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Autor: mh

Pascuales Cuenca, la última batalla de Odebrecht en Ecuador

Odebrecht juega sus últimas cartas en Ecuador y busca evitar que un tribunal civil confirme la legalidad de un informe técnico que establece multas por más de 107 millones 164 mil dólares contra la empresa por los daños identificados en la ejecución del proyecto Pascuales-Cuenca, el poliducto de 200 kilómetros que transporta productos refinados de petróleo desde el puerto de Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca, al sur del país. La construcción de la infraestructura fue encargada a Odebrecht por la petrolera estatal PetroEcuador. 

El caso llegó a la justicia en el 2020, en plena pandemia y es vital para el desarrollo de otros procesos judiciales que enfrenta a la constructora brasileña con el Estado ecuatoriano. De la resolución de este proceso depende el futuro de otros dos juicios adicionales que están pendientes sobre el mismo proyecto. En uno, que data de 2018, la brasileña reclama pagos a la estatal por más de 183 millones de dólares. En el segundo, también de 2020, PetroEcuador le exige una reparación por daños y perjuicios por 281 millones.

Desde entonces poco se avanzó en los tres casos, pero al fin los jueces han señalado la fecha de la audiencia que definirá si pagará o no las multas. Será desde el 15 de diciembre de este año. La constructora Odebrecht, que cambió su razón social a Compañía CNO SA, perdió en el pasado otros procesos de tipo tributario y con ello se va cerrando la posibilidad de recibir dinero del Estado a su favor. 

El caso del poliducto Pascuales-Cuenca es uno de los más pedagógicos para explicar la corrupción que relaciona a la constructora brasileña con las autoridades del gobierno del expresidente Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2016. Los errores y daños estructurales de las obras civiles son evidentes: decenas de vídeos, infografías e imágenes detallan cómo los taludes y muros construidos, tanto para permitir la apertura de terraplenes y el paso de la tubería, se han desestabilizado y están por colapsar. Esta condición podría provocar la destrucción de las grandes esferas de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo. Dado el peligro, las instalaciones se encuentran sin uso y la paralización genera millonarias pérdidas al día.  

CNO sabe que en estos cuantiosos juicios tiene todo en contra. Por ello, busca señalar a otros y evadir sus presuntas responsabilidades. 

Por ejemplo, para la demanda que PetroEcuador le inició por los daños y perjuicios en esta obra en desuso, Odebrecht pidió a los jueces incluir además a las empresas que realizaron los estudios de ingeniería, Caminosca, y a la firma internacional que realizó la fiscalización de la obra, Engil International. Además solicitó que las autoridades de Petroecuador que dieron luz verde al proyecto, en septiembre de 2013, también sean parte del caso.

Las instalaciones del poliducto Pascuales Cuenca construido por Odebrecht presentan grietas y fallas estructurales. Foto: Internet.

La abogada de CNO, Verónica Isabel Loján Avellán, ha dicho durante dicho proceso judicial que Caminosca fue la responsable de los errores de construcción de Odebrecht, una declaración que al mismo tiempo implica un reconocimiento sobre las malas condiciones en que se encuentra la obra ejecutada. 

Asimismo, CNO argumentó que el artículo 80 de la Ley de Contratación Pública dice que el fiscalizador del contrato es responsable de tomar todas las medidas necesarias para su ejecución. “Si la acción planteada en contra de mi representada (CNO) pretende el cobro de una indemnización ocasionada por la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, quien era el encargado de hacer la fiscalización, revisión de toda la ejecución del contratos, era Elgin International”, dijo la abogada Loján.

De hecho, CNO ha manifestado de manera expresa que, como Elgin International ha sostenido que todas las instalaciones del proyecto Pascuales-Cuenca cumplieron con la figura contemplada en el contrato de construcción, la demandada (CNO) debe dirigirse también contra esta fiscalizadora que estaba obligada a controlar la ejecución del contrato.

El origen 

Desde el 17 de enero de 2020 José Agusto Briones, entonces ministro de Energía, anunciaba que el Estado iba a demandar a Odebrecht por las fallas estructurales en la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Se decía que solo faltaba afinar el monto económico a reclamar. 

Hasta ese momento la reacción del gobierno era nula ante la arremetida iniciada por Odebrecht el 9 de marzo de 2018, cuando le entabló el primer juicio a PetroEcuador por USD 183 millones 701 mil reclamando supuestas planillas no pagadas.

Agusto Briones prometió que el gobierno también golpearía. Aunque el primer movimiento se había concretado casi tres años atrás, avanzó con cierto letargo. El 27 de octubre de 2017, el gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, dispuso la terminación unilateral del contrato y anunció el inicio de las acciones judiciales por daños y perjuicios en contra de Odebrecht. Pero esto último no fue acatado inmediatamente por la oficina de procuraduría de la petrolera estatal. 

La presencia de un actor clave explicaba las demoras. Se trataba del procurador Marco Prado, quien desempeñó cargos muy importantes durante el gobierno de Rafael Correa. Fue viceministro de Justicia en 2013. Y en ese mismo 2013, Prado también desarrolló una consultoría para Petroecuador con el fin de viabilizar el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que finalmente construyó Odebrecht. Cinco años después, en 2018, este funcionario escaló al puesto de procurador de Petroecuador. Y para 2020, paradójicamente,  lideró la defensa de la estatal cuando la constructora le reclamó en los tribunales los mencionados pagos por USD 184 millones referidos a la obra que Prado antes asesoró.

Marco Prado fue contratado en 2013 para una consultoría sobre la viabilidad del poliducto. Años después, como procurador, tuvo que litigar contra Odebrecht generando demoras. Foto: Primicias.

En diálogo con periodistas en 2018, el ex ministro de Energía Augusto Briones advirtió que poderosos intereses impedían avanzar en la demanda que debía interponer el Estado.

¿Se trataba de alguien dentro del propio gobierno? Odebrecht contó con algunas circunstancias que levantan sospechas.

Una fue haber estado cerca de personajes influyentes que en el pasado tuvieron contratos relacionados con sus obras cuestionadas. Es el caso del ex procurador del Estado Íñigo Salvador Crespo, reemplazado en el cargo hace pocos días, quien en 2011 tuvo dos contratos de asesoría legal con la compañía estatal Refinería del Pacífico, por US$ 250 mil. Ambos servicios estuvieron relacionados con la construcción de esta nueva refinería, cuya obra fue ejecutada por la brasileña. 

Salvador incluso participó de la reunión del cierre del contrato entre Refinería del Pacífico con la compañía internacional Worley Parsons, que fue la encargada de fiscalizar y administrar el proyecto, el 21 de noviembre de 2011, para la realización de los estudios del acueducto La Esperanza, que también desarrolló Odebrecht y que era parte de la nueva refinería.

El 13 de febrero de 2019, Íñigo Salvador, ya como Procurador General del Estado, emitió un informe sobre Odebrecht y el poliducto Pascuales-Cuenca, sin determinar responsabilidad alguna pese a estos hallazgos: el presupuesto adjudicado en el contrato fue de US$ 369 millones, que era US$ 97 millones más de lo que Petroecuador fijó en su presupuesto referencial. Pero al 9 de agosto de 2017, el pago de Petroecuador a Odebrecht fue aún mayor: alcanzó los US$ 489 millones.

El ex procurador del Estado, Íñigo Salvador, también hizo consultorías relacionadas con obras que ejecutó Odebrecht. Foto: El Comercio de Ecuador.

En el desarrollo de la obra, hubo aumentos de precios aprobados por Petroecuador y la fiscalizadora Elgin International, que también fue cliente de Odebrecht en una obra ejecutada en Colombia.

¿Qué hizo el ex procurador Salvador, quien el 9 de marzo de 2020 se quejó públicamente de que Odebrecht no se sentaba a negociar la reparación económica por toda la corrupción admitida por ella misma? “Al ser un aspecto de orden económico, y por estar fuera de las competencias de la Procuraduría del Estado, no se emite criterio al respecto”, dijo oficialmente el alto funcionario encargado de defender los intereses de Ecuador. 

Contactos al más alto nivel

Odebrecht contrató a un bufete de abogados con los mejores contactos. Es el estudio jurídico PBP, Pérez Bustamante y Ponce, que de 2010 a 2016 recibió pagos de US$ 800.000 desde la constructora brasileña y tiene como uno de sus socios a Francisco Roldán Cobo, abogado de enorme influencia en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Roldán Cobo es tío de Juan Sebastián Roldán, quien fue secretario particular y miembro de la mesa estratégica de decisiones (llamada mesa chica) del entonces presidente Moreno. 

Luego de perder en todas las instancias, el estudio Pérez Bustamante y Ponce logró un fallo de la Corte Constitucional que hizo ganar US$ 45 millones a Odebrecht, dejando como saldo para el Servicio de Rentas Internas (la administración tributaria ecuatoriana) solo US$ 10 millones, gracias a la comunicación directa con la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, que años después, tras la publicación del caso Arroz Verde en 2019, se descubrió la estrecha relación de Odebrecht y otras empresas con ella. 

Luego de quedar en evidencia, Martínez fue capturada y apresada. No tuvo otra salida que colaborar con la Fiscalía General del Estado y entregó las pruebas de cómo influenció en las decisiones de la Corte Constitucional, proporcionó la ruta de los sobornos de Odebrecht y los pagos por US$ 7 millones a la campaña de reelección presidencial de Rafael Correa en 2013. El caso Arroz Verde logró probar la participación de Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas, el secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera y seis exministros. De ellos, solo Glas y Mera mantienen prisión domiciliaria. 

Odebrecht en Argentina: demandas cruzadas, el caso del soterramiento en un limbo y la “discriminación” frente a otras acusadas de sobornos

Argentina se ha convertido en un lodazal para la constructora brasileña Odebrecht. Apenas mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires, no puede operar en el país y litiga contra el país por “discriminación” desde 2018 para poder volver a licitar obras. Odebrecht no termina de despedirse de Argentina y a seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país, también sostiene una demanda para cobrar una supuesta deuda de la financiera estatal Nación Fideicomisos SA mientras ningún miembro de la compañía que protagonizó el mayor caso de corrupción en América Latina ha sido sometido a indagatorias ni juicios penales en los tribunales argentinos, según los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR para el especial #ElCostodelaCorrupción, junto al equipo de Investiga Lava Jato*. 

A su vez, de las tres causas judiciales que se abrieron tras las revelaciones de 2016 sobre coimas, en sólo uno de los expedientes penales se ha avanzado contra los empresarios que actuaron como socios locales de Odebrecht y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la causa continúa en una especie de limbo judicial, sin definiciones sobre los 50 empresarios, ejecutivos, ex funcionarios y ex asesores indagados hace cuatro años. 

Argentina es el quinto país más sobornado por la empresa, según los exejecutivos que declararon ante las cortes de Brasil y Estados Unidos en 2016, hace seis años. Las coimas se pagaron por tres obras y durante el periodo 2007-2014, según surge del documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de ese año.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expone en una conferencia mensajes de texto que uno de sus exfuncionarios, el entonces secretario de Obras Públicas, José Lópéz, intercambió con su secretario privado para ordenarle que frene pagos a Odebrecht y envíe a los ejecutivos a “negociar” con un intermediario.
Soterramiento del Sarmiento 

El fiscal federal Franco Picardi se opuso recientemente a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El estudio fue pedido por la defensa del empresario Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, de acuerdo con un dictamen al que accedió elDiarioAR. 

La realización de la pericia contable dilatará aún más las definiciones sobre los acusados, ya que el juzgado deberá aguardar los resultados del informe para evaluar las conclusiones.

Además de oponerse al peritaje, el fiscal solicitó al juez que defina la situación de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, planteó el fiscal al juez en un escrito fechado el 6 de septiembre último. 

“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, afirmó Picardi, quien resaltó que “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.

El juez, sin embargo, ordenó en septiembre la realización del peritaje y aguardará los resultados para tomar una decisión, sostuvo una fuente judicial. El magistrado busca que un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analicen el estado de la obra y los puntos solicitados por la defensa, entre ellos si la documentación presentada por el consorcio empresario durante el proceso de licitación cumplió con las normas; los pagos realizados al consorcio de acuerdo al avance de obra; la oferta económica del consorcio por kilómetro de obra; entre otros.

El fiscal afirmó en su escrito que ese análisis ya había sido realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En octubre de 2016, el entonces presidente argentino Mauricio Macri reinauguró las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento junto a otros funcionarios de Cambiemos. Muy pronto, las obras volverían a suspenderse. Crédito: @horaciorlarreta.

El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. 

En abril de 2019, el juez procesó a 26 de los acusados por dádivas, sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito. Los procesados fueron dos ejecutivos y exfuncionarios públicos, entre ellos, el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta. Las faltas de mérito fueron a favor de los empresarios y el resto de los ejecutivos, entre ellos a Angelo Calcaterra y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella.

Las faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho.

A pesar de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, el juez determinó que no existían pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso, los procesamientos a dos ejecutivos y a los exfuncionarios fueron por un delito menor: dádivas.

Tras la apelación del fiscal, en agosto de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones anuló lo que había resuelto el juez del caso, pero no ordenó procesamientos ni sobreseimientos. Devolvió el expediente al juzgado para que reevaluara la situación de todos los involucrados y los indagara por administración fraudulenta. Desde entonces, los 50 acusados permanecen en un limbo judicial. Ni procesados, ni sobreseídos, ni con falta de mérito. 

“El peritaje busca establecer el perjuicio del presunto delito de administración fraudulenta para que este caso prospere en el juicio oral”, dijo una fuente judicial ante la consulta de elDiarioAR.

Además, el juez espera una respuesta a un exhorto enviado en septiembre último a los Estados Unidos en busca de colaboración.

Los brasileños

Las socias locales de Odebrecht en la obra del soterramiento siempre han negado haber participado del pago de sobornos a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, en sus explicaciones al juez han sostenido que nunca supieron del pago de coimas y que si existieron, no participaron.

Mientras tanto, el juez Martínez de Giorgi intenta desde 2018 indagar a ocho autoridades de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y siete ejecutivos brasileños que operaron en Argentina y para América Latina entre los años investigados. 

El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. CREDITO: Ministerio de Transporte de Argentina.

Picardi logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, pero las defensas de los ex ejecutivos, confesores del pago de sobornos en Brasil y otros once países, vienen realizando planteos de nulidad contra la orden del juez argentino. Consideran que los acusados brasileños no pueden ser indagados por pruebas que ellos mismos aportaron como arrepentidos en su país.

El fiscal Picardi considera que están dadas las condiciones para procesar por sobornos a los implicados. Incorporó pruebas de supuestos pagos ilegales por US$5 millones a través una cuenta de una firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra. Los movimientos bancarios fueron aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2018.

Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación de AFIP. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa y uno de los indagados.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, Iecsa autorizó pagos por US$ 4.495.000 en cuotas justificados con un contrato firmado por el consorcio del soterramiento con la firma Detección De Riesgos Técnicos Control De Calidad Y Supervisión De Obras De Edificacion S.A., con domicilio en Saturnino Calleja 16, Planta Baja, Madrid. Esta misma compañía figura en investigaciones de otros países como una de las pantallas utilizadas por Odebrecht para simular contratos de servicios para transferir fondos que en realidad serían sobornos, como informó Perfil en 2018.

Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, ex socia de Odebrecht en el soterramiento, han solicitado una nueva pericia en la causa penal. FOTO: Télam.
La pelea por los gasoductos

Un segundo expediente contra Odebrecht en Argentina es por el direccionamiento de los contratos de ampliación de los gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero sólo se enjuiciará a exfuncionarios por el delito de negociaciones incompatibles. Todos han negado los cargos. El juicio no tiene fecha de inicio, por el momento.

La investigación de la fiscalía de Federico Delgado probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Sin embargo, ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña y los exfuncionarios son objeto de una demanda iniciada por el Estado argentino en 2018 que busca resarcimiento por los daños causados por la corrupción -no se fijó monto-, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por elDiarioAR.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de US$45 millones en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez federal Daniel Rafecas, medida que ratificaron instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

“Discriminación”

En julio de 2017, el gobierno de Macri vetó a Odebrecht como proveedora de obra pública en Argentina, al suspender a la compañía del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública. En junio de 2018, tras fracasar en la vía administrativa, Odebrecht demandó al Ministerio de Interior -entonces a cargo del registro- por discriminación y sostuvo que sus socias locales -quienes niegan el pago de coimas- no habían sido castigadas de la misma manera, según consta en el expediente, al que accedió elDiarioAR. 

Luego del caso de los cuadernos de la corrupción, que comenzó en agosto de 2018, los abogados de la constructora brasileña en Argentina incluso presentaron artículos periodísticos que informaban que empresarios y ejecutivos de otras constructoras proveedoras de obra pública habían admitido el pago de sobornos a los Kirchner en la causa de los cuadernos y aún así tampoco habían sido sancionadas con su exclusión del registro.

Los abogados del Estado respondieron en un escrito: “La  finalidad  de  la  decisión -de suspender a Odebrecht del registro-  no es otra que  salvaguardar un verdadero  interés público, que es el de mantener indemne al Estado Nacional de la posibilidad  de licitar con contratistas que no posean la idoneidad moral que se requiere”.

“A la empresa no se le ha impuesto una sanción, sino que los elementos que ella  misma  aportó -para ser rehabilitada- fueron insuficientes a los efectos de proseguir el trámite pretendido”, dijeron los abogados del Estado en la contestación de la demanda ante el tribunal. 

“Mientras que la empresa dice que la comparativa de los balances presentados, en conjunto con el acuerdo de lenidad (firmado con Brasil para la colaboración de los arrepentidos) son suficientes para demostrar que la misma posee idoneidad moral, la administración concluye en contrario sentido”, agregó el letrado.

Odebrecht había sostenido que desde 2016, el Ministerio de Justicia de Estados  Unidos y el Estado Suizo, así como el brasileño, hacen una auditoría permanente sobre las acciones de Odebrecht. “Pues bien, el Estado Argentino también lo hace -le respondieron los abogados estatales-, en este caso por medio de los actos administrativos que se pretendieron impugnar. Si los Estados mencionados por la actora toleran que mediante el pago de una multa se disponga la finalización de las  investigaciones relacionadas a hechos de corrupción en el seno de la empresa, no puede pretenderse que el Estado argentino actúe en consecuencia de igual manera. Ello por respeto al principio de soberanía imperante”, agregaron.

La planta de Aysa

Un tercer caso penal es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez Sebastián Casanello del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y a exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de juicio. 

Los empresarios y ejecutivos argentinos procesados en la causa estaban a cargo de las empresas Roggio, Supercemento y Cartellone.

El expediente incluye también los procesamientos contra Carlos Wagner, de Esuco, el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.

Mientras los argentinos, que niegan los cargos, van a juicio, el juez también negocia desde 2018 con las autoridades de Brasil para indagar a los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron coimas por esta obra y al entonces presidente de Camargo Correa, Antonio Miguel Marques.  

Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. 

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú);

Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

Odebrecht dio un giro a la historia y demandó al menos a cuatro países por más de US$1.600 millones

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos. 

La Carretera Interoceánica fue adjudicada en 2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Odebrecht declaró haber sobornado al expresidente con 31 millones de dólares. Foto: Andina. PERU Obra interoceánica

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. 

El equipo especial de fiscales que investigaron el Lava Jato en Perú. Foto: Andina.

Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). 

Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2 mil 400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la empresa en dos instancias, pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones porque la constructora apeló al tribunal supremo.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe con Alicia Ortega, que forma parte del Grupo SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

La Hidroeléctrica Pinalito fue una de las obras por las que Odebrecht pagó sobornos en República Dominicana. Foto: Diario Libre.
El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

La obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto adjudicado a la obra de Odebrecht en 2006. Foto: El Pitazo.

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ocasionó, en 2021, 5 muertos y 17 lesionados tras choques contra los únicos pilares que se levantaron. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Argentina, es otra de las obras inconclusas de Odebrecht y sus socias locales. En los tribunales, la investigación penal por presunto pago de sobornos a exfuncionarios del matrimonio Kirchner no tiene aún procesados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Silvana Carrión es la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato en Perú. Foto: La República.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Sobornos camuflados en República Dominicana

Además del pago de los 184 millones de dólares, que representa el doble del monto de la coimas que admitió la empresa haber pagado a cambio de ser favorecida con contratos en República Dominicana, Odebrecht se comprometió a entregar a la Procuraduría información relevante y precisa para identificar a las personas sobornadas, así como el contexto y las circunstancias en que se pagaron dichos sobornos, según el acuerdo homologado por los tribunales.  

“Si lo que tenemos es lo que entregaron, ahí no está toda la información”, afirmó Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción de República Dominicana. La funcionaria aclaró que la recepción de información fue durante la gestión anterior, encabezada por Jean Alain Rodríguez, ahora investigado por corrupción y quien dirigió la procuraduría entre 2016 y 2020.

En el país, el caso penal concluyó con la absolución de cuatro de los implicados y sólo dos condenas de ocho y cinco años de cárcel, que fueron apeladas. La empresa no identificó a ninguno de los receptores de las coimas camuflados con apodos en los registros del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el área encargada de gestionar el pago de dinero ilegal.

Los únicos nombres en clave que se revelaron en el país fueron aportados por El Informe, programa televisivo que integró la investigación “División de Sobornos” encabezada en 2019 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la participación de periodistas de la red Investiga Lava Jato.

Ni un peso en México

Entre los casos analizados para este reportaje, México ha ofrecido el mejor escenario para Odebrecht. Tras la confesión del pago de sobornos por 10,5 millones de dólares en ese país, entre finales de 2018 y principios de 2019, la empresa ofreció al gobierno de México firmar un acuerdo de colaboración para aportar información documental sobre los funcionarios involucrados y pagar 18 millones de dólares de reparación por el daño causado. A cambio, la compañía pedía que las autoridades mexicanas no denuncien penalmente a sus exdirectivos y que la constructora continúe ejecutando obras en el país. 

Sin embargo, el monto de las coimas superó largamente la cifra admitida inicialmente por la empresa, como informó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, integrante de Investiga Lava Jato. La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el acuerdo con Odebrecht y también se negó a suscribir un compromiso con la Procuraduría General de Brasil para obtener información sobre el caso de Odebrecht a cambio de inmunidad legal para la empresa y sus exdirectivos.

La Fiscalía decidió encarar una investigación por su cuenta, para lo cual realizó 50 peticiones de asistencia jurídica a 18 países, a los que ha requerido apoyo para obtener documentos y testimonios. 

“La empresa siempre ha estado dispuesta a negociar y formalizar acuerdos que permitan la presentación inmediata de información y documentos para colaborar con procedimientos de investigación”, pero “en algunos países, como México, las autoridades incluso declararon que no harían acuerdos con la empresa, y en otros nuestra manifestación no fue respondida. No sabemos las verdaderas razones de esto”, afirmó Odebrecht ante la consulta de Investiga Lava Jato.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República han mostrado que una parte de los sobornos de Odebrecht en México se usó para pagar campañas electorales del PRI en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como la del candidato presidencial de ese partido en 2018, Enrique Peña Nieto.

Marcelo Odebrecht y Enrique Peña Nieto. Los aportes también llegaron a las candidaturas del PRI, incluida la del expresidente mexicano.

A pesar de que hay documentos y declaraciones ministeriales que comprueban que la trama de corrupción de Odebrecht en México se extendió entre 2006 y 2014 e involucró a distintos gobiernos locales y federales, la Fiscalía ha centrado su acusación en torno a los señalamientos que ha realizado Emilio Lozoya, un exdirector de Pemex, a quien le ofreció beneficio procesal a cambio de información.

El resultado fue la aplicación de una justicia selectiva, pues el caso se ha dejado de lado o ha minimizado el posible involucramiento de personajes que colaboran en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Leonardo Cornejo, quien firmó los contratos a favor de Odebrecht en la refinería de Tula y quien ahora es directivo de Pemex; o Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del gobierno mexicano, quien en su periodo como gobernador de Michoacán asignó a Odebrecht la obra de una represa.

Como resultado, Odebrecht fue sancionada en México con multas equivalentes a 81,6 millones de dólares de los que finalmente no pagó ni un peso: la autoridad fiscal mexicana le canceló sanciones económicas por 54 millones y además la compañía busca que le anulen otras multas por 27 millones de dólares. 

Odebrecht tampoco enfrentó consecuencias penales en el país y contraatacó con su propia demanda contra Pemex en diciembre de 2018 por 99 millones de dólares por supuestos pagos adeudados por obras. Además, por vencimiento de plazos y gracias a litigios contra el Estado, la constructora fue retirada de la lista de empresas sancionadas y a partir de 2022 ya puede volver a concursar para obtener contratos en México. 

La compañía brasileña también ha logrado que Pemex le pague supuestos adeudos por otros 4,5 millones de dólares y que se anulen multas impuestas por otros 10 millones de dólares a un exdirectivo de la constructora y a una empresa con la que Odebrecht estuvo asociada en la trama de corrupción en México.

Odebrecht también pagó sobornos para conseguir la adjudicación del contrato de la Refinería de Tula, en México. Foto: Lucía Vergara.
Sumas y restas en Ecuador

En Ecuador, la situación ha sido similar a la de México. En diciembre de 2017, el vicepresidente en funciones, Jorge Glas Espinel, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, acusado de haber recibido 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para adjudicar a la constructora contratos entre 2010 y 2012. Por este proceso, Glas Espinel aún está detenido en su domicilio. El exfuncionario se considera un “preso político” y “víctima del lawfare” o guerra judicial, al igual que el expresidente de Brasil y candidato a la Presidencia de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, absuelto por el Superior Tribunal de Justicia brasileño.

Cinco años más tarde, los procesos penales por lavado de activos o asociación ilícita quedaron atrás en Ecuador. Actualmente, el caso Odebrecht se litiga en las cortes ordinarias de Guayaquil y el objetivo es el dinero. Dos de los procesos corroborados por Investiga Lava Jato son impulsados por CNO SA (Constructora Norberto Odebrecht SA) y buscan que la empresa pública Petroecuador indemnice a la constructora con más de 290,8 millones de dólares.

El tercer caso fue iniciado por la empresa pública Petroecuador, que presentó su propia demanda contra Odebrecht.

Los tres procesos tienen un denominador común: el proyecto Pascuales Cuenca, un poliducto de 200 kilómetros que parte del Puerto de Guayaquil en el Océano Pacífico, cruza la cordillera de los Andes y finaliza en un centro de almacenamiento en la ciudad de Cuenca, en el suroeste de Ecuador. 

La falta de sistema de evacuación freática provocó daños en el proyecto de almacenamiento de combustibles en Pascuales Cuenca, un poliducto en el suroeste de Ecuador. Foto: Internet.

La empresa solicitó a la justicia que declare ilegal el término unilateral del contrato que el vicepresidente Glas aplicó en el proyecto Pascuales Cuenca en 2016, cuando el escándalo salió a la luz. El 17 de diciembre de 2021, el tribunal de lo contencioso administrativo dictó sentencia a favor de Petroecuador y resolvió rechazar la demanda presentada por Odebrecht (hoy CNO S.A.).

El 8 de marzo de 2022, la empresa interpuso un recurso contra la sentencia y la Corte Nacional de Justicia tiene pendiente resolver el pedido presentado. El segundo juicio de CNO S.A. se inició en 2020 en el tribunal de lo contencioso administrativo de Guayaquil y pretende que se declare la ilegalidad de un informe de liquidación financiera y contable del contrato de Pascuales Cuenca, que impuso multas a la constructora por más de 107 millones dólares.

EPI:
El proceso de construcción del poliducto en Ecuador no contó con estudios definitivos de ingeniería de detalle, según el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Imagen: Internet.

La empresa pública Petroecuador presentó a su vez una demanda contra Odebrecht por 281,3 millones de dólares por incumplimiento del millonario contrato y para que se condene a la empresa al pago de las costas procesales y de los honorarios de los abogados patrocinadores que Petroecuador debió contratar para enfrentar el litigio.

La primera audiencia preliminar de este juicio se convocó el 7 de diciembre de 2021. Sin embargo, debido al volumen de pruebas que ha presentado la empresa petrolera ecuatoriana, esta primera audiencia apenas concluyó casi ocho meses más tarde: el 21 de julio último. 

El caso está a la espera del señalamiento para la audiencia de juicio, en la que se presentará y practicará la prueba aportada por las partes. Si el Estado ecuatoriano se beneficia de la sentencia, deberá pelear en dos instancias más, lo que implica no menos de dos años más de litigio.

El caso de Pascuales Cuenca es clave para entender la lógica de Odebrecht y su forma de cambiar las cifras de un proyecto: los estudios en 2012 determinaron un valor inicial en 200 millones de dólares; se adjudicó el 17 de octubre de 2013 por 370 millones de dólares; y su valor final fue de casi el doble: 600 millones de dólares. En 2020 el Estado ecuatoriano invirtió 90 millones de dólares adicionales para subsanar problemas en la construcción, especialmente en el centro de acopio que empezó a hundirse a causa de filtraciones de agua.  

Deslizamientos de tierra en las áreas de almacenamiento de gas y otros combustibles no han sido subsanados por Odebrecht en el proyecto Pascuales Cuenca. Foto: Internet.

En 2017, la Fiscalía General del Estado y Odebrecht negociaron un acuerdo de colaboración para que la compañía entregara pruebas de los destinatarios de sobornos por 33,5 millones de dólares pagados por la constructora en ese país durante las elecciones presidenciales de Rafael Correa, acusaciones que el exmandatario niega.

La empresa envió a Quito a un delegado, Antonio Poncioni Mérian, amigo personal de Marcelo Odebrecht, para persuadir a las autoridades del país a que se cumpla el acuerdo firmado con la Procuraduría del Brasil para la colaboración internacional que permitiría la entrega de información de los sobornos pagados a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía.

Odebrecht ofreció resarcir a Ecuador por 184 millones de dólares, pero las negociaciones fracasaron, al igual que en México. La empresa buscaba un acuerdo civil, o mejor dicho, un cruce de cuentas con el que cancelaría obligaciones pendientes con subcontratistas y de sobrar algo, entregaría el resto al Estado ecuatoriano. 

Impunidad en Venezuela

Los primeros y únicos intentos de administrar justicia sobre el caso Odebrecht en Venezuela fueron truncados el mismo año en que fueron anunciados. En enero de 2017, el Ministerio Público venezolano a cargo de la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dio a conocer la activación de las investigaciones sobre los manejos del patrimonio público y su relación con los contratos de la constructora brasileña en el país. 

Durante enero de 2017, el caso fue asignado a la fiscal auxiliar interina 55, Anamar Ravelo Labrador, quien inició la investigación por los delitos de “corrupción impropia, concierto de funcionario público con contratista y asociación para delinquir”. Ravelo solicitó cooperación internacional a Brasil para entrevistar a los delatores que colaboraban en el proceso y también pidió asistencia a Suiza, que podía aportar la información bancaria de los pagos ilegales. 

La fiscal pidió una orden de detención contra el expresidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, a quien también le prohibió enajenar bienes y le bloqueó sus cuentas bancarias mientras el ejecutivo se encontraba en Brasil colaborando con la Justicia. Además, logró los allanamientos en las oficinas de la empresa en Caracas.

Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra del metro en Venezuela presentaba apenas 27% de avance. Odebrecht recibió del gobierno 8.972 millones de dólares pero en Caracas sólo quedan algunas columnas y parte del paso de las vías sobre la autopista, donde debía construirse el paso del metro. Foto: El Pitazo.

En los allanamientos se encontraron carpetas con información de los contratos del Metro de Caracas y Los Teques, de los relacionados con PDVSA, el aeropuerto internacional de Maiquetía, el Tercer Puente sobre el Orinoco, entre otras obras de la empresa en el país, así como correspondencia dirigida a Nicolás Maduro y documentos firmados por Hugo Chávez y su sucesor en el poder.

El 16 de febrero de 2017, dos días después del allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Caracas, la hija y el nieto del esposo de la entonces fiscal general Ortega Díaz fueron secuestrados. Ese mismo día, la exfiscal general y el fiscal Zair Mundaray estaban reunidos con sus pares en Brasil. La primera terminó exiliada y su colega, apartado de la función pública fuera del país.

Cabe resaltar que durante la gestión de Luisa Ortega, Odebrecht estableció preacuerdos de cooperación con la justicia venezolana. Llegaron a declarar los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, que trabajaron en la campaña de Hugo Chávez. Euzenando Acevedo, gerente general de Odebrecht en ese país, incluso ofreció su colaboración, aunque finalmente desistió. A Ortega la reemplazó Tarek William Saab, quien dijo que la anterior gestión dejó solo “20 hojas” del expediente de Odebrecht en los despachos. Sin embargo, fiscales venezolanos que trabajaron en dicho caso han mostrado ante los reporteros de Alianza Rebelde Investiga más de una veintena de carpetas con detalles de la investigación.

A cinco años de los sucesos, no existieron acuerdos de reparación económica en Venezuela. Tampoco avances en las investigaciones judiciales, que no sólo están congeladas sino que sufrieron un revés cuando fue suspendida la primera imputación de dos presuntos responsables. 

El juez undécimo de primera instancia de control de Caracas, Luis Argenis Marcano Sanabria, eximió de toda responsabilidad a la esposa y suegra del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, quienes habían sido citadas por la saliente fiscal Ortega Díaz por su presunta relación con la red de sobornos del Lava Jato. Ambas eran beneficiarias de ocho cuentas bancarias con más de 40 millones de dólares presuntamente transferidos por empresas offshore vinculadas a Odebrecht, congeladas por la fiscalía suiza.

La exfiscal general Ortega Díaz encabezó el equipo de fiscales del caso Odebrecht en Venezuela. En 2017 viajó con uno de sus colegas a reunirse con los fiscales del Equipo Lava Jato en Brasil. Ese día, la hija y el nieto del esposo de la funcionaria fueron secuestrados. Foto: Presidencia Venezuela.

La única demanda del Estado venezolano contra Odebrecht admitida en 2018 por tribunales venezolanos fue la que interpuso la compañía estatal Metro de Caracas contra la constructora por incumplimiento de un contrato por más de 76 millones de dólares para la construcción de 2 mil 400 viviendas a edificar en un terreno de Mariche, población del estado Miranda. En este proceso se dictaron embargos contra los bienes de la empresa y la aseguradora. Según el contrato firmado en 2012, la obra debía estar lista en diciembre de 2017. Sin embargo, hasta 2015 el avance era de apenas 10%, según la memoria correspondiente de ese año. El dinero aún no fue recuperado.

En septiembre de 2021, Maduro aprobó otros $17,5 millones de dólares para terminar obras inconclusas por la empresa, entre ellas el tren Caracas-Guarenas-Guatire, que “fueron abandonados por Odebrecht de manera ilegal”, según el mandatario. Ya en marzo de 2018, Maduro había asegurado que las obras que dejó la constructora brasileña serían terminadas y solicitó al vicepresidente de ese momento, Tareck El Aissami, que las entregaran a los gobernadores para que fueran retomadas “con mano de obra social”.  

Otro tramo de la obra abandonada del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, abandonado en la capital venezolana. Foto: El Pitazo.

En octubre de 2021, la gestión de Maduro anunció el reinicio de los trabajos de construcción de las obras del Metro de Guarenas-Guatire, pero un año después el equipo de la Alianza Rebelde Investiga pudo verificar que nadie trabaja en la construcción de la solución ferroviaria.

Los obstáculos para investigar los casos de gran corrupción como el de Odebrecht en Venezuela fueron reconocidos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas en su segundo informe publicado en septiembre de 2021. La Misión de la ONU denunció las presiones y persecuciones que sufrieron los fiscales que investigaron el caso Odebrecht, a quienes las autoridades intentaron detener cuando regresaron de Brasil para interrogar a testigos de este caso. También el reporte alerta que en 2017, al menos 50 fiscales fueron perjudicados con medidas de prohibición de salir del país por haber trabajado en expedientes de corrupción, entre otras razones.

Los expresidentes Hugo Chávez y Lula Da Silva junto al actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el chavismo, la constructora brasileña sobornó a funcionarios por 98 millones de dólares, según los exejecutivos de Odebrecht.
Reformas y litigios en Perú

Odebrecht dijo inicialmente haber pagado sobornos por 29 millones de dólares en Perú. Sin embargo, hasta la fecha se han contabilizado pagos ilegales por más de 69 millones de dólares, que involucran también a candidatos políticos y otros operadores.

Perú sólo tiene una condena judicial por el caso Lava Jato, pero las revelaciones de Odebrecht en diciembre de 2016 generaron dos reformas positivas en el país. A raíz de las evidencias sobre los aportes ocultos a las campañas electorales de distintos partidos y candidatos, en 2019 se incorporó al Código Penal peruano el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas; y además se promulgó la ley que generó las condiciones para promover que las compañías aseguren previamente el pago de una eventual reparación civil —de ser halladas culpables— o que incluso se acojan a los beneficios de una colaboración eficaz.

A partir de esta última norma, las empresas pueden coordinar con la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato una forma de garantizar los futuros pagos indemnizatorios al Estado, a través de la creación de fideicomisos, en lugar de arriesgarse a embargos preventivos que podrían poner en riesgo la viabilidad de sus operaciones y romper la cadena de pagos con sus proveedores.

Como parte del acuerdo de colaboración eficaz que Perú firmó con Odebrecht en 2019, Odebrecht se comprometió con la Procuraduría Lava Jato a pagar una reparación civil de 152,5 millones de dólares en 15 años. Con intereses legales el pago total alcanzará los 190 millones de dólares. 

Los montos recuperados por esta procuraduría son destinados al mejoramiento del sistema de defensa legal del Estado peruano.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. CRÉDITO: Informe de gestión 2021 de la Procuraduría ad hoc Lava Jato, Perú.

A la fecha, Odebrecht ha pagado tres cuotas (2019, 2020 y 2021) de la reparación civil contemplada en su acuerdo de colaboración eficaz por un monto de 124 millones de soles (31 millones de dólares). 

Al mismo tiempo, en febrero de 2020 inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el CIADI para reclamarle el pago de 1.200 millones de dólares por resolver el contrato del Gasoducto Sur Peruano. El estado de dicho proceso arbitral aún figura como «pendiente» en la base de datos pública del organismo internacional.

Si bien Odebrecht se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y OAS, ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, otras constructoras brasileñas involucradas en la trama de corrupción como Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez, han litigado intensamente contra las autoridades para evadir su responsabilidad penal. Estas empresas conforman el Consorcio Intersur y son investigadas también por presuntos sobornos relacionados a la Carretera Interoceánica Sur, que puso al descubierto Convoca.pe.

La constructora Camargo Correa, por ejemplo, batalla en los tribunales para eliminar las pruebas incautadas en el caso Castillo de Arena que apuntan a explícitos pagos de coimas en Perú, basándose en la teoría del “fruto del árbol prohibido”. Como se sabe, dichas evidencias fueron anuladas en Brasil y, según el razonamiento de Camargo Correa, por ello también deberían ser inválidas para la justicia peruana.

Los primeros intentos para hacerlo han fracasado pero aún tiene vías para seguir solicitando esta eliminación de documentos. Por el momento, debido a la falta de colaboración de las empresas, la investigación por este caso aún se encuentra en curso, sin acusación.

Argentina en punto muerto

Odebrecht admitió sobornos por 35 millones de dólares en Argentina, entre 2007 y 2014, a funcionarios argentinos para poder asegurarse tres obras públicas en el país, pero nunca logró negociar un acuerdo de colaboración. En cambio, por cada obra, se inició una investigación penal. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. 

El primer caso es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de inicio. 

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expone en una conferencia mensajes de texto que uno de sus exfuncionarios, el entonces secretario de Obras Públicas, José Lópéz, intercambió con su secretario privado para ordenarle que frene pagos a Odebrecht y envíe a los ejecutivos a “negociar” con un intermediario.

El expediente incluye también los procesamientos contra el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa. 

En el segundo expediente, por el direccionamiento de los contratos de gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, sólo se enjuiciará a exfuncionarios de la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner por el delito de negociaciones incompatibles. El juicio tampoco tiene fecha de inicio.

En el caso de los gasoductos, la investigación de la fiscalía probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña fue demandada por el Estado argentino por daños, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por el equipo de Investiga Lava Jato.

En octubre de 2016, el entonces presidente argentino Mauricio Macri reinauguró las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento junto a otros funcionarios de Cambiemos. Muy pronto, las obras volverían a suspenderse. Crédito: @horaciorlarreta.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de 45 millones de dólares en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez que investiga el caso penal y ratificada por instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

Un tercer caso, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales -que incluye al primo del expresidente Mauricio Macri- están procesados, a pesar de que el fiscal logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos brasileños que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, y se incorporaron pruebas sobre el supuesto rol de una de las socias locales en pagos ilegales a exfuncionarios. La causa lleva abierta seis años y medio y casi sin movimientos desde hace tres años, de acuerdo a los documentos y fuentes judiciales consultadas.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es coordinado por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortega (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

 

Gladys Estefania Rengel Acosta

Quisiera que sepas que en el año 2022, tendrías un colectivo feminista que acompañaría a tu madre en tu búsqueda, dentro de las 72 horas posteriores a tu desaparición, indispensables para recoger indicios. Que muchas mujeres abogadas estarían abanderadas de tu caso, que hoy tus hermanas exigimos nos expliquen qué te pasó.

Mientras imagino una serie de posibilidades de lo que te pudo suceder, las lágrimas salen de mis ojos con impotencia y rabia. Tú comprendes mejor que nadie que el misterio aun no resuelto de tu desaparición, es la prueba de todas las opresiones naturalizadas ejercidas sobre las mujeres operando en el año 2004.

Hoy inclusive los sectores conservadores de la opinión pública comprenden que una mujer menor de 18 años se encuentra sujeta a una relación de poder, a pesar de que le pinten el tema como «amor». Recuerdo claramente que el día tu mamá y tu abuelita no te volvieron a ver, tenías apenas 17 años.

Que hoy, la única línea de investigación posible, no sería aquella que se ajusta a la moral y las buenas costumbres.

Que si te hubieran llevado al medico para revisar si estabas embarazada horas antes de que desaparecieras, el dos de marzo del 2004. Ese médico habría sido parte de la investigación, aunque se hubiera necesitado mucha presión mediática para lograrlo.

Que si lo que sucedió es que tu familia no podía competir con la influencia, o el miedo que genera un funcionario publico corrupto. Hoy sería mucho mas complicado encubrir un delito contra tu vida o integridad, gracias a todas las formas anónimas de hacer una denuncia. Que hoy, la noticia de tu desaparición y los testimonios de los que te vieron por última vez, no podrían ser borrados tan fácilmente.

Que  hipotéticamente, si hoy  los hombres responsables de investigar que te pasó quisieran encubrir un delito, tendrían menos poder para proteger al o los culpables.

Que hoy el control social, tiene mayores efectos sobre las instituciones, que en el año 2004. Que nosotras exigimos saber que te pasó, que el Estado tiene una deuda contigo, y con tu madre, que tu desaparición no se ha olvidado. Que aunque hayan pasado tantos años  la verdad  debe salir a la luz, que tu caso debe conocerse. Que no se trata solo de ti, que somos todas.

El Yasuní en manos de petroleros sin experiencia y solvencia financiera 

Se trata de la empresa canadiense New Stratus Energy Inc., que el 5 de junio pasado firmó con Petroecuador EP un Memorando de Entendimiento “con el propósito de optimizar y acelerar el desarrollo y producción de los campos petroleros en los bloques 43 (ITT) y 31”, actualmente operados por la estatal ecuatoriana.

El acuerdo se suscribió bajo el ofrecimiento de New Stratus Energy (NES) de aumentar la producción de petróleo de estos bloques que hoy bordea los 60,000 barriles por día, hasta alrededor de 250.000 barriles diarios, durante los próximos 5 años.

En el bloque 43, ubicado en la provincia de Orellana, se encuentran los yacimientos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), con las mayores reservas petroleras del país: 1.670 millones de barriles y una producción diaria que ha oscilado entre los 50.000 y los 60.000 barriles en los últimos tres años. En el potencial de los campos de este bloque se basa buena parte de los planes oficiales para duplicar el total de producción nacional de petróleo y así alcanzar 1’200.000 de barriles diarios. Para ello Petroecuador anunció el año pasado el aumento de torres de perforación que permitan incrementar la producción de los 168 pozos productores, inyectores de agua de formación e inyectores de cortes de ripios. A ello se suma toda la infraestructura que existe en el bloque 43, incluida la Central Tiputini que procesa 650.000 barriles de fluidos.

El bloque 31, ubicado en el lado occidental del Bloque 43, tiene reservas estimadas por 45,5 millones de barriles en los campos Apaika y Nenke. Es operado por Petroamazonas desde 2009 y su producción actual bordea los 3.500 barriles diarios.

Al momento New Stratus Energy ya tiene acceso a parte de los derechos de la compañía Repsol en otros bloques petroleros de la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo con la información financiera presentada en la Superintendencia de Compañías, el 14 de enero del 2022 se produjo la venta de las acciones de Repsol Ecuador S.A (Casa Matriz) constituida y domiciliada en España a la empresa New Stratus Energy constituida y domiciliada en la provincia de Alberta, Canadá, cotizante en la Bolsa de Valores de Toronto, bajo el símbolo TSXV:NSE.

La oficina central de New Stratus Energy en Calgary, Canadá; Como piratas no constan en el directorio, la oficina solo tiene un letrero de papel en la puerta de vidrio en el piso 24. Posiblemente les alquilan una oficina para el Presidente del Directorio.

 

En el directorio del Dome Tower, 333 7 Ave SW, Calgary, AB T2P 2Z1, Canadá el nombre de New Stratus ni aparece

A partir de dicha venta, Repsol Ecuador S.A. (Subsidiaria de New Stratus Energy) solicitó al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables el inicio de negociaciones con miras a una extensión y cambio de modalidad contractual de los contratos de los Bloques 16 y 67.

Repsol Ecuador S.A. inició sus actividades en el país desde 1995 al adquirir los derechos de participación, junto a otras compañías petroleras, para la operación de los bloques 14, 16 y Área Tivacuno.

Tomado de https://slideplayer.es/slide/3215407/

Luego de varias cesiones de derechos y obligaciones Repsol Ecuador S.A. y otras 3 empresas suscribieron el contrato de prestación de servicios (con varios contratos modificatorios) y constituyeron el Consorcio Petrolero Bloque 16 y el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno o Bloque 67.

La participación de las empresas en estos consorcios se estableció así:

La compra de acciones incluyó también el cambio de nombre de Repsol Ecuador S.A. por Petrolia Ecuador S.A., empresa que es la que aparece como una de las operadoras de los bloques 16 y 67 que en conjunto producen un promedio de 15.500 barriles diarios de crudo, de los cuales el 35% que equivale a 5.425 barriles diarios corresponde a Petrolia.

Hasta junio pasado el ofrecimiento de New Stratus al gobierno ecuatoriano era una inversión de $1.200 millones atada a que se les permita operar también los bloques 43 y 31 mediante la perforación y finalización de más de 200 pozos ya planificados por Petroecuador, junto con la construcción de conductos enterrados para oleoductos y tuberías de agua, cableado de transmisión de energía y cable óptico para datos. El objetivo sería conectar estos bloques con las instalaciones del Bloque 16, así como la prestación de todos los servicios de apoyo, incluidos los estudios de yacimientos.

Todo esto condicionado, además, a que se concrete una extensión, hasta por 15 y 20 años, de los contratos actuales para los Bloques 16 y 67, que vencen el 31 de diciembre de 2022.  La terminación del plazo de este contrato implica la reversión automática de la infraestructura y la operación de los bloques a favor del Estado, lo que es considerado por expertos como positivo para el país porque estos activos todavía tienen reservas remanentes.

En el último reporte del “Potencial Hidrocarburífero del Ecuador” (31-12-2019) Repsol registró en el Bloque 16 reservas totales por 14 millones de barriles y recursos contingentes por 22 millones de barriles. En el bloque 67, reporta reservas totales de 1.8 millones de barriles y recursos contingentes de 2.3 millones de barriles.

New Stratus ha solicitado también la migración del contrato de prestación de servicios a contrato de participación. En esta modalidad la compañía privada recibe parte de la producción de petróleo para compensar sus inversiones y el resto del petróleo queda en manos del Estado.

Este plan de New Stratus de conversión de contratos, extensión de plazos e inversiones está supeditado a que se logren acuerdos definitivos con Petroecuador y que las autoridades reguladoras aprueben los términos y condiciones.

Pero mientras la petrolera canadiense espera la respuesta final del gobierno ecuatoriano a sus propuestas, ha continuado con sus planes de fortalecer su participación en los bloques 16 y 67, pues el 8 de septiembre pasado, anunció que ha celebrado un acuerdo de compra de activos con uno de sus socios en la operación de los mencionados bloques. Adquirirá un paquete del 31% “por una contraprestación total de aproximadamente $ 1.2 millones en efectivo”.

Una vez completada la transacción NES tendrá una participación operativa del 66% en los contratos de servicio para los bloques 16 y 67.

New Stratus aclaró que la finalización de la transacción está sujeta a la autorización previa del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador y las autoridades antimonopolio. Una vez obtenidas estas aprobaciones consolidará una participación operativa en ambos bloques del 66% que significa alrededor de 10 mil barriles diarios de crudo.

Los intentos de New Stratus por ingresar al negocio petrolero en Ecuador iniciaron en 2020, pero su debilidad financiera fue la causa para que el Gobierno de Lenín Moreno frenara la operación.

Sin embargo, ahora las autoridades de energía han abierto la puerta de las negociaciones. El ministro del ramo, Xavier Vera-Grunauer, en conversación con pi. hace algunas semanas dijo que era mejor llamar a un concurso internacional, luego su discurso fue variando y ha dicho que el gobierno hará esfuerzos para llegar a un acuerdo con NSE y renovar sus contratos. Esto, a pesar de -no solo de las limitaciones financieras-  la poca experiencia técnica de la canadiense, sino también de que la vía legal para entregar esos campos al sector privado es una licitación.

Piratas

Antes de operar en Ecuador, mediante su participación en los bloques 16 y 67, New Stratus Energy (NES) solo registra operaciones de exploración en Colombia, en el bloque VMM-18.

NSE es una empresa de apenas dos años, según lo admitió su presidente y director general, José Francisco Arata, en una entrevista para Forbes Ecuador: “en 2018, a raíz de la solicitud de grandes fondos de inversión, nos incentivaron a juntarnos en un equipo técnico con amplia capacidad de generación de proyectos y creamos NSE… detrás hay ejecutivos que tenemos años de experiencia.”.

Arata afirmó que en 2019 fueron invitados por JP Morgan para la selección del reemplazo de la operadora de Repsol en Ecuador y que fueron elegidos porque Repsol y Pacific Rubiales trabajaron juntos en Colombia y Guayana. Arata es un empresario y geólogo venezolano que trabajó en Maraven S.A., filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y luego fue cofundador de la petrolera Pacific Rubiales que operó en campos petroleros de Colombia y Venezuela.

Según el último reporte fiscal publicado por la misma NSE, en 2021 tuvo una pérdida neta de $1,1 millones, con un capital de trabajo de apenas $53.758 y activos por $2.055,703. Recién en enero de 2022 en que New Stratus accede a los campos petroleros ecuatorianos, los ingresos de la empresa pasan de $0 a $25,7 millones (hasta primer semestre del año) y hay buenas perspectivas de contar con utilidades al final del ejercicio. Quién tiene padrinos se bautiza.

Si bien los indicadores de New Stratus empiezan a mejorar en 2022, eso es impulsado exclusivamente por la adquisición de las operaciones de los bloques 16 y 67, es una empresa con un capital de trabajo de apenas $29,14 millones hasta primer semestre de 2022. No está apalancada en otros respaldos financieros o  capitales fuertes. Por lo que hay preocupación sobre su capacidad futura no solo para enfrentar problemas de liquidez coyunturales, sino contingencias o pasivos que pudiera heredar de Repsol en un área por demás sensible para el planeta como es el Yasuní.

De hecho, en los informes y balances financieros presentados por Petrolia (antes Repsol Ecuador S.A.) a la Superintendencia de Compañías constan cinco contingencias que aún no han podido ser resueltas por la empresa.

La primera tiene que ver con un juicio coactivo en contra de Repsol que no se ha resuelto. Por recomendación de la Contraloría General del Estado, dentro del examen especial al convenio de cooperación entre Petroproducción y Repsol para incrementar la producción y reservas de crudo en el campo Shushufindi; Petroecuador emitió facturas por $3,013,240, inició la coactiva y embargó el valor facturado.

La entonces Repsol Ecuador inició un proceso de excepciones a la coactiva y la Corte Constitucional expidió una sentencia (No. 60-11-CN/20) el 6 de febrero de 2020, declarando la inconstitucionalidad de algunas normas que afectaban el proceso.

Tras esta resolución, en noviembre de 2021, la Corte Provincial (a donde regresó el caso) resolvió que debe continuar el juicio de excepciones a la coactiva, a partir del estado en que se encontraba hasta antes de la declaratoria de nulidad. El proceso está en la Unidad Judicial Civil en Quito desde el 14 de diciembre de 2021 pero todavía no avoca conocimiento.

Petroecuador reclama también el pago de US$1.022,033 por información entregada a Repsol YPF Ecuador S.A. dentro de un fallido proceso de licitación convocado por la estatal.

Repsol YPF Ecuador S.A. asegura que pagó el valor de las bases de licitación, que incluía el acceso al “data room” y a toda la información disponible para el efecto. Sobre este proceso se han pronunciado la Corte Superior y la Corte Nacional de Justicia y debe ser remitido, para su resolución al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta contingencia ha sido provisionada en los estados financieros. Adicionalmente, existen embargos ejecutados por $1,845,723.

El 31 de mayo del 2005, la Contraloría emitió una glosa en contra del contratista del bloque 16 por $2.578,612, de los cuales $902.514 le corresponden a Repsol, por la compra y utilización de químicos reductores de fricción. El 23 de noviembre del 2006, Repsol presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El proceso se mantiene abierto en la fase de presentación de pruebas.

Otra glosa de Contraloría fue en torno al contrato de participación del Bloque 16 por $2,788,408, de los cuales $975,943 le corresponden a Repsol por supuestos perjuicios ocasionados por el deterioro de la calidad del crudo del bloque. El 6 de junio del 2005, se presentó una demanda de impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero su sentencia confirmó la legalidad de la glosa y se desechó la demanda. Se interpuso recurso de casación y el proceso aún no ha sido admitido a trámite en la Corte Nacional de Justicia. Repsol no ha registrado provisiones por estos conceptos porque considera que tiene posibilidades de éxito en su defensa legal.

La administración tributaria determinó que los consorcios petroleros Bloque 16 y Tivacuno le debían $3,8 millones por la contribución solidaria sobre las utilidades creada por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Luego de establecer un acta de determinación por Impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 del Consorcio Petrolero Bloque 16 así como de la declaración sustitutiva presentada por el Consorcio Petrolero Bloque Tivacuno, el 7 de octubre del 2019, el Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió 2 liquidaciones de pago, una por la diferencia  por concepto de contribución solidaria de $2.073,583 más $414,715 por concepto de  recargo y US$1.022,703 por intereses para el Consorcio Petrolero Bloque 16 mientras que para el Consorcio  Petrolero Bloque Tivacuno el valor es de $184,706, más $36,941 por concepto de recargo y $115,180  por intereses. A Repsol le corresponde el 35% del total de esos conceptos, es decir $1,3 millones.

Los Consorcios presentaron reclamos administrativos ante el SRI que fueron negados en agosto de 2020. El 11 de noviembre de ese año, ambos Consorcios plantearon demandas ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario que el 25 de agosto de 2021 dejó sin efecto la Resolución concerniente al consorcio Tivacuno. El 5 de noviembre de 2021, este tribunal calificó un recurso de casación presentado por el SRI, ordenando remitir el proceso a la Corte Nacional de Justicia, que aun analiza la admisibilidad del recurso. Repsol no registró provisiones para este tema.

Contingencias Laborales

El Servicio de Rentas Internas estableció determinaciones de Impuesto a la Renta que se encuentran en Firme y Ejecutoriadas -habiéndose agotado todos los recursos administrativos, judiciales y constitucionales- No existe constancia de la entrega de la participación laboral por parte de Repsol S.A. y Consorcios, a los trabajadores, por lo tanto, se establece el siguiente pasivo laboral:

New Stratus asegura tener respaldo financiero

Para cubrir la inversión requerida en el plan de desarrollo de los bloques 16 y 67 New Stratus ha presentado a las autoridades un compromiso de financiamiento de Baker Hugues Capital Solutions con New Stratus. Su participación abarcaría también los servicios de perforación, reacondicionamientos, sistemas de levantamiento artificial, generación eléctrica y soporte técnico de yacimientos.

Carta de NSE en el que informa al Ministro Xavier Vera el acuerdo de alianza con Baker Hughes

En una carta enviada al ministro de Energía Xavier Vera, el 19 de agosto pasado, José Francisco Arata como representante Legal de la empresa canadiense; Vladimir Coello Carrillo, presidente de Baker Hughes; y Ramiro Páez Rivera, apoderado de Petrolia, pidieron al titular de esa cartera de Estado que emita el Acuerdo Ministerial, mediante el cual ratifique la autorización concedida por el ministro de Energía y Minas el 8 de noviembre de 2021, para la transferencia de las acciones que Repsol Exploración S.A. y Repsol Petróleo S.A. tenían en la compañía constituida en España, Repsol Ecuador S.A., actualmente denominada Petrolia Ecuador S.A., en favor de New Stratus Energy Inc. También le pidieron que apruebe la participación de la empresa Baker Hughes, como aliado estratégico de Petrolia, y que designe una comisión de negociación para la migración y ampliación de plazo de los contratos.

El contenido de este documento es un elemento más que refuerza los cuestionamientos a la capacidad técnica de New Stratus Energy, pues el rol que Baker Hughes tendrá en esta alianza estratégica evidencia que se encargará de todo el trabajo operativo. Entonces la interrogante aquí es ¿de qué se encargará Petrolia?

También se generan dudas sobre la autorización ya dada por el Ministerio de Energía para que NSE compre el 35% de participación en los bloques 16 y 67 a Repsol, pues se está pidiendo que el actual ministro ratifique tal aprobación.

A ello se agrega que el artículo 313 de la Constitución, así como los artículos 16 y 26 del Reglamento de Aplicación de Hidrocarburos, señalan que de manera excepcional se puede delegar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos a empresas privadas nacionales o internacionales de probada experiencia y capacidad técnica y económica, a través de un proceso licitatorio. Y el artículo 96 del Reglamento de Aplicación de la ley de Hidrocarburos dispone que “la empresa cesionaria deberá cumplir con requisitos de solvencia económica, financiera y técnica similares o mayores de la empresa cedente.”

Por lo tanto, no existe fundamento legal para que EP Petroecuador, operadora de los Bloques 31 y 43 en la Región Amazónica y la empresa privada New Stratus Energy, que opera los Bloques 16 y 67, bajo la modalidad de contratos de Prestación de Servicios Específicos, hayan suscrito el Memorando de Entendimiento de junio pasado, para el desarrollo de los campos 31 y 43.

Informe oficial del sacrificio de tortugas gigantes

En el mes de julio de 2022 pi. accedió a un informe de la Dirección del Parque Nacional Galápagos con fecha diciembre de 2013, en el que se expone la problemática de la matanza de tortugas gigantes en peligro de extinción dentro de la isla Isabela.

En las cinco secciones y los anexos que componen el informe se señala antecedentes de la problemática, se describe la situación de la matanza de tortugas gigantes y el tráfico de su carne en el 2013, se explica la relación entre cacería furtiva de tortugas gigantes y cacería de especies introducidas y se indica que, con el tiempo, estos crímenes han ido en aumento dentro de Isabela.

Llama la atención que ninguna autoridad conozca el contenido de este documento y aseguren que éste no existe oficialmente en los archivos de las oficinas del PNG. Si es así ¿cómo es que este medio lo tiene y no las autoridades llamadas a proteger la integridad del patrimonio natural?

Este portal no tiene dudas del contenido expresado en el informe, un año de seguimiento nos permite ratificarnos en cada uno de los reportajes que han evidenciado la negligencia de las autoridades del Parque Nacional Galápagos, acostumbrados al silencio y complicidad de guardaparques y grupos de colonos qué conocen la realidad.

El informe también presenta los nombres de 28 sospechosos implicados en la matanza de tortugas gigantes, entre ellos dos guardaparques de la Unidad Técnica Operacional de Isabela (UTI) de la DPNG, quienes actualmente están activos. Isabela es un cantón con aproximadamente 3000 habitantes dónde muchos saben quiénes matan tortugas en peligro de extinción, así como quiénes trafican y compran la carne de tortuga gigante.Cabe mencionar que nueve sospechosos presentes en el informe también fueron señalados por fuentes ciudadanas y por fuentes de la DPNG, dentro de la investigación periodística, por estar involucrados en la matanza de tortugas gigantes y en el tráfico de la carne de galápago. Varios de estos presuntos delincuentes ofrecen carne de tortuga gigante a los hogares de Puerto Villamil.

A continuación, el documento titulado “Informe Técnico. Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, tal como Periodismo de Investigación lo recibió de las fuentes en julio del presente año. El documento se explica solo.

Tienen razón en tener miedo

La violación se utiliza en conflictos como una estrategia militar deliberada y en cuanto empiezan los disparos, es la causa principal de miedo para mujeres y niñas. 

Tienen razón en tener miedo. Es fundamental La violencia sexual en los conflictos está aumentando en todo el mundo; en un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, se identificaron en el mundo 49 agentes, estatales y no estatales, como sospechosos de haber cometido, o de haber sido responsables de violación u otras formas de violencia sexual en situaciones de conflictos armados en 2021.

El testimonio de una mujer de la región de Equatoria Central, en Sudán del Sur, describe una situación que, por desgracia, resulta demasiado común. Atacada por soldados en su propia casa, contó: “Después de que un hombre me mordiera, otro me apuntó directamente al pecho con la pistola y me dijo que, si no los aceptaba, me mataría”. Esta violación a sus derechos humanos ocurrió delante de sus hijos aterrorizados.

La violencia sexual y de género aumenta siempre que hay un conflicto armado, porque el miedo, el caos y la confusión crean condiciones perfectas para los agresores. Los conflictos armados agudizan las desigualdades de género que repercuten exacerbadamente sobre mujeres y niñas en todo el mundo, aumentando los niveles de violencia a los que de por sí ya están expuestas. La ruptura de normas sociales, de las restricciones legales y de protección común, otorga a los hombres armados la oportunidad de aprovecharse de las mujeres, niñas, niños, y adolescentes vulnerables. A menudo lo hacen como una táctica intencionada para aterrorizar a la población.

Los conflictos y los desastres naturales separan familias y desplazan a mujeres, niñas, niños, y adolescentes, obligándolos a trasladarse a campos de refugiados y otros entornos inseguros. Los separan de sus comunidades, estructuras sociales y redes de apoyo, así como de los servicios sanitarios y sociales.

En estos entornos las mujeres y niñas tienen más probabilidades de sufrir violencia de género y se vuelven extremadamente vulnerables a abusos físicos, sexuales y psicológicos. De hecho, de los casos de violencia sexual en conflictos reportados durante 2021, el 97% fueron de mujeres y niñas.

Las mujeres, niños, niñas, y adolescentes migrantes también se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género debido a la falta de rutas de migración seguras y reguladas. Esto se ve agravado por la falta de acceso a servicios básicos e información, incluida la relacionada con sus derechos, así como por barreras lingüísticas y acceso limitado o nulo a un trabajo decente y a oportunidades educativas. Una evaluación realizada entre personas migrantes y refugiadas en la frontera entre Colombia y Venezuela clasificó la atención y la prevención de la violencia sexual y de género como una de las 10 principales necesidades insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva.

Una revisión de 19 estudios estimó que el 21% de las mujeres desplazadas sufrieron violencia sexual. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que el registro de los incidentes es irregular y las mujeres suelen tener miedo a hablar por temor al estigma social.

En circunstancias de desesperación, las mujeres, niñas y adolescentes pueden verse obligadas a intercambiar sexo por comida, dinero y otros recursos necesarios para sobrevivir. Hasta un tercio de las niñas que viven en un entorno de crisis humanitaria afirman que su primera relación sexual fue forzada.

Pero los conflictos armados no son el único motor de la violencia sexual y de género. Las emergencias sanitarias, en particular la COVID-19, y las catástrofes naturales, incluidas las ocasionadas por el cambio climático, son también factores importantes. Antes de la pandemia, una de cada tres mujeres en el mundo había experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. En 2021, una evaluación realizada por ONU Mujeres en cuatro  países descubrió que más de la mitad de las mujeres encuestadas declararon que ellas, o alguna mujer conocida, habían sufrido violencia física y abusos verbales desde que inició la pandemia.

La COVID-19 también ha interrumpido los servicios sanitarios esenciales y ha desviado recursos hacia la respuesta a la pandemia. Las barreras para reportar y acceder a servicios, incluyendo estigma, miedo a represalias y un estado de derecho frágil han existido desde hace mucho tiempo, pero se han intensificado debido a la pandemia. Adicionalmente, las restricciones de movilidad debido a la COVID-19 no permiten a las supervivientes de violencia sexual acceder a servicios esenciales. 

El cambio climático y las catástrofes naturales provocan pobreza, desplazamientos, conflictos y pérdida de acceso a la educación. Llevan indirectamente a un aumento en el matrimonio infantil, reconocido por el derecho internacional como una forma de violencia de género.

Por desgracia, el matrimonio infantil es solo una atrocidad más de una larga lista. Durante 2018, la ONU verificó más de 24.000 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes en veinte países, incluyendo el reclutamiento de niños soldados, asesinatos o mutilaciones y agresiones sexuales o secuestros.

Acciones dirigidas

Estas atrocidades no desaparecerán por sí mismas. Necesitamos urgentemente acciones e intervenciones específicas para prevenir y responder a la violencia sexual y de género, especialmente en entornos frágiles y de crisis humanitarias, respetando los derechos humanos universales y el derecho internacional humanitario. Los y las supervivientes requieren servicios específicos de salud sexual y reproductiva y atención social, así como participar en la toma de decisiones. Sin embargo, como demuestran los datos, a menudo no se dispone de esa atención o no es accesible. Asimismo, exigen justicia y rendición de cuentas por parte de los perpetradores. Pero la mayoría de los crímenes son impunes, no hay consecuencias para los responsables y los supervivientes se ven sin reparaciones ni remedios.

A nivel global, es necesario un esfuerzo multilateral y sistemático para acelerar la respuesta y prevenir la violencia sexual y de género, reforzando la colaboración internacional para lograr salud y derechos sexuales y reproductives de forma integral para toda la población, incluyendo la prevención. También se debe asegurar la respuesta a supervivientes con una perspectiva de género y de edad, alineado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

En el ámbito nacional, los países deben crear políticas y concentrar recursos para proteger la salud física y mental de personas refugiadas y en desplazamiento, así como de otras personas en riesgo de violencia sexual debido a conflictos armados. Las medidas deben integrarse en un programa global de salud y derechos sexuales y reproductivos, que proteja el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en todos los entornos, incluidos en los de respuesta humanitaria. También son necesarias las medidas para promover la rendición de cuentas y reducir la impunidad de los perpetradores.

Los países deben destinar inversiones a largo plazo y elaborar planes de protección social con el fin de integrar esta agenda en su respuesta humanitaria de emergencia y programada, incorporando este enfoque en todos los sectores de actuación. Esto incluye inversiones en el fortalecimiento de capacidades, el análisis y seguimiento de datos, la formación esencial de los y las trabajadoras sanitarias y la creación de un entorno propicio y seguro en el que estos y estas puedan trabajar.

Nos enfrentamos es una “plaga” global de violencia sexual y de género, que se alimenta del caos anárquico de los conflictos armados, de la perturbación sin precedentes que ha generado la COVID-19 y de la creciente destrucción ocasionada por el cambio climático.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha elaborado una guía sobre las dimensiones relacionadas al género de la reducción de riesgos por desastres en el contexto del cambio climático y las mujeres en la prevención de conflictos, situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos. Tenemos las herramientas para acabar con esta plaga, pero será necesario abordar el problema a través de alianzas en todos los niveles. Nuestras acciones deben estar guiadas por los principios clave de derechos humanos – igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, rendición de cuentas, así como acceso a la justicia. Ningún aporte individual tendrá el impacto necesario por sí mismo; todos los sectores y actores relevantes deben contribuir a erradicar la violencia sexual y de género en conflictos armados y entornos humanitarios.

Conflicto de tierras: Todos quieren Ayalán

Devastar un bosque nativo cuesta USD 2 millones en Ecuador, pagados con fondos públicos. Eso ocurrió en la hacienda Ayalán, ubicada en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil. Un amplio terreno de no muy fácil acceso al que se llega por la vía a Playas y en el que a primera vista todo parece ser una extensa zona que no está siendo plenamente aprovechada. No quedan mayores indicios de que aquí, hace apenas 9 años, todavía se podía apreciar el color verde de un amplio bosque, que además era el refugio natural de animales silvestres que ahora ya no se ven más. Las afectaciones a la naturaleza resultan irreversibles.

Y todo ese daño tuvo financiamiento del Ministerio de Agricultura, que en 2013 contrató el desbroce del bosque con un presupuesto de USD2 millones por un total de 3500 hectáreas. Un monto que no deja de llamar la atención a José Ignacio Jorgge Bejarano, quien conoce muy bien de los valores que se pagan por hectárea para dejar libre el terreno y listo para futuras siembras. «Allí hubo un sobreprecio descomunal», opina sobre lo que se pagó para eliminar los árboles en terrenos que siguen siendo de su propiedad, hasta hoy. Esto último es el segundo aspecto irregular de este tema: el ministerio de Agricultura disponiendo de los terrenos de una hacienda que todavía tiene otros propietarios, miembros de la familia guayaquileña Jorgge. El tercer punto que llama la atención es la cantidad que el Estado pretendió pagar por esta inmensa zona, en un proceso de expropiación y posterior mediación: menos de lo que canceló por el desbroce, USD1 millón quinientos mil dólares, cantidad que no ha sido aceptada por sus legítimos propietarios.

Todos estos detalles forman parte de un largo proceso en el que participan varios actores que intentan convertirse en los protagonistas principales y finales de lo que ya parece una película de suspenso que no tiene desenlace.

El ex ministro de Agricultura Javier Ponce asumió en 2015 la responsabilidad de los retrasos del proyecto Ayalán, que debió haberse puesto en marcha «hace mucho rato».

A NOSOTROS NOS OFRECIERON EN ESPAÑA

Si en algo coinciden los migrantes retornados que se reunieron en el Terminal Terrestre de Guayaquil para contar sus testimonios sobre este tema, es que todos ellos estaban por su cuenta trabajando duro en España -allá por los años 2000 al 2010- para intentar enviar algo de remesas a Ecuador, como parte de esa inmensa ola de compatriotas que salieron expulsados del país por el congelamiento de depósitos y la crisis bancaria.

Fue así que por el 2012 llegaron a Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, funcionarios del gobierno de Rafael Correa para hacerles un ofrecimiento tentador: que regresen a Ecuador para ser propietarios de tierras agrícolas. María Cisneros emigró cuando tenía 23 años y su primer trabajo fue cuidar ancianos y hacer limpieza por lo que ganaba 600 euros al mes. No era mucho, pero ella conseguía sobrevivir en la cara Europa. Después fue camarera de hotel, cajera de supermercado, niñera. Hizo de todo. Hasta que a los diez años de haber llegado a España se enteró de la oferta de retorno con propiedad incluida, tal como lo pintó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta milagreña ahora asegura que se lo creyó todo, razón fundamental que tuvo para finalmente emprender el regreso.

Así como ella, Leonardo Díaz, Jorge Ricaurte, Issac Chumbay y algunos más como Lorena Alarcón, que a diferencia de sus compañeros, migró hasta Houston, Estados Unidos, cruzando en un bote el río fronterizo al salir de México. Esta mujer de 52 años y oriunda de Naranjal, llegó con el trabajo asegurado en un chifa, como parte del paquete de servicios ofrecido por un coyotero de Quito. Lo primero que ganó fue para pagar su deuda con el traficante de personas.

Historias así se repiten con frecuencia. Pero los que regresaron convencidos con los ofrecimientos, fueron alrededor de 400. Con el paso de los años, la mayoría perdió las esperanzas y dejaron abandonada la causa; incluso unos cuantos volvieron a migrar. Ahora son alrededor de cien los que siguen pendientes para que se concrete la promesa que les hicieron hace una década. Pasó el gobierno de Correa, terminó el gobierno de Moreno y ahora tienen la esperanza de que sea el gobierno de Lasso el que los haga propietarios de las tierras de Ayalán. Aunque Lasso nunca les ha ofrecido nada.

La esperanza es lo último que se pierde. Los migrantes que retornaron con la expectativa de tener tierras ahora son menos, pero diez años después siguen buscando que les cumplan con lo que les ofrecieron.

El proyecto político «Plan Tierras» se puso en marcha el 22 de agosto de 2012 por Resolución Nº 295 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con la que resuelve declarar de interés social y de ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Ayalán, en una superficie de 4.137,40 hectáreas en la parroquia rural El Morro, cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Meses después, en enero de 2013, la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, les decía a los migrantes que la idea era que la tierra sea de quienes la trabajen: «Estamos pendientes todos en el gobierno de que este proyecto se haga en su debido tiempo», prometió.

El siguiente paso fue presentar por parte del Ministerio de Agricultura la demanda de expropiación. Eso ocurrió el 17 de junio de 2013, recayendo el libelo en el juzgado séptimo de lo Civil de Guayas, que al admitir a trámite el proceso ordenó la ocupación inmediata por parte del Proyecto Unificado de Acceso a Tierras y Productores Familiares, sobre la totalidad del inmueble materia de expropiación. Con la demanda planteada y la consignación respectiva, vía transferencia bancaria a la cuenta del juzgado, se evidenció la acreditación de USD1´521.901,00, con fondos del Ministerio, pidiendo la expropiación urgente del inmueble de 4.137,40 hectáreas de propiedad de la compañía Valoriani.

Pese a estar acreditado en el juzgado el valor determinado por avalúo catastral de estas tierras, los propietarios de la empresa Valoriani, se negaron a cobrar. Entonces se llegó a un punto muerto.

Mientras esto ocurría, ese mismo año 2013, un nuevo actor se sumó: la empresa camaronera Cofimar pagó a Valoriani USD200.000 por una promesa de compraventa de 600 hectáreas de Ayalán, que formaban parte de las 4137 hectáreas declaradas de interés social y demandadas en expropiación por el Ministerio de Agricultura. El negocio pretendido de la camaronera era por un valor total de USD1.200.000 y los USD200.000 eran un anticipo, explica el abogado de la empresa, Xavier Valverde. Desde entonces, esta empresa ocupó los terrenos y ha invertido más de USD10 millones para la producción acuícola que no ha parado, relata Valverde. El propio Ministerio de Agricultura le ha concedido vía adjudicaciones más tierra a esta camaronera, a razón de un valor de USD148 por hectárea, «que es lo que establece la ley. No hay cómo pagar más ni menos», sostiene el abogado Valverde

Vestigios de lo que un día fue. Ayalán está ubicado a una hora de Guayaquil, en la parroquia El Morro

Ya para 2014, el gobierno de Correa se preocupó de que no avanzaba la expropiación y la ofrecida entrega de las tierras a los migrantes. Fue el Canciller Ricardo Patiño el que llegó a Madrid para poner excusas y justificar «que no podemos estar en todo». Reconoció las fallas y «hablar otra vez de una hoja de ruta ya me da hasta vergüenza 》

Pero ni Patiño pudo hacer nada. El juicio de expropiación en Ecuador se fue de largo y no recibía sentencia «porque los jueces sabían que incurrirían en una ilegalidad si concretaban ese despojo», dice José Jorgge, de la empresa Valoriani, propietaria de la hacienda Ayalán.

Lo que sí ocurrió fue que mediante Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0010-CMAT-2016-QUI del 17 de enero de 2017, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la compañía VALORIANI S.A., arribaron a un consenso en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, bajo el amparo jurídico otorgado por la Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 09122 de 13 de enero de 2017. Parecía que por fin se pondría fin al conflicto de tierras en Ayalán pero eso apenas fue la expectativa. La realidad fue diferente.

La realidad fue que un mes después del acuerdo de mediación, el 21 de febrero de 2017, la Autoridad Agraria Nacional otorgó Actas de Ingreso para Labores Agrícolas sobre el predio de Ayalán a un grupo de diez Asociaciones Campesinas y una cooperativa. Quienes formaban parte de estas asociaciones comenzaron a llegar a estas tierras y empezaron a sembrar. Ellos aseguran que los terrenos son fértiles y producen desde maíz, plátanos, uvas y otras frutas. Cuentan para ello con un canal de riego que cruza la propiedad.

En marzo de 2017, el juzgado Civil de Guayaquil dispuso el archivo del juicio de expropiación debido al desistimiento de las partes. Pero el acuerdo firmado por la Mediación de la Procuraduría tampoco se ejecutó, según José Jorgge, «por incumplimientos de la otra parte». Una vez más, el Estado ha intentado pagar lo establecido en la Mediación, pero Valoriani se rehúsa a recibir el dinero.

Ayalán ya tiene un centro poblado. Y las obras de agua potable y aguas servidas están siendo ejecutadas por el municipio en este momento.

El golpe de timón lo dio en su último acto la ex ministra de Agricultura Tanlly Vera, quien renunció el 15 de septiembre de 2021 y, un día antes, el 14 de septiembre, decidió “revertir la declaratoria de interés social y ocupación inmediata del predio denominado hacienda Ayalán, realizada mediante resolución administrativa N. 527 de 08 de noviembre de 2013 y resolución administrativa 301 del 21 de julio de 2014. Disponiendo la devolución del predio de la hacienda Ayalán a favor de la compañía VALORIANI S.A.”.

Esta acción de salida de Vera tomó por sorpresa a todos. En virtud de dicha resolución comenzaron a la par procesos de revisión de adjudicaciones de terrenos de Ayalán hechas a camaroneras en el año 2021. Estas empresas se defendieron y presentaron pedidos de medidas cautelares autónomas. Un juez de Samborondón se las concedió.

En septiembre del año pasado comienza también a intervenir en este tema el asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas. Su primera acción fue pedir información al recién llegado ministro de Agricultura, Pedro Álava, quien en noviembre de 2021 resolvió dejar sin efecto la resolución de Tanlly Vera en la que revertía la declaratoria de interés social de Ayalán y ordenaba devolver el predio a sus dueños.

El asambleísta Vanegas dice que interviene en este caso porque se trata de claros intereses de «los traficantes de tierras». Ni siquiera valida que las organizaciones que buscan ser adjudicadas estén integradas por migrantes retornados, sino por aprovechadores que andan buscan terrenos para invadirlos, en una práctica recurrente. Y que no defiende a las camaroneras, sino la seguridad jurídica.

El ministro Álava estuvo hasta mayo de 2022. Desde el 4 de ese mes, se sumó otro actor, el nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien reconoce que quienes estuvieron al frente de esta Cartera antes no hicieron bien las cosas y enredaron todo en Ayalán. Ahora, con Manzano al frente, el Ministerio ha comenzado procesos de reversión de adjudicaciones hechas con irregularidades a empresas camaroneras. Un informe establece que “con base a la información remitida por la Dirección Distrital Guayas, esta Subsecretaría ha podido advertir irregularidades en los procesos de adjudicación realizados dentro del predio Ayalán, toda vez que los mismos fueron tramitados por posesión agrícola, cuando en realidad debieron tener un tratamiento como procesos de redistribución”. Adicionalmente, solicitó que se inicien los procedimientos administrativos de Revisión de Oficio contra los predios adjudicados dentro del predio Ayalán.

El propósito del ministro Manzano es que finalmente se concrete el ofrecimiento que se les hizo a los migrantes retornados y adjudicarles las tierras, una vez solucionado también el eterno conflicto con la empresa de la familia Jorgge, que sigue latente.

Por este hecho, el asambleísta Ricardo Vanegas, quien está a favor de las camaroneras, ha puesto en la mira al ministro Manzano. Y ha comenzado a recoger firmas para llevarlo a juicio político y conseguir su censura y destitución. Todo un propósito que lo justifica con la causal de incumplimiento de funciones. Manzano, por su parte, sostiene no estar amedrentado y lo toma casi como una consecuencia normal de topar fuertes intereses. Y por si no bastara todo el enredo legal, la Fiscal Diana Salazar sumó un hilo más, al abrir en agosto pasado una indagación previa por el supuesto delito de tráfico de influencias.

La familia Jorgge, por su lado, en su balance solo acumula pérdidas: «Con este cuento destruyeron 3500 hectáreas de bosque seco, guayacanes, algarrobos, cultivos, 200 hectáreas de maíz, 80 bovinos, 300 cabras, 10 hectáreas de papaya. Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge Álava.

«Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge.

 

 

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo ganará  el cálculo de la renta electoral en la respuesta que los líderes locales le otorgan y le deben otorgar a la lucha contra este tipo de delincuencia?  ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para  que alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados tomen el lugar real que les corresponde y ejecuten de una vez una efectiva política pública preventiva?

¿Cuáles son los  motivos detrás de la omisión del CIES en formar parte del gabinete Estratégico conformado por el Decreto 536 y, con esto dejar sin análisis prospectivos al Estado, al tomar decisiones de alta relevancia en materia de seguridad?

Sabemos ya que el Estado ecuatoriano por décadas construyó una serie de condiciones estructurales de desigualdad social, que privaron de su misma presencia real a territorios importantes del país; que ese mismo Estado ejerció y sigue ejerciendo violencia estructural contra los sectores más vulnerables de la población.

Conocemos que las estructuras de delincuencia organizada llenan el espacio dejado por el Estado, y al hacerlo ganan la fidelidad de la población, pues reclutan a personas vulnerables dentro de sus filas. El resultado de estos hechos se refleja en la ausencia del imperio de la Ley en barrios, sectores y ciudades completas.

Deja ver su lado humano en aquellas personas privadas de libertad por condenas, en su mayoría, de tráfico de drogas. Hablamos de mujeres y hombres que con suerte leen y escriben, que nacieron pobres, que no rompieron el círculo de pobreza que en este país pesa más que armadura de hierro y, que condena  a generaciones completas.

Tenemos conciencia también de que bajo las condiciones actuales es alta la probabilidad de que «perdamos la batalla contra el narcotráfico»; utilizando la alegoría que se usa desde el mismo Gobierno.

No necesitamos ser expertos para intuir que: sin medidas estructurales de reforma en diferentes ámbitos, el país no experimentará mejoras en el panorama de seguridad. La violencia que sufrimos es multicausal; si la intención es solucionar la violencia de forma permanente el único camino es la prevención integral.

¿Cómo prevenir? Al mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país, que amplíe sus posibilidades de vivir y no sólo de sobrevivir. Privilegiando en política pública todo lo referente a esta población, más aún cuando se trata de adolescentes infractores.  La fidelidad a las pandillas, el consumo de drogas, y otras conductas de riesgo se aprenden a corta edad, y con el actual sistema sólo se consolidan. Para cumplir el objetivo requerimos que todos los sectores: Estado central, GADs, sector productivo, academia, gremios, entre otros se involucren de forma directa.

Mientras se actúa en este sentido también es urgente consolidar el proceso de depuración iniciado en Policía Nacional y Fuerzas Armadas; reformar los reglamentos disciplinarios y ejecutar una reforma importante en los procesos de formación de sus miembros, que les permita tener éxito al proporcionar seguridad.

En el mediano y en largo plazo centrarse en formar el tipo de profesional necesario para el contexto de hoy. Dejar de lado los ahorros que nos generan desventajas comparativas frente a otros cuerpos de seguridad de la región, y todavía más frente a estructuras de delincuencia organizada.

Sin generar capacidad de anticipación desde el Estado, gastaremos recursos sin solucionar el problema de fondo. Necesitamos reforzar un sistema de inteligencia profesionalizado.

Requerimos analistas civiles con nombramiento, que puedan dedicar su carrera profesional a descifrar este problema y salvar vidas, con capacidad real de generar prospectiva de forma constante. Requerimos también que los tomadores de decisiones tomen en cuenta estos criterios al diseñar políticas públicas.

No podremos solventar el problema de seguridad sin antes consolidar la institucionalidad del CIES  y blindar el SNAI. Es urgente consolidar exitosamente el proceso de reordenamiento y depuración que construirá paz dentro de los centros de privación de libertad. Cada acción implementada para solucionar el problema tiene también un efecto colateral, la tendencia de subir el nivel del discurso ya nos está provocando consecuencias. No podemos esperar a llenarnos de niños y niñas muertos para empezar a tomar el problema en serio.

El Presidente Lasso tiene la oportunidad de pasar a la historia como el responsable de sentar las bases estructurales para que no sea la lógica de la delincuencia organizada la que prime en desmedro de la sociedad. Ecuador debe ser un territorio donde la vida pueda reproducirse, donde la vida se desarrolle libremente, y no esté a merced de las decisiones de los violentos.

Hunting and extinction of Isabela’s giant tortoises

In the event report presented by the GNPD, through the UTI, to the Judicial Police, the names of Klever Enrique Gil Jaramillo and Jacinto Ramón Pinargote Pomboza appear as the rangers who found that “slaughtering center”.

They were probably the ones who took the photographs of the slaughter, which went viral and reached the authorities of the National Assembly and the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition (MAATE, in Spanish). But for unknown reasons, in that news report there was no mention of another park ranger who, according to UTI staff, would also have been there at the time of the finding, Máximo Mendoza Yépez.

A police officer and a park ranger at the giant tortoise slaughter center in La Gorra, in September 2021.

The 15 Galapagos tortoises killed were Chelonoidis guntheri, a species listed as critically endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In chapter 20 of the book Galapagos Giant Tortoises, by James Gibbs et. al., published in 2020, it is estimated that the population density of giant tortoises should normally be 2.5 adult giant tortoises per habitat hectare.

Images of the discovery of the giant tortoise slaughter center in the La Gorra sector in September 2021.

The habitat area calculated for Chelonoidis guntheri is large, 170 km2 which comprise high and low areas around the Sierra Negra volcano and where, based on the calculation, there should be 42 500 tortoises. But, as mentioned in this chapter of this book, in the last population census of this species, carried out in 2006, only 286 individuals were found in the field and an approximate 572 tortoises was estimated throughout their habitat. After that census, done 16 years ago, currently the population size of the species is unknown.

However, as detailed in chapters 19 and 20 of Galapagos Giant Tortoises, due to the invasive species that currently prey on Isabela’s giant tortoises and their eggs, such as fire ants, rats, pigs and dogs, to those that compete for food with giant tortoises such as feral cows, and mainly due to poaching, the number of surviving Chelonoidis guntheri individuals could be very small.

It is also worth mentioning that in recent years, the theft of juvenile Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina tortoises (giant tortoises of the Cerro Azul volcano catalogued as endangered by the IUCN) from the Arnaldo Tupiza Chamaidán Breeding Center in Isabela for international species trafficking entails serious problems for conservation. These two species, emblems of Isabela and Ecuador, are a few steps away from disappearing forever and the causes are well known by scientists and also by GNPD and MAATE officials.

The authorities of these institutions know that the giant tortoises of the south of Isabela, Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina, are becoming extinct mainly because of the clandestine consumption of giant tortoise meat by a minority of the Isabela Island population.

In Galapagos, the slaughter of giant tortoises has been prohibited since 1933. Currently, killing an animal of an endangered species is a crime typified in article 247 of the Integral Criminal Organic Code of Ecuador (COIP, in Spanish) as a crime against the country’s flora and fauna. However, in Isabela, unlike the rest of the Galapagos province, the slaughter of giant tortoises continues taking place in the sight of the competent public agencies.

According to the information obtained in this journalistic research, one of the possible reasons for the lack of action on behalf of the agencies may be related to the fact that there would allegedly be employees of the Isabela Municipal GAD (Decentralized Autonomous Government), the Galapagos Governing Council, the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG, in Spanish) and the Galapagos National Park Directorate (UTI-GNPD) involved in these crimes against the country’s most emblematic wildlife.

At the beginning of 2022, during a visit to the Arnaldo Tupiza Chamaidán Giant Tortoise Breeding Center in Puerto Villamil in Isabela, when asking the site guide about the consumption of Galapagos tortoise meat, he explained that in the past settlers slaughtered giant tortoises to survive on the island but that no one does it anymore due to the crime it represents and the current availability of varied foods in Isabela and throughout the Galapagos.

Then the guide spoke about a program where Isabela´s children feed and take care of Galapagos tortoises to raise their awareness and prevent them from killing giant tortoises in the future.

Going back to the subject again, the guide admitted that there are “fishermen” who, knowing that it is a crime, still capture Galapagos tortoises, even in the north of the island, for meat consumption. However, he said it was a delicate matter and stated that if you are a snitch (and turn them in) they can even kill you… for being a good citizen and denouncing them.

Last May, in a conversation between this media outlet and Att. Christian Fárez, the first prosecutor who investigated the case of the 15 Galapagos tortoises killed and slaughtered in Isabela, Fárez revealed a significant fact: the slaughtering of giant tortoises is carried out for consumption and also for illegal meat trade among a certain group of islanders.

In conversations with residents of Isabela, who for safety reasons asked Periodismo de Investigación to protect their anonymity, we found out that 10 or 12 years ago most Isabeleños, who are now tour operators, were fishers, and that several of them used to kill Galapagos tortoises, even more than 40 Galapagos tortoises a month.

Residents say that among the people currently working in showing the value of Isabela’s natural heritage to tourists are, ironically, some of the endangered giant tortoise meat eaters.

But then, who are those who make wildlife crime a way to make money?

Isabela’s residents explained that before answering that question, legalized hunting must be understood as a transcendental issue of the problem. Surprisingly, by filling in an application at the GNPD technical units and paying USD 2.00, residents of San Cristóbal, Santa Cruz and Isabela islands can get a permit that allows them to hunt introduced species of social interest such as pigs, cows and goats on their islands, for three days, within the Galapagos National Park, as a means of controlling their populations.

But, according to Isabela’s park rangers and residents, those who hunt usually enter the protected areas with or without such permit. Now, in what way is the hunting of introduced animals performed? The use of firearms is prohibited within the National Park, but to our bigger surprise this activity is carried out with packs of hunting dogs. According to UTI officials, information from the Galapagos Giant Tortoises book, and to residents of the island, these are poorly cared for and unsterilized dogs that usually run away in the countryside and are currently invading the island’s ecosystems and further affecting Isabela’s native fauna. In fact, in the 2021 and 2022 entry control sheets to Isabela’s protected areas, the number of dogs have been recorded at the hunters’ entry, but not at their exit.

After reviewing the ecological problem posed by these hunting methods to target introduced animals, we move on to the biggest problem which, according to anonymous GNPD and resident sources and based on a 2013 GNPD internal control document, many of those hunting the pigs and feral cows of Isabela are also those who are slaughtering the Galapagos tortoises of the island and those trafficking their meat.

In Chapter 20 of Galapagos Giant Tortoises, poaching is pointed out as the main cause of the current extinction process of Chelonoidis guntheri and according to the information collected for this report, the poaching of this species is closely related to the hunting of invasive species: pigs and cows. A GNPD report on poaching on the island verbatim states that: “to avoid suspicion, hunters mix tortoise meat with beef and pork, which are also hunted in the same places where these reptiles are found”. 

That is how, even when the GNPD knows about the killing of tortoises and the introduction of dogs to the natural environments of Isabela, the hunting of pigs and feral cows remains conceptualized as an ecosystem restoration activity, according to the 2005 Management Plan of the Galapagos National Park, as it is considered as the extraction of invasive fauna.

Fabricio Morocho Segura pointed out by resident sources and DPNG sources as giant tortoise meat trafficker in Puerto Villamil.

Several residents of Isabela, who are not related to each other, stated that a man named Fabricio Morocho Segura goes from house to house, offering giant tortoise meat, in Puerto Villamil. This man works as a captain of tourist boats and is the brother of Víctor Ramiro Morocho Segura.

Ramiro is a member of the Isabeleños ASSOCIATION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF INTRODUCED SPECIES, which is an unincorporated association formed by the island’s hunters. However, when Periodismo de Investigación requested information from this organization, in the response letter to the questions asked, it was explained that neither the MAATE nor the GNPD have provided the hunters with any training on the “control and management of introduced species.”

According to an anonymous GNPD source, many years ago, in the early 2000s, the institution carried out two invasive species control projects in Isabela in collaboration with invasive species hunters. At that time, some of those hunters were already known as giant tortoise killers.

Among the names that anonymous GNPD and resident sources stated most frequently as giant tortoise hunters and Galapagos tortoise meat traffickers in Isabela are those of the people who run the hunting association, Adolfo Flor Moya and Julio Tiler Flor Yepez, nephews of the former assemblywoman for the province of Galapagos and wife of the former mayor of Santa Cruz, Brenda Flor Gil.

Julio Tiler Flor Yépez a hunter pointed out by several sources and singled out in the DPNG report, as a trafficker of giant tortoise meat.

On October 6, 2021, at the 32nd Session of the Biodiversity and Natural Resources Commission of the National Assembly, after learning about the case of the 15 tortoises killed in Isabela, Galapagos assemblyman Pedro Zapata asked Environment Minister Gustavo Manrique about the actions his state portfolio would take in this regard. The Minister first replied that he “wanted” to see this matter as an issue of tortoise meat “ancestral consumption”, trying to disguise this crime as a cultural manifestation.

Then the Minister gave the floor to Danny Rueda, the Director of the National Park, who gave details about the complaint made. Nevertheless, ancestry cannot be brought to the table since the first human settlements in Isabela were in 1897 and only 36 years later the killing of giant tortoises was banned. According to the Galapagos Giant Tortoises book, those who historically exploited the Galapagos tortoises between the 16th and 19th centuries were European pirates who stopped on the islands to capture them for food.

Efrén Pomboza Gil, UTI’s park ranger, signed, in the DPNG report, as giant tortoise meat consumer.
Efrén is brother of Tony Pomboza Gil, who was signed, in the DPNG report, as a trafficker of
giant tortoise meat trafficker

According to Jacinto Gordillo in his book Relatos de 44 años en Galápagos (Stories of 44 years in Galapagos,) criminal fugitives fleeing from the Colonia Penal (the Prison) that the state established in Isabela between 1946 and 1959 also consumed giant tortoise meat.

In general, the sources consulted for this report feel discomfort about what is happening with the Galapagos tortoises and agree that tortoise meat consumers are a minority among the 2 350 inhabitants of Isabela. Island sources agree that those are people who need to value the unique and wonderful nature they coexist in. Currently, the Galapagos province lives on its natural attractions. In fact, according to the Galapagos 2030 Plan of the Galapagos Governing Council, currently 51.4% of the economically active population work on tourism-related activities, which represent 64% of the provincial Gross Added Value (GAV), thanks to the archipelago’s natural wonders. And Galapagos wouldn’t be Galapagos without giant tortoises.

According to GNPD officials, who asked not to disclose their names, knowing all the hunters registered in the hunting permits and in the entry control sheets to the National Park, does not guarantee finding all those who kill Isabela’s giant tortoises there. Residents say that there are those who by land or sea enter the protected areas without permits, sometimes even from other islands, and also kill giant tortoises.

This problem is serious because those criminals are more difficult to identify and stop. According to anonymous GNDP sources, the place in Isabela where park rangers have reported most remains of giant tortoises slaughtered is the Caleta Iguana sector, habitat of Chelonoidis vicina, near the Cerro Azul volcano.  

To the poaching problem, the neglect of the island in terms of security is added. Isabela is the largest island in Ecuador with 4 588 km2 in area. In comparison, the province of Tungurahua measures 3 386 km2. In a meeting with Homero Bucheli Robalino, lieutenant colonel of the Ecuadorian Air Force, on security, he explained to Periodismo de Investigación that, due to the island’s size, at least drones with a 25-kilometer range, long autonomy, with 200x cameras, thermal imagers and advanced command and control centers linked to all the relevant authorities would be necessary for proper protected area surveillance, however this technology is not currently being used.

On the other hand, sources from GNDP’s Isabela Technical Unit (UTI) assure that, on the island, the Environmental Police mainly fulfills urban patrol roles within Puerto Villamil, due to lack of police personnel. Moreover, based on a 2013 GNPD internal control report Periodismo de Investigación had access to, Isabela’s park rangers, UTI officials, are involved in crimes against the flora and fauna of Ecuador.

According to this report, dated December 20, 2013, entitled «Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island», which was provided to our outlet by an anonymous GNPD official, 28 citizens including hunters, fishers, several municipal employees, an employee of the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG) and UTI officials would be consumers of giant tortoise meat. Nine of the 28 people in the report were also SINGLED OUT INDEPENDENTLY BY DIFFERENT SOURCES.

Table obtained from the Technical Report: Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island, December 20, 2013 (DPNG leaked document). This table of that internal report shows the names of 28 people allegedly involved in the slaughter of giant tortoises in danger of extinction in Isabela, also shows the work activity they carry out, indicates whether they are consumers or tortoise meat traffickers and in which places in the south of Isabela they carry out the massacres. Along with the table of the document, information about the hunting permits that each one has obtained between January 2021 and June 2022 is included. It is also indicated if each one listed in the document were also indicated by this media outlet sources and if these people belong or not to the Isabela hunting association.

The document also identifies the sectors where 24 of the suspects would slaughter the tortoises. In addition, 19 of the 28 suspects are also identified as alleged Galapagos tortoise meat traffickers. The 2013 report explains that the price for each whole dead tortoise ranged from US$ 60 to US$ 100, within Isabela. According to anonymous UTI sources and anonymous citizen sources, those trafficking Galapagos tortoise meat currently also sell, by underground ways, cooked meat at a price of US$10 per serving.

This internal investigation report would have been reportedly sent to Arturo Izurieta, Director of the Galapagos National Park at the time, and the document would have been handed over from the General Directorate to the Police. However, the complaint never reached the courts, and no action was taken from GNPD against the UTI employees.

The report states that, since 2000, UTI has been keeping records of giant tortoises found slaughtered by humans in the field. An anonymous GNPD source stated that currently the number of tortoises killed in Isabela amounts to 353, since the beginning of the registry, but the figure corresponds only to the remains discovered and reported by park rangers.

The report points to areas that can be accessed by sea and land such as Roca Unión and Cazuela, near Puerto Villamil, and Caleta Iguana, near Cerro Azul, as the sites where most slaughtered tortoises have been found. 

Map of southern Isabela

GNPD sources told Periodismo de Investigación that all those people in the report’s list to this day commit the same crimes, with the exception of Alfredo Gil Ochoa, who passed away. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, and Danilo Toro Ramírez are still employees of the Municipality of Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas and Fabián Jaramillo Pomboza, both identified as Galapagos meat traffickers, keep working, the first as an inspector for ABG and the second as an employee of the Galapagos Government Council in Isabela. 

Number of Galapagos tortoises killed by humans that have been found and reported by UTI park rangers by year and location. The age of the tortoises remains from the 1990s are estimates made in the year 2000 by UTI staff according to the state of the shells.

About the GNPD officials listed in the report, Efrén Pomboza Gil, an alleged consumer of Galapagos tortoise meat and who is brother of Tony Pomboza Gil, the alleged meat trafficker, currently works as the person in charge of UTI’s Ecosystem Process and is one of the officials who approve hunting permits in Isabela.

Máximo Mendoza Yépez, who, like his brother Braulio Mendoza Yépez, is listed in the document for killing giant tortoises in the Cazuela sector, continues to work as a UTI park ranger and is one of the officials who control and register the entry of hunters to protected areas in the Sierra Negra Volcano sector.

GNPD Facebook Post from July 5, 2021, in tribute to Máximo Mendoza for Galapagos Park Ranger´s Day. Máximo and his brother Braulio Mendoza are accused, in the 2013 GNPD leaked report, of killing giant tortoises in the Muro de las Lágrimas sector.

Vicente Pinargote Pomboza, a hunter accused of killing giant tortoises at El Solitario sector and of trafficking meat, is the brother of park ranger Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. On September 24, 2021, during the discovery of the “slaughter center” of the 15 tortoises, in the La Gorra sector, very close to Cazuela, Jacinto Ramón Pinargote Pomboza and Máximo Mendoza Yépez were at the place. Great ironies and great coincidences.

Before completing this journalistic investigation, Periodismo de Investigación conducted a telephone interview with Danny Rueda Córdova, the current general director of the Galapagos National Park. One of the questions was about the actions that the GNPD would take if an official of the institution was involved in the slaughter of giant tortoises. The director said that every person is presumed innocent until proven otherwise in trial. 

This story was produced with support from Internews’ Earth Journalism Network.