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Mes: octubre 2018

Frontera cautiva, tras el rastro de los periodistas ejecutados

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

PERIODISTAS SIN CADENAS / LIGA CONTRA EL SILENCIO / OCCRP / FORBIDDEN STORIES

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.
Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.
El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.
A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chofer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario “desaparecerán esos señores”.
Fotografía / Juan Diego Montenegro
Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.
Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.
Manifestaciones en Quito pidiendo la liberación de los periodistas secuestrados en la frontera. Foto: Periodistas sin cadena
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Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana. Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.
Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a altas fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.
En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.
Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (…) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. (…) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.
Ilustración: Periodistas sin cadenas
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Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.
Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.
Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.
El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.
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Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.
El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.
Mataje. Militares y policías resguardan al personal médico del centro de salud de la zona. Foto: Periodistas sin cadenas
Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con total libertad, se disputan las más de 19 000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los grandes  carteles mexicanos.
Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas por el consorcio de periodistas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio, por temor a posibles represalias.
Militares hacen fotos en el puente que divide a Ecuador de Colombia en Mataje. Foto: Periodistas sin cadenas
Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.
Un niño pesa las hojas de coca recolectadas en el cultivo en El Tandil, Nariño, semanas después que campesinos fueran asesinados en una protesta contra la erradicación del cultivo de coca en octubre de 2018. Foto: Manu Brabo
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El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:
—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.
Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.
El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.
MilHojas reproduce este especial periodístico que ha sido elaborado por el colectivo ecuatoriano Periodistas sin cadenas, la Liga contra el silecio de Colombia y organizaciones como Forbbiden Stories, OCCRP, FLIP y Fundamedios.

 

Puná o cómo funciona la justicia en el Ecuador

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

El 7 de agosto de 2018 a las 16h00 se realizó un operativo de desalojo liderado por autoridades policiales del más alto nivel. Un operativo de esa naturaleza realizado en el Ecuador continental difícilmente hubiera pasado desapercibido. En este caso, salvo algunas protestas en redes sociales, no se supo de él. El operativo sucedió en la Isla Puná y al parecer lo que pasa en Puná se queda allí.
Puná, es la isla mayor del Golfo de Guayaquil.  Pese a que administrativamente es parte de Guayaquil, su comunicación con la urbe es limitada. A Puná sólo se llega por agua, ya sea que se tome la embarcación diaria desde la zona del mercado Caraguay, en Guayaquil, o desde Posorja (otra parroquia rural de la ciudad) donde se sale con más frecuencia. El éxito del viaje y el tiempo de duración del mismo depende de la mareas. Por lo menos es hora y media cruzando el mar desde la ciudad. A veces las embarcaciones quedan varadas en el lodo.

Probablemente por ello y también por el sigilo comunicacional con que el que se procedió, no se dio cobertura a un operativo que partió con 25 embarcaciones desde Posorja y movilizó 300 policías bajo el mando del Coronel Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior. El crnel. Tello no era el único alto oficial en el operativo, lo acompañaban el crnel. Johnny Charles Mora Flores, Jefe de Operativo del Distrito Sur y el teniente coronel Jefferson Santamaría. También estaban cuatro comisarios de policía del Guayas: Wilson Layana (Juján), Byron Alcívar (Durán), Lorena Toledo (Playas) y el Ab. Manuel Barreto (Milagro). Dos Agentes Fiscales: Franklin Muzzio Manrique y Alfredo Chonillo Muñoz. Los acompañaba el beneficiario del desalojo: el abogado Fernando Rosero acompañado por sesenta civiles a sus órdenes, que llegaron en sus propias embarcaciones. También fue parte del operativo un helicóptero de la Policía.


El sigilo también se explica porque el desalojo se realizó para cumplir una orden judicial que ha sido denunciada por los afectados como ilegal e inejecutable. En la orden, emitida en una sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, ni siquiera aparecía el nombre de quienes fueron desalojados ese 7 de agosto de 2018, en predios ubicados en el Sector de la comuna ancestral Río Hondo y La Flor de la isla Puná, Segundo Reyes Gonzabay, empresario camaronero oriundo de la isla, su empresa Pescayo S.A.
La sentencia decía que se desaloje a Freiman Solís Sánchez, quien había trabajado en un predio vecino al desalojado. Si bien la sentencia agregaba que también se desalojará a “las personas que aparezcan como invasores en terrenos de “La Hacienda El Placer”, María Leonor Jiménez de Viteri, ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, señala que dado que en materia penal la responsabilidad es personalísima y, siendo el derecho restrictivo, una sentencia que pedía el desalojo de quien ya no estaba ahí y que por otra parte no citaba los nombres de quienes realmente iban a ser desalojados, era inejecutable.
El tema de la inejecutabilidad de la orden de desalojo es sólo la punta del iceberg. De fondo está el hecho de que fiscales, jueces y autoridades como el ex Ministro del Interior, Mauro Toscanini, y el crnel. Tello convirtieron en “invasores” y “traficantes de tierras” a quienes tenían una historia de dominio de décadas de los predios de los que fueron desalojados. Tanto para los abogados de las Comunas, como de la empresa Pescayo S.A. el meollo del asunto es que se trasladó de manera retorcida al ámbito penal un problema que debía haber sido resuelto en el ámbito de lo civil: es decir los demandantes de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer, primero, debieron haber borrado procesos de extinción de dominio y adjudicación de tierras a favor de las comunas y de Segundo Reyes, realizados décadas atrás en el marco de la Ley de Reforma Agraria, lo cual en un régimen de derecho sería muy difícil. Además, por parte del Ab. Fernando Rosero el tiempo ya se había agotado.

Antes del desalojo realizado el 7 de agosto de 2018 hubo varios intentos. El primero ocurrió el 9 de junio y no se concretó. El segundo intento sucedió el 14 de junio y se vio frustrado porque subió la marea y quedaron empantanados. El 22 de junio Fernando Rosero tenía listo ya un contingente para acompañar otro intento de desalojo, que no se dio.
¿Cómo se metió Fernando Rosero en este caso? Fue abogado patrocinador de Zaira Eljuri, quien aseguraba ser la propietaria ya que su tío, supuestamente, le dejó a su fallecido padre los derechos sobre las aportaciones que le correspondían como uno de los propietarios de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Dicha cesión de derechos está denunciada como falsifcada y es objeto de una investigación fiscal que se encuentra pendiente. En agosto de 2015 Rosero patrocinó la demanda de Apertura de la Sucesión Hereditaria (juicio # 092009-2015-06426) y posteriormente una denuncia de invasión que Zaira Eljuri presentó en julio de 2016. El 15 de junio de 2017 Zaira Eljuri, quien se encontraba delicada de salud, otorgó un poder especial a favor de Fernando Rosero, que lo facultaba para realizar cuanto acto jurídico estime en razón del predio perteneciente a la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Apenas un mes después, el 14 de  julio 2017, Zaira Eljuri falleció, pero al parecer el poder que había otorgado a su abogado se extendería más allá de su muerte.

Estas fotografías corresponden al 29 de septiembre de 2017, cuando Fernando Yávar Núñez, Fernando Rosero Gonzalez y policías acudieron a la Hacienda El Placer, en la parroquia Puná al reconocimiento del lugar de los hechos, correspondientes a la denuncia presentada el 3 de mayo de 2017 por Zaira Eljuri Alarcón en contra Vladimir Sisalima Barros, por el supuesto delito de Ocupación, Uso Ilegal de Suelo y/o Tráfico de Tierras. 
Tras fallecer su apoderada, Rosero se convirtió en el Gerente de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. En tal calidad, compareció a la investigación previa No. 090101817050601 que su clienta había iniciado en contra de otro posesionario de las tierras, Vladimir Sisalima Barrios, por el supuesto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, para informar al fiscal a cargo, Fernando Yávar Núñez de la muerte de Zaira Eljuri y que ahora él estaba al frente de la denuncia. En ese acto pidió que el Fiscal incluya a Segundo Reyes Gonzabay como coautor y principal instigador del presunto delito.También pídió a la Fiscalía que realice una inspección in situ para desalojar a Sisalima y Reyes.
El 29 de septiembre de 2017 el fiscal Fernando Yávar Núñez y el Ab. Fernando Rosero González llegaron a Puná en helicóptero para realizar el “reconocimiento del lugar de los hechos” dentro de la investigación previa por el presunto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras. Durante tal diligencia el Fiscal Yávar dispuso la aprehensión de Freiman Solís Sánchez, guardián de Sisalima, por el delito de tenencia de arma de fuego sin permiso, pues la Policía, al ingresar a su dormitorio, encontró una cartuchera bajo su almohada. Al llegar a Guayaquil el cargo en contra de Freiman Solís fue modificado y, lo acusaron de invasor. Cambiaron también al fiscal y, a partir de eso, lograron la orden de desalojo que dio lugar a la expulsión de las comunas y Reyes de sus tierras.
Entre el 14 de junio y el 7 de agosto de 2018, tanto los abogados de Pescayo S.A. como de las comunas afectadas realizaron varias acciones centradas en la inejecutabilidad de la orden judicial y la tortuosa actuación de la Fiscalía y jueces del Guayas. Acudieron a la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En compañía de la CNA Guayas acudieron ante la Gobernación del Guayas. Se les informó que el Intendente del Guayas no iba a mandar desalojar por la inejecutabilidad.  Los abogados también denunciaron ante el Consejo de la Judicatura la actuación de la ex Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón. El Presidente de la Comuna Ancestral Indígena Río Hondo envió el 5 de julio una comunicación al Viceministro del Interior, solicitando que suspenda la medida.
Pero al parecer la capacidad de presión de Fernando Rosero, sobre quien los afectados señalaron que tendría cercanía con el entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini, era muchísimo mayor.
La noche anterior al desalojo el entonces Intendente del Guayas, Josué Dumani, quien tenía dudas sobre la ejecutabilidad de la orden de desalojo y habría estado esquivando su consumación, estaba en su residencia en una ciudadela cerrada, cuando la general de policía Tannya Varela Coronel llegó hasta su puerta para trasladarle la orden del entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini de que tenía que firmar la orden para que la Comisaria de Playas se haga cargo del desalojo, pues la Comisaria de Guayaquil se había reportado enferma.
El día del operativo la abogada de Pescayo, Mariana Mejía, exhibió ante las autoridades los títulos de propiedad (Registro de la Propiedad de Guayaquil) de los predios de donde los estaban desalojando y les indicó que la zona de Playas y Bahía (85.95 hectáreas), donde también estaba ubicada la Granja Acuícola Pescayo, eran terrenos estatales sobre los que tenían un Acuerdo de Concesión de Playas y Bahías vigente, pues ha sido renovado por la autoridad respectiva, de conformidad con la ley desde su concesión original en 1997. El Cnel. Mora Flores contestó a la abogada que no tenía interés en lo que decía y que iba a cumplir con la orden judicial y eso implicaba desalojar todo el predio. 

Más allá de la inejecutabilidad del desalojo, las autoridades extendieron el desalojo a la Zona de Playas y Bahías de 85.95 hectáreas concesionadas a Pescayo desde 1997, misma que se ha renovado de acuerdo a la ley y por lo tanto se encontraba vigente. De ahí que ni el predio ni los bienes que estaban en ella podían haber sido entregados a Rosero.
Tampoco se permitió que el administrador de Pescayo S.A. esté presente en la elaboración del inventario de bienes existentes, entre ellos la producción camaronera que se encontraba en fase de recolección y sembrado, ni los insumos, balanceado, bienes muebles e inmuebles, que eran propiedad de la empresa.
El operativo de desalojo se realizó con uso excesivo de la fuerza pública, los trabajadores y comuneros fueron amenazados y maltratados físicamente por los oficiales de policía y sus subalternos. En el operativo fueron detenidas catorce personas, mujeres, trabajadores, comuneros, guardias de seguridad de Pescayo S.A. No se les leyó sus derechos durante el arresto y fueron puestos a órdenes del juez penal fuera del plazo que determina la ley (26 horas). Incluso se detuvo a la abogada de la empresa, Mariana Mejía, a pedido de Fernando Rosero. Los detenidos fueron esposados desde las cinco de la tarde del día martes 7 de agosto del año 2018 hasta las siete de la noche del miércoles 8 de agosto del año 2018 cuando, después de llevarlos de Puná a Guayaquil y finalmente a Playas, los presentaron ante el Juez de lo Penal de esa localidad para su audiencia de flagrancia. Durante todo eso tiempo no les dieron de beber ni de comer.
La travesía de traslado desde Puná hasta el puerto de Posorja fue azarosa. Las embarcaciones que llevaban a los detenidos se dañaron por lo que tuvieron que pasar durante tres horas, en la madrugada, varados en alta mar hasta que fueron rescatados. Llegaron al Cuartel Modelo de Guayaquil a las 8:30 de la mañana. Las mujeres detenidas fueron llevadas al Hospital Universitario para su revisión. La abogada Mariana Mejía, de 61 años, presentaba un cuadro grave de hipertensión por lo que debió ser medicada repetidamente para que pudiera presentarse con los demás detenidos en la Sala de Audiencia de Flagrancia del Cantón Playas que se encuentra a cuarenta minutos de Guayaquil. Finalmente fueron liberados, pues el juez determinó que no había motivo para procesarlos.
El fin de semana siguiente al desalojo, los vecinos de la Comuna Río Hondo, vieron a los empleados del abogado Rosero cosechando los camarones de las piscinas de Pescayo S.A.
Después del desalojo
Mientras Segundo Reyes Gonzabay enfrenta un juicio por Uso Ilegal de Suelo y Tráfico de Tierras por estar en su propio predio, sus abogados han contratacado y presentaron una denuncia por el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras en contra del Ab. Fernando Rosero González, gerente de los Predios Rústicos Hacienda El Placer, por el desalojo del 7 de agosto de 2018 y por haberse apropiado incluso de la zona de playas y bahías. 

La denuncia fue presentada el ante el Fiscal de Espacios Acuáticos, Víctor Hugo Calderón, quien abrió el expediente número 090101818082237 (161-2018) por desalojo ilegal de Segundo Reyes Gonzabay, de los trabajadores de la Empresa Pescayo S.A. y por la ocupación del área ubicada en zonas de Playas y Bahía sobre los cuales Segundo Reyes tiene derechos de posesión, desde1985 renovados el año 1999 mediante Acuerdo Ministerial No. 101-2008, por lo que posee el derecho exclusivo de ocupación de la camaronera construida sobre tierras estatales.
En el Oficio Nro. MAP-SUBACUA-2018-1804-O del 14 de agosto del 2018, remitido por Luis Daniel Carofilis Hernández, Subsecretario de Acuacultura, y Pesca al Gobernador de la Provincia del Guayas se señala:
“Que el Acuerdo Ministerial No. 101-2008 se encuentra vigente y que se ha renovado los Derechos de Concesión de una área de Zonas de Playa y Bahía, otorgada el 18 de septiembre del año 2008, por una superficie de 85,95 hectáreas ubicadas en el sitio La Florida y El Placer, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, otorgada a favor de la empresa PESCAYO S. A., y concluye que dicha Cartera de Estado, no ha dispuesto realizar ningún desalojo contra ese predio camaronero de 85,95 hectáreas”.

Esta es la certificación de que la concesión sigue siendo de Reyes y que fue despojado de ella con violencia, por parte de Rosero, con colaboración de la Policía. Sin embargo, ni la Gobernación ni la Intendencia quieren desalojar a Rosero. 

Ante lo sucedido, el Fiscal Víctor Hugo Calderón dispuso realizar un reconocimiento del lugar de los hechos, el  mismo que se realizó el 29 de agosto de 2018 con personal técnico de la Dirección de Control Acuícola de la Subsecretaría de Acuacultura, personal Técnico y policías de Medio Ambiente, un perito del departamento de criminalística y un agente investigador de la Policía Judicial, quienes se trasladaron al predio ubicado en el sector La Florida y El Placer, sitio Río Hondo, cantón Guayaquil, lugar donde funciona la camaronera Pescayo S.A. para verificar el estado actual de legalidad y operatividad del predio en referencia.
Al regresar de la diligencia y arribar al Muelle Municipal del Mercado Caraguay en Guayaquil, Daner Reyes Ortega, hijo de Segundo Reyes Gonzabay recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como la General Tannya Varela Coronel, Jefa de la Zona 8 de Policía. Él le pasó la llamada al abogado de Pescayo S.A. Patricio Pazmiño Salazar. La general preguntó si era verdad que habían ingresado al predio 50 policías y si los servidores policiales habían rastrillado sus armas a los empleados de Fernando Rosero que se encontraban ahí, pues él así lo había denunciado. El abogado Pazmiño respondió que eso era falso, ya que solo se había inspeccionado las zonas de playa y bahía en cumplimiento de la diligencia dispuesta por el Fiscal de Espacios Acuáticos, que no había ese número de policías pues sólo estaban un policía de criminalística, un agente investigador de la Policía Judicial del Guayas, dos policías de la UPMA y dos de la Marina. La general agradeció la información.

En este momento está por determinarse fecha de audiencia de juzgamiento en el proceso por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras contra Segundo Reyes Gonzabay, Vladimir Sisalima Barros y el guardián Freiman Solís Sánchez. También está pendiente una indagatoria pedida por el Fiscal Fernando Yávar contra Segundo Reyes Gonzabay y otros por asociación ilícita para invasión de tierras. Contra la abogada de Segundo Reyes, Mariana Mejía por prevaricato. También existe la denuncia de Patricio Pazmiño contra Fernando Rosero por uso de documento falsificado en referencia a la supuesta cesión de derechos de Franco Eljuri a Felipe Eljuri el 8 de marzo de 1977, denuncia contra Fernando Rosero por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras por estar vendiendo la 3.090 hectáreas de Puná y otra por invasor en zonas de playas y bahías, propiedad del Estado, concesionadas a Pescayo S.A.
Por su parte la Comuna Río Hondo, a través de su abogado Ricardo Ochoa, presentó una solicitud de medidas cautelares el día previo al desalojo pero se las negaron. También denunció a la jueza por no tomar en cuenta su fundamento y haber hecho copy/paste de otro fundamento. Pese a que el Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, el 9 de agosto pasado, les contestó que el desalojo no iba a perturbar el área de la comuna, a los cuatro días del operativo la gente de Rosero hizo una zanja en el área de la comuna. Existe un informe del teniente político de Puná sobre esta afectación a la Comuna. Y lo más grave: las tierras de la comuna Río Hondo están incluídas en el predio que Rosero ha puesto a la venta. Por lo que la comuna va a comparecer en calidad de terceros perjudicados en la utilización dolosa de documentos públicos falsos. El Ab. Ricardo Ochoa manifiesta que pese a que a Río Hondo le asiste el derecho, su falta de recursos la pone en situación de desventaja.

22 de junio 2018. Protesta de Comuneros de Puná en apoyo a Segundo Reyes Gonzabay
A los abogados de Reyes, les preocupa en cambio, que se mantenga la parcialidad con la que ha actuado tanto la Fiscalía como los jueces hasta ahora. Según los abogados de Pescayo S.A. la entonces Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, dio luz verde al proceso por invasión y tráfico de tierras, mientras dejó en el limbo la investigación previa sobre la validez del documento de cesión de derechos entre los hermanos Eljuri,en que se fundamenta el otro proceso. Tampoco ha sido buena su experiencia en las cortes, con jueces que no aceptan o no leen las pruebas de sus defendidos. Finalmente, la actuación del Ministerio del Interior, bajo el mando de Mauro Toscanini, su viceministro Andrés De La Vega y el Cnel. Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, al ejecutar una orden de desalojo inejecutable concretaron el despojo de cuatro comunas y un empresario para quienes no existe la seguridad jurídica en el Ecuador.
Al mismo tiempo, si bien se habría caído el convenio de compraventa entre Fernando Rosero y los empresarios camaroneros de Machala, Darío Francelín Coronel Jiménez y Kleber Franco Loayza Cárdenas por seis millones de dólares, en días recientes se ha visto anunciada la venta de 3.080 hectáreas, con camaronera incluída, por 10 millones de dólares. Es decir, pese a toda la opacidad que rodea a los procesos de cesión de derechos sobre estas tierras y a la polémica legal latente sobre su tenencia, parece que a quien logra poner de su parte a los operadores de la justicia, la fortuna le sonríe en Ecuador, pues en este caso particular nada de esto ha impedido que la cotización de los terrenos se incremente en cuatro millones de dólares en muy poco tiempo.

 

Una triada de la Prefectura del Guayas vs. Fabricio Abad

Escrito por mh en . Publicado en Quién es Quién.

No ha terminado la criminalización de la opinión en el Ecuador. Hoy, mientras el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, David Kaye, emite su informe preliminar sobre la situación en el país, se desarrolla una audiencia de apelación dentro de un juicio penal en el que las violaciones al debido proceso han sido las constantes. 
Los protagonistas son un alto funcionario del Prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, versus un ex empleado de ese organismo seccional. Este no es un caso aislado sino el tercer proceso penal que colaboradores cercanos del prefecto Jairala han instaurado en contra de este ciudadano.
Al mediodía de hoy en la sala 108 del Palacio de Justicia de Guayaquil,  Alberto Fabricio Abad Alvarado presentará su apelación a la condena dictada en primera instancia en el Juicio No. 09285201602668 por la denuncia de calumnia, presentado en su contra por Alex Iván Klaere Cornejo, director provincial de desarrollo comunitario de la Prefectura del Guayas y hermanastro de Jimmy Jairala. También es el director provincial de Centro Democrático del Guayas, organización política creada por el prefecto.  

Izq: Alex Iván Klaere Cornejo, der: Alberto Fabricio Abad Alvarado
Esta no es la primera condena a la que se enfrenta Abad. Él ya fue sentenciado y estuvo preso más de un año por procesos que interpusieron en su contra otros dos altos directivos de la Prefectura del Guayas: Carlos Alberto Vicente Pérez y Jorge Nahim Harb Viteri.
El ex asesor institucional y amigo cercano de Jairala, Carlos Alberto Vicente Pérez acusó a Abad de violación de la intimidad por haber compartido una foto que según el acusado, el propio Vicente habría publicado.  Abad fue juzgado y condenado por un delito que se tipificó en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) el 10 de agosto de 2014, con posterioridad a que él compartiera dicha foto el 3 de febrero de 2014.  Ante esto, la primera fiscal que conoció la denuncia de Vicente, en septiembre de 2014, la mandó a archivar, pero un juez penal elevó esta solicitud de archivo hacia la Fiscal Provincial del Guayas de ese entonces, Patricia Morejón, quien aceptó el pedido del juez. Morejón volvió a sortear la denuncia y asignó el caso al Fiscal Alex López Ávila.


Morejón tiene varias quejas ante el Consejo de la Judicatura  por sus actuaciones en casos como el publicado por Mil Hojas este 9 de octubre titulado “Puná o cómo funciona la justicia en el Ecuador”. Ahora, el nombre de la ex fiscal del Guayas figura como uno de los posibles nombres de la terna que postularía la Asamblea Nacional para integrar el Consejo de la Judicatura.
Volviendo al tema de Abad, el fiscal Alex López, designado por Morejón, acusó a este ciudadano de violación de la intimidad. El juez de la causa, Henry Jaya Jaramillo dictó medidas cautelares para el acusado, quien debía ir a firmar dos veces por semana.  
El Fiscal apeló la decisión y en la sala penal integrada por Juan Paredes Fernández, Gabriel Albuja y Fabiola Gallardo Ramia dictaron prisión preventiva el 5 de abril de 2017.  Un juez de primera instancia debía ejecutar la orden de prisión. Pero el Juez Paredes (conocido también como Chucky Seven por su actuación en el caso de El Universo) tomó a su cargo la emisión de la boleta de captura. 
Al día siguiente de la detención de Abad, el 18 de mayo de 2017, el jefe de la Policía Judicial envió un oficio al juez de primera instancia para “actualizar” la boleta de captura, pues los jueces de sala como Paredes no pueden mandar a encarcelar a los ciudadanos.  A partir de ello, el juez giró otra boleta de captura y el reo fue trasladado del cuartel modelo de Guayaquil a la Penitenciaría del Litoral. 
La jueza de la causa 09286-2017-00115, Lorena Jaramillo Hidalgo puso una caución de 30.000 dólares para un delito, cuya pena es de 1 a 3 años.  El Tribunal de Garantías Penales ratificó la inocencia de Abad el 8 de noviembre de 2017. Para ese momento Abad llevaba preso 6 meses.  El 9 de noviembre se emitió la boleta de excarcelación de Abad, pero él no pudo salir en libertad porque tenía pendiente la sentencia que había sido dictada en su contra en otro proceso penal (#09285-2016-02375) por calumnias que había interpuesto en su contra Jorge Harb Viteri, coordinador provincial ejecutivo del prefecto Jimmy Jairala.

Lo cierto es que Abad no pudo defenderse en este proceso porque ya estaba preso por el caso de Carlos Alberto Vicente.  El 4 de agosto de 2017, mientras Abad se encontraba cumpliendo prisión preventiva por un proceso por el cual luego fue declarado inocente por el Tribunal de Garantías penales, su recurso de apelación ante la sentencia por calumnias a Jorge Harb Viteri, fue declarada en abandono.  Por lo tanto esta sentencia, dictada por la jueza Guadalupe Manrique Rossi, fue ejecutoriada el 8 de septiembre de 2017.
Abad estuvo casi un año preso, fue liberado el 7 de mayo de 2018 y estuvo con grillete electrónico hasta el 1ro. de octubre de 2018, pues según la Marcela Ortega, Jueza de Garantías Penitenciarias, él debía cumplir el año por el delito de calumnia.  No le contabilizaron los meses de prisión preventiva.
Abad dice que mientras estuvo en la Penitenciaría del Litoral pasó por siete pabellones.  Al mes de ingresar le hicieron una denuncia falsa, siendo Directora de la Penitenciaría Verónica Cepeda. En ese momento quien estaba encargada del Sistema Penitenciario era Gina Godoy.  
La denuncia fue acusarlo de ingresar objetos prohibidos a la penitenciaria.  Según Abad lo querían convencer de acogerse al procedimiento abreviado por ese crimen, pues el proceso de Vicente era débil.
Con el proceso de apelación de mañana Abad sigue peleando por no volver a la cárcel ahora por las acusaciones de Alex Klaere.
Fabricio Abad trabajó como asistente de control de personal de la Dirección de Recursos Humanos en la prefectura del Guayas, de mayo de 2005 a abril 2011.  Alex Klaere en este momento es el director de desarrollo comunitario de la Prefectura del Guayas (y hermanastro del Prefecto Jimmy Jairala).  Jorge Harb continúa en la plana directiva de la Prefectura, cargo de la Coordinación Provincial.