Autor: mh

En este proceso se encuentran en juego los mayores activos del sector eléctrico del país, pues suman más de US$ 12.000 millones, que quedaron parcialmente desprotegidos por al menos 15 días debido a un proceso licitatorio en el que las autoridades no se cercioraron de que se cumplan con los requerimientos básicos exigidos en los pliegos del concurso.

Tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de iniciar el proceso de liquidación de Seguros Sucre por los escándalos de corrupción que había protagonizado esta empresa pública, se dio inicio al proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCC0-023-21 para la contratación del Programa de Seguros para los Bienes e Instalaciones de las centrales hidroeléctricas y eólica de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP». El concurso inició el 23 de junio de 2021 con un presupuesto referencial de US$ 33´115.745 de prima neta sin IVA.

Las ofertas presentadas para acceder a esta nueva póliza fueron de: Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (integrado por Latina de Seguros y Seguros Alianza).                 

La vigencia de la póliza a contratar era de 365 días a partir del primero de agosto de 2021. El valor asegurado fue de US$ 500 millones, a diferencia del proceso licitatorio previo en el que se contrataron pólizas de seguro por separado: en una, solo para Coca Codo Sinclair hasta por US$ 500 millones y en otra, para el resto de hidroeléctricas, por US$ 500 millones más.

Es decir que hasta julio de 2021 todos estos activos estaban asegurados en un total de US$ 1.000 millones, con una prima de US$ 21 millones. Mientras en este nuevo concurso se unificaron ambos riesgos, pero con una suma total asegurada de tan solo US$ 500 millones y una prima de US$ 26 millones. La simple comparación de las cifras echa por tierra el discurso gubernamental del ahorro, pues en este último concurso se subió el valor de la prima en un 24% respecto al proceso previo para asegurar la mitad del valor, pues este pasó de US$ 1.000 a solo US$ 500 millones.

De acuerdo con los pliegos del concurso, las oferentes debían entregar cartas de respaldo del reaseguro por el 20% de indemnización por evento.

Aseguradora del Sur presentó ese aval del reasegurador Allianza, lo que significa que esta empresa respaldaba con hasta US$ 100 millones por evento. No obstante, en la práctica Allianza no otorgó respaldo a todas las centrales hidroeléctricas de CELEC.

Hispana de Seguros también ofertó el mismo valor y presentó una carta de respaldo del reasegurador londinense Alcor Lloyds 4612. Pero este mismo reasegurador confirmó que solo podía otorgar un respaldo hasta US$ 10 millones y no como aparentemente Hispana dio a entender en su oferta. Por lo tanto, no contaba con la capacidad requerida en la licitación y el certificado de respaldo de Alcor no era válido.

Los detalles de estas irregularidades fueron expuestos en correos electrónicos cursados, primero entre diversos actores del mercado, y luego, enviados a las autoridades de CELEC EP y del Ministerio de Energía, en julio de 2021 durante la etapa de calificación y previo a la adjudicación.

En el caso del reaseguro de Aseguradora del Sur sobresale una comunicación interna del 30 de julio de 2021, entre Allianz Global Corporate & Specialty escrita por James Wright, uno de los socios de la División de Energía y Servicios Públicos, en la que se aclara que, junto a la compañía Alesco, están actuando como reaseguradores de Seguros Sucre S.A. con una participación del 20% en el seguro de todo riesgo operacional de la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Con este antecedente señala “Alesco nos ha pedido que consideremos si deseamos suscribirnos a una participación en todo el programa Hydroeléctrico detrás de una aseguradora local…Rechazaremos la participación debido a la falta de información sobre riesgos”.

En el caso del reaseguro de Hispana, la primera comunicación se origina en Alcor el 20 julio de 2021 (a las 17:58). lan Craigs, suscriptor general de Propiedades de Alcor envía un email a Nick Burn, director internacional de P&C que es el seguro de propiedad y siniestros de Tysers lnsurance Brokers Limited, un broker de seguros londinense. En este email Craigs explica que la carta enviada por Alcor a CELEC EP no es una cotización vinculante y que no puede participar porque esta licitación no es de su interés.

Una semana después (27 de julio de 2021 a las 17:28, Craigs vuelve a escribir un correo a Nick Burn en el que le especifica: “Es posible que Howdens (corredor de seguros europeo) haya presentado esta oferta, pero en su momento dejamos muy claro que no somos un mercado proporcional y que no tenemos ese tipo de capacidad…”

Luego de este intercambio de mensajes Nick Burn, de Tysers, envió un correo a Gonzalo Uquillas, gerente de CELEC, (27 de julio de 2021 20:27), en el que le dice que “la documentación con la que se respaldan ciertas reaseguradoras en la licitación de Celec parece ser malinterpretada”. Agrega haber sido informado que Alcor ha presentado una participación del 20% como respaldo de los US$ 500 millones y que eso no es correcto, por lo que adjunta los correos electrónicos ya mencionados, confirmando que no se han ofrecido a apoyar esta licitación.

También presenta un extracto del sitio web de Alcor que muestra que su capacidad máxima de cobertura es de US$ 10 millones.

En efecto, de acuerdo con la información publicada por este reasegurador en su propia página web (https://alcoruw.com/products/all-risk-property/), se indica que cuenta con una capacidad de solo hasta US$ 10 millones.

El 29 de julio de 2021 (16:47) Burn se dirige nuevamente, vía electrónica, al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo, a Uquillas y otros funcionarios de CELEC, donde les pide que vean “un correo de Alcor aclarando su posición sobre esta licitación y demostrando que lo que ha presentado Hispana es engañoso”.  En esta comunicación, Ian Craigs de Alcor le dice a Burn que esta reaseguradora “no ha proporcionado indicación de cobertura o cotización de términos para las centrales hidroeléctricas o centrales térmicas. La participación máxima que Alcor puede ofrecer en cualquier cuenta es US$ 10m (US$ 10 millones)”.

El 30 de julio (13:18) Nick Burn, en otro email, se dirigió al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo y a Uquillas observando que no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades en relación con sus correos anteriores respecto a la licitación y que está sorprendido “especialmente de los problemas de Alcor y Allianz porque iría totalmente en contra del interés de CELEC EP. La calificación de Allianz permite puntos más altos, lo que está distorsionando el proceso, no están respaldando todos los activos de Celec… Le recomendamos encarecidamente que considere toda esta evidencia y, aparte de esto, la oferta de Latina Seguros es mucho más favorable a Celec y su interés”.

¿Por qué son importantes estas comunicaciones? En los pliegos de la licitación se incluye la potestad de CELEC de constatar la validez de las confirmaciones que realicen los reaseguros. En la cláusula destinada para ello se señala: “CELEC EP se reserva el derecho de verificar en todo momento y por cualquier medio, la autenticidad de toda la información proporcionada por la aseguradora, en especial, en lo referente a los certificados y notas de cobertura de reaseguros, so pena de ser declarado adjudicatario fallido y de iniciar las acciones que en derecho correspondan, en caso de encontrar cualquier tipo de falsedad en la información proporcionada.”

Pese a todo esto, el mismo día en que Allianz decidió no participar en este concurso, el viernes 30 de julio de 2021 se concretó la adjudicación y la póliza empezó a regir desde el domingo primero de agosto de 2021, a las 12 horas. Pero al estar de por medio un fin de semana entre la fecha de adjudicación y la vigencia del contrato era imposible completar el 100% del reaseguro para estos bienes en tan corto tiempo y peor aun cuando la empresa adjudicada no tenía una oferta en firme, sino que solo un «desk quote» o cotización de escritorio. Fuentes del sector explicaron que una oferta en firme es cuando los reaseguradores otorgan, de manera escrita a las aseguradoras, un respaldo real en todas las condiciones y valores; mientras que la oferta de escritorio es cuando la aseguradora únicamente presenta su oferta sin contar con el aval efectivo del reasegurador.

Para conseguir un reaseguro de esta magnitud se necesitan, generalmente, unos 15 días hasta poder negociar y completar el respaldo requerido, por lo que a esa fecha dicho riesgo no debió estar colocado al 100%, lo que significa que las centrales hidroeléctricas solo tenían cobertura parcial, en caso de siniestro.

Irregularidades en proceso de evaluación inclinaron otra vez la balanza

Otro punto de controversia tiene que ver con la forma en que se otorgaron puntajes a las oferentes según la calificación de riesgo de sus reaseguros. Los pliegos de la licitación establecen que esas calificaciones debían ser otorgadas por las firmas Standard & Poors, AM Best o Moody’s y registradas en la Superintendencia de Compañías.

Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina Seguros-Seguros Alianza S.A.) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyds (grupo de aseguradoras londinenses), los cuales, de acuerdo con el registro de la Superintendencia, tienen calificación A (excelente). No obstante, al evaluar la oferta del Consorcio Celec (Latina-Alianza), la Comisión Técnica que se encargó de esa tarea, la calificó como A, mientras a Hispana Seguros la puntuó como A+.

El 27 de julio de 2021, el Consorcio Celec pidió la recalificación de su oferta. Uno de sus argumentos fue que se dio a Hispana la calificación más alta (15 puntos) pese a tener el mismo reasegurador que el Consorcio Celec (Sindicatos de Lloyds), dándole a este último oferente una calificación de 12.50 puntos, sin considerar que la compañía líder del consorcio (Latina de Seguros), por sí sola, tiene calificación de riesgo «AAA».

La comisión técnica respondió que fue el mismo Consorcio Celec el que registró la calificación de cada uno de sus reaseguradores en un formulario, donde se evidencia que 5 de ellos tienen calificación «A» y uno, calificación «AA». Al momento de aplicar las fórmulas correspondientes, esas calificaciones no alcanzan los 15 puntos reclamados por el Consorcio.

Por lo tanto, la comisión concluyó que no puede modificar las calificaciones de riesgo presentadas por el oferente para homologar con los reaseguros presentados por otros oferentes, por el solo hecho de pertenecer al Sindicado Lloyd’s.

El Consorcio Celec también pidió que se revise la evaluación hecha a la reaseguradora de Hispana, Alcor de Lloyd’s, pues esta posee una capacidad para el seguro de todo riesgo de solo US$ 10 millones, nivel insuficiente para asumir el porcentaje requerido. El Consorcio Celec solicitó también se aclare cuál fue el criterio de la valoración hecha a los respaldos de reaseguros ante una posible insuficiencia de asumir el riesgo. Y requirió la publicación de todas las cartas de respaldo de los reaseguros. Además, afirmó que esta adjudicación sería un perjuicio al Estado, pues la oferta del Consorcio Celec es la más baja.

La comisión evaluadora puntualizó que la capacidad del reaseguro no es una condición que consta en los pliegos del concurso donde se señala: a) “Los oferentes deberán presentar copia simple de los certificados de reaseguros emitidos por reaseguradores internacionales de reconocido prestigio, sobre la colocación en firme de al menos el 20% de la suma asegurada del Reaseguro, para cada una de las pólizas de manera individual y/o grupal…”

Pese a que se especifica que los certificados que deben presentar los reaseguradores están relacionados con un porcentaje requerido en el concurso, la interpretación de la comisión técnica es que “la capacidad de los reaseguradores no consta como requisito exigido en el pliego” y, por si fuera poco, admite que “el certificado emitido por Alcor, no corresponde a un retrocesionario (reasegurador)”.

En otra confusa explicación la comisión también dice que “la validación del cumplimiento de los requisitos mínimos, que sí están exigidos en los pliegos, se hizo sobre la base de la revisión de las copias de los certificados de reaseguros…” pero “el cumplimiento de los requisitos contenidos en el certificado de reaseguros, no son objeto de valoración”.

En otras palabras, la validación es solo revisar las copias, pero no lo que se afirma en los certificados.

Finalmente, el 28 de julio de 2021 la comisión desestimó todo y pese a los reclamos del Consorcio Celec y a las informaciones entregadas por los reaseguradores a la empresa pública CELEC, señalando que no fueron reales los respaldos de reaseguros de Allianz en el caso de Aseguradora del Sur y del reasegurador Alcor en el caso de Hispana de Seguros, nunca hubo respuesta de sus autoridades y la adjudicación se concretó para Aseguradora del Sur.

Seguros para las centrales termoeléctricas

El concurso para contratar el seguro de los bienes e instalaciones de las Centrales Termoeléctricas de CELEC EP funcionó casi igual al proceso ejecutado con las hidroeléctricas. Se adjudicó la póliza sin que Hispana de Seguros, la empresa seleccionada, cuente con los respaldos de los reaseguros, con un agravante: su oferta fue casi US$ 800 mil más cara que la de su competidor, el Consorcio Celec.

Se trata del proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCCO-024-21, iniciado por la Corporación Eléctrica del Ecuador con un presupuesto referencial (Sin IVA) de US$ 25,99 millones para la prima neta y un monto a asegurar de US$ 236 millones.

Luego de la publicación del proceso en el portal de compras públicas el 23 de junio de 2021, se presentaron 2 ofertas:

La adjudicación de este contrato se dio también el 30 de julio de 2021 al igual que en el caso de las hidroeléctricas, y entró en vigencia el primero de agosto de ese año, con un plazo de 365 días.

Los problemas alrededor de su proceso de licitación son idénticos a los de la contratación del seguro de las centrales hidroeléctricas. Es decir, la oferente adjudicada tampoco tenía una oferta en firme, sino solo una cotización. Entonces a la fecha de la adjudicación dicho riesgo no estaba colocado al 100% con el respaldo de reaseguros, por lo que si se hubiera presentado un siniestro las centrales termoeléctricas carecían de cobertura.

La oferta que presentó Hispana de Seguros fue con una carta del reasegurador Alcor Lloyd´s, de un supuesto respaldo a las centrales termoeléctricas en un 20% del riesgo. Sin embargo, hay una comunicación de este reasegurador, en la que manifiesta que nunca otorgó cotización tanto para las centrales hidroeléctricas como para las termoeléctricas. Además, confirma que solo emite avales no proporcionales, es decir, que no da el respaldo del 20% para todas las coberturas. Su capacidad máxima es US$ 10 millones, con lo que definitivamente no hubiera podido cubrir los US$ 47 millones requeridos.

Durante el concurso Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina y Alianza) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyd´s, los cuales, de acuerdo al registro de la Superintendencia de Compañías tienen calificación A (excelente).

Cuando el Comité de Evaluación publicó el Acta de evaluación de oferta, el 27 de julio de 2021 en donde Hispana aparecía seleccionada, el oferente Consorcio CELEC le envió una comunicación mediante la cual planteó los mismos reclamos que en el concurso de seguros para las hidroeléctricas, recibiendo la negativa de la Comisión Técnica, basada en iguales argumentos que en el mencionado proceso, es decir que el reclamo del Consorcio Celec “no es procedente por carecer de sustentos, puesto que, lo solicitado difiere de lo requerido expresamente en el pliego de este procedimiento de licitación”.

La adjudicación se concretó con una oferta de Hispana de Seguros basada en un respaldo ficticio.

Sin concurso Hispana asegurará por dos años más los activos de CNEL y CELEC

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP decidió no realizar una licitación pública sino simplemente renovar por dos años la póliza de seguros que protege sus bienes y servicios y los de la Unidad de Generación de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, con la compañía Hispana de Seguros, por US$ 21, 32 millones, hasta enero de 2023.

Para justificar este incumplimiento de la ley general de seguros se basó en informes internos que recomendaron a la gerencia no llamar a un nuevo concurso porque no hubo cotizaciones de otras compañías de seguros.

¿Por qué contratar una cobertura de seguros para los riesgos de dos empresas eléctricas? El contrato de seguros original (2019-2021) con Hispana para los riesgos de CNEL y CELEC tuvo como antecedente un convenio entre ambas empresas públicas (firmado el 1 de abril de 2015) para la administración, operación y mantenimiento de las centrales de generación eléctrica Álvaro Tinajeros y Aníbal Santos de la Unidad de Negocio Guayaquil. En este marco se determinó la necesidad de contratar un programa de seguros con coberturas de los ramos generales y de vida en grupo. La justificación que se dio en aquel entonces para una contratación conjunta fue que se conseguiría mejores condiciones para el aseguramiento del personal, bienes y operación. Así que se unificaron en el programa de seguros a: CNEL EP Distribución/ Comercialización y la Unidad de Generación.

Luego, mediante proceso No. LICS-CNELCORP-008-18, el 14 de diciembre del 2018 la gerencia de CNEL EP inició la licitación para contratar las pólizas de seguros de CNEL EP y de la Unidad de Generación de CELEC EP. Con un presupuesto referencial de US$ 21,64 millones (sin IVA), el 17 de enero la comisión técnica del proceso de contratación recomendó adjudicar el contrato a la oferta presentada por Hispana de Seguros por un valor de US$ 21´320.176 y un plazo de 730 días. Sobre esta base CNEL resolvió adjudicar la póliza a la mencionada compañía y el contrato lo firmó Wilfrido Veintimilla Terreros como gerente de CNEL EP, el 23 de enero de 2019.

Las pólizas contratadas son nueve para distribución: Multirriesgo, Equipo y maquinaria, vehículos, responsabilidad civil, fidelidad, transporte de dinero y valores, transporte interno, casco buque; Vida en Grupo. Y, dos para generación: Multirriesgo y Responsabilidad Civil.

PÓLIZAS CONTRATADAS

Pese a que la presidencia de la República había dado una clara disposición, el 30 de agosto de 2018, mediante su secretario general de entonces Eduardo Jurado (en oficio No. PR-SGPR-2018-6942-O) de que «a partir de esta fecha, se debe evitar el uso de procedimientos de contratación directa (emergencia y consultoría) y de régimen especial, con la finalidad de promover la concurrencia de más participantes y transparencia de contratación pública y optimizar el gasto público”, en octubre de 2020 CNEL inició el proceso de renovación de pólizas de seguros para el período entre 27 de enero de 2021 y 27 de enero del 2023. Para ello se requirió un informe técnico de la Coordinación de Seguros y el criterio de la gerencia jurídica de CNEL.

Las conclusiones del informe técnico de la Coordinación de Seguros se basaron en un estudio de mercado que a su vez tomó como principal referencia los estudios que la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y EMELNORTE realizaron en mayo y junio de 2020 (previo a la contratación) a las pólizas que requerían para cubrir sus riesgos en ese entonces.

Lo que se hizo fue utilizar normativa del SERCOP sobre proformas de proveedores para fijar presupuestos referenciales y se elaboró un cuadro comparativo entre las primas del contrato de seguros que estaba por fenecer y las establecidas en el estudio de mercado de CELEC y EMELNORTE. La Coordinación de Seguros de CNEL usó estas últimas, que eran más altas, para advertir que si se realizaba una nueva licitación el valor del presupuesto referencial del contrato subiría a US$ 28,75 millones (sin IVA), pero si se hacía la renovación, ese rubro sería de US$ 24,16 millones (sin IVA), por el período bianual.

Para reforzar su posición la Coordinación de Seguros advirtió también que realizar un nuevo concurso significaría revisar valores de los deducibles en los ramos con riesgos más altos y otras coberturas y rubros por la agravación del riesgo debido a la siniestralidad ocurrida en 2016 (terremoto de abril), lo cual ocasionaría un incremento de la tasa.

Resaltó también que en el portal de compras públicas no hay procesos similares a los realizados por CELEC y EMELNORTE y además estaba el hecho de no haber recibido ninguna cotización de otras compañías de seguros que le permita contar con un elemento comparativo de precios.

Otra premisa de este informe técnico fue que la aseguradora ha cumplido con la entrega del servicio en atención de siniestros y en beneficios adicionales y no hay indemnizaciones pendientes, lo cual se adecúa a la cláusula de renovación que consta en el contrato.

Finalmente, a pesar de que la Coordinadora de Seguros resaltó la intención de la presidencia de la República de promover los concursos públicos y transparentes, recomendó no hacer un nuevo proceso de licitación y mantener las pólizas con Hispana de Seguros.

Por su parte la gerencia jurídica de CNEL, el 23 de octubre de 2020 presentó los argumentos que justificarían la renovación de la póliza con Hispana. Primero, las pólizas no están reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSCP), sino por la Superintendencia de Compañías. El Reglamento de la LOSCP señala que “los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados, tales como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los formatos de los modelos de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

En consecuencia, este caso de contratación de seguros, a criterio de la gerencia jurídica, cuenta con estipulación especial para dar paso a la continuación de las pólizas por dos años más.

Segundo, la renovación de las pólizas se sustenta en la contratación de seguros y en los pliegos del proceso original (Nro. LICS-CNELCORPO-008-18). Además, se afirma que la renovación no es el inicio de un proceso precontractual y no requiere la autorización del directorio para ejecutarse.

Finalmente se dio la renovación del contrato con Hispana, pese a que no se evidenció en el portal del SERCOP la falta de respuesta de otras compañías de seguros para cotizar en este proceso, como afirman las autoridades.

Si no hubo interés de otras aseguradoras ¿por qué no se actuó como en la licitación anterior hecha para contratar los seguros del período 2018-2020? Ahí CNEL EP tampoco obtuvo respuestas del mercado para poder establecer un presupuesto referencial. Solo Seguros Sucre, que era la contratista vigente en ese proceso, presentó su oferta, otras se abstuvieron de cotizar porque requerían más tiempo y otras dijeron que lo harían cuando haya un proceso de licitación subido al portal de compras públicas, lo cual se concretó y se lanzó el concurso.

BIESS: dos aseguradoras deben proteger sus riesgos crediticios, solo hispana tiene la póliza

Al margen de la ley el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantiene las pólizas para cubrir los riesgos de los créditos hipotecarios únicamente en manos de Hispana de Seguros cuando deberían ser al menos dos aseguradoras las calificadas para emitir todas las pólizas.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene la facultad de emitir las políticas y regulaciones crediticia y financiera, incluyendo la política de seguros. En la normativa expedida por este cuerpo colegiado mediante Resolución (No. 072-2015-F) de 28 de mayo de 2015 y reformada (con Resolución No. 220-2016) el 11 de marzo de 2016, en su artículo 4 sobre la selección del seguro de desgravamen obligatorio para los créditos hipotecarios establece: “El seguro de desgravamen será contratado por el deudor, considerando lo siguiente: a. en forma directa con cualquier empresa de seguros autorizada para operar en el Ecuador en este ramo; y, b. con las empresas de seguros que individualmente las entidades del sistema financiero nacional y los fondos complementarios previsionales hayan seleccionado para el efecto. Estas entidades deberán seleccionar por lo menos dos empresas de seguros (…)”

El 19 de julio de 2019 se realizó la convocatoria para el concurso de “Selección de empresas proveedoras de pólizas de seguros de Vida-Desgravamen, Incendio y Líneas Aliadas (catástrofes naturales) y todo riesgo contratista para los préstamos hipotecarios del Biess” por un valor asegurado de US$ 7.083´470.532.

Las compañías seleccionadas fueron Seguros Sucre e Hispana de seguros. Esta última se quedó a cargo de todas las pólizas de incendio, Todo Riesgo Construcción y Desgravamen, desde junio de 2021, luego de que Seguros Sucre entró en liquidación forzosa.

El BIESS realizó tres concursos, en diciembre 2021, febrero de 2022 y marzo de 2022, los cuales fueron declarados desiertos. Como resultado de estos intentos fallidos Hispana se mantuvo como la única aseguradora para cubrir todos los riesgos de las operaciones crediticias.

El último gerente del BIESS en ratificar a esta aseguradora al frente de las pólizas de vida, desgravamen, incendio y líneas aliadas fue Iván Tobar. Pero esa decisión de Tobar le significó su separación del cargo, pues esta gestión no contó con la aprobación previa del Directorio, conforme lo requerido por la Contraloría General del Estado, “exponiendo al BIESS a riesgos legales y reputacionales”.

A pesar de esta resolución del directorio Hispana continúa como la única aseguradora del BIESS. El monto total de valores asegurados asciende a más de US$ 9 mil millones, con el consecuente riesgo de que una sola compañía de seguros tenga la responsabilidad del 100% de la cobertura de estos activos que generan mensualmente primas descomunales.

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Tejedora Manabita, el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente y Fundación Desafío, con el patrocinio de la jurista Johanna Romero, plantearon ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, una norma que se promociona como oportunidad para mejorar la inserción laboral de las mujeres, reducir brechas salariales y fomentar la corresponsabilidad en los cuidados; pero que, en suma, afecta derechos irrenunciables e intangibles de las trabajadoras y de las niñas y niños como las licencias de maternidad y lactancia y mantiene el régimen diferenciado de permisos para mujeres y hombres, lo que profundiza la exclusión laboral de las mujeres y personas con posibilidad de gestar en edad reproductiva.

Esta es la segunda demanda que se ha presentado para suspender los efectos de una ley inconsulta y regresiva y expulsarla del mundo jurídico.

La Ley de Economía Violeta tiene una visión de precarización laboral y centrada en los intereses de la parte empleadora. Se aprobó en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un uso abusivo de la etiqueta “violeta” y ha entrado en vigencia con el apoyo del Ejecutivo vulnerando derechos de las niñas y niños y sus madres.

Su defensor principal, no por casualidad, es el asambleísta Daniel Noboa Azín, hijo del hombre más rico del país, el magnate bananero Álvaro Noboa. Como en otros sectores productivos, la explotación laboral en la agroindustria es una muestra de discriminación por motivos de género. Las mujeres son asignadas a las labores peor pagadas, cobran menos por los mismos trabajos y no se reconocen sus derechos a la maternidad y lactancia. Una vez que el trabajo pesado las ha consumido físicamente, han sufrido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, son descartadas sin indemnizaciones y sin posibilidad de cobrar una jubilación patronal.

El peligro más grande de la Ley de Economía Violeta es que permite, como supuesta medida para facilitar la “corresponsabilidad” la posibilidad de “trasladar” permisos de maternidad y lactancia de las mujeres y personas con posibilidad de gestar, al padre, en lugar de ampliarlos y equipararlos. En nuestro país los permisos vigentes no cumplen con el estándar mínimo de la propia Organización Internacional del Trabajo (Art. 4 C/183) que es de al menos catorce semanas; ni con las recomendaciones de UNICEF de licencias para el padre y la madre de seis meses. La licencia actual de maternidad es de doce semanas (Art. 152 del Código del Trabajo), la de paternidad es de diez a quince días; y la de lactancia implica una jornada legal de trabajo de seis horas en los doce meses posteriores a la conclusión de la licencia por maternidad; es decir, hasta que el bebé cumpla quince meses. Esta fue una disposición de la Corte Constitucional para equipar los permisos de las madres del sector público y el sector privado, que la Ley de Economía Violeta olvidó recoger.

La Ley de Economía Violeta, en lugar de otorgar a los padres permisos más largos para que puedan participar de la crianza de sus hijas e hijos, abre la posibilidad de reducir los derechos de las madres.

La Recomendación 191 de la OIT sobre Protección de la Maternidad únicamente prevé la transferencia de licencias cuando la madre está en situaciones como internación, muerte o enfermedad. Sólo su ausencia temporal o definitiva justifica su uso por parte del padre. Vale decir que en los países con mejores indicadores de género la tendencia es igualar los permisos de paternidad y maternidad para fomentar la corresponsabilidad, pero, en ningún caso, abrir la puerta para la disminución de las licencias maternas.

En resumen, el cuidado y la lactancia son derechos compartidos de las madres y sus bebés. El traslado de estos permisos atenta contra la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de las trabajadoras. Mientras el mandato expreso de la Corte Constitucional en su sentencia fue el de ampliar la licencia por paternidad, la Asamblea Nacional incumplió con sus términos e instauró un régimen de traslados que vacía de contenido derechos fundamentales de las madres y sus hijos.

Esta situación no ha mejorado con la Ley de Régimen del Derecho al Cuidado Humano, que se encuentra en el despacho del presidente Guillermo Lasso para su veto o aprobación.

El único avance de esta ley es aumentar de diez a quince días el permiso de paternidad remunerado. Sin embargo, con su expedición se desperdició la oportunidad histórica de avanzar como país en el fortalecimiento de un Sistema Nacional e Integral de Cuidados públicos y gratuitos. Esta ley, según el análisis de la abogada Johanna Romero, es insuficiente porque no reconoce el derecho de trabajadoras informales, no remuneradas, sin dependencia profesional ni los cuidados debidos a personas adultas mayores, enfermas y con discapacidad. Es decir, sólo se vincula con la clase trabajadora en relación de dependencia y los recién nacidos. Esta ley también continúa profundizando permisos desiguales para madres y padres, pero no amplía los de las madres. La corresponsabilidad que se reconoce es parental y no alude la gratuidad de servicios públicos ni incluye a las familias y parejas de las disidencias sexuales y de género. No modifica, tampoco, los errores de la Ley de Economía Violeta.

Los peligros de compartir permisos

Se deben considerar los factores sociales, económicos, culturales y de relación de poder entre los géneros para la aprobación de nuevas leyes. En el Ecuador 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia. Gran parte de las familias ecuatorianas son monoparentales. Existen familias homoparentales a las que se invisibiliza en la ley, que parte de un modelo de familia nuclear y heterosexual. Asimismo, los permisos por maternidad y lactancia se desprenden de la relación laboral y el empleo formal, situación excepcional por el avance feroz de la flexibilización y la precarización en el mundo del trabajo.

Sólo 3 de cada 10 personas trabajadoras cuentan con contratos de trabajo y beneficios de ley en nuestro país. Es decir, también se deja por fuera a las madres y lactantes autónomas y por cuenta propia o que realizan labores de cuidado y domésticas no remuneradas. Por el contrario, proyectos de ley como la de Argentina “Cuidar en Igualdad” consideran la pluralidad de familias incluyendo las monoparentales y homoparentales, la diversidad de la clase trabajadora y derivan la política de las necesidades de cuidado de niñas y niños, personas con discapacidad, enfermedades y adultas mayores; no derivan el derecho al cuidado de la relación laboral ni lo supeditan a los intereses económicos de las empresas. Esta debería ser la orientación de toda ley que aborde los cuidados cuando el programa constitucional establece que están por encima de los mandatos del mercado.

Si bien “trasladar” permisos es opcional en el proyecto de Ley de Economía Violeta, se ignora que las relaciones de género son relaciones de poder y que esta norma podría ser utilizada por violentos o agresores para interrumpir o impedir el ejercicio del cuidado y la lactancia por parte de las madres; o también podría utilizarse por empleadores inescrupulosos y abusivos para presionar a las mujeres a volver más rápido al trabajo. De hecho, históricamente, tanto la licencia de maternidad como la de lactancia se derivaban de una prohibición de trabajar.

Eran normas con un trasfondo, hoy impugnado, ciertamente tutelar, como lo fue en su momento la prohibición de trabajos nocturnos para las mujeres con la idea de protegerlas. Sin embargo, las razones para imponerlas por la fuerza de la ley, resultaban, paradójicamente, más beneficiosas por resultado, que el mito de la libre elección detrás de leyes que brindan hoy supuestas opciones a las mujeres, en un contexto donde la necesidad económica y la violencia pueden viciar el consentimiento.

Anteriormente he explicado, de manera amplia, por qué este proyecto de ley atenta contra las madres trabajadoras. En resumen, es osado que se haya mostrado como un avance en derechos de las mujeres, cuando su premisa, en la inicial exposición de motivos de la propuesta, fue considerar a la maternidad como “un obstáculo a la productividad”. El mandato constitucional es la protección a la maternidad, a la lactancia y a la primera infancia a través del cuidado y la lactancia; y la creación, a partir de leyes y de políticas públicas, de condiciones amplias para poner el cuidado de la vida en el centro.

Una verdadera ley de promoción de la autonomía económica de las mujeres debería implicar la provisión de servicios públicos, gratuitos y profesionales de cuidado a niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad y enfermedad. Sabemos que la causa de la feminización de la pobreza y de las brechas de desigualdad en el ámbito económico tienen su raíz en la división sexual del trabajo y en la asignación estereotipada del cuidado y del trabajo doméstico única o predominantemente a las mujeres; y a la par, la desvalorización y gratuidad de ese trabajo.

En este artículo me centraré en el motivo principal de la preocupación de las organizaciones de mujeres y feministas que apoyamos las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Economía Violeta, por su ataque a las licencias por maternidad y lactancia que, aun insuficientes, son logros de la lucha de las mujeres y de las niñas y niños, que peligran.

La lactancia en el centro

La lactancia materna es una práctica biosocial mirada y gestionada de formas distintas a lo largo de la historia. Como institución política y de género, no es neutral, sus significaciones varían y son objeto de disputa constante; pero finalmente los imaginarios acerca de ella recaen en los cuerpos de las mujeres y personas gestantes.

La lactancia es muy compleja en el entorno actual, donde los discursos acerca de la crianza correcta, el apego y la nutrición infantil apuntan hacia su práctica exclusiva e intensiva; pero el contexto es absolutamente adverso porque la configuración familiar y de género ha cambiado y no existen en todos los estratos socioeconómicos las condiciones objetivas para su realización.

Las familias son más cortas, ya no existen prácticas comunes hasta hace pocos años como el modelo de servidumbre previo al empleo doméstico considerado como un trabajo; las mujeres han ingresado en el sector productivo masivamente y muchas crían solas, sin apoyos; y en general, las exigencias en torno al cuidado son cada vez mayores y más costosas. Lo que sí existe y me preocupa, es un consenso tácito, no escrito, acerca de que todo lo relativo a la lactancia debe recaer exclusivamente sobre los hombros de las madres. De ser un problema político, su duración, intensidad y desarrollo se convierten en “elecciones” individuales. Se recomienda y se fomenta culturalmente como mandato, pero no se garantizan los entornos legales y políticos para su ejercicio, al alcance de las mujeres y personas gestantes en toda su diversidad.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus órganos de interpretación y aplicación coinciden en la importancia de crear las condiciones para que se pueda desarrollar la lactancia por el mayor tiempo posible, porque es de beneficio mutuo para la madre y el bebé. Esto no implica, desde mi punto de vista, que no existan mujeres que por motivos de salud o de decisión personal no puedan o no deseen practicarla. No comparto las visiones esencialistas sobre la maternidad y entiendo que dentro del feminismo hay posiciones ideológicas distintas, que se han transformado a lo largo del tiempo, influidas por intersecciones como la clase social, la racialización y la posición económica, acerca de la manera de alimentar a los bebés y de practicar (o no) la lactancia.

La institución de las nodrizas, antaño, fue un beneficio histórico de las mujeres de las clases acomodadas que delegaban esta práctica a mujeres pobres y racializadas en condiciones de servidumbre, a partir de la naturalización de la dinámicas coloniales, clasistas y racistas de despojo y explotación. Posteriormente, el biberón y la leche de fórmula fueron impuestos por considerarlos la mejor manera de precautelar la salud de los recién nacidos, debido, entre otras cosas, al desarrollo científico del momento y a los intereses económicos de las empresas productoras de sucedáneos de la leche materna; o representaron una solución práctica que liberó a las madres de cargas de cuidado y les permitió conciliar y compartir con sus parejas la alimentación de sus bebés. Hoy se reivindica un modelo de maternidad donde la madre es la principal cuidadora, de crianza con apego, incluida la lactancia exclusiva como promesa de salud y bienestar; justo en un momento histórico de avance de las políticas neoliberales, con un contexto económico adverso y una crisis de cuidados en una sociedad empobrecida y desigual, como denuncia Beatriz Gimeno, feminista española, en su ensayo “La lactancia materna. Política e identidad”.

Por tanto, la lactancia exclusiva o extendida en el tiempo, siendo un derecho, una recomendación de salud pública y un mandato cultural, se convierte en un privilegio de pocas mujeres, lo que crea presiones psíquicas muy poderosas y culpas en las madres que no tienen las condiciones económicas o fisiológicas para practicarla de acuerdo con las recomendaciones internacionales, de los organismos de salud y de los entes gubernamentales que la promueven sin facilitarla. Esta situación en los últimos años se ha recrudecido con una serie de proyectos y de medidas que tienen a la lactancia en el centro de su preocupación, en el sentido de presionar a las mujeres a darla, sin que esto altere las ganancias de los empresarios; porque “pagar” licencias de las madres se mira siempre como pérdida económica. El sostenimiento de la vida no es una “inversión” ni está en discusión que las empresas compartan su “costo”.

En 2016, en una entrevista, el expresidente Rafael Correa decía con horror que, si hacía caso a la “ideología de género”, más temprano que tarde habría que reconocer derechos de lactancia a los hombres. Esta pesadilla del expresidente está cobrando forma por extraños caminos, pero por motivos alejados de los terrores de Rafael en torno a algo necesario y básico como ampliar los derechos de las personas de las diversidades sexuales y de género. En la tradición conservadora que su figura representaba, hace algunos años, promovió una reforma para extender hasta por nueve meses más la licencia por maternidad, pero sin remuneración. El motivo de esta reforma fue, precisamente, “promover la lactancia” para paliar los vergonzosos índices de desnutrición infantil. En cierta medida culpaba a las madres empobrecidas y precarizadas por este flagelo. Desde la visión esencialista y estereotipada del expresidente las mujeres, a su juicio, no sólo eran las mejores educadoras, sino “irremplazables” en la crianza y el “beneficio” sería aplicable únicamente si demostraban que se hacían cargo exclusivamente del cuidado y lactancia del bebé, desde una mirada de control de los cuerpos de las madres como mero medio para la crianza.

La recientemente aprobada Ley de Régimen del Derecho al Cuidado Humano, en la misma tradición de alargar las licencias sin remunerarlas (convirtiendo su uso en excepcional, a la par que en un privilegio de pocas madres y personas gestantes) permite su extensión hasta quince meses después de concluida la licencia remunerada. Este proyecto cae en la paradoja de establecer, como obligación a “las personas que ejercen el derecho al cuidado humano” “brindar las condiciones y promover la nutrición de las personas recién nacidas mediante lactancia materna exclusiva durante los seis (6) primeros meses”; cuando las licencias pagadas siguen siendo de doce semanas, a lo mucho durante los tres primeros meses de vida del bebé. Entonces, ¿quién pone el cuerpo y el dinero?

Evidentemente, el costo de esta política se traslada a la madre o persona lactante y en el mejor de los casos a la familia, sin responsabilidad alguna para la empresa, más que la obligación de reincorporar a la trabajadora una vez concluida la licencia, aspecto difícil de cumplir en un país donde existe la costumbre de obligar a las mujeres a firmar hojas en blanco o a abandonar sus trabajos como consecuencia de la maternidad, a pesar de las garantías legales y judiciales que prohíben su despido. Como consecuencia, el beneficio redundaría en un privilegio de poquísimas mujeres, las que tienen condiciones económicas como familia o pareja proveedora, para poder extender su licencia sin remuneración. La gran mayoría de mujeres de clase trabajadora, sin embargo, necesita retomar sus labores, porque crece la jefatura de hogar femenina y las madres continúan siendo el pilar afectivo y económico de sus hogares; o la supervivencia en ellos no es posible con un solo ingreso.

Esta obsesión con promover la lactancia, pero sin crear las condiciones objetivas para su desarrollo en paz, típica de las agendas neoliberales, tuvo otra expresión grave en el proyecto de Código Orgánico de la Salud que pretendió restringir la comercialización de la leche de fórmula, otra vez para “incentivar la lactancia”; poniendo trabas a las mujeres trabajadoras o a las madres que por cualquier motivo no podían dar de lactar a sus bebés. Así, las medidas para favorecer la lactancia se convirtieron en privilegios o presiones, con costos para las vidas y los cuerpos de las mujeres, sin corresponsabilidad alguna. Desde esta perspectiva, el ser una buena madre depende de sacrificios que lo serán en mayor o menor medida dependiendo de los niveles de exclusión o privilegio de cada mujer o persona con posibilidad de gestar.

Estas leyes y políticas, desde la perspectiva de género, son nocivas. Incentivar la lactancia no se logra con prohibiciones o traslados; sino se logra con corresponsabilidad, con licencias pagadas más amplias para los padres y madres, con flexibilidad horaria en los trabajos, con espacios adecuados para su despliegue, con fomento de grupos de apoyo a la lactancia y reducción de la violencia ginecoobstétrica, con entornos de colectivización del cuidado de niñas y niños y apoyo en el autocuidado, cuidado y bienestar de la madre lactante, desde una visión interseccional y de pertinencia cultural. Fomentar la lactancia pasa por políticas integrales y entornos protectores.

Las trabajadoras, en efecto, deseándolo o no, deben conciliar sus labores productivas con las domésticas y de cuidado y frecuentemente no lo logran y enfrentan dobles o triples cargas. El equilibrio casi nunca es posible. Generalmente, porque crían sin el apoyo de sus parejas, no tienen el dinero para pagar cuidadoras profesionales o no pueden trasladar la carga del cuidado a sus propias madres o familiares de manera gratuita, para salir a trabajar. Así, el cuidado y la lactancia prolongados se vuelven impensables y se convierten en privilegios de pocas.

Una constante en los últimos proyectos de ley promovidos por sectores de oposición en la Asamblea Nacional es retroceder en derechos reconocidos con mucho esfuerzo por la lucha histórica del movimiento de mujeres. Por ejemplo, un proyecto de ley de adopción desde el vientre que previó “detectar” casos de mujeres embarazadas sin desearlo para que entreguen en adopción, en un proceso de seis semanas, a sus hijos e hijas con el plazo de un mes para arrepentirse. Es claro que ese prematuro desvínculo desconoce los procesos biológicos, psicológicos, emocionales y el dolor del cuerpo de una mujer que ha dado a luz. En esa misma tradición la eliminación de la preferencia materna en los procesos de tenencia de niños y niñas con el pretexto de promover la corresponsabilidad en los cuidados, ignora el contexto de violencia contra las mujeres y cómo son presionadas por exparejas agresoras para no demandar pensiones o no actuar con autonomía por la amenaza de “quitarles” a sus hijos e hijas. De la misma manera la posibilidad de reducción y traslado de permisos de maternidad minimiza, hasta esfumarlos, los procesos del embarazo, el parto y la lactancia que ocurren en los cuerpos de las mujeres y personas gestantes que también necesitan recuperarse y descansar.  Se defiende como finalidad la corresponsabilidad, pero sin considerar las condiciones de profunda desigualdad y violencia que hacen, para muchas mujeres, imposible, compartir los cuidados.

¿Quién piensa en los cuerpos gestantes?

Es innegable, como derecho compartido, que la lactancia beneficia el cuidado y la crianza de los bebés. Por ese motivo debe ser apoyada, incentivada y promovida, pero no forzada y sitiada por el contexto opresivo de pobreza, discriminación, falta de recursos y condiciones para desarrollarla; y en caso de no ser posible su práctica, no debe culparse a las mujeres que no pueden ofrecerla. De esto se trata la autonomía como uno de los pilares de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

En no pocas ocasiones, tratándose de situaciones que aluden al binomio madre-hijo, se ha visto a las mujeres como medios para la supuesta realización de los derechos de los niños y las niñas. En el corazón de esa ideología antimujeres y “proniños”, por decirlo de alguna manera, están la propia penalización del aborto y el embarazo forzado, como prácticas que borran la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos para un bien superior que es la “vida”, o los programas de supuesta protección a la infancia que en lugar de incentivar la autonomía de las mujeres profundizan roles de género estereotipados o sostienen situaciones de injusticia de género como la precarización o gratuidad del cuidado. Los derechos de las madres y sus hijos e hijas son de igual jerarquía e interdependientes.

Es no sólo posible, sino obligatorio, precautelarlos al mismo tiempo. Pero los discursos típicos de la misoginia presentan la figura de la mala madre como enemiga de la infancia y profundizan narrativas sobre la maternidad sacramentada como una ética de sacrificio, abnegación y disolución de la vida propia.

La Ley de Economía Violeta mira a las mujeres, en su lenguaje empresarial, competitivo, moderno y dinámico, como cuerpos que pueden reproducirse y recuperarse por arte de magia de procesos complejos como el embarazo y el parto. Si para dicha ley la maternidad es un obstáculo, los permisos de maternidad y lactancia son “discriminatorios” y los derechos de las trabajadoras son, como dijo alguna asambleísta, provenientes de “ideologías caducas” y “privilegios de un sector ínfimo de la población” (según su lógica, habría que igualar a la baja) la respuesta estatal debe ser convertir a las mujeres y nuestros cuerpos en máquinas que sigan reproduciendo la vida y la fuerza de trabajo, pero que, al mismo tiempo, releven al empresariado y al propio Estado de los costos de esta reproducción; o que tengan la capacidad de recuperarse instantáneamente para seguir siendo útiles al sistema capitalista.

O que se paguen la recuperación con sus fondos de cesantía o el patrimonio familiar. Se olvida el derecho de la madre o persona gestante al autocuidado y a ser cuidada para adaptarse al nacimiento, la crianza y la lactancia.

¿Quién piensa en la niñez?

Desde la perspectiva de los derechos de niñas y niños, es indispensable ampliar las licencias remuneradas de maternidad y paternidad para compartir sus cuidados. La reducción de las licencias de maternidad y lactancia y su “negociación” y traslado ponen en riesgo la salud y la vida de los recién nacidos al reducir el tiempo en que son cuidados por sus madres, por la importancia del apego en la primera etapa. Además de inconveniente y lesivo, no haber incrementado las licencias por paternidad, como he dicho, es un incumplimiento del legislativo a la sentencia de la Corte Constitucional 3-19-JP/20 que exhortó a la Asamblea Nacional a ampliar las licencias por paternidad hasta hacerlas equiparables con las de la madre.

Por otro lado, la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Economía Violeta argumenta que la lactancia es “el período de tiempo en el que se alimenta de distintos modos a una niña o niño recién nacido y que constituye la piedra angular para la supervivencia y salud de los niños y podría brindarles un mejor comienzo en la vida. De este modo, la lactancia materna no debe ser entendida únicamente en favor de la madre, sino del niño o niña recién nacido, debido a que requiere de los cuidados especiales en sus primeros meses de vida. Y la propia Corte Constitucional la ha reconocido como fundamental para el ejercicio de derechos y es una etapa que tiene que ser promovida y protegida desde el Estado a través de políticas públicas adecuadas (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 3-19-JP/20).”

Asimismo, la demanda se fundamenta en argumentos científicos relevantes de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que han recomendado a los Estados fomentar la exclusividad de la lactancia materna durante los seis primeros meses de vida; y extenderla con alimentos complementarios hasta dos años o más.

Este período es de especial importancia para favorecer un crecimiento saludable, al reducir la mortalidad y morbilidad infantil. Las recomendaciones de la OMS indican además que la mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar de las madres. Reduce el riesgo de cáncer de ovarios y de mama y ayuda a espaciar los embarazos. La lactancia favorece la salud infantil, el desarrollo intelectual y motor y la prevención de riesgos importantes.

En la demanda planteada por las organizaciones de mujeres y feministas de las que formamos parte se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 24 y 25 de la Ley de Economía Violeta, la suspensión provisional de sus efectos y el salto de orden cronológico para atenderla de manera inmediata, por tratarse de derechos en riesgo de mujeres embarazadas y niños y niñas, grupos de atención prioritaria y especializada por parte del Estado.

Esperamos que esta demanda sea atendida a la brevedad posible y que en los controles a que está sujeto el quehacer público en un estado democrático, se corrijan los errores del Legislativo y el Ejecutivo.

Las mujeres organizadas rechazamos el uso de nuestros emblemas y colores en la elaboración de leyes inconsultas que en lugar de ampliar nuestros derechos los vulneran y que ponen en riesgo la propia supervivencia y salud de las niñas y niños a quienes dicen proteger.

Esperamos respuestas inmediatas de la Corte Constitucional en armonía con sus propios precedentes. Rechazamos la profusión de proyectos de ley inconstitucionales que pretenden la regresividad de derechos que pensábamos conquistados.

Gracias a la persistencia de la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas y a su alianza estratégica con las mujeres conscientes y feministas en cargos de decisión logramos importantes protecciones para las madres y las niñas y niños que hoy peligran. Nuestra esperanza está en la justicia constitucional.

La salida y liquidación de Seguros Sucre puede resumirse en la frase “quítate tú para ponerme yo”.

Todos quienes pensamos que el nuevo escenario -con la llegada del presidente Lasso- abriría la transparencia y los concursos públicos de diversas compañías privadas que propongan mejores ofertas para asegurar los bienes del Estado, fue un espejismo. La realidad es que solo tres empresas se disputan y reparten un mercado que ha sido marcado por las preferencias y la arbitrariedad.

El pastel de grandes contratos se ha repartido sobre todo a Hispana de Seguros, en los dos últimos años ha incrementado sus primas en casi el 200% (primas netas al 2022 de 169 millones). Le sigue Aseguradora del Sur que aumentó el 77% (primas netas al 2022 de 131 millones). Luego está Latina de Seguros con un incremento de primas netas al 2022 de 115 millones.

Hispana mantiene pólizas de Petroecuador, las empresas termoeléctricas, la Empresa Eléctrica Quito, la Empresa Pública de Agua, el Municipio de Guayaquil, BIESS. Aseguradora del Sur tiene los contratos con las unidades de negocios de generación hidroeléctricas y el casco marítimo del Ministerio de Defensa. Latina Seguros emitió la póliza por los bienes generales de CELEC, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura y el casco aéreo del Ministerio de Defensa, este último contrato dado de baja por pedido del presidente Guillermo Lasso, ¿Las razones para haber declarado desierto ese concurso? Aquí la historia.

La caída del casco aéreo

El Ministerio de Defensa Nacional sin explicación alguna ordenó descalificar el concurso de ofertas Nro. LICSG-MDN-003-2022, Contratación de Seguro de Casco Aéreo y Responsabilidad Civil para aeronaves del Ministerio de Defensa Nacional. Fue impulsado el último trimestre de 2022 con un presupuesto referencial de $18,045,982.08.

La única oferta que conoció la Comisión de Contratación fue de Latina de Seguros por $17.670.537,22. Entre el 20 y 27 de octubre Latina Seguros respondió preguntas de la Comisión de selección y convalidó su propuesta. El informe técnico de dicha comisión fue favorable con 100 puntos y recomendó al ministro de defensa contratar la propuesta de Latina el 28 de octubre del año pasado.

Firmaron el vicealmirante Rafael Poveda, la capitán de Fragata Fanny Lagla, el teniente coronel Nel Vaca mas otro grupo de oficiales y abogados de la comisión técnica. Pero el 2 de noviembre de 2022, cuatro días antes de que la póliza venciera, se emitió la resolución No.116 que echó abajo la contratación.

Las razones expuestas en la resolución ministerial 116 para declarar desierto el concurso son inexistentes. Así consta en el documento: “En virtud de haber revisado y verificado la documentación sustentatoria del informe de la comisión tecnica (sic) del proceso, no se acoge la recomendación de adjudicación…”

Las razones no son claras, pero los audios evidencian que la decisión era evitar la contratación de Latina Seguros y  buscar una forma de impedirles ganar nuevamente en caso de presentarse a licitar. Se trata de una paradoja porque esa aseguradora era la que mantenía el contrato de seguro del casco aéreo del Ministerio de Defensa, quiere decir que tumbaron el contrato para evitar una nueva contratación de Latina pero debieron extender la cobertura de la póliza con esa misma empresa ¡Brillante forma de quitar contratos para perjudicar a una empresa y sin embargo extender pólizas con la misma! No existe fórmula de entendimiento.

Siete años después no existe claridad en el número de cocinas de este tipo que realmente se entregaron; informes estatales establecen que apenas 62,570 llegaron a beneficiarios desde el inicio del plan y el resto debemos suponer que se encuentran al cuidado de empresas privadas que le cobran al Estado por sus bodegas en algún lugar de Guayaquil. Quiere decir que cientos de miles cocinas de inducción no han podido ser vendidas ni canalizadas a los programas sociales en tres gobiernos, mientras permanecen  guardadas a la espera de su destrucción por el olvido.

El 28 de febrero de 2015 el Ministerio de Electricidad ordenó a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP la contratación agresiva de un millón de cocinas de inducción para entregarlas a consumidores del sector residencial en todo el país. En marzo de ese año el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, manifiestó que que el “Programa de Cocción Eficiente», se financiaría con $250 millones provenientes del Expor-Import Bank of China.

Con las aprobaciones de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) iniciaron  las contrataciones: el 27 de mayo de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia energética de CNEL EP y la empresa china HAIER Global Business Corporation Limited, suscribieron el contrato RE-CNELEFE-002-15 para la adquisición de 20.000 cocinas de inducción encimeras, por el monto de $2.920.000.

El 22 de julio de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., suscribieron el contrato RE-CNELEFE-0003-15 por 10.000 cocinas de inducción encimeras, valorado en $1.460.000.

El 06 de agosto de 2015, la misma Unidad de Negocio de Eficiencia Energética sucribió con  Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., el contrato RE-CNELEFE-004-15 para la adquisición de 186.000 cocinas de inducción tipo encimeras y 126.000 cocinas de inducción con horno, más el servicio técnico post venta, por el monto de USD 50.970.000,00.

Del millón de cocinas que el gobierno de entonces propuso adquirir llegaron a Ecuador 342.000; de ese número algunas fueron chatarrizadas, otras vendidas, unas pocas donadas y el resto están en una bodega rentada en Guayaquil.

Al año siguiente continuaron las compra de utencillos: el 12 de abril de 2016, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la empresa Corpmunab S. A. suscribieron el convenio de pago Nro. 003-2016-CP, por la adquisición de 10.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por el monto de $293.600,00.  El 09 de mayo suscribieron un convenio adicional (004-2016-CP), por 16.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $469.760,00. El 16 de junio CNEL EP y Corpmunab S. A suscribieron el contrato de 20.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por  640.000,00.

Finalmente el 1 de septiembre de 2016 la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la misma empresa suscribieron el contrato (RE-CNELEFE-001-16) para adquirir 50.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $ 1.468.000,00.

En la actualidad el programa se encuentra en fase de cierre desde julio de 2021 sin un horizonte sobre el destino que tendrán los equipos de inducción almacenados y con cuestionamientos desde la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales celebrados para la importación de las cocinas y las ollas de inducción.

Cómo empezó todo

Como todos los programas emblemáticos impulsados por la revolución ciudadana, el primer hito para viabilizar el financiamiento, las contrataciones, las adquisiciones y otros procesos que debía cumplir el gobierno para ejecutar dichos programas es la venia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El 31 de diciembre de 2013 se emitió el dictamen de prioridad al Programa de Cocción Eficiente con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1408-OF. Se definió como objetivo del programa: sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas eléctricos de calentamiento en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico.

El diseño de la normativa y la preparación de la estrategia de lanzamiento tomaron su tiempo. Todos los ministerios, empresas públicas y otras dependencias del gobierno central se alinearon a la propaganda que promovía las bondades del supuesto cambio de la matriz energética. Por el lado de la oferta se ponderaban los ahorros y los aportes que significarían para la economía la construcción y puesta en marcha de ocho megaproyectos hidroeléctricos. Mientras por el lado de la demanda se publicitaban otros proyectos que apuntaban a eliminar el uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial para reemplazarlo con la electricidad generada por las hidroeléctricas y como consecuencia terminar con el subsidio al gas de uso doméstico.

Respecto al consumo de electricidad, en esa época se distribuía en 39,6% para el sector industrial, 29,6% para el residencial, 22,3% para el comercial y de alumbrado público y 8,4% para la construcción.

La tendencia de la demanda de gas y electricidad era de crecimiento continuo y los programas que según el gobierno permitirían alcanzar la eficiencia energética eran el de cocción eficiente; autos híbridos y eléctricos; calentamiento de agua con electricidad, entre otros.

En este contexto el 9 de septiembre de 2014, la cartera de Electricidad estableció y reguló el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial (PEC).

A partir de las potestades que se establecieron en dicho acuerdo ministerial como son las de asignar, calificar y controlar todos los procesos operativos, Esteban Albornoz, titular de la mencionada cartera de Electricidad dispuso a CNEL EP, el 28 de febrero de 2015, la contratación de un millón de cocinas de inducción, con financiamiento del Estado. Pocos días después y con el fin de operativizar las actividades que demandaba el PEC, el 5 de marzo de 2015, la gerencia de la CNEL EP resolvió crear la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética (UN-EFE).

El siguiente paso fue la suscripción de convenios entre el Ministerio de Electricidad y la UN-EFE con las Empresas Eléctricas de Distribución, Unidades de Negocio de CNEL y casas comerciales, para la venta a clientes finales o entrega gratuita de los equipos de inducción a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Luego de haberles remitido invitaciones directas a seis empresas chinas para que provean cocinas de inducción al Estado, la CNEL, amparada en el mecanismo de giro específico del negocio, adjudicó contratos para la importación a HAIER Global Business Corporation Lted., Guangdong Midea Kitchen y Suzhou Kenmec Electric.

Los contratos de mayor valor y que sumaban 322 mil cocinas de inducción fueron suscritos con Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltda.  El otro contrato RE-CNELEFE-002-15, del 27 de mayo del 2015, fue para Haier que debía entregar 20.000 cocinas de inducción encimeras por un valor de $2.920.000.

En la importación de ollas de inducción participó la empresa ecuatoriana CORPMUNAB S.A., mediante varios contratos y convenios de pago por un total de 76 mil juegos de ollas cuyo valor fue de $2,23 millones. El primer contrato que la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de CNEL firmó el 16 de junio de 2015 con esta casa comercial para la adquisición de 20 mil juegos de ollas de inducción tuvo un valor de $US 640 mil. Al año siguiente firmó tres convenios de pago por 10 mil, 16 mil y 50 mil juegos de ollas adicionales, por $US 293.600, $US 469.760 y $US 1´468.000 respectivamente.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de la Programación Presupuestaria Cuatrienal vino también la actualización del dictamen de prioridad del PEC por parte de Senplades el 17 de agosto de 2015 (Oficio nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF). El organismo de planificación también aprobó el perfil de quienes debían beneficiarse del programa PEC con la entrega de equipos de inducción gratis. Como producto de esto el 15 de septiembre de 2015 la cartera de Electricidad (Acuerdo Ministerial No. 264)  determinó que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que se encuentren en la base del Registro Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social recibirán en forma gratuita kits de inducción compuestos por: una cocina, un juego de ollas y la instalación del circuito interno a 220 voltios.

El programa PEC nació con el objetivo de aumentar la participación de la energía eléctrica en otros usos, como el de la cocción de alimentos, y para ello el gobierno de ese entonces estableció que en un período de 10 años (es decir hasta el 2023) se incorporen 3´035.128 cocinas de inducción. En ese entonces significaban más del 90% de todos los abonados a nivel nacional. Hoy en día, si este proyecto hubiera tenido el impacto esperado, esos 3 millones de beneficiarios serían el 55% de todos quienes tienen acceso al servicio de energía eléctrica, que según estadísticas del Ministerio de Energía suman 5´505.000 abonados.

Tal objetivo no se cumplió. En un documento elaborado por el Ministerio del ramo a septiembre de 2020, al que PI. tuvo acceso, se reporta que “en aproximadamente 3 años de ejecución del programa PEC (2015 – 2018), las ventas y canjes registrados representan un total de 62.570 cocinas de inducción”. Y aún si estos procesos se reactivaran “se requeriría al menos cuatro años para despachar el inventario total de cocinas de inducción que custodia CNEL EP, con los subsecuentes costos por operación logística, servicio posventa y otros costos asociados a la comercialización”.

Es decir, en el mejor de los escenarios se podría dejar en cero ese inventario en el último trimestre del 2024, con los costos que eso significaría para el fisco, pues en este documento el ministerio advierte que hay una alta probabilidad de que en el caso de las cocinas y ollas de inducción que se logren vender los precios de venta pueden ser menores a los inicialmente establecidos por la reducción de precios de mercado, la devaluación tecnológica por año de fabricación y la pérdida de garantía del fabricante.

Tampoco los programas sociales gubernamentales han tenido un alto potencial de recepción de estos equipos de inducción, pues según la cartera de Energía, los canjes o entregas gratuitas a los beneficiarios del BDH entre los años 2015 y 2018 totalizaron solo 7.173 cocinas de inducción y juegos de ollas.

A lo dispuesto en septiembre de 2015 por el Ministerio de Electricidad que incorporó a los beneficiarios del BDH como destinatarios de los kits de inducción se agregó otra disposición cinco años después: mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2020-0005-AM, el Ministerio de Energía decidió “ampliar el segmento de los beneficiarios del Programa de Cocción Eficiente para la entrega gratuita de cocinas importadas por el Estado a otros programas sociales que impulsa el Gobierno Nacional.”

Pese a existir este marco legal para aumentar los destinos de los equipos de inducción hacia más programas sociales, los directivos del Ministerio de Energía siguen encontrando trabas para despachar los stocks de cocinas y ollas que aún permanecen embodegados, pues observan que “en reunión mantenida el 16 de junio de 2020, el gerente del programa PEC informó a la UN EFE que el plan de entrega al programa Casa Para Todos, prevé únicamente la donación de 15.000 kits de inducción”.

Otro medio de verificación del fracaso del PEC son las propias cifras oficiales que no concuerdan con la información que tiene este portal. En la última ficha informativa del programa, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad total de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC^[1] suman 595.146, al 30 de noviembre de 2022, un número oficial de cocinas superior a los establecidos en contratos que hemos accedido y detallado en los anteriores párrafos. Quiere decir que existe información que no se ha logrado consolidar con claridad.

Además, algunas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en sus reportes desde 2016 resaltan: “se observa un bajo interés de los usuarios por solicitar la instalación de los circuitos expresos en el SIPEC”. Este reporte es de la Empresa Eléctrica Quito y las instalaciones a las que se refiere corresponden a las demandadas para las cocinas de inducción.

Publicaciones de prensa también reportan que a partir de 2017 se evidencia una reducción significativa en la cantidad de solicitudes de usuarios para instalar medidores de 220 voltios, que son los requeridos por las cocinas de inducción, pues el número de solicitudes pasó de 120.267 durante el 2015, a 20.138 en el 2018 y durante los siguientes años en CNEL los valores son mínimos. La empresa pública CNEL provee de energía eléctrica a 2.5 millones de clientes residenciales, un poco más de la mitad de todos los usuarios del servicio a nivel nacional.

15 cuestionamientos de Contraloría para el PEC

El examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos y relacionados con el Programa PEC, se realizó al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), sus unidades de negocio, empresas eléctricas y entidades relacionadas (período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018).

En este informe, aprobado el 19 de diciembre de 2019, los auditores encontraron que en tres de los procesos de contratación para la compra de cocinas de inducción (RE-CNELEFE-002, 003 y 004-15) a las empresas chinas Haier Global Business y Guangdong Midea Kitchen, no se cumplieron los principios de legalidad, trato justo, igualdad, transparencia y participación nacional para precautelar los recursos públicos.

La comisión técnica de CNEL no verificó que la empresa Haier Global Business cumpla con uno de los requisitos exigidos en los pliegos de contratación, pues se le adjudicó el proceso RE-CNEL-EFE-002-15 a través del cual se adquirieron 20 mil cocinas de inducción encimeras, sin que la compañía china acredite que tiene las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO 14001 para las plantas de producción de cocinas de inducción encimeras. Además, no se encontraba inscrita en el Registro Único de Proveedores. Por lo tanto, no contaba con la documentación mínima requerida en el proceso.

El administrador de la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y los apoderados de las empresas Guangdong Midea Kitchen y Haier Global Business, el 5 y 11 de agosto de 2015, respectivamente, suscribieron los contratos para la adquisición de cocinas de inducción, incluido el servicio el servicio técnico post – venta, por $US 50´970.000 y $US 19´990.000 respectivamente. Ambos contratos suman $US 70,96 millones. No obstante, el administrador de la UN EFE no estaba autorizado a firmar contratos de estos valores. El poder especial que recibió el 8 de junio de 2015 le facultaba a contratar, sin la autorización del gerente general de CNEL, la ejecución de obras y prestación de servicios que no superen los $US 7 millones por proceso.

La Contraloría también identificó que CNEL incurrió en gastos que no se justifican por nacionalización de las cocinas de inducción importadas, pues asumió el pago de $US 401.357,96 por gastos de almacenaje, bodegaje, licencias y honorarios de agente de aduanas.La contratista demoró en entregar la documentación indispensable para el proceso de nacionalización de 25 embarques, especialmente el Certificado de Conformidad del Producto (CQC), mientras los técnicos que participaron en la revisión, verificación y aprobación de las liquidaciones económicas no tuvieron un criterio unificado y una metodología para establecer qué gastos de nacionalización de cada embarque debían ser asumidos por la UN EFE y por la contratista, según sus responsabilidades en el contrato.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría fue que desde la suspensión de las ventas y canje de las cocinas de inducción importadas para las empresas eléctricas de distribución y Unidades de Negocio, los funcionarios de la UN EFE no hicieron un control permanente de la administración de inventario, ni realizaron procesos de baja y chatarrización de los bienes entregados en canje. En consecuencia, “se encuentran embodegadas y sin rotación de inventario 3.014 cocinas encimeras y 81.634 cocinas con horno, además de 4.136 cocinas a gas, 2.283 cocinetas, 5.624 bombonas, 257 cocinas industriales y 476 válvulas recibidas como canje de los beneficiarios de los bonos de desarrollo humano”.

Cartera vencida de las empresas eléctricas

En marzo de 2017 el Ministerio de Electricidad identificó que en 11 Unidades de Negocio de CNEL la mora de los usuarios del PEC se ubicó en $US 6’011.480. La mayor cantidad de esa cartera vencida se concentró en las empresas eléctricas de: Guayaquil con 84.000 cocinas vendidas que significaron un monto impago de $US 1’145.000; Manabí con 34.000 cocinas que representaron una mora de $US 1’015.000; Los Ríos con 17.230 cocinas y un monto impago $US 826.000.

Frente a esto se impulsó una agresiva política de comercialización que prácticamente obligaba a los usuarios a adquirir las cocinas a inducción, provocando denuncias ante la Defensoría del Pueblo y sentencias judiciales por vulneración de los derechos de los abonados, pues muchos de ellos terminaron pagando elevadas planillas eléctricas por el costo de las estufas. Algunos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido de las cocinas y realmente era un pagaré. En otras ocasiones las empresas eléctricas ni siquiera les había instalado la acometida de 220 voltios y los abonados no tenían a quién devolver las cocinas.

Ante este panorama las autoridades de energía decidieron empezar el desmontaje del programa PEC, aunque con pocos avances en el camino.

Con memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019, el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó a la gerencia del Programa PEC: «(…) ejecute las acciones operativas y administrativas necesarias para terminar de manera ordenada las obligaciones contraídas por este Ministerio en el marco del Programa de Cocción Eficiente”.

El estado en que inició este proceso daba cuenta de que se efectuaron ventas y canjes de cocinas de inducción por un total de 62.570 items.

Además, la Unidad de Eficiencia Energética UN EFE custodia un stock aproximado de 82 mil cocinas de inducción y 37 mil juegos de ollas para inducción, distribuidos en dos partes.

La mayoría de estos bienes se encuentran en las bodegas de la compañía de transporte LOGISTCS S.A., ubicadas en Guayaquil, lo que representa a CNEL EP un gasto mensual por operación logística (administración de inventario y bodega) de $US79.147 (incluido IVA).

La otra parte de los bienes permanece almacenada en las empresas eléctricas de distribución, unidades de negocio de CNEL EP y casas comerciales, como resultado de los convenios suscritos para este propósito. Son 771 cocinas con horno y 1.914 cocinas encimeras.

Estas últimas cantidades son referenciales y siguen siendo verificadas conforme la UN-EFE avanza en el proceso de conciliación de inventarios para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

La UN EFE se encuentra realizando la conciliación de ventas, canjes, devoluciones y transferencias de los kits de inducción de 11 Unidades de Negocio, 8 Empresas Eléctricas de Distribución y 11 Casas Comerciales. Pero persiste la demora en la revisión de los registros en los sistemas facturación y de inventarios. A criterio de la UN EFE, entre las razones de tal demora están sus “problemas de gestión documental de los expedientes físicos y digitales, correspondientes a los más de cinco años de operación de la Unidad”.

Además de la falta de expedientes organizados, la Unidad de Eficiencia Energética sostiene que la falta de personal ha imposibilitado la liquidación de obligaciones y cierre de 30 convenios tripartitos que ya han finalizado su plazo. Estos convenios fueron suscritos entre el Ministerio de Electricidad, la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y las empresas de distribución eléctrica para la importación de los kits de inducción. Otro efecto de la limitación de recursos humanos serían las dificultades para realizar acercamientos con entidades del sector público como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Juntas Parroquiales del Ecuador con el fin de conocer los proyectos habitacionales que tienen en ejecución o en planeación, alcanzar un convenio interinstitucional y así concretar la entrega de los kits de inducción.

Lo cierto es que tras las importaciones de cocinas y ollas de inducción realizadas entre 2015 y 2016, no se cuenta con datos actualizados sobre cuántas están embodegadas, cuántas ya no sirven y han sido chatarrizadas o cuántas han sido entregadas en canje mediante programas sociales.

La última ficha informativa del PEC (actualizada a noviembre de 2022) este programa permaneció literalmente congelado desde julio de 2019 mientras se resolvían temas presupuestarios y las dificultades ocasionadas por falta de personal.

^[1] El SIPEC es un sistema de registro alojado en el portal web “Ecuador Cambia” en donde los usuarios ingresan sus solicitudes para cambios de acometidas y medidores, instalación de circuitos expresos (para el programa PEC), acceso a incentivo tarifario para cocción o calentamiento de agua.

Administradores de la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética

1. Andrés Fernando Tapia Faggioni
2. Pablo Arturo Falconi Ayora
3. Christian David Parra Pombosa
4. Ana Lucía Játiva Yánez
5. Rommel Patricio Aguilar Chiriboga
6. Xavier Renán Zambrano Aragundi

Cocinas chatarra y el robo de cilindros de gas

En el mes de diciembre del 2020, la UN EFE dispuso el traslado de 5624 cilindros para gas licuado de petróleo, desde el Parque Industrial Sur de Quito, a la Terminal El Chorrillo EP PetroEcuador, Guayaquil, producto del convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

En el mes de enero del 2021, de acuerdo al informe presentado por el Técnico de Administración Técnica de la UN EFE, uno de los vehículos que transportaba 1125 cilindros para gas licuado de petróleo, fue abordado en el cantón El Empalme, el mismo que fue encontrado más tarde sin los 1125 cilindros.

En el mes de enero del 2021, la UN EFE ejecutó la disposición final de 4428 cocinas de inducción en mal estado. En el mes de mayo del 2021, se dispuso la chatarrización de 614 cocinas de inducción y 14 juegos de ollas para cocinas de inducción en mal estado.

La salida de la petrolera Repsol de Ecuador a fines de este mes de diciembre de 2022 puede provocar una serie de pasivos que la empresa parece querer enterrar, uno de esos problemas son los costos laborales no reconocidos a cientos de empleados activos y que ya están fuera de la empresa.

La Constitución reconoce como derecho la participación de los trabajadores en las utilidades de una empresa y esto no puede ser modificado por ninguna norma legal.

Las utilidades no pueden ser consideradas un impuesto, en realidad son una deducción y su valor se calcula restando el 15% de las ganancias, el siguiente paso -luego de esta deducción- es calcular el impuesto a la renta, que representa el 25% de gravamen.

Puede decirse que el monto determinado por impuesto a la renta, identifica con claridad el valor de las utilidades y si las determinaciones (resoluciones) de estos valores han sido ejecutoriadas en las instancias judiciales, no queda mas que pagar, ¿Por qué Repsol no lo ha hecho?

La empresa, junto a entidades estatales como el SRI, el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Finanzas mas la Procuraduría General del Estado suscribieron un acuerdo transaccional en el que vulneraron los derechos de trabajadores a participar de utilidades.

La justicia ecuatoriana en última y definitiva instancia resolvió inaceptar las impugnaciones de Repsol respecto al pago de impuesto a la renta establecidas en las determinaciones del SRI que contemplan la deducción de utilidades de los trabajadores y el impuesto a la renta. Al quedar vigente las determinaciones o resoluciones le corresponde al SRI cobrar los impuestos y al Ministerio del Trabajo ejecutar el cobro de las utilidades en favor de los trabajadores.

El valor que los extrabajadores reclaman es alto y puede bordear decenas de millones.

La salida de Repsol Ecuador puede dejar paralizados todos estos reclamos laborales. Este portal hace público el acuerdo transaccional que dejan entrever con claridad cómo el Estado acordó la ejecución del pago de impuestos pero la autoridad laboral (entiéndase el Ministerio del Trabajo) no hizo nada para el pago de utilidades. En un acto colusorio el Estado y Repsol dejaron en indefención a los trabajadores.

La Fiscalía del Distrito de Nueva York y la sección de Fraude y División Penal del Departamento de Justicia han descubierto nuevos hechos de corrupción que se originaron en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. El año: 2014 y tiene como protagonistas de los sobornos a los mismos que se llevaron hasta la esperanza.

El juicio, ya radicado en una Corte Federal el Estado de Nueva York, ha puesto en evidencia el pago de sobornos en un contrato que Petroecuador firmó con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI) para la compra de asfalto por un valor de $23,5 millones.

Según la acusación de Estados Unidos entre 2010 y 2021 Nilsen Arias Sandoval – que fue gerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera y que además ya se declaró culpable de recibir sobornos en los contratos de deuda externa con Petrochina- participó en un esquema internacional de sobornos con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI). Añade la acusación que Arias, a cambio de utilizar su cargo oficial e influencia, con el fin de ayudar a dicha empresas a obtener ventajas indebidas, fue beneficiado junto a otros con una comisión de dos dólares por barril.

Coincidencias.

La denunciada Sargeant Marine tiene acuerdos con la también investigada Vitol, acusada de haber entregado sobornos a funcionarios de Petroecuador. Tomado de https://medstonesa.wordpress.com/2015/12/07/vitol-and-sargeant-marine-to-form-a-global-leader-in-asphalt-logistics-and-trading/

Petroecuador registra en agosto de 2014 una adjudicación internacional a la compañía Global Asphalt Logistics and Trading Sagl, para el suministro de asfalto AC-20, con un volumen de 225.000 barriles a ser entregados en un solo cargamento.

Global Asphalt Logistics and Trading Sagl es el brazo comercial de Sargeant Marine Inc. En Petroecuador los encargados de presentar la oferta a nombre de Global Asphalt fueron el británico Paul John Blundell, el estadounidense Daniel Sargean y el venezolano José Tomás Meneses Petrocelli, este último coincide con las características mencionadas en la acusación de Estados Unidos, sobre un “empleado de SMI”, que junto con otros, participó en un esquema de soborno y lavado de dinero que involucraba el pago de sobornos a Arias”.

Para justificar el pago de sobornos el 1 de julio de 2014, una filial de SMI celebró un acuerdo de consultoría simulado con una empresa ficticia, controlada por el Intermediario #1 y el Intermediario #2. De conformidad con el acuerdo simulado, el Intermediario #1 posteriormente presentó facturas simuladas a la afiliada de SMI para el pago de aproximadamente $471,881. Después de que el Intermediario #1 recibió el pago de las facturas falsas de la afiliada de SMI, transfirió una parte del dinero a una o más cuentas bancarias controladas por Nilsen Arias Sandoval.

La notificación sobre la adjudicación del suministro de asfalto a Roberto Finocchi y José Meneses de Global Asphalt fue firmada por Marco Calvopiña, entonces gerente general de Petroecuador. En la negociación también intervinieron Santiago Palacios de la Gerencia de Comercio Internacional (Comercialización de Productos Derivados), Nilsen Arias, Celsa Rojas, Zonnia Martínez, Paola Coba y Andrés Racines, todos de Comercio Internacional.

La Gerencia de Comercio Internacional adujo que era necesario importar asfalto debido al paro obligado de la refinería Esmeraldas en 2014, que entonces se encontraba en los millonarios procesos de corrupción debido a la supuesta repotenciación. De las empresas invitadas por Petroecuador, 13 presentaron excusas y solo Global Asphalt Logistics and Trading Sagl presentó su oferta.

Por la importación de asfalto Petroecuador pagó $ 23.555.250,00 a Global Asphalt Logistics.

La acusación de Estados Unidos en contra de SMI señala que “en 2014, SMI, a través de algunos de sus empleados y agentes, para asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener negocios con Petroecuador y a sabiendas y deliberadamente conspiró y acordó con otros para ofrecer y pagar sobornos de manera corrupta a, y en beneficio de funcionarios de Petroecuador para obtener ventajas indebidas en la obtención de lucrativos contratos con la estatal ecuatoriana”.

Para facilitar el esquema de soborno y ocultar la verdadera naturaleza de los pagos de sobornos, SMI y sus cómplices simularon contratos de consultorías, crearon facturas falsas e hicieron pagos a cuentas bancarias en los Estados Unidos.

SMI acordó pagar una “comisión” de $2 a funcionarios de Petroecuador si ganaba el contrato.