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Etiqueta: Rafael Correa

Arroz verde: la historia del sepulturero

Cuando el 3 de mayo de 2019 los portales La Fuente y Milhojas publicamos la investigación Arroz Verde 502, sorpresivamente el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, resultó ser el más indignado; arremetió entonces contra de los periodistas investigadores.

Pocos entendían por qué el Consejero despotricó con tanta vehemencia en contra de una investigación que aparentemente no afectaba al gobierno de Lenín Moreno, sino directamente al de Rafael Correa, su adversario reciente.

Pero, Cuesta sabía que los documentos de Arroz Verde pronto lo pondrían en escena junto a Pamela Martínez, Rafael Correa y Laura Terán. En esa entrega periodística exhibimos un mensaje de 16 de noviembre de 2012, enviado por Laura Terán Betancourt a Pamela Martínez Loaiza, en el que Terán le recuerda: “Estaría pendiente la cita con el señor Santiago Cuesta”.

El poderoso consejero de Lenín sabía que ese email abriría las puertas al infierno. Nuevas evidencias que forman parte del archivo de Terán Betancourt, aún no reveladas, ubican a Cuesta Caputi en la mesa de Arroz Verde y como parte de una trama de millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano.

“Querido Presidente. Nunca antes había recurrido a Usted, para solicitarle intervención alguna en ninguna materia, ahora recurro ante Usted, por en un litigio que mantengo con el Ex Gerente de Seguros Sucre, quien desde el 5 de Septiembre de del 2011, ilegalmente me quitó un contrato y no me canceló valores que mi empresa ya había sufragado (…) encarecidamente le solicito me dé una cita de manera urgente para que conozca de primera mano este problema, ya que cuenta con varios informes que demuestran mi honesto accionar y me ayude a que no se cometa una injusticia en mi contra”.

Con este nivel de cortesía y complacencia, Santiago Cuesta Caputi se dirigió al ex Presidente Rafael Correa Delgado el 15 de noviembre de 2012 y le solicitó que intervenga ante la justicia para que se archive la denuncia por peculado que presentó Maximiliano Donoso, Ex Gerente de Seguros Sucre en su contra.

Santiago Cuesta Caputi, desde que ostenta el cargo de Consejero pulverizó su memoria y no le ha faltado oportunidad para derrochar odio e insultos en contra del expresidente Correa, calificándolo como “el más corrupto de la historia”.

El actual Consejero Presidencial, desde inicios de esta década, acarrea un problema judicial del que no ha podido librarse. Una auditoría externa contratada por Seguros Sucre en 2011 y un informe de la Contraloría de enero de 2013, señalan a su empresa Seprofin como autora de sobre facturación y refacturación, en la prestación de servicios exequiales a ciudadanos beneficiarios del bono de desarrollo humano, lo que le valió una demanda de peculado por un perjuicio de $3 millones. Eran los tiempos en que para Santiago Cuesta, Correa no era “el más corrupto de la historia”.

Al finalizar 2012, asustado por las acciones judiciales en su contra, Santiago Cuesta imploró ayuda a su amiga Pamela Martínez, con ella intercambió correspondencia, se reunió al menos una vez, buscó la intervención de Correa y obtuvo un informe presidencial a su favor que le permitió en la Fiscalía, dirigida entonces por Galo Chiriboga, sepultar el caso Seprofin (El sobreprecio con los muertos).

El encuestador de Alianza Pais, en su carta a Rafael Correa, via correo electrónico, le informó que Pamela Martínez había emitido un informe a su favor: La Dra. Pamela Martínez, que trabaja en directa relación con usted, y tengo entendido que a petición suya también emitió un informe en donde determinó tampoco había cometido delito alguno”,(sic).

La buena relación entre Martínez y Cuesta quedó marcada en una serie de comunicaciones y en un encuentro donde no solo se desgustó yogurt con pan de yuca y café, sino que dejó en escena el manejo de dinero en efectivo, a esa fecha y en ese despacho presidencial, de una cifra cercana a 700 mil dólares, de los que, ese día, se entregó $200 mil con un recibo de 400 mil dólares.
La correspondencia entre Pamela y Santiago

Con fecha 15 de noviembre de 2012, a las 17H48, Santiago Cuesta Caputi, desde la cuenta [email protected], dirigió un mensaje a la cuenta [email protected] de Pamela Martínez Loaiza, a esa fecha asistente de la Presidencia de la República, solicitando una cita con el entonces presidente Rafael Correa Delgado. En el mensaje Cuesta le cuenta a Martínez, que le ha escrito una carta al Presidente y remitido al email que Correa le había dado para que le envíe las encuestas de su empresa CMS. “Si Usted interceder o puede hacer algo por que me den la cita, le quedare eternamente agradecido” (Sic).

En efecto, al referido email se adjuntó una carta remitida minutos antes a la cuenta personal de Correa Delgado [email protected], misiva en la que Cuesta implora “desesperadamente” ayuda presidencial frente a la investigación que realizaba a esa fecha Seguros Sucre, la Contraloría General del Estado yla Fiscalía, por presuntos delitos de peculado y sobre facturación en los contratos que la empresa Seprofin, mantenía con la aseguradora estatal.

El mismo 15 de noviembre, seis minutos después, a las 17H54, Pamela Martínez, desde su BlackBerry respondió a Santiago Cuesta: “Me parece muy acertado el texto”. A las 22H50 del mismo día, hay otra comunicación entre Cuesta y Martínez, con el asunto: “Carta solicitu de cita al Presidente Correa” (sic).
A día seguido, viernes 16 de noviembre de 2012, a las 13H03, se registra otro mensaje de Pamela Martínez a Santiago Cuesta, en el que responde: “Claro con gusto”.

En horas de la tarde del mismo 16 de noviembre, a las 18H00, Santiago Cuesta y Pamela Martínez volvieron a comunicarse a través de las mismas cuentas de email y esta vez se incluyó una copia a Laura Terán Betancourt, asistente de Martínez Loaiza. En esta ocasión Cuesta le informa a Martínez: Pamela se canceló el programa de TV, estoy viajando ahora hacia Guayaquil, cree Usted que me pueda recibir a las 4pm” (sic).

Seis meses después, en mayo y junio de 2013, se retoman las comunicaciones entre Santiago Cuesta, Pamela Martínez y Laura Terán. El 28 de mayo, a las 22H26, Cuesta envía un mensaje a Martínez, con el asunto: Carta, en la que dice: “Estimada Pamela nuevamente recurro a Usted, como tabla de salvación para que me ayude en el mismo problema…”.(sic) Cuesta se refiere a los mismos litigios judiciales entre Seprofin y Seguros Sucre, hasta esa fecha no resueltos.

Dos minutos después, a las 22H28, Pamela Martínez, respondió el mensaje de Cuesta, con copia a la cuenta [email protected], de Laura Terán Betancourt, en el que dice “Voy a incluirlo en los temas de despacho de SP (Señor Presidente), el código utilizado en la trama de corrupción Arroz Verde.
El viernes 7 de junio de 2013, a las 17H46, Laura Terán Betancourt, desde su cuenta personal [email protected] dirigió un mensaje a la cuenta [email protected], de su jefa Pamela Martínez Loaiza: “Estimada Doctora acompaño registro despacho para su revisión” (sic). Uno de los tres adjuntos era un registro completo de los chats entre Laura Terán y Pamela Martínez del día 17 de enero de 2013. El intercambio de mensajes entre Terán (Laury) y Martínez (PAM/Jesús yo confío en ti) incluyen disposiciones sobre una reunión con Santiago Cuesta Caputi.

Según la correspondencia revisada, Santiago Cuesta tenía un encuentro pactado con Pamela Martínez en el Club La Unión el 17 de enero del 2013. Ella pidió a Laura Terán retrasar 30 minutos la cita, pero, en el mismo chat se advierte que Cuesta acudió a la oficina de Pamela Martínez en el edificio Concorde en Quito, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Salazar (a una cuadra de La Unión). En el chat archivado por Laura Terán el mismo día de la reunión (17 de enero de 2013) consta un diálogo entre Martínez y Terán, en el que Pamela ordena “sáqueme doscientos mil líquido” de la caja con “clave del closet 041968”, ademas dispone que el recibo sea por $400 mil y el código “395”.


La metida de mano que benefició a Cuesta

El 24 de abril de 2014 se dictó auto de sobreseimiento en favor de Santiago Cuesta por el caso Seprofin. El fiscal Byron Granda, en acuerdo con Galo Chiriboga, se abstuvo de acusar a Cuesta, dejando de lado el contundente informe de Contraloría de enero del 2013 y los resultados de la auditoria externa realizada por Seguros Sucre, que determinaron que la empresa de Cuesta perjudicó al Estado en más de 3 millones de dólares.

En un evidente tráfico de influencias, Santiago Cuesta solicitó la intervención de Correa para salvarle de un juicio por peculado, doble facturación y falsificación de documentos. Correa medió y el caso Seprofin quedó empolvado en la Fiscalía.

La caja del muerto SÍ tiene bolsillo

Seprofin es la empresa de Santiago Cuesta que en 2011 protagonizó un escándalo de sobrefacturación y refacturación de servicios exequiales, utilizando los servicios funerarios a través de cuatro coordinadoras funerarias, la mayoría piratas.

Cuando moría un beneficiario del bono de desarrollo humano, sus familiares gestionaban los beneficios para entierro, traslado y seguro de vida del fallecido. A ellos, siempre llegaba una de  las coordinadoras para atender los servicios funerarios con el objetivo central de ser intermediarias y pasar la factura a Seprofin que al final, era la empresa que cobraba a Seguros Sucre.

Las coordinadoras se valían de los servicios que legalmente prestaban las funerarias en cualquier lugar del país, a ellas comprometían el pago, a precio de mercado, recibían la factura, copiaban los datos del muerto y le “ponían bolsillo”. Estas coordinadoras se guardaban las facturas del proveedor local (real) y enviaban otra a Seprofin, con sobreprecios desmesurados; Seprofin a su vez, utilizaba las facturas de las “coordinadoras” para cobrar a Seguros Sucre.

El proceso precontractual y contractual entre Seguros Sucre y Seprofin está plagado de irregularidades. La sobrefacturación que la empresa de Cuesta presentó a Sucre, más de 3 millones de dólares que debieron destinarse para atender a los beneficiarios fallecidos del Bono de Desarrollo Humano, terminaron en los bolsillos de Seprofin, como establecen los informes de Contraloría y MC.

Santiago Cuesta hizo negocio con la gente que moría: se aprovechó del ínfimo subsidio que el Estado entrega a las familias del Bono de Desarrollo Humano. Como representante legal de Seprofin, usó a esta empresa para lograr un contrato “a dedo” para “brindar servicios de exequias”, cuando Seprofin desde su constitución en 1999, era proveedora de Servicios de Procesamiento Contable y Asesoría en Finanzas Internacionales, de ahí sus siglas. Santiago Cuesta cambió el objeto social de la empresa a “Prestadora de Servicios de Exequias” para poder “legalizar” el contrato con Seguros Sucre. Acto seguido, creó una red fantasma con 4 coordinadoras que intermediaban con las funerarias locales, cuando un beneficiario del bono fallecía.

La Contraloría General del Estado el 13 de enero de 2013 aprueba un informe de examen especial a Seprofin, (entre agosto de 2009 y septiembre de 2011) en el que se incluye el perjuicio de Seprofin a Seguros Sucre por más de 3 millones de dólares. Esta cifra de pérdidas coincide con los resultados de una auditoria externa que Seguro Sucre contrató con la empresa Management Consultants para revisar los fraudes cometidos en el contrato a inicio de 2011.

Seprofin: de asesora contable a funeraria

Los beneficiarios del Bono de Desarrollo, junto a los $50 que reciben como subsidio del Estado desde 1998, tienen derecho a diversos beneficios, entre ellos la asistencia en caso de fallecimiento. En el marco de la atención a las familias vulnerables en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), el 5 de octubre de 2009, contrata con Seguros Sucre una póliza de vida y servicios de exequias a favor de las personas habilitadas en el Bono de Desarrollo Humano, Pensión por Adulto Mayor y Pensión para Personas con Discapacidad, llamada “Póliza de Seguro colectivo de Vida 000491”.

El 1 de octubre de 2009, Oscar Herrera, gerente de Seguro Sucre, firma un contrato de prestación de servicios con Seprofin, con vigencia al 31 de diciembre del mismo año. Seprofin firma el contrato pese a no haber ofertado; ofertó si, Fidelity Assistance en alianza con Seguros Porvenir. Pero, ¿cómo es que firma el contrato sin haber ofertado? ¿Cómo es que firma el contrato si su razón social lo impedía? Pues fácil para Santiago Cuesta.

Según el informe de Contraloría referido, Él dijo que su empresa no podía aumentar el capital de Fidelity porque el trámite llevaba entre 60 y 90 días y era Seprofin una empresa que tenía un patrimonio más cercano para lograr la contratación. Lo mismo sucedió con el otro tema, si no estaba calificada para dar servicios funerarios, cambió su objeto y razón social; ahora Seprofin era “Servicios Exequiales Previsivos Integrados, Seprofin”, y listo, Santiago tenía vía libre para su negocio.

Seprofín S.A. realizó el cambio de razón social en la Notaría 17 del doctor Remigio Poveda Vargas el 15 de septiembre de 2009. Seprofin reformó sus estatutos y agregó a su objeto social: “La prestación en forma directa o indirecta de servicios exequiales, funerarios, de sepultamiento, de cremación, velación, traslado de restos mortales, arrendamiento de sala de velaciones, y más actividades relacionadas”

Contraloría observó que Seprofin al momento de la firma del contrato tenía como objeto social una actividad económica diferente a la que consta en el contrato. Para el 1 de octubre de 2009, fecha de la firma del contrato, Seprofin no contaba con la razón social de prestación de servicios exequiales. El gerente de Seprofin, Santiago Cuesta, no informó que su razón social eran servicios contables, ni que se realizó el cambio de la razón social de la empresa. El cambio del objeto social solo se legalizó el 9 de noviembre del 2009.

No solo que Seprofin ofreció servicios que no constaban en su razón social, sino que la contrataron bajo Régimen Especial o a dedo, como era el estilo del correísmo. Seguros Sucre omitió realizar un concurso de ofertas para la previsión de los servicios de exequias, una negociación directa que no garantizó la idoneidad y capacidad de la empresa para ofrecer los servicios de manera transparente. Se terminó adjudicando un contrato millonario a una empresa de contabilidad, que a último momento se transformó en empresa funeraria.

Seprofin aumenta sus ganancias

La primera oferta de Seprofin fue un plan de seguro de vida por $1000, por el servicio de previsión de exequias de hasta $1500 y un costo de $1 mensual por afiliado. Luego de negociaciones con el MIES y los ejecutivos de Seguros Sucre, se acuerda que el valor de aporte por afiliado sea de $0,50, que se reparte así: $0,13 para Seguros Sucre y 0,37 para Seprofin por los servicios exequiales.  En el primer período, entre el 1 de octubre y 31 de diciembre Seguros Sucre entrega a Seprofin $1.842.134,18 por la atención de 1469 casos de exequias. Después, 1 de enero del 2010 el contrato con Seprofin fue inmediatamente renovado. Durante ese período Seguros Sucre pagó $8.936.144,91 por la atención de 13323 casos.
Seprofin, durante su segunda contratación, aumentó sus ingresos porque el 3 de mayo del 2010 junto con el gerente de Seguros Sucre modificaron una cláusula en la que ahora la aseguradora reconoce pagar $0,42 en vez de los $0,37 anteriores, lo que significó un aumento del 14% del contrato. Además, si comparamos el contrato de 2010, con el de 2009, en el de 2010, Seguros Sucre se compromete a pagar el 2% de comisión por la administración del servicio exequial, sobre el total del valor facturado por Seprofin.

La red de funerarias: una pantalla de intermediación

Seprofin logra una segunda renovación de la póliza y vuelve a firmar el contrato con Seguros Sucre el 28 de diciembre del 2010, con vigencia de un año. A partir del 1 de enero de 2011 Seprofin cambia su modalidad de operación. Durante esta etapa, entre enero y julio de 2011, se atendieron 10042 casos y Sucre pagó a Seprofin $6.532.177,43.

Seprofin, sin ser una empresa que brinda servicios exequiales, tenía un contrato millonario que solventar. Tal avalancha de servicios exequiales, requirieron la creación de una red de cuatro coordinadoras subcontratadas por Seprofin para que brinden dichos servicios en todo el territorio nacional.

Servicios Exequiales San Daniel, Funerarias Gonzalo Mendoza, Funeraria Terán Jiménez y Taller Funeraria Valdéz son las funerarias contratadas. Esta coordinadora intermediaba entre los servicios prestados por funerarias locales y Seprofin. La coordinadora emitía facturas a Seprofin, con sobreprecio que en algunos casos llegaba al triple de los costos reales. Ninguna de las 4 coordinadoras ofreció servicios realmente, estableció Contraloría.

El informe presentado por la auditoría de Management Consultants apunta que Funerales Gonzalo Mendoza fue la única empresa de la coordinadora que disponía de los medios e instalaciones adecuadas para brindar el servicio a Seprofin. Las otras tres funerarias constan en el SRI como personas naturales que carecían de los medios suficientes para prestar estos servicios. Esta fue la razón por la que acudieron a solicitar servicios en funerarias locales.

El bolsillo del muerto se explica de la siguiente manera: Una funeraria local, en cualquier parte del país, presta sus servicios y factura a una de las 4 empresas “coordinadoras”, creadas por Santiago Cuesta y estas, a su vez, sobrefacturan a Seprofin, empresa que nunca estuvo apta para este trabajo, pero que refacturaba a Seguros Sucre para cobrar los sobreprecios.

Santiago Cuesta, como representante de Seprofin, nunca comunicó de manera escrita a Seguros Sucre de la contratación de las 4 coordinadoras funerarias a nivel nacional, pese a que el contrato lo permitía. Pero en una comunicación del 9 de diciembre del 2011 a Seguros Sucre, Cuesta asegura que sí lo hizo vía correo electrónico. El 16 de mayo del 2012, la Directora de Operaciones Técnicas del Programa de Protección Social emite un informe técnico donde certifica que no existe la recepción del mail que el gerente de Seprofin aseguró haber enviado. Santiago Cuesta mintió a la aseguradora para sostener su negocio. Si revelaba la contratación de las funerarias coordinadoras, Sucre se hubiera enterado que no todas eran empresas, sino personas naturales. Además, dejaría al descubierto que esas 4 coordinadoras estuvieron obligadas a subcontratar con funerarias reales que sí brindaron sus servicios y pondría en evidencia la refacturación y sobrefacturación de la que se benefició Seprofin.

Seprofin y el negocio con la muerte de los pobres

¿Pero cómo funcionó le mecanismo de refacturación y sobrefacturación que realizó Seprofin según el informe de Contraloría?

Contraloría en su examen especial analizó 37 facturas de las funerarias que prestaron los servicios excequiales en diferentes provincias del país. Estas funerarias locales emitían facturas a nombre de la Coordinadora de Servicios Excequiales (intermediarias) por cada caso atendido. A su vez, la Coordinadora (intermediaria) emitía una segunda factura, ésta ya con sobreprecio, a su nombre, con Seprofin como destinatario, donde hacía constar de forma íntegra la información de los fallecidos: número de caso, nombres y apellidos, lugar, etcétera. Es decir, Seprofin tomaba la factura de su intermediaria la ponía a su nombre y presentaba a Seguros Sucre. Aquí, un claro ejemplo, el caso 23080 que tiene un 113% de sobreprecio.

Seprofin recibe las facturas de las cuatro coordinadoras y refactura cada caso con sobreprecio a Seguro Sucre para que la aseguradora pague por los servicios, en donde además incluía el 2% de comisión. Las facturas emitidas por Seprofin a Sucre nunca reflejaron costos reales de los servicios de exequias en territorio. Deliberadamente, Seprofin remitía solo las facturas provenientes de sus cuatro coordinadoras, pero ocultó las facturas de funerarias que ofrecieron los servicios reales. Seprofin en las facturas afirma que los prestadores de servicios fueron sus coordinadoras (intermediarias), lo cual es falso.

Las coordinadoras a nombre de Seprofin sí pagaron a los proveedores los costos reales (como destaca el cuadro) que no se reflejaron en las facturas que ellas entregaron a Seprofin, lo cual, según la Contraloría, constituyó un perjuicio total para Seguros Sucre de $3.074.549, 78 (Tres millones setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve dólares con setenta y ocho centavos).

Este incremento de precios fue injustificado; Seprofin generó información falsa y especulación que configura el delito de peculado. Santiago Cuesta vio una posibilidad millonaria de negocio en la sepultura y velación de los más pobres de este país de 2009 a 2011, usó a su empresa de contabilidad (Seprofin) y armó una red fantasma de funerarias para engordar sus bolsillos a costa de los recursos de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.

Funcionarios de Seguro Sucre sospecharon del fraude que realizaba Cuesta con Seprofin, así que dispuso una investigación sobre los costos por servicios de exequias en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, con una auditoria externa realizada por Management Consultants. Los resultados de la auditoria coinciden con el informe de Contraloría. El Servicio de Rentas Internas, en silencio.

Dadas estas irregularidades, Seguros Sucre suspende el contrato con Seprofin de forma anticipada el 5 de septiembre de 2011. El 8 de septiembre del mismo año, Maximiliano Donoso coloca una denuncia en Fiscalía en contra de Santiago Cuesta Caputti por el delito de peculado, 2,3 millones de dólares es el monto real que costaron los servicios exequiales a los beneficiarios del Bono de enero a junio de 2011, pero Seguro Sucre terminó pagando a Seprofin 5,3 millones de dólares. El perjuicio es de más 3 millones.

La sepultura de Seprofin

Seprofin, como empresa de asesoría contable, no había recibido contratos significativos hasta que se ganó la lotería con el contrato de Seguros Sucre cuando debió disfrazarse de funeraria. En los años 2005, 2006, 2007, 2008 Seporfin registra un pago $0,00 de impuesto a la renta, incluso aludía presentar pérdidas. Solo en 2009 cuando se firma el contrato con Sucre pagó más de 60 mil dólares de impuesto a la renta; $244.488,90 en 2010; y, $44.990,82 en 2011. Una vez suspendido el contrato con Seguros Sucre, Seprofin vuelve a declarar $0,00 de impuesto a la renta hasta la actualidad. Es decir, el único contrato de la empresa de Santiago Cuesta, fue el de los pobres muertos.

Seprofin muere después de haber hecho negocio con el dinero de los beneficiarios del Bono de Desarrollo. Es una empresa inactiva, declarada como tal en abril del 2014 por la Superintendencia de Compañías, y finalmente disuelta por la autoridad el mismo año, por inactividad.

El negocio con el dinero de los fallecidos más pobres del país engordaron los bolsillos de Santiago Cuesta, a través de Seprofin. Cuesta es públicamente conocido como encuestador, dirige la empresa encuestadora Credit Management Solutions (CMS), sin embargo, esta empresa registra $0,00 pago de impuesto a la renta de 2010 a 2014.

Una justicia cuesta arriba: La impunidad de Seprofin

Son ya ocho años que los familiares de los fallecidos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano ni siquiera han reparado que Seprofin hizo negocio con sus muertos. La complicidad no se represa en el SRI, la Fiscalía jugó un papel preponderante para sepultar en el olvido la corrupción de la empresa de Santiago Cuesta. El 24 de abril de 2014, el fiscal de Pichincha de la Unidad Especializada de Soluciones Rápidas, Byron Granda presentó un dictamen abstentivo a favor de Santiago Cuesta, frente a la denuncia hecha por Donoso desde Seguros Sucre.

La intervención de Correa y Pamela Martínez en la justicia son la explicación de la decisión del fiscal, que además sobreseyó a Cuesta, cuando había de por medio un informe de Contraloría que dejó en evidencia el millonario perjuicio que causó Seprofin a Seguros Sucre.  El fiscal Granda desconoció este informe, y no tomó en cuenta la facturación a precio de mercado de las proveedoras privadas, sino solo las emitidas por las coordinadoras, que son las que Seprofin y Santiago Cuesta forjaron para beneficiarse de este negocio.

Santiago Cuesta nunca apuesta limpio, ayer le dio lo mismo llamar a Rafael Correa “Querido Presidente” que ahora tildarlo del mayor de los corruptos. Después de haber enterrado tantos muertos con sobreprecio, recordamos al poeta español León Felipe: “No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera… menos un sepulturero”.

Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador

El informe y sus anexos, al que este portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa -Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013.

En 2017 se conoció un audio en el cual José Santos de Odebrecht le decía al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo, que Jorge Glas, le había solicitado dinero para la campaña del movimiento Alianza PAIS. Hasta ahora no se había revelado evidencia de lo expuesto por el ejecutivo de la constructora brasileña.

Arroz verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado, tal como Lava Jato, pero con particularidades a la ecuatoriana.

De la misma forma que el caso Lava Jato, con la receta Arroz verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción, por ejemplo: (Líder 1 Jorge Glas JG) (Líder 2 María de los Ángeles Duarte MD) (Líder 3 Walter Solís WS). Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán.

Walter Solís – fotografía tomada del catálogo de fotografías que Odebrecht publicó para proporcionar sus obras.

Quienes se encargaron de negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes «voluntarios» al movimiento Alianza PAIS, fueron Jorge Glas Espinel, vicepresidente (L1 JG); Walter Solís Valarezo(L3 WS), Secretario Nacional del Agua y María de los Ángeles Duarte (L2 MD). Con ellos participaronMaría Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael Correa), María Augusta Enríquez Argudo(mano derecha de Roldán Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade.


Se trata de un caso sin parangón en la región porque las coimas, bajo el esquema de donaciones, llegan a 11,6 millones de dólares, que en nada se compadece con los casos de Lula da Silva en Brasil, sentenciado porque se probó que era el beneficiario de un apartamento de $189.000, pagado por Odebrecht, o los $3 millones de dólares que llevó a la cárcel a Ollanta Humala en Perú.

Las empresas que entregaron los aportes voluntarios, usando el sistema de códigos son: Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9). Además, se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca y Sanrib Corporation (V10), esta última propiedad de Bolívar Sánchez Ribadeneira, uno de los mayores lobistas hasta ahora oculto, vinculado al capital chino.


El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez Loayza, con ayuda de Laura Terán Betancourt. El sistema reporta dos mecanismos de aportes: en efectivo $4,6 millones y a través del modelo de  cruce de facturas una cifra de $7 millones, donde las empresas multinacionales cancelaban los comprobantes de los proveedores de la campaña de Alianza PAIS.

Los principales líderes de Alianza PAIS contaron con el apoyo de varios coordinadores: C1-OM, que aún no ha sido identificado, C2-ME que se refiere a María Augusta Enríquez Argudo y C3-PM, que es Pamela Martínez, ambas asesoras de la Presidencia de la República.

Martínez Loayza habría sido quien distribuía el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Jorge Glas-L1 y María Duarte-L2.

Valores en efectivo registrados en el informe Arroz verde como donaciones de grandes empresas a favor de Alianza PAIS.

Como hemos señalado, el informe Arroz verde establece un monto total levantado por 11’670.000 dólares de un total de 14.1 millones de dólares proyectados, dividido en $4’680.000 en efectivo, tal como detalla este cuadro y $7’010.000 a través del método de cruce de facturas.

Odebrecht, citada como V7, entregó 2.5 millones de dólares en efectivo, dinero gestionado por Jorge Glas (L1), esos recursos se desembolsaron en partes: el 9 de septiembre de 2013, $500.000; el 21 de octubre de 2013, $500.000; el 12 de noviembre de 2013, $150.000; el 21 de noviembre de 2013, $300.000 y el 2 de diciembre $100.000. Además, el 16 de diciembre de 2013 dio $939.900 y el 18 de diciembre de 2013 U$10.100, en total 2´500.000 dólares.

El contacto fue Geraldo Pereira de Souza, ejecutivo de la firma constructora. Geraldo de Souza fue investigado en la trama de corrupción que llevó a prisión a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, se lo acusó de recibir más de $9 millones en efecto, dinero transportado en camiones blindados, pero ninguna pista se encontró entonces respecto a la receta Arroz Verde 502.


El ex vicepresidente (L1), también pidió $1´500.000 a V8, SK Engineering & CO, por intermedio del CEO Mateo Choi, el empresario negoció su aporte mediante un cruce de facturas, quien además solicitó a Martínez enviar a la compañía surcoreana cuatro facturas semanalmente, incluyendo la de los servicios legales de los diferentes proveedores de Alianza PAIS.

El CEO señaló que los detalles de las facturas deben ser distintos y estar acorde a la descripción que ellos extendieron con antelación. Al 3 de febrero de 2014 SK cumplió con su aporte, posterior a la entrega del anticipo de uno de los contratos firmados con el Estado (repotenciación de Refinería Esmeraldas), según detalle del 2 de enero de 2014.


La receta Arroz Verde, reporta también la relación de Jorge Glas-L1 con el ex embajador Cai Runguo, representante de Sinohydro CorporationCO-V14, que aportó el 14 de enero de 2014, la suma de  $500.000, de los cuales $400 mil fueron entregados en efectivo y $100 mil en la modalidad cruce de facturas. También se constata que Iván Wuyu y Hu Ning- Beatriz eran los nexos con esta constructora. Beatriz es la misma empleada de Sinohydro relacionada en el caso Ina Investment.
Con la receta ademas se cocinó la negociación de Jorge Glas Espinel con William Phillips Cooper “Bill Phillip”, esposo de la entonces asesora presidencial Mónica Hernández Vásconez y representante del GRUPO AZUL (V12). El informe señala que el 9 de diciembre de 2013, el grupo Azul entregó $20 mil en efectivo.

Arroz Verde incluye en su menú la relación entre Jorge Glas- L1 y Tomislav Topic Granados, gerente de TELCONET (V11), quien se comprometió a entregar el monto de $500 mil en efectivo, de los cuales, el 03 de enero de 2014 se concretó un pago de $100 mil, posteriormente, el 10 de enero $250 mil y el 15 de enero, $150 mil.

La estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), a través de su representante José Alvear Icaza, se comprometió con Jorge Glas-L1 a cancelar $1’000.000 como aporte al movimiento político. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013 Juan Carlos Wang, director de CWE y José Alvear, indicaron que aportarán cuando reciban la adjudicación del contrato ofrecido. En la base de datos de voluntarios se encontró la empresa Lagerfeld S.A, cuyo gerente general es el hijo de José Icaza, Ricardo José Alvear Zenck, y como nexo a la organización estaba Myrian Elizabeth Sáenz Capovilla.

La compañía china CWE en consorcio con la rusa Inter Rao,  fue contratista del proyecto Toachi Pilatón.


Según el informe, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, recibió $265.000 por concepto de “servicios jurídicos verdes”, repartidos en tres partes: el 23 de septiembre de 2013, $85.000; el 2 de diciembre de 2013, $80.000 y el 7 de enero de 2014, $100.000.

De acuerdo con el documento revisadoa Viviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, se le asignó $320.000 para apoyar de campaña de los comicios seccionales del 23 de febrero de 2014, de los cuales se entregó $100.000 a Gustavo Xavier Bucaram Loaiza, funcionario del ministerio de coordinación de la política y $220.000 dólares a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez, dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013 y $60.000 en dos ocasiones, el 21 y 25 de diciembre de 2013.
Consultamos al exasambleísta Viteri respecto a este informe y señaló que todos los gastos fueron justificados, aunque demostró extrañeza por los aportes en efectivo que realizó la dirección nacional de Alianza PAIS, incluso nos facilitó esos reportes depositados en una cuenta del banco de Fomento.

El 2 de diciembre de 2013, Diego Patricio Endara Erazo, asesor del gabinete de la alcaldía de Quito, por seguridad civil de ese mes, se le canceló $5.000.

Odebrecht también financió los viajes de placer


El informe Arroz verde no solo anexó los ingresos logrados por Jorge Glas con diversas empresas, además incluyó información de la relación personal que mantuvo Odebrecht con la asesora presidencial Pamela Martínez.

El 20 de febrero de 2013, tres días después del triunfo electoral de Rafael Correa en una sola vuelta, Martínez Loayza, recibió un correo electrónico del ejecutivo, Geraldo Luiz Pereira de Souza, apoderado especial de Odebrecht y además encargado de la administración y finanzas de la empresa en Ecuador.


El mensaje para la asesora de Correa dice: “Abajo algunas opciones de vuelos, para una primera evaluación suya, de acuerdo con eso vamos ver hoteles, etc.”.

Se trataba de un itinerario de viaje entre el 14 y 23 de junio de 2013 y no precisamente de trabajo. Pamela Martínez respondió diciendo que nueve días de viaje era mucho tiempo y que siete eran suficiente. La respuesta de Geraldo Luiz Pereira de Souza fue que debía considerar dos días de viaje.
Odebrecht tambien realizó transferencias a la empresa NexoGlobal, vinculada a la familia de Martínez Loayza, como se detalla en el siguente cuadro.


En medio de esa correspondencia se evidenciaron otros comunicados que dejaban en claro pagos de Odebrecht mediante contratos con terceras personas y siempre consultado a Pamela Martínez.
Es el caso del 21 de febrero de 2013, Laura Terán Betancourt, la asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República, envió un comunicado a Manuel Castilla Fassio que dice: “Por instrucción de la doctora Pamela Martínez, cumplo en enviarle la siguiente información…”

Eran los datos de la empresa Odebrecht con su dirección y teléfonos en Quito. El 5 de marzo de 2013 Manuel Castilla envió un mensaje a Geraldo Luiz Pereira de Souza con copia a Pamela Martínez que decía: “Estimado Geraldo: …hice las correcciones al borrador del contrato en lo referente a los servicios, pero no hice el cambio del representante legal ni del valor mensual, por lo que te pido que lo hagas. La próxima semana debo ir a Quito y podríamos aprovechar para firmarlo si estas de acuerdo, por favor confírmamelo…”


Ese mismo día Pereira de Souza le envío un mail con un “borrador de contrato sin pauta 2013”.


Llevaban las cuentas en matrices de Excel

El 28 de enero de 2013 una funcionaria del Ministerio de Justicia, ex asesora del ministerio del Justicia, indica a Pamela Martinez que le envía la matriz de los proveedores que conversaron “el día de hoy”, esta matriz la realizó con los valores máximos a facturar y que ya tiene las facturas en blanco, por lo que le solicita le indique cuándo le hace llegar. A esto, Martinez le indica que de proveedores directos “no tengo”, que ya le escribió a MAE (María Augusta Enriquez Argudo), asesora presidencial, para que les envíe.

En la matriz se detallan dos facturas, la una con Nº 824 y la otra s/n, perteneciente a Guido Germán Arcos Acosta. Los pagos se realizarán por consultorías legales, ambientales, administrativas, mercantiles y financieras por $78.400 cada una, ($156.800 en total). Existen otras facturas con números 1662-1663-1664-1665, para la empresa Indura Importadora Comercial Pérez por venta al por mayor en artículos de ferretería por un monto de $ 67.200 cada una,  por un total de USD 268.800.

Viviana Bonilla y FOPECA

Según el informe Arroz Verde, la empresa FOPECA pudo haber aportado $240.000, utilizando algunos códigos registrados al costado de los valores tales como MAE, VB y Corcho. Estos códigos posiblemente correspondían a María Augusta Enríquez (ex coordinadora presidencial en 2013), Viviana Patricia Bonilla Salcedo? y a Fernando Cordero Cueva, ?con el objeto de cubrir gastos relacionados al movimiento Alianza PAIS.

El 9 de diciembre de 2013 se entregó a Cristian Alejandro Orozco Taco $1.904 correspondiente al pago de la factura de No. 43 por concepto de servicios profesionales. El 7 de enero de 2014, se canceló 952 dólares por la factura No.45 (prestación de servicios alquiler de autos). La encargada era María Augusta Enríquez.

El 12 de diciembre de 2013, se entregó a José $4.054,40 por la factura No.1293 por publicidad. La encargada era Viviana Bonilla.

El 13 de diciembre de 2013, a la agencia de publicidad Creacional S.A. cuyo presidente y accionista es Roldan Vinicio Alvarado Espinel, se facturó $60.480 por honorarios profesionales, marketing publicitario, con la factura No. 41513. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013 posiblemente se canceló $18.816 por la factura No. 1013 de Presentaciones Tafur por servicio de estampado de uniforme. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013, por pistas publicitarias se canceló a Wendy Vanessa Vera Flores la cantidad de $6.720 con la factura No. 272. Encargada, Viviana Bonilla.

El 10 diciembre de 2013 por la factura No.1685 se canceló a LUZIN, por servicios de publicidad $5.096,00. Encargada, Viviana Bonilla.

El 12 de diciembre de 2013 el Instituto Latinoamericano de Comunicación, solicitó el pago mediante la factura No.2 por honorarios profesionales del estudio de marketing por $19.734,57. Encargada, Viviana Bonilla.

El 12 de diciembre de 2013, el IMASEN facturo $19.600 con comprobante No. 150 por estudio de mercado. De acuerdo a una publicación de El Telégrafo, Giovanna Peñaflor Guerra, fundadora de la encuestadora IMASEN del Ecuador realizó la encuesta de intención de voto para Viviana Bonilla quien fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil. La encargada fue Viviana Bonilla. https://goo.gl/9Z35QZ
El 12 de diciembre de 2013 con factura No. 135, PUBLIELITE S.A. por pauta digital y redes sociales cobró $22.400. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013, INNOVAPLUS S.A. con factura No. 4922, cobró $11.200 correspondiente a brandeo de carro, incluye instalación de vinil y microperforado para carro. Encargada, Viviana Bonilla.
El 9 de enero de 2014 la empresa PROPRAXIS cuyo presidente es María Verónica Moreno Vega facturó $60.000 por la elaboración de encuestas para la prefecta del Azuay. Encargado, Fernando Cordero Cueva.

Cuenta librería

El 26 de julio de 2011, Pamela Martínez, alias Esmeralda del Mar, elaboró un registro denominado “Librería” en el que se detallan fechas y cifras. Martínez escribió que el 11 de junio de 2011 tenía en la librería un monto de $88.873,60 y al 20 de julio de 2011 $186.388,45.

De acuerdo con el reporte, del monto total se desembolsó a:

  • Vicky posiblemente Victoria Andrade (Asistente Nexoglobal) $ 950
  • Mónica Cordones $ 2.719,39, accionista de Jurisglobal S.A.
  • Gastos bancarios $ 30Se destaca además un registro que dice: “Del monto destinado para el caso 30S se destinó $54.561,65, sin embargo, se efectuó un egreso de 4.500 sin mencionar el concepto, quedando $ 50.061,65”

Además, Martínez describe el nombre de algunas empresas junto con varias cifras, probablemente se refería a los montos que se descontaban de la contribución que las empresas entregaban a Pamela Martínez, como a Sk Engineering & Construction, $25.412,36.

El 1 de julio de 2011, Laura Terán, asistente de presidencia entregó un reporte a Pamela Martínez, con los débitos efectuados por la compañía CONECEL o Claro de la cuenta No.000-172071-7 del banco Bolivariano por un total de $2719,39, cuya propietaria es Mónica Cordones Cadena, accionista de Jurisglobal.

Al parecer Mónica Cordones Cadena prestó su cuenta bancaria para los manejos financieros de Pamela Martínez, por cuanto el 1 de julio de 2011, Pamela Martínez, solicitó a Laura Terán que revise si Mónica Cordones realizó los depósitos.

Presencia de Sanrib en la trama de corrupción

Un personaje clave en esta trama es Bolívar Sánchez Rivadeneira, a través de sus empresas Sanrib Corporation de Ecuador y Panamá. Esta empresa actuó como puente entre las multinacionales y los proveedores de Alianza PAIS, su propietario Bolívar Sánchez, mantiene una larga vinculación con empresas chinas, en especial con Gezhouba, contratista de la central hidroeléctrica Sopladora y del proyecto Bulubulu, también con China Machinery Engineering Corp, CMEC, proveedora de equipos y servicios a Gezhouba.

SEMAICA

En la receta constan registradas otras empresas aportantes, como Semaica que colaboró con el pago de servicios para la campaña, como se desprende de la siguiente comunicación a través de la cual se dispone facturar a favor de la empresa Vértigo Films de propiedad de Vinicio Alvarado.


Operativo Escuadrón Verde

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los líderes del correísmo y la realización de avanzadas a los lugares en los que se desarrollarían los eventos de AP utilizó el «ESCUADRÓN VERDE OPERATIVO – EVO», nombre acuñado por el entonces presidente Rafael Correa. En los documentos revisados se constata que el responsable de EVO fue Ítalo Centanaro Villacís, gerente de Coca Codo Sinclair. Entre el 04 de diciembre de 2013 y el 05 de febrero de 2014, para este concepto se destinó $16.000, de los cuales se pagó  $4.000 mensuales a Francisco Xavier Noboa López.

El retorno de Odebrecht: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON

Repetir los pecados del pasado es común en la política ecuatoriana, olvidamos con facilidad, perdonamos a los responsables y nos quedamos con el ingrato recuerdo de los hechos. Periodismo de Investigación publica por primera vez cómo fueron las negociaciones para el retorno de la empresa y quiénes son los responsables de los hechos posteriores, prohibido olvidar.

ACTUALIZACIÓN 10 JULIO 2020

ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA A FERNANDO VILLAVICENCIO, COAUTOR DE ESTE REPORTAJE

Un nuevo intento por criminalizar la opinión y atacar al Periodismo de Investigación se está reeditando por parte de la justicia ecuatoriana. Fernando Villavicencio, periodista de este portal, ha sido llamado a audiencia de juzgamiento para el 13 de julio de 2020, dentro de una demanda instaurada por Juan Falconí Puig, abogado de la multinacional Odebrecht, por presunto daño moral.

La investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, publicada el primero de agosto de 2019, fue la que despertó la iracunda reacción de Falconí Puig, ex embajador de Ecuador en Reino Unido, durante el gobierno de Rafael Correa.

En esta nota se exhibe cómo se negoció el convenio del “perdón” a Odebrecht, firmado en julio de 2010, a través del cual se liberó a la corporación brasilera de sus responsabilidades civiles y penales y se desvanecieron glosas en su contra por $80 millones. A cambio, el Estado recibió $20 millones por indemnización. Odebrecht contrató a Falconí Puig, quien percibió honorarios por $1,3 millones por liderar las conversaciones con altos funcionarios del correato que permitieron la firma del mencionado convenio.

Fernando Villavicencio nunca fue notificado de esta demanda en el plazo que determina el Código Integral Penal. Recién el 9 de julio pasado se enteró del tema mediante mensajes difundidos por Falconí Puig y Correa en la red social Twitter. No obstante, la jueza, Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, siguió tramitando la causa, con lo que se está vulnerando el derecho a la defensa del periodista.

El retorno triunfal de Odebrecht en 2010 puede repetirse en 2019

Fue hace nueve años, el 8 de julio de 2010, que el gobierno de Rafael Correa acordó el retorno de Odebrecht al Ecuador, luego de ser expulsada en 2008 por los problemas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La negociación se hizo en seis meses y tuvo todos los ingredientes del delito de colusión.

Funcionarios de Hidropastaza, del fondo de Solidaridad y la Presidencia de la República, junto a los ejecutivos de la empresa construyeron el acuerdo para permitir el retorno de Odebrecht en condiciones favorables a esta. Con el convenio, la empresa se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de $20 millones de indemnización.

De parte de Ecuador, se archivaron glosas por $80 millones, una demanda internacional por $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES, se enterraron los procesos penales y se olvidaron del lucro cesante por al menos 100 millones.

Periodismo de investigación hace un recorrido de esas negociaciones en las que participaron José Santos Filho, Juan Falconí Puig y Sergio Ruiz por parte de la constructora y Alexis Mera, Ciro Morán Maridueña, Rafael Poveda, Vicente Peralta y Jorge Glas como supuestos defensores del Estado.

En los primeros años de este siglo, Falconí Puig defendió los intereses de Cervecería Nacional en un juicio comercial con una competidora. Alexis Mera también participó en la defensa de cervecería en calidad de socio de Juan Falconí y años después se reencontraron en el gobierno de Correa. Falconí en 2008 estuvo al frente de las incautaciones de los bienes de los banqueros Roberto y William Isaías.

El 4 de febrero de 2010 Juan Falconí Puig, le presentó a Odebrecht la propuesta de costos profesionales para representar a la constructora en el proceso de negociación del acuerdo de retorno. Los honorarios marcados fueron de 1,3 millones de dólares pagados en tres cuotas: $200 mil iniciales, otros $100 mil a los tres meses del proceso y $1 millón al finalizar el acuerdo.

La negociación y correspondencia

Los insumos jurídicos y documentos del acuerdo fueron escritos originalmente en los computadores de Odebrecht y se presume en el estudio Falconí Puig. De la información a la que este portal tuvo acceso no se desprende documento alguno que haya sido originalmente trabajado en la Procuraduría General del Estado, Hidropastaza, el Fondo de Solidaridad o la Presidencia. Al parecer esos documentos llegaron del lado de la constructora, ellos se encargaron de socializar sus insumos con los funcionarios del Estado. Documentos a los que accedió este portal dan cuenta que el convenio final y el decreto presidencial, firmado por Rafael Correa, no se elaboraron en ninguna entidad estatal. Fueron trabajados en las oficinas de abogados de Falconí Puig.

El intercambio de correos dejó en evidencia que para inicios de 2010 Falconí identificaba a Jorge Glas como Vidrio, es decir dos años antes que se registre ese código en los cuadernos de sobornos del Caso Caminosca.

La desesperación de los funcionarios por acordar el retorno de la constructora y solucionar los problemas de San Francisco les llevó a jugar en la cancha de la empresa y beneficiarla. Hay pruebas de ello: El 7 de febrero José Santos escribió a Falconí, desesperado y asustado por la posible notificación a los ejecutivos de la corporación en Brasil, del arbitraje que se llevaba en la Cámara de Comercio de Ambato le escribió a Falconí: Juan, Cómo podemos confiar en este gobierno? Mientras estamos negociando y esperando el informe de Procuraduría el propio gobierno sigue intentando citar al consorcio?

La respuesta de Falconí fue: Correcto José, ya no es posible que el Procurador quiera poner más condiciones, mas aún si su informe es bien flojo. Les escribí a Alexis y Jorge porque eventualmente ellos no quieran esperar hasta el lunes y llamen antes a discutir y aclarar ese tema.

Ese mismo el 7 de febrero de 2010 José Santos desde su mail corporativo, le escribió a Ciro Morán Maridueña, gerente de Hidropastaza (pariente político de Vidrio), con la siguiente instrucción:

“El Consulado de Ecuador en Sao Paulo acaba de llamar el personal de Andriz solicitando datos de los directores y indicando de que en la próxima semana van hacer la citación. No podemos dejar que esto ocurra. Tu tiene que llamar a Jorge Glas inmediatamente y pedir a el que hable con Patiño para mandar a suspender estas acciones en Consulado de Brasil. No podemos dejar que esto ocurra. En el aguardo de tus acciones saludos, José Santos” (sic).

Ese mismo día Ciro Morán dirigió un escrito desesperado a Alexis Mera y Jorge Glas con copia a Vicente Peralta y Juan Falconí para evitar que se cite a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, explicando temas técnicos. “Los tiempos son inaceptables”, dice Morán porque la central estaría parada dos meses y medio y pide la presencia de Mera en una audiencia para lograr un compromiso con la Procuraduría y les conceda el informe final, antes del cierre de la instrucción fiscal y para poder mantener las fechas y tiempos de trabajo acordados por el consorcio para arrancar con operaciones antes de la época de estiaje.

El 12 de marzo de 2010 Guillermo Solis de Odebrcht dio a conocer a Ciro Morán, Fernando Chávez de Hidropastaza y otros funcionarios del ministerio de telecomunicaciones (donde ya despachaba Vidrio) que el documento final estaba listo. En el mensaje se incluyó a otro grupo de abogados de la empresa y ejecutivos del consorcio constructor de San Francisco. El mensaje decía: «Adjunto el Convenio de Transacción  (y sus anexos) que sería el documento definitivo a ser enviado a la Procuraduría General del Estado para sus comentarios y observaciones. Para conocimiento del grupo, hemos trabajo en la mañana de hoy en dicho borrador conjuntamente con los Drs. Ciro Camilo y Fernando Chávez. Saludos, Guillermo Solis»

Pero la Procuraduría no estaba dispuesta aceptar la propuesta tan fácilmente. Los tropiezos en el acuerdo y la tensión de Odebrecht se denota en la presión que José Santos ejerció en Falconí; también se deja en claro que Morán Maridueña, estaba mas con Odebrecht que con Hidropastaza. A fines de marzo de 2010 un nuevo mail decía:

El personal de la Cámara de Comercio de Ambato ya contestó la carta de Hidropastaza enviada ayer. O sea de nada sirvió la carta enviada de HP… Yo creo que tu deberías llamar a Glas e indicarle que esta situación no puede continuar. Tenemos un Acuerdo de Caballeros de no hacer gestiones mientras estamos negociando el acuerdo y Ciro tiene que enviar una carta para el Cámara de Comercio de Ambato.

Falconí le responde: «Tengo claro el tema. Mañana reclamo verbalmente y muy fuerte. Deben presentar un escrito pidiendo a la directora que congele el trámite, pues es estúpido que después de un año, cuando estamos negociando y así se aclaró traten de impulsar ese juicio. JFP»

La prueba mayor que establece que el Estado nunca preparó o construyó el proyecto de acuerdo para el retorno de Odebrecht se dio en ese mismo mes; se identifica con claridad que incluso en esas condiciones la constructora brasilera sobrevaloró los trabajos a su favor en perjuicio del país. Alexis Mera, desde su correo de la presidencia escribió a Juan Falconí el siguiente mensaje:

“Estimado Doctor: En el proyecto que me pasaron no dice nada de los riesgos adicionales. Tampoco dice que Odebrecht pagará los estudios técnicos para las obras adicionales. El soporte de esta operación está evidentemente sobrevalorado, ya que un técnico por bimestre no puede costar 4 millones

En mayo José Santos le hizo saber a Falconí su preocupación por el posible acceso de la revista Vistazo a la demanda de Hidropastaza contra la empresa, la creencia de Santos es que cualquier publicación podía entorpecer la negociación. La correspondencia del 17 de marzo decía: Juan, Acabo de mirar el email enviado a un ex funcionario nuestro (Esteban Michelena) que era la persona responsable por el contacto de la empresa con la prensa. Gustaría saber cómo proceder. Yo creo que si sale este reportaje va a complicar nuestras negociaciones con el Gobierno. Yo no pretendo dar ninguna información o entrevista mas como tu puedes observar la reportera indica de que tiene la demanda de Hidropastaza.

Otra correspondencia de julio, enviada por Juan Falconí a Alexis Mera se expresa las dificultades de la empresa para llegar al acuerdo y pide que desde el mas alto nivel se presione a la Procuraduría para aceptar una salida. El mail dice: Estimado Alexis: Le informo la preocupación de José Santos de Odebrecht, por el estado actual del trámite del convenio transaccional…. en la Procuraduría sostienen que no hay transacción porque no se termina todo de una vez… Parecería que hace falta algún tipo de gestión de gestión política, que transmita directamente al procurador la urgencia del propio Gobierno  en este tema por efectos del próximo estiaje.

El 8 de julio el Procurador Diego García cedió a las presiones y entregó el aval para la firma del convenio, previo al retiro de todas las demandas existentes contra la empresa, ese mismo día se firmó el acuerdo con Hidropastaza. Luego vino el pago de la empresa y el caso quedó saldado.

Apenas se firmó dicho acuerdo el mismo grupo empezó a programar el convenio para que el Estado retire la demanda internacional que inició contra el Banco de Desarrollo del Brasil, BNDES, que financió la obra por un valor de $600 millones

El 21 de julio de 2010 Ciro Morán era el mayor defensor de Odebrecht y delineó el plan para salvar al BNDES: “ESTIMADOS Jorge y Sergio, tal como le comenté a Sergio, como ya está aquí José Santos , solicité una reunión con él para establecer los planes que corrijan el rumbo del convenio. A continuación tres planes:

a) Que el Contralor se convenza de emitir el informe, esto implica que no se debe modificar nada (idea de del Dr.Mera).

b) Que el procurador se convenza que puede emitir un informe de autorización de Transacción (así sea condicionado), para lo cual le presentará un proyecto definitivo que implique que ellos entran hacer todo , que nosotros desistimos inmediatamente después de la firma  (incluido el tema penal) y que y que contra los desistimientos presentados o la aprobación de estos se cobran los 20 millones. En este plan no se incluye nada de la Contraloría, simplemente se establece que los 20 millones son imputables a cualquier valor que el contralor confirmase  y sino queda como compensación a las paralizaciones (este es el plan que prefiere Odebrecht)

c) Si Contralor o Procurador no quieren colaborar en el tema, se puede realizar un adendum que no requiere de informe de ninguno de ellos y que consisten en que ellos acepten ingresar.

Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los $800 millones que tenía en contratos, entes de la expulsión, debió sumar otros por $3.500 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los $4.100 millones y de acuerdo con investigación periodísticas, suma un sobrecosto de $853 millones, cifra en la que no se incluyen los sobreprecios en los contratos de la Ruta Viva y del Metro de Quito.

En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EEUU emitió un informe según el cual la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de América Latina y África. Sobre Ecuador los documentos señalaron que entre 2007 y 2016 la multinacional pagó sobornos por $35,5 millones a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa Delgado, lo que le generó beneficios de más de $116 millones. En las páginas 19 y 20 del citado informe se establece que parte de esos pagos se hicieron a un intermediario y a un oficial del gobierno de Correa, para negociar el regreso de Odebrecht a Ecuador, expulsada del país por las graves fallas en la central hidroeléctrica San Francisco. La información actual, obtenida por nuestro equipo de investigación, debe ser cotejada con los documentos del Departamento de Justicia de EEUU, respecto a quiénes negociaron la firma del convenio en julio de 2010.

Como hace 9 años, el gobierno de Lenín Moreno prepara el escenario para un segundo retorno de Odebrecht. El país estará atento a identificar el costo de este nuevo perdón.

ARROZ VERDE: LA METIDA DE MANO EN LA JUSTICIA

Arroz Verde es una receta compleja cuyos ingredientes no solo exponen la colosal estructura de sobornos que armó Alianza PAÍS para financiar durante una década sus campañas. Arroz Verde también deja al descubierto la metida de mano en la justicia: un mecanismo fabricado por el correísmo para delinquir, encubrir los delitos, acomodar jueces, sentencias y perseguir a denunciantes y opositores. En nuestro poder reposan miles de documentos que dan sustento a una investigación de cómo el correísmo desde el despacho presidencial disponía el teje y maneje de las cortes, nombraba jueces y elegía a abyectos servidores para que emitan sentencias favorables al régimen.

Primera entrega

La metida de mano en la justicia no será más un estribillo repetitivo usado por la oposición a la Revolución Ciudadana. Archivos de Arroz Verde revelan la intervención de Rafael Correa en la Función Judicial para ganar casos emblemáticos, que después serían disfrazados de fallos trasparentes por el Estado de propaganda.

Dos meses después de nuestras revelaciones del caso Arroz Verde 502, la captura de Pamela Martínez Loayza y su ex asistente Laura Terán Betancourt, el posterior apresamiento del segundo personaje más poderoso del correísmo, Alexis Mera Giler, y la solicitud de la Fiscalía General del Estado de incluir a 22 personas, entre ellas el ex presidente Correa -aunque se queden varios nombres en el tintero fiscal- el caso apenas parece aclararse y se identifica que los límites de la corrupción son tan anchos como el horizonte.

El cofre de información de Laura Terán

Como parte de su colaboración con la justicia, Laura Terán entregó a la Fiscalía General del Estado, centenares de archivos físicos entre los que se cuentan aquellos que hablan de los favores pedidos por el consejero Santiago Cuesta a Pamela Martínez y la clave de acceso a su cuenta de correo electrónico de hotmail. Un lote de 22.000 correos que son una suerte de radiografía a las actuaciones de Martínez cuando fue asesora presidencial desde 2010 y posteriormente jueza constitucional.

Pamela Martínez lo sabía todo, lo manejaba todo. Por sus manos pasaron desde los pedidos más simples (como solicitudes vía twitter de ciudadanos que pedían a Correa un empleo, ayuda económica o legal), hasta los juicios más emblemáticos del país, como el caso de El Universo, los 10 de Luluncoto, de Pepe Acacho, la querella iniciada por Correa en contra del exasambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Correa le encargó a Pamela Martínez la reparación a los familiares de las víctimas del 30S. Laura Terán y ahora la fiscalía, tienen en su poder un cofre de información que delata el control de la justicia por parte del correísmo.

Martínez también estuvo al frente de la Comisión calificadora para la conformación de la primera Corte Constitucional, en 2012.

“Asesora: favor atender”, era la orden con la que Pamela movía al aparato correísta para cumplir todas las disposiciones que Correa enviaba a través de mensajes.

Pero sus ambiciones personales no se limitaban a ser una empleada empoderada dentro del departamento de asesoría. Simultáneamente, se convirtió en un pilar para su marido Jimmy Salazar, en la carrera por la presidencia del Colegio de Abogados de Guayaquil. Estaba convencida que juntos podían llegar a lo más alto de la esfera política en el país, por eso ideó el movimiento nacional Justicia Social.

Se ocupaba de todo, incluso de escoger los colores que llevaría toda la propaganda de Salazar, supervisaba sus discursos y ejercía presión sobre el gremio guayaquileño para lograr el respaldo a favor de su marido.

A la par, Martínez allanó el camino para convertirse en jueza de la Corte Constitucional en 2015. Martínez supo reafirmar con hechos la frase “vamos a meter la mano a la justicia” que expresara Correa en enero de 2011. Aquí algunas demostraciones:

Así se eligió y así se emborrachó la corte cervecera

Los nombres recurrentes en los mails son: Patricio Pazmiño (expresidente de la Corte Constitucional), Tatiana Ordeñana (exjueza constitucional), María del Carmen Maldonado, actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Wendy Molina Andrade (exjueza constitucional), Antonio Gagliardo (exjuez constitucional).

En 2015, como parte de la renovación parcial de la Corte Constitucional, tres de los nueves jueces que integraban la Corte fueron reemplazados.

Un correo señala que se hizo un informe completo previo a la elección. En él se sugería que la comisión de selección esté integrada por Wilson Zamora (Los Ríos) y Bernardo Morán (Guayas); Ivet Zapata (Pichincha) Martha Zamora, Efrén Roca y Laura Rebolledo, así mismo la “propuesta de candidatos”, por el Ejecutivo iría “Pamela Martínez, Efrén Roca y uno más”, por el Legislativo Danilo Terán y por Transparencia y Control Social: “Carlos Cassanello, Pamela Aguirre y/o Pablo Alarcón y una persona más”.

Los cinco personajes más conflictivos

El documento señala las fechas para la elección y detalla varias infidencias de los “jueces a ser reemplazados”. Por ejemplo, el entonces presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, sugirió sustituir a los jueces Antonio Gagliardo, Manuel Viteri y María Maldonado. “Se queja de Marcelo Jaramillo y Tatiana Ordeñana por su afán de figurar y ejercer “liderazgo” ante los demás. Respecto a lo manifestado por Patricio, coincido que, entre los 5 personajes más conflictivos, lo más peligrosos son los 3 primeros”, dice Pamela Martínez en un informe elaborado para conocimiento de Correa.

“María del Carmen Maldonado (totalmente ajena al proyecto, agenda individual, conflictiva a carta cabal. Ha pasado viajando fuera del país por capacitación personal, no importándole faltar a sesiones de votación importante. Ha generado peleas con todas las mujeres del pleno y/o asesoras, esto en su afán de ser reconocida como la “mejor puntuada, y la sacrificada por la revolución”, reseña Martínez.

Antonio Gagliardo, “un tiro al aire”

De Gagliardo dice que es “un disparo al aire”. “No se ha integrado a ningún equipo de trabajo. Ha manifestado en diversos escenarios que él es el contacto para “negociar” los temas que los abogados del Guayas tengan en la Corte Constitucional. Yo le he medido en temas candentes, como, por ejemplo, a él le tocó conocer el pedido de acción de protección que pusimos en el caso de Mary Zamora, y textualmente le dijo al resto de su sala, “hagámonos los locos, no toquemos esta papa caliente”.

Luego al ser requerido expresó que como él fue fiscal provincial no podía admitir al trámite dicha causa. De igual manera se ha tomado el nombre del presidente y de Alexis Mera, por ejemplo, en el tema de la aprobación para concurso del Procurador”.

Manuel Viteri es un “vago”

Sobre Manuel Viteri reportó que era el que más faltaba a las sesiones de trabajo, de pleno y de admisión. Lo acusó de vago al indicar que “la mayoría de las veces se reporta enfermo, pero se lo encuentra en el complejo deportivo todos los fines de semana. Solo va cuando hay casos que le interesa votar. No tiene compromiso con el proyecto. So pretexto que ha apoyado en casos de Gobierno piensa que tiene patente de corso”.

Martínez: “Hubo una manipulación del CPCCS”

El reporte de Martínez reconoce que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de elegir a los jueces y otras altas autoridades, fue usado como una herramienta para manipular resultados y colocar autoridades a la conveniencia correísta.

“Siempre me quedé con el mal sabor, hubo una manipulación del departamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (organismo que llevó los procesos de elección) que benefició a María del Carmen Maldonado y a Tatiana Odeñana, quienes, a la fecha, trabajaron en dicho institución”.

Martínez, incluso, propone un nuevo método de calificación, para “evitar esta manipulación, y todo el ruido que ha surgido en otros concursos, como, por ejemplo, el de contralor, el del CNE”.

La problemática Wendy Molina

En el mismo documento -hablando de la candidatura de Patricio Pazmiño a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- ella le sugiere a Correa que Pazmiño “se quede en funciones hasta el sorteo (para la elección de los tres jueces) del 6 de noviembre de 2015, y como no va a salir sorteado, renuncia días después”, para evitar conflictos. “Si Patricio renuncia en mayo (como tiene previsto), tendría que subir uno de la actual lista de elegibles: Livia Ribas o Edgar Zárate”.

«Livia está en la Asamblea y ella al no haber sido designada jueza, renunció pues objetó el hecho de quedarse en el banco de elegibles. Esta renuncia no fue acogida por ningún ente ya que no existe esa figura en el procedimiento. Zárate, con base a esa renuncia ha venido buscando ese espacio. Patricio afirma que no es una persona de confiar”, indica.

También le informa al presidente que no le parece conveniente que, en caso de la ausencia de Pazmiño, la jueza Wendy Molina lo reemplace. “Lamento decir que Wendy no solo no tiene liderazgo hacia el resto de los jueces, sino que además tiene generado problemas personales con otras juezas: María del Carmen Maldonado y Tatiana Ordeñana, quienes manejan la tesis, de nominarse a la presidencia ante la ausencia de Patricio, generando ya cabildeos entre los demás jueces…”, explica.

Finalmente, Antonio Gagliardo, Marcelo Jaramillo y Carmen Maldonado fueron reemplazados por Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez.

“Un reconocimiento particular a la doctora María del Carmen Maldonado, al doctor Antonio Gagliardo, al doctor Marcelo Jaramillo, mi reconocimiento personal como Presidente de la Corte (…) el reconocimiento a su desempeño profesional, a su amistad, a su solidaridad y a su enorme entrega en el trabajo de la Corte Constitucional, nos dejan un legado de profesionalismo y dejan un ejemplo a seguir”, dijo públicamente Pazmiño.

Mientras en privado se quejaba de que los jueces solo “tenían afán de figurar”.

Pedidos de puestos para servidores judiciales que han “apollado”

En febrero de 2012, recibió un correo de Wilson Zamora González, a la fecha asesor 3 de la Subsecretaría del despacho presidencial, sugiriendo un listado de “servidores judiciales de la ciudad de Quevedo” para ocupar cargos dentro del sistema judicial. “Conozco que han sido responsables y han apollado (sic) el proyecto, incluso habiéndoles solicitado la ayuda desde la Procuraduría”.

Como lo detalla el correo:

Es una persona totalmente apegado al proyecto, y acoge las instrucciones como se las solicita, mantuvo organizado la función judicial en dicha provincia y estaba logrando el proceso de desarrollo y optimización”, dice Zamora del funcionario que recomienda para director provincial del Consejo de la Judicatura.

Otra comunicación del 8 de enero de 2013, enviada a por Terán a Martínez evidencia una lista con “sugerencias” de nombres a ser considerados para ocupar cargos judiciales en distintas provincias. “Estimado Esteban: Acompaño a usted el siguiente listado de las personas que deben ser consideradas:

Elvis Sánchez Zambrano / Juez de Garantías Penales Vinces, Tony Reyes / Juez Penal Santa Elena, Inés Mejía Alvarado / Juez de la Niñez Guayaquil, Cecilia Rodríguez / Notaría de Samborondón, Roberth Paul Terán Matamoros / Milagro Civil”.

“Además, le agradeceré se sirva revisar los resultados de las pruebas Psicológicas de los abogados Francisco Hurtares Izurieta y Fernando Barzola Polanco, en razón de que no aprobaron”, pide Pamela Martínez.

Yávar el buscador de embajadas

Otra comunicación llamada “DESPACHO 27 DE FEBRERO DE 2013” enviada a Martínez por Lesly Cisneros [email protected], señala que el entonces fiscal Fernando Yávar “solicita su autorización para que le asignen el consulado de los Ángeles (Eddie Bedón) o el de Miami (Eduardo Rivadeneira). Le han ofrecido la Embajada de Italia, pero no es de su interés. De igual manera, el Viceministerio de Gobierno, pero el teme las nuevas represalias que esa gestión pueda generarle”.

Cómo se borraron las glosas de Ramiro González

Otro reporte, de marzo de 2014, dice “Me mandó a llamar para solicitar le transmita lo siguiente: a) Quiere sugerirle, en base a su experiencia, que se analice lo que en el gobierno de Jaime Roldós se hacía antes de que un funcionario de alto rango se posesione. Había un Inspector General, dependía del Presidente, quien ponía el visto bueno a dicha designación. De esta manera, se evitaría los infiltrados de otras tendencias políticas que dice hacen daño a la gestión del Presidente Correa. b) Quiere mostrarle abundantes e importantes observaciones que tiene contra la gestión de María Duarte. El afirma que la limpiará pero quiere que ud conozca”, y añade “que Ramiro González y Antonio Ricaurte son compadres. Muy unidos. Que hasta hace poco, Ricaurte fue donde el Contralor a abogar para que se le borren glosas a Ramiro G. Que en ese grupo de amigos está también Galo Chiriboga  y Paco Moncayo. Galo fue abogado de Moncayo y odia a Barrera por haberle ganado las primarias. Que él ya le está dando todo el apoyo a Barrera pero cuidado con Galo”.

Las manchas de Omar Simon y las gangas de Caupolicán

“Que pocos días de ser designado Omar Simon, asesor presidencial, lo llamó y le trasladó una instrucción del Señor Presidente de borrarle las sanciones administrativas que se le impusieron como consecuencia de su cargo electoral anterior. Que unas ya se las borró pero otras son más difíciles”.

“Caupolicán Ochoa pide ser considerado en los puestos de Alianza País, él dice tener la avidez política para ello. No requiere remuneración ni cargo, sólo que se le permita opinar. Denuncia que son los estudios jurídicos y abogados de oposición a quienes los ministros contratan para los casos importantes. Pide se le dé oportunidad a él, en BIESS, Banco del Pacífico, Banco Central”, dice el informe.

La mano de Correa en el caso Villavicencio/Jiménez/Figueroa

 Un correo de abril de 2013 reenviado por Martínez a Terán habla sobre el juicio que Rafael Correa siguió a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. En la comunicación el abogado del presidente Caupolicán Ochoa se dirige a Martínez para “recordarle que el día jueves 11 de abril del presente año, (…) está fijada la fecha para que se realice la audiencia final en el juicio penal que sigue el Señor Presidente de la República en contra del Asambleísta Cléber Jiménez, del Señor Fernando Villavicencio y de Dr. Jorge Figueroa”, señala la comunicación.

“En repetidas oportunidades he molestado la atención de algunos funcionarios con el objeto de solicitarles muy comedidamente que se dignen propiciar un acercamiento del suscrito con los testigos y peritos que deben intervenir en la causa”, dice la comunicación.

“Es mi interés preparar sus testimonios por la naturaleza que tiene este tipo de diligencia y por la importancia de la misma.

La lista de los testigos que deben declarar es la siguiente:

  1. Luis Francisco Latorre Salazar
  2. Mayra Alexandra Vela Cevillano (ubicada)
  3. Miriam Yessenia Aguirre Basantes (Ubicada)
  4. Cedric Schweirzer – Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja
  5. Carmen Irina Cabezas Rodríguez
  6. José Gabriel Rivera López
  7. Ronny Vallejo Vallejo
  8. Oscar Bonilla Soria
  9. Edwin Salazar Brito
  10. Ángel Rivero

PERITOS DE CRIMINALISTA

  1. Cbop. de Policía Tlgo. Paulo Fredy Robayo Laguatasi
  2. Cbop. de Policía Boris Toapanta Asifuela”

Ochoa escribe a Martínez con el objeto de que ella pueda “viabilizar” una reunión con los antes mencionados para prepararlos para la diligencia “me facilitaría enormemente la tarea de la preparación del juicio”, señala. “En alguna oportunidad inclusive hablé con la Señora Ministra de la Política pidiéndole que tuviera la bondad de darme la oportunidad de hablar con ella para preparar esta diligencia no he tenido todavía la suerte de que esta situación se produzca”.  “Hay un asunto que me inquieta de manera particular la Señora Juez que le corresponde sustanciar esta causa fue denunciada hacia algunos meses por el Señor Cléber Jiménez  ante la Fiscalía General del Estado por el asunto de palo azul, la Fiscalía General  en su momento desestimó la denuncia y pidió al Señor Juez del derecho que lo archive.

No obstante, a pesar de los meses transcurridos la Doctora Ximena Vintimilla que es la Jueza a quien corresponde disponer este archivo no lo ha hecho.   Al no hacerlo y al mantenerse todavía este proceso sin haberse dispuesto el archivo podría abrir la posibilidad para que el denunciante Jiménez justamente en víspera de la diligencia proponga una recusación en contra la Jueza Doctora Lucy Blacio quien es la que está conociendo del caso, con lo cual dilataría la realización de la diligencia y generaría un incidente nada agradable”.

“Es necesario que la persona que está subrogando a la Doctora Ximena Vintimilla realice esta actividad que es completamente ajustada a derecho no le corresponde otra cosa que conocer de la desestimación aceptarla y ordenar el archivo, un trámite completamente sencillo pero que inexplicablemente se ha dilatado en una forma peligrosa”, dice Ochoa, y pide a Martínez “interponer sus buenos oficios” para archivar el caso y “evitar problemas dentro de la causa que particularmente nos interesa”.

Martínez responde: “Estimado Caopolicán: Me acabo de reintegrar hoy, es por ello que no te he podido responder, pero con todo gusto te llamo en el transcurso del día para tratar el tema”.  Luego envía un correo a Leonardo Barrezueta ([email protected]) indicando “Estimado Leonardo, habiéndome reintegrado al trabajo el día de hoy, viernes 5 de abril, atiendo este correo enviado el día de ayer 4 de abril por el Dr. Caupolican Ochoa, abogado patrocinador del Primer Mandatario en la querella contra Clever Jimenez que es urgente atender.

En virtud de lo expuesto, y porque asi lo dispuso el Senor Presidente, te agradeceré disponer se convoque a cada uno de los testigos señalados por el Dr. Caupolican Ochoa para que ellos cuenten con los lineamientos previos a la audiencia de juzgamiento prevista para el jueves 11 de abril a partir de las 08h00”.

Las manos de Martínez y Mera para favorecer a los amigos de SP

Otro correo que deja al descubierto la metida de mano a la justicia de Pamela Martínez es el enviado al entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera en enero de 2014. En un documento “privado y confidencial” ella informa que del Banco Nacional de Fomento solo conoce dos temas. De David Cobo, “hermano de un excompañero del ser presidente en La Salle”, quien “solicitó se agilita la instrucción fiscal 02-2013, “sobre el caso tomé contacto con el fiscal Paúl Ponce”, dice Martínez.

Cómo se armó la sentencia contra diario El Universo

   El 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, emitió un informe a favor para Emilio Palacio y los directivos de El Universo por la violación a su derecho humano a la libre expresión y acceso a garantías judiciales. Después de 8 años, los afectados han vislumbradopor la rendija un halo de justicia; una justicia que les fue negada desde el 2011, cuando Rafael Correa, después de intervenir e incidir en las cortes, les sentenció a 3 años de prisión y al pago de 40 millones de dólares de indemnización por el delito de injuria calumniosa.

La sospechosa victoria judicial de Rafael Correa en el caso El Universo se confirmó cuando se supo que la sentencia la escribió un usuario externo a la corte llamado “Chuky Seven” y no el juez Juan Paredes. Correos electrónicos intercambiados entre Ana María Rojas, asistente de Alexis Mera y Laura Terán, procesada en el caso Arroz Verde 502, demuestran la estrecha relación de Rafael Correa y Alexis Mera con el juez Juan Paredes, quien luego de beneficiar al primer mandatario con el fallo judicial, fue recomendado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas, por Gutember Vera, abogado del Presidente de la República. Correa usó su investidura para alinear y someter a la justicia, mientras aseguraba que la demanda en contra de Palacio y El Universo la interpuso como un ciudadano cualquiera.

Un correo de Ana María Rojas, entonces funcionaria del Departamento de Asesoría Jurídica de la presidencia, enviado a Laura Terán, el 14 de febrero de 2012, detalla los “nombres proporcionados por Dr. Gutemberg Vera, el viernes 10 de febrero de 2012, por instrucción del señor Presidente”. Según el documento, varios magistrados pedían ser nombrados en altos cargos, “Juan Paredes fue Juez Temporal en una Sala de lo Penal pide ser considerado como Ministro de la Corte Provincial del Guayas”, “Helen Mantilla fue conjuez en la Sala de lo Penal, pide ser como miembro del Tribunal Fiscal”. Como reseña el correo electrónico:

El correo referido es una evidencia de una suerte de connivencia organizada desde la Presidencia de la República para direccionar, primero el proceso penal hacia un juez incondicional al mandatario, y luego, en reconocimiento por la sentencia favorable, la recomendación para que ese juez (Juan Paredes) sea nombrado Ministro de la Corte Nacional del Guayas, aunque la designación jamás se dio por el efecto “chuky seven”.

La información encontrada en los archivos de Laura Terán, fortalecen el criterio de que Juan Paredes fue la mano oculta de Correa y de Mera en el caso El Universo.Gutemberg Vera, prevalido del poder que le consignaba el ser abogado del ciudadano Presidente, recomienda el 10 de febrero de 2012, que coloque como jueces en las cortes y en cargos a varios de sus aliados, “por instrucción del señor Presidente”. La recomendación de Correa para que Juan Paredes, como Juez Temporal de la Sala de lo Penal del Guayas, sea considerado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas explica la sentencia del caso El Universo.

El texto que conmocionó a Correa

Correa sintió afectada su honra por la columna de opinión escrita por Emilio Palacio y publicada en diario El Universo el 6 de febrero de 2011, llamada “No a las mentiras”. Emilio Palacio en su columna afirmó que Rafael Correa dio la orden de disparar al Hospital de la Policía durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y ordenado una intervención militar para rescatarlo. El saldo del rescate fueron 5 muertos. 

“El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”. (Extracto del artículo de Emilio Palacio)

Correa dijo en una entrevista radial en días cercanos a la presentación de su demanda: “Hace poco un periodista dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese Diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista. ¡Mentiras Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una acusación gravísima, porque el directorio es responsable de la política editorial del Diario”.

Correa desató su ira y demandó en el Juzgado 15° de Garantías Penales de la Corte de Justicia del Guayas, a los directores de Diario El Universo, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, y su editor de Opinión, Emilio Palacio. Rafael Correa presentó una demanda por injurias calumniosas patrocinado por el abogado  Gutemberg Vera el 22 de marzo de 2011. El Caso El Universo es uno de los más emblemáticos del acoso y persecución a la prensa por la connotación que implicó un fallo judicial tan drástico que castigó la publicación de una columna de opinión.

En 2011, en primera y segunda instancia, las cortes de justicia de Ecuador fallaron a favor de Rafael Correa. El 22 de julio de 2011, el juez temporal Juan Paredes, del Juzgado XV de Garantías Penales de Guayaquil, dictó sentencia en contra de El Universo y Emilio Palacio: 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones, una multa para cada directivo y otra para el periódico. Rafael le puso precio a su honra: 80 millones. Los acusados apelan la sentencia.

El 21 de septiembre de 2011, los jueces Helen Mantilla y Henry Morán miembros de la Segunda Sala Penal del Guayas ratificaron en segunda instancia la sentencia de Paredes; el juez Guillermo Freire se abstuvo. Rafael Correa en su cuenta Twitter lo celebró: “Se ratifica la sentencia, ¡Ganamos!”, lo consideró un “hito histórico”. El dictamen determinó 3 años de prisión para los hermanos Pérez y Emilio Palacio, una multa de 40 millones.

Otro favor, ahora para Helen Mantilla

En el correo enviado a Laura Terán, Gutenberg Vera, por orden de Rafael Correa, recomienda que Helen Mantilla, conjuez de la Sala de lo penal, sea miembro del Tribunal Fiscal. En un solo correo electrónico emitido por la asistente de Alexis Mera, se revela la intervención de Correa para remover a mejores cargos a los jueces que lo favorecieron en las dos instancias del caso El Universo: Juan Paredes y Helen Mantilla. En las dos instancias los jueces Paredes y Mantilla asumieron el caso como reemplazo. Es así que los defensores de diario el Universo presentaron un escrito alegando que en las dos instancias, el remplazo de jueces por Paredes y Mantilla carecía de validez porque ninguno ingresó a la Función Judicial por concurso de méritos y oposición.

El diario apeló y pidió la nulidad de esta sentencia desproporcionada e inédita y el 16 de febrero de 2012 los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Jorge Blum ratificaron en casación la sentencia de Juan Paredes de primera y segunda instancia y la condena de tres años de prisión y el pago de $40 millones de dólares. Inmediatamente, el 27 de febrero de 2012 Correa anunció en un acto público la remisión de la condena, lo que llamó un “perdón sin olvido”.

Juan Paredes se convirtió en el juez célebre del caso “Chuky Seven”, el que dictó sentencia el 20 de julio de 2011 en tiempo record después de haber recibido el proceso del caso El Universo un día antes. En 33 horas tomó posesión del cargo, con inusitada rapidez, estudió el expediente de 5000 hojas y escribió 155 páginas de una sentencia y notificó a las partes. Pasaron solo 26 horas desde que terminó la audiencia final hasta que las notificaciones de la sentencia llegaron a los casilleros judiciales de las partes. Solo una hora le quedaba a Juan Paredes como juez temporal del Juzgado de Garantías Penales antes de entregar su despacho al juez titular, Oswaldo Sierra, para notificar a las partes.

El 6 de septiembre del mismo año se reveló un análisis informático al clon del disco duro de Juan Paredes del Juzgado Décimo Quinto Penal del Guayas, donde se encontró la sentencia del caso El Universo y un archivo llamado “Correa 457-2011”, que habría sido creado el 19 de julio de 2011, a las 23:10 con el autor Chuky Seven. La sentencia fue redactada por un ordenador con Windows pirata, externo al Juzgado; en buenas cuentas, la sentencia fue escrita por Gutemberg Vera, abogado de Correa.

Después, en agosto de 2012, diario El Universo denunció al juez Juan Paredes, por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica por la sentencia emitida en su contra. El caso “Chuky Seven” se archivó en septiembre de 2012. Este caso sentó un precedente nefasto para la libertad de expresión en Ecuador, pues el proceso se llevó con inusual rapidez y hubo un total de 13 cambios de jueces en primera y segunda instancia.

https://youtube.com/watch?v=x6IkrNqqbTM%3Ffeature%3Doembed

Correa no solo que intervino en la designación de jueces para que lo favorecieran en las cortes, como demuestran los correos a Laura Terán, sino manejó hábilmente la justicia para dejar en la impunidad el caso “Chuky Seven”. El correo enviado por la asistente de Alexis Mera, Ana María Rojas, ratifica  la serie de irregularidades cometidas en el caso El Universo, es una prueba más que robustece el informe de la Comisión Interamericana.

CONTEXTO: ASÍ SE ARMÓ ARROZ VERDE

Los registros de sobornos empiezan a manejarse desde el inicio del regimen correísta en 2007, como Fondo Solidario (FS), nombre tomado del Fondo de Solidaridad, institución que lideró a esa fecha, Jorge Glas Espinel.

Según información revisada, al comienzo los ministros eran los que alimentaban las nacientes cajas chicas de la Revolución Ciudadana. Existía una caja personal de Pamela Martínez y una tercera para gastos del despacho presidencial.

En 2010, luego de una reunión entre Rafael Correa, Jorge Glas y Pamela Martínez, se toma la decisión de unificar y centralizar la recaudación económica y se entrega el control a Martínez, por su grado de confianza con el primer mandatario, la responsable de los registros era su asistente Laura Terán, quien tendría en sus manos no solo el detalle de los sobornos y su distribución, sino las más importantes actividades de las dos oficinas controladas por Pamela Martinez en Quito: la del despacho presidencial y aquella del edificio Concorde (12 de Octubre y Salazar), convertida en cuartel general de los sobornos. En esa fecha, Martínez entrega a Terán un pendrive con los registros anteriores de ingreos y egresos desde el 2007.

En ese mismo encuentro de 2010, nació Arroz Verde o los archivos verdes, como parte de una receta de cocina asociada al color del partido gobernante, según relata Luis Muñoz Pasquel, abogado defensor de Laura Terán. Otra decisión asumida por Rafael Correa, señala Muñoz, habría sido delegar a Jorge Glas, el manejo de las recaudaciones de dinero en efectivo y el cruce de facturas.

Llegó un momento, señala nuestra fuente, en que los ingresos rebasaban a los egresos, en ese punto empiezan a crearse cuentas específicas con los excedentes, la primera por pedido de Alexis Mera, para el pago de abogados en el caso Chevron.

La mayor caja con dinero en efectivo fue instalada en el edificio Concorde, la cual medía 1.70 metros de alto. Cuando Pamela Martínez es nombrada jueza constitucional, se cierra la oficina del edificio Concorde y la caja fuerte es llevada a uno de los departamentos de Martínez. A inicios de 2017, cuando el periodismo de investigación y la justicia empiezan a investigar a Jorge Glas, Pamela Martínez dispone destruir todos los archivos verdes. Pero, el destino le jugó una mala pasada, algunas copias sobrevivieron y hoy estremecen al país.

Un personaje oculto en esta trama es Zaira Guerrero, la mano de Pamela Martínez que operaba desde Guayaquil. Guerrero no estaba enrolada en el gobierno aunque tenía poderes otorgados por Martínez, era la persona de absoluta confianza que manejaba sus temas más reservados e incluso, según se conoce, habría prestado su nombre para ocultar bienes de la ahora procesada.

Una información que aún permanece en reserva es aquella encontrada en uno de los teléfonos de Alexis Mera Giler. Son varios centenares de páginas con registros de mensajes, en especial los de su ex asistente Pedro Espinoza, aquel que recogió el sobre con el dinero de Odebrecht. Estas serán piezas que sacarán chispas y lágrimas.

El cofre de documentos en poder de Laura Terán, a decir de su abogado defensor, Luis Muñoz, constituye evidencia trascendental que permitiría desmontar la corrupción judicial organizada por el correísmo, por ello insiste en la necesidad de proteger la seguridad y la vida de su defendida.

Fiscalía vincula a Correa y a 21 personas en caso Arroz Verde

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas fueron parte fundamental de la decisión de Diana Salazar de vincular a Rafael Correa y otros funcionarios de su confianza al caso Arroz Verde.

Los nuevos datos que recabó fiscalía dentro de este caso confirman la precisión y profundidad del trabajo periodísticos de nuestros portales. Hoy, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de vinculación para 22 personas en el caso Arroz Verde. Las revelaciones de los dos portales siempre apuntaron al ex presidente Correa como el personaje clave de la gestión y administración de los sobornos para las campañas de Alianza País.

Fiscalía argumenta que han aparecido datos de los que se presume la participación de los delitos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita a las siguientes personas: Lidera la lista de los nuevos vinculados Rafael Correa, Jorge Glas, Maria Augusta Enriquez, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Walter Soliz, Christian Viteri, Yamil Massuh. Italo Centenrao, Francisco Noboa Lopez, Alberto Hidalgo, Victor Fontana (FOPECA), Ramiro Galarza (CONSERMIN), Edgar Salas (CONSERMIN), William Phillips (GRUPO AZUL), Pedro Verduga (EQUITESA), Napoleon Sanchez (SANGUIB), Rafael Cordoba (METCO), Cai Runguo (SYNOHIDRO), Teodoro Calle y Jose Verdu Rodriguez.

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas coinciden con las nuevas declaraciones ante la Fiscalía del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Gerardo Pereira De Souza. Así mismo el abogado de Pamela Martínez, Edgar Molina, confirmó que el exejecutivo de la empresa brasileña entregó dinero en sobre cerrado a Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Esta información también consta en la página 15 del cuaderno de recepción de pagos de Pamela Martínez: “Recibo disposición de entregar sendos sobres del Ing. De Souza a Galo Mora. Estos sobres deben ser recibidos de inmediato pues la “campaña apremia”.

Fiscalía ha procedido a notificar a los nuevos implicados de Arroz Verde, la mayoría parte del buró político de Alianza País, ex ministros y funcionarios de alto rango de la Revolución Ciudadana. Los demás, algunos de los empresarios que sobornaron funcionaros y financiaron las campañas de AP desde 2011. Todos los ecuatorianos esperamos probidad y celeridad en la actuación de los jueces que llevan el caso.