US$9 598 719,52 correspondiente al valor del anticipo”.

En cuanto a los argumentos para glosar a cada funcionario, sobre la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga y los administradores del contrato, el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Fabián Rosas Espinoza, y el excoordinador General de Gestión Estratégica, Roberto Vaca Mejía, la Contraloría les responsabilizó por no coordinar acciones para el intercambio de datos entre los sistemas del Ministerio de Justicia y del ECU 911. Tampoco verificaron que CEIC suministre, instale y entregue los módulos de integración con ECU-911 y el complementario para el Software ECU-911 según las especificaciones técnicas previstas en el contrato.

A Zúñiga se le cuestionó también por firmar el contrato “sin contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, ni especificaciones técnicas para verificar la real necesidad del objeto a contratar, y por no solicitar reportes de avances, ni verificar el cumplimiento de las etapas del contrato”.

Por recomendar y autorizar una prórroga de 7 días a CEIEC para que entregue 1.500 dispositivos sin que existiera una situación de fuerza mayor, ocasionando que no se imponga la multa respectiva a la contratista se glosó a Fabián Rosas y Karla Benítez con US$ 95.987,20.

Por haber suscrito el acta de entrega de recepción parcial, señalando que CEIEC cumplió con las obligaciones establecidas, “sin observar que existieron 8 días de retraso en la entrega de los productos se glosó a Roberto Vaca con US$617.060,54. Así mismo autorizó la modificación del cronograma de entrega del producto lo que representó una demora de 44 días, retraso por el que tampoco se le impuso multa a la contratista.

Estas glosas civiles sumaron US$ 713.047,74.

Pese a las pruebas recopiladas por el organismo de control, en septiembre de 2019, a través de resolución 17886, Contraloría desvaneció la responsabilidad civil de US$ 603.348,08 “en favor” de Roberto Vaca, administrador del contrato y la empresa CEIEC, por cuanto la contratista demostró “documentadamente” que no incumplió los plazos de entrega. Y en diciembre de 2019, Luis Miño, subcontralor General del Estado, con resolución 17923, decidió que los sistemas de interoperabilidad “se encuentran funcionando”, por lo tanto, resolvió desvanecer la glosa en contra de Zúñiga, Rosas y Vaca.

El documento confirmó la responsabilidad civil por US$ 109.699,66 en contra de Fabián Rosas y Karla Benítez.

La Contraloría no hizo el seguimiento a la compra que hizo CEIEC de los grilletes a la empresa Megasteky y, de lo que conocemos hasta el momento, esa denuncia no prosperó a instancias judiciales.

Las fallas de este sistema de grilletes electrónicos, al que el correato también denominó emblemático (así bautizaba a muchas de sus obras), fueron ampliamente denunciadas por políticos y periodistas. Por ejemplo, en abril de 2020 se conoció que la plataforma que controla el funcionamiento de los grilletes electrónicos se cayó y los operadores del sistema temían que PPL sentenciados puedan escapar.

“Para que funcione un grillete se destruían cinco”

Con los altos niveles de inseguridad de Ecuador, que ha alcanzado un récord en la tasa de homicidios de alrededor de 45 por cada 100.000 habitantes, no todo sospechoso de haber cometido un delito va preso. Muchos son juzgados en libertad por la opción que da el Código Orgánico Integral Penal (COIP art 522) del uso de grilletes o tobilleras electrónicas como una medida sustitutiva a la prisión preventiva.

Sin embargo, los recurrentes problemas técnicos que han impedido que estos dispositivos rastreen en tiempo real a los procesados han abonado a la impunidad en el sistema de justicia del país.

Pese a las deficiencias en estos equipos, los problemas solo se han agravado. Cuando Mario Carrillo, llegó a la subdirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) en septiembre de 2023, funcionaban dijo, alrededor de 800 dispositivos electrónicos y unos de 4.200 “eran solo piezas porque dentro de esta institución se hacía canibalismo técnico, es decir, para que funcione un dispositivo, destruían a cinco”.

Carrillo asegura que la justificación que se le explicó en ese entonces para adoptar tal procedimiento fue que debían cumplir órdenes judiciales y no contaban con grilletes en buenas condiciones. Sino habilitaban un grillete se cometía el delito de desacato.

“Me dijeron que como siguen dando órdenes judiciales no se puede dejar de cumplir; entonces trataron de recuperar piezas, destruyendo otros (grilletes), cambiando partes, lo que se convierte en una bola de nieve que se va agrandando”,

Carrillo confirma que a estos problemas se sumaba la poca o casi nula vigilancia que dio el sistema ECU 911, encargado de hacer el seguimiento de cada grillete colocado.

Citó como ejemplo, el caso de Fernando Alvarado, ex secretario de comunicación de la Presidencia del correísmo. “El 911 tenía que haber detectado ese aparato que estaba en tal quebrada y no fue así. Uno tiene que enterarse el momento que están desactivándolo y, en tiempo real, (saber) dónde está esa persona con el dispositivo”.

Este es el grillete que usó el exsecretario de Comunicación del correato, Fernando Alvarado.

El ex subdirector del SNAI se refiere a uno de los mayores escándalos que pusieron al descubierto las graves falencias del funcionamiento de los grilletes electrónicos. El 20 de octubre de 2018, se dio la orden de que todos los pasos fronterizos estuvieran alertas. Fernando Alvarado, que tenía medidas cautelares por un caso de corrupción, se había quitado el dispositivo y escapó.

Alvarado había logrado que un juez le sustituyera la prisión preventiva en el caso de un supuesto peculado para la producción de los enlaces ciudadanos (las llamadas sabatinas), que eran utilizados para atacar a los oponentes políticos del correísmo.

Tras su huida, se inició otro juicio en contra de Alvarado por incumplir orden legítima de autoridad al haberse retirado el grillete electrónico, uno de los 4.000 entregados por la empresa china CEIEC.

Precisamente fue la fuga de este alto funcionario del correato uno de los hechos más simbólicos que confirmó las falencias de este sistema de vigilancia, concebido cuatro años antes, al amparo del entonces naciente COIP, (vigente desde febrero de 2014) que ordenaba que el ex Ministerio de Justicia con el Consejo de la Judicatura pongan en funcionamiento tales dispositivos con su respectiva plataforma.

El 86,5% de los grilletes están dañados, perdidos o en revisión

El contrato con CEIEC estableció que debían entregar a su contraparte ecuatoriana un total de 5.497 dispositivos electrónicos desglosados en 4000 grilletes o tobilleras; 600 Beeper, 400 radios, 500 tablet, pero según la constatación física realizada por el SNAI, al momento, no existen todos estos dispositivos.

En cuanto a los grilletes, 2.615 están dañados, 495 están en proceso de repotenciación, 286 están perdidos y ya se han presentado 80 denuncias formales ante la justicia reportando estas pérdidas. Además 36 están en cadena de custodia y 25 están en proceso de verificación de daños. Solo 540 están en uso y controlados desde el centro de monitoreo.

De los 600 Beeper MT70, solo 14 están en uso y monitoreados; de las 400 radios bases S921, 32 están instaladas y funcionando en la plataforma; y de las 500 Tablet Aaron-5, apenas 8 están en uso.

El director del organismo de control de las cárceles del país, Luis Zaldumbide, asegura que está optimizando los equipos que tiene. Anunció que repotenciará los dispositivos que están en la plataforma con accesorios nuevos para aumentar la disponibilidad de estos aparatos. También hay que remplazar baterías dañadas.

Además, se repotenciará la plataforma con el apoyo de la Unión Europea que también entregará las licencias por un valor de US$13.000, por seis meses. Para ello, dijo Zaldumbide ya se hicieron las pruebas de una de las plataformas de control que es Google Maps.

“Estábamos ciegos. Esto se vuelve hacer después de casi tres años, una nueva inversión en dispositivos y no solo para repotenciar los que tenemos en plataforma”, puntualizó Zaldumbide, quien aseguró que ya no se recurrirá a la práctica que se había generalizado en los últimos años del “canibalismo técnico” mediante el cual se usaban partes de otros dispositivos para completar otros con el fin de que sean funcionales.

Pese a la mala experiencia que dejó al estado ecuatoriano este contrato con CEIEC, el SNAI apostó por una subsidiaria china, la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, para la construcción de la cárcel de Santa Elena por US$ 52 millones y se lo hizo mediante un proceso publicado en compras públicas y declarado bajo reserva para los próximos diez años.

La contratista para el nuevo centro de privación de libertad es controlada por la estatal «China Road And Bridge Corporation» (CRBC).

El Gobierno del presidente Daniel Noboa optó por esta empresa a través de una carta directa y sin concurso público. Esta subsidiaria de CRBC ha dejado sentado en los documentos oficiales, que está dispuesta a recibir todo el pago por construir la cárcel, en bonos del Estado.

Por un contrato de US$ 55,5 millones, firmado en 2012 con la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, la Contraloría cuestionó a CRBC por subcontratar la totalidad de las siete obras que debía entregar. Esto, pese a que solo podía contratar con terceros un máximo del 30% del monto del contrato. Además, obtuvo una ganancia adicional a la establecida en los costos indirectos y utilidades de su oferta.

La empresa asiática formaba parte de la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial desde 2009, pues fue acusada de actos de corrupción en Filipinas.

Al momento CRBC está envuelta en la polémica compra del hotel Quito.

• Contrato de «adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico»