Sobre las causas que detonaron la implosión de la cascada San Rafael y el actual proceso de erosión regresiva, los técnicos manejan dos hipótesis. Por un lado hay quienes sostienen que la implosión de la cascada fue producto de un fenómeno geológico que sucede de manera natural y que tarda miles de años. Otra hipótesis es que el proceso geológico natural se aceleró debido a la operación de la Hidroeléctrica, ya que para su funcionamiento se quitaron sedimentos, provocando un imbalance hidrológico en el río Coca. Con menos sedimentos, el golpe de agua del río sobre su lecho adquiere mayor fuerza, y acelera el proceso erosivo natural, provocando la implosión.

Si bien determinar las causas de la implosión de la cascada es fundamental, pues se perdió un icono natural ya que era la mayor caída de agua  en el país, con 150 metros, detenernos en esa discusión no nos llevará muy lejos. Esto porque no se cuenta con estudios y datos científicos que nos permitan dilucidar con certeza y rigurosidad las causas de la implosión. Muchos científicos están detrás de la pista, y en la reflexión a continuación, lo clave es recordar que hay una coincidencia en la implosión de la cascada y la puesta en marcha de la hidroeléctrica. Apenas 4 años después de su inauguración, San Rafael la icónica cascada desapareció, y debido a esto se inició el proceso erosivo y todo el desastre socioambiental y económico que se ha ocasionado.

Vale recordar que las autoridades – CELEC – Corporación Eléctrica del Ecuador, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua[1] frente a la implosión de San Rafael lucieron inmovilizadas y no activaron ningún tipo de alerta. Hecho que refleja una primera negligencia frente al acontecimiento. Y aquí hago una primera pregunta, ¿Cómo es posible que no se activen protocolos de alerta y se generen grupos técnicos para entender y modelar los efectos de tal evento? Para personas como yo que han trabajado en la gestión ambiental por más de 20 años, una activación técnica era obvia. Pero lamentablemente, como ya estamos acostumbrados en el país, esto no fue lo que sucedió.

Tan solo un mes después de la implosión de San Rafael, en plena pandemia COVID19, sin protocolos y sin alertas desde la institucionalidad, asistimos a lo que podría ser el mayor desastre socio ambiental en el país en las últimas décadas.

En abril del 2020, la fuerza erosiva del río Coca provocó la rotura de la infraestructura de transporte de hidrocarburos del país: SOTE – Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, el Poliducto Shusufindi Quito y el OCP – Oleoducto de Crudos Pesados. Debido al fuerte caudal del río, el derrame de petróleo avanzó rápidamente, llegando incluso hasta el río Napo y causando un daño ecológico y social incalculable e irreversible. Hasta la fecha no se cuenta con información oficial, pero según cálculos el derrame estaría por el orden de los 15 mil barriles.[2] Los efectos del derrame provocaron el desabastecimiento de agua de las poblaciones río abajo, lo que trajo consigo severas consecuencias para su salud y alimentación, pues siendo ribereñas no pudieron abastecerse de agua y peor pescar para su sustento.

Al respecto, sigue dormido entre el usual papeleo judicial la demanda que comunidades y organizaciones indígenas presentaron contra los ex ministros de Energía, de Ambiente y de Salud, en abril 29 del 2020.[3] Y como es de esperarse esta demanda quizás nunca se procese y las comunidades afectadas nunca verán reparación, peor justicia.

Luego del derrame, las autoridades gubernamentales algo se movieron y comenzaron a trazar variantes para proteger la infraestructura de transporte de petróleo. Sin embargo, el proceso erosivo siguió su curso y en agosto del 2020 se afectó un tramo de la vía Baeza – Lago Agrio.  Desde su inicio, se han tenido que adecuar varias variantes al SOTE y al Poliducto, y las poblaciones aledañas han visto afectadas sus viviendas y medios de vida. Haciendo este recuento, cuestiono la capacidad de planificación técnica de nuestras autoridades, lo ocurrido simplemente les rebasó y lo que es peor aún les rebasa.

Actualmente, el proceso erosivo sigue su curso imparable, a pesar que las autoridades han construido muros de contención, diques y otras obras para intentar desacelerarlo. La erosión no se detendrá hasta que encuentre roca dura, algo que no es fácil de encontrar en la cuenca del río Coca, compuesta por depósitos aluviales y suelos volcánicos de suave composición provenientes de la constante erupción del Volcán Reventador. Las imágenes muestran cómo el río, en búsqueda de su equilibrio hidrológico, alterado por la desaparición de la cascada, ha cortado el paisaje como una cuchilla sobre mantequilla.  Así de suave es el suelo en la zona. La velocidad del proceso erosivo es tal que en un año y medio ha recorrido 10 km, tasa que está concitando el interés científico internacional pues no se ha registrado en ningún otro sitio.[4]

La crónica del desastre desencadenado nos deja claras lecciones sobre lo que no se debe hacer. Además de las negligencias que he mencionado antes, es evidente que ubicar a la Coca Codo Sinclair y las arterias de trasporte de petróleo del Ecuador en esta zona es un completo desatino.

Quizás se podría entender que la decisión del trazado del SOTE – construido en los 70 fue producto de ausencia de información técnica. Sin embargo, luego del terremoto de 1987, que justamente mostró que en el sitio hay una falla geológica de gran magnitud, el insistir en trazar la ruta del OCP por el mismo lugar raya en una negligencia soberbia. Ya para el 2001 cuando se concretó el trazado del OCP organizaciones ambientalistas plantearon su oposición desde argumentos técnicos. Sin embargo, las alertas no fueron escuchadas y bajo el argumento de aprovechar la misma ruta del SOTE, esta arteria se construyó.

Luego, 10 años después, se revive la idea de construir la Coca Codo Sinclair, la obra que según el entonces presidente Correa nos llevaría a la eficiencia energética. La obra otra vez se planifica en el mismo sitio con Estudios de Impacto Ambiental no lo suficientemente detallados considerando la magnitud de su efecto sobre la cuenca del Río Coca y el impacto en la región, sin estudios geomorfológicos, hidrológicos y de sedimentación rigurosos y actualizados a la nueva realidad que enfrentamos bajo la crisis climática.

Esto ya no es negligencia esto ya es desidia. Para entender mejor esta crónica de indolencia, les invito a revisar el estudio de caso realizado por técnicos agrupados en el Observatorio de Ríos Andinos. Luego de leer el estudio de caso seguramente sentirán la misma desazón que yo tengo al escribir esta reflexión.

La Coca Codo Sinclair, además de construirse sin las consideraciones técnicas se realizó bajo un hilo de opacidad y con fuertes indicios de corrupción. En resumen, lo que fue una promesa para el salto energético del país ahora es el emblema de la indolencia.

Luego de esta dolorosa crónica ya no se trata de ¿Qué obras de ingeniería debemos construir para parar el proceso erosivo?, pues como he comentado según los modelos técnicos la hidroeléctrica va a quedar inservible. En cambio, hay varias preguntas que nos debemos hacer y exigir a las autoridades a responder:  ¿Qué se planifica para evitar el déficit energético que tendremos con la inutilidad de la Coca Codo Sinclair? ¿Cómo se van a corregir las ausencias en el detalle y profundidad de las obras hidroeléctricas que están programadas a construir para evitar un siguiente desastre? Aquí traigo a colación el proyecto en el Río Santiago, que según varios técnicos tiene similares vulnerabilidades y sobre el que, para variar, no se conoce mucho.

¿Cómo se va a enfrentar el desastre ambiental que está ocurriendo? Esto es clave a destacar, pues el proceso erosivo del Río Coca está incrementando el nivel de sedimentos en los ríos, con lo cuál se reduce la oxigenación y por ende se proyecta la muerte de mucha fauna de los ríos. Las poblaciones ribereñas ya están sintiendo estos efectos.

No tengo respuestas a las preguntas planteadas. Son demasiado grandes y complejas. Lo que es claro, sin embargo, es que como país nos las tenemos que hacer. El futuro energético del país, clave para cualquier recuperación económica, requiere que nos las hagamos y procuremos resolverlas. Lo ocurrido nos debe interpelar, no podemos volverlo a repetir.

[1] Actualmente, a la fecha de este artículo el Ministerio ha cambiado su nombre a Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica

[2] https://gk.city/2020/08/22/colapso-carretera-erosion-rio-coca/

[3] https://gk.city/2020/04/29/demanda-derrame-petroleo/

[4] Emilio Cobo Presentación “El Proceso Erosivo del Rio Coca”, Observatorio de Ríos Andinos. Junio 23, 2021

Simular se define como hacer parecer que existe u ocurre una cosa que no existe o no ocurre. El negocio real nunca fue de Petrochina u otras empresas estatales, cada cargamento de crudo, en el mismo puerto de Esmeraldas, era endosado a las empresas intermediarias del grupo Gunvor. Una fórmula de corrupción que empezó a ser revelada por nuestro medio desde hace una década y que acaba de ser confirmada hace poco por la justicia de los Estados Unidos.

La campanada de la justicia gringa

Estados Unidos sigue desmantelando la red de corrupción del correísmo en Petroecuador. Quince personas, entre funcionarios, contratistas y lobistas, han reconocido ante la justicia de ese país, que recibieron y/o entregaron sobornos para lograr contratos con la petrolera ecuatoriana. Las confesiones superan ya $60 millones de dólares.

El último en declararse culpable de sobornar a funcionarios de Petroecuador es el vicepresidente de Gunvor, Raymond Kohut, quien reconoció que entregó $22 millones en coimas para que Petroecuador le entregase el crudo a dos empresas asiáticas con las que Gunvor tenía acuerdos para comercializar y vender los productos petroleros ecuatorianos.

Gracias al millonario esquema de sobornos, el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina, Unipec y Petrotailandia terminó en manos de Gunvor, a través de las intermediarias Taurus Petroleum, Core Petroleum, Ursa Shipping, Gunvor S.A. y Castor Petroleum. Compañías relacionadas con el empresario Enrique Cadena Marín, a quien este medio ha identificado como el “consultor 2” (ciudadano de Ecuador y España) tanto en los esquemas de sobornos de Vitol-Oman Trading, Core Petroleum y Gunvor.

La denuncia del agente del FBI, James Kelley, señala que Gunvor “ayudó a obtener financiamiento por aproximadamente $5.400 millones en préstamos respaldados con petróleo de las entidades estatales a Petroecuador de conformidad con los contratos”.

Y que el esquema de pagos irregulares surgió con el primer contrato de compraventa de crudo, que se firmó en 2009 con Petrochina, para garantizar el préstamo de $1.000 millones que China le entregó al Ecuador.

Las líneas de crédito pagadas con petróleo se basaron en convenios de alianzas estratégicas y en el decreto 466, firmado por Rafael Correa Delgado.

Si bien el primer contrato de préstamo se firmó con Petrochina, fue la empresa Gunvor la que negoció y pagó la coima para que Petroecuador le diera el contrato.

Ese esquema se repitió tantas veces y solo quedó en evidencia cuando se descubrió la trama del caso Vitol, que en 2016 pagó las coimas por el contrato adjudicado a Oman Trading International Limited.

Quiere decir que fueron las intermediarias las que realmente controlaron los contratos de préstamos soberanos, garantizados con petróleo. Algo que, expertos consultados llaman simulación contractual.

En septiembre de 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas – ICIJ, con información obtenida de la Unidad de Inteligencia Financiera Estadounidense (FinCEN), reveló que la empresa Fairgate Trading Corp., de propiedad de Enrique Cadena Marín, recibió $10,2 millones de la intermediaria Core Petroleum, firma vinculada a Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Ursa Shipping y Gunvor. Core al igual que sus relacionadas revende el crudo ecuatoriano.

En Ecuador Core Petroleum está representada por el abogado Daniel Pino, que también es patrocinador jurídico de Enrique Cadena. Además, Pino figura como representante de Oman Trading, pantalla de Vitol.

A los contratos con Petrochina le siguieron otros con Unipec Asia Co. Ltd. (Sinopec), PTT Petrotailandia Public Company Limited, Oman Trading International Limited. Aunque los contratos comerciales suscriben las empresas estatales, los contratos de fletamento de buques con Flopec lo realizan las intermediarias.

En el caso de Petrochina, toda la documentación referida a los cargamentos del crudo se entrega a Petrochina International América, firma creada en Panamá y domiciliada en Houston, Texas.

Los documentos judiciales explican que Raymond Kohut no montó el esquema de sobornos, solo. Le ayudaron dos “consultores” que, a través de dos empresas gestionaron, cobraron y repartieron las coimas a tres funcionarios de Petroecuador. El mismo esquema que usó Javier Aguilar de Vitol, hecho público en diciembre de 2020.

Las investigaciones de Periodismo de Investigación PI encaminan nuevamente a ratificar que los consultores 1 y 2 en ambos casos (Vitol y Gunvor)  son los mismos empresarios: Antonio Peré (consultor 1, un ciudadano de Ecuador, Estados Unidos y España) y Enrique Cadena Marín (consultor 2, ciudadano de Ecuador y España), identificado como agente de Gunvor.

Kohut y los consultores “ofrecieron, prometieron y pagaron sobornos” a funcionarios ecuatorianos a cambio de que ayuden a Gunvor y a otros, a “obtener y retener negocios con Petroecuador”.

De los funcionarios sobornados, la denuncia de Kelley dice que uno ocupó un cargo alto en Petroecuador entre 2010 y mayo de 2017. Dados los hechos y las fechas todo conduce al exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias Sandoval, que ocupó ese cargo entre 2010-2017. Arias también aparece en el esquema de sobornos de Vitol como alias “gordo”.

El funcionario 2 “tuvo responsabilidades en el sector energético” entre 2018 y marzo de 2020 en el Gobierno. Fuentes de PI señalan que se trataría del exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto Briones.

De mayo de 2017 a mayo de 2018, José Agusto fue asesor del entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Luego fue nombrado Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y a finales de 2018, secretario de la Presidencia.

En noviembre de 2019, se posesionó como ministro de Energía y Recursos Naturales, cargo al que renunció en marzo de 2020. José Agusto Briones es parte de otra trama de sobornos conocida como Las Torres, causa por la que se encuentra detenido.

Uno de los operadores políticos de Enrique Cadena Marín, en el gobierno de Lenín Moreno, fue el exconsultor presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien reconoció ser compadre del “zar petrolero”.

La relación de Cadena y Cuesta se confirmó en al menos una transferencia bancaria de 2012, por $200 mil. El poder de Cadena se hizo presente en la campaña electoral del binomio Moreno – Glas en 2017, con varios compromisos económicos.

El funcionario 3, según los documentos judiciales, reemplazó al “alto funcionario 1” a partir de 2017 en Petroecuador. Este medio le consultó a Mauricio Samaniego, quien también ocupó la gerencia de comercio internacional. Le preguntamos si estuvo involucrado en el sistema de sobornos.

Respondió que esos contratos fueron firmados años antes de que ocupe cargos en Petroecuador, que al no haber sido parte de acuerdos del pasado no había razón para que su nombre sea involucrado en el caso: “yo no reemplacé a Nilsen Arias en la gerencia de comercio internacional, yo reemplacé a Jorge Cisneros y nunca supe de Gunvor, si se quiere certezas soliciten los nombres a la justicia”, dijo.

Samaniego ocupó el cargo de gerente de comercio internacional entre diciembre de 2017 y noviembre de 2020.

La única negociación directa realizada por Gunvor, fue en 2020, asociada a la firma Sycar, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando obtuvo de forma discrecional una autorización para importar gas natural, un acuerdo comercial cuestionado por varios sectores.

El esquema

En el caso Gunvor, los consultores crearon empresas en Panamá e Islas Vírgenes para gestionar, ocultar y realizar los pagos irregulares.

Los sobornos salían de las cuentas de Gunvor en Singapur a las cuentas bancarias de los consultores en Suiza, Panamá e Islas Caimán. Luego, las coimas eran transferidas a las cuentas de los funcionarios de Petroecuador. La mayoría de los pagos realizados por Gunvor se hicieron a través de cuentas bancarias en EE. UU, “en parte para ocultar las ganancias de los esquemas de sobornos”.

Para lavar las coimas simularon contratos de consultorías ficticias. Tal como lo hizo Vitol (y Odebrecht) en sus sistemas de sobornos, porque el dinero sucio debe justificarse de alguna forma.

Los consultores celebraron contratos falsos de consultorías con una subsidiaria de Gunvor en Singapur. Esos acuerdos establecían que Gunvor pagaría a las “empresas consultoras” una comisión por cada barril de petróleo que obtuviese.

El mismo mecanismo que usaron Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar para cobrar las comisiones por “ayudar” en las negociaciones en la primera preventa de crudo firmada con Petrochina en 2009. Es así como el crudo que salió de Ecuador terminó en manos de Gunvor.

Contrato de Eston Trading

Solo en ese contrato Ecuador entregó más de 69 millones de barriles. La misma Contraloría General del Estado reconoció que el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina tenía “libre destino”, no llegaba a China porque se revendía en otras partes del mundo y era cargado por Taurus Petroleum, cuyos propietarios Ben Pollner y Edward Pollner, también administraban Castor Petroleum y Gunvor S.A. de Panamá, esta última creada en 2007. Una de las cláusulas negociadas con los sobornos fue la introducción en los contratos de la cláusula de libre destino, violando la normativa de alianzas estratégicas.

A cambio de su gestión, Cadena y Baquerizo, a manera de comisión, recibieron $1 dólar por cada barril que Petroecuador entregó. Fue Castor Petroleum -otra intermediaria- quien pagó las comisiones a través de Waterway Petroleum Ltd., compañía que también es parte del grupo Gunvor.

Waterway Petroleum Ltd simuló contratos de asesorías en comercialización de crudo con Eston Trading Ltd., una compañía creada en Nevada, EE. UU. con dinero de Naparina Corp. S.A, de Enrique Cadena. Eston Trading a su vez contrató a Livinstong Financial Corp. para que sea su agente, a cambio de una comisión de $ 0,80 por barril. Es así como USD 0,20 fueron a la cuenta Eston Trading Ltd. y USD 0,80 a Livingston Financial.

La ruta peruana

Información de Petroperú nos permitió confirmar el perjuicio en la intermediación. El crudo ecuatoriano facturado por Petroecuador a Petrochina, Unipec y PTT y entregado en el puerto de Esmeraldas, presenta entre 3 y 5 dólares menos que el precio de facturación (precio de mercado) pagado por la estatal peruana a las intermediarias Gunvor, Core, Taurus y Castor.

Considerando una diferencia promedio de 3 dólares por barril y 1300 millones de barriles comprometidos, el perjuicio para Ecuador hasta el año 2024, llegaría a $4 mil millones.

Este medio ha publicado más de una docena de reportajes sobre la relación de Cadena con las intermediarias y funcionarios de Petroecuador. En un reportaje de septiembre de 2019, el portal hizo público un correo electrónico, de enero de 2011, en el que José Ordóñez (Cortisona), ejecutivo de Petroecuador, le comunicaba a José San Martín, empleado de Cadena, que habían “valores pendientes en el tema de Petrochina, puesto que inclusive no se canceló valor alguno en las fiestas navideñas.

Te solicito realizar las gestiones pendientes a fin de regularizar los pagos de manera continua”, se lee en la comunicación.

Otros correos a los que este medio ha tenido acceso dan cuenta de la relación comercial existente entre Cadena y los ejecutivos de Taurus Petroleum, Core Petroleum y Castor Petroleum.

En estos documentos se advierte que son los intermediarios quienes manejan la cadena de trading, coludidos con las empresas estatales que sirven de pantallas para evitar la licitación.

La investigación de Estados Unidos, basada en información proporcionada por dos testigos cooperantes, registros bancarios, llamadas telefónicas y reuniones grabadas, comunicaciones de WhatsApp y correo electrónico, revisión de contratos, acuerdos y otros documentos, señala que, hasta febrero de 2020, Kohut y sus conspiradores se reunieron en Estados Unidos para tratar el tema de los sobornos en Petroecuador.

¿Pero, cómo se conocieron Raymond Kohut y Enrique Cadena?

Kohut conoce bien cómo funcionan los negocios petroleros en Ecuador. Hace 20 años fue gerente de relaciones comunitarias del Consorcio OCP (integrado por Occidental Petroleum (Oxy), Alberta Energy Corp., Kerr McGee, AGIP-ENI, Perez Companc, Repsol-YPF, Techint) que construyó el oleoducto de crudos pesados.

Cuando estuvo vinculado a Oxy (que extraía crudo del bloque 15 en las provincias de Sucumbíos y Orellana) conoció a Carlos Cadena, este a su vez, le presentó a Enrique Cadena. En 2006, Oxy dejó el país porque el presidente Alfredo Palacio declaró la caducidad del contrato por violar la Ley de Hidrocarburos. Enseguida la compañía Taurus Petroleum, de la mano de Enrique Cadena, se adjudicó los cargamentos de crudo de los campos que estaban a cargo de Oxy. Kohut y Cadena empezaron a trabajar juntos comercializando el crudo ecuatoriano.

En enero de 2013, el libro “Ecuador, made in China”, de Fernando Villavicencio, reveló el millonario negocio que tenían las intermediarias con el crudo ecuatoriano. Identificó a Enrique Cadena, Raymond Kohut y varias empresas intermediarias como los dueños del negocio de la intermediación y reveló que Kohut, de Gunvor en Ecuador, estaba vinculado desde hace años a Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

Para 2013 la fiscalía de New York investigaba las operaciones de Gunvor y recibió información de respaldo del libro Ecuador made in China.

En 2014 el gobierno de Obama emitió sanciones en contra de Gunvor Group.

En Ecuador los representantes de Gunvor son el estudio Bustamante & Bustamante, que además tiene relación con Taurus Petroleum, pues Bayardo Poveda, abogado de ese estudio, endosaba los conocimientos de embarque de Petroecuador – Petrochina a nombre de Taurus Petroleum. Bayardo Poveda es primo hermano de Rafael Poveda, exministro Coordinador de Sectores Estratégicos del régimen correísta. El referido estudio jurídico, también asesoró al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción.

Miles de documentos en poder de PI y de la Fiscalía de Ecuador, confirman las rutas del petróleo y del dinero. Los conocimientos de embarque (bill of lading) son endosados en representación de Petrochina América (off shore panameña) por el banco Paribas y en representación de Taurus Petroleum por Bayardo Poveda (Bustamante & Bustamante).

La refinería compradora del crudo deposita el dinero en la cuenta de la empresa intermediaria (Taurus) en el Paribas. A través de correo electrónico, Natasha Lecomt, operadora de Taurus, autoriza transferencia de la comisión, de la cuenta del Paribas a una cuenta de Enrique Cadena (Consultor) en el JP Morgan de EEUU. Y, de acuerdo con las investigaciones de la justicia norteamericana, de esos recursos, el consultor entregó los sobornos a los funcionarios del gobierno de Rafael Correa.

¿Quiénes ganaron en el negocio de la compraventa de crudo?

Todos, menos Petroecuador. La comercialización de crudo en Ecuador es un negocio lucrativo de las intermediarias que se esconden detrás de las fachadas de las empresas estatales con el fin de evitar los procesos de licitación.

Ganan las intermediarias que compran el crudo más barato y lo revenden en cualquier parte del mundo a precios mayores a los comprados a Petroecuador. Análisis comparativos de precios de los mismos buques facturados en Ecuador, difieren hasta en 5 dólares el barril, de los facturados en refinerías de Perú.

Ganan las empresas estatales y sus países. En el caso de Petrochina que, aunque no comercia directamente con el crudo ecuatoriano, gana porque tiene negocios a futuro. Entregando préstamos con altos intereses y garantizados, además, con crudo a precios inferiores a los del mercado.

Gana el gobierno chino que obliga a Ecuador a contratar con sus empresas, utilizando parte de los créditos (tramo B) para financiar obras con sobreprecios.

Conclusión:

Entre 2009 y 2020, los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, suscribieron líneas de crédito por más de 20 mil millones de dólares, garantizadas con la entrega de 1300 millones de barriles de petróleo y fuel oil, hasta el año 2024.

Dependiendo del precio del petróleo, se estima que durante ese período Ecuador entregó un volumen cinco veces superior al requerido para cubrir el monto de la deuda. Es decir, con un precio promedio de 60 dólares el barril, se requería apenas 350 millones de barriles para pagar la deuda total, pero se comprometió un volumen cinco veces superior.

Las empresas estatales y sus intermediarias manejaron $80 mil millones en negocios a futuro, lo que en buen romance significa que acabaron prestando a Ecuador su propio dinero con intereses usureros. Una auténtica estafa transnacional.

Los negocios con Petrotailandia ponen claridad sobre este mecanismo delictivo. El contrato de provisión de crudo con PTT no cuenta con un colateral financiero, es decir no hay banco que garantice el crédito. ¿Cómo así una empresa petrolera presta dinero con intereses?

En realidad los créditos salen de los propios intermediarios que utilizan el petróleo como garantía o de otras fuentes sospechosas. El contrato no lo firma la empresa pública de Tailandia, sino su trader privado de Singapur. Fuentes del sector confirmaron a PI que los contratos con PTT fueron negociados por Nilsen Arias, William Vásconez, Marco Calvopiña y Antonio Peré. Este último vinculado al caso Odebrecht por José Miguel Terán, quien reveló que la constructora brasileña entregó millones de dólares a Marco Calvopiña, a través de una off shore de Peré.

La participación de Antonio Peré como operador del correísmo fue confirmada por el exministro de Hidrocarburos Carlos Pérez, al revelar que Peré junto a William Phillips (Crupo Azul), -en representación de Jorge Glas- negociaron con él, cuando representó a Halliburton, un crédito de $1500 millones a cambio de la concesión del campo petrolero Sacha. Un negocio que finalmente no prosperó.

Durante los últimos 14 años, las negociaciones de deuda externa y negocios de los sectores estratégicos, especialmente con China y Tailandia, contaron con la asesoría de la firma norteamericana Hogan Lovells (HL). Este portal pudo establecer que en la actualidad HL gestiona créditos al sector público y privado de Ecuador y uno de sus operadores es el exsecretario de crédito público, William Vásconez.

El engaño revolucionario

En 2007, el flamante presidente Rafael Correa Delgado, condenaba la intermediación petrolera: “Regalábamos nuestros dineros a las transnacionales y a los intermediarios, ahora se acabó la intermediación de los crudos. Petroecuador es la única empresa de producción de crudo que yo conozco, que no vende al consumidor final, que es la refinería, sino al intermediario.”, decía.

El discurso aplaudido por millones le permitió al joven mandatario -autoproclamado izquierdista-, levantar un andamiaje jurídico y contractual dirigido a entregar directamente el petróleo ecuatoriano a empresas estatales de los “países amigos”. En boca de Correa, el crudo debía ser llevado a las refinerías públicas. Supuestamente, era la muerte de los intermediarios.

Nadie se imaginaba que ese discurso resultaría una estratagema orientada a ocultar a viejos y nuevos traders, utilizando como pantallas a empresas estatales de los «países amigos».

Así, en casi quince años de revolución ciudadana, se perpetró uno de los mayores negociados de la historia petrolera ecuatoriana, delito que ahora empieza a ser confirmado por la justicia de USA.

El pasado 26 de febrero Carlos Rabascall, binomio del candidato a la presidencia Andrés Arauz por la alianza correísta Unión por la Esperanza (UNES), reveló que se reunió con funcionarios y empresarios de Bielorrusia con el fin de promover inversiones en sectores estratégicos.

Las promesas de inversiones bielorrusas datan de la época de Rafael Correa, cuando en 2012 anunció prósperas cooperaciones bilaterales en materia de ciencia, tecnología, innovación, petróleo y electricidad. No se trataba solo de vender, se trataba de “producir juntos”, según Correa. De eso, solo quedaron los titulares de prensa.

La visita de Aleksandr Lukashenko al Ecuador en 2012 y el posterior viaje de Correa a Minsk, capital de ese país europeo, provocó el arribo de dos empresas bielorrusas: la estatal Belorusneft y Belzarubezhstroy.

La primera se quedó con la explotación del campo Armadillo en el Bloque 55, ubicado en la provincia de Napo, la segunda ganó la fiscalización del montaje de las líneas de transmisión del proyecto Coca Codo Sinclair, por $34 millones, obra financiada con préstamos chinos.

En 2013 Belorusneft constituyó, junto a la empresa ecuatoriana Edinpetrol S.A., el Consorcio Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A.

En febrero de 2015, firmó con Petroamazonas EP (PAM) un contrato para explotar, durante 15 años, el Campo Armadillo. Ecuaservoil se comprometió a invertir $146 millones en perforación de pozos, obras civiles, ingeniería e infraestructura, valores que luego serían cobrados a Petroamazonas con una tarifa fija de $ 33.20 por cada barril de petróleo producido.

Un año después, en mayo de 2016, Ecuaservoil S.A. firmó un contrato con la empresa ecuatoriana Servicios Drilling Technologies (SDT) para que financie y ejecute las actividades y obligaciones contractuales, es decir la perforación de 11 pozos, los estudios de ingeniería, construcción de obras civiles y de infraestructura que se había acordado en el contrato de 2015.

También suscribieron un Acuerdo Máster de Servicios (AMS) que estableció que SDT sería el principal proveedor de servicios integrados de Ecuaservoil y que los recursos para financiar los trabajos debía conseguirlos por sus propios medios, ya sea mediante fondos propios, de terceros o prestación de servicios.

En otras palabras, el consorcio Ecuaservoil (con participación accionaria de los bielorrusos en el 61%) estaba por lograr sus metas contractuales y sin poner un devaluado rublo gracias a la inversión de la empresa ecuatoriana SDT.

La crisis de los precios del petróleo obligó a Petroamazonas a renegociar sus contratos. En junio de 2016 José Luis Cortázar, gerente general de Petroamazonas y Yaraslau Dorash, gerente general de Ecuaservoil firmaron un adendum al contrato que redujo el monto de las inversiones a $ 126.5 millones (20 millones menos) y cambió la tarifa a variable, según el precio del West Texas Intermediate (WTI).

Desde julio de 2017 a diciembre de 2020, Ecuaservoil ha extraído alrededor de 2.4 millones de barriles de crudo del campo Armadillo. Por ello, PAM ha cancelado más de $65 millones. Dinero que ha ido directamente a las cuentas de Belorusneft pese a no invertir ni la tercera parte de la cifra acordada en 2015.

Hoy, las empresas (SDT y sus proveedores) que realizaron la inversión en el campo Armadillo reclaman a la empresa bielorrusa pagos pendientes por más de $ 60 millones.

EL Fideicomiso

Para cobrar a Petroamazonas los montos por las inversiones realizadas, acordaron la constitución de un fideicomiso. En el documento -notarizado en mayo de 2017- constan las firmas de Stanislau Shapkin, gerente general de Ecuaservoil, Jorge Burbano, gerente general de SDT, Andrei Bohan, apoderado especial de la empresa estatal Belorusneft sucursal Ecuador, Zhang Xiong, apoderado especial de CNPC, Chuanqing Drilling Engineering Company Limited, sucursal Ecuador, y Álvaro Pólit, gerente general de Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. (La Fiduciaria).

Los beneficiarios del “fideicomiso de flujos Ecuaservoil” serían las compañías SDT (beneficiario 1), Belorusneft (beneficiario 2), Cnpc Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (beneficiario 3), como beneficiario 4 la institución financiera que realice el crédito a favor de Ecuaservoil y beneficiario 5 la institución financiera que realice el crédito a favor de SDT.

Las instrucciones fiduciarias establecen que de esos recursos se pagarían hasta $2 millones anuales a Ecuaservoil por gastos operacionales (OPEX), el 90% del flujo sería para SDT por las inversiones realizadas y el 10% restante para Belorusneft.

Estas instrucciones fiduciarias nunca fueron cumplidas por Ecuaservoil, pues entre 2018 y 2020 las cifras por OPEX aumentaron arbitrariamente. Al menos, $12 millones usó Ecuaservoil a lo inicialmente acordado.

En junio de 2018, Ecuaservoil y Heimdal – Administradora de fondos y fideicomisos suscribieron un contrato en el que se le otorgó a Heimdal el encargo fiduciario. El dinero debía llegar a las cuentas de Heimdal, luego debía ser transferido al “Fideicomiso Flujos Ecuaservoil” para el pago de los beneficiarios de este.

En mayo de 2019, se hizo una reforma al encargo fiduciario. El contrato de reforma lo firmaron Ecuaservoil, Belorusneft y Heimdal. Belorusneft pasó a ser el beneficiario principal y la única depositaria de los fondos. Es decir, el dinero pagado por PAM va a la cuenta bancaria de Heimdal, luego es transferido a Belorusneft y el remanente, en caso de haber, destinado al “Fideicomiso Flujos Ecuaservoil” para pagar a sus beneficiarios.

Y aquí empezaron los problemas: SDT y sus proveedores acusan a Belorusneft de apropiarse de los fondos que debían llegar al “Fideicomiso Flujos Ecuaservoil”.

“La empresa contratista Service Oil Ecuador Ecuaservoil S.A. (Ecuaservoil) y su socio mayoritario, empresa líder del contrato: Empresa Estatal Unitaria Unión de Empresas Productoras Belorusneft Ecuador (Belorusneft) han ejecutado las actividades y obligaciones contractuales financiandose con más de 60 empresas, entre ellas muchas ecuatorianas que se encuentran en una situación financiera muy complicada, al borde de la quiebra, por no recibir el pago por los trabajos realizados en el campo Armadillo”, dicen los contratistas impagos, en un carta enviada al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz.

En junio de 2020, Ecuaservoil y SDT iniciaron un proceso de negociación con el fin de cumplir con los pagos, actualmente, el problema sigue sin solución, pero Belorusneft sigue cobrando mensualmente las facturas por el campo Armadillo.

Petroamazonas, por su parte, ha señalado que asumió derechos y obligaciones con Ecuaservoil, “más no con sus Contratistas y/o Subcontratistas”.

En su carta, los contratistas señalan que Belorusneft también le debe a instituciones del Estado como el Servicio de Rentas Internas, Corporación Financiera Nacional y el ISSPOL.

El pleito llegó hasta instancias judiciales. A finales de 2020, un accionista de SDT denunció penalmente a Stanislau Shapkin, gerente general de Ecuaservoil y apoderado de Belorusneft, por abuso de confianza. Según la demanda el dinero pagado por Petroamazonas corresponde a la producción incremental de crudo, obtenida a partir de los bienes y servicios prestados por SDT a Ecuaservoil, sin embargo, esos recursos fueron dispuestos en BELORUSNEFT, “perjudicando de manera dolosa al primer beneficiario del FIDEICOMISO FLUJOS ECUASERVOIL, que es la compañía SDT”.

El caso lo lleva la fiscal Ruth Castillo, quien dispuso un allanamiento a las instalaciones de Ecuaservoil. Stanislau Shapkin, en una queja dirigida al Consejo de la Judicatura, firmada por su abogado Felipe Rodríguez, ha dicho que se trata de una “absurda denuncia” y ha pedido el cambio de fiscal, alegando “abuso del Derecho”, por cuanto no fue informado sobre el “injustificado” allanamiento ni notificado sobre la denuncia en su contra.

Este medio conoció que las accionistas de Ecuaservoil planean vender sus acciones a Gazprom International, una empresa petrolífera de origen ruso y que la consultora Servicios Ambientales Walsh Sawmp S.A., una empresa quiteña, dedicada a actividades de consultoría ambiental, realiza los trabajos de ‘DUE DILLIGENCE’ (análisis sobre la conveniencia de la negociación) previo a la firma del contrato de compraventa.

Documentos obtenidos por este medio, dan cuenta de comunicaciones entre Ecuaservoil, Gazprom y Walsh relacionadas con el plan de trabajo de Walsh y las visitas al campo Armadillo, realizadas en febrero de este año, cuyo propósito fue inspeccionar las instalaciones de la plataforma Armadillo-B (incluidos pozos, instalaciones de producción, auxiliares, instalaciones de infraestructura), tubería, línea de transmisión eléctrica. Además de comprobar pasivos ambientales de la perforación cerca de la plataforma Armadillo-B, entre otras actividades.

Juan Carlos Monedero, cofundador del partido político ‘Podemos’ fue cuestionado en Ecuador por hacer proselitismo en favor del candidato presidencial Andrés Arauz. Mientras era observador en las elecciones del 7 de febrero pasado, ha sido imputado en un juicio en España en el que se investiga una supuesta financiación irregular de la mencionada agrupación izquierdista.

El caso Neurona, como se ha denominado al proceso judicial en el que Juan José Escalonilla, titular del juzgado de Instrucción # 42 de Madrid, investiga el mencionado delito, inició a mediados de 2020 después de que José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos, denunció ante las autoridades españolas una serie de irregularidades, como la contratación ficticia de la consultora mexicana Neurona por parte de Podemos. También Mónica Carmona, entonces responsable del Área de Cumplimiento Normativo del partido, sostuvo ante la justicia que los trabajos de Neurona para Podemos nunca existieron.

NEURONA EN ECUADOR

Neurona ha recibido dinero de países como Argentina, México y Ecuador, entre 2017 y 2019 sumó $1,380,286 los pagos que se hicieron desde los tres países. Entre los principales clientes, en 2017, se encuentra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela ($531,362) y la propia Consultora Neurona Sociedad Anónima (registró $239,583), según información a la que este portal tuvo acceso.

Esta empresa, que tiene su oficina matriz en el estado de Morelia, México, inició sus operaciones en Ecuador con una sociedad anónima constituida el 16 de noviembre de 2016, con domicilio en Quito, bajo el nombre de CONSULTORIA NEURONA, con un capital suscrito de $800. Su objeto social registrado en la Superintendencia de Compañías es: publicidad y estudios de mercado. Mientras la actividad económica detallada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI): estudios sobre las posibilidades de comercialización (mercados potenciales), la aceptación y el grado de conocimiento de los productos y los hábitos de compra de los consumidores con el objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos, incluidos análisis estadísticos de los resultados.

Al momento sus accionistas son: Andrea Edlin López Hernández con $799 de capital (el 99,9%) y César Hernández Paredes con apenas $1 de participación. Ambos mexicanos. La primera es la gerente y el segundo es el presidente de la empresa.

Pero cuando la consultora fue recién constituida, el argentino Guillermo Celso Oglietti figuró como accionista, con menos del 1% del capital. El 9 de junio de 2017 transfirió sus acciones a César Hernández.

Según los balances financieros que constan en la Superintendencia de Compañías en 2017, año en el que el candidato correísta Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales, CONSULTORIA NEURONA tuvo ingresos por $580.133. En el estado de resultados de la empresa se indica que sus costos y gastos sumaron $533.579,67, de los cuales el mayor rubro de gastos ascendió a $476.304,83 por el pago de honorarios. A estos se sumaron costos operativos, administrativos y financieros, con lo que la empresa tuvo una utilidad de $46.554, 27.

Según el SRI, en 2017 Neurona sacó divisas del país por $78.503.

Ya para 2018, los ingresos de la empresa bajaron a $100, tuvo pérdidas por $1.739 y no declaró impuestos a la renta ni a la salida de divisas.

Concomitantemente sus activos también se redujeron de $32.028,80 en 2017 a $18.202,21 en 2018, y a $16.801,06 en 2019, año en el que la compañía no tuvo actividad económica y registró una pérdida de $1.401,1, según informe presentado por la gerente de CONSULTORIA NEURONA, Andrea López Hernández, ante la Superintendencia de Compañías, el 8 de mayo de 2020. En este documento se menciona que ya inició un proceso de liquidación.

El antecedente de esto fue la declaratoria de inactividad de la empresa mediante Resolución #6378 del 24 de julio de 2018 por parte del organismo de control. Sin embargo, casi un año después (el 23 de mayo de 2019), la Superintendencia de Compañías emitió otra resolución (N° SCVS-IRQ-DRASD-SD-2019-00004218) en la que se dejó sin efecto la declaratoria de inactividad.

Aún no se cuenta con los indicadores financieros de 2020, pues las empresas deben presentar esos balances en este 2021. Al momento la empresa sigue constando ante los organismos de control societario y tributario como una empresa activa, pese a los indicadores reportados en los últimos años.

LA PROPAGANDA

Al menos unas 15 campañas con gran diversidad de temas han sido construidas por la CONSULTORIANEURONA para el correato y sus seguidores. La gama de la asesoría ha sido desde posicionar temas emblemáticos (aunque deben denominarse de corrupción) del gobierno de Rafael Correa, promocionar la imagen de este ex mandatario, hasta la campaña electoral presidencial de 2017 y las marchas en contra del régimen de Lenín Moreno.

Entre las primeras y de mayor proyección nacional e internacional estuvo la campaña Chevron – LA MANO SUCIA EN ECUADOR. Las cortes ya no fueron los únicos escenarios de los enfrentamientos legales que mantenía el Estado ecuatoriano con la petrolera. El tema trascendió al campo de las estrategias de comunicación. Desde septiembre de 2013 personajes famosos nacionales e internacionales visitaron la Amazonía ecuatoriana en el marco de la mencionada campaña. El objetivo de las visitas guiadas a las piscinas de petróleo supuestamente adjudicadas a Chevron-Texaco fue difundir las prácticas y los daños socio-ambientales que se habrían derivado del trabajo de la multinacional, que dejó de operar en el país hace más de 30 años.

Entre las celebridades que recorrieron la Amazonía están Danny Glover, Mia Farrow; la ganadora del premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, el cantante español Luis Eduardo Aute y los líderes de la banda puertorriqueña Calle 13.

Esta campaña estuvo salpicada por denuncias de corrupción. En 2018 el gobierno de Lenín Moreno acusó a Correa de haber gastado diez millones de dólares de fondos públicos para apoyar la estrategia internacional desplegada en contra de Chevron.

La estrategia incluyó el pago a personalidades como los actores estadounidenses Mia Farrow y Danny Glover, quienes supuestamente apoyaban la causa, dijo el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado”, según publicó la agencia AFP.

Jurado cuestionó la campaña «La mano sucia de Chevron”, diciendo que se pretendió convencer al país que las celebridades internacionales apoyaban la causa, cuando en realidad estas recibían un alto pago por su visita con fondos públicos».

Según el gobierno, Farrow y Glover recibieron $188.000 y $330.000, respectivamente, por visitar Ecuador y hundir su mano en un pozo de desechos tóxicos en la provincia de Sucumbíos.

Neurona también trabajó en la campaña de las elecciones seccionales de 2019. La consultora generó piezas audiovisuales amparadas en la imagen del expresidente Correa y el discurso de la revolución ciudadana para la candidatura de Paola Pabón, quien postuló para dirigir el gobierno provincial de Pichincha por la lista 5 (usada por el correato para participar en aquella lid electoral).

Las ofertas fueron desde crear la marca Pichincha, ampliación de importantes arterias viales hasta la reinserción laboral de los jóvenes.

‘A mí me importa Pichincha’ fue otra de las piezas audiovisuales producidas por Neurona con miras a las elecciones de marzo de 2019, promoviendo a Pabón para la función de prefecta.

La consultora ha estado a cargo además de promocionar proyectos de Pabón, luego de que esta ganara las elecciones. Uno de ellos es el denominado “Pichincha Provincia Semilla” mediante la realización de un video promocional en el que se ofrecen desde obras hasta la generación de oportunidades de empleo.

Pabón ha sido asambleísta por Alianza País y Secretaria de la Gestión Política durante el correato y el morenismo, pero renunció a su cargo por discrepancias con Lenín Moreno para luego candidatizarse a la prefectura de Pichincha. Pabón fue procesada por el presunto delito de rebelión, relacionado con las protestas de octubre de 2019.

Otro spot producido por Neurona en su campaña de posicionamiento electoral de la Lista 5 fue: ‘Intervención en vía pública – Rafael Correa – Ecuador 2019’

La generación de contenidos audiovisuales para difundir la marcha de abril de 2019 convocada por la Revolución Ciudadana en contra del gobierno de Lenín Moreno fue otro de los productos de Neurona.

En la ofensiva en contra del morenismo, Neurona continuó con piezas como “Lenin Chao – Ecuador 2019.

Para promover los cuadros de asambleístas del correato para las elecciones de 2017 hay otros trabajos, como el realizado para Pabel Muñoz, extitular de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y candidato por el distrito norte de Pichincha.

OGLIETTI, EL PUENTE ENTRE NEURONA Y CELAG

Otro punto de convergencia de Podemos en el Ecuador es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), donde el argentino Guillermo Oglietti es el puente con Neurona.

Bajo el nombre de CELAG GEOPOLITICA Compañía Anónima, se constituyó ese Centro estratégico, en nuestro país el 19 de agosto de 2015, registrando como su actividad principal, ante la Superintendencia de Compañías y el SRI, la de ‘otros tipos de consultoría técnica’ y asesoramiento. Tiene un capital suscrito de $1.000.

Cuando recién se integró esta compañía, el ecuatoriano Mauro Alejandro Andino Alarcón y el español Alfredo Serrano Mancilla fueron sus accionistas originales, con $250 de capital, cada uno.

Mauro Andino Alarcón, quien desempeñó altos cargos en los gobiernos del correato y del morenismo (viceministro del Servicio Público del Ministerio de Trabajo; Subdirector de Gestión Estratégica del SRI; y Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hasta mayo del 2018) transfirió sus acciones de CELAG GEOPOLITICA a Guillermo Celso Oglietti, el 11 de julio de 2019.

De 2015 a 2016 Oglietti fue parte del proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Como beneficiario de una beca otorgada en el marco del mencionado proyecto recibió $20.589,05, de acuerdo con información a la que tuvo acceso Periodismo de Investigación. No obstante, el portal ‘Primicias’ publicó que “entre abril de 2015 y abril de 2016 Oglietti recibió USD 58.993 -unos USD 5.000mensuales”, por ser becario.

Oglietti fue accionista de CONSULTORIANEURONA de Ecuador y es el actual gerente de CELAG de Ecuador. Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina, de acuerdo con su hoja de vida publicada en el portal de Celag. Ha estudiado temas como la inmigración, la inversión extranjera, la relación ahorro-inversión y la enfermedad holandesa en los países latinoamericanos.

Luego Oglietti se desempeñó como asesor en el SRI en la época en que Leonardo Orlando, prefecto de Manabí por el correato era el director de la administración tributaria. En ese cargo Oglietti percibió un sueldo de $3.798.

Celag ha recibido desembolsos de Alemania, Estados Unidos, Portugal y Ecuador por $1,300,755 entre 2015 y 2019.

Entre esos años además recibió dinero de clientes como el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Neurona, la Embajada de Venezuela, Andrea López Hernández, de Quatrivium Cia Ltda y de la Fundación Centro de Ayuda Integral Monseñor Leonidas Proaño un valor total de $583,597

Celag ha tomado la posta al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la fundación española dirigida por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, principales líderes de Podemos”. El CEPS desapareció luego de las revelaciones periodísticas sobre cobros de más de 4millones de euros a los gobiernos latinoamericanos del socialismo del siglo 21 (ya detallado anteriormente).

En el consejo consultivo de CELAG (que consta de 10 miembros) se encuentra Juan Carlos Monedero, el ex presidente Rafael Correa y el ex secretario de educación superior, René Ramírez.

Por convenios firmados con Ecuador entre 2009 y 2012, según publicó diario El País de España, el CEPS percibió 721mil Euros y de acuerdo con el portal El Economista, en los dos siguientes dos años se benefició de un total de 685mil Euros adicionales, por convenios de cooperación con Senplades y la Cancillería ecuatoriana. “Los objetivos eran de apoyo técnico «en la supervisión de diferentes contenidos» y los importes fueron, según las cuentas de Ceps, de 274.432,24 euros en 2013 y 410.606 en 2014”.

El contrato con Senplades fue para elaborar estudios técnico-políticos sobre «la planificación y democratización del Estado» y para crear una red de contactos nacionales e internacionales, con «números telefónicos, cuentas en redes sociales, correos electrónicos». Y con la Cancillería fue para diseñar estrategias para la Dirección de Comunicación y Análisis Político, entre ellas la orientación de los procesos de integración latinoamericana.

Al año siguiente de haberse constituido en Ecuador, es decir en 2016, CELAG pagó por impuesto a la renta $4,064.60 y por impuesto a la salida de divisas $1,160.67. Para 2017 su impuesto a la renta se multiplicó por más de 5 respecto a lo pagado en el ejercicio anterior: $22,534.13. Pero desde 2018 no reporta pagos por este tributo.
Esta empresa que da asesoría da asesoría en temas económicos y políticos relacionados con la integración regional no está al día en sus obligaciones con la Superintendencia de Compañías, pues no ha entregado el «Registro de Sociedad de Interés Público».

En los estados financieros presentados ante este organismo de control consta que a diciembre de 2016 sus activos totalizaban $53.076. Sus ventas totales ascendieron a $130.597, sus gastos operacionales (principalmente pagos de honorarios) sumaron $103.543 y una utilidad bruta de $27.054.

Para 2017 sus activos subieron a $200.985, sus ventas casi se cuadruplicaron respecto al año anterior al ubicarse en $473.418. Sus gastos también se incrementaron a $353.041. Y su utilidad (antes de impuestos y participación de trabajadores) fue de $120.376.

El ascenso en cuanto a sus activos siguió en el 2018 en que sumaron $246.977; pero las ventas bajaron considerablemente hasta los $66.555 que frente a un total de gastos de $74.036 generaron pérdidas por $7.480. Para el 2019 estos indicadores se deterioran aún más. Sus activos bajaron a $51.557, sus ventas fueron de $ 7.492,29, cifra que frente a gastos de $38.628, produjeron pérdidas por $31.136.

Como evidencian los principales indicadores económicos tanto de CONSULTORIANEURONA como de CELAG GEOPOLITICA hay un declive de sus negocios en Ecuador, pese a que esta última ha estado un poco más activa realizando sondeos, encuestas y talleres en línea.

Según publica en su página web, en noviembre de 2018 CELAG hizo estudio cuantitativo de opinión sobre la situación política de Ecuador. En marzo de 2019 realizó otro análisis del mismo tipo, basado en 2.000 entrevistas presenciales. La encuesta se hizo en 13 provincias del país, con un margen de error de entre un +/-0,9% a un +/-2,2% y un intervalo de confianza del 95%.

Dado el bajón financiero experimentado por las dos empresas mencionadas no han faltado las voces que han señalado que en este año Monedero vino a Latinoamérica en busca de clientes.

El portal español de derecha Vozpópuli publicó en febrero de 2021 que Neurona “ha firmado contratos de “servicios” también en Ecuador, presuntamente por el candidato Andrés Arauz”.

Monedero estuvo en Ecuador como observador de las elecciones de febrero de este año y fue uno de los protagonistas de denuncias de supuestas irregularidades. Uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, pidió a la presidenta, Diana Atamaint, que revoque la acreditación a dos observadores españoles, Monedero y el eurodiputado Manu Pineda. Pita criticó que Monedero, cuyo viaje es costeado por el Estado ecuatoriano- «persista en deslegitimar las elecciones nacionales con declaraciones alineadas ideológicamente a una candidatura presidencial”. Los dos cuestionados hicieron declaraciones políticas en sus cuentas de redes sociales, el pasado 29 de febrero, en favor del candidato del correato, Andrés Arauz. Hablaban de una posible suspensión de la contienda electoral.

Pese al pedido del consejero Pita, el CNE no adoptó ninguna medida al respecto. No se retiró la acreditación para Monedero.