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Autor: Redacción La Fuente y Mil Hojas

Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno

 
Como parte del gobierno anterior, Lenín Moreno destrabó la firma del contrato Coca Codo Sinclair. Uno de sus grandes amigos es contratista de Sinohydro y, además, amuebló su casa en Ginebra.

Lea aquí la PRIMERA PARTE

Lea aquí la SEGUNDA PARTE

El 14 de diciembre de 2015, el Balboa Bank & Trust de Panamá recibió una solicitud de transferencia internacional por un monto de US$19.342 de la empresa panameña INA Investment Corp, relacionada con Mariauxiliadora Patiño y Xavier Macías, hija y el yerno del empresario ecuatoriano Conto Patiño Martínez, lobista y contratista de la empresa china Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, actualmente en el centro de una de las mayores tormentas de corrupción.
 
Solicitud de transferencia internacional de INA INVESTMENT CORP a BALBOA BANK & TRUST de Panamá.

La empresa panameña INA hizo compras en Moinat S.A Antiquities, una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza y en el registro de transferencia bancarias estableció la dirección Pórtico del Rio, 10A, vía Samborondón, provincia del Guayas, lugar de residencia de la familia Patiño Macías. Los muebles adquiridos fueron trasladados a la dirección Quai Wilson 45 1201, Ginebra, dónde residía Lenin Moreno y su esposa Rocío González, cuando el actual presidente desempeñó un cargo en Naciones Unidas en favor de las discapacidades en el mundo

Pórtico del Río, ingreso a la urbanización donde vive Xavier Macías y María Patiño.

Transferencia internacional para el pago de los muebles.

Factura de los muebles adquiridos por INA INVESTMENT CORP en MOINAT ANTIQUITÉS.

Ricardo Aleman Alfaro, abogado panameño.

Aunque la empresa panameña Ina Investment Corp., registró en 2016 como agente residente al conocido abogado Ricardo Alemán Alfaro del estudio jurídico MMA Abogados, las operaciones de la compañía las realiza María Auxiliadora Patiño de Macías, esposa de Xavier Macías Carmigniani. Fue ella quien firmó el pedido de transferencia para la compra de esos enseres. Para nadie en el ámbito político es desconocido la amistad que une a Conto Patiño, su hija y yerno con el presidente Lenin Moreno y su esposa Rocío González.

Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de Panamá en México, actualmente socio principal del poderoso bufete Morgan & Morgan, es además un conocido hombre de negocios dentro y fuera de Panamá. En Ecuador y Colombia ha impulsado importantes actividades empresariales en el mundo de los seguros, un tema que será motivo de otra investigación.

Foto izquierda: María Patiño y Xavier Macías. Foto derecha: Rocío González, Lenín Moreno, María Patiño y Xavier Macías.

Constitución notarizada de INA INVESTMENT CORP en Panamá.

La huella de Conto Patiño en Coca Codo Siclair

Luego de la salida de la empresa estatal Enarsa, de Argentina, en septiembre de 2009, que a inicios del gobierno fue seleccionada para construir Coca Codo Sinclair, se allanó el camino para que Sinohydro ejecute la obra. El 5 de noviembre de 2009, un mes después de la salida de Enarsa, el Estado firmó el contrato con Sinohydro por US$ 1.979 millones, pero hasta esa fecha no existía financiamiento.
En enero de 2010 la entonces ministra de finanzas María Elsa Viteri viajó a China para negociar varias línea de crédito, entre ellas la de Coca Codo. En marzo el vicepresidente Lenín Moreno hizo declaraciones públicas sobre las negociaciones del crédito para levantar Coca Codo Sinclair.

Lenín en una declaración de prensa de marzo de 2010, dijo que el financiamiento del Exim Bank de China (por un monto cercano a los 1.700 millones) estaba por definirse y se refirió a los problemas que existían para concretar el crédito. Hasta entonces había tensión entre la embajada de China y el gobierno, porque Rafael Correa no quería un acuerdo financiero que establezca la resolución de disputas mediante un arbitraje internacional, además cuestionaba las garantías exigidas por China.

Conto Patiño, a la derecha de la fotografìa, camina juto a los ejecutivos de la empresa china Railway Engineering, durante su visita al presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

“El embajador Cai Runguo es un buen amigo que en más de una ocasión me ha pedido cita con el fin de manifestar que por parte del gobierno de China y las empresas involucradas existe toda la buena voluntad de hacerlo”, dijo Moreno y añadió: “Ante la llamada del señor embajador, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”(SIC).
En retrospectiva debe entenderse que Moreno destrabó los inconvenientes para financiar Coca Codo. A mes seguido, abril, Rafael Correa autorizó a Katiuska King, la ministra coordinadora de la política económica, la firma de la línea de crédito con el Exim Bank. En junio, ese crédito fue firmado por Patricio Rivera y Jorge Glas.

En diciembre de 2010, luego de alcanzar el acuerdo de financiamiento, el entonces vicepresidente de la República, Lenín Moreno condecoró al embajador Cai Runguo, con la Orden Honorato Vásquez.
El financiamiento llegó en junio de ese año y con ello la presencia de Patiño Martínez como lobista de Synohidro y otras corporaciones chinas. Luego el embajador chino Cai Runguo fue seleccionado como representante de Sinohydro.

Los hechos relatados se narraron en un cable publicado por Wikileaks  (https://wikileaks.org/plusd/cables/10QUITO37_a.html) y fue una de las últimas filtraciones que realizó Julian Assange, antes de recibir el asilo en la embajada de Ecuador en Londres.

¿Por qué un contratista de Sinohydro compró muebles para la casa de Lenín Moreno en Ginebra?

El secretario de comunicación Andrés Michelena fue informado de esta publicación y se le expuso que llama la atención que el empresario que representa a Sinohydro haya realizado compras desde una compañía en Panamá a favor del que sería luego presidente del Ecuador. Michelena respondió que el tema fue conocido por el mandatario y que este le aseguró que existe una relación pública de amistad con Patiño, sus hijos y su yerno: “No hay nada más que eso”, aseguro.


Confirmó la compra de los muebles —con transferencia de una empresa offshore— cuando ya se había aprobado el Código Monetario y Financiero que estableció prohibiciones de operaciones financieras de funcionarios públicos en paraísos fiscales.

Lenin Moreno, Enviado Especial de las Naciones Unidas para los discapacitados, nos muestra el lugar donde reside y desarrolla las actividades cotidianas en Ginebra.

También se consultó a Michelena si el nombre de la empresa panameña INA podía tener alguna relación con los nombres de las hijas del presidente (Irina, Cristina, Karina).

Patiño Martínez es dueño de la empresa Recorsa, que tiene vida jurídica independiente en Ecuador y Panamá. Esta empresa fue subcontratista de Sinohydro y justamente la radicada en el itsmo, Recorsa S.A. recibió de Sinohydro: US$ 18.3 millones en dos pagos, uno por US$ 6.44 millones realizados en octubre del 2010 y otro de US$ 11.92 millones al año siguiente, de acuerdo a un informe del Servicio de Rentas Internas SRI, suscrito por Roberto Bahamonde, director zonal 9.

Pago de Sinohydro a Recorsa por USD 6.44 millones de dólares.

Parte de ese dinero fue usado para pagar deudas de Patiño. El caso fue revelado por diario El Universo en 2017 y se basó justamente varios informes del SRI que son parte de un juicio contencioso tributario que la empresa china mantiene en Quito.

Cambio de nombre de empresa HILDRELGEN S.A. a RECORSA.

Según el Registro Público de Panamá, Recorsa S.A., antes denominada Hildrelgen, pertenece a la esposa, cuatro hijos y una nieta de Conto Patiño. Este recibió un poder de la empresa el 1 de octubre de 2010, dos semanas antes de recibir los primeros pagos de Sinohydro.

El SRI también auditó los impuestos de Patiño y de su empresa localizada en Ecuador, Comercial Recorsa C.A. Descubrió que esta compañía actúa como representante de la panameña. El director jurídico del SRI, Carlos Vallejo, indicó que por esa representación la empresa ecuatoriana cobró US$ 4,25 millones en el 2011.

Casa de Xavier Macías y María Patiño (hija de Conto Patiño) en Salinas.

Páginas 34 y 35 de la determinación de SRI a Sinohydro, en las cuales detalla los pagos a Recorsa S.A.

En mayo de 2015, Conto Patiño Martínez, presidente de Recorsa y Wang Kun, representante  de la corporación China Railway Engineering, visitaron al presidente de Paraguay, Horacio Cartes a quien ofrecieron grandes inversiones chinas en infraestructura. En la referida reunión, Patiño, destacó que la empresa domiciliada en China, tiene establecidos contactos importantes en Brasil, Argentina, Chile, Perú. Acotó que también contratarán con Ecuador, Colombia y Venezuela.

En junio de 2010, el consorcio constituido por la empresa China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group adquirieron las concesiones de la empresa canadiense Corriente Resources para la fase de explotación de cobre en el proyecto Mirador.

Análisis

Las relaciones de empresarios cercanos con el entonces vicepresidente Lenín Moreno y actual presidente de la República, con las empresas chinas, especialmente Sinohydro, son parte de la trama oculta que dejó como herencia el proceso en el cual se hipotecó al Ecuador a los intereses estratégicos y comerciales de la República Popular China. Intereses que pesarán en la futura negociación y responsabilidades en las denuncias de Contraloría en contra de Sinohydro. ¿Esas relaciones pesarán para impedir que la empresa china con los mayores volúmenes de contratación en el Ecuador, responda por los daños en Coca Coco Sinclair y por otros contratos millonarios?

SECOM CONFIRMA QUE MUEBLES PAGADOS POR PATIÑO-MACÍAS LLEGARON AL APARTAMENTO DE LENÍN MORENO

En respuesta a la nota periodística “Coca Codo Sinclair y la huella del presidente Moreno”publicada en los portales PlanV, Milhojas y La Fuente,el Secretario de Comunicación Andrés Michelena Ayala remitió una carta de aclaración al referido trabajo y en el que asegura que este “atenta contra la verdad y las normas éticas básicas del periodismo”. En honor a esa verdad evocada por el señor Secretario, precisamos algunos comentarios de la misiva y publicamos íntegra la misma.

Fue Andrés Michelena, quien desde Argentina llamó al periodista Christian Zurita, el 21 de octubre, cuando participaba de la 74 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, para pedirle conversar sobre la investigación en la que estábamos empeñados. Hasta entonces el caso había sido manejado con total reserva y por eso llamo la atención que el Secretario de Comunicación del gobierno tenga conocimiento.

En una reunión pactada con el secretario de comunicación, celebrada entre la semana del 22 y 25 de octubre, se le detalló la existencia de la transferencia de la empresa panameña INA Investment Corpy se le explicó algunos detalles que no han sido incluidos en el reportaje por su incapacidad de contar con sustento documental.

En la reunión Zurita le dijo que consideraba que esa transacción estaba relacionada al empresario Conto Patiño y al tema Coca Codo Sinclair.

Michelena en su misiva dice: “sin cumplir las más elementales normas básicas de la ética periodística Zurita publica en dichos portales una investigación incompleta e imprecisa con supuestas declaraciones que distorsionan lo dicho en esta reunión, y, más grave, aún sin advertir, siquiera que estaba grabando dicha conversación”.

Respetamos la posición del señor Secretario pero puntualizamos que «esa grabación» a la que se refiere nunca fue realizada por Zurita, que basado en el principio de una democracia sólida, comprendió que la palabra de un funcionario debe ser tomada como cierta.

En dicha reunión el secretario de comunicación nunca estableció se trataba de una charla “off the record”, por tanto nos ratificamos en lo expuesto en el tercer informe que PlanV, MilHojas.is y La Fuente publicaron el viernes 23 de noviembre. Si el señor Secretario desmiente lo dicho, solo podemos decir que es la palabra de un funcionario contra la palabra del periodista.

Michelena establece que no se han cumplido las elementales normas éticas de este oficio, se refiere a que en dicho reportaje no se cuenta con la posición del señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno. 

Sin embargo las líneas argumentales trazadas en el reportaje no desmienten lo expuesto la carta.De hecho confirma que los muebles  comprados en Moinat Antiquities, fueron entregados y embodegados en el apartamento de Lenin Moreno y luego entregados a sus propietarios, los Macías Patiño.

El reportaje construyó una línea de hechos documentados en los que no emite juicio de valor alguno sobre el señor Presidente Lenin Moreno, aunque deja muy en claro quienes son Patiño Martínez y sus relacionados. Como periodistas buscamos construir una línea sujeta a los hechos y creemos que se han ajustado tal como fueron presentados.

En la misiva de la Secretaría se expresa además que, en calidad de vicepresidente Lenín Moreno, no mantuvo relación con la empresa Sinohydro, constructora de Coca Codo Sinclair y que su relación con el entonces embajador de China, Cai Runguo, fue la misma que tuvo con otros embajadores. Además precisa que quien condecoró a Cai Runguo fue Rafael Correa.

Es necesario pedirle a Michelena escuche la entrevista del 29 de marzo de 2010, realizada a Lenín Moreno por el periodista Gonzalo Rosero de Radio Cadena Democracia en la que, el licenciado Moreno se refiere al embajador Cai Runguo como su buen amigo.

Además, anuncia que hablará con Rafael Correa para aclarar alguna imprecisión en torno a la negociación del crédito con el Eximbank para la construcción de Coca Codo Sinclair.

Semanas después de la reunión entre Moreno y Runguo el presidente Correa autorizó la firma de la línea de crédito y el embajador chino pasó a dirigir la empresa Sinohydro.

Respecto a la condecoración a Runguo, igualmente le invitamos al Secretario de Comunicación a revisar el archivo de la Vicepresidencia de la República de esa fecha, donde descubrirá que en el evento estuvieron juntos Rafael Correa y Lenín Moreno.

Algo que al país le hubiese gustado enterarse por la carta de la Secom, habría sido una disposición gubernamental para investigar los millonarios e injustificados pagos realizados por Sinohydro a la empresa Recorsa de propiedad de los Patiño Macías, entrañables amigos de la familia presidencial.

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Documentos de Respaldo


Documento: Carta en la cual Jorge Glas, como ministro coordinador de sectores estratégicos, ofrece grandes contratos al gobierno de la República Popular China.

Documento: Acta costitutiva de la empresa INA INVESTMENT CORP. en Ciudad de Panamá.

Acta de determinaciòn tributaria del SRI contra Sinohydro donde se muestran los subcontratistas de la empresa china, entre ellas Recorsa S.A. y los montos que recibieron.

Documento: Detalle de los administradores de Recorsa S.A.

Documento: Detalle del accionarado de Recorsa S.A.

Los secretos financieros de los jueces constitucionales

A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el alto organismo de control constitucional pretendió limpiar su historial con un sospresivo fallo que echó abajo las cuestionadas enmiendas constitucionales aprobadas por la misma magistratura durante el gobierno de Rafael Correa.

La Fiscalía General del Estado, basada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).

Información revisada por este medio, indica que, en los movimientos financieros de los investigados, se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.

Los jueces investigados son: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.

Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.

Los jueces bajo sospecha

Francisco Butiñá Martínez: “militante activo” de Alianza País, como él mismo se define, es juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Estuvo a cargo de del pedido de referéndum impulsado por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección indefinida del ex presidente Rafael Correa. Butiñá Martínez dio paso al proceso de recolección de firmas en favor de la reelección de Correa.
Francisco Butiñá tiene una extensa carrera laboral dentro del gobierno correísta: fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En 2006, fue gerente general de la empresa Adextelecom S.A., que registra 12 participaciones en el Servicio de Compras Públicas (Sercop) y una adjudicación por USD 45.000,00 con la Empresa Pública de Transporte de Guayaquil.

Sus movimientos financieros indican que, entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares, de esta cifra USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por USD 514,00.

Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.

El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.

Su círculo cercano lo integran Alfredo Alvarado, registrador mercantil del Loja, Isidro Guamán, experto constitucional, Ximena Loyo, Vladimir Bazante, experto constitucional, el abogado Pablo Sevilla, Jairo Escobar, experto constitucional jurisdiccional y Pablo Alarcón Peña, hijo del ex presidente de la República Fabián Alarcón Rivera.

Wendy Molina Andrade: jueza constitucional desde 2012. En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según la información revisada por este medio, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.

A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.

En 2010, fue asesora del entonces presidente de la CC presidente Patricio Pazmiño. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.

En su círculo de confianza figura Ernesto Pazmiño Chávez, hijo del ex presidente de la Corte Constitucional y actual miembro de la Corte IDH, Patricio Pazmiño. También forma parte de sus allegado, Pablo Alarcón.

Pamela Martínez Loayza:  jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia.

Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. Entre 2012 y 2015, recibió transferencias por USD 3.000 del entonces cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores en Murcia, Gustavo Mateus. Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.

Según la información revisada por este portal, registra transferencias a paraísos fiscales por USD 823,00 entre 2014 y 2017. Varias fuentes señalan que, en 2015, junto a su esposo Jimmy Salazar, dirigió el programa de televisión “Es de justicia”, que se transmitía todos los domingos por TC Televisión, espacio que fue aprovechado para hacer “proselitismo político en favor del expresidente Correa”.
Su entorno más cercano lo conforman su esposo y presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, además de Daniel Burneo, experto constitucional y Héctor Carrera, actuario de la Corte Constitucional. También aparece relacionada con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, del estudio Romero & Menéndez.


Marien Segura Reascos
: llegó a la Corte Constitucional en 2016, luego de ser postulada por el expresidente Correa, para ese cargo.

Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.

En junio de 2017, Amparo Gómez, expareja de Ricardo Rivera, acusó a Segura, de cumplir “una consigna”, mientras fue Jueza de la Niñez y Adolescencia, “ella me tuvo 4 años sin pensión alimenticia, sin un centavo”, dijo refiriéndose al juicio de alimentos que planteó en contra de Rivera.

Es cercana a Francisco Albuja, experto constitucional, Miguel Tapia, experto constitucional jurisdiccional y Mariana González, actuaria de la CC.

Alfredo Ruíz Guzmán: presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”. La información revisada por este medio, señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42. 097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.

Su círculo de trabajo lo integran: Pablo Alarcón Peña, Pamela Aguirre Castro, ex secretaria técnica jurisdiccional, Carlos Aguirre, experto constitucional, Pedro Alarcón, experto constitucional, Carlos Villacreses Pincay, coordinador del despacho institucional, Jaime Pozo, secretario general, Freddy Villagrán, experto constitucional jurisdiccional; todos funcionarios de la Corte Constitucional. Igualmente, está relacionado con Alexis Mera Giler. Tambien figura como cercano Ivolé Zurita, registrador de la propiedad de Guayaquil.

Ruth Seni Pinoargote: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016. Su hijo, Luis Cevallos Seni, registra participación en dos empresas: Seniconstructora S.A., y Constructora Eskala S.A., ésta última registra 32 participaciones en el Sercop y una adjudicación con el Municipio de Olmedo para mejoramiento de vías, por USD 247.447.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques del Banco Bolivariano a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.

Forman parte de su grupo de trabajo sus hijos Homero y David Cevalos Seni, Asdrubal Homero Granizo Haro, experto constitucional, Victor Hugo Holguín Cárdenas, coordinador del despacho institucional y Nelson Alejandro Enríquez Caicedo, experto constitucional, funcionarios de la CC.

Tatiana Ordeñana Sierra: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.

Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por este medio. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.

El círculo cercano de Tatiana Ordeñana lo integran: Alvaro Diego Contreras, coordinador constitucional, Pamela Lizeth Barrionuevo Soto, experta constitucional y el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

Manuel Viteri Olvera: juez constitucional desde 2012. El Sistema Migratorio Ecuatoriano, registra una alerta de la Interpol en contra de Olvera.

Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.

Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.
Su hija, Martha Viteri Thompson es funcionaria del Consejo de la Judicatura y su hijo Manuel Viteri fue funcionario en esa misma entidad entre 2009 y 2011.

El circulo de Viteri, está integrado por su hijo Manuel Viteri Thompson, el abogado Nicolas Castro Patiño, Raúl Renato Cedeño Bonilla, experto constitucional funcionario de la Corte y Alfredo Isidro Guamán Bagua, también funcionario de la CC.

Roxana Silva Chicaiza: jueza constitucional desde noviembre de 2015.  Sus datos financieros, según la información revisada por este medio, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004, seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.

Sus egresos sumaron USD 686.135.  De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.

Según datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Cervecería Nacional con el 0,0002% de participación. A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.