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Autor: mh

Lagartija, el inocente al cual José Serrano declaró culpable

Le dicen Lagartija. Amigos, conocidos y hasta ciertos familiares lo llaman así. Aunque no le agrada mucho, al hincha de Emelec Byron Velásquez Briones tampoco le molesta. Un apodo no es nada -comenta- para las persecuciones, acosos y frustraciones que vive desde el 4 de noviembre del 2012, cuando, injustamente, fue detenido como el asesino del seguidor de Barcelona George Michael Murillo León, horas antes de un clásico del astillero en Guayaquil.
Foto: Byron Velásquez, el hincha de Emelec, durante su confinamiento en la cárcel. Imagen tomada del blog Sol Naciente.
"Antes mi vida era mucho más fácil", dice. Antes, nadie identificaba a Lagartija. "Pasaba desapercibido. Pero hoy llevo sobre mí una marca, la marca de un criminal. Desde que me culparon de un crimen que no cometí", expresa antes de detallar que el daño ocasionado por aquel error policial no solo fue haber perdido su libertad durante 23 días, sino el funeral de su madre, Norma Briones, el amor de su vida, cuya salud se deterioró desde que lo involucraron en el asesinato.
Pero Byron tiene otro amor: Emelec, y este año vivió uno de los episodios más frustrantes de su vida, cuando se le negó el ingreso a Chile por la frontera con Perú, debido a que, en los registros de ese país figura como un criminal. "Fue bien lámpara (triste, feo)", expresa, mirando al piso y sonrojado del coraje e impotencia que a ratos lo invaden. 
"Siempre había podido estar con mi equipo en varios países. Ahora, con ayuda de gente que me aprecia y trabajando en lo que sea, había hecho el esfuerzo para apoyarlo en Santiago (ante la Universidad de Chile por la Copa Libertadores) y no pude. Me lo prohibieron. Me frustraron. Me quedé en la frontera hasta que la barra regrese, como todo un antisocial, por tener antecedentes penales. Esos que me endilgó la Policía y que salió a divulgar el ministro del Interior, José Serrano, pese a que yo era inocente", expresa.
Foto: Byron Velásquez, con la camiseta de Emelec, en una campaña antiviolencia para las barras de los equipos del Astillero (Imagen de azulyplomo.com).
Aún tiene claro el recuerdo de su permanencia en la Penitenciaría del Litoral. Más aún aquel 6 de noviembre, dos días después de la muerte de 'Arenita', como le decían al hincha de Barcelona. Dice que estaba recostado en el corredor del pabellón, cuando otro interno lo llamó para que vea la noticia del caso. Ahí escuchó al ministro decir: "Con la prueba electrónica se determina (refiriéndose al hincha azul) que utilizó un arma de fuego…, lo que da más certeza a la investigación judicial". (AUDIO del ministro José Serrano, cuando afirmó a EcuadorInmediato que en efecto Byron era responsable del crimen.)
"Había huellas de pólvora en mi mano, porque prendí fuegos artificiales no porque disparé. Y me expusieron como un criminal. Ahora es muy difícil componer todo".  Hasta hoy el Estado ecuatoriano no le ha dado una disculpa pública. "Nunca. Nadie me ha dicho disculpas por lo que pasó o me han llamado para decirme: Queremos arreglar esta situación". "Para ellos (las autoridades policiales y el ministro) es como si no ha pasado nada. Como si la marca que han dejado en mi vida no ha existido. Siguen sin hacer nada para reponer el daño causado".
Y el ministro del Interior, que fue quien salió a decir y casi asegurar que usted era el asesino, ¿ha hecho algo para reponer el daño? (Byron Velásquez en Diario El Universo en la que exige disculpas.).
"Nadie me ha buscado. Ninguna autoridad política o policial", asegura. Y pese a que en determinado momento, poco después de haber salido de prisión, le pidiera al ministro Serrano que, así como lo "sentenció", se disculpara, no hay respuesta. "Ya se lo he dejado todo a Dios. Todas las situaciones tienen su final. Tendrá que llegar algún día la justicia para mi. Toda la vida no va a ser igual", dice algo resignado.
Piensa un poco. Mira a su hija, de 4 años, que lo abraza con ternura, y dice: "Sí, me gustaría que algún día recapaciten, aunque ya no hay ninguna forma de remediar lo que ha pasado. Con pedirme disculpas no va a revivir a mi madre, no van a recuperar el daño psicológico que hemos sufrido; no van a borrar los recuerdos de las experiencias terribles que he experimentado al ser señalado".
Pero el daño moral y psicológico no es lo único que afecta a Byron Velásquez, también está fija aún una "mancha" en su récord policial. No puede encontrar un empleo. Ante la justicia figura como un antisocial. "Ahorita nadie me da un empleo, sobre todo por la exposición pública que sufrí. No solo es terrible estar marcado en la justicia. Pasar por cualquier lugar y escuchar: 'Ahí va Lagartija'; 'Ese es Lagartija, el que estuvo preso', también es terrible", sostiene.
Considera que no toda la gente lo ve como una víctima, hay quienes se quedaron con la imagen de un antisocial. "Hay personas que piensan que soy una persona mala. Solo por el hecho de que me mostraron por sospechoso de un crimen que no cometí se 'enamoran' (fijan) de uno. No puedo andar tranquilo porque no falta uno que diga: 'Ahí está el emelecista que estuvo en la cárcel'; 'Ahí está Lagartija'".

La madre»Abogado»»

Las diez posibles salidas a la crisis económica según Ortiz (2)

Redacción Plan V
Publicado el 20 de abril de 2015 aquí
1.- Bajar el gasto de inversión
Según el ex ministro, "una medida fundamental sería bajar el gasto de inversión del Presupuesto General del Estado USD en 3000 millones". Para Ortiz,esta cantidad, que es similar a la que se estima se dejaría de percibir por la baja del precio del petróleo, permitiría compensar la reducción de los ingresos petroleros. Entre los proyectos que podrían dejar de hacerse, están aquellos "en los que no se ha identificado su categoría, además de casos puntuales como inversiones en el Yasuní y la Refinería El Aromo". 
2.- Bajar el gasto corriente
El gasto corriente es un rubro del Presupuesto que se refiere a aspectos como sueldos y salarios de los funcionarios públicos, por ejemplo. En su análisis, Ortiz asegura que se podría hacer un ajuste de entre USD 1000 y USD 1500 millones. "Los ingresos tributarios van a caer a causa del deterioro de la balanza comercial en aproximadamente USD 1000 millones, que sugerimos se recorte del gasto corriente en proyectos de poco impacto como publicidad, propaganda, movilizaciones, vehículos del sector público".
3.- Orientación a las importaciones
En criterio de Fausto Ortiz, es necesario "fomentar y apoyar al sector externo no petrolero, es este el llamado a compensar la crisis de la balanza comercial y sacarla a flote". Esto significa, explica el ex ministro, "crear las condiciones para que el sector privado sea capaz de atraer inversión", pero admite que "son medidas estructurales a mediano y largo plazo", lo que significa que no darán efectos para este mismo año. 
4.- Renegociar los contratos petroleros
Otro aspecto que incluye Ortiz en sus recomendaciones es una renegociación con las empresas privadas que exportan el petróleo en nuestro país. Según explica el economista, las empresas petroleras están cobrándole al Estado, en promedio, USD 29,69 por cada barril extraído, cuando esos mismos barriles se están vendiendo en el mercado internacional en un promedio de USD 35. "Es necesario llamar a una renegociación de los contratos existentes, sin desconocer las complejidades, especialmente en temas legales, que esto conllevaría".
5.- Renegociar con las teléfonicas
La renegociación de las concesiones con las empresas de telefonía celular que operan en el país, como son Movistar y Claro, podría ser otra salida a la crisis. Según precisa el ex ministro, en 2013, las utilidades de los contratos de las operadoras celulares fueron de USD 1110 millones, sobre las cuales el Estado podría tener una mayor participación.
6.- Invertir en el turismo
Según precisa el ex ministro de Finanzas, la inversión en turismo podría generar recursos a corto plazo y liquidez "casi inmediata". Como ejemplo, menciona la inversión de USD 3,8 millones en el polémico comercial del Super Tazón norteamericano, con la que "el país espera un retorno de USD 60 millones adicional en turismo proveniente de Estados Unidos (el incremento iría de USD 540 a USD 600 millones). Esto no da la medida de lo rentable que puede ser la industria del turismo en el Ecuador, si se maneja de forma coherente la inversión".
7.- Regular el uso del dinero electrónico
Sobre el dinero electrónico, Ortiz considera que si bien el Código Monetario de 2014 "presenta la posibilidad de enfrentar la crisis con el uso de dinero electrónico", este podría convertirse en "una suerte de emisión inorgánica y con mayores libertades para disponer de las reservas bancarias", por lo que recomienda que la emisión del dinero electrónico no sea superior al 1% del producto interno bruto, que es una cantidad similar a la que el Banco Central tiene "como respaldo de caja, en forma de divisas para la emisión de moneda fraccionaria y cuya cobertura pudiera utilizarse como respaldo para el dinero electrónico".
8.- Fortalecer la Reserva Internacional
La reserva internacional del país es, actualmente, de USD 500 millones, pero Ortiz recomienda que se fije el objetivo de lograr un 30% de la relación entre la reserva internacional y los depósitos bancarios. El objetivo de tomar esta medida sería "encaminarnos a la acumulación de reservas, para poder mantener a flote la dolarización y que el escenario sea favorable para la inversión en el sector privado".
Fortalecer la Reserva Internacional, invertir los encajes bancarios, y regular el uso del dinero electrónico son algunas medidas destinadas a estimular a la banca, que también recomienda Ortiz.
9.- Invertir los encajes bancarios
Según explica Fausto Ortiz, es necesario que no decaiga la actividad financiera y bancaria, para lo cual recomienda que el encaje bancario sea igual a 0, y que la reserva de los bancos se invierta en instrumentos del Estado a tres años. El encaje bancario, según precisa Ortiz, son de aproximadamente USD 2600 millones, pero al tener un encaje de 0, "contarían con mayor cantidad de recursos para crédito y financiamiento y de esta manera se lograría dinamizar la economía".
10.- El endeudamiento es efectivo, pero deberá ser temporal
Finalmente, Fausto Ortiz piensa que el endeudamiento es una medida efectiva para solventar la crisis, en especial, debido a que la baja de los precios del petróleo "no la debemos leer como una crisis coyuntural y pasajera". Según precisa Ortiz, "al menos serán dos años los que le tome al petróleo llegar a niveles cercanos a los que encontramos a mediados de 2014, de entre USD 90 y USD 100 por barril". No obstante, precisa Ortiz, "el endeudamiento incrementaría la crisis fiscal que refleja el Presupuesto".

«Introducción

Las diez posibles salidas a la crisis económica según Ortiz (1)

Redacción Plan V
Publicado el 20 de abril de 2015 aquí
Por lo menos USD 9535 millones es el tamaño del hueco financiero que tiene el Ecuador este año. Esos son los cálculos del ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, quien se retiró del correísmo por una serie de discrepancias con el Jefe del Estado. 
La astronómica cifra es mucho más grande que el resultado de simplemente calcular cuánto dinero deja de entrar al Presupuesto por la baja del precio del petróleo. Resulta de  sumar una serie de valores que el Estado tiene que pagar.
Así, según detalla Ortiz en un reciente informe, el déficit inicial de dinero del Estado es de USD 5368 millones, a los que hay que sumar por lo menos USD 3449 millones por concepto de amortización. Esto da un primer subtotal: por los menos le faltan al país en este año USD 8817 millones. A este valor, Ortiz le suma los siguientes rubros: habría una "sobrevaloración de impuestos" estimada en USD 600 millones, una "subvaloración de los costos financieros" USD 300, y un pago por USD 1200 de preventa de petróleo. Esto suma USD 10917 millones.
Y todavía faltan más cosas que sumar: según el ex ministro, la caída de los ingresos petroleros propiamente dicha se puede cuantificar en USD 3087 millones, y la baja de ingresos por recaudación tributaria en no menos de USD 1000 millones. Otro subtotal: USD 4087 millones de dólares, que sumados a los USD 10917 millones que ya faltaban, significan que el Estado tiene de déficit por lo menos USD 15004.
El Gobierno, por su parte, se ha endeudado más para poder cubrir sus gastos. Se estima que, haciendo recortes de gastos, ahorrará USD 1419 millones. Obtuvo de China un préstamo por USD 2500 millones. El BID le prestó USD 800 millones, y colocó bonos por USD 750 millones. La suma de estos dineros que se han conseguido para financiar la crisis suma USD 5469 millones. Y todavía faltan los USD 9535 de los que hablábamos al principio. Pero, ¿qué hacer frente a esta enorme brecha? El propio Ortiz da diez consejos para salir de la crisis. 

El conteo»

Juan Pablo Pozo, el hombre que archivaba expedientes (3)

3. La novela

Foto: Una gráfica de 2013, en una sesión del CNE en Guayaquil, en la que se puede ver juntos a Paúl Salazar (centro) y a Juan Pablo Pozo, quienes en 2015 se enfrascaron en una puja por la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, que a la final la ganó Pozo.
Tal vez fueron los méritos, que son solo visibles para el oficialismo, los que llevaron a Juan Pablo Pozo a ser consejero en el CNE durante cuatro años y luego, durante un extrañísimo proceso a ser elegido Presidente del CNE. Cabe señalar que de los cinco miembros del CNE todos son miembros del Movimiento Alianza País, cercanos o simpatizantes… pero la presidencia del CNE era algo que estaba asegurado para Juan Pablo Pozo. Al menos, en apariencia…
Todo ocurrió el 8 de enero de 2015. Esa mañana, en la Asamblea Nacional debían posesionarse Carlos Tayupanta y Gloria Toapanta, quienes eran reemplazantes del presidente saliente del CNE, Domingo Paredes, y de la vocal Roxana Silva, respectivamente. En la toma de posesión, Solanda Goyes, que debía ostentar del cargo de vocal suplente se negó a firmar el acta y tomar juramento al denunciar irregularidades en el concurso.
Luego, Tayupanta y Toapanta fueron a la sesión del CNE en la que se designaría al nuevo titular de la organización. La seguridad de Juan Pablo Pozo sobre su nombramiento como titular de ese importante cargo para el correato era tal que había traído a su familia. Había, incluso, pagado un servicio de catering para después de la ceremonia celebrar con su familia su conquista política.
La sesión se instaló e, inmediatamente, Gloria Toapanta fue designada para dirigirla. Su primera acción fue mocionar para la presidencia del CNE a Paúl Salazar. La cara de asombro de Pozo fue lapidaria. Obviamente, Pozo no votó por Salazar. La otra vocal, Nubia Vélez tampoco lo hizo.
Foto: Apenas posesionado, Paúl Salazar dio una rueda de prensa junto a Carlos Tayupanta y a Gloria Toapanta. Salazar duraría ocho días en el cargo al cual renunció "voluntariamente".
El triunfo de Salazar se fraguó con los votos de los flamantes vocales Tayupanta y Toapanta y, fuera de toda ética, con su propio voto. Además, con la misma votación, Tayupanta fue nombrado vicepresidente. Salazar se posesionó inmediatamente. Pozo se encerró en su oficina, el servicio de catering no fue utilizado.
Este suceso ocurrió durante la visita del presidente Rafael Correa en China, en la cual gestionó ayudas económicas para Ecuador por $7 mil millones en servicios.
Pero tras el regreso del mandatario, las cosas cambiaron en el CNE. Por una parte, para la primera sesión del Pleno tras la posesión de Salazar, este renunció a su cargo, lo mismo que Tayupanta. Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís fueron nombrados presidente y vicepresidenta del CNE, respectivamente.
Foto: La posesión de Juan Pablo Pozo fue el 16 de enero de 2015.
En los comunicados de relaciones públicas del CNE se dijo que Gloria Toapanta había renunciado por “motivos de carácter personal”. Sin embargo, hay evidencia de que se le comprobó que no se había desafiliado del partido de gobierno Alianza País, lo que está prohibido por el artículo 340 del Código de la Democracia, algo que aparece el mismo Pozo se encargó de utilizarlo en su contra. El 27 de enero, Marcela Paredes, ocupó el puesto de Toapanta, la vocal artífice de la primera votación que logró sacar del estrellato a Juan Pablo Pozo por, al menos, ocho días… ahora está visto que seguirá el legado de los presidentes del CNE, Omar Simon que es secretario de la presidencia de la República, y Domingo Paredes quien no ha dudado en ir a los mitines de PAIS como una celebridad más dentro del jet set del oficialismo.

««Hasta arriba…«Avioneta

Juan Pablo Pozo, el hombre que archivaba expedientes (2)

2. Le dijeron que no vaya a la avioneta
Treinta minutos antes de las 12 de la noche del 15 de junio de 2009, llega un jeep 4×4 a la residencia de Jorge Marún, ministro de Transporte y Obras Públicas, faltaba solo media hora para que prescribiera el juicio político en su contra.
Ese día, la delegación de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aterrizó una hora antes en la ciudad de Guayaquil: La presidenta de la Comisión Silvia Salgado (PSFA), Marco Murillo (AMAUTA), Galo Lara (PSP), Ramiro Terán (MPD), un asesor de Lara y el piloto.
Foto: El juicio político al exministro Jorge Marún fue archivado por la Comisión de Fiscalización, de la cual Juan Pablo Pozo era secretario abogado.
¿Por qué los miembros de la Comisión de Fiscalización tuvieron que salir apuradamente del Palacio Legislativo en Quito y volar de noche en una pequeña avioneta a la ciudad de Guayaquil, para luego, en un jeep 4×4, llegar a la ciudad de Babahoyo casi a medianoche y con las justas notificar en su domicilio a Jorge Marún?
Tras la premura estaba el llamado a juicio político por supuestos actos de corrupción por más de US$1.000 millones de dólares en el Plan Relámpago. Si llegaban 30 minutos más tarde, el juicio prescribía… La notificación se la dejaron por debajo la puerta con testigos.
Al día siguiente la Comisión llamó a sesión para informar lo que había sucedido la noche anterior y para preguntar al, en ese entonces Secretario Abogado de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Juan Pablo Pozo, lo que había sucedido la noche anterior con él. Pozo indicó que recibió una disposición del en ese entonces Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, quién le había indicado que se detenga ahí, que no tome la avioneta y se retire a sus aposentos a descansar…
Hoy, varios años después hay dos preguntas claves sin resolver:
1. ¿Juan Pablo Pozo, como responsable custodio de todos los juicios y documentación que pasaron por esa Comisión tiene responsabilidad frente a estas ilegalidades?
2. ¿Como funcionario administrativo, el hecho de haber recibido una orden superior de no viajar a notificar del juicio político a Marún lo salva de su actuación?
En la oposición, esta comisión a la que pertenecía Juan Pablo Pozo, como custodio de la documentación, se la llegó a denominar Comisión de Archivo, porque en la práctica no permitió que se sepa a ciencia cierta qué paso con los fondos públicos. Se habló en su momento de que se habría falsificado, incluso, una parte de la documentación del juicio a la exsuperintendenta de Bancos Gloria Sabando.

«Hasta arriba…La novela»»

Juan Pablo Pozo, el hombre que archivaba expedientes

1. Desde la Facultad de Odontología hasta arriba

Foto: Una buena pesca… así se podría definir a meteórica carrera política de Juan Pablo Pozo, desde un puesto administrativo de suma importancia para los fines del oficialismo en la Asamblea, hasta la presidencia del Consejo Nacional Electoral.
Es en estas últimas semanas que el cuencano Juan Pablo Pozo, de 36 años, actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha hecho famoso por no difundir públicamente las carpetas de los aspirantes a un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o por la novela suscitada para su posesión como presidente del CNE. Pero para llegar a eso tuvo un puesto clave en la Asamblea que le permitió escalar hasta ser pieza clave en la maquinaria correato: la Función Electoral.
Durante los años en que la Comisión de Fiscalización y Control Político fue presidida por la asambleísta Silvia Salgado del Partido Socialista (PSFA), aliado incondicional del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, pasaron por esa Comisión aproximadamente cuarenta propuestas de juicios políticos.
Foto: Esta es la Comisión de Fiscalización que presidía Sivia Salgado. Juan Pablo Pozo era el abogado secretario.
Integraban también la Comisión: Betty Amores (AP) como vicepresidenta, César Rodríguez (AP), Galo Lara (PSP), Abdalá Bucaram Pulley (PRE), Gastón Gagliardo (AP), Marco Murillo (Amauta), Mauro Andino (AP), Pamela Falconí (AP), Ramiro Terán (MPD) y Secheznarda Fernández (MG); además de un equipo de asesores y secretarias, en su mayoría miembros del PSFA.  
El cargo administrativo más importante en la Comisión de Fiscalización lo detentaba el secretario abogado, quien era responsable-custodio de toda la documentación vinculada a las denuncias que se presentaban y de su correspondiente seguimiento.  Las denuncias llegaban, eran analizadas y, salvo excepciones, archivadas sin proceso.
Quien ejerció este cargo entre 2008 y 2012 era Juan Pablo Pozo, un desconocido en la política, quien había sido secretario abogado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca, y luego subgerente de una agencia de servicios médicos en su ciudad natal.
La recomendación del cuencano Fernando 'Corcho' Cordero, que en esa época era presidente de la Legislatura, para que asumiera el puesto en la Comisión de Fiscalización fue importante, pero ya una vez adentro su amistad con Silvia Salgado fue un puntal para seguir adelante. El pasado 15 de marzo, el Parlamento Andino dio su rendición de cuentas. Allí, Salgado, como vicepresidenta de ese organismo,  agradeció la presencia de Pozo en el acto.
Durante los cuatro años que Silvia Salgado fue la Presidenta de la Comisión y Juan Pablo Pozo el Secretario Abogado, de los más de cuarenta juicios políticos, solamente uno fue ejecutado, el que terminó con la destitución de la exsuper Intendenta de Bancos Gloria Sabando. El resto de denuncias fueron archivadas.
Los casos más rimbombantes fueron: el juicio político a Javier Ponce, Ministro de Defensa, por la compra de los helicópteros Dhruv, demandante fue el asambleísta de PSP Coronel Fausto Cobo; el juicio político contra el Ministro de Transporte Jorge Marún por el “Plan Relámpago” (contratación vial de emergencia por más de US$1.000 millones) la demanda que fue presentada por el asambleísta de PSP Galo Lara; el proceso contra el entonces Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, el cual fue demandado por miembros de la misma Alianza País, entre ellos Maria Paula Romo, Paco Velasco y Roxana Alvarado.
“Todos los juicios que llegaban se nos notificaba, los conocíamos y se archivaban”, informa una fuente vinculada a la Comisión que prefiere el anonimato.

Avioneta»Novela»»

Ecuador dejó de ser país petrolero (3)

Rafael Correa estaba enterado
En la cadena presidencial del sábado 5 de diciembre de 2009, un molesto Rafael Correa Delgado condenaba la primera fase de renegociación de contratos con las compañías petroleras extranjeras, calificándola como un “crimen, delito de lesa patria y traición”.
Foto: El presidente Rafael Correa, durante sus enlaces sabatinos.
Los principales acusados, aunque no visiblemente expuestos, se miraban y agabachaban sus cabezas, esperando el momento en que sus nombres revienten. Las palabras del mandatario sonaron como ráfagas: “Esto no va a quedar en la impunidad, el país sabrá los nombres y apellidos de quienes permitieron esta miseria y me voy a reunir con las privadas y vamos a hablar claro: o me invierten o se van, pero con el país no van a seguir jugando”, se escuchó en tono mayor.  Pero, los nombres de los responsables nunca salieron de su boca, al parecer eran muy cercanos y propios, como para dejarlos en evidencia: Galo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleos, contralmirante Luis Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador, y una plantilla de técnicos de viejo y nuevo cuño que conformaban los equipos negociadores.
Más allá de las palabras y acusaciones públicas, la información oficial señala que esta fase de negociación fue manejada y decidida directamente por Rafael Correa, su ministro Galo Chiriboga y un equipo asesor nombrado por el citado funcionario. El primer presidente de Petroecuador puesto por la Marina, contralmirante Fernando Zurita, cuestionó el proceso de negociación y anticipó los perjuicios que causaría, por esta y otras razones fue removido del cargo. En una carta de 21 de mayo de 2008 dirigida al presidente Correa, ubica nombres de los responsables: “La renegociación de los contratos de exploración y explotación de petróleo, siempre fue liderada por el Ministro de Minas y Petróleo, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, y, su grupo de asesores…“ (…) Durante el análisis de la negociación propuesta por el Ministro Chiriboga, él impuso su agenda, validando todo lo actuado por el grupo negociador, especialmente en los términos económicos".
En la “célebre” sesión del Directorio de Petroecuador, de 19 de mayo de 2008, el Presidente de la República, reveló que el informe de los técnicos extranjeros (CURTIS MALLET) contratados por el Estado señalaba que apenas una compañía estaría perdiendo con el 99/1, sin embargo de ello, Rafael Correa acogió el criterio de Galo Chiriboga, como se aprecia en el audio de la sesión:  “De acuerdo a la información que tu equipo presentó Galo (Chiriboga) con el decreto 99/1 seis compañías  estaban perjudicadas: City, Oriente, Repsol, bloque 16, Petrobras, Petroriental bloque 14, Petroriental bloque 17, la semana pasada me dicen no, que es solo una, si es que está perdiendo es City Oriente, el resto está ganando plata…¿Quién está en lo correcto ustedes o los mexicanos (CURTIS MALLET)? A lo que Galo Chiriboga responde: “Me parece que estamos nosotros” Rafael Correa retoma la palabra para precisar: “… yo como Presidente no puedo aceptar que esté tremendamente presionado para negociar los contratos y revocar el Decreto 99/1 porque seis petroleras están perdiendo plata para que un equipo de expertos traídos… (CURTIS MALLET) y que a lo sumo una está perdiendo plata, todo mundo está ganando y bastante, no puede ser, bueno, me presentas en informe unificado.”
Como ha podido apreciarse, el presidente Correa estaba al tanto de los estudios presentados por la consultora “Curtis Mallet”, además tenía los criterios expuestos por el expresidente de Petroecuador Fernando Zurita, de que la renegociación de contratos en los términos planteados era inconveniente y perjudicial a los intereses del Estado. Rafael Correa, sabía que incluso con el 99/1, “todo mundo está ganando y bastante”, sin embargo el Presidente acabó validando el criterio del entonces ministro Galo Chiriboga, que era coincidente con el de las compañías.
En esa dirección, el gobierno acordó la suscripción de un contrato transitorio con vigencia de 1 año, luego de lo cual se migraría a un contrato de Prestación de Servicios, la extensión de los contratos por varios años adicionales, muchos de los cuales estaban próximos a fenecer y la reducción del porcentaje por incremento del precio del crudo de 99% a 70%.
La segunda fase de negociación que concluyó con la firma de los contratos de Prestación de Servicios, fue validada por el presidente Rafael Correa,  y su liderazgo estuvo a cargo de Wilson Pastor Morris.

««Coctel«Fracking

Ecuador dejó de ser país petrolero (2)

Fracking de EE.UU., fractura a productores
Una suerte inédita, es la que ha gozado el gobierno de Rafael Correa durante estos ocho años, en los que los precios del petróleo se han mantenido altos, con un promedio de 70 dólares el barril, aunque ha llegado a picos de hasta 140 dólares.
Ilustración: Este es el esquema del fracking, o fracturación hidráulica que permite extraer hidrocarburos que se encuentran en las rocas a presión.
Solo en 2009 se experimentó una súbita, pero corta caída. Sin duda el desplome de los precios registrado en 2014 que se mantiene hasta la fecha -sin posibilidad de recuperarse en el corto plazo- es un golpe letal a la economía ecuatoriana. Este hundimiento de los precios estuvo advertido en la agenda de la economía global desde el año 2010 cuando se evidenció una baja de la demanda de derivados, producto del debilitamiento de la economía europea, principalmente, y ante la revolución silenciosa de EE.UU que le permitió subir la producción petrolera, a través de la novedosa técnica de fracturación hidráulica (Fracking), orientada a extraer hidrocarburos atrapados entre las rocas.
Una suerte inédita, es la que ha gozado el gobierno de Rafael Correa durante estos ocho años, en los que los precios del petróleo se han mantenido altos, con un promedio de 70 dólares el barril, aunque ha llegado a picos de hasta 140 dólares. Solo en 2009 se experimentó una súbita, pero corta caída. Sin duda el desplome de los precios registrado en 2014 que se mantiene hasta la fecha -sin posibilidad de recuperarse en el corto plazo- es un golpe letal a la economía ecuatoriana.
Este hundimiento de los precios estuvo advertido en la agenda de la economía global desde el año 2010 cuando se evidenció una baja de la demanda de derivados, producto del debilitamiento de la economía europea, principalmente, y ante la revolución silenciosa de EE.UU que le permitió subir la producción petrolera, a través de la novedosa técnica de fracturación hidráulica (Fracking), orientada a extraer hidrocarburos atrapados entre las rocas.
Como resultado de esta operación, EE.UU se ha convertido en el primer productor de petróleo del mundo, con 11 millones de barriles diarios, superando incluso a Arabia Saudita. Actualmente, la sobreoferta de crudo se estima en dos millones de barriles al día.
Esta revolución petrolera de EE.UU., no solo logró fracturar la geología sino que, al desplomar los precios del crudo, también fracturó a aquellas economías dependientes del petróleo, que actualmente ostentan gobiernos identificados como autoritarios. De esta forma, regímenes como el de Vladimir Putin (Rusia), Nicolás Maduro (Venezuela) y Rafael Correa (Ecuador), experimentan graves impactos en sus economías: Rusia prácticamente ha ingresado en recesión; en Venezuela, país que depende en un 95% de las exportaciones petroleras, la crisis está tocando fondo; y, la economía de Ecuador está entrando en terapia intensiva. La economía es mala consejera, la falta de dinero vuelve impopulares a los caudillos. De esta forma, EE.UU está exhibiendo una nueva estrategia para incidir no solo en la economía global, sino incluso “fracturar“ a gobiernos como los de Putin, Maduro y Correa, dejando en el pasado el cuestionado intervencionismo.
No hay excusa. El gobierno de Ecuador estaba advertido de la caída del precio del crudo y debió adoptar medidas para enfrentar los impactos en la economía, como crear una reserva con los recursos petroleros que excedieran el precio presupuestado. Por el contrario, las políticas emprendidas en el sector hidrocarburífero desde el año 2007 fueron en dirección opuesta. La entrega de la administración de Petroecuador a la Marina, privilegió objetivos políticos del gobierno, antes que la definición de una política energética soberana, los resultados fueron evidentes: caída de la producción, mayor corrupción, e impulso de inversiones millonarias en proyectos no sustentables, como la refinería del Pacífico, la explotación del ITT dentro del área protegida Yasuní, la construcción de la planta de gas en Monteverde cuando se va a sustituir el consumo de gas; o, cuestionados negocios con China, como el oneroso endeudamiento garantizado con petróleo.
Como nunca antes en la historia petrolera ecuatoriana, el crudo de exportación fue entregado sin licitación y a precios descontados, a Petrochina (China), Pdvsa (Venezuela), Petrovietnam (Vietnam) y Ancap (Uruguay), empresas estatales que sirvieron de pantalla para transferir el petróleo a intermediarios privados, que hicieron millonarios negocios a través de la reventa del hidrocarburo en el mercado norteamericano, principalmente.
En el plano de la contratación petrolera, el gobierno de Correa impulsó una propuesta orientada a liquidar el “pasado neoliberal“, recuperar una mayor participación en la renta petrolera y refrendar la “soberanía energética“: cambio de modalidad contractual de Participación a Prestación de Servicios. El revolucionario contrato de Prestación de Servicios diseñado por el exministro Wilson Pastor, no era sino el mismo viejo modelo aplicado por el propio Pastor durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero, con la compañía norteamericana Maxus (Bloque 16), solo que ahora con algunos maquillajes modernos.
La diferencia central entre el contrato de Participación y el de Prestación de Servicios, radica en que, en el primero, la compañía recibe una participación directa en la producción de crudo, mientras con el segundo, el Estado paga a la contratista una tarifa por barril extraído, de esta forma las compañías extranjeras se aseguraron un ingreso permanente, no así el país, cuyos ingresos estaban determinados por el comportamiento del precio internacional del hidrocarburo. Aunque en el contrato de servicios, literalmente el 100% del petróleo es de propiedad del Estado, en la práctica las tarifas se cancelan con petróleo.
Contratos como el de Maxus sirvieron de ejemplo para sendos cuestionamientos, por cuanto fomentaban graves distorsiones económicas y abusos de las compañías que inflaban los costos de producción, los que al final eran cubiertos por el Estado. Por esta razón este tipo de contrato fue sustituido por el de Participación en la década de los 90, aunque la cura resultó peor que la enfermedad, no porque el modelo sea malo en sí, sino por una pésima negociación, que definió una inequitativa participación del país en la producción de petróleo. En síntesis, durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, en los contratos de Servicios con costos de producción superiores a los precios del crudo, los ingresos para el país fueron cero, mientras que, en los renovados contratos de Participación, igualmente el Ecuador recibió un promedio de apenas 25 barriles de cada 100, una participación marginal.
Con ese telón de fondo, los funcionarios de la revolución ciudadana definieron el cambio contractual, el retorno al viejo modelo de servicios petroleros, maquillado. Cuatro fueron los beneficios que pensaban alcanzar con los nuevos contratos: a) mejorar la participación del Estado en la renta petrolera; b) atraer inversión extranjera para actividades de riesgo exploratorio; c) incrementar las reservas de petróleo; y, d) subir la producción de los bloques privados.
En la práctica, los objetivos a, b y c, resultaron un rotundo fracaso. El primero tuvo un relativo éxito debido a los altos precios del petróleo hasta el 2014, lo que le permitió al gobierno obtener mayores ingresos fiscales por exportación, hasta que los precios se desplomaron y dejaron en harapos el ponderado modelo contractual.
Durante los cinco años de vigencia de los contratos, las reservas probadas de los bloques operados por las transnacionales no se incrementaron, la producción cayó hasta ubicarse en 2014 en 120 mil barriles diarios. Los yacimientos operados por las compañías extranjeras están prácticamente agotados.
El gobierno garantizó tarifas de entre 35 y 41 dólares por barril a las compañías extranjeras, en los principales bloques petroleros, aunque en algunos casos como Ancón, la tarifa es de 58 U$/BL, además redujo el impuesto a la renta del 44.4% al 25%. Así, las compañías se aseguraron un ingreso fijo, mientras la participación del Estado quedaba a expensas del precio internacional del petróleo. El costo de producción de Petroecuador y Petroamazonas a esa fecha (2010) era de 9 dólares el barril, promedio.
Según las propias cifras del gobierno lo que ganó el país con el cambio de modalidad contractual de Participación a Prestación de Servicios, fue 0,34 centavos de dólar por barril. Una cifra insignificante, como se expresa en el cuadro.
En el área de mayor producción privada, como es el Bloque 16 de Repsol, el país perdió 2,27 US/BL, con la nueva tarifa. Además se le amplió el contrato por 6 años, en circunstancias que desde el 2012, el 100% de las reservas, infraestructura y producción (38 mil barriles diarios) debieron pasar gratuitamente al Estado.
En el caso del bloque Tarapoa operado por la empresa china Andes Petroleum (CNPC), con la renegociación se anexó el campo unificado Fanny 18B, cuyo 70% de reservas eran de propiedad de Petroecuador, esta acción se adoptó pese a que en la reforma legal no consta ninguna disposición relativa a campos compartidos.
Con la compañía italiana Agip (Bloque 10) igualmente se amplió el plazo contractual y se anexaron los campos Lumbiquiti y Oglan, este último descubierto por Petroecuador, con reservas probadas de 60 millones de barriles, cuya extracción hoy le cuesta al país 35,00 US/BL.

Las joyas de la corona van a compañías extranjeras
Con el objetivo de subir la producción en los campos maduros, conocidos como “joyas de la corona“, anteriormente operados por la estatal CEPE-PETROECUADOR, el gobierno procedió a la firma de contratos de servicios específicos, entre los años 2012 y 2014, con las compañías extranjeras: Halliburton, Schlumberger, Tecpetrol, Sinopec, Sertecpet, para los campos Auca, Shushufindi, Cuyabeno, Libertador, Aguarico. Previamente, el campo Sacha, uno de los más grandes del país, fue adjudicado a la empresa mixta Río Napo (Petroecuador-Pdvsa) con una tarifa de 17,06 U$/BL.
Con estos contratos se obliga a la empresa pública Petroamazonas a adquirir a las empresas privadas extranjeras, directamente y por 15 años, los equipos y servicios para mantener y subir la producción; además, se incluye la aplicación de tecnologías de recuperación mejorada, con una tarifa de 39 dólares el barril. Las inversiones en equipos y contratación de servicios de Petroamazonas el 2014 ascendieron a U$ 3384 millones, mientras el año 2007 fueron apenas de U$ 342 millones. La vigencia de estos contratos y el crecimiento de la inversión pública, permite explicar el incremento de los costos de producción de Petroamazonas, de 9 a 27 U$/BL. En menos de tres años prácticamente los costos se triplicaron.
Como se aprecia, con los contratos de servicios específicos estas compañías se aseguraron por 15 años la provisión directa (Sin licitación) de bienes y servicios a Petroamazonas, por una cifra superior a los U$ 3000 millones anuales, uno de los mayores negocios del país. Durante siete años de la revolución ciudadana (2007 – 2014) las inversiones en exploración y explotación de petróleo realizadas por las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, llegaron a U$ 13.037,01 millones, una de las más altas de la historia petrolera, pero los resultados, principalmente el descubrimiento e incorporación de nuevas reservas probadas, son negativos.
Aunque literalmente, la empresa pública Petroamazonas figure como operadora de los campos maduros (Joyas de la Corona), en la práctica, de acuerdo con los contratos de servicios específicos, la casi totalidad de actividades: desde los servicios de alimentación, estudios técnicos, fiscalización, sísmica, mantenimiento y perforación de pozos, las realizan compañías privadas extranjeras, en una suerte de privatización encubierta.

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