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Etiqueta: Ecuador

El país de lo imposible

Miguel de Cervantes no pierde vigencia al exponer la tensión entre la ley y la moral. Su relevancia perdura en debates sobre justicia y es buen momento para referirme a esto después de tanto silencio.

Neccesitas caret lege” que se traduce como “La necesidad carece de ley”, es una frase expuesta en Los habladores» por el protagonista, llamado Sarmiento, que usa dicha expresión como respuesta a la brutal solicitud de un hombre que le pide le entierre un puñal a cambio de 50 ducados.

El inimaginable hecho expuesto  en la comedia abre una reflexión sobre el poder de las palabras.

Esta comedia me ha retraído a la tragedia nacional, sobre todo al mecanismo narrativo que todos los enemigos de la democracia conjugan hoy contra la poca institucionalidad que tiene el país y se concreta en las acciones de la fiscal general del Estado y los resultados que logró en la justicia.

Su extenso y dedicado trabajo encontró vías para probar hechos de corrupción y lograr las sentencias de los gobernantes mas corruptos de la historia del país. Hoy su vida tiene precio, los grupos de delincuencia organizada que buscan el control de la justicia y la política van por su vida y a esa línea se han unido los mas despreciables actores de la propaganda, mas otros que creen poseer la verdad en la región como el Grupo de Puebla. En palabras de Cervantes: “habladores de matraca, granizada que apedrea, torbellino que marea”.

El ataque a Diana Salazar empezó con las amenazas de  Anderson Boscan. No recuerdo en la historia del periodismo de nuestro impasible país un evento similar: un periodista extorsionando en un programa en vivo a la fiscal general del Estado con hacer pública información que solo él conoce por el hecho de ser bien informado.  Como dudo hasta de la sombra pedí que me ayuden con la transcripción textual de lo que dijo. A veces la distancia puede variar nuestra percepción pero no fue así: la transcripción ratificaba lo que entendí y sentí vergüenza. Porque esto no se trata de lo que sabe la fiscal Salazar, se trata de lo que Boscan lo presenta como información para salvarla o hundirla ¿Desde cuándo un periodista amenaza y no publica? A mi criterio sucede cuando un país pierde la vergüenza. Es un tema que los ecuatorianos lo permitamos.

Leamos lo que dijo:  “flaca, sabes qué tengo que hacer para que tu juicio político termine donde debe terminar, hago esto  (toma su teléfono) y te pongo la hemeroteca, porque yo sí tengo mis archivos y me podrás mandar a matar con tus amigotes, podrás pedirle a los flacos de Los Ríos que te hagan la vuelta…yo sí tengo mis archivos, Diana”.

En el mundo de la propaganda nunca han faltado los facinerosos que se llaman periodistas; hoy son tiempos distintos y en toda región miramos cómo estos protagonistas promueven falsas narrativas ya no solo para beneficiar a organizaciones políticas, sino también a grupos relacionados a la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico ¿La razón? Pues capacidad económica y búsqueda de impunidad.

Imponer su voz y extorsionar con teléfono en mano no es el único evento de Boscan, evidencia también la pedagogía aprendida del correísmo porque repite el esquema de amenaza y enfrentamiento del narcopolítico Ronny Aleaga, hoy bien abrigado por la dictadura venezolana. Acaso ya olvidamos el sainete de amenazas a la fiscal de hacer públicos chats privados supuestamente gravísimos:  “…habladores de matraca, granizada que apedrea, torbellino que marea”.

En el mundo de la propaganda nunca han faltado los facinerosos que se llaman periodistas; hoy son tiempos distintos y en toda región miramos cómo estos protagonistas promueven falsas narrativas ya no solo para beneficiar a organizaciones políticas, sino también a grupos relacionados a la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico ¿La razón? Pues capacidad económica y búsqueda de impunidad.

Personalmente sostengo que la construcción de nuevas narrativas nada tiene que ver con la libertad de expresión y se ha convertido en un activo componente de los retrocesos democráticos.  Este es un gran ejemplo porque el país es testigo cómo el extorsionador se relaciona con las fuerzas del mal, léase Leandro Norero, léase Xavier Jordán, léase el turco Nahim Massuh a quién además le pedía dinero y entiéndase también los empresarios que se hicieron exitosos con el dinero de Odebrecht y el apoyo de Jorge Glas.

Los procesos de levantamiento de narrativas falsas y regresión democrática cuentan también con apoyo político y si Boscán se atrevió tanto es porque cuenta con ello. La pregunta es quién lo impulsa.

Los procesos de levantamiento de narrativas falsas y regresión democrática cuentan también con apoyo político y si Boscan se atrevió tanto es porque cuenta con ello. La pregunta es quién lo impulsa: ¿Sus amigos social cristianos empeñados en evitar el fin de Pablo Muentes porque abre el camino del fin para el gran líder Jaime Nebot? ¿El correísmo que busca el juicio político de Salazar como trofeo y muestra de que son políticamente impolutos? ¿Los operadores del narcotráfico, iniciando por Ronny Aleaga, el operador político de Norero y Correa? ¿El peligroso y millonario Jordán que amenaza a todo aquel que se atraviesa en su vereda?

Todos están contra Salazar: delincuentes de pistolas y cuchillos, presidiarios, prófugos,  falsos locutores, líderes políticos, grandes billeteras,  jueces y seguro también fiscales. Todos unidos a la causa de los tetones que incluso convencieron a dos medios internacionales para sus objetivos como the Intercept y Drop Site News, que desde el ámbito periodístico han demostrado su torpeza al elaborar un reportaje centrado únicamente en la palabra de un narcotraficante como Ronny Aleaga.

Luego Rafael Correa y el grupo de Puebla hicieron el resto al  apalancar su viejo cuento de perseguidos. La maquinaria de propaganda ya se repite en todos los países de la región como un modelo de regresión democrática. Existe una red poderosa que permite la difusión de esos mensajes y la creación de contenidos complementarios que orgánicamente se suman en diversas plataformas y que hacen mas ágil la expansión de sus falsos mensajes. Los contenidos generados se vuelven particularmente redundantes y complejos.

Toda esta narrativa de odio, polarización y persecución que levantan tiene que convertirse en el contexto de lo que buscan concretar: la cooptación de jueces y del proceso de selección de un nuevo fiscal general para lograr la reversión de las sentencias en Odebrecht y Sobornos.

La necesidad carece de ley» encapsula la idea de los enemigos de la democracia  y justifica su actuar para buscar su supervivencia a cualquier costo. Ya lo sabemos, lo hemos vivido y parece que están ganando.

Tratado de Libre Comercio con China, un desbalance de poder

El TLC con China tiene 17 capítulos y seis anexos como cronograma de compromisos arancelarios, uno sobre el sistema andino de franjas de precios, reglas específicas de origen por productos y otros que suman 724 páginas.

Ratificar este tratado, sin que sea debatido, es un acto de fe.

Cifras del Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, establecen que el intercambio comercial entre Ecuador y China fue alrededor de los 12.000 millones de dólares en el 2022. En ese año, las exportaciones ascendieron a 5.823 millones de dólares, mientras que las importaciones un aproximado de 6.353 millones de dólares. Este resultado deficitario en la balanza comercial ha sido un patrón permanente en las relaciones comerciales entre China y Ecuador. Las exportaciones ecuatorianas no han logrado encontrar la ansiada diversificación ni productiva ni comercial en China.

Este comportamiento deficitario en la balanza comercial para el Ecuador y beneficioso para China no necesariamente se solucionará con la entrada en vigencia del TLC; el acuerdo prevé la desgravación de ciertos bienes relativos a la oferta exportable del país, no del 100% de los mismos.

Sascha Hanning, analista internacional que estudia los TLC de Chile, Perú y Costa Rica dice que a China le va mejor con las naciones que exportan recursos naturales: “diría que Chile se volvió totalmente dependiente de la demanda de China del cobre, los acuerdos que han sido exitosos se basan en la exportación de materias primas, Chile no ha logrado diversificar sus productos fuera del cobre, solo cerezas y algo de vino”.   

El caso del TLC con Costa Rica es totalmente distinto, este se firmó bajo la creencia de que China sería el socio que reemplazaría a Taiwán, pero en la práctica no sucedió. Cuenta Sascha Hannig que las exportaciones a China se redujeron en 10, mientras que las importaciones chinas solo crecieron. Costa Rica no vende materias primas, sus rubros de exportación son insumos médicos y electrónicos que son productos que están en total competencia con China. Además, la realidad es que con o sin TLC, China puede imponer restricciones a productos específicos que considere no cumplen con estándares para el ingreso a su territorio, tal como sucedió con este país, que le impuso restricciones a la exportación de carne, porque, supuestamente, incumplió medidas fitosanitarias en la exportación de estos productos. Ecuador ya enfrentó hechos similares en la pandemia cuando autoridades de control del país asiático dijeron haber descubierto trazas de covid 19 en contenedores de camarón nacional.

La comisión permanente de Relaciones Internacionales de la Asamblea fue el espacio en que se debatió el proyecto de TLC que piensa votarse en pocas horas. Esa mesa recomendó su aprobación a pesar de las importantes reflexiones que se presentaron, por ejemplo, David Molina de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana dijo que un informe inicial del Ministerio de la Producción indica que la balanza comercial se volverá más deficitaria con el TLC, creciendo las exportaciones en un 9% y las importaciones en un 19%, por tanto, la balanza será cada vez más deficitaria.

Es real que el comercio bilateral entre Ecuador y China creció significativamente. Aunque el tratado puede reducir costos y mejorar el acceso, se enfoca únicamente en los efectos de las exportaciones, por ejemplo, el 72% son camarones y el 24% concentrado de cobre y plomo.

Cuando el industrial ecuatoriano se refiere al modelo de producción chino dice que las empresas de ese país que salen al mercado internacional son empresas estatales con lo cual incluso – después de años de exclusión- las mipymes nunca serán competencia. Siendo las pymes las mayores generadoras de trabajo en Ecuador este tratado puede tener severas implicaciones en el empleo nacional y puede implicar un re primarización productiva del país en modo enclave.

El exministro de producción y Comercio Exterior Daniel Legarda en esa misma comisión habló del papel crucial de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), señalando que representan el 80% de las exportadoras, excluyendo el petróleo y minerales. “Las mipymes son fundamentales para la economía, generando el 60% del empleo en el país. El crecimiento significativo de la participación de las mipymes en los mercados externos fue del 80% desde 2015 hasta 2021, representan el 30% del volumen total de exportación, lo que implica un flujo considerable de ingresos para el país.» Argumenta que, en el contexto de acuerdos comerciales, el enfoque debe ser beneficiar principalmente a las mipymes.

Es verdad que hay un grupo de mipymes que se han incorporado como exportadores con importante impacto económico pero la pregunta relevante es por el porcentaje de las mipymes del país que tiene como fuente principal ingresos vinculados a la exportación. Había tal conciencia en los negociadores del impacto que el TLC tendría sobre las Mipymes que en el tratado se establecen salvaguardas y un cronograma de compromisos arancelarios.  La académica Ivonne Telles preguntó en la Comisión de Relaciones Internacionales si tales medidas serán suficientes para garantizar la supervivencia de las mipymes ecuatorianas y señaló la posible afectación de la ventaja competitiva de los productos ecuatorianos debido a la eliminación arancelaria a favor de China. Aunque, según señaló, la Corte Constitucional dijo que las salvaguardias y el antidumping son garantías para preservar esta ventaja competitiva; planteó la preocupación de que, incluso con estas medidas compensatorias, la afectación al mercado local podría persistir durante la eliminación progresiva de aranceles.

Otro tema fundamental es que el acuerdo no especifica claramente cómo operarán las inversiones transnacionales de China en Ecuador. Más de 130 empresas chinas ya operan en el país, muchas en sectores estratégicos como petróleo, minería, telecomunicaciones. La confluencia de estos factores (desmantelamiento de sectores industriales, especialización en la exportación de productos primarios como son los minerales y agrícolas conlleva el riesgo de la reprimarización de la economía y la afectación del empleo.

Vacíos y falencias

Frente al TLC también hay vacíos cómo ¿Qué ocurre con el tema de los puertos ecuatorianos? El acuerdo no abarcó un tema fundamental para Ecuador como el mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los puertos; la transferencia de tecnología; la implementación de sistemas de seguridad; la eficiencia en la logística del comercio, por mencionar algunos de los aspectos claves.

¿Regula el acuerdo la operación de las embarcaciones chinas en nuestras costas marítimas? Esta pregunta es fundamental. Ecuador debía aprovechar este espacio de negociación con China para posicionar este tema que es sensible para nuestros intereses nacionales, para nuestros ecosistemas y biodiversidad marítima, y además para nuestra economía.

Otro grave vacío es la omisión en el articulado del TLC de referencia alguna a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 que entró en vigor el 27 de enero de 1980 y de la que el Ecuador es signatario.

El Convenio regula los principios, normas y procedimientos que son de vinculación directa para los Estados miembros de este instrumento si el TLC ni siquiera hace alusión a todos estos elementos es una negociación por fuera de las normas y principios del derecho internacional público.

Acuerdo ambiental

El tema medioambiental no fue parte de las negociaciones del acuerdo. Este ámbito debería constituir un aspecto fundamental para un país como Ecuador, mismo que es parte de la mayoría de los regímenes internacionales en este tema y ha sufrido los impactos del cambio climático en múltiples dimensiones a escala nacional en los últimos años. Más que nunca necesitamos incluir este tema en las negociaciones bilaterales con todos los países con quienes se negocien tratados de libre comercio y exigir a través de estas negociaciones la implementación de mecanismos de cooperación reembolsable y no reembolsable para que el Ecuador pueda mitigar los efectos del cambio climático con recursos económicos; con la implementación de nuevos proyectos energéticos sustentables y sostenibles que permita a Ecuador lograr una verdadera transición energética; y así pueda adaptarse a los efectos del cambio climático con líneas estratégicas de acción. De acuerdo con un reciente análisis “el Ecuador llegó a la COP28 con un perfil mucho más bajo y sin propuestas visibles. El nuevo gobierno apenas está unos días en el poder y tiene otras prioridades.«

Qué nos vende China y en qué condiciones

Entre los 10 principales productos importados por Ecuador desde China solo cuatro de origen industrial pagan aranceles: autos, receptores de TV, maquinaria, y vehículos blindados.

En una publicación hecha en 2023 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulada “Estudio sobre los posibles impactos de un acuerdo comercial entre el Ecuador y China”, este organismo regional ubica como único caso sensible el de los vehículos debido a que en Ecuador se ensamblan estos bienes mediante la modalidad de CKD (productos intermedios requeridos para el ensamble).

El resto de items (de la lista de 10) ingresa a Ecuador con arancel cero porque se los considera productos intermedios indispensables para garantizar la salud (vacunas) y la producción doméstica de la industria.

Para evidenciar la gran diversificación y el peso de las compras de productos chinos, el análisis de la Cepal desglosa su análisis a nivel de subpartidas de 50 productos. En la estructura de importaciones de bienes de capital sobresalen nuevamente automóviles, además de: tractores, motocicletas, maquinarias procesadoras de datos, equipo de telecomunicaciones, embarcaciones, equipos eléctricos), entre otros productos finales para la industria.

También constan insumos para la agricultura, principalmente fertilizantes y herbicidas. La Cepal enfatiza que “tales productos, por ser considerados indispensables, entran libres de derechos arancelarios. En la presente coyuntura de escasez de fertilizantes a causa de la guerra en Ucrania, la relación con China se vuelve mucho más importante, por ser un proveedor alternativo de fertilizantes habitualmente adquiridos a Rusia”.

Según el organismo, en el listado de los 50 productos se puede observar la sensibilidad de la industria ecuatoriana respecto a bienes finales que al momento tienen aranceles más altos que los de bienes intermedios, como por ejemplo motocicletas y triciclos que pagan 30% y los automóviles, 41%.

Para la Cepal “mantener altos niveles de protección en sectores en los que Ecuador no posee competitividad podría comprometer sus expectativas de crecimiento económico, principalmente en la producción destinada a la economía local, más que a la producción exportable, generando un costo no deseado para los consumidores”.

Complementariedad y barreras no arancelarias

La Cepal parte de las premisas del alto grado de complementariedad entre las economías de Ecuador y China y las múltiples exigencias, arancelarias y no arancelarias, impuestas al ingreso de los productos nacionales al mercado del país asiático, para sugerir que sería positivo un acuerdo comercial con este último.

En el estudio de este organismo se indica que, a partir de los superávits de Ecuador en agricultura, caza y pesca y productos mineros, y de China en manufactura pesada, se pueden desarrollar estrategias que permitan concretar el TLC, el cual podría coadyuvar a ganancias comerciales no solo en los sectores tradicionales sino también en otros sectores, siempre que se busque un balance en aquellos donde China tiene ventajas.

En cuanto a los aranceles aplicados actualmente por Ecuador a China, la Cepal considera que “son particularmente altos en los casos del cuero y calzado, vehículos a motor, textiles y confecciones, otras manufacturas, y los productos de la agricultura, la caza y la pesca, con valores ad valoren por sobre el 20%. El promedio cobrado por Ecuador en 2021 alcanzó el 8%”.

Respecto a los aranceles aplicados por China a Ecuador, aunque el promedio del 4% es más bajo que el cobrado por nuestro país, sí hay sectores en los que el arancel impuesto por China es superior al promedio: minerales no metálicos (8%); productos químicos (7%), caucho y plástico (7%), textiles y confecciones (8%), maquinaria no eléctrica (7%), calzado (5%), y agricultura, silvicultura, caza y pesca (10%).

Pero la Cepal hace una estimación preliminar de que la resistencia arancelaria de China hacia las exportaciones de Ecuador podría llegar al 15%. A ello se añade el 23% por medidas de diverso tipo (inspecciones, dificultades para cumplir certificaciones y normas técnicas, entre otros).

Es decir, además de la carga arancelaria, hay otras barreras que sortear.

Las proyecciones de la Cepal

En su estudio la Cepal estimó los impactos del TLC entre Ecuador y China en dos grandes escenarios: uno de liberalización completa y otro en el que una cantidad de productos sensibles se excluyen del acuerdo (agrícolas, alimentos, textiles, confecciones y calzado, autos, entre otros).

Sobre esta base y con las particularidades ya descritas del comercio bilateral, la Cepal concluye que las exportaciones ecuatorianas a China tendrían una variación acumulada de 7% en el período 2022-2035, bajo el escenario de un acuerdo con liberalización completa. Es decir, en 12 años las ventas externas de bienes aumentarían en ese nivel. Si se aplican excepciones a productos sensibles la variación sería de 7,2%, y de 19,1% y 31,9% en los casos en que junto con las excepciones se logran reducciones de las medidas no arancelarias de 30% y 60%, respectivamente.

Los mayores efectos positivos por el lado de las exportaciones se centran en los sectores de agricultura, silvicultura, caza y pesca; alimentos, bebidas y tabaco; y madera, celulosa y papel. En el caso de una liberación arancelaria con exclusiones de ítems sensibles, estos 3 sectores recibirían aumentos de corto plazo de entre 7%, 18% y 30%.

Las importaciones de bienes por su parte tendrían un aumento acumulado del 47,3% en el escenario de libre comercio, a poco más del 16% en el resto de los escenarios simulados.

En el caso de las importaciones de servicios también se produce esta reducción, al pasar desde un aumento del 30% en el escenario de liberalización completa a poco más del 8% en los demás escenarios.

El estudio de la Cepal concluye que “dado que en el mismo escenario la tasa de crecimiento de las exportaciones de Ecuador a China es de únicamente 7%, el saldo comercial proyectado hacia 2035 se empina por sobre los 3000 millones de dólares, por lo que no resulta un escenario plausible”.

Efectos mínimos en empleo

La Cepal admite que hay efectos mínimos en generación de empleo para el conjunto de la economía. Bajo el escenario de liberación total del comercio con China, en el sector exportador se incrementarían en 11 mil las plazas de trabajo, especialmente en los sectores agrícola y agropecuario, textil y de confecciones, calculado para el período 2021-2035. Con una reducción del 30% en las medidas no arancelarias se generarían 25 mil empleos adicionales y con una baja del 60% de esas barreras, 40 mil más.

En las tres actividades económicas mencionadas se generaría más del 90% de los nuevos empleos. Las estimaciones toman como base un total de 54.845 trabajos asociados a la actividad exportadora a China en 2018.

En cambio, para el primer período de suscripción de un posible acuerdo con excepciones, las simulaciones muestran un cambio negativo sobre el empleo, con una caída de -0,04%.

Los sectores de la agricultura, caza y pesca, así como de alimentos, bebidas y tabaco, experimentan caídas leves no superiores al 1%, en tanto que los productos manufactureros registraron alzas entre 1% y 7%. “La caída proyectada del empleo se explica por una sustitución de insumo trabajo por los bienes intermedios y de capital, que se tornarían más baratos tras la suscripción de un acuerdo con China”.

Adjudicaciones para asegurar hidroeléctricas y termoeléctricas sin respaldo de reaseguros

La póliza de seguros para los bienes de las centrales hidroeléctricas de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, fue adjudicada a Aseguradora del Sur pese a que no contaba con el aval efectivo de su reasegurador, la compañía Allianz, y por lo tanto mantuvo a las plantas hidroeléctricas con cobertura parcial por, al menos unos 15 días, hasta completar el 100% del respaldo por parte del reaseguro. Además, el valor de esta prima se encareció en 24% respecto a la contratada en el período anterior.

En este proceso se encuentran en juego los mayores activos del sector eléctrico del país, pues suman más de US$ 12.000 millones, que quedaron parcialmente desprotegidos por al menos 15 días debido a un proceso licitatorio en el que las autoridades no se cercioraron de que se cumplan con los requerimientos básicos exigidos en los pliegos del concurso.

Tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de iniciar el proceso de liquidación de Seguros Sucre por los escándalos de corrupción que había protagonizado esta empresa pública, se dio inicio al proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCC0-023-21 para la contratación del Programa de Seguros para los Bienes e Instalaciones de las centrales hidroeléctricas y eólica de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP». El concurso inició el 23 de junio de 2021 con un presupuesto referencial de US$ 33´115.745 de prima neta sin IVA.

Las ofertas presentadas para acceder a esta nueva póliza fueron de: Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (integrado por Latina de Seguros y Seguros Alianza).                 

La vigencia de la póliza a contratar era de 365 días a partir del primero de agosto de 2021. El valor asegurado fue de US$ 500 millones, a diferencia del proceso licitatorio previo en el que se contrataron pólizas de seguro por separado: en una, solo para Coca Codo Sinclair hasta por US$ 500 millones y en otra, para el resto de hidroeléctricas, por US$ 500 millones más.

Es decir que hasta julio de 2021 todos estos activos estaban asegurados en un total de US$ 1.000 millones, con una prima de US$ 21 millones. Mientras en este nuevo concurso se unificaron ambos riesgos, pero con una suma total asegurada de tan solo US$ 500 millones y una prima de US$ 26 millones. La simple comparación de las cifras echa por tierra el discurso gubernamental del ahorro, pues en este último concurso se subió el valor de la prima en un 24% respecto al proceso previo para asegurar la mitad del valor, pues este pasó de US$ 1.000 a solo US$ 500 millones.

De acuerdo con los pliegos del concurso, las oferentes debían entregar cartas de respaldo del reaseguro por el 20% de indemnización por evento.

Aseguradora del Sur presentó ese aval del reasegurador Allianza, lo que significa que esta empresa respaldaba con hasta US$ 100 millones por evento. No obstante, en la práctica Allianza no otorgó respaldo a todas las centrales hidroeléctricas de CELEC.

Hispana de Seguros también ofertó el mismo valor y presentó una carta de respaldo del reasegurador londinense Alcor Lloyds 4612. Pero este mismo reasegurador confirmó que solo podía otorgar un respaldo hasta US$ 10 millones y no como aparentemente Hispana dio a entender en su oferta. Por lo tanto, no contaba con la capacidad requerida en la licitación y el certificado de respaldo de Alcor no era válido.

Los detalles de estas irregularidades fueron expuestos en correos electrónicos cursados, primero entre diversos actores del mercado, y luego, enviados a las autoridades de CELEC EP y del Ministerio de Energía, en julio de 2021 durante la etapa de calificación y previo a la adjudicación.

En el caso del reaseguro de Aseguradora del Sur sobresale una comunicación interna del 30 de julio de 2021, entre Allianz Global Corporate & Specialty escrita por James Wright, uno de los socios de la División de Energía y Servicios Públicos, en la que se aclara que, junto a la compañía Alesco, están actuando como reaseguradores de Seguros Sucre S.A. con una participación del 20% en el seguro de todo riesgo operacional de la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Con este antecedente señala “Alesco nos ha pedido que consideremos si deseamos suscribirnos a una participación en todo el programa Hydroeléctrico detrás de una aseguradora local…Rechazaremos la participación debido a la falta de información sobre riesgos”.

En el caso del reaseguro de Hispana, la primera comunicación se origina en Alcor el 20 julio de 2021 (a las 17:58). lan Craigs, suscriptor general de Propiedades de Alcor envía un email a Nick Burn, director internacional de P&C que es el seguro de propiedad y siniestros de Tysers lnsurance Brokers Limited, un broker de seguros londinense. En este email Craigs explica que la carta enviada por Alcor a CELEC EP no es una cotización vinculante y que no puede participar porque esta licitación no es de su interés.

Una semana después (27 de julio de 2021 a las 17:28, Craigs vuelve a escribir un correo a Nick Burn en el que le especifica: “Es posible que Howdens (corredor de seguros europeo) haya presentado esta oferta, pero en su momento dejamos muy claro que no somos un mercado proporcional y que no tenemos ese tipo de capacidad…”

Luego de este intercambio de mensajes Nick Burn, de Tysers, envió un correo a Gonzalo Uquillas, gerente de CELEC, (27 de julio de 2021 20:27), en el que le dice que “la documentación con la que se respaldan ciertas reaseguradoras en la licitación de Celec parece ser malinterpretada”. Agrega haber sido informado que Alcor ha presentado una participación del 20% como respaldo de los US$ 500 millones y que eso no es correcto, por lo que adjunta los correos electrónicos ya mencionados, confirmando que no se han ofrecido a apoyar esta licitación.

También presenta un extracto del sitio web de Alcor que muestra que su capacidad máxima de cobertura es de US$ 10 millones.

En efecto, de acuerdo con la información publicada por este reasegurador en su propia página web (https://alcoruw.com/products/all-risk-property/), se indica que cuenta con una capacidad de solo hasta US$ 10 millones.

El 29 de julio de 2021 (16:47) Burn se dirige nuevamente, vía electrónica, al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo, a Uquillas y otros funcionarios de CELEC, donde les pide que vean “un correo de Alcor aclarando su posición sobre esta licitación y demostrando que lo que ha presentado Hispana es engañoso”.  En esta comunicación, Ian Craigs de Alcor le dice a Burn que esta reaseguradora “no ha proporcionado indicación de cobertura o cotización de términos para las centrales hidroeléctricas o centrales térmicas. La participación máxima que Alcor puede ofrecer en cualquier cuenta es US$ 10m (US$ 10 millones)”.

El 30 de julio (13:18) Nick Burn, en otro email, se dirigió al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo y a Uquillas observando que no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades en relación con sus correos anteriores respecto a la licitación y que está sorprendido “especialmente de los problemas de Alcor y Allianz porque iría totalmente en contra del interés de CELEC EP. La calificación de Allianz permite puntos más altos, lo que está distorsionando el proceso, no están respaldando todos los activos de Celec… Le recomendamos encarecidamente que considere toda esta evidencia y, aparte de esto, la oferta de Latina Seguros es mucho más favorable a Celec y su interés”.

¿Por qué son importantes estas comunicaciones? En los pliegos de la licitación se incluye la potestad de CELEC de constatar la validez de las confirmaciones que realicen los reaseguros. En la cláusula destinada para ello se señala: “CELEC EP se reserva el derecho de verificar en todo momento y por cualquier medio, la autenticidad de toda la información proporcionada por la aseguradora, en especial, en lo referente a los certificados y notas de cobertura de reaseguros, so pena de ser declarado adjudicatario fallido y de iniciar las acciones que en derecho correspondan, en caso de encontrar cualquier tipo de falsedad en la información proporcionada.”

Pese a todo esto, el mismo día en que Allianz decidió no participar en este concurso, el viernes 30 de julio de 2021 se concretó la adjudicación y la póliza empezó a regir desde el domingo primero de agosto de 2021, a las 12 horas. Pero al estar de por medio un fin de semana entre la fecha de adjudicación y la vigencia del contrato era imposible completar el 100% del reaseguro para estos bienes en tan corto tiempo y peor aun cuando la empresa adjudicada no tenía una oferta en firme, sino que solo un «desk quote» o cotización de escritorio. Fuentes del sector explicaron que una oferta en firme es cuando los reaseguradores otorgan, de manera escrita a las aseguradoras, un respaldo real en todas las condiciones y valores; mientras que la oferta de escritorio es cuando la aseguradora únicamente presenta su oferta sin contar con el aval efectivo del reasegurador.

Para conseguir un reaseguro de esta magnitud se necesitan, generalmente, unos 15 días hasta poder negociar y completar el respaldo requerido, por lo que a esa fecha dicho riesgo no debió estar colocado al 100%, lo que significa que las centrales hidroeléctricas solo tenían cobertura parcial, en caso de siniestro.

Irregularidades en proceso de evaluación inclinaron otra vez la balanza

Otro punto de controversia tiene que ver con la forma en que se otorgaron puntajes a las oferentes según la calificación de riesgo de sus reaseguros. Los pliegos de la licitación establecen que esas calificaciones debían ser otorgadas por las firmas Standard & Poors, AM Best o Moody’s y registradas en la Superintendencia de Compañías.

Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina Seguros-Seguros Alianza S.A.) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyds (grupo de aseguradoras londinenses), los cuales, de acuerdo con el registro de la Superintendencia, tienen calificación A (excelente). No obstante, al evaluar la oferta del Consorcio Celec (Latina-Alianza), la Comisión Técnica que se encargó de esa tarea, la calificó como A, mientras a Hispana Seguros la puntuó como A+.

El 27 de julio de 2021, el Consorcio Celec pidió la recalificación de su oferta. Uno de sus argumentos fue que se dio a Hispana la calificación más alta (15 puntos) pese a tener el mismo reasegurador que el Consorcio Celec (Sindicatos de Lloyds), dándole a este último oferente una calificación de 12.50 puntos, sin considerar que la compañía líder del consorcio (Latina de Seguros), por sí sola, tiene calificación de riesgo «AAA».

La comisión técnica respondió que fue el mismo Consorcio Celec el que registró la calificación de cada uno de sus reaseguradores en un formulario, donde se evidencia que 5 de ellos tienen calificación «A» y uno, calificación «AA». Al momento de aplicar las fórmulas correspondientes, esas calificaciones no alcanzan los 15 puntos reclamados por el Consorcio.

Por lo tanto, la comisión concluyó que no puede modificar las calificaciones de riesgo presentadas por el oferente para homologar con los reaseguros presentados por otros oferentes, por el solo hecho de pertenecer al Sindicado Lloyd’s.

El Consorcio Celec también pidió que se revise la evaluación hecha a la reaseguradora de Hispana, Alcor de Lloyd’s, pues esta posee una capacidad para el seguro de todo riesgo de solo US$ 10 millones, nivel insuficiente para asumir el porcentaje requerido. El Consorcio Celec solicitó también se aclare cuál fue el criterio de la valoración hecha a los respaldos de reaseguros ante una posible insuficiencia de asumir el riesgo. Y requirió la publicación de todas las cartas de respaldo de los reaseguros. Además, afirmó que esta adjudicación sería un perjuicio al Estado, pues la oferta del Consorcio Celec es la más baja.

La comisión evaluadora puntualizó que la capacidad del reaseguro no es una condición que consta en los pliegos del concurso donde se señala: a) “Los oferentes deberán presentar copia simple de los certificados de reaseguros emitidos por reaseguradores internacionales de reconocido prestigio, sobre la colocación en firme de al menos el 20% de la suma asegurada del Reaseguro, para cada una de las pólizas de manera individual y/o grupal…”

Pese a que se especifica que los certificados que deben presentar los reaseguradores están relacionados con un porcentaje requerido en el concurso, la interpretación de la comisión técnica es que “la capacidad de los reaseguradores no consta como requisito exigido en el pliego” y, por si fuera poco, admite que “el certificado emitido por Alcor, no corresponde a un retrocesionario (reasegurador)”.

En otra confusa explicación la comisión también dice que “la validación del cumplimiento de los requisitos mínimos, que sí están exigidos en los pliegos, se hizo sobre la base de la revisión de las copias de los certificados de reaseguros…” pero “el cumplimiento de los requisitos contenidos en el certificado de reaseguros, no son objeto de valoración”.

En otras palabras, la validación es solo revisar las copias, pero no lo que se afirma en los certificados.

Finalmente, el 28 de julio de 2021 la comisión desestimó todo y pese a los reclamos del Consorcio Celec y a las informaciones entregadas por los reaseguradores a la empresa pública CELEC, señalando que no fueron reales los respaldos de reaseguros de Allianz en el caso de Aseguradora del Sur y del reasegurador Alcor en el caso de Hispana de Seguros, nunca hubo respuesta de sus autoridades y la adjudicación se concretó para Aseguradora del Sur.

Seguros para las centrales termoeléctricas

El concurso para contratar el seguro de los bienes e instalaciones de las Centrales Termoeléctricas de CELEC EP funcionó casi igual al proceso ejecutado con las hidroeléctricas. Se adjudicó la póliza sin que Hispana de Seguros, la empresa seleccionada, cuente con los respaldos de los reaseguros, con un agravante: su oferta fue casi US$ 800 mil más cara que la de su competidor, el Consorcio Celec.

Se trata del proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCCO-024-21, iniciado por la Corporación Eléctrica del Ecuador con un presupuesto referencial (Sin IVA) de US$ 25,99 millones para la prima neta y un monto a asegurar de US$ 236 millones.

Luego de la publicación del proceso en el portal de compras públicas el 23 de junio de 2021, se presentaron 2 ofertas:

La adjudicación de este contrato se dio también el 30 de julio de 2021 al igual que en el caso de las hidroeléctricas, y entró en vigencia el primero de agosto de ese año, con un plazo de 365 días.

Los problemas alrededor de su proceso de licitación son idénticos a los de la contratación del seguro de las centrales hidroeléctricas. Es decir, la oferente adjudicada tampoco tenía una oferta en firme, sino solo una cotización. Entonces a la fecha de la adjudicación dicho riesgo no estaba colocado al 100% con el respaldo de reaseguros, por lo que si se hubiera presentado un siniestro las centrales termoeléctricas carecían de cobertura.

La oferta que presentó Hispana de Seguros fue con una carta del reasegurador Alcor Lloyd´s, de un supuesto respaldo a las centrales termoeléctricas en un 20% del riesgo. Sin embargo, hay una comunicación de este reasegurador, en la que manifiesta que nunca otorgó cotización tanto para las centrales hidroeléctricas como para las termoeléctricas. Además, confirma que solo emite avales no proporcionales, es decir, que no da el respaldo del 20% para todas las coberturas. Su capacidad máxima es US$ 10 millones, con lo que definitivamente no hubiera podido cubrir los US$ 47 millones requeridos.

Durante el concurso Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina y Alianza) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyd´s, los cuales, de acuerdo al registro de la Superintendencia de Compañías tienen calificación A (excelente).

Cuando el Comité de Evaluación publicó el Acta de evaluación de oferta, el 27 de julio de 2021 en donde Hispana aparecía seleccionada, el oferente Consorcio CELEC le envió una comunicación mediante la cual planteó los mismos reclamos que en el concurso de seguros para las hidroeléctricas, recibiendo la negativa de la Comisión Técnica, basada en iguales argumentos que en el mencionado proceso, es decir que el reclamo del Consorcio Celec “no es procedente por carecer de sustentos, puesto que, lo solicitado difiere de lo requerido expresamente en el pliego de este procedimiento de licitación”.

La adjudicación se concretó con una oferta de Hispana de Seguros basada en un respaldo ficticio.

Sin concurso Hispana asegurará por dos años más los activos de CNEL y CELEC

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP decidió no realizar una licitación pública sino simplemente renovar por dos años la póliza de seguros que protege sus bienes y servicios y los de la Unidad de Generación de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, con la compañía Hispana de Seguros, por US$ 21, 32 millones, hasta enero de 2023.

Para justificar este incumplimiento de la ley general de seguros se basó en informes internos que recomendaron a la gerencia no llamar a un nuevo concurso porque no hubo cotizaciones de otras compañías de seguros.

¿Por qué contratar una cobertura de seguros para los riesgos de dos empresas eléctricas? El contrato de seguros original (2019-2021) con Hispana para los riesgos de CNEL y CELEC tuvo como antecedente un convenio entre ambas empresas públicas (firmado el 1 de abril de 2015) para la administración, operación y mantenimiento de las centrales de generación eléctrica Álvaro Tinajeros y Aníbal Santos de la Unidad de Negocio Guayaquil. En este marco se determinó la necesidad de contratar un programa de seguros con coberturas de los ramos generales y de vida en grupo. La justificación que se dio en aquel entonces para una contratación conjunta fue que se conseguiría mejores condiciones para el aseguramiento del personal, bienes y operación. Así que se unificaron en el programa de seguros a: CNEL EP Distribución/ Comercialización y la Unidad de Generación.

Luego, mediante proceso No. LICS-CNELCORP-008-18, el 14 de diciembre del 2018 la gerencia de CNEL EP inició la licitación para contratar las pólizas de seguros de CNEL EP y de la Unidad de Generación de CELEC EP. Con un presupuesto referencial de US$ 21,64 millones (sin IVA), el 17 de enero la comisión técnica del proceso de contratación recomendó adjudicar el contrato a la oferta presentada por Hispana de Seguros por un valor de US$ 21´320.176 y un plazo de 730 días. Sobre esta base CNEL resolvió adjudicar la póliza a la mencionada compañía y el contrato lo firmó Wilfrido Veintimilla Terreros como gerente de CNEL EP, el 23 de enero de 2019.

Las pólizas contratadas son nueve para distribución: Multirriesgo, Equipo y maquinaria, vehículos, responsabilidad civil, fidelidad, transporte de dinero y valores, transporte interno, casco buque; Vida en Grupo. Y, dos para generación: Multirriesgo y Responsabilidad Civil.

PÓLIZAS CONTRATADAS

Pese a que la presidencia de la República había dado una clara disposición, el 30 de agosto de 2018, mediante su secretario general de entonces Eduardo Jurado (en oficio No. PR-SGPR-2018-6942-O) de que «a partir de esta fecha, se debe evitar el uso de procedimientos de contratación directa (emergencia y consultoría) y de régimen especial, con la finalidad de promover la concurrencia de más participantes y transparencia de contratación pública y optimizar el gasto público”, en octubre de 2020 CNEL inició el proceso de renovación de pólizas de seguros para el período entre 27 de enero de 2021 y 27 de enero del 2023. Para ello se requirió un informe técnico de la Coordinación de Seguros y el criterio de la gerencia jurídica de CNEL.

Las conclusiones del informe técnico de la Coordinación de Seguros se basaron en un estudio de mercado que a su vez tomó como principal referencia los estudios que la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y EMELNORTE realizaron en mayo y junio de 2020 (previo a la contratación) a las pólizas que requerían para cubrir sus riesgos en ese entonces.

Lo que se hizo fue utilizar normativa del SERCOP sobre proformas de proveedores para fijar presupuestos referenciales y se elaboró un cuadro comparativo entre las primas del contrato de seguros que estaba por fenecer y las establecidas en el estudio de mercado de CELEC y EMELNORTE. La Coordinación de Seguros de CNEL usó estas últimas, que eran más altas, para advertir que si se realizaba una nueva licitación el valor del presupuesto referencial del contrato subiría a US$ 28,75 millones (sin IVA), pero si se hacía la renovación, ese rubro sería de US$ 24,16 millones (sin IVA), por el período bianual.

Para reforzar su posición la Coordinación de Seguros advirtió también que realizar un nuevo concurso significaría revisar valores de los deducibles en los ramos con riesgos más altos y otras coberturas y rubros por la agravación del riesgo debido a la siniestralidad ocurrida en 2016 (terremoto de abril), lo cual ocasionaría un incremento de la tasa.

Resaltó también que en el portal de compras públicas no hay procesos similares a los realizados por CELEC y EMELNORTE y además estaba el hecho de no haber recibido ninguna cotización de otras compañías de seguros que le permita contar con un elemento comparativo de precios.

Otra premisa de este informe técnico fue que la aseguradora ha cumplido con la entrega del servicio en atención de siniestros y en beneficios adicionales y no hay indemnizaciones pendientes, lo cual se adecúa a la cláusula de renovación que consta en el contrato.

Finalmente, a pesar de que la Coordinadora de Seguros resaltó la intención de la presidencia de la República de promover los concursos públicos y transparentes, recomendó no hacer un nuevo proceso de licitación y mantener las pólizas con Hispana de Seguros.

Por su parte la gerencia jurídica de CNEL, el 23 de octubre de 2020 presentó los argumentos que justificarían la renovación de la póliza con Hispana. Primero, las pólizas no están reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSCP), sino por la Superintendencia de Compañías. El Reglamento de la LOSCP señala que “los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados, tales como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los formatos de los modelos de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

En consecuencia, este caso de contratación de seguros, a criterio de la gerencia jurídica, cuenta con estipulación especial para dar paso a la continuación de las pólizas por dos años más.

Segundo, la renovación de las pólizas se sustenta en la contratación de seguros y en los pliegos del proceso original (Nro. LICS-CNELCORPO-008-18). Además, se afirma que la renovación no es el inicio de un proceso precontractual y no requiere la autorización del directorio para ejecutarse.

Finalmente se dio la renovación del contrato con Hispana, pese a que no se evidenció en el portal del SERCOP la falta de respuesta de otras compañías de seguros para cotizar en este proceso, como afirman las autoridades.

Si no hubo interés de otras aseguradoras ¿por qué no se actuó como en la licitación anterior hecha para contratar los seguros del período 2018-2020? Ahí CNEL EP tampoco obtuvo respuestas del mercado para poder establecer un presupuesto referencial. Solo Seguros Sucre, que era la contratista vigente en ese proceso, presentó su oferta, otras se abstuvieron de cotizar porque requerían más tiempo y otras dijeron que lo harían cuando haya un proceso de licitación subido al portal de compras públicas, lo cual se concretó y se lanzó el concurso.

BIESS: dos aseguradoras deben proteger sus riesgos crediticios, solo hispana tiene la póliza

Al margen de la ley el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantiene las pólizas para cubrir los riesgos de los créditos hipotecarios únicamente en manos de Hispana de Seguros cuando deberían ser al menos dos aseguradoras las calificadas para emitir todas las pólizas.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene la facultad de emitir las políticas y regulaciones crediticia y financiera, incluyendo la política de seguros. En la normativa expedida por este cuerpo colegiado mediante Resolución (No. 072-2015-F) de 28 de mayo de 2015 y reformada (con Resolución No. 220-2016) el 11 de marzo de 2016, en su artículo 4 sobre la selección del seguro de desgravamen obligatorio para los créditos hipotecarios establece: “El seguro de desgravamen será contratado por el deudor, considerando lo siguiente: a. en forma directa con cualquier empresa de seguros autorizada para operar en el Ecuador en este ramo; y, b. con las empresas de seguros que individualmente las entidades del sistema financiero nacional y los fondos complementarios previsionales hayan seleccionado para el efecto. Estas entidades deberán seleccionar por lo menos dos empresas de seguros (…)”

El 19 de julio de 2019 se realizó la convocatoria para el concurso de “Selección de empresas proveedoras de pólizas de seguros de Vida-Desgravamen, Incendio y Líneas Aliadas (catástrofes naturales) y todo riesgo contratista para los préstamos hipotecarios del Biess” por un valor asegurado de US$ 7.083´470.532.

Las compañías seleccionadas fueron Seguros Sucre e Hispana de seguros. Esta última se quedó a cargo de todas las pólizas de incendio, Todo Riesgo Construcción y Desgravamen, desde junio de 2021, luego de que Seguros Sucre entró en liquidación forzosa.

El BIESS realizó tres concursos, en diciembre 2021, febrero de 2022 y marzo de 2022, los cuales fueron declarados desiertos. Como resultado de estos intentos fallidos Hispana se mantuvo como la única aseguradora para cubrir todos los riesgos de las operaciones crediticias.

El último gerente del BIESS en ratificar a esta aseguradora al frente de las pólizas de vida, desgravamen, incendio y líneas aliadas fue Iván Tobar. Pero esa decisión de Tobar le significó su separación del cargo, pues esta gestión no contó con la aprobación previa del Directorio, conforme lo requerido por la Contraloría General del Estado, “exponiendo al BIESS a riesgos legales y reputacionales”.

A pesar de esta resolución del directorio Hispana continúa como la única aseguradora del BIESS. El monto total de valores asegurados asciende a más de US$ 9 mil millones, con el consecuente riesgo de que una sola compañía de seguros tenga la responsabilidad del 100% de la cobertura de estos activos que generan mensualmente primas descomunales.

Caso Sinohidro, el camino que lleva a Correa

El caso Sinohidro que la Fiscalía General del Estado sigue por el delito de cohecho a 37 personas tiene un posible camino para incluir en una nueva investigación al ex presidente Rafael Correa y depende  sobremanera de la declaración que brinde en el juicio el principal acusado, el también expresidente Lenín Moreno Garcés. Moreno ha sido firme en señalar desde 2019 que su labor como vicepresidente se limitó hacer lo que el presidente le dispuso por decreto, que fue emprender el plan Manuela Espejo -un programa de incerción a la vida social y económica de la población con discapacidades- y ha negado su participación en el proceso que permitió concretar el contrato de Coca Codo Sinclair con Sinohidro.

Pero fue el entonces vicepresidente que por encargo del mandatario intervino para destrabar el acuerdo del crédito con el Eximbank de China, estos son los principales hitos que marcan el caso y la responsabilidad superior del entonces presidente Correa.

Reunión de Lenín Moreno y embajador chino

El 26 de enero de 2010 se reunió el embajador Cai Runguo y el vicepresidente Lenin Moreno. Así se publicó en las páginas oficiales:

El embajador Cai Runguo aprovechó la oportunidad para expresar al Segundo Mandatario la satisfacción de su país por los avances registrados tras los recientes acercamientos entre China y Ecuador para construir la central hidroeléctrica Coca–Codo Sinclair con financiamiento del Eximbank, del país oriental. En este sentido, precisó que tras los acercamientos con la Ministra de Economía, María Elsa Viteri, faltan pequeños detalles por pulirse para conseguir un acuerdo definitivo que garantice el acuerdo crediticio.

El Segundo Mandatario expresó que una vez se superen los problemas generados por la crisis mundial habrá “vientos más gratos” para salir adelante con acuerdos entre los dos países, e hizo votos porque pronto se limen asperezas y se concrete  la construcción del Coca – Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador.

Rafael Correa y Cai Runguo en la firma del convenio con Sinohydro

En marzo de 2010 las exigencias del gobierno chino para otorgar el crédito se estancaron; Correa decidió terminar el acuerdo. El 29 de marzo en una entrevista con Radio Democracia Moreno dijo:

“Ante la llamada del señor embajador de China -Cai Runguo-, un buen amigo, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”

 

Se firma el contrato

Los abogados de la firma internacional Hogan Lovells participaron activa y reservadamente en la elaboración de los acuerdos

Fue Lenín Moreno, que por aceptación del presidente, destrabó el proceso de crédito; el 19 de mayo el ministro de Sectores Estratégicos Jorge Glas ordenó al Ministerio de Electricidad que instrumente todos los documentos para la firma del contrato. Al día siguiente, el 20 de mayo, el Procurador del Estado autorizó al Ministerio de Finanzas pactar el arbitraje internacional en el contrato que suscribirían con el Eximbank y el 21 de mayo la Secretaría Nacional de Planificación autorizó aumentar la capacidad instalada de generación de 487 a 1500 megavatios.

Documento oficial que marca la hoja de ruta de la negociación del crédito

El 27 de mayo de 2010 el ministro de Finanzas Patricio Rivera Yánez resolvió aprobar las condiciones del crédito.

Los agradecimientos

El 1 de diciembre de 2010, el homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de la Presidencia de la República. En la ceremonia, el presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

El Jefe de Estado resaltó además la complementariedad de la economía china con la del Ecuador y la inversión en el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia, Coca – Codo Sinclair. “Siempre lo hemos dicho Ecuador es la puerta de entrada a la cuenca asiática del Pacífico hacia América Latina y viceversa”, dijo.

Constitucionalmente el vicepresidente solo puede ejecutar lo que el presidente le pide por decreto y si bien no existió un pedido explícito de Correa a Moreno para destrabar el crédito, éste se valió del lobby de Conto Patiño y del embajador Runguo para llegar acuerdos mientras que todas instituciones dependientes del ejecutivo levantaban toda la información para la firma del contrato. Fue un camino por doble carril.

Luego de la intervención de Lenín, el 22 de abril de 2010, Jorge Glas solicitó, a través del oficio No. MICSE-DM-2010-369, a Cai Runguo que gestione que una delegación del Eximbank “con poder suficiente de decisión” visite el país y “poder concluir con las negociaciones”:

14 de mayo de 2010: La asesoría jurídica internacional de Ecuador en esta negociación, que estuvo a cargo de la firma estadounidense-británica Hogan Lovells. En un correo electrónico del 14 de mayo de 2010, Miguel Zaldívar de Hogan Lovells informa a William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas, que se debe crear y proporcionar inmediatamente el número de la cuenta creada en el Banco Central para administrar los recursos del contrato de préstamo con el Eximbank. También indica que él está elaborando el Anexo A del contrato y que la siguiente semana deben presentar la opinión jurídica de Vásconez, a la vez que recomienda confirmar la reunión con el Eximbank el 1 de junio de 2010 y no bajar la “presión” hasta lograr la firma del contrato.

17 de mayo de 2010:  La comunicación sin nombre del 17 de mayo de 2010, suscrita por Dai Chunning, gerente general del Departamento de Banca Corporativa del Eximbank, dirigida a Jorge Glas Espinel, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos y Patricio Rivera, ministro de Finanzas, anunciando que estaban “listos para firmar el acuerdo de préstamo”, al tiempo que le agradeció los esfuerzos “fructíferos” en las negociaciones.

El oficio MICSE-10-448 del 18 de mayo de 2010, suscrito por Jorge Glas, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, como respuesta a Dai Chonning, señalando que una comisión encabezada por él y conformada por Patricio Rivera, ministro de Finanzas; Rafael Poveda Bonilla, viceministro Coordinador de los Sectores Estratégicos; William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas; Madeleine Abarca, secretaria de Crédito Público del Ministerio de Finanzas; Henry Galarza, gerente general de Cocasinclair S.A.; Jorge Cevallos Carrera, abogado externo del proyecto Coca Codo Sinclair y Miguel Zaldívar, abogado internacional del proyecto CCS; viajarían a Beijing del 28 al 31 de mayo de 2010. El 1 y 2 de junio se reunirían con los equipos de negociación para los acuerdos y 3 de junio sería la firma oficial del acuerdo de préstamo. Tal como ocurrió.

El gobierno de Correa nunca molestó ni llamó la atención del vicepresidente por sus acciones de desbloquear los acuerdos, de hecho el 1 de diciembre de 2010 se hizo un homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución  de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de las Presidencia de la República. En la ceremonia, el Presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

Miles de cocinas chinas embodegadas y decenas de millones en perdidas

55,35 millones de dólares es el valor de los tres contratos que el Estado ecuatoriano firmó en 2015 con las empresas chinas Haier y Guandong para dotar a la población de 342 mil cocinas de inducción.

Siete años después no existe claridad en el número de cocinas de este tipo que realmente se entregaron; informes estatales establecen que apenas 62,570 llegaron a beneficiarios desde el inicio del plan y el resto debemos suponer que se encuentran al cuidado de empresas privadas que le cobran al Estado por sus bodegas en algún lugar de Guayaquil. Quiere decir que cientos de miles cocinas de inducción no han podido ser vendidas ni canalizadas a los programas sociales en tres gobiernos, mientras permanecen  guardadas a la espera de su destrucción por el olvido.

El 28 de febrero de 2015 el Ministerio de Electricidad ordenó a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP la contratación agresiva de un millón de cocinas de inducción para entregarlas a consumidores del sector residencial en todo el país. En marzo de ese año el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, manifiestó que que el “Programa de Cocción Eficiente», se financiaría con $250 millones provenientes del Expor-Import Bank of China.

Con las aprobaciones de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) iniciaron  las contrataciones: el 27 de mayo de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia energética de CNEL EP y la empresa china HAIER Global Business Corporation Limited, suscribieron el contrato RE-CNELEFE-002-15 para la adquisición de 20.000 cocinas de inducción encimeras, por el monto de $2.920.000.

El 22 de julio de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., suscribieron el contrato RE-CNELEFE-0003-15 por 10.000 cocinas de inducción encimeras, valorado en $1.460.000.

Inauguración de Ecuacyclo y Midea, En ese momento Ministro Richard Espinosa
El Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, en la inauguración de la planta de producción de cocinas ‪#‎Midea‬

El 06 de agosto de 2015, la misma Unidad de Negocio de Eficiencia Energética sucribió con  Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., el contrato RE-CNELEFE-004-15 para la adquisición de 186.000 cocinas de inducción tipo encimeras y 126.000 cocinas de inducción con horno, más el servicio técnico post venta, por el monto de USD 50.970.000,00.

Del millón de cocinas que el gobierno de entonces propuso adquirir llegaron a Ecuador 342.000; de ese número algunas fueron chatarrizadas, otras vendidas, unas pocas donadas y el resto están en una bodega rentada en Guayaquil.

Feria de socialización Cocinas de Inducción Tulcán

Al año siguiente continuaron las compra de utencillos: el 12 de abril de 2016, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la empresa Corpmunab S. A. suscribieron el convenio de pago Nro. 003-2016-CP, por la adquisición de 10.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por el monto de $293.600,00.  El 09 de mayo suscribieron un convenio adicional (004-2016-CP), por 16.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $469.760,00. El 16 de junio CNEL EP y Corpmunab S. A suscribieron el contrato de 20.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por  640.000,00.

Finalmente el 1 de septiembre de 2016 la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la misma empresa suscribieron el contrato (RE-CNELEFE-001-16) para adquirir 50.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $ 1.468.000,00.

En la actualidad el programa se encuentra en fase de cierre desde julio de 2021 sin un horizonte sobre el destino que tendrán los equipos de inducción almacenados y con cuestionamientos desde la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales celebrados para la importación de las cocinas y las ollas de inducción.

Cómo empezó todo

Como todos los programas emblemáticos impulsados por la revolución ciudadana, el primer hito para viabilizar el financiamiento, las contrataciones, las adquisiciones y otros procesos que debía cumplir el gobierno para ejecutar dichos programas es la venia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El 31 de diciembre de 2013 se emitió el dictamen de prioridad al Programa de Cocción Eficiente con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1408-OF. Se definió como objetivo del programa: sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas eléctricos de calentamiento en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico.

El diseño de la normativa y la preparación de la estrategia de lanzamiento tomaron su tiempo. Todos los ministerios, empresas públicas y otras dependencias del gobierno central se alinearon a la propaganda que promovía las bondades del supuesto cambio de la matriz energética. Por el lado de la oferta se ponderaban los ahorros y los aportes que significarían para la economía la construcción y puesta en marcha de ocho megaproyectos hidroeléctricos. Mientras por el lado de la demanda se publicitaban otros proyectos que apuntaban a eliminar el uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial para reemplazarlo con la electricidad generada por las hidroeléctricas y como consecuencia terminar con el subsidio al gas de uso doméstico.

Respecto al consumo de electricidad, en esa época se distribuía en 39,6% para el sector industrial, 29,6% para el residencial, 22,3% para el comercial y de alumbrado público y 8,4% para la construcción.

La tendencia de la demanda de gas y electricidad era de crecimiento continuo y los programas que según el gobierno permitirían alcanzar la eficiencia energética eran el de cocción eficiente; autos híbridos y eléctricos; calentamiento de agua con electricidad, entre otros.

En este contexto el 9 de septiembre de 2014, la cartera de Electricidad estableció y reguló el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial (PEC).

Fabrica cuencana fibroacero durante la producción de las cocinas de inducción.
Fotos: Andrés Reinoso/El CIudadano.

A partir de las potestades que se establecieron en dicho acuerdo ministerial como son las de asignar, calificar y controlar todos los procesos operativos, Esteban Albornoz, titular de la mencionada cartera de Electricidad dispuso a CNEL EP, el 28 de febrero de 2015, la contratación de un millón de cocinas de inducción, con financiamiento del Estado. Pocos días después y con el fin de operativizar las actividades que demandaba el PEC, el 5 de marzo de 2015, la gerencia de la CNEL EP resolvió crear la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética (UN-EFE).

Esteban Albornoz en campaña de socialización de las cocinas de inducción.

El siguiente paso fue la suscripción de convenios entre el Ministerio de Electricidad y la UN-EFE con las Empresas Eléctricas de Distribución, Unidades de Negocio de CNEL y casas comerciales, para la venta a clientes finales o entrega gratuita de los equipos de inducción a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Luego de haberles remitido invitaciones directas a seis empresas chinas para que provean cocinas de inducción al Estado, la CNEL, amparada en el mecanismo de giro específico del negocio, adjudicó contratos para la importación a HAIER Global Business Corporation Lted., Guangdong Midea Kitchen y Suzhou Kenmec Electric.

Los contratos de mayor valor y que sumaban 322 mil cocinas de inducción fueron suscritos con Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltda.  El otro contrato RE-CNELEFE-002-15, del 27 de mayo del 2015, fue para Haier que debía entregar 20.000 cocinas de inducción encimeras por un valor de $2.920.000.

En la importación de ollas de inducción participó la empresa ecuatoriana CORPMUNAB S.A., mediante varios contratos y convenios de pago por un total de 76 mil juegos de ollas cuyo valor fue de $2,23 millones. El primer contrato que la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de CNEL firmó el 16 de junio de 2015 con esta casa comercial para la adquisición de 20 mil juegos de ollas de inducción tuvo un valor de $US 640 mil. Al año siguiente firmó tres convenios de pago por 10 mil, 16 mil y 50 mil juegos de ollas adicionales, por $US 293.600, $US 469.760 y $US 1´468.000 respectivamente.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de la Programación Presupuestaria Cuatrienal vino también la actualización del dictamen de prioridad del PEC por parte de Senplades el 17 de agosto de 2015 (Oficio nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF). El organismo de planificación también aprobó el perfil de quienes debían beneficiarse del programa PEC con la entrega de equipos de inducción gratis. Como producto de esto el 15 de septiembre de 2015 la cartera de Electricidad (Acuerdo Ministerial No. 264)  determinó que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que se encuentren en la base del Registro Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social recibirán en forma gratuita kits de inducción compuestos por: una cocina, un juego de ollas y la instalación del circuito interno a 220 voltios.

El programa PEC nació con el objetivo de aumentar la participación de la energía eléctrica en otros usos, como el de la cocción de alimentos, y para ello el gobierno de ese entonces estableció que en un período de 10 años (es decir hasta el 2023) se incorporen 3´035.128 cocinas de inducción. En ese entonces significaban más del 90% de todos los abonados a nivel nacional. Hoy en día, si este proyecto hubiera tenido el impacto esperado, esos 3 millones de beneficiarios serían el 55% de todos quienes tienen acceso al servicio de energía eléctrica, que según estadísticas del Ministerio de Energía suman 5´505.000 abonados.

Tal objetivo no se cumplió. En un documento elaborado por el Ministerio del ramo a septiembre de 2020, al que PI. tuvo acceso, se reporta que “en aproximadamente 3 años de ejecución del programa PEC (2015 – 2018), las ventas y canjes registrados representan un total de 62.570 cocinas de inducción”. Y aún si estos procesos se reactivaran “se requeriría al menos cuatro años para despachar el inventario total de cocinas de inducción que custodia CNEL EP, con los subsecuentes costos por operación logística, servicio posventa y otros costos asociados a la comercialización”.

Es decir, en el mejor de los escenarios se podría dejar en cero ese inventario en el último trimestre del 2024, con los costos que eso significaría para el fisco, pues en este documento el ministerio advierte que hay una alta probabilidad de que en el caso de las cocinas y ollas de inducción que se logren vender los precios de venta pueden ser menores a los inicialmente establecidos por la reducción de precios de mercado, la devaluación tecnológica por año de fabricación y la pérdida de garantía del fabricante.

Tampoco los programas sociales gubernamentales han tenido un alto potencial de recepción de estos equipos de inducción, pues según la cartera de Energía, los canjes o entregas gratuitas a los beneficiarios del BDH entre los años 2015 y 2018 totalizaron solo 7.173 cocinas de inducción y juegos de ollas.

A lo dispuesto en septiembre de 2015 por el Ministerio de Electricidad que incorporó a los beneficiarios del BDH como destinatarios de los kits de inducción se agregó otra disposición cinco años después: mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2020-0005-AM, el Ministerio de Energía decidió “ampliar el segmento de los beneficiarios del Programa de Cocción Eficiente para la entrega gratuita de cocinas importadas por el Estado a otros programas sociales que impulsa el Gobierno Nacional.”

Pese a existir este marco legal para aumentar los destinos de los equipos de inducción hacia más programas sociales, los directivos del Ministerio de Energía siguen encontrando trabas para despachar los stocks de cocinas y ollas que aún permanecen embodegados, pues observan que “en reunión mantenida el 16 de junio de 2020, el gerente del programa PEC informó a la UN EFE que el plan de entrega al programa Casa Para Todos, prevé únicamente la donación de 15.000 kits de inducción”.

Otro medio de verificación del fracaso del PEC son las propias cifras oficiales que no concuerdan con la información que tiene este portal. En la última ficha informativa del programa, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad total de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC[1] suman 595.146, al 30 de noviembre de 2022, un número oficial de cocinas superior a los establecidos en contratos que hemos accedido y detallado en los anteriores párrafos. Quiere decir que existe información que no se ha logrado consolidar con claridad.

Además, algunas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en sus reportes desde 2016 resaltan: “se observa un bajo interés de los usuarios por solicitar la instalación de los circuitos expresos en el SIPEC”. Este reporte es de la Empresa Eléctrica Quito y las instalaciones a las que se refiere corresponden a las demandadas para las cocinas de inducción.

Publicaciones de prensa también reportan que a partir de 2017 se evidencia una reducción significativa en la cantidad de solicitudes de usuarios para instalar medidores de 220 voltios, que son los requeridos por las cocinas de inducción, pues el número de solicitudes pasó de 120.267 durante el 2015, a 20.138 en el 2018 y durante los siguientes años en CNEL los valores son mínimos. La empresa pública CNEL provee de energía eléctrica a 2.5 millones de clientes residenciales, un poco más de la mitad de todos los usuarios del servicio a nivel nacional.

15 cuestionamientos de Contraloría para el PEC

El examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos y relacionados con el Programa PEC, se realizó al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), sus unidades de negocio, empresas eléctricas y entidades relacionadas (período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018).

En este informe, aprobado el 19 de diciembre de 2019, los auditores encontraron que en tres de los procesos de contratación para la compra de cocinas de inducción (RE-CNELEFE-002, 003 y 004-15) a las empresas chinas Haier Global Business y Guangdong Midea Kitchen, no se cumplieron los principios de legalidad, trato justo, igualdad, transparencia y participación nacional para precautelar los recursos públicos.

La comisión técnica de CNEL no verificó que la empresa Haier Global Business cumpla con uno de los requisitos exigidos en los pliegos de contratación, pues se le adjudicó el proceso RE-CNEL-EFE-002-15 a través del cual se adquirieron 20 mil cocinas de inducción encimeras, sin que la compañía china acredite que tiene las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO 14001 para las plantas de producción de cocinas de inducción encimeras. Además, no se encontraba inscrita en el Registro Único de Proveedores. Por lo tanto, no contaba con la documentación mínima requerida en el proceso.

El administrador de la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y los apoderados de las empresas Guangdong Midea Kitchen y Haier Global Business, el 5 y 11 de agosto de 2015, respectivamente, suscribieron los contratos para la adquisición de cocinas de inducción, incluido el servicio el servicio técnico post – venta, por $US 50´970.000 y $US 19´990.000 respectivamente. Ambos contratos suman $US 70,96 millones. No obstante, el administrador de la UN EFE no estaba autorizado a firmar contratos de estos valores. El poder especial que recibió el 8 de junio de 2015 le facultaba a contratar, sin la autorización del gerente general de CNEL, la ejecución de obras y prestación de servicios que no superen los $US 7 millones por proceso.

La Contraloría también identificó que CNEL incurrió en gastos que no se justifican por nacionalización de las cocinas de inducción importadas, pues asumió el pago de $US 401.357,96 por gastos de almacenaje, bodegaje, licencias y honorarios de agente de aduanas.La contratista demoró en entregar la documentación indispensable para el proceso de nacionalización de 25 embarques, especialmente el Certificado de Conformidad del Producto (CQC), mientras los técnicos que participaron en la revisión, verificación y aprobación de las liquidaciones económicas no tuvieron un criterio unificado y una metodología para establecer qué gastos de nacionalización de cada embarque debían ser asumidos por la UN EFE y por la contratista, según sus responsabilidades en el contrato.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría fue que desde la suspensión de las ventas y canje de las cocinas de inducción importadas para las empresas eléctricas de distribución y Unidades de Negocio, los funcionarios de la UN EFE no hicieron un control permanente de la administración de inventario, ni realizaron procesos de baja y chatarrización de los bienes entregados en canje. En consecuencia, “se encuentran embodegadas y sin rotación de inventario 3.014 cocinas encimeras y 81.634 cocinas con horno, además de 4.136 cocinas a gas, 2.283 cocinetas, 5.624 bombonas, 257 cocinas industriales y 476 válvulas recibidas como canje de los beneficiarios de los bonos de desarrollo humano”.

Cartera vencida de las empresas eléctricas

En marzo de 2017 el Ministerio de Electricidad identificó que en 11 Unidades de Negocio de CNEL la mora de los usuarios del PEC se ubicó en $US 6’011.480. La mayor cantidad de esa cartera vencida se concentró en las empresas eléctricas de: Guayaquil con 84.000 cocinas vendidas que significaron un monto impago de $US 1’145.000; Manabí con 34.000 cocinas que representaron una mora de $US 1’015.000; Los Ríos con 17.230 cocinas y un monto impago $US 826.000.

Frente a esto se impulsó una agresiva política de comercialización que prácticamente obligaba a los usuarios a adquirir las cocinas a inducción, provocando denuncias ante la Defensoría del Pueblo y sentencias judiciales por vulneración de los derechos de los abonados, pues muchos de ellos terminaron pagando elevadas planillas eléctricas por el costo de las estufas. Algunos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido de las cocinas y realmente era un pagaré. En otras ocasiones las empresas eléctricas ni siquiera les había instalado la acometida de 220 voltios y los abonados no tenían a quién devolver las cocinas.

Ante este panorama las autoridades de energía decidieron empezar el desmontaje del programa PEC, aunque con pocos avances en el camino.

Con memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019, el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó a la gerencia del Programa PEC: «(…) ejecute las acciones operativas y administrativas necesarias para terminar de manera ordenada las obligaciones contraídas por este Ministerio en el marco del Programa de Cocción Eficiente”.

El estado en que inició este proceso daba cuenta de que se efectuaron ventas y canjes de cocinas de inducción por un total de 62.570 items.

Además, la Unidad de Eficiencia Energética UN EFE custodia un stock aproximado de 82 mil cocinas de inducción y 37 mil juegos de ollas para inducción, distribuidos en dos partes.

La mayoría de estos bienes se encuentran en las bodegas de la compañía de transporte LOGISTCS S.A., ubicadas en Guayaquil, lo que representa a CNEL EP un gasto mensual por operación logística (administración de inventario y bodega) de $US79.147 (incluido IVA).

La otra parte de los bienes permanece almacenada en las empresas eléctricas de distribución, unidades de negocio de CNEL EP y casas comerciales, como resultado de los convenios suscritos para este propósito. Son 771 cocinas con horno y 1.914 cocinas encimeras.

Estas últimas cantidades son referenciales y siguen siendo verificadas conforme la UN-EFE avanza en el proceso de conciliación de inventarios para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

La UN EFE se encuentra realizando la conciliación de ventas, canjes, devoluciones y transferencias de los kits de inducción de 11 Unidades de Negocio, 8 Empresas Eléctricas de Distribución y 11 Casas Comerciales. Pero persiste la demora en la revisión de los registros en los sistemas facturación y de inventarios. A criterio de la UN EFE, entre las razones de tal demora están sus “problemas de gestión documental de los expedientes físicos y digitales, correspondientes a los más de cinco años de operación de la Unidad”.

Además de la falta de expedientes organizados, la Unidad de Eficiencia Energética sostiene que la falta de personal ha imposibilitado la liquidación de obligaciones y cierre de 30 convenios tripartitos que ya han finalizado su plazo. Estos convenios fueron suscritos entre el Ministerio de Electricidad, la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y las empresas de distribución eléctrica para la importación de los kits de inducción. Otro efecto de la limitación de recursos humanos serían las dificultades para realizar acercamientos con entidades del sector público como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Juntas Parroquiales del Ecuador con el fin de conocer los proyectos habitacionales que tienen en ejecución o en planeación, alcanzar un convenio interinstitucional y así concretar la entrega de los kits de inducción.

Lo cierto es que tras las importaciones de cocinas y ollas de inducción realizadas entre 2015 y 2016, no se cuenta con datos actualizados sobre cuántas están embodegadas, cuántas ya no sirven y han sido chatarrizadas o cuántas han sido entregadas en canje mediante programas sociales.

La última ficha informativa del PEC (actualizada a noviembre de 2022) este programa permaneció literalmente congelado desde julio de 2019 mientras se resolvían temas presupuestarios y las dificultades ocasionadas por falta de personal.

[1] El SIPEC es un sistema de registro alojado en el portal web “Ecuador Cambia” en donde los usuarios ingresan sus solicitudes para cambios de acometidas y medidores, instalación de circuitos expresos (para el programa PEC), acceso a incentivo tarifario para cocción o calentamiento de agua.

Administradores de la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética
  1. Andrés Fernando Tapia Faggioni
  2. Pablo Arturo Falconi Ayora
  3. Christian David Parra Pombosa
  4. Ana Lucía Játiva Yánez
  5. Rommel Patricio Aguilar Chiriboga
  6. Xavier Renán Zambrano Aragundi

Cocinas chatarra y el robo de cilindros de gas

En el mes de diciembre del 2020, la UN EFE dispuso el traslado de 5624 cilindros para gas licuado de petróleo, desde el Parque Industrial Sur de Quito, a la Terminal El Chorrillo EP PetroEcuador, Guayaquil, producto del convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

En el mes de enero del 2021, de acuerdo al informe presentado por el Técnico de Administración Técnica de la UN EFE, uno de los vehículos que transportaba 1125 cilindros para gas licuado de petróleo, fue abordado en el cantón El Empalme, el mismo que fue encontrado más tarde sin los 1125 cilindros.

En el mes de enero del 2021, la UN EFE ejecutó la disposición final de 4428 cocinas de inducción en mal estado. En el mes de mayo del 2021, se dispuso la chatarrización de 614 cocinas de inducción y 14 juegos de ollas para cocinas de inducción en mal estado.

Gladys Estefania Rengel Acosta

Quiero dedicarte esta columna Gladys, estés donde estés. No logro sacarte de mi cabeza… La historia de tu desaparición gira dentro de mí y se apoderó de todo lo que soy capaz de pensar.

Quisiera que sepas que en el año 2022, tendrías un colectivo feminista que acompañaría a tu madre en tu búsqueda, dentro de las 72 horas posteriores a tu desaparición, indispensables para recoger indicios. Que muchas mujeres abogadas estarían abanderadas de tu caso, que hoy tus hermanas exigimos nos expliquen qué te pasó.

Mientras imagino una serie de posibilidades de lo que te pudo suceder, las lágrimas salen de mis ojos con impotencia y rabia. Tú comprendes mejor que nadie que el misterio aun no resuelto de tu desaparición, es la prueba de todas las opresiones naturalizadas ejercidas sobre las mujeres operando en el año 2004.

Hoy inclusive los sectores conservadores de la opinión pública comprenden que una mujer menor de 18 años se encuentra sujeta a una relación de poder, a pesar de que le pinten el tema como «amor». Recuerdo claramente que el día tu mamá y tu abuelita no te volvieron a ver, tenías apenas 17 años.

Que hoy, la única línea de investigación posible, no sería aquella que se ajusta a la moral y las buenas costumbres.

Que si te hubieran llevado al medico para revisar si estabas embarazada horas antes de que desaparecieras, el dos de marzo del 2004. Ese médico habría sido parte de la investigación, aunque se hubiera necesitado mucha presión mediática para lograrlo.

Que si lo que sucedió es que tu familia no podía competir con la influencia, o el miedo que genera un funcionario publico corrupto. Hoy sería mucho mas complicado encubrir un delito contra tu vida o integridad, gracias a todas las formas anónimas de hacer una denuncia. Que hoy, la noticia de tu desaparición y los testimonios de los que te vieron por última vez, no podrían ser borrados tan fácilmente.

Que  hipotéticamente, si hoy  los hombres responsables de investigar que te pasó quisieran encubrir un delito, tendrían menos poder para proteger al o los culpables.

Que hoy el control social, tiene mayores efectos sobre las instituciones, que en el año 2004. Que nosotras exigimos saber que te pasó, que el Estado tiene una deuda contigo, y con tu madre, que tu desaparición no se ha olvidado. Que aunque hayan pasado tantos años  la verdad  debe salir a la luz, que tu caso debe conocerse. Que no se trata solo de ti, que somos todas.

Informe oficial del sacrificio de tortugas gigantes

Las investigaciones que este portal realizó entre 2021 y 2022, que concluyó con la publicación del reportaje Cacería y extinción de las tortugas gigantes de Isabela, permitió al equipo de pi. mantener sendas conversaciones con funcionarios de la Dirección del Parque Nacional Galápagos DPNG, quienes de distintas maneras entregaron información a este medio de comunicación.

En el mes de julio de 2022 pi. accedió a un informe de la Dirección del Parque Nacional Galápagos con fecha diciembre de 2013, en el que se expone la problemática de la matanza de tortugas gigantes en peligro de extinción dentro de la isla Isabela.

En las cinco secciones y los anexos que componen el informe se señala antecedentes de la problemática, se describe la situación de la matanza de tortugas gigantes y el tráfico de su carne en el 2013, se explica la relación entre cacería furtiva de tortugas gigantes y cacería de especies introducidas y se indica que, con el tiempo, estos crímenes han ido en aumento dentro de Isabela.

Llama la atención que ninguna autoridad conozca el contenido de este documento y aseguren que éste no existe oficialmente en los archivos de las oficinas del PNG. Si es así ¿cómo es que este medio lo tiene y no las autoridades llamadas a proteger la integridad del patrimonio natural?

Este portal no tiene dudas del contenido expresado en el informe, un año de seguimiento nos permite ratificarnos en cada uno de los reportajes que han evidenciado la negligencia de las autoridades del Parque Nacional Galápagos, acostumbrados al silencio y complicidad de guardaparques y grupos de colonos qué conocen la realidad.

El informe también presenta los nombres de 28 sospechosos implicados en la matanza de tortugas gigantes, entre ellos dos guardaparques de la Unidad Técnica Operacional de Isabela (UTI) de la DPNG, quienes actualmente están activos. Isabela es un cantón con aproximadamente 3000 habitantes dónde muchos saben quiénes matan tortugas en peligro de extinción, así como quiénes trafican y compran la carne de tortuga gigante.Cabe mencionar que nueve sospechosos presentes en el informe también fueron señalados por fuentes ciudadanas y por fuentes de la DPNG, dentro de la investigación periodística, por estar involucrados en la matanza de tortugas gigantes y en el tráfico de la carne de galápago. Varios de estos presuntos delincuentes ofrecen carne de tortuga gigante a los hogares de Puerto Villamil.

A continuación, el documento titulado “Informe Técnico. Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, tal como Periodismo de Investigación lo recibió de las fuentes en julio del presente año. El documento se explica solo.

Conflicto de tierras: Todos quieren Ayalán

4000 hectáreas en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil están en pugna durante 10 años. Todo comienza por el ofrecimiento de la Revolución Ciudadana de expropiar estos predios para entregarlos a migrantes con el objetivo de que los hagan producir. El Plan Tierras de ese gobierno fracasó y con el transcurso del tiempo nuevos actores incursionaron en la disputa de la hacienda Ayalán. Ahora sus propietarios, camaroneros y migrantes retornados tienen papeles a su favor y reclaman tener derechos sobre el bien. El Ministerio de Agricultura ha decidido retomar el plan inicial con los migrantes, pero antes debe resolver todo un entuerto jurídico creado por esta misma oficina, durante distintas gestiones.

Devastar un bosque nativo cuesta USD 2 millones en Ecuador, pagados con fondos públicos. Eso ocurrió en la hacienda Ayalán, ubicada en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil. Un amplio terreno de no muy fácil acceso al que se llega por la vía a Playas y en el que a primera vista todo parece ser una extensa zona que no está siendo plenamente aprovechada. No quedan mayores indicios de que aquí, hace apenas 9 años, todavía se podía apreciar el color verde de un amplio bosque, que además era el refugio natural de animales silvestres que ahora ya no se ven más. Las afectaciones a la naturaleza resultan irreversibles.

Y todo ese daño tuvo financiamiento del Ministerio de Agricultura, que en 2013 contrató el desbroce del bosque con un presupuesto de USD2 millones por un total de 3500 hectáreas. Un monto que no deja de llamar la atención a José Ignacio Jorgge Bejarano, quien conoce muy bien de los valores que se pagan por hectárea para dejar libre el terreno y listo para futuras siembras. «Allí hubo un sobreprecio descomunal», opina sobre lo que se pagó para eliminar los árboles en terrenos que siguen siendo de su propiedad, hasta hoy. Esto último es el segundo aspecto irregular de este tema: el ministerio de Agricultura disponiendo de los terrenos de una hacienda que todavía tiene otros propietarios, miembros de la familia guayaquileña Jorgge. El tercer punto que llama la atención es la cantidad que el Estado pretendió pagar por esta inmensa zona, en un proceso de expropiación y posterior mediación: menos de lo que canceló por el desbroce, USD1 millón quinientos mil dólares, cantidad que no ha sido aceptada por sus legítimos propietarios.

Todos estos detalles forman parte de un largo proceso en el que participan varios actores que intentan convertirse en los protagonistas principales y finales de lo que ya parece una película de suspenso que no tiene desenlace.

El ex ministro de Agricultura Javier Ponce asumió en 2015 la responsabilidad de los retrasos del proyecto Ayalán, que debió haberse puesto en marcha «hace mucho rato».

A NOSOTROS NOS OFRECIERON EN ESPAÑA

Si en algo coinciden los migrantes retornados que se reunieron en el Terminal Terrestre de Guayaquil para contar sus testimonios sobre este tema, es que todos ellos estaban por su cuenta trabajando duro en España -allá por los años 2000 al 2010- para intentar enviar algo de remesas a Ecuador, como parte de esa inmensa ola de compatriotas que salieron expulsados del país por el congelamiento de depósitos y la crisis bancaria.

Fue así que por el 2012 llegaron a Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, funcionarios del gobierno de Rafael Correa para hacerles un ofrecimiento tentador: que regresen a Ecuador para ser propietarios de tierras agrícolas. María Cisneros emigró cuando tenía 23 años y su primer trabajo fue cuidar ancianos y hacer limpieza por lo que ganaba 600 euros al mes. No era mucho, pero ella conseguía sobrevivir en la cara Europa. Después fue camarera de hotel, cajera de supermercado, niñera. Hizo de todo. Hasta que a los diez años de haber llegado a España se enteró de la oferta de retorno con propiedad incluida, tal como lo pintó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta milagreña ahora asegura que se lo creyó todo, razón fundamental que tuvo para finalmente emprender el regreso.

Así como ella, Leonardo Díaz, Jorge Ricaurte, Issac Chumbay y algunos más como Lorena Alarcón, que a diferencia de sus compañeros, migró hasta Houston, Estados Unidos, cruzando en un bote el río fronterizo al salir de México. Esta mujer de 52 años y oriunda de Naranjal, llegó con el trabajo asegurado en un chifa, como parte del paquete de servicios ofrecido por un coyotero de Quito. Lo primero que ganó fue para pagar su deuda con el traficante de personas.

Historias así se repiten con frecuencia. Pero los que regresaron convencidos con los ofrecimientos, fueron alrededor de 400. Con el paso de los años, la mayoría perdió las esperanzas y dejaron abandonada la causa; incluso unos cuantos volvieron a migrar. Ahora son alrededor de cien los que siguen pendientes para que se concrete la promesa que les hicieron hace una década. Pasó el gobierno de Correa, terminó el gobierno de Moreno y ahora tienen la esperanza de que sea el gobierno de Lasso el que los haga propietarios de las tierras de Ayalán. Aunque Lasso nunca les ha ofrecido nada.

La esperanza es lo último que se pierde. Los migrantes que retornaron con la expectativa de tener tierras ahora son menos, pero diez años después siguen buscando que les cumplan con lo que les ofrecieron.

El proyecto político «Plan Tierras» se puso en marcha el 22 de agosto de 2012 por Resolución Nº 295 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con la que resuelve declarar de interés social y de ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Ayalán, en una superficie de 4.137,40 hectáreas en la parroquia rural El Morro, cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Meses después, en enero de 2013, la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, les decía a los migrantes que la idea era que la tierra sea de quienes la trabajen: «Estamos pendientes todos en el gobierno de que este proyecto se haga en su debido tiempo», prometió.

El siguiente paso fue presentar por parte del Ministerio de Agricultura la demanda de expropiación. Eso ocurrió el 17 de junio de 2013, recayendo el libelo en el juzgado séptimo de lo Civil de Guayas, que al admitir a trámite el proceso ordenó la ocupación inmediata por parte del Proyecto Unificado de Acceso a Tierras y Productores Familiares, sobre la totalidad del inmueble materia de expropiación. Con la demanda planteada y la consignación respectiva, vía transferencia bancaria a la cuenta del juzgado, se evidenció la acreditación de USD1´521.901,00, con fondos del Ministerio, pidiendo la expropiación urgente del inmueble de 4.137,40 hectáreas de propiedad de la compañía Valoriani.

Pese a estar acreditado en el juzgado el valor determinado por avalúo catastral de estas tierras, los propietarios de la empresa Valoriani, se negaron a cobrar. Entonces se llegó a un punto muerto.

Mientras esto ocurría, ese mismo año 2013, un nuevo actor se sumó: la empresa camaronera Cofimar pagó a Valoriani USD200.000 por una promesa de compraventa de 600 hectáreas de Ayalán, que formaban parte de las 4137 hectáreas declaradas de interés social y demandadas en expropiación por el Ministerio de Agricultura. El negocio pretendido de la camaronera era por un valor total de USD1.200.000 y los USD200.000 eran un anticipo, explica el abogado de la empresa, Xavier Valverde. Desde entonces, esta empresa ocupó los terrenos y ha invertido más de USD10 millones para la producción acuícola que no ha parado, relata Valverde. El propio Ministerio de Agricultura le ha concedido vía adjudicaciones más tierra a esta camaronera, a razón de un valor de USD148 por hectárea, «que es lo que establece la ley. No hay cómo pagar más ni menos», sostiene el abogado Valverde

Vestigios de lo que un día fue. Ayalán está ubicado a una hora de Guayaquil, en la parroquia El Morro

Ya para 2014, el gobierno de Correa se preocupó de que no avanzaba la expropiación y la ofrecida entrega de las tierras a los migrantes. Fue el Canciller Ricardo Patiño el que llegó a Madrid para poner excusas y justificar «que no podemos estar en todo». Reconoció las fallas y «hablar otra vez de una hoja de ruta ya me da hasta vergüenza 》

Pero ni Patiño pudo hacer nada. El juicio de expropiación en Ecuador se fue de largo y no recibía sentencia «porque los jueces sabían que incurrirían en una ilegalidad si concretaban ese despojo», dice José Jorgge, de la empresa Valoriani, propietaria de la hacienda Ayalán.

Lo que sí ocurrió fue que mediante Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0010-CMAT-2016-QUI del 17 de enero de 2017, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la compañía VALORIANI S.A., arribaron a un consenso en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, bajo el amparo jurídico otorgado por la Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 09122 de 13 de enero de 2017. Parecía que por fin se pondría fin al conflicto de tierras en Ayalán pero eso apenas fue la expectativa. La realidad fue diferente.

La realidad fue que un mes después del acuerdo de mediación, el 21 de febrero de 2017, la Autoridad Agraria Nacional otorgó Actas de Ingreso para Labores Agrícolas sobre el predio de Ayalán a un grupo de diez Asociaciones Campesinas y una cooperativa. Quienes formaban parte de estas asociaciones comenzaron a llegar a estas tierras y empezaron a sembrar. Ellos aseguran que los terrenos son fértiles y producen desde maíz, plátanos, uvas y otras frutas. Cuentan para ello con un canal de riego que cruza la propiedad.

En marzo de 2017, el juzgado Civil de Guayaquil dispuso el archivo del juicio de expropiación debido al desistimiento de las partes. Pero el acuerdo firmado por la Mediación de la Procuraduría tampoco se ejecutó, según José Jorgge, «por incumplimientos de la otra parte». Una vez más, el Estado ha intentado pagar lo establecido en la Mediación, pero Valoriani se rehúsa a recibir el dinero.

Ayalán ya tiene un centro poblado. Y las obras de agua potable y aguas servidas están siendo ejecutadas por el municipio en este momento.

El golpe de timón lo dio en su último acto la ex ministra de Agricultura Tanlly Vera, quien renunció el 15 de septiembre de 2021 y, un día antes, el 14 de septiembre, decidió “revertir la declaratoria de interés social y ocupación inmediata del predio denominado hacienda Ayalán, realizada mediante resolución administrativa N. 527 de 08 de noviembre de 2013 y resolución administrativa 301 del 21 de julio de 2014. Disponiendo la devolución del predio de la hacienda Ayalán a favor de la compañía VALORIANI S.A.”.

Esta acción de salida de Vera tomó por sorpresa a todos. En virtud de dicha resolución comenzaron a la par procesos de revisión de adjudicaciones de terrenos de Ayalán hechas a camaroneras en el año 2021. Estas empresas se defendieron y presentaron pedidos de medidas cautelares autónomas. Un juez de Samborondón se las concedió.

En septiembre del año pasado comienza también a intervenir en este tema el asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas. Su primera acción fue pedir información al recién llegado ministro de Agricultura, Pedro Álava, quien en noviembre de 2021 resolvió dejar sin efecto la resolución de Tanlly Vera en la que revertía la declaratoria de interés social de Ayalán y ordenaba devolver el predio a sus dueños.

El asambleísta Vanegas dice que interviene en este caso porque se trata de claros intereses de «los traficantes de tierras». Ni siquiera valida que las organizaciones que buscan ser adjudicadas estén integradas por migrantes retornados, sino por aprovechadores que andan buscan terrenos para invadirlos, en una práctica recurrente. Y que no defiende a las camaroneras, sino la seguridad jurídica.

El ministro Álava estuvo hasta mayo de 2022. Desde el 4 de ese mes, se sumó otro actor, el nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien reconoce que quienes estuvieron al frente de esta Cartera antes no hicieron bien las cosas y enredaron todo en Ayalán. Ahora, con Manzano al frente, el Ministerio ha comenzado procesos de reversión de adjudicaciones hechas con irregularidades a empresas camaroneras. Un informe establece que “con base a la información remitida por la Dirección Distrital Guayas, esta Subsecretaría ha podido advertir irregularidades en los procesos de adjudicación realizados dentro del predio Ayalán, toda vez que los mismos fueron tramitados por posesión agrícola, cuando en realidad debieron tener un tratamiento como procesos de redistribución”. Adicionalmente, solicitó que se inicien los procedimientos administrativos de Revisión de Oficio contra los predios adjudicados dentro del predio Ayalán.

El propósito del ministro Manzano es que finalmente se concrete el ofrecimiento que se les hizo a los migrantes retornados y adjudicarles las tierras, una vez solucionado también el eterno conflicto con la empresa de la familia Jorgge, que sigue latente.

Por este hecho, el asambleísta Ricardo Vanegas, quien está a favor de las camaroneras, ha puesto en la mira al ministro Manzano. Y ha comenzado a recoger firmas para llevarlo a juicio político y conseguir su censura y destitución. Todo un propósito que lo justifica con la causal de incumplimiento de funciones. Manzano, por su parte, sostiene no estar amedrentado y lo toma casi como una consecuencia normal de topar fuertes intereses. Y por si no bastara todo el enredo legal, la Fiscal Diana Salazar sumó un hilo más, al abrir en agosto pasado una indagación previa por el supuesto delito de tráfico de influencias.

La familia Jorgge, por su lado, en su balance solo acumula pérdidas: «Con este cuento destruyeron 3500 hectáreas de bosque seco, guayacanes, algarrobos, cultivos, 200 hectáreas de maíz, 80 bovinos, 300 cabras, 10 hectáreas de papaya. Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge Álava.

«Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge.

¿Hasta cuándo?

Hay preguntas que no dejan de retumbar en la cabeza de una parte importante de los 18 millones de personas que vivimos en este país. ¿Hasta cuando, por omisión – y por más repleta de buenas intenciones que esté – continuaremos sin contar con capacidad de prevención frente a la penetración en el Estado, y sin capacidad de respuesta ante la operación de las estructuras de delincuencia organizada en los territorios?

¿Hasta cuándo ganará  el cálculo de la renta electoral en la respuesta que los líderes locales le otorgan y le deben otorgar a la lucha contra este tipo de delincuencia?  ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para  que alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados tomen el lugar real que les corresponde y ejecuten de una vez una efectiva política pública preventiva?

¿Cuáles son los  motivos detrás de la omisión del CIES en formar parte del gabinete Estratégico conformado por el Decreto 536 y, con esto dejar sin análisis prospectivos al Estado, al tomar decisiones de alta relevancia en materia de seguridad?

Sabemos ya que el Estado ecuatoriano por décadas construyó una serie de condiciones estructurales de desigualdad social, que privaron de su misma presencia real a territorios importantes del país; que ese mismo Estado ejerció y sigue ejerciendo violencia estructural contra los sectores más vulnerables de la población.

Conocemos que las estructuras de delincuencia organizada llenan el espacio dejado por el Estado, y al hacerlo ganan la fidelidad de la población, pues reclutan a personas vulnerables dentro de sus filas. El resultado de estos hechos se refleja en la ausencia del imperio de la Ley en barrios, sectores y ciudades completas.

Deja ver su lado humano en aquellas personas privadas de libertad por condenas, en su mayoría, de tráfico de drogas. Hablamos de mujeres y hombres que con suerte leen y escriben, que nacieron pobres, que no rompieron el círculo de pobreza que en este país pesa más que armadura de hierro y, que condena a generaciones completas.

Tenemos conciencia también de que bajo las condiciones actuales es alta la probabilidad de que «perdamos la batalla contra el narcotráfico»; utilizando la alegoría que se usa desde el mismo Gobierno.

No necesitamos ser expertos para intuir que: sin medidas estructurales de reforma en diferentes ámbitos, el país no experimentará mejoras en el panorama de seguridad. La violencia que sufrimos es multicausal; si la intención es solucionar la violencia de forma permanente el único camino es la prevención integral.

¿Cómo prevenir? Al mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país, que amplíe sus posibilidades de vivir y no sólo de sobrevivir. Privilegiando en política pública todo lo referente a esta población, más aún cuando se trata de adolescentes infractores.  La fidelidad a las pandillas, el consumo de drogas, y otras conductas de riesgo se aprenden a corta edad, y con el actual sistema sólo se consolidan. Para cumplir el objetivo requerimos que todos los sectores: Estado central, GADs, sector productivo, academia, gremios, entre otros se involucren de forma directa.

Mientras se actúa en este sentido también es urgente consolidar el proceso de depuración iniciado en Policía Nacional y Fuerzas Armadas; reformar los reglamentos disciplinarios y ejecutar una reforma importante en los procesos de formación de sus miembros, que les permita tener éxito al proporcionar seguridad.

En el mediano y en largo plazo centrarse en formar el tipo de profesional necesario para el contexto de hoy. Dejar de lado los ahorros que nos generan desventajas comparativas frente a otros cuerpos de seguridad de la región, y todavía más frente a estructuras de delincuencia organizada.

Sin generar capacidad de anticipación desde el Estado, gastaremos recursos sin solucionar el problema de fondo. Necesitamos reforzar un sistema de inteligencia profesionalizado.

Requerimos analistas civiles con nombramiento, que puedan dedicar su carrera profesional a descifrar este problema y salvar vidas, con capacidad real de generar prospectiva de forma constante. Requerimos también que los tomadores de decisiones tomen en cuenta estos criterios al diseñar políticas públicas.

No podremos solventar el problema de seguridad sin antes consolidar la institucionalidad del CIES  y blindar el SNAI. Es urgente consolidar exitosamente el proceso de reordenamiento y depuración que construirá paz dentro de los centros de privación de libertad. Cada acción implementada para solucionar el problema tiene también un efecto colateral, la tendencia de subir el nivel del discurso ya nos está provocando consecuencias. No podemos esperar a llenarnos de niños y niñas muertos para empezar a tomar el problema en serio.

El Presidente Lasso tiene la oportunidad de pasar a la historia como el responsable de sentar las bases estructurales para que no sea la lógica de la delincuencia organizada la que prime en desmedro de la sociedad. Ecuador debe ser un territorio donde la vida pueda reproducirse, donde la vida se desarrolle libremente, y no esté a merced de las decisiones de los violentos.

Hunting and extinction of Isabela’s giant tortoises

According to Danny Rueda Córdova, Director of the Galapagos National Park, and to information from the Santa Cruz Prosecutor’s Office, on Friday, September 24, 2021, during a routine patrol at 8am, rangers from the Isabela Technical Unit (UTI, in Spanish) of the Galapagos National Park Directorate (GNPD) found the remains of 15 giant tortoises killed and slaughtered in the La Gorra sector, a rural area east of the Sierra Negra volcano, 16 kilometers from Puerto Villamil. Two of the tortoises had recently been murdered. They had been butchered. Of both, only the back (dorsal part of the shell) with the large intestine attached and the separated plastrons (ventral part of the shell) remained.

In the event report presented by the GNPD, through the UTI, to the Judicial Police, the names of Klever Enrique Gil Jaramillo and Jacinto Ramón Pinargote Pomboza appear as the rangers who found that “slaughtering center”.

They were probably the ones who took the photographs of the slaughter, which went viral and reached the authorities of the National Assembly and the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition (MAATE, in Spanish). But for unknown reasons, in that news report there was no mention of another park ranger who, according to UTI staff, would also have been there at the time of the finding, Máximo Mendoza Yépez.

A police officer and a park ranger at the giant tortoise slaughter center in La Gorra, in September 2021.

The 15 Galapagos tortoises killed were Chelonoidis guntheri, a species listed as critically endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In chapter 20 of the book Galapagos Giant Tortoises, by James Gibbs et. al., published in 2020, it is estimated that the population density of giant tortoises should normally be 2.5 adult giant tortoises per habitat hectare.

Images of the discovery of the giant tortoise slaughter center in the La Gorra sector in September 2021.

The habitat area calculated for Chelonoidis guntheri is large, 170 km2 which comprise high and low areas around the Sierra Negra volcano and where, based on the calculation, there should be 42 500 tortoises. But, as mentioned in this chapter of this book, in the last population census of this species, carried out in 2006, only 286 individuals were found in the field and an approximate 572 tortoises was estimated throughout their habitat. After that census, done 16 years ago, currently the population size of the species is unknown.

However, as detailed in chapters 19 and 20 of Galapagos Giant Tortoises, due to the invasive species that currently prey on Isabela’s giant tortoises and their eggs, such as fire ants, rats, pigs and dogs, to those that compete for food with giant tortoises such as feral cows, and mainly due to poaching, the number of surviving Chelonoidis guntheri individuals could be very small.

It is also worth mentioning that in recent years, the theft of juvenile Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina tortoises (giant tortoises of the Cerro Azul volcano catalogued as endangered by the IUCN) from the Arnaldo Tupiza Chamaidán Breeding Center in Isabela for international species trafficking entails serious problems for conservation. These two species, emblems of Isabela and Ecuador, are a few steps away from disappearing forever and the causes are well known by scientists and also by GNPD and MAATE officials.

The authorities of these institutions know that the giant tortoises of the south of Isabela, Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina, are becoming extinct mainly because of the clandestine consumption of giant tortoise meat by a minority of the Isabela Island population.

In Galapagos, the slaughter of giant tortoises has been prohibited since 1933. Currently, killing an animal of an endangered species is a crime typified in article 247 of the Integral Criminal Organic Code of Ecuador (COIP, in Spanish) as a crime against the country’s flora and fauna. However, in Isabela, unlike the rest of the Galapagos province, the slaughter of giant tortoises continues taking place in the sight of the competent public agencies.

According to the information obtained in this journalistic research, one of the possible reasons for the lack of action on behalf of the agencies may be related to the fact that there would allegedly be employees of the Isabela Municipal GAD (Decentralized Autonomous Government), the Galapagos Governing Council, the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG, in Spanish) and the Galapagos National Park Directorate (UTI-GNPD) involved in these crimes against the country’s most emblematic wildlife.

At the beginning of 2022, during a visit to the Arnaldo Tupiza Chamaidán Giant Tortoise Breeding Center in Puerto Villamil in Isabela, when asking the site guide about the consumption of Galapagos tortoise meat, he explained that in the past settlers slaughtered giant tortoises to survive on the island but that no one does it anymore due to the crime it represents and the current availability of varied foods in Isabela and throughout the Galapagos.

Then the guide spoke about a program where Isabela´s children feed and take care of Galapagos tortoises to raise their awareness and prevent them from killing giant tortoises in the future.

Going back to the subject again, the guide admitted that there are “fishermen” who, knowing that it is a crime, still capture Galapagos tortoises, even in the north of the island, for meat consumption. However, he said it was a delicate matter and stated that if you are a snitch (and turn them in) they can even kill you… for being a good citizen and denouncing them.

Last May, in a conversation between this media outlet and Att. Christian Fárez, the first prosecutor who investigated the case of the 15 Galapagos tortoises killed and slaughtered in Isabela, Fárez revealed a significant fact: the slaughtering of giant tortoises is carried out for consumption and also for illegal meat trade among a certain group of islanders.

In conversations with residents of Isabela, who for safety reasons asked Periodismo de Investigación to protect their anonymity, we found out that 10 or 12 years ago most Isabeleños, who are now tour operators, were fishers, and that several of them used to kill Galapagos tortoises, even more than 40 Galapagos tortoises a month.

Residents say that among the people currently working in showing the value of Isabela’s natural heritage to tourists are, ironically, some of the endangered giant tortoise meat eaters.

But then, who are those who make wildlife crime a way to make money?

Isabela’s residents explained that before answering that question, legalized hunting must be understood as a transcendental issue of the problem. Surprisingly, by filling in an application at the GNPD technical units and paying USD 2.00, residents of San Cristóbal, Santa Cruz and Isabela islands can get a permit that allows them to hunt introduced species of social interest such as pigs, cows and goats on their islands, for three days, within the Galapagos National Park, as a means of controlling their populations.

But, according to Isabela’s park rangers and residents, those who hunt usually enter the protected areas with or without such permit. Now, in what way is the hunting of introduced animals performed? The use of firearms is prohibited within the National Park, but to our bigger surprise this activity is carried out with packs of hunting dogs. According to UTI officials, information from the Galapagos Giant Tortoises book, and to residents of the island, these are poorly cared for and unsterilized dogs that usually run away in the countryside and are currently invading the island’s ecosystems and further affecting Isabela’s native fauna. In fact, in the 2021 and 2022 entry control sheets to Isabela’s protected areas, the number of dogs have been recorded at the hunters’ entry, but not at their exit.

After reviewing the ecological problem posed by these hunting methods to target introduced animals, we move on to the biggest problem which, according to anonymous GNPD and resident sources and based on a 2013 GNPD internal control document, many of those hunting the pigs and feral cows of Isabela are also those who are slaughtering the Galapagos tortoises of the island and those trafficking their meat.

In Chapter 20 of Galapagos Giant Tortoises, poaching is pointed out as the main cause of the current extinction process of Chelonoidis guntheri and according to the information collected for this report, the poaching of this species is closely related to the hunting of invasive species: pigs and cows. A GNPD report on poaching on the island verbatim states that: “to avoid suspicion, hunters mix tortoise meat with beef and pork, which are also hunted in the same places where these reptiles are found”. 

That is how, even when the GNPD knows about the killing of tortoises and the introduction of dogs to the natural environments of Isabela, the hunting of pigs and feral cows remains conceptualized as an ecosystem restoration activity, according to the 2005 Management Plan of the Galapagos National Park, as it is considered as the extraction of invasive fauna.

Fabricio Morocho Segura pointed out by resident sources and DPNG sources as giant tortoise meat trafficker in Puerto Villamil.

Several residents of Isabela, who are not related to each other, stated that a man named Fabricio Morocho Segura goes from house to house, offering giant tortoise meat, in Puerto Villamil. This man works as a captain of tourist boats and is the brother of Víctor Ramiro Morocho Segura.

Ramiro is a member of the Isabeleños ASSOCIATION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF INTRODUCED SPECIES, which is an unincorporated association formed by the island’s hunters. However, when Periodismo de Investigación requested information from this organization, in the response letter to the questions asked, it was explained that neither the MAATE nor the GNPD have provided the hunters with any training on the “control and management of introduced species.”

According to an anonymous GNPD source, many years ago, in the early 2000s, the institution carried out two invasive species control projects in Isabela in collaboration with invasive species hunters. At that time, some of those hunters were already known as giant tortoise killers.

Among the names that anonymous GNPD and resident sources stated most frequently as giant tortoise hunters and Galapagos tortoise meat traffickers in Isabela are those of the people who run the hunting association, Adolfo Flor Moya and Julio Tiler Flor Yepez, nephews of the former assemblywoman for the province of Galapagos and wife of the former mayor of Santa Cruz, Brenda Flor Gil.

Julio Tiler Flor Yépez a hunter pointed out by several sources and singled out in the DPNG report, as a trafficker of giant tortoise meat.

On October 6, 2021, at the 32nd Session of the Biodiversity and Natural Resources Commission of the National Assembly, after learning about the case of the 15 tortoises killed in Isabela, Galapagos assemblyman Pedro Zapata asked Environment Minister Gustavo Manrique about the actions his state portfolio would take in this regard. The Minister first replied that he “wanted” to see this matter as an issue of tortoise meat “ancestral consumption”, trying to disguise this crime as a cultural manifestation.

Then the Minister gave the floor to Danny Rueda, the Director of the National Park, who gave details about the complaint made. Nevertheless, ancestry cannot be brought to the table since the first human settlements in Isabela were in 1897 and only 36 years later the killing of giant tortoises was banned. According to the Galapagos Giant Tortoises book, those who historically exploited the Galapagos tortoises between the 16th and 19th centuries were European pirates who stopped on the islands to capture them for food.

Efrén Pomboza Gil, UTI’s park ranger, signed, in the DPNG report, as giant tortoise meat consumer. Efrén is brother of Tony Pomboza Gil, who was signed, in the DPNG report, as a trafficker of giant tortoise meat trafficker

According to Jacinto Gordillo in his book Relatos de 44 años en Galápagos (Stories of 44 years in Galapagos,) criminal fugitives fleeing from the Colonia Penal (the Prison) that the state established in Isabela between 1946 and 1959 also consumed giant tortoise meat.

In general, the sources consulted for this report feel discomfort about what is happening with the Galapagos tortoises and agree that tortoise meat consumers are a minority among the 2 350 inhabitants of Isabela. Island sources agree that those are people who need to value the unique and wonderful nature they coexist in. Currently, the Galapagos province lives on its natural attractions. In fact, according to the Galapagos 2030 Plan of the Galapagos Governing Council, currently 51.4% of the economically active population work on tourism-related activities, which represent 64% of the provincial Gross Added Value (GAV), thanks to the archipelago’s natural wonders. And Galapagos wouldn’t be Galapagos without giant tortoises.

According to GNPD officials, who asked not to disclose their names, knowing all the hunters registered in the hunting permits and in the entry control sheets to the National Park, does not guarantee finding all those who kill Isabela’s giant tortoises there. Residents say that there are those who by land or sea enter the protected areas without permits, sometimes even from other islands, and also kill giant tortoises.

This problem is serious because those criminals are more difficult to identify and stop. According to anonymous GNDP sources, the place in Isabela where park rangers have reported most remains of giant tortoises slaughtered is the Caleta Iguana sector, habitat of Chelonoidis vicina, near the Cerro Azul volcano.  

To the poaching problem, the neglect of the island in terms of security is added. Isabela is the largest island in Ecuador with 4 588 km2 in area. In comparison, the province of Tungurahua measures 3 386 km2. In a meeting with Homero Bucheli Robalino, lieutenant colonel of the Ecuadorian Air Force, on security, he explained to Periodismo de Investigación that, due to the island’s size, at least drones with a 25-kilometer range, long autonomy, with 200x cameras, thermal imagers and advanced command and control centers linked to all the relevant authorities would be necessary for proper protected area surveillance, however this technology is not currently being used.

On the other hand, sources from GNDP’s Isabela Technical Unit (UTI) assure that, on the island, the Environmental Police mainly fulfills urban patrol roles within Puerto Villamil, due to lack of police personnel. Moreover, based on a 2013 GNPD internal control report Periodismo de Investigación had access to, Isabela’s park rangers, UTI officials, are involved in crimes against the flora and fauna of Ecuador.

According to this report, dated December 20, 2013, entitled «Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island», which was provided to our outlet by an anonymous GNPD official, 28 citizens including hunters, fishers, several municipal employees, an employee of the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG) and UTI officials would be consumers of giant tortoise meat. Nine of the 28 people in the report were also SINGLED OUT INDEPENDENTLY BY DIFFERENT SOURCES.

Table obtained from the Technical Report: Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island, December 20, 2013 (DPNG leaked document). This table of that internal report shows the names of 28 people allegedly involved in the slaughter of giant tortoises in danger of extinction in Isabela, also shows the work activity they carry out, indicates whether they are consumers or tortoise meat traffickers and in which places in the south of Isabela they carry out the massacres. Along with the table of the document, information about the hunting permits that each one has obtained between January 2021 and June 2022 is included. It is also indicated if each one listed in the document were also indicated by this media outlet sources and if these people belong or not to the Isabela hunting association.

The document also identifies the sectors where 24 of the suspects would slaughter the tortoises. In addition, 19 of the 28 suspects are also identified as alleged Galapagos tortoise meat traffickers. The 2013 report explains that the price for each whole dead tortoise ranged from US$ 60 to US$ 100, within Isabela. According to anonymous UTI sources and anonymous citizen sources, those trafficking Galapagos tortoise meat currently also sell, by underground ways, cooked meat at a price of US$10 per serving.

This internal investigation report would have been reportedly sent to Arturo Izurieta, Director of the Galapagos National Park at the time, and the document would have been handed over from the General Directorate to the Police. However, the complaint never reached the courts, and no action was taken from GNPD against the UTI employees.

The report states that, since 2000, UTI has been keeping records of giant tortoises found slaughtered by humans in the field. An anonymous GNPD source stated that currently the number of tortoises killed in Isabela amounts to 353, since the beginning of the registry, but the figure corresponds only to the remains discovered and reported by park rangers.

The report points to areas that can be accessed by sea and land such as Roca Unión and Cazuela, near Puerto Villamil, and Caleta Iguana, near Cerro Azul, as the sites where most slaughtered tortoises have been found. 

Map of southern Isabela

GNPD sources told Periodismo de Investigación that all those people in the report’s list to this day commit the same crimes, with the exception of Alfredo Gil Ochoa, who passed away. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, and Danilo Toro Ramírez are still employees of the Municipality of Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas and Fabián Jaramillo Pomboza, both identified as Galapagos meat traffickers, keep working, the first as an inspector for ABG and the second as an employee of the Galapagos Government Council in Isabela. 

Number of Galapagos tortoises killed by humans that have been found and reported by UTI park rangers by year and location. The age of the tortoises remains from the 1990s are estimates made in the year 2000 by UTI staff according to the state of the shells.

About the GNPD officials listed in the report, Efrén Pomboza Gil, an alleged consumer of Galapagos tortoise meat and who is brother of Tony Pomboza Gil, the alleged meat trafficker, currently works as the person in charge of UTI’s Ecosystem Process and is one of the officials who approve hunting permits in Isabela.

Máximo Mendoza Yépez, who, like his brother Braulio Mendoza Yépez, is listed in the document for killing giant tortoises in the Cazuela sector, continues to work as a UTI park ranger and is one of the officials who control and register the entry of hunters to protected areas in the Sierra Negra Volcano sector.

GNPD Facebook Post from July 5, 2021, in tribute to Máximo Mendoza for Galapagos Park Ranger´s Day. Máximo and his brother Braulio Mendoza are accused, in the 2013 GNPD leaked report, of killing giant tortoises in the Muro de las Lágrimas sector.

Vicente Pinargote Pomboza, a hunter accused of killing giant tortoises at El Solitario sector and of trafficking meat, is the brother of park ranger Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. On September 24, 2021, during the discovery of the “slaughter center” of the 15 tortoises, in the La Gorra sector, very close to Cazuela, Jacinto Ramón Pinargote Pomboza and Máximo Mendoza Yépez were at the place. Great ironies and great coincidences.

Before completing this journalistic investigation, Periodismo de Investigación conducted a telephone interview with Danny Rueda Córdova, the current general director of the Galapagos National Park. One of the questions was about the actions that the GNPD would take if an official of the institution was involved in the slaughter of giant tortoises. The director said that every person is presumed innocent until proven otherwise in trial. 

This story was produced with support from Internews’ Earth Journalism Network.