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Autor: mh

El caso Flopec y su relación con Correa, Moreno y Lasso

El juicio político por peculado que aprobó la Corte Constitucional nada tiene que ver con el caso “gran padrino”, en el que existe evidencia de la influencia del presidente para obstruir una investigación de narcotráfico denominada León de Troya que involucra a un amigo de su cuñado Danilo Carrera.

La acusación por peculado pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa. 

El caso Flopec

Si existe peculado a quién debemos responsabilizar es a los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, prófugos de la justicia, responsables de estructurar y consolidar el sistema de tarifas y transporte de crudo que benefició a las empresas privadas. 

Esta trama se inicia en los contratos de deuda externa con China, firmados por Rafael Correa, que pueden resumirse en recibir dinero con altas tasas de interés y plazos cortos a cambio de petróleo con precios muy por debajo a los del mercado internacional. 

Ese crudo entregado a los chinos  con valor descontado  debía ser transportado por Flopec tal como dice la Constitución. Esta empresa estatal cuenta con una norma llamada  Ley de Reserva de carga, que obliga a China embarcar su crudo en las naves de Flopec, para ellos era un problema porque encarecía el precio del petróleo a pesar de que el crudo ecuatoriano ya incluía el descuento por el valor del flete.

En el informe del caso Petrochina que el asambleísta Fernando Villavicencio y su equipo armaron se explica con claridad: “Petroecuador ha establecido en sus análisis que otro componente que afecta directamente el precio final de barril está relacionado con el flete, un descuento adicional por el transporte del crudo a cargo de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP Flopec. El crudo es entregado en modalidad FOB, es decir en Esmeraldas y no en el puerto de destino final, esto, más la condición de “Libre destino”, ha permitido que las mismas intermediarias participen también dentro del negocio del transporte marítimo. El país paga fletes para enviar el petróleo a China, pero este en realidad es transportado y vendido en países más cercanos, como Perú”.

En septiembre de 2016 el portal La Fuente (uno de los medios que crearon Periodismo de Investigación) publicó : “Los chinos siempre decían que Flopec abusaba con el flete, entonces idearon un mecanismo para bajar los valores a niveles de mercado, incluso que no pueda usar sus barcos, esto para pagarle solo un diferencial del 10%. La parte que más afecta a los ecuatorianos está en la “clasificación de los barcos por tipo de prioridad y el protocolo de comunicaciones que faculta a Petrochina la contratación de buques de terceros”.

Así terminaron con los precios preferenciales de transporte que tenía Flopec.  Aquí otro párrafo del mismo reportaje de 2016: “en diciembre de 2014, el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, conminó a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), a firmar un convenio de transporte de crudo, el cual afectó gravemente la operación de Flopec y creó beneficios para Petrochina, que a partir de entonces pudo contratar directamente buques de mayor volumen. Se estima que un 60% de este tipo de buques petroleros son contratados directamente por Core Petroleum y Baere, intermediarias de Petrochina”

MILLONARIO NEGOCIADO EN FLETES Y LA PRIVATIZACIÓN DE FLOPEC

Convenios de transporte que solo favorecen a otros

Ese acuerdo llamado framework tiene como principio reducir las ganancias que le corresponden a Flopec y para ello crearon un sistema de prioridades de embarques con supuesta ventaja para los buques de bandera, tripulación y propiedad ecuatoriana. La segunda oportunidad es para los buques fletados por tiempo, controlados comercialmente por Flopec o Petrochina por un período mínimo de 6 meses a una tarifa fija. La tercera línea era para buques de terceros del mercado spot presentados por Flopec o Petrochina.

La tarifa del flete aplicada se calcula por una cotización emitida por un panel de Brokers denominado ASBA (un supuesto tercer protagonista imparcial) y sobre esa tarifa, Flopec tuvo derecho a una comisión del 10%; pero el costo del ASBA se divide en partes iguales entre Petrochina y Flopec. 

“El framework se adjuntó como anexo a todos los contratos de compra-venta de crudo existentes entre Petrochina y Petroecuador.  Es decir, que cada vez que Petrochina tenga una carga, siempre y cuando cumpla con avisar dos semanas antes, se aplica este acuerdo” se expuso en el informe de Villavicencio en la Asamblea Nacional.

Amazonas Tanquers ¿Qué sucedió después?

Ese convenio de transporte de crudo dio paso a la creación del consorcio Andes Tanquers en el correísmo y en 2018 fue perfeccionado y llamado Amazonas Tanquers y que fue defendido a capa y espada por la asambleísta Ana Belén Cordero desde el oficialismo y Mireya Pazmiño Arregui desde la oposición (o mejor dicho desde los acuerdos con Amazonas Tanquers). 

La historia está detalladamente contada en nuestro portal, narra la relación tripartita entre Jaime Condoy, un gerente de Flopec de triste recordación; el canadiense Raymond Kohut, de Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping (brazo marítimo de Gunvor); más el americano William Saudhaus, representante de Core Sinergy LLC, con sus empresas Ursa Shipping Hong Kong, Baere Maritime, Dragun USA, Core Transport, Mjølner Shipping

Amazonas tanquers se creó gracias a una extensión de contrato llamada adenda 3 en 2018, firmada en Nueva York, Estados Unidos, por Jaime Condoy de Flopec y Casey Dalcher, vicepresidente de Dragun (parte del grupo Core). Este grupo tiene un operador llamado Roberto Dongo, un apuesto ejecutivo peruano que se encarga de conquistar mujeres y calentar los bolsillos de los funcionarios. Quién intenta tomar distancia y hacer lo correcto dentro de Flopec es amenazado.  

CÓMO GUNVOR SE APODERÓ DE FLOPEC

Ahora es el correísmo junto a sus socios social cristianos quienes aseguran que estos contratos son la muestra del peculado de Lasso. Quieren enjuiciar al presidente endosando sus propias responsabilidades. Es cierto que el presidente no tuvo la voluntad de acabar con esta estructura, su discurso de romper las cadenas de la corrupción en el sector petrolero fueron puro cuento y su falta de acción hoy se convierte en su mayor debilidad. 

Aunque es muy posible que el presidente sea destituido, al periodismo le corresponde decir la verdad: que será acusado por un delito que cometió Rafael Correa, lo consagró Lenín Moreno y que él se allanó al pasado corrupto de sus sucesores.

El arbitrario juego de los seguros estatales

La salida y liquidación de Seguros Sucre puede resumirse en la frase “quítate tú para ponerme yo”.

Todos quienes pensamos que el nuevo escenario -con la llegada del presidente Lasso- abriría la transparencia y los concursos públicos de diversas compañías privadas que propongan mejores ofertas para asegurar los bienes del Estado, fue un espejismo. La realidad es que solo tres empresas se disputan y reparten un mercado que ha sido marcado por las preferencias y la arbitrariedad.

El pastel de grandes contratos se ha repartido sobre todo a Hispana de Seguros, en los dos últimos años ha incrementado sus primas en casi el 200% (primas netas al 2022 de 169 millones). Le sigue Aseguradora del Sur que aumentó el 77% (primas netas al 2022 de 131 millones). Luego está Latina de Seguros con un incremento de primas netas al 2022 de 115 millones.

Hispana mantiene pólizas de Petroecuador, las empresas termoeléctricas, la Empresa Eléctrica Quito, la Empresa Pública de Agua, el Municipio de Guayaquil, BIESS. Aseguradora del Sur tiene los contratos con las unidades de negocios de generación hidroeléctricas y el casco marítimo del Ministerio de Defensa. Latina Seguros emitió la póliza por los bienes generales de CELEC, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura y el casco aéreo del Ministerio de Defensa, este último contrato dado de baja por pedido del presidente Guillermo Lasso, ¿Las razones para haber declarado desierto ese concurso? Aquí la historia.

La caída del casco aéreo

El Ministerio de Defensa Nacional sin explicación alguna ordenó descalificar el concurso de ofertas Nro. LICSG-MDN-003-2022, Contratación de Seguro de Casco Aéreo y Responsabilidad Civil para aeronaves del Ministerio de Defensa Nacional. Fue impulsado el último trimestre de 2022 con un presupuesto referencial de $18,045,982.08.

La única oferta que conoció la Comisión de Contratación fue de Latina de Seguros por $17.670.537,22. Entre el 20 y 27 de octubre Latina Seguros respondió preguntas de la Comisión de selección y convalidó su propuesta. El informe técnico de dicha comisión fue favorable con 100 puntos y recomendó al ministro de defensa contratar la propuesta de Latina el 28 de octubre del año pasado.

Firmaron el vicealmirante Rafael Poveda, la capitán de Fragata Fanny Lagla, el teniente coronel Nel Vaca mas otro grupo de oficiales y abogados de la comisión técnica. Pero el 2 de noviembre de 2022, cuatro días antes de que la póliza venciera, se emitió la resolución No.116 que echó abajo la contratación.

Las razones expuestas en la resolución ministerial 116 para declarar desierto el concurso son inexistentes. Así consta en el documento: “En virtud de haber revisado y verificado la documentación sustentatoria del informe de la comisión tecnica (sic) del proceso, no se acoge la recomendación de adjudicación…”

Las razones no son claras, pero los audios evidencian que la decisión era evitar la contratación de Latina Seguros y  buscar una forma de impedirles ganar nuevamente en caso de presentarse a licitar. Se trata de una paradoja porque esa aseguradora era la que mantenía el contrato de seguro del casco aéreo del Ministerio de Defensa, quiere decir que tumbaron el contrato para evitar una nueva contratación de Latina pero debieron extender la cobertura de la póliza con esa misma empresa ¡Brillante forma de quitar contratos para perjudicar a una empresa y sin embargo extender pólizas con la misma! No existe fórmula de entendimiento.

Informe MIDENA 28 octubre 2022
Informe MIDENA 2 nov 2022 firmado por el ministro Luis Lara
Transcripción del audio

Diario británico asegura que el principal operador de la mafia albanesa es un Latin King 

La publicación de Daily Mail asegura que el diablo es un líder latin King; información de la policía ecuatoriana dice que se trata de Carlos Manuel M, que posee denuncias por asesinato, narcotráfico y tenencia ilegal de armas. Por estos dos últimos delitos fue sentenciado en 2014 a dos condenas, de 1 año y la otra por 18 meses.

Según la policía, Macías sería el responsable de administrar el 30% de la zona centro y sur de Durán.

En este cantón de la provincia del Guayas, existe una disputa territorial con los Chone Killers por la venta de drogas. Según la Policía, dirige tres de los doce pabellones de la Penitenciaría del Litoral, controla los pabellones 1, 4 y 11 dentro de la cárcel.

Está libre desde 2016

Traducción https://www.dailymail.co.uk/news/article-11878527/If-fail-kill-Face-face-Ecuadorian-gang-kingpin-Carlos-Devils-sidekick.html?ito=amp_twitter_share-top

“Si fallas, te matan”: Junior compañero del capo de la pandilla ecuatoriana “Carlos el Diablo” le explica al “Daily Mail” sobre los temidos narcos albaneses – mientras nuestra investigación expone su imperio global de cocaína estilado de sangre.  

Su gorra de béisbol puesta de atrás para delante, intentando esconder sus ojos que estaban llenos de sospecha hostil. Miró a su alrededor en búsqueda de cámaras, mirando nerviosamente a la izquierda, a la derecha y luego por encima de sus hombros. De repente, el alto de estatura treintañero señaló hacia una esquina del restaurante junto a una ventana.

Nos sentamos. Primero tuve que confirmar que entendía las reglas básicas. Bajo ninguna circunstancia debe ser identificado y no deben publicarse fotografías de él sin su permiso. Hacerlo resultaría en una muerte casi segura, explicó.

¿Y si rompo mi palabra? Mi propia vida también estaría en perjuicio, de eso pronto me di cuenta.

La cuestión era comprensible. Sentado frente a mí en un popular restaurante turístico en el puerto de Guayaquil en Ecuador -puerta de entrada a las playas del Pacífico y las Islas Galápagos, pero también una de las ciudades más peligrosas del mundo- estuvo un miembro de una pandilla callejera que trabajaba con albaneses “narcos” para suministrar cocaína ilegal a Europa Occidental.

El es un hombre que dice que a los 14 años le enseñaron a matar como parte de una salvaje ceremonia de inserción pandillera. 

Este video muestra al mafioso albanés Ergys Dashi siendo asesinado en un restaurante en Ecuador por un hombre que llevaba un ramo de rosas. Narcos albaneses han operado en Ecuador desde hace más de diez años. 

El editor asociado al “Daily Mail”, Stephen Wright, conoce a un miembro de la notoria pandilla Latín Kings y al líder de la pandilla, Carlos “El Diablo”. Carlos le cuenta a Wright sobre los narcos albaneses y sus métodos de operación en el documental exclusivo del Daily Mail.

“Me dieron un arma y me dijeron que saliera a la calle y la usara”, me dijo esto en su español nativo.

“¿Lo hiciste?” Yo pregunté.  

“Sí. Le disparé a alguien, pero no estoy seguro de si murió”, se encogió de hombros mostrando indiferencia. 

Fue consuelo para mí cuando Junior, como lo llamaremos, me informó cortésmente que había decidido no traer su arma hoy.

Junior es un compinche de Carlos “el Diablo”, líder de la notoria banda criminal sudamericana, los Latín Kings.

Carlos » El Diablo» líder de los Latin Kings

Esto lo coloca en el corazón de una empresa empapada de sangre con la mafia albanesa para exportar drogas a través del Canal de Panamá y al norte a través del Atlántico a centros de distribución en Bélgica, los Países Bajos y España.

Nunca antes un mafioso ecuatoriano había faltado al código de silencio de la mafia para describir cómo operan las bandas del crimen organizado albanesas.

Nunca antes en mi carrera periodística para el Daily Mail, en la que me he enfrentado a numerosos asesinos, me he encontrado cara a cara con un hombre tan peligroso en un lugar donde la vida es tan barata. 

Hoy, en la Parte II de la investigación especial del Daily Mail -con un documental adjunto, “Narcos albaneses”: balas, derramamiento de sangre y Gran Bretaña en Daily Mail- detallamos cómo la llamada mafia balcánica se ha establecido en Ecuador.

Exponemos cómo los “capos” albaneses y sus secuaces controlan todos los aspectos del comercio hasta el destino final- el mercado de cocaína de 2.000 millones de libras esterlinas insertado prácticamente en todas las principales ciudades y áreas suburbanas de Gran Bretaña. 

Los miembros de la fraternidad criminal albanesa comenzaron a llegar a Ecuador hace unos diez años, poco después de que el presidente de izquierda Rafael Correa decidiera que los extranjeros podían permanecer syeis meses en territorio ecuatoriano sin visa.

En efecto, estaba abriendo las puertas a los narcos albaneses, traficantes de drogas, para quienes era una oportunidad demasiado atractiva como para rechazarla.

Este país empobrecido tiene como vecinos dos puntos calientes de producción de cocaína: Colombia al norte y Perú al sur. Tiene fronteras abiertas, una costa de más de 1,300 millas, el soborno y la corrupción abundan- particularmente en el sistema judicial y el ejército. Además, hay un acceso facilitado a las armas y una abundante oferta de asesinos dispuestos, algunos, increíblemente, tan jóvenes como de 12 años.

Los albaneses capos de la droga se hacen pasar por empresarios e inversores legítimos, utilizando identidades falsas. Alquilan casas en urbanizaciones de prestigio, y pasan su tiempo de ocio en el gimnasio y en restaurantes y hoteles caros. Muchos se han colocado en Guayaquil, que, según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de los Estados Unidos, es uno de los principales “centros logísticos de la cocaína que va a Europa y al resto del mundo”.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que supervisa el tráfico de cocaína entre América del Sur y Europa, confirma que “las cadenas de suministro, antes dominadas por unos pocos grupos delictivos organizados, están cambiando» por el dominio de “las organizaciones de los Balcanes que ahora están cada vez más involucradas en el tráfico y suministro”. 

Con los hombros encorvados en su camiseta extragrande, Junior se inclinó hacia adelante y comenzó a susurrar apresuradamente: “Los Latín Kings en Guayaquil trafican drogas que se origina en Colombia y Bolivia. La cocaína va en contenedores desde Ecuador a Europa y Reino Unido.

El encargado de trabajar con los albaneses es “Carlos El Diablo”. A las personas que trabajan en los muelles se les paga para ayudar a las bandas criminales. Hay trabajadores corruptos en muelles privados llamado “Contecon”.

Los encargados de cerrar y abrir los contenedores son susceptibles de caer en sobornos, al igual que el personal de seguridad a cargo de las cámaras. El precio [de la cocaína] es de 28.000 dólares por kilo. A veces van hasta 300 kilos en un contenedor, lo que implica grandes cantidades de monetarias. 

El intermediario que aseguró la entrevista con Junior me dijo que está tratando de distanciarse de la vida pandillera. Pero a medida que pasaban los minutos, comencé a dudar de esto: aquí había un hombre inmerso en la cultura de pandillas asesinas y de gatillo fácil y las recompensas monetarias que puede ofrecer.

Junior continuó con urgencia: “Carlos trabaja con albaneses que viven en Guayaquil. A veces se encuentran en el Centro Comercial del Sol y otros centros comerciales.  Ellos están a cargo de la mercancía y el valor de la cantidad [de cocaína] que se va a exportar. Los albaneses dan adelantos del dinero de los envíos de drogas; la suma siempre es exactamente la mitad.

A los albaneses no les gusta que los saluden cuando no están en asuntos de negocio, agregó. “En una ocasión, un albanés me dijo: Si alguna vez me ves fuera de esta reunión, no me conoces, ni siquiera me mires”. Al parecer Junior puede dar fe de su eficiencia despiadada.

Una vez que finaliza el negocio con un albanés, no vuelves a saber de él hasta la próxima transacción. De ahí viene el dicho “Si fallas, te matan”.

Según los funcionarios de aduanas de Ecuador, que trabajan en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley del Reino Unido, manifiestan que existen cuatro métodos principales utilizados por los traficantes en los puertos.

Incluyen administrar una empresa fantasma, es una opción popular entre los albaneses, que ellos mismos constituyen o a la vez pueden comprar un negocio existente para ocultar la cocaína antes de exportar. 

Otra técnica es la maniobra “desarrancar/arrancar”. Los traficantes de drogas abren contenedores de exportaciones legítimas, ocultan su carga ilícita en su interior y luego usan sellos aduaneros clonados para ocultar su trabajo. Una vez que los contenedores llegan a Europa, la cocaína es retirada por otras bandas.

Alternativamente, los traficantes ocultarán las drogas en las cavidades de los buques portacontenedores o amarrarán los paquetes a los cascos de planeo de los barcos estacionados en los puertos.

La mayoría de los contenedores que salen de Guayaquil llegan a Amberes en Bélgica o a Róterdam en los Países Bajos, donde al parecer se ofrece al personal grandes sumas de dinero para hacer la vista gorda.

Desde allí, se cree que la cocaína ingresa al Reino Unido a través de puertos como Portsmouth, Tilbury, Harwich, Immingham y Hull.

Florence Angelici, portavoz del Ministerio de Finanzas de Bélgica, le dijo al Daily Mail que las incautaciones de cocaína en Amberes superaron las 100 toneladas a fines de 2022, un nuevo récord. Se encontró tanta droga en el puerto en diciembre del año pasado que algunos funcionarios la llamaron “blanca Navidad” o “White Christmas” en inglés. 

“La producción está aumentando debido a la modificación genética de las plantas de coca en Sudamérica”, añade la Sra. Angelici (Ministra de Finanzas de Bélgica). Añado que “solía ​​haber una sola cosecha de coca al año, mientras que ahora pueden producir dos o tres de la misma planta, por lo que el número de envíos de drogas al exterior ha aumentado como resultado”. 

‘El método principal sigue siendo el ‘rip on/rip off’ es decir, el “desarranque y arranque” en el que los paquetes de cocaína se meten en bolsas de viaje o bolsas que luego se arrojan encima de un envío. Dependen de ser removidos en el otro extremo. Pero los contrabandistas son muy creativos y siempre se les ocurren nuevas ideas – [la cocaína] se puede inyectar en la fruta, esconderla dentro de tablones de madera dura y en las cavidades de los contenedores.

Pueden poner cocaína en cualquier cosa. Lo que sea, lo usan: juguetes sexuales, comida para perros, incluso se estila o empapa en la ropa y se extrae más tarde.

Europa es muy atractiva para los traficantes. El precio que pueden obtener aquí es más alto que en los EE. UU., donde el fentanilo es la droga preferida.

Junior se negó repetidamente a nombrar a los albaneses con los que ha tratado o el ultimato “Mr Big” albanés en Ecuador. ¿Fue el infame Dritan Rexhepi, el llamado “Rey de la Cocaína” que ha sido descrito como el “capo indiscutible” de la mafia albanesa, ¿pregunté?

No se dejaba atraer y observé terror en sus ojos ante la mera mención de Rexhepi, un ex estudiante de derecho que ahora tiene cuarenta y tantos años y ha amasado una fortuna multimillonaria con el tráfico ilegal de drogas.

La primera investigación de Daily Mail reveló cómo la mafia del pequeño país balcánico ha tomado el control de las rutas de contrabando transatlántico para inundar ciudades como Brighton.

De hecho, tal es su notoriedad mundial que se le ha comparado con el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, “El Chapo”, que alguna vez fue uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Guzmán ahora cumple cadena perpetua más 30 años adicionales en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos.

Rexhepi, por su parte, condenado a 13 años por narcotráfico en Ecuador, ha sido liberado anticipadamente. Pero decir que está de vuelta en el negocio sería engañoso. Él nunca se detuvo.

Desde su celda en la prisión de Quito, la capital, Rexhepi presuntamente usó un teléfono móvil encriptado para coordinar una “federación del crimen transnacional” de narcotraficantes albaneses conocida como Kompania Bello. 

También se cree que Rexhepi ordenó el asesinato de un hombre inocente después de que una banda rival de narcotraficantes albaneses supuestamente robara millones de libras de cocaína que había llevado de contrabando a Portsmouth en un barco de contenedores lleno de plátanos.

El único “delito” de la víctima- que fue secuestrado y asesinado en Albania- era ser hermano de alguien que supuestamente había traicionado a Rexhepi sobre un envío de drogas.

Ahora, a pesar de que, el cerebro criminal ha desaparecido del radar en Ecuador. También puedo revelar que Rexhepi ha forjado una estrecha relación con una mujer ecuatoriana con la que ha tenido un hijo, lo que le ha permitido solicitar la nacionalidad ecuatoriana. Si tiene éxito, significaría que no puede ser extraditado a Europa, mencionó un jefe de policía.

En Albania ha estado encarcelado durante 25 años en rebeldía por dos asesinatos (incluido el de un policía) y es sospechoso de otros asesinatos. También tiene orden de captura en Italia y Bélgica, y tiene múltiples identidades.

Sus movimientos son de gran interés para la Agencia Nacional del Crimen (National Crime Agency), la versión británica del FBI. La NCA, que tiene agentes en Ecuador monitoreando la amenaza que representan los “narcos albaneses”, sabe mucho sobre Rexhepi. Apareció en la lista de delincuentes extranjeros más buscados de “Scotland Yard” hace diez años cuando se pensaba que se escondía en el Reino Unido y que tiene vínculos con Londres, Bedfordshire y Northamptonshire.

Según Europol, lo que diferenciaba al sindicato de Rexhepi de los demás era la forma en que controlaba toda la cadena de suministro -desde el abastecimiento de cocaína para la exportación hasta la distribución al por mayor y la venta en las calles de ciudades como Brighton, así como revelamos en la Parte 1 de esta investigación de Correo.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Ecuador, que comparten inteligencia con la NCA, admiten que no están seguros de la ubicación actual del Rey de la Cocaína. Oficialmente, se supone que debe firmar un registro posterior a su liberación dos veces al mes como condición para su libertad, pero varias fuentes dicen que sospechan que alguien más lo está haciendo en su nombre.

Según el jefe antinarcóticos, el General Pablo Ramírez menciona que se investiga a la pareja de Rexhepi que ha estado realizando viajes a la capital colombiana, Bogotá.

“No tenemos ninguna duda de que puede estar realizando o volviendo a realizar actividades ilícitas a través de su pareja”, señalo el General Ramírez.

Lo que es seguro es que nadie que haya monitoreado la carrera de Dritan Rexhepi en la mafia albanesa piensa seriamente que se está volviendo un hombre de bien; y su movimiento al estilo de Ronnie Biggs (criminal inglés) para evitar la extradición al engendrar un hijo con una mujer local demuestra aún más su astucia.

Que pronto pueda ser intocable tiene implicaciones significativas para la batalla de la NCA contra la creciente amenaza de los grupos del crimen organizado (OCG) albaneses en Gran Bretaña.

Fuentes policiales británicas de alto rango creen que los traficantes de personas que traen inmigrantes albaneses a través del Canal están trabajando con bandas de narcotraficantes para proporcionarles soldados de a pie para suministrar cocaína en nuestras calles.

El verano pasado, el Daily Mail informó que los cárteles del crimen albaneses están enviando personas sin antecedentes penales al Reino Unido para unirse a bandas organizadas. Significa que los controles de las llegadas del canal no detectan los enlaces entre ellos y las organizaciones criminales. 

Ecuador es un lugar donde la vida es barata- y en ningún otro lugar más que en Guayaquil. Se dice que la tarifa actual entre las bandas de narcotraficantes por un contrato para matar a un juez es de solo $ 5,000 y los miembros del poder judicial habitualmente reciben ramos de flores funerarios en sus hogares.

Nuestra investigación involucró una reunión dramática con un fiscal estatal que ha sobrevivido a cinco complots de varias mafias de drogas para asesinarlo. Aceptó hablarme sobre los narcos albaneses y se disculpó por tener una reunión a escondidas en el estacionamiento de un lugar supuestamente seguro.

Mencionó que había trabajado en varios casos que involucraban a albaneses y que una vez fue atacado por pandilleros después de capturar tres toneladas de droga. Al final de una reunión de 90 minutos, me mostró una foto de un agujero de bala en su parabrisas como resultado de un intento de asesinato.

Uno de sus principales colegas, Edgar Escobar, fue asesinado a tiros frente a la oficina del fiscal estatal el año pasado.

En el 2014, más de 20 albaneses fueron encarcelados por delincuencia organizada, dijo el fiscal. “A partir de ese caso, sus raíces en Guayaquil fueron desmembradas, pero siguen viniendo clandestinamente y se hacen pasar por empresarios corporativos.

En los casos conocidos por la Fiscalía, la mayoría de los albaneses están relacionados. Son familias, entre cuñados, yernos, suegros, primos, etc. Los albaneses no suelen matar de manera directa, contratan a criminales -asesinos en serie- para que lo hagan. Ellos son los autores intelectuales de los crímenes.

Hace unas semanas, había panfletos anónimos de bandas locales (dejados en la calle y en la Fiscalía) en los que afirmaban que se pagaba $5.000 (USD) por un fiscal o juez muerto, $4.000 por un policía y $2.000 para un soldado.

Los albaneses tienen una guerra en curso en Ecuador por la venta de drogas con los cárteles mexicanos, agregó.

Si un albanés se atreve a enviar a Estados Unidos, que es territorio mexicano, inmediatamente aparece muerto. Lo mismo sucede si un mexicano intenta enviar drogas a Europa. Tienen reglas, que no pueden ser invadidas.

Puede haber dos razones por las que un albanés es asesinado: o el cargamento enviado cae, porque la policía lo captura, o invaden el territorio perteneciente a los mexicanos. 

Los sicarios que aprietan el gatillo suelen tener entre 16 y 25 años, agregó.

En enero de 2022, el mafioso albanés Ergys Dashi fue asesinado en un restaurante por un hombre que llevaba un ramo de rosas. Un video que lo muestra desplomándose en un charco de sangre, rodeado de comensales aterrorizados, se volvió viral en su tierra natal. Un compatriota, Adriatik Tresa, fue ejecutado frente a su cuñada luego de que siete hombres vestidos como policías llegarán a su casa en las afueras de Guayaquil.

Tal es el fondo cubierto de sangre del trabajo de Santiago Niego, subsecretario de lucha contra el crimen del Ministerio del Interior de Ecuador. Él mantiene un estrecho contacto con sus homólogos europeos y británicos para tratar de detener el flujo de drogas desde su país.

No le sorprendió saber por mí que los Latín Kings están trabajando con los albaneses para traficar cocaína.

Las líneas de tráfico de Ecuador al mundo podrían ser muchas, me mencionó. “Los Latín Kings pueden proporcionar logística a varios colíderes al mismo tiempo, no solo a los albaneses. Por ejemplo, podrían tener gente en el puerto, podrían haber reclutado en las autoridades policiales, o tener a alguien que transporte o custodie la droga, o alguien que les dé información sobre las navieras”. 

Junior, el gángster que conocimos en el restaurante turístico, es uno de esos Latín King que brinda apoyo logístico a los albaneses. Dijo que le pagaban entre $100 y $500 (US) por kilo.

“En el primer envío me pagaron $100 por kilo. Gané $4,000. El equipo de contrabando estaba formado por 20 o 25 personas. Dividieron las ganancias entre todos nosotros”. 

Con un ingreso anual promedio en Ecuador de solo $ 5,000, esto es mucho dinero. Y si Junior falla en una misión de drogas para los narcos albaneses y paga el precio final, habrá muchos otros antisociales listos para ocupar su lugar y continuar alimentando la epidemia de drogas de Gran Bretaña desde lejos.

Caso Sinohidro, el camino que lleva a Correa

Pero fue el entonces vicepresidente que por encargo del mandatario intervino para destrabar el acuerdo del crédito con el Eximbank de China, estos son los principales hitos que marcan el caso y la responsabilidad superior del entonces presidente Correa.

 

Reunión de Lenín Moreno y embajador chino

El 26 de enero de 2010 se reunió el embajador Cai Runguo y el vicepresidente Lenin Moreno. Así se publicó en las páginas oficiales:

El embajador Cai Runguo aprovechó la oportunidad para expresar al Segundo Mandatario la satisfacción de su país por los avances registrados tras los recientes acercamientos entre China y Ecuador para construir la central hidroeléctrica Coca–Codo Sinclair con financiamiento del Eximbank, del país oriental. En este sentido, precisó que tras los acercamientos con la Ministra de Economía, María Elsa Viteri, faltan pequeños detalles por pulirse para conseguir un acuerdo definitivo que garantice el acuerdo crediticio.

El Segundo Mandatario expresó que una vez se superen los problemas generados por la crisis mundial habrá “vientos más gratos” para salir adelante con acuerdos entre los dos países, e hizo votos porque pronto se limen asperezas y se concrete  la construcción del Coca – Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador.

Rafael Correa y Cai Runguo en la firma del convenio con Sinohydro

En marzo de 2010 las exigencias del gobierno chino para otorgar el crédito se estancaron; Correa decidió terminar el acuerdo. El 29 de marzo en una entrevista con Radio Democracia Moreno dijo:

“Ante la llamada del señor embajador de China -Cai Runguo-, un buen amigo, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”

 

Se firma el contrato

Los abogados de la firma internacional Hogan Lovells participaron activa y reservadamente en la elaboración de los acuerdos

Fue Lenín Moreno, que por aceptación del presidente, destrabó el proceso de crédito; el 19 de mayo el ministro de Sectores Estratégicos Jorge Glas ordenó al Ministerio de Electricidad que instrumente todos los documentos para la firma del contrato. Al día siguiente, el 20 de mayo, el Procurador del Estado autorizó al Ministerio de Finanzas pactar el arbitraje internacional en el contrato que suscribirían con el Eximbank y el 21 de mayo la Secretaría Nacional de Planificación autorizó aumentar la capacidad instalada de generación de 487 a 1500 megavatios.

Documento oficial que marca la hoja de ruta de la negociación del crédito

El 27 de mayo de 2010 el ministro de Finanzas Patricio Rivera Yánez resolvió aprobar las condiciones del crédito.

Los agradecimientos

El 1 de diciembre de 2010, el homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de la Presidencia de la República. En la ceremonia, el presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

El Jefe de Estado resaltó además la complementariedad de la economía china con la del Ecuador y la inversión en el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia, Coca – Codo Sinclair. “Siempre lo hemos dicho Ecuador es la puerta de entrada a la cuenca asiática del Pacífico hacia América Latina y viceversa”, dijo.

Constitucionalmente el vicepresidente solo puede ejecutar lo que el presidente le pide por decreto y si bien no existió un pedido explícito de Correa a Moreno para destrabar el crédito, éste se valió del lobby de Conto Patiño y del embajador Runguo para llegar acuerdos mientras que todas instituciones dependientes del ejecutivo levantaban toda la información para la firma del contrato. Fue un camino por doble carril.

Luego de la intervención de Lenín, el 22 de abril de 2010, Jorge Glas solicitó, a través del oficio No. MICSE-DM-2010-369, a Cai Runguo que gestione que una delegación del Eximbank “con poder suficiente de decisión” visite el país y “poder concluir con las negociaciones”:

14 de mayo de 2010: La asesoría jurídica internacional de Ecuador en esta negociación, que estuvo a cargo de la firma estadounidense-británica Hogan Lovells. En un correo electrónico del 14 de mayo de 2010, Miguel Zaldívar de Hogan Lovells informa a William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas, que se debe crear y proporcionar inmediatamente el número de la cuenta creada en el Banco Central para administrar los recursos del contrato de préstamo con el Eximbank. También indica que él está elaborando el Anexo A del contrato y que la siguiente semana deben presentar la opinión jurídica de Vásconez, a la vez que recomienda confirmar la reunión con el Eximbank el 1 de junio de 2010 y no bajar la “presión” hasta lograr la firma del contrato.

17 de mayo de 2010:  La comunicación sin nombre del 17 de mayo de 2010, suscrita por Dai Chunning, gerente general del Departamento de Banca Corporativa del Eximbank, dirigida a Jorge Glas Espinel, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos y Patricio Rivera, ministro de Finanzas, anunciando que estaban “listos para firmar el acuerdo de préstamo”, al tiempo que le agradeció los esfuerzos “fructíferos” en las negociaciones.

El oficio MICSE-10-448 del 18 de mayo de 2010, suscrito por Jorge Glas, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, como respuesta a Dai Chonning, señalando que una comisión encabezada por él y conformada por Patricio Rivera, ministro de Finanzas; Rafael Poveda Bonilla, viceministro Coordinador de los Sectores Estratégicos; William Vásconez, subsecretario jurídico del Ministerio de Finanzas; Madeleine Abarca, secretaria de Crédito Público del Ministerio de Finanzas; Henry Galarza, gerente general de Cocasinclair S.A.; Jorge Cevallos Carrera, abogado externo del proyecto Coca Codo Sinclair y Miguel Zaldívar, abogado internacional del proyecto CCS; viajarían a Beijing del 28 al 31 de mayo de 2010. El 1 y 2 de junio se reunirían con los equipos de negociación para los acuerdos y 3 de junio sería la firma oficial del acuerdo de préstamo. Tal como ocurrió.

El gobierno de Correa nunca molestó ni llamó la atención del vicepresidente por sus acciones de desbloquear los acuerdos, de hecho el 1 de diciembre de 2010 se hizo un homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:

El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución  de importantes proyectos de desarrollo  en beneficio de los sectores sociales.

La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de las Presidencia de la República. En la ceremonia, el Presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.

Miles de cocinas chinas embodegadas y decenas de millones en perdidas

Siete años después no existe claridad en el número de cocinas de este tipo que realmente se entregaron; informes estatales establecen que apenas 62,570 llegaron a beneficiarios desde el inicio del plan y el resto debemos suponer que se encuentran al cuidado de empresas privadas que le cobran al Estado por sus bodegas en algún lugar de Guayaquil. Quiere decir que cientos de miles cocinas de inducción no han podido ser vendidas ni canalizadas a los programas sociales en tres gobiernos, mientras permanecen  guardadas a la espera de su destrucción por el olvido.

El 28 de febrero de 2015 el Ministerio de Electricidad ordenó a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP la contratación agresiva de un millón de cocinas de inducción para entregarlas a consumidores del sector residencial en todo el país. En marzo de ese año el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, manifiestó que que el “Programa de Cocción Eficiente», se financiaría con $250 millones provenientes del Expor-Import Bank of China.

Con las aprobaciones de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) iniciaron  las contrataciones: el 27 de mayo de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia energética de CNEL EP y la empresa china HAIER Global Business Corporation Limited, suscribieron el contrato RE-CNELEFE-002-15 para la adquisición de 20.000 cocinas de inducción encimeras, por el monto de $2.920.000.

El 22 de julio de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., suscribieron el contrato RE-CNELEFE-0003-15 por 10.000 cocinas de inducción encimeras, valorado en $1.460.000.

Inauguración de Ecuacyclo y Midea, En ese momento Ministro Richard Espinosa
El Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, en la inauguración de la planta de producción de cocinas ‪#‎Midea‬

El 06 de agosto de 2015, la misma Unidad de Negocio de Eficiencia Energética sucribió con  Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., el contrato RE-CNELEFE-004-15 para la adquisición de 186.000 cocinas de inducción tipo encimeras y 126.000 cocinas de inducción con horno, más el servicio técnico post venta, por el monto de USD 50.970.000,00.

Del millón de cocinas que el gobierno de entonces propuso adquirir llegaron a Ecuador 342.000; de ese número algunas fueron chatarrizadas, otras vendidas, unas pocas donadas y el resto están en una bodega rentada en Guayaquil.

Feria de socialización Cocinas de Inducción Tulcán

Al año siguiente continuaron las compra de utencillos: el 12 de abril de 2016, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la empresa Corpmunab S. A. suscribieron el convenio de pago Nro. 003-2016-CP, por la adquisición de 10.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por el monto de $293.600,00.  El 09 de mayo suscribieron un convenio adicional (004-2016-CP), por 16.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $469.760,00. El 16 de junio CNEL EP y Corpmunab S. A suscribieron el contrato de 20.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por  640.000,00.

Finalmente el 1 de septiembre de 2016 la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la misma empresa suscribieron el contrato (RE-CNELEFE-001-16) para adquirir 50.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $ 1.468.000,00.

En la actualidad el programa se encuentra en fase de cierre desde julio de 2021 sin un horizonte sobre el destino que tendrán los equipos de inducción almacenados y con cuestionamientos desde la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales celebrados para la importación de las cocinas y las ollas de inducción.

Cómo empezó todo

Como todos los programas emblemáticos impulsados por la revolución ciudadana, el primer hito para viabilizar el financiamiento, las contrataciones, las adquisiciones y otros procesos que debía cumplir el gobierno para ejecutar dichos programas es la venia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El 31 de diciembre de 2013 se emitió el dictamen de prioridad al Programa de Cocción Eficiente con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1408-OF. Se definió como objetivo del programa: sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas eléctricos de calentamiento en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico.

El diseño de la normativa y la preparación de la estrategia de lanzamiento tomaron su tiempo. Todos los ministerios, empresas públicas y otras dependencias del gobierno central se alinearon a la propaganda que promovía las bondades del supuesto cambio de la matriz energética. Por el lado de la oferta se ponderaban los ahorros y los aportes que significarían para la economía la construcción y puesta en marcha de ocho megaproyectos hidroeléctricos. Mientras por el lado de la demanda se publicitaban otros proyectos que apuntaban a eliminar el uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial para reemplazarlo con la electricidad generada por las hidroeléctricas y como consecuencia terminar con el subsidio al gas de uso doméstico.

Respecto al consumo de electricidad, en esa época se distribuía en 39,6% para el sector industrial, 29,6% para el residencial, 22,3% para el comercial y de alumbrado público y 8,4% para la construcción.

La tendencia de la demanda de gas y electricidad era de crecimiento continuo y los programas que según el gobierno permitirían alcanzar la eficiencia energética eran el de cocción eficiente; autos híbridos y eléctricos; calentamiento de agua con electricidad, entre otros.

En este contexto el 9 de septiembre de 2014, la cartera de Electricidad estableció y reguló el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial (PEC).

Fabrica cuencana fibroacero durante la producción de las cocinas de inducción.
Fotos: Andrés Reinoso/El CIudadano.

A partir de las potestades que se establecieron en dicho acuerdo ministerial como son las de asignar, calificar y controlar todos los procesos operativos, Esteban Albornoz, titular de la mencionada cartera de Electricidad dispuso a CNEL EP, el 28 de febrero de 2015, la contratación de un millón de cocinas de inducción, con financiamiento del Estado. Pocos días después y con el fin de operativizar las actividades que demandaba el PEC, el 5 de marzo de 2015, la gerencia de la CNEL EP resolvió crear la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética (UN-EFE).

Esteban Albornoz en campaña de socialización de las cocinas de inducción.

El siguiente paso fue la suscripción de convenios entre el Ministerio de Electricidad y la UN-EFE con las Empresas Eléctricas de Distribución, Unidades de Negocio de CNEL y casas comerciales, para la venta a clientes finales o entrega gratuita de los equipos de inducción a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Luego de haberles remitido invitaciones directas a seis empresas chinas para que provean cocinas de inducción al Estado, la CNEL, amparada en el mecanismo de giro específico del negocio, adjudicó contratos para la importación a HAIER Global Business Corporation Lted., Guangdong Midea Kitchen y Suzhou Kenmec Electric.

Los contratos de mayor valor y que sumaban 322 mil cocinas de inducción fueron suscritos con Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltda.  El otro contrato RE-CNELEFE-002-15, del 27 de mayo del 2015, fue para Haier que debía entregar 20.000 cocinas de inducción encimeras por un valor de $2.920.000.

En la importación de ollas de inducción participó la empresa ecuatoriana CORPMUNAB S.A., mediante varios contratos y convenios de pago por un total de 76 mil juegos de ollas cuyo valor fue de $2,23 millones. El primer contrato que la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de CNEL firmó el 16 de junio de 2015 con esta casa comercial para la adquisición de 20 mil juegos de ollas de inducción tuvo un valor de $US 640 mil. Al año siguiente firmó tres convenios de pago por 10 mil, 16 mil y 50 mil juegos de ollas adicionales, por $US 293.600, $US 469.760 y $US 1´468.000 respectivamente.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de la Programación Presupuestaria Cuatrienal vino también la actualización del dictamen de prioridad del PEC por parte de Senplades el 17 de agosto de 2015 (Oficio nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF). El organismo de planificación también aprobó el perfil de quienes debían beneficiarse del programa PEC con la entrega de equipos de inducción gratis. Como producto de esto el 15 de septiembre de 2015 la cartera de Electricidad (Acuerdo Ministerial No. 264)  determinó que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que se encuentren en la base del Registro Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social recibirán en forma gratuita kits de inducción compuestos por: una cocina, un juego de ollas y la instalación del circuito interno a 220 voltios.

El programa PEC nació con el objetivo de aumentar la participación de la energía eléctrica en otros usos, como el de la cocción de alimentos, y para ello el gobierno de ese entonces estableció que en un período de 10 años (es decir hasta el 2023) se incorporen 3´035.128 cocinas de inducción. En ese entonces significaban más del 90% de todos los abonados a nivel nacional. Hoy en día, si este proyecto hubiera tenido el impacto esperado, esos 3 millones de beneficiarios serían el 55% de todos quienes tienen acceso al servicio de energía eléctrica, que según estadísticas del Ministerio de Energía suman 5´505.000 abonados.

Tal objetivo no se cumplió. En un documento elaborado por el Ministerio del ramo a septiembre de 2020, al que PI. tuvo acceso, se reporta que “en aproximadamente 3 años de ejecución del programa PEC (2015 – 2018), las ventas y canjes registrados representan un total de 62.570 cocinas de inducción”. Y aún si estos procesos se reactivaran “se requeriría al menos cuatro años para despachar el inventario total de cocinas de inducción que custodia CNEL EP, con los subsecuentes costos por operación logística, servicio posventa y otros costos asociados a la comercialización”.

Es decir, en el mejor de los escenarios se podría dejar en cero ese inventario en el último trimestre del 2024, con los costos que eso significaría para el fisco, pues en este documento el ministerio advierte que hay una alta probabilidad de que en el caso de las cocinas y ollas de inducción que se logren vender los precios de venta pueden ser menores a los inicialmente establecidos por la reducción de precios de mercado, la devaluación tecnológica por año de fabricación y la pérdida de garantía del fabricante.

Tampoco los programas sociales gubernamentales han tenido un alto potencial de recepción de estos equipos de inducción, pues según la cartera de Energía, los canjes o entregas gratuitas a los beneficiarios del BDH entre los años 2015 y 2018 totalizaron solo 7.173 cocinas de inducción y juegos de ollas.

A lo dispuesto en septiembre de 2015 por el Ministerio de Electricidad que incorporó a los beneficiarios del BDH como destinatarios de los kits de inducción se agregó otra disposición cinco años después: mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2020-0005-AM, el Ministerio de Energía decidió “ampliar el segmento de los beneficiarios del Programa de Cocción Eficiente para la entrega gratuita de cocinas importadas por el Estado a otros programas sociales que impulsa el Gobierno Nacional.”

Pese a existir este marco legal para aumentar los destinos de los equipos de inducción hacia más programas sociales, los directivos del Ministerio de Energía siguen encontrando trabas para despachar los stocks de cocinas y ollas que aún permanecen embodegados, pues observan que “en reunión mantenida el 16 de junio de 2020, el gerente del programa PEC informó a la UN EFE que el plan de entrega al programa Casa Para Todos, prevé únicamente la donación de 15.000 kits de inducción”.

Otro medio de verificación del fracaso del PEC son las propias cifras oficiales que no concuerdan con la información que tiene este portal. En la última ficha informativa del programa, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad total de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC[1] suman 595.146, al 30 de noviembre de 2022, un número oficial de cocinas superior a los establecidos en contratos que hemos accedido y detallado en los anteriores párrafos. Quiere decir que existe información que no se ha logrado consolidar con claridad.

Además, algunas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en sus reportes desde 2016 resaltan: “se observa un bajo interés de los usuarios por solicitar la instalación de los circuitos expresos en el SIPEC”. Este reporte es de la Empresa Eléctrica Quito y las instalaciones a las que se refiere corresponden a las demandadas para las cocinas de inducción.

Publicaciones de prensa también reportan que a partir de 2017 se evidencia una reducción significativa en la cantidad de solicitudes de usuarios para instalar medidores de 220 voltios, que son los requeridos por las cocinas de inducción, pues el número de solicitudes pasó de 120.267 durante el 2015, a 20.138 en el 2018 y durante los siguientes años en CNEL los valores son mínimos. La empresa pública CNEL provee de energía eléctrica a 2.5 millones de clientes residenciales, un poco más de la mitad de todos los usuarios del servicio a nivel nacional.

15 cuestionamientos de Contraloría para el PEC

El examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos y relacionados con el Programa PEC, se realizó al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), sus unidades de negocio, empresas eléctricas y entidades relacionadas (período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018).

En este informe, aprobado el 19 de diciembre de 2019, los auditores encontraron que en tres de los procesos de contratación para la compra de cocinas de inducción (RE-CNELEFE-002, 003 y 004-15) a las empresas chinas Haier Global Business y Guangdong Midea Kitchen, no se cumplieron los principios de legalidad, trato justo, igualdad, transparencia y participación nacional para precautelar los recursos públicos.

La comisión técnica de CNEL no verificó que la empresa Haier Global Business cumpla con uno de los requisitos exigidos en los pliegos de contratación, pues se le adjudicó el proceso RE-CNEL-EFE-002-15 a través del cual se adquirieron 20 mil cocinas de inducción encimeras, sin que la compañía china acredite que tiene las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO 14001 para las plantas de producción de cocinas de inducción encimeras. Además, no se encontraba inscrita en el Registro Único de Proveedores. Por lo tanto, no contaba con la documentación mínima requerida en el proceso.

El administrador de la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y los apoderados de las empresas Guangdong Midea Kitchen y Haier Global Business, el 5 y 11 de agosto de 2015, respectivamente, suscribieron los contratos para la adquisición de cocinas de inducción, incluido el servicio el servicio técnico post – venta, por $US 50´970.000 y $US 19´990.000 respectivamente. Ambos contratos suman $US 70,96 millones. No obstante, el administrador de la UN EFE no estaba autorizado a firmar contratos de estos valores. El poder especial que recibió el 8 de junio de 2015 le facultaba a contratar, sin la autorización del gerente general de CNEL, la ejecución de obras y prestación de servicios que no superen los $US 7 millones por proceso.

La Contraloría también identificó que CNEL incurrió en gastos que no se justifican por nacionalización de las cocinas de inducción importadas, pues asumió el pago de $US 401.357,96 por gastos de almacenaje, bodegaje, licencias y honorarios de agente de aduanas.La contratista demoró en entregar la documentación indispensable para el proceso de nacionalización de 25 embarques, especialmente el Certificado de Conformidad del Producto (CQC), mientras los técnicos que participaron en la revisión, verificación y aprobación de las liquidaciones económicas no tuvieron un criterio unificado y una metodología para establecer qué gastos de nacionalización de cada embarque debían ser asumidos por la UN EFE y por la contratista, según sus responsabilidades en el contrato.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría fue que desde la suspensión de las ventas y canje de las cocinas de inducción importadas para las empresas eléctricas de distribución y Unidades de Negocio, los funcionarios de la UN EFE no hicieron un control permanente de la administración de inventario, ni realizaron procesos de baja y chatarrización de los bienes entregados en canje. En consecuencia, “se encuentran embodegadas y sin rotación de inventario 3.014 cocinas encimeras y 81.634 cocinas con horno, además de 4.136 cocinas a gas, 2.283 cocinetas, 5.624 bombonas, 257 cocinas industriales y 476 válvulas recibidas como canje de los beneficiarios de los bonos de desarrollo humano”.

Cartera vencida de las empresas eléctricas

En marzo de 2017 el Ministerio de Electricidad identificó que en 11 Unidades de Negocio de CNEL la mora de los usuarios del PEC se ubicó en $US 6’011.480. La mayor cantidad de esa cartera vencida se concentró en las empresas eléctricas de: Guayaquil con 84.000 cocinas vendidas que significaron un monto impago de $US 1’145.000; Manabí con 34.000 cocinas que representaron una mora de $US 1’015.000; Los Ríos con 17.230 cocinas y un monto impago $US 826.000.

Frente a esto se impulsó una agresiva política de comercialización que prácticamente obligaba a los usuarios a adquirir las cocinas a inducción, provocando denuncias ante la Defensoría del Pueblo y sentencias judiciales por vulneración de los derechos de los abonados, pues muchos de ellos terminaron pagando elevadas planillas eléctricas por el costo de las estufas. Algunos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido de las cocinas y realmente era un pagaré. En otras ocasiones las empresas eléctricas ni siquiera les había instalado la acometida de 220 voltios y los abonados no tenían a quién devolver las cocinas.

Ante este panorama las autoridades de energía decidieron empezar el desmontaje del programa PEC, aunque con pocos avances en el camino.

Con memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019, el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó a la gerencia del Programa PEC: «(…) ejecute las acciones operativas y administrativas necesarias para terminar de manera ordenada las obligaciones contraídas por este Ministerio en el marco del Programa de Cocción Eficiente”.

El estado en que inició este proceso daba cuenta de que se efectuaron ventas y canjes de cocinas de inducción por un total de 62.570 items.

Además, la Unidad de Eficiencia Energética UN EFE custodia un stock aproximado de 82 mil cocinas de inducción y 37 mil juegos de ollas para inducción, distribuidos en dos partes.

La mayoría de estos bienes se encuentran en las bodegas de la compañía de transporte LOGISTCS S.A., ubicadas en Guayaquil, lo que representa a CNEL EP un gasto mensual por operación logística (administración de inventario y bodega) de $US79.147 (incluido IVA).

La otra parte de los bienes permanece almacenada en las empresas eléctricas de distribución, unidades de negocio de CNEL EP y casas comerciales, como resultado de los convenios suscritos para este propósito. Son 771 cocinas con horno y 1.914 cocinas encimeras.

Estas últimas cantidades son referenciales y siguen siendo verificadas conforme la UN-EFE avanza en el proceso de conciliación de inventarios para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

La UN EFE se encuentra realizando la conciliación de ventas, canjes, devoluciones y transferencias de los kits de inducción de 11 Unidades de Negocio, 8 Empresas Eléctricas de Distribución y 11 Casas Comerciales. Pero persiste la demora en la revisión de los registros en los sistemas facturación y de inventarios. A criterio de la UN EFE, entre las razones de tal demora están sus “problemas de gestión documental de los expedientes físicos y digitales, correspondientes a los más de cinco años de operación de la Unidad”.

Además de la falta de expedientes organizados, la Unidad de Eficiencia Energética sostiene que la falta de personal ha imposibilitado la liquidación de obligaciones y cierre de 30 convenios tripartitos que ya han finalizado su plazo. Estos convenios fueron suscritos entre el Ministerio de Electricidad, la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y las empresas de distribución eléctrica para la importación de los kits de inducción. Otro efecto de la limitación de recursos humanos serían las dificultades para realizar acercamientos con entidades del sector público como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Juntas Parroquiales del Ecuador con el fin de conocer los proyectos habitacionales que tienen en ejecución o en planeación, alcanzar un convenio interinstitucional y así concretar la entrega de los kits de inducción.

Lo cierto es que tras las importaciones de cocinas y ollas de inducción realizadas entre 2015 y 2016, no se cuenta con datos actualizados sobre cuántas están embodegadas, cuántas ya no sirven y han sido chatarrizadas o cuántas han sido entregadas en canje mediante programas sociales.

La última ficha informativa del PEC (actualizada a noviembre de 2022) este programa permaneció literalmente congelado desde julio de 2019 mientras se resolvían temas presupuestarios y las dificultades ocasionadas por falta de personal.

[1] El SIPEC es un sistema de registro alojado en el portal web “Ecuador Cambia” en donde los usuarios ingresan sus solicitudes para cambios de acometidas y medidores, instalación de circuitos expresos (para el programa PEC), acceso a incentivo tarifario para cocción o calentamiento de agua.

Administradores de la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética
  1. Andrés Fernando Tapia Faggioni
  2. Pablo Arturo Falconi Ayora
  3. Christian David Parra Pombosa
  4. Ana Lucía Játiva Yánez
  5. Rommel Patricio Aguilar Chiriboga
  6. Xavier Renán Zambrano Aragundi

Cocinas chatarra y el robo de cilindros de gas

En el mes de diciembre del 2020, la UN EFE dispuso el traslado de 5624 cilindros para gas licuado de petróleo, desde el Parque Industrial Sur de Quito, a la Terminal El Chorrillo EP PetroEcuador, Guayaquil, producto del convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

En el mes de enero del 2021, de acuerdo al informe presentado por el Técnico de Administración Técnica de la UN EFE, uno de los vehículos que transportaba 1125 cilindros para gas licuado de petróleo, fue abordado en el cantón El Empalme, el mismo que fue encontrado más tarde sin los 1125 cilindros.

En el mes de enero del 2021, la UN EFE ejecutó la disposición final de 4428 cocinas de inducción en mal estado. En el mes de mayo del 2021, se dispuso la chatarrización de 614 cocinas de inducción y 14 juegos de ollas para cocinas de inducción en mal estado.

Ley alemana pone en jaque a los productores de banano ecuatoriano 

A 27 metros sobre el nivel del mar, con la temperatura y la humedad propicias y en un suelo prodigioso se extienden centenares de hectáreas de bananales, sembrados en largas filas paralelas. De los troncos de estas plantas espigadas y de anchas hojas cuelgan miles de racimos que pintan el fuerte verdor de la zona. Es la Isla de Bejucal, una parroquia rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos, que ha sido históricamente un centro agrícola importante por sus cultivos de ciclo corto y sobre todo por la plantación permanente de banano que es la que mueve la economía del sector. Este producto ocupa 7.562 hectáreas sembradas, seguido por el cacao con 3.012 hectáreas.

Los Ríos encabeza las provincias con mayor producción bananera con el 37,14%. Le sigue la provincia del Guayas con 32,25% y El Oro con 24,12%, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP).

Si bien entre enero y octubre de 2022 las exportaciones de banano tuvieron una caída del 7,5% en cuanto al volumen de cajas, respecto a igual período de 2021 (según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE), las ventas externas de este producto siguen entre los mayores rubros de las exportaciones tradicionales, pues le significaron al país ingresos por $2.609 millones, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

Pero en las zonas de cultivo de banano el tiempo parece haberse detenido en materia de derechos. Este portal recogió testimonios de trabajadores de haciendas de la ruralidad de Baba que se evidencia que los beneficios de la producción del oro verde se opacan con la precariedad de las condiciones laborales.  

Leoncio Montes Ronquillo ha laborado en plantaciones desde hace tres décadas. Ha hecho de todo: destalle, que es el corte del tallo del racimo que queda luego de la cosecha, deshoje y limpieza de los desechos de la planta, corte y colocación de la fruta en cable vías para trasladarla hasta la empacadora. La mayor parte de sus actividades transcurrió en la hacienda María del Pilar. Sus jornadas empezaban a las 6 de la mañana sin hora fija de conclusión. 

Leoncio Montes, agricultor de 51 años nunca tuvo vacaciones ni recibió el pago de los décimos tercer y cuarto sueldos. Se conformaba con percibir su salario básico hasta que su salud sufrió un revés que cambió su rutina de vida y de trabajo para siempre.

Una afección a su riñón derivó en el sometimiento a sesiones de diálisis por 8 años, el tratamiento no funcionó y debió hacerse un trasplante. “Desde hace tres años ya no estoy trabajando porque caí enfermo, tengo que hacerme las diálisis por 10 años más. Entonces no puedo hacer ninguna labor porque todo en cuanto a banano es puro químico”, lamenta Leoncio. 

A partir de 2019 empezaron los atrasos de su patrono en los pagos de sueldos a los trabajadores de la hacienda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Leoncio estaba convencido que sí contaba con los beneficios como asegurado debido a que le descontaban sus aportes mes a mes. Su discapacidad por enfermedad le condujo a pedir su jubilación en 2021, pero su sorpresa fue una negativa por parte del IESS debido a que sus cánones constaban como impagos. “Resulta que ahora no puedo jubilarme, tengo solo 58 aportaciones pagadas y 60 impagas. Y ya no me querían ni atender en los hospitales porque el dueño está en mora”, enfatiza. Leoncio tampoco tiene acceso a sus fondos de reserva.

Al momento su patrono le paga $220 mensuales, Leoncio es el único sustento de su familia, tiene 2 hijos, uno de ellos aún en la escuela y para su tratamiento médico gasta mensualmente alrededor de $100. Unos pocos dólares que obtiene por unos sembríos de arroz ayudan a palear en algo sus necesidades. 

Otra de las importantes tareas que demanda el cultivo del banano es el amarre, que consiste en la sujeción y anclaje de las plantas para prevenir que se doblen o se caigan por el peso o los fuertes vientos. Durante 11 años René Contreras, trabajador de la hacienda Danica, ubicada en el recinto Versalle, del cantón Baba, ha estado encargado del amarre de las plantas de banano. 

Su horario es de 7:00 a 15:00 y percibe $360 mensuales, no alcanza al Salario Básico Unificado (SBU). El argumento de la empresa para no pagarle lo que manda la ley es que Contreras está a cargo de apenas 20 hectáreas y si aspira a obtener el SBU debería cubrir hasta 30 hectáreas. “Humanamente no se puede cumplir con esa extensión”, asegura Contreras, quien se queja también porque desde hace cinco años el dueño de la hacienda le ha descontado de su sueldo los aportes al IESS, pero ninguna de esas deducciones están registradas en el ente de seguridad social. 

René Contreras, trabajador bananero tiene tres hijos, dos con discapacidades auditivas, por lo que usan retroauriculares. Esta condición le ha significado mayores gastos a Contreras. Por ejemplo, solo las baterías de los aparatos valen $10 cada una y debe comprar 3 paquetes al mes, lo que suma $30 más $50 de mantenimiento.

La hacienda bananera donde han laborado Leoncio Montes y René Contreras, pertenece ahora a la empresa Danicafruits S.A. donde las paralizaciones de actividades han sido noticia debido a los retrasos en los pagos de sueldos y al incumplimiento de sus derechos laborales. (https://www.aldia.com.ec/trabajadores-paralizaron-el-embarque-por-falta-de-pago/

En los registros de la Superintendencia de Compañías Danicafruits aparece constituida el 21 de marzo de 2019, sus accionistas originales fueron: Randy Ramírez Ruiz (presidente) y Danilda Zambrano Marte (gerente). Hernán Zambrano compró el 50% de las acciones en julio de 2019 a Randy Ramírez y se convirtió, junto a su esposa Danilda Zambrano, en dueño de esta compañía.

Según varios trabajadores consultados, a partir del cambio de dueño han sido despedidas al menos 25 personas de la hacienda Danica (como la denominan ahora), a quienes todavía les adeudan sus liquidaciones. Al momento 45 personas se mantienen trabajando en esa plantación, de los cuales 40 no están afiliadas al seguro social. 

Danica no solo está en mora con el IESS, a nivel societario tampoco ha cumplido con la presentación de las contribuciones de 2022 a la Superintendencia de Compañías y según el informe de gerencia de la empresa las utilidades fueron de apenas $77,54 en 2021.

Los trabajadores refieren que en varias ocasiones Zambrano ha prometido actualizar sus aportaciones al IESS. El último ofrecimiento fue que hasta diciembre de 2022 pagaría todos sus pasivos laborales. René Contreras asegura que las deudas con los trabajadores suman ya $280.000. 

Mujeres enfrentan mayor carga laboral y menor pago

Paulina es el nombre protegido que usaremos para una trabajadora del sector bananero a quien despidieron en septiembre del 2022 de la hacienda La Emperatriz, sin ninguna explicación, luego de casi 10 años de desempeñar las más variadas tareas. “Lo que me ponían a hacer yo me desenvolvía”, cuenta resignada.

Desde las 6:00 que empezaba sus labores Paulina se dedicaba, unas semanas a desflorar, otras a sellar y otras a lavar los protectores que se sacan de la fruta. Este lavado es para evitar la presencia de insectos como la cochinilla, una plaga que succiona la savia de las plantas y transmite el BSV (Banana Streak Virus), según el Magap y Agrocalidad. “Su presencia en la fruta de exportación es causa de rechazo en países importadores”.

Las jornadas de Paulina, muchas veces, se extendían de lunes a sábado y sin hora fija de salida. En promedio 12 horas diarias. “A veces nos pagaban $10 a las mujeres si hacíamos 1.000 cajas al día. Si llegábamos a las 2.000 cajas podíamos ganar unos $13 hasta $16”.

Es decir, en el mejor de los escenarios podía obtener $384 mensuales, pero en la práctica su ingreso mensual promedio no sobrepasaba los $280. Todo dependía de la decisión de los directivos de la hacienda, pues nadie le explicó nunca los parámetros que se usaban para calcular el monto que le pagaban.

En esta hacienda La Emperatriz, ubicada en la parroquia Ricaurte del cantón Urdaneta (Los Ríos), Paulina no solo no percibió el salario básico, sino que tampoco accedió a ningún otro beneficio de ley y cuando fue despedida no recibió liquidación. “No tengo ningún papel que diga que yo he trabajado en esa hacienda. Nunca nos dieron un rol de pagos. El capitán coge los nombres y solo él firma”.

Al no tener contratos la desprotección es el común denominador de muchas de las trabajadoras. “Por eso a uno solo le avisan hasta hoy trabajaste y si se dice algo ellos salen más bravos. Uno siempre tiene que agachar la cabeza”, se lamenta. Hay temor de exponerse, en cierta ocasión una de sus compañeras exigió que le paguen, pero el dueño la echó de la hacienda con un revólver en mano. 

La desigualdad de condiciones de trabajo respecto a los hombres es evidente para las trabajadoras de las plantaciones bananeras. Paulina asegura que una mujer puede recibir en promedio unos $15 diarios, pero los hombres ganan entre $25 y $30. El argumento de los directivos de la hacienda es que los hombres tienen mayor fuerza y producen más. Pero las mujeres no solo realizan labores similares sino incluso tienen una mayor carga de trabajo en el mismo período.

Marisela Guzmán, coordinadora de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) dice que el 80% de las mujeres que trabajan en las plantaciones están sometidas a esta forma precaria de trabajo. Las mujeres son una gran minoría en el sector, pues representan entre el 12% y el 15% de un aproximado de 200.000 trabajadores bananeros a nivel nacional, pero esta minoría está prácticamente a la deriva, a criterio de Guzmán porque está expuestas además al acoso y hostigamiento cuando están embarazadas y una vez que dan a luz las madres no pueden hacer uso del horario de lactancia.

Por si todo esto fuera poco Paulina explica que cuando apareció la pandemia de Covid 19 la hacienda La Emperatriz retuvo a los trabajadores casi la mitad del sueldo argumentando que por esta coyuntura no les pagaban completo y los demás ingresos quedaría guardados en la empresa, como una especie de ahorro hasta que todo vuelva a la normalidad. “Esa plata se quedó con ellos, nunca nos devolvieron”. 

En otras palabras, durante más de 2 años no les pagaron todo el sueldo y si los trabajadores reclamaban los despedían.

Paulina tiene tres hijas que mantener. Está sobreviviendo con la cosecha de cacao un día a la semana. No concibe más opciones que volver sus ojos al campo porque dice que no hay otras actividades que pueda hacer, por eso su mayor esperanza es conseguir trabajo en alguna otra plantación bananera, en enero de 2023 en que comienzan a contratar gente.

Despedir a madres gestantes también es otra cara del drama que viven las mujeres que trabajan en las bananeras. Las historias de Isabel Oquendo Cárdenas y Yanina Vera Zambrano se conectan no solo por haber trabajado en el mismo lugar, la hacienda Marianela del grupo Banasoft (recinto Guare, vía Baba), sino porque ambas fueron despedidas casi al mismo tiempo cuando estaban embarazadas.

Isabel estuvo 8 años en la compañía Banasoft. Trabajaba desflorando, pero el pasado primero de octubre, mientras cumplía los 6 meses de gestación, la despidieron sin darle ninguna razón. Sus patronos le convencieron de que al ser una trabajadora eventual no tenía derecho al salario básico, a la afiliación, ni a los demás beneficios de ley. No obstante, ella inició en su trabajo cumpliendo jornadas a tiempo completo. No era una trabajadora eventual. 

Jorge Acosta, presidente de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y Campesinos (ASTAC) explica que si luego la empresa le asignó otras tareas con otros horarios más bien ya se configuraba un despido intempestivo y que aun siendo eventual la empresa no estaba exenta de pagarle todos los beneficios de ley.

Isabel Oquendo Cárdenas fue despedida de la plantación en octubre de 2022 por estar embarazada

Isabel narra que había semanas en las que trabajaba todos los días desde las 07:00 hasta las 17:00 o 18:00. Su nivel de ingresos dependía del número de días trabajados y de la cantidad de cajas alcanzada. Variaba de $220 hasta $400. Esta trabajadora de 32 años no solo tiene dos hijos, también un nieto que está bajo su responsabilidad. Recibió una liquidación de apenas $2.450. 

Yanina de 36 años trabajó en la hacienda como desfloradora y medidora, por 15 años, de los cuales 12 estuvo afiliada al IESS, no obstante, nunca percibió el salario básico. Alcanzaba un promedio de $300 mensuales. A inicios de octubre pasado, cuando tenía 3 meses de embarazo, le dijeron que ya no había trabajo para ella y luego de un mes junto a otros despedidos, le entregaron una liquidación de $5.500. “Nosotros firmamos que habíamos recibido el pago, pero ellos nos pusieron descuentos tras descuentos, sin ninguna razón”. 

Es una modalidad de varias empresas bananeras dar liquidaciones de las que deducen supuestos créditos entregados a los trabajadores, bajo el nombre de sobregiro. Pero esta estrategia -afirma Jorge Acosta, presidente de ASTAC – solo sirve para reducirles el sueldo a los campesinos, quienes nunca reciben los supuestos préstamos.

Cuando Yanina aún trabajaba en la plantación le descontaban un rubro por vacaciones, pese a que nunca accedió a ese descanso en 12 años de trabajo y menos aún recibió el equivalente en dólares por tales vacaciones. Es decir, esta trabajadora firmaba roles de pago por ingresos que no correspondían a la realidad.

Isabel y Yanina presentaron demandas por despido ineficaz lo que implica un pedido de indemnización por despido intempestivo y un año más de sueldo por haberles separado de sus trabajos mientas estaban embarazadas. Están solicitando una indemnización de alrededor de $20 mil cada una. 

En total, 64 personas fueron despedidas de la hacienda Marianela, de las cuales 14 son mujeres. 

Yanina Vera Zambrano
El estigma de ser parte de un sindicato

El respeto a los derechos de los trabajadores a organizarse y protestar aún es un mito en el campo y las plantaciones bananeras no son la excepción.

En la publicación realizada por varias organizaciones sindicales del país como CEOSL, UNE y FETRAPEL, titulada `Observaciones Sindicales a la Implementación de los Convenios 87 y 98´ se concluye que Ecuador tiene una de las tasas de sindicalización más bajas, la cual se estima entre el 2% y el 3,8% de la fuerza laboral.

Desde su conformación en febrero de 2014, hasta mayo de 2021 en que fue reconocida como organización sindical, han pasado 6 años y medio en que ASTAC ha enfrentado varios embates desde el empresariado bananero y del mismo Estado. Los obstáculos para actuar en representación de los trabajadores no han terminado. Y para informar sobre ellos ASTAC hizo un encuentro en noviembre pasado con sus afiliados. 

Junto a uno de los caseríos que se levantan a un lado de la carretera en el sector de la Isla de Bejucal (cantón Baba-Los Ríos), se congregó un grupo de trabajadores bananeros a quienes Jorge Acosta y Marisela Guzmán, presidente y coordinadora de ASTAC respectivamente, expusieron un nuevo capítulo de los últimos escollos jurídicos impuestos a la organización: el Ministerio del Trabajo negó el registro de su nueva directiva. 

La negativa provocó la reacción de ASTAC y presentó una apelación a lo resuelto por el Ministerio del Trabajo con el argumento de que el Ministerio de Trabajo no puede solicitar requisitos que no están establecidos en la ley, pues restringe derechos, como el de libertad sindical y libertad de organización de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo aún no ha resuelto ni contestado la apelación de ASTAC.

No solo comercio justo, también pago justo con respeto a los DD.HH.

Con este panorama de explotación laboral, el sector bananero ecuatoriano deberá encarar nuevas reglas de juego en el mercado alemán, al que se exportaron 148.866 toneladas de fruta entre enero y octubre de 2022, por $71,5 millones, siendo el cuarto destino más importante de venta de banano a la Unión Europea, de acuerdo con las estadísticas del BCE.

Desde el primero de enero de 2023 entrará en vigencia una ley en Alemania que obliga a las grandes cadenas de supermercados a que antes de comprar el banano ecuatoriano tomen en cuenta las condiciones de trabajo con las que se lo produce. Tanto estos centros de expendio como el consumidor alemán han ignorado que detrás de la producción y la comercialización del banano hay precarias realidades laborales de esta cadena productiva.

Con el objetivo de prevenir las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro de productos que se comercialicen en Alemania el parlamento de ese país, aprobó en junio de 2021 la ´Ley sobre los deberes de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro´ (Lieferkettengesetzes). 

Esta norma se aplicará a todas las empresas que mantengan operaciones en Alemania o que tengan una filial en cualquier parte del territorio alemán. En consecuencia, la ley también alcanza a sectores como banca, servicios financieros o servicios de auditoría.

Solo Francia y Países Bajos antecedieron a Alemania con este tipo de normativa que regirá para empresas de más de 3.000 trabajadores y para sus proveedores directos e indirectos. En este universo de empresas también están los supermercados que compran el banano ecuatoriano. Uno de cada tres bananos que se consume en Alemania viene de Ecuador.

Según constan en esta Ley, la cadena de suministro a la que las empresas alemanas deberán analizar incluye todas las etapas necesarias para la fabricación de productos y la prestación de servicios, desde la extracción de materias primas hasta la entrega al cliente final.

Para efectos de esta norma se consideran riesgos para los derechos humanos cuando las empresas violan 12 tipos de prohibiciones. Algunas de ellas son: la esclavitud, servidumbre y otras formas de opresión en el lugar de trabajo. Implica además la prohibición de ignorar las obligaciones en materia de salud y seguridad, la falta de medidas de protección adecuadas para evitar los efectos de las sustancias químicas, físicas o biológicas, entre otras. 

Considera además la prohibición de no respetar la libertad de asociación, la desigualdad de trato en el empleo o privar al trabajador de un salario adecuado que es al menos el salario mínimo.

Las sanciones económicas para las empresas alemanas que incumplan pagarán entre los 100 mil y los 800 mil euros dependiendo del tipo de infracción. En una entrevista concedida en junio de 2021 por el economista profesor Achim Truger al portal alemán Deutschland, dijo que las empresas hicieron un compromiso voluntario de cumplir este tipo de normas desde 2011. Sin embargo el 80 % de esas compañías aún no han aplicado su promesa y por eso se ha tenido que tomar medidas políticas.

En Ecuador no han sido ampliamente difundidos y debatidos los alcances de esta norma pero en foros específicos del sector bananero sí ha despertado la preocupación. En junio de 2021 el Clúster Bananero del Ecuador (representa a productores y exportadores de banano) organizó el evento online “Hacia un Banano Justo – Responsabilidad compartida entre productores y comercializadores”, donde varios de los actores involucrados directa e indirectamente en el tema expusieron sus posiciones.

El punto de mayor preocupación de todos los sectores se resume en los costos que implicará cumplir con la normativa de ´Diligencia Debida´ de la ley alemana.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, resaltó que la responsabilidad debe ser compartida para distribuir los costos de manera equitativa entre todos los agentes de la cadena de valor, desde los productores, hasta los consumidores. 

Las iniciativas para exponer las condiciones del sector laboral de la industria bananera se han originado en organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. En noviembre de 2022, una delegación de la ONG internacional Oxfam mantuvo reuniones con decenas de trabajadores bananeros y líderes sindicales en varios sitios de las provincias de Los Ríos y Guayas para conocer de primera mano las circunstancias en las que se desenvuelve su actividad laboral. 

El objetivo fue recoger y procesar testimonios, información y documentos para presentarlos a los grandes supermercados y autoridades alemanas como pruebas de la precariedad de las labores agrícolas en las plantaciones desde la perspectiva de los derechos humanos de los trabajadores. 

Se le “perdió” el control al Ministerio del Trabajo

El centro de derechos humanos ABA, Asociación Americana de Abogados tras su visita al Ecuador en julio de 2022 identificó al menos una decena de violaciones a los derechos laborales de quienes trabajan en el sector bananero. Entre los principales hallazgos destaca el pago irregular de salarios, muchas veces por debajo del mínimo que para el 2022 fue de $425 mensuales. Se puntualiza que, si bien a los trabajadores bananeros se les paga según una escala basada en el tipo de actividad, tienen derecho por ley al salario básico. 

Según ABA, la mayoría de los trabajadores señalaron que no han recibido los decimotercer y decimocuarto sueldos. Todos los trabajadores, con excepción de quienes trabajaban para Reybanpac, se quejaron no solo de no acceder a vacaciones sino también a la falta de licencias por enfermedad. “Al menos dos indicaron que se les exigió enviar a un familiar para que les sustituyera los días que estuvieron enfermos”. 

En cuanto al derecho a organización sindical, tres trabajadores denunciaron que fueron despedidos en Reybanpac tras unirse a ASTAC y para darles una baja indemnización les pidieron firmar una renuncia.

Una de los mecanismos utilizados por las empresas como represalia a la afiliación sindical es el uso de las denominadas listas negras y ABA lo corroboró. Trabajadores, representantes de sindicatos y abogados “hablaron de bases de datos informales compartidas entre empleadores que enumeran a los trabajadores que pueden haber causado «problemas» en el pasado, por ejemplo, estar involucrados en actividades sindicales o participar en quejas contra sus empleadores”.

Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores es el Sistema Informático de Trámite Judicial (SATJE) donde se consulta el estado de los procesos judiciales, éste proporciona información sobre los trabajadores que han demandado a sus empleadores y estos datos son usados para negarles acceso al trabajo.

El informe también señala también retrasos significativos en el registro de sindicatos. El Código del Trabajo fija 30 días para revisar la solicitud de registro, pero las organizaciones citaron varios ejemplos en los que el registro demoró meses e incluso años después de la presentación de la solicitud. También señalaron que el Gobierno tiende a solicitar documentación excesiva y que está fuera de los requisitos del Código del Trabajo. 

El acceso a representación legal es otro obstáculo importante para los sindicatos que están sobre todo fuera de Quito y un desafío mayor para los trabajadores individuales. El Centro habló con 11 abogados laboralistas que señalaron que faltaban abogados especializados en esta rama, especialmente fuera de Quito. Los casos laborales tardan años en resolverse y los abogados no pueden asumir los costos por honorarios, especialmente en áreas remotas. “Algunos abogados expresaron su preocupación por su seguridad y señalaron que conocen de colegas asesinados por representar casos de derechos laborales particularmente polémicos”.

Periodismo de Investigación solicitó una entrevista al ministro del Trabajo, Patricio Donoso para conocer su posición sobre las condiciones laborales en la industria bananera, los desafíos de la ley de Debida Diligencia y el contenido del informe del Centro de DD.HH. de ABA, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

 

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Utilidades impagas, uno de los pasivos de Repsol

La salida de la petrolera Repsol de Ecuador a fines de este mes de diciembre de 2022 puede provocar una serie de pasivos que la empresa parece querer enterrar, uno de esos problemas son los costos laborales no reconocidos a cientos de empleados activos y que ya están fuera de la empresa.

La Constitución reconoce como derecho la participación de los trabajadores en las utilidades de una empresa y esto no puede ser modificado por ninguna norma legal.

Las utilidades no pueden ser consideradas un impuesto, en realidad son una deducción y su valor se calcula restando el 15% de las ganancias, el siguiente paso -luego de esta deducción- es calcular el impuesto a la renta, que representa el 25% de gravamen.

Puede decirse que el monto determinado por impuesto a la renta, identifica con claridad el valor de las utilidades y si las determinaciones (resoluciones) de estos valores han sido ejecutoriadas en las instancias judiciales, no queda mas que pagar, ¿Por qué Repsol no lo ha hecho?

La empresa, junto a entidades estatales como el SRI, el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Finanzas mas la Procuraduría General del Estado suscribieron un acuerdo transaccional en el que vulneraron los derechos de trabajadores a participar de utilidades.

Ver PDF completo

La justicia ecuatoriana en última y definitiva instancia resolvió inaceptar las impugnaciones de Repsol respecto al pago de impuesto a la renta establecidas en las determinaciones del SRI que contemplan la deducción de utilidades de los trabajadores y el impuesto a la renta. Al quedar vigente las determinaciones o resoluciones le corresponde al SRI cobrar los impuestos y al Ministerio del Trabajo ejecutar el cobro de las utilidades en favor de los trabajadores.

El valor que los extrabajadores reclaman es alto y puede bordear decenas de millones.

La salida de Repsol Ecuador puede dejar paralizados todos estos reclamos laborales. Este portal hace público el acuerdo transaccional que dejan entrever con claridad cómo el Estado acordó la ejecución del pago de impuestos pero la autoridad laboral (entiéndase el Ministerio del Trabajo) no hizo nada para el pago de utilidades. En un acto colusorio el Estado y Repsol dejaron en indefención a los trabajadores.

Justicia americana destapa los sobornos en la compra de asfalto

La Fiscalía del Distrito de Nueva York y la sección de Fraude y División Penal del Departamento de Justicia han descubierto nuevos hechos de corrupción que se originaron en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. El año: 2014 y tiene como protagonistas de los sobornos a los mismos que se llevaron hasta la esperanza.

El juicio, ya radicado en una Corte Federal el Estado de Nueva York, ha puesto en evidencia el pago de sobornos en un contrato que Petroecuador firmó con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI) para la compra de asfalto por un valor de $23,5 millones.

Según la acusación de Estados Unidos entre 2010 y 2021 Nilsen Arias Sandoval – que fue gerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera y que además ya se declaró culpable de recibir sobornos en los contratos de deuda externa con Petrochina- participó en un esquema internacional de sobornos con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI). Añade la acusación que Arias, a cambio de utilizar su cargo oficial e influencia, con el fin de ayudar a dicha empresas a obtener ventajas indebidas, fue beneficiado junto a otros con una comisión de dos dólares por barril.

https://medstonesa.files.wordpress.com/2015/12/press-release-sargeant-vitol-final.pdf
Coincidencias.

La denunciada Sargeant Marine tiene acuerdos con la también investigada Vitol, acusada de haber entregado sobornos a funcionarios de Petroecuador. Tomado de https://medstonesa.wordpress.com/2015/12/07/vitol-and-sargeant-marine-to-form-a-global-leader-in-asphalt-logistics-and-trading/

Petroecuador registra en agosto de 2014 una adjudicación internacional a la compañía Global Asphalt Logistics and Trading Sagl, para el suministro de asfalto AC-20, con un volumen de 225.000 barriles a ser entregados en un solo cargamento.

Global Asphalt Logistics and Trading Sagl es el brazo comercial de Sargeant Marine Inc. En Petroecuador los encargados de presentar la oferta a nombre de Global Asphalt fueron el británico Paul John Blundell, el estadounidense Daniel Sargean y el venezolano José Tomás Meneses Petrocelli, este último coincide con las características mencionadas en la acusación de Estados Unidos, sobre un “empleado de SMI”, que junto con otros, participó en un esquema de soborno y lavado de dinero que involucraba el pago de sobornos a Arias”.

Para justificar el pago de sobornos el 1 de julio de 2014, una filial de SMI celebró un acuerdo de consultoría simulado con una empresa ficticia, controlada por el Intermediario #1 y el Intermediario #2. De conformidad con el acuerdo simulado, el Intermediario #1 posteriormente presentó facturas simuladas a la afiliada de SMI para el pago de aproximadamente $471,881. Después de que el Intermediario #1 recibió el pago de las facturas falsas de la afiliada de SMI, transfirió una parte del dinero a una o más cuentas bancarias controladas por Nilsen Arias Sandoval.

La notificación sobre la adjudicación del suministro de asfalto a Roberto Finocchi y José Meneses de Global Asphalt fue firmada por Marco Calvopiña, entonces gerente general de Petroecuador. En la negociación también intervinieron Santiago Palacios de la Gerencia de Comercio Internacional (Comercialización de Productos Derivados), Nilsen Arias, Celsa Rojas, Zonnia Martínez, Paola Coba y Andrés Racines, todos de Comercio Internacional.

La Gerencia de Comercio Internacional adujo que era necesario importar asfalto debido al paro obligado de la refinería Esmeraldas en 2014, que entonces se encontraba en los millonarios procesos de corrupción debido a la supuesta repotenciación. De las empresas invitadas por Petroecuador, 13 presentaron excusas y solo Global Asphalt Logistics and Trading Sagl presentó su oferta.

Por la importación de asfalto Petroecuador pagó $ 23.555.250,00 a Global Asphalt Logistics.

La acusación de Estados Unidos en contra de SMI señala que “en 2014, SMI, a través de algunos de sus empleados y agentes, para asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener negocios con Petroecuador y a sabiendas y deliberadamente conspiró y acordó con otros para ofrecer y pagar sobornos de manera corrupta a, y en beneficio de funcionarios de Petroecuador para obtener ventajas indebidas en la obtención de lucrativos contratos con la estatal ecuatoriana”.

Para facilitar el esquema de soborno y ocultar la verdadera naturaleza de los pagos de sobornos, SMI y sus cómplices simularon contratos de consultorías, crearon facturas falsas e hicieron pagos a cuentas bancarias en los Estados Unidos.

SMI acordó pagar una “comisión” de $2 a funcionarios de Petroecuador si ganaba el contrato.

 

 

 

El laberinto de la salud pública ecuatoriana

En el 2022 me cayeron casi todas las enfermedades. En pandemia dieron por terminado mi contrato laboral y por ende mi seguro médico del IESS y el seguro privado. Pasé a las filas del desempleo igual que miles de personas que trabajaban en empresas que se acogieron a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que daba luz verde para terminar contratos con el argumento de fuerza mayor.

Personas esperan medicinas en el IESS Quito
personas esperando turnos y medicina. Hospital Eugenio Espejo

Esto me hizo utilizar con más frecuencia el sistema de salud pública, aunque antes ya había probado el trato en este sector, pues estoy en la lista de espera para trasplante de córnea desde el 2018. Dicho trasplante no lo he realizado, en parte, por falta de medicinas que son necesarias luego de la operación y por lo que se pueda necesitar durante la misma cirugía, pues el sistema de salud público carede de ciertas atenciones, además siempre faltan gasas, jeringas, sueros que se deben comprar de urgencia durante la intervención quirúrgica, según dicen enfermeras y doctoras.

Tras el trasplante de órganos o tejidos se necesitan medicamentos inmunosupresores que también corren por cuenta del paciente, aunque en el 2011 se emitió la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Poner el PDF DE LA Ley) que indica en su artículo 5, que para el restablecimiento del paciente que recibió el órgano o el tejido, el centro de salud dará la medicina gratuitamente y el Estado velará por dicho paciente antes, durante y después del trasplante. El acceso a los trasplantes es para todos, es además gratuito en todas sus etapas: evaluación pretrasplante, cirugía y seguimiento postintervención, sin embargo, en la post-intervención faltan medicinas en el sector público, porque no están en el cuadro básico de medicamentos. Por ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo, casa de salud donde suelo buscar atención médica, en varias ocasiones, no cuenta ni con lágrimas artificiales básicas.

Además de soportar el queratocono, este año tuve una intervención por problemas vasculares. Adicional tengo un tumor en el seno detectado en noviembre del 2021 y una afección en el nervio auditivo, esta última enfermedad es secuela del covid que sufrí en mayo. Por el tema vascular y el  tumor, desde enero del 2022 seguí los protocolos del sistema de salud, primero hacerme chequear en el centro de salud más cercano al domicilio. Allí dijeron que debía ser transferida a un hospital para que se hagan los análisis correspondientes, en el caso del tumor, una ecografía, que hasta el momento no me la realizan.

Gracias a un contacto logré un turno con el cirujano vascular en el Hospital Eugenio Espejo, solo así pude ingresar a consulta ya que la transferencia era imposible por la falta de turnos. En el área vascular encontré amabilidad en doctores y enfermeras, y observé que el trato es cordial con el resto de pacientes, muy distinto al que a veces se siente en oftalmología, donde a los ciegos nos dicen: “párese y siéntese en otro lado o acaso no ve en donde le digo que se siente”, cuando estamos en la sala de espera, sin lentes y sin acompañantes. En esa área hay una doctora que por no hacerle caso de sentarnos donde ella dice, nos hace sacar de oftalmología con el guardia de turno. Ya le han llamado la atención por sus constantes maltratos pero continúa allí y siempre nos grita a los pacientes que a ella nadie la despide.

De todo hay dentro de los hospitales y tampoco la falta de medicinas y turnos es exclusiva del Eugenio Espejo, en el Hospital Pablo Arturo Suárez también se repiten las historias. Por mis problemas del seno asistí a este hospital buscando atención médica por urgencias, pero aquí tampoco me pudieron hacer la ecografía porque no tienen el equipo necesario y en pandemia despidieron a médicos del área y no cuentan con todo el personal para atender a todos los casos. Cuando estuve con covid fui a este centro hospitalario y no tenían ni paracetamol.

Dentro de los hospitales también hay personas empáticas con los enfermos, es el caso de guardias, enfermeras, doctores y comunicadores que ya nos conocen a los pacientes que solemos peregrinar por los pasillos de los hospitales. Tras la intervención vascular en el Hospital Eugenio Espejo, una semana después de seguir los cuidados recomendados, mi pierna se inflamó, me advirtieron que podía presentar coágulos, así que fui a reagendar mi cita médica ya que tras el procedimiento médico me dieron el turno para después de un mes, pero el dolor no me permitía esperar tanto. Le expliqué de esta situación al guardia y me dejó pasar para agendar una nueva cita. Este hecho se dio en junio, mes en que no había medicinas en los hospitales –ni siquiera una cápsula de ibuprofeno, medicamento que entregan para todos los males- porque recién se estaban haciendo los trámites para hacer las compras directas por decreto de emergencia.

Me mantuve tres horas en la fila hasta llegar a atención al cliente. Mientras esperaba sentía que mi pierna izquierda se hinchaba, era visible que estaba más grande que la derecha, empecé a sudar;  a la primera hora de espera los recuerdos de mi vida pasaron por mi mente y me decía: sí puedes Ana, vamos ánimo, todavía se puede, no seas débil hay personas que están en peores condiciones y están aquí paradas junto  a ti, ya falta poco para llegar, solo se trata de resistencia, esta fila es como la vida, los malos momentos pasan, un poco más, solo un poco más. Las frases de autoayuda que nunca me gustaron, me las repetí. “Mijita usted está blanca” me dijo una señora, a lo que contesté que era por el frío que hacía ya que la espera en la fila del hospital viene acompañada de un intenso viento.

Quienes también buscaban un turno me dijeron que vaya por emergencia para ser atendida, fui, pero como llegué caminando y todavía con signos vitales, el guardia y la enfermera de esa área no consideraron que sea un caso emergente, así que regrese a mi fila donde las personas cuidaron mi lugar. El dolor en el sistema público ecuatoriano es un signo de que el paciente está bien, el dolor no es un fin ni un medio para ser considerado importante en la atención del sector público.

En la fila todos contábamos nuestras enfermedades, el esfuerzo para conseguir atención médica y luego los sacrificios para comprar las medicinas. Por ejemplo, don Pedro tenía que operarse de la columna y la terapia para el dolor le asignaron  el mes de noviembre y para sacarle nuevas imágenes de su columna le dieron turno para el 2023 porque el resonador del hospital ya no vale. Él ya tiene nueve meses de padecimiento desde que se dañó su columna en su trabajo, donde también lo despidieron en tiempo de pandemia. Sebastián, en cambio, estaba buscando un turno para su operación de cadera, tenía cinco meses de espera e incluso por pasar mucho tiempo sin atención médica, los médicos le habían dicho que debe tener fe en que su operación sea exitosa y pueda volver a caminar sin problemas, pues se preveían complicaciones. Martha buscaba una nueva cita para tratar su cáncer, narró que ella sentía en su cuerpo como le habían salido bolas debajo de la piel, que estaba asustada y quería la opinión de un especialista. El viento que hace fuera del lugar de agendamiento es extremadamente frío, así que en un acto de solidaridad intercambiamos los papeles que nos habían entregado para pasar a la parte interna de agendamiento. Los más graves fuimos primero y los enfermos que todavía podían aguantar más tiempo fueron al final. Cuando ya entramos al hospital, a mí me cedieron una silla para que descansara mi pierna.

Entre enfermos nos cuidamos pero no es suficiente, el Estado tiene la obligación de dar atención médica oportuna, comentábamos y varias personas manifestaron que tuvieron fe en este gobierno porque su vicepresidente, Alfredo Borrero, era médico y creyeron que él iba a encargarse de la salud de los ecuatorianos. Del dolor por nuestras enfermedades pasábamos a la rabia y más de una persona dijo que ellos, los del gobierno, “los de arriba”, deberían atenderse en el sistema público de salud para que conozcan la realidad de quien está enfermo y no tiene dinero para curarse. Seguramente si el presidente o el vicepresidente habrían llegado ese momento, habrían sido recibidos con mas que reclamos.

Cuando tocó mi turno de hablar con una de las jóvenes de atención al cliente, ella no quiso reagendarme la cita y me dijo que el médico está de vacaciones, a lo que le respondí que me busque un espacio con otro doctor, que ya no aguantaba el dolor. “!A ver¡ Qué parte no entiende de que el médico está de vacaciones, yo no sé cuándo regresa ni tampoco sé de las agendas de los otros doctores, ya le estoy explicando y no entiende”, respondió. Con las pocas fuerzas que tenía le dije que la que no entendía era ella, que la gravedad de mi pierna podía ser porque me salieron coágulos pues me dijeron los médicos que tenía ese riesgo. Me miró y pidió que pase el siguiente paciente, nada la conmovió. A pesar del dolor fui donde el jefe de atención al cliente quien dijo que hablaría con el personal para que tengan cortesía y educación con los enfermos.

No soporté más, me salté los protocolos y bajé directamente a los consultorios médicos, allí una enfermera muy amable, al verme como estaba me puso en contacto con una doctora que me dio un turno extra para que me atendieran. Efectivamente se me habían formado coágulos, en la cita médica me sacaron cuatro coágulos.

Tras seis meses superé el problema y volví a la lucha en el hospital para una atención en ginecología por el tumor de mi seno. Ya no tenían mastólogo y no existe partida para contratar a otro especialista, me informaron. La cita médica se dio en julio pero la solicité en marzo. No sirvió de nada ya que el ginecólogo que me atendió requería un estudio mayor a través de un eco, que no se hizo  porque no había turnos para imagenología. Después de reírse en atención al cliente por el pedido de un eco me dijeron que regrese el próximo año para ver si hay un espacio y tiempo para realizarme. Con esa respuesta regresé al área de Ginecología donde una doctora me dijo que me haga el examen en un centro privado,  si tengo recursos económicos; una señora indignada le respondió que si todos los que estamos en el hospital tuviéramos recursos económicos para atendernos en otra parte no pasaríamos por tanto padecimiento.

Ya con mi ánimo desgastado pedí ayuda a mis colegas del área de comunicación, porque el dolor en el seno aumenta. Desde allí solicitaron mi traspaso a la Maternidad, donde tampoco tienen medicina para mi tratamiento. “Es una tragedia tener un sistema de salud pública tan deficiente y es una tragedia tener funcionarios indiferentes” dijo en una entrevista Luis Mariño, fotógrafo que murió de cáncer al estómago y el abandono del Estado, tuvo que vender su cámara para comprar medicamentos y realizarse los exámenes médicos. Como fue su caso, es el de otros pacientes que esperaron un turno, suplicando por medicinas y exámenes médicos para sobrevivir, en la camino, no todos ganan esta guerra. “La salud en el país es la última rueda del coche”, dijo Mariño. Los trabajadores de la salud, incluidos los administrativos, los que tienen empatía con nosotros, los pacientes, hacen lo que pueden pero se necesita la maquinaria estatal para cubrir toda la demanda.

Con respecto a mi daño en el nervio auditivo tuve que vender de urgencia mis libros y pedir préstamos a amigos, para atenderme por el lado privado porque el turno en el hospital estaba para marzo del 2023 y no podía esperar, había riesgo de perder audición. ¿Y el seno? El dolor continúa con ese abultamiento que me produce días de incertidumbre.

Crisis en la salud a nivel nacional

Hasta una misa realizó el 14 de julio del presente año, la Alianza Nacional por la Salud, ANS, que agrupa a 33 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas, trasplantados y personas con discapacidad, para solicitar al gobierno medicinas y atención oportuna. Y el 15 de julio, en un acto simbólico, presentaron féretros ante el Palacio de Carondelet, para pedir al presidente, Guillermo Lasso y al vicepresidente, Alfredo Borrero que den prioridad a la salud en el Ecuador porque sin atención médica lo más seguro es la tumba.

La falta de turnos y medicinas no solo pasa en los centros de salud del Ministerio de Salud, también es problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. Pregunté sobre esa condición a Dora García en Guayaquil, ella tuvo un trasplante renal y dice que le faltan los inmunosupresores para continuar con su sobrevivencia diaria. Cuenta que siempre hubo problemas en el IESS en atención médica, pero a partir de la pandemia la entrega de medicinas se ha dado en meses, por ejemplo, ella tiene tres meses sin recibir sus medicinas. “Entre los compañeros nos hemos prestado, pero lo más decepcionante es que los procesos internos dependen de una firma que tarda porque cambiaron de Gerente del Hospital, Teodoro Maldonado Carbo. Dicen que ya están comprando las medicinas pero no compran las medicinas que necesitamos. Se supone que el IESS debe darnos, es obligación con sus pacientes”, argumenta indignada.

La ANS pidió una reunión con el Presidente de la República a mediados de año pero no los atiende a pesar que en el marco del paro nacional afirmó que está abierto al diálogo. “Estamos a la espera que nos reciba, él o el señor vicepresidente, se habla de compras de medicamentes pero son soluciones parches, es decir, la compra no es permanente y constante. Imploramos hasta morfina para pacientes que están al final de su vida. El Presidente dijo que nos atendería pero hasta ahora nada”, cuenta el coordinador de ANS, Gustavo Dávila.

Esta desesperación por medicinas y turnos se da en el marco en que el Primer Mandatario también se encuentra mal de salud y dio a conocer públicamente que en agosto viajó a Houston para ser operado de un melanoma.

Tuit de Lasso diciendo que regresa al Ecuador
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William Aulestia, paciente de trasplante hepático y representante de Asociación Ecuatoriana de Pacientes Trasplantados afirma que desde el gobierno de Lenin Moreno ya es deficiente la atención médica a los pacientes vulnerables y por no tener los medicamentos adecuados algunos trasplantados han tenido rechazo del órgano o el tejido.

“Estamos sobreviviendo con donaciones, ayuda de familiares, amigos cercanos, fondos propios, pero esto no cubre todo, por más declaratoria de emergencia. En el IESS solo hay un hepatólogo y dan turnos para después de cuatro meses. En casos emergentes nos atienden gastereontologos. No patólogos porque no hay médicos especializados. Y a nosotros los pacientes nos piden todo en la consulta médica,  desde el bisturí, guantes quirúrgicos, frascos para las muestras y luego nos dan citas para el 2023” afirma Aulestia.

Tanto él como García indican que esta falta de medicamentos puede ser porque el Gobierno centró todos sus esfuerzos en combatir el covid, sin embargo hay regiones donde no se atendió ni siquiera las afecciones por el coronavirus.

60 días duró la emergencia en la salud ecuatoriana

Según el decreto 454 firmado el 17 de junio del presente año, (Poner el decreto en PDF) la declaratoria de emergencia se dio para abastecer a la red pública de salud de medicamentos e insumos necesarios para funcionar. La viceministra de Salud, la doctora Carmen Guerrero, quien accedió a una entrevista para esta nota, indicó que esta declaratoria de emergencia hizo posible hacer la compra de manera directa de alrededor de 400 medicamentos, pero lo que tenía el mercado local. “Primero recibimos 200 ofertas, se adjudicaron 111 medicamentos, se adjudico 142 dispositivos médicos, al mismo tiempo que hicimos este proceso se catalogaron alrededor de 684 medicamentos… este proceso nos permite hacer una subasta inversa corporativa, es más rápida la adquisición”, afirmó.

Al final de la declaratoria de emergencia se obtuvo seis millones de unidades de medicamentos y 19 millones de unidades de dispositivos; se compraron medicamentos de los 14 grupos del cuadro básico.

Guerrero comentó que los hospitales recibieron los medicamentos desde agosto de acuerdo a la lista que ellos solicitaron y también se está aplicando el proyecto denominado “Farmacia Cerca” en seis hospitales a nivel nacional, que consiste en que los pacientes crónicos retiren su medicina en farmacias externas.

Ante las quejas de los ciudadanos sobre la falta de medicina, Guerrero dijo que aún están en un 70% de abastecimiento en medicamentos, que aún no es lo óptimo pero los procesos toman tiempo a pesar de realizar compras directas, el Ministerio depende de lo que las farmacéuticas tengan en bodega. Ante la pregunta de por qué no se les da alternativas a los pacientes cuando buscan medicamentos y en ese momento no hay pero pueden existir en días futuros, la viceministra dijo que se trabaja en estrategias pues hay mucha burocracia que solo responde a los pacientes automáticamente con un no existe medicina y no se les informa que pueden llegar la próxima semana.

Ante la emisión de turnos para el próximo año, comentó que hay demanda represada de años anteriores, de pacientes que no asistieron a sus citas médicas por la pandemia, “hay una altísima demanda en consulta externa, en hospitalización y en cirugías, es algo generalizado en el país”, mencionó. También habló de que el MSP hace derivaciones a la misma red pública y si no hay respuesta aquí se pasa al sector privado, pero aclaró que son pacientes graves de atención inmediata, no de consulta externa.

Ante la falta de personal, pues los mismos médicos muestran quejas por la falta de profesionales en los hospitales, la viceministra dijo que son conscientes de este problema y que están coordinando acciones con el Ministerio de Trabajo para contratar a más profesionales.

Sobre los equipos que faltan en los hospitales, Guerrero dijo que el resonador del Hospital Eugenio Espejo dejó de tener su vida útil, el ecógrafo del Pablo Arturo Suárez también y que hay que cambiarlos. Se espera comprar 4.600 equipos a nivel nacional durante este gobierno y en este año se comprarían1.000 equipos, entre rayos x, ventiladores, equipos menores, camillas, balanzas, etc.

En el 2022, el presupuesto para la salud es de 3.271 millones, mientras que en el 2021 fue de 3.000 millones, informó el área de Comunicación del MSP.

Se colocaron ataúdes frente a Carondelet luego de hacer una misa para suplicar medicinas para los enfermos vulnerables
Plantón de familiares y enfermos pidiendo medicina al pie de la Catedral de Quito

A pesar del decreto de emergencia y de la compra de algunos medicamentos, aún falta agilidad en la emisión de turnos y en la compra de medicinas. Lastimosamente el dolor de los enfermos según el sistema de Triaje de Manchester, puede esperar, no importa que uno se arrastre por atención médica y por medicinas, el que uno esté presente en el hospital, aullando atención médica, ya es buen síntoma de que el enfermo todavía aguanta…

*Triaje de Manchester, es un sistema de clasificación y priorización de pacientes diseñado en los años 90, por médicos de la ciudad inglesa de Manchester que sirve para categorizar a los pacientes dentro de los hospitales.

Venezuela: Odebrecht elevó 600% el costo de una obra en el metro de Caracas y la usó para pagar sobornos en otros países

Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar. 

Parte de lo que queda de la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, que debía estar terminada en 2019 y jamás se concretó. Ronald Peña/El Pitazo.

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. 

Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Ronald Peña/El Pitazo.
Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por  tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

Otro tramo de la obra inconclusa: columnas de concreto que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. Ronald Peña/El Pitazo.

 

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

En 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas. 

Uno de los puntos de cuenta -memos oficiales- presentados por Elías Jaula al entonces presidente Chávez en febrero de 2012 describiendo “decisiones estratégicas” para varias obras del metro que implicaron aumentos de presupuesto.

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI. 

El exgerente general de Odebrecht en Venezuela Alessandro Gomes declaró ante los fiscales de Brasil que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire la constructora tenía “un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios”. Ronald Peña/El Pitazo.

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, viajó a Brasil en julio de 2017 para reunirse con los fiscales del equipo Lava Jato y no pudo regresar a Venezuela. CREDITO: César Batiz
El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

El exvicefiscal venezolano Zair Mundaray aspira, como sus colegas exiliados, a que llegue el momento de que se haga justicia en el caso Odebrecht. CREDITO: César Batiz

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

El origen del mal: la amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La ciudad de Guarenas, en el estado de Miranda, se encuentra a 45 minutos de la capital venezolana en automóvil, pero a los venezolanos de esa localidad el trayecto puede llevarles de dos a cuatro horas en transporte público los días hábiles. Ronald Peña/El Pitazo.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: «Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones». Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

Estación del metro de Caracas. Ronald Peña/El Pitazo.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual. 

Punto de cuenta -memo oficial- de febrero de 2012 para el metro, en el que Elías Jaulá afirma que la obra empleaba a más de mil personas.

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

En 2011, con el auxilio de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht idearon un fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana para financiar los contratos a la constructora, entre ellos el del metro. Ronald Peña/El Pitazo.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

El metro Caracas-Guarenas-Guatires forma parte del grupo de 24 obras -de un total de 33- encargadas a Odebrecht y que jamás fueron terminadas, según Transparencia Venezuela. Ronald Peña/El Pitazo.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

Los expresidentes Hugo Chávez y Lula Da Silva junto al actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el chavismo, la constructora brasileña sobornó a funcionarios por 98 millones de dólares, según los exejecutivos de Odebrecht.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

La exfiscal general Ortega Díaz encabezó el equipo de fiscales del caso Odebrecht en Venezuela. En 2017 viajó con uno de sus colegas a reunirse con los fiscales del Equipo Lava Jato en Brasil. Ese día, la hija y el nieto del esposo de la funcionaria fueron secuestrados. Foto: Presidencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios El Pitazo,

Runrunes y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña