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Etiqueta: Arroz Verde 502

Gobierno a un paso de firmar millonario contrato con empresa vinculada a Arroz Verde

Aurelio Hidalgo, actual ministro de Obras Públicas, tiene listo un contrato a favor de Técnica General de Construcciones, empresa con historial de sobreprecios, perjuicios al Estado y que además es investigada por la Fiscalía General por el caso Arroz Verde.

Técnica General de Construcciones S.A. (TGC) fue una de las empresas que aportaron dinero a la campaña de Rafael Correa a cambio de contratos. Actualmente su principal, Teodoro Calle, es imputado por la Fiscalía General en el caso Arroz Verde (Sobornos 2012-2016) mientras la Contraloría acusa a la contratista por perjuicios al Estado cercanos a los $100 millones; aun así, Aurelio Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo), ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) está a un paso de entregarle un nuevo contrato millonario.

En octubre de 2018 el MTOP, titularizado por Aurelio Hidalgo, dispuso la rehabilitación y ampliación de carriles de la carretera Santo Domingo – Buena Fe. En el concurso público 002-2018-SDBF-MTOP se incorporaron especificaciones particulares y se aceptaron excepciones que facilitaron la participación de la empresa Técnica General de Construcciones S.A.; firma que, además, fue la única en presentar una oferta para el mencionado proceso.

La intervención de la vía Santo Domingo – Buena Fe será en un corredor de 113 km., inicia en el anillo vial de Sto. Domingo (de una longitud de 25,3 km.), continúa en la entrada de Sto. Domingo y termina en el Cantón Buena Fe. El proyecto, por un valor estimado en $591 millones, contempla la ampliación de dos a cuatro carriles -un ancho total de la vía en 20,4 metros- la rehabilitación de los dos carriles existentes, el mantenimiento de la vía y del anillo vial.

La convocatoria se realizó el 29 de octubre de 2018, amparado en un Régimen  de  Gestión  Delegada, en la modalidad de concesión; es decir, que el Gobierno encomienda al gestor privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial.

Los requisitos del concurso

Entre los requisitos técnicos y de experiencia para participar en este concurso, el MTOP dispuso:

Que las empresas interesadas cuenten con experiencia en construcción de nuevas vías o ampliación de carreteras, en un mínimo de 100 kilómetros, en los últimos 15 años, en un máximo de tres proyectos. Otra exigencia fue acreditar experiencia en administración u operación de infraestructura vial en proyectos cuyo ingreso promedio anual durante los últimos cinco años sea de USD 25 millones o 100 kilómetros de vías gestionadas o administradas. En el último punto se agrega que, si el ofertante no cuenta con dicha experiencia, se puede justificar con la experiencia de cualquier integrante en un consorcio.

También se pidió experiencia por el cierre financiero de máximo tres proyectos de infraestructura que sumen al menos USD 185 millones. Como prueba de la experiencia en construcción, TGC presentó su participación en la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido; la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.

Lo que no detalló TGC en la propuesta es que abandonó la citada obra dejándola inconclusa, con un avance del 98%. El compromiso de terminación del contrato se firmó de mutuo acuerdo el MTOP, el 6 de mayo de 2016; no obstante, esta misma obra fue duramente cuestionada por la Contraloría y también es una de las 640 obras con falencias constructivas e inconsistencias legales, denunciadas por el mismo presidente Lenín Moreno, en 2017.

La vía en cuestión tuvo un monto inicial de USD 18,9 millones, pero hasta hoy ya se ha pagado USD 141 millones, cerca de 800% más de lo estimado en un principio, y ni siquiera está terminada. Uno de los problemas que elevaron el costo por las nubes fue la ampliación del ancho de la vía de 7,20 metros a 9,20 m., lo que implicó contratar nuevos estudios. También se dejó inconclusa la construcción de cuatro puentes vehiculares y se cambió el material de la vía, causando enormes perjuicios al Estado, conforme se detalla el informe DNA8-0011-2019 de Contraloría.

Esta obra se adjudicó en 2008, cuando Jorge Marún titularizaba el Ministerio de Transporte, quien, en su momento, fue acusado de entregar contratos “a dedo”. Tras su salida, en 2009, lo sucedió en el cargo María de los Ángeles Duarte, que fue detenida junto a Alexis Mera, el 31 de mayo de este año, con fines investigativos, por un presunto delito de concusión en el caso Arroz Verde.

TGC no cumple con el segundo requisito técnico

Una vez iniciada la fase de preguntas y respuestas, según consta en el documento del Acta Quinta de la reunión N°08 con fecha del 22 de mayo de 2019, TGC consultó al MTOP si la experiencia se puede acreditar a través de un tercero que no sea una empresa asociada, ni un consorciado, sino un socio estratégico financiero, inversionista o cualquier otra firma.

También consultó si para acreditar a este tercer actor, bastaría con presentar una carta de compromiso en la oferta, respecto a la participación de un “compañero financiero”, durante la ejecución del contrato.

Al respecto, el MTOP respondió que se aceptaba dicha acreditación siempre y cuando la firma asociada sea parte del consorcio o del compromiso de consorcio, para lo cual debió presentar la documentación pertinente. El MTOP  aceptó además una carta de compromiso como parte de la oferta, en donde el inversionista se comprometió con el oferente (en este caso con TGC), durante la ejecución del contrato.

A pesar de ello y conforme al cronograma, el 30 de abril de 2019, el MTOP firmó el acta de cierre de presentación de ofertas, siendo TGC la única oferta presentada y posteriormente, habilitada.

Cronogramas modificados por pedido de TGC

El cronograma del proceso de contratación fue modificado por tres ocasiones, dos ocasiones por solicitud expresa de TGC, que aseguró haber trabajado con el MTOP en la revisión de los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto y del contrato.

TGC pidió se postergue el plazo para iniciar la fase negociación con el MTOP mientras buscaba financistas para el proyecto y así calificar, conforme el segundo requisito técnico antes descrito. También pidió tiempo hasta constituir la Sociedad Gestora que debía suscribir el contrato con el MTOP.

Dicho de otra forma, Técnica General de Construcciones no cumplía con varios de los requisitos técnicos necesarios para adjudicarse el contrato. La Comisión Técnica del MTOP, le concedió su petición a TGC y retrasó la adjudicación del proyecto hasta que la empresa resuelva sus pendientes.

Así, tras el tercer cambio de fechas, se estableció que las negociaciones entre TGC y el MTOP iniciarán el 29 de agosto, la adjudicación del contrato se fijó para el 4 de septiembre y la firma del documento se programó para el 2 de octubre de este año.

Paralelo al proyecto de ampliación de la carretera la vía Santo Domingo-Buena Fe, también se anunció la convocatoria pública de la ampliación de la carretera Buena Fe-Babahoyo-Jujan, por USD 726 millones. En esta obra, TGC también fue ofertante, pero fue inhabilitada por el MTOP alegando que “no acredita la capacidad financiera necesaria para ejecutar las inversiones requeridas en el proceso”según documentación oficial.

Examen de contraloría determinó perjuicios millonarios

Un informe de Contraloría a un proyecto vial ubicado en Loja y Zamora Chinchipe, a cargo del MTOP y adjudicado a TGC, determinó cuantiosos perjuicios al Estado por modificaciones al contrato, pagos no justificados, pagos por trabajos no realizados, incluso defectuosos.

Se trata del informe DNA8-0011-2019, examen especial a la ejecución y fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la carretera Vilcabamba – Bellavista – Zumba – La Balsa, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.

El Tramo 1 comprendía el corredor vial Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido, incluye la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.

Mientras que el Tramo 2, abarca la vía Bellavista – Zumba – La Balsa de 52,9 kilómetros, incluye la construcción de los puentes Isimanchi, Yuncachi, Zumbayacu.

Los hallazgos de la auditoría

Con base al informe DIAPA-0028-2012, aprobado el 12 de febrero de 2014, Contraloría recomendó previamente al MTOP se abstenga de suscribir órdenes de cambio o trabajos adicionales para el contrato adjudicado a TGC, pues a la fecha ya se había superado el límite establecido por la Ley, “en cuyo caso deberá terminar el contrato en el estado en que se encuentre”, cita el documento.

A pesar de esta recomendación, el MTOP suscribió un contrato complementario, dos órdenes de cambio para el Tramo 1 y un convenio de pago. Estos mismos procesos se suscribieron sin previo informe del coordinador general Jurídico, a pesar que Contraloría también recomendó al MTOP disponga la verificación la legalidad de los contratos modificatorios o complementarios.

Modificaciones al objeto del contrato

Estaba planificado que la carretera tendría un ancho de 7,20 metros, pero el 15 de septiembre de 2009, la entonces ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, dispuso ampliar el ancho de la vía a 9,20 m., a lo largo de todo el proyecto, lo que ocasionó perjuicios al Estado, pues fue necesario contratar nuevamente los estudios y diseños de la obra, ocasionando un primer perjuicio al Estado por USD 204.858,21.

Duarte también dispuso reemplazar la capa de rodadura de pavimento flexible por hormigón rígido de 22 cm. de espesor del Tramo 1, pero TGC no contaba con maquinaria y experiencia adecuada para esta tarea, por lo que fue necesario subcontratar a la empresa Holcim S.A., demostrando así que TGC no estaba calificada para este proyecto.

Así, el costo se incrementó considerablemente, pues con el presupuesto inicial no alcanzaba para la intervención de 101,7 km. de vía, sino apenas para los primeros 39 kilómetros del Tramo 1. Esto ocasionó un perjuicio económico de USD 95’600.108,35, monto que fue pagado a TGC en su totalidad, según el informe.

Contraloría también detalla que el pago de la planilla 20 del Tramo 2 se realizó sin la debida verificación de los libros de obra, especificaciones técnicas y demás documentación de respaldo, ocasionó un desembolso no justificado por USD 3’476.434,93. Asimismo, por trabajos no ejecutados en el Tramo 1 y defectuosos en el Tramo 2, ocasionaron que el MTOP pague en exceso USD 634.907,32. En total, los perjuicios al Estado sumaron: 99’711.450.06.

La manipulación del sistema de justicia

Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, expuso un caso que le habría costado su destitución como jueza del Contencioso Administrativo. Ella aseguró que su destitución del Tribunal se dio tras oponerse a la anulación de un informe de Contraloría, que señalaba a un contratista del Estado: Técnica General de Construcciones (TGC).

Actualmente, TGC y su representante, Teodoro Calle, forman parte de la lista de empresas que financiaron las campañas electorales de Alianza PAIS y que son investigados por la Fiscalía ecuatoriana. El monto que dio esta firma a ese movimiento político fue de $300 mil conforme se revela la investigación Arroz Verde, publicada por La Fuente y MilHojas. Esos recursos los gestionó María Duarte.

“Cuando fui jueza del Contencioso Administrativo”, dijo Cadena, “conocí un proceso en el que se pretendía declarar la nulidad de un borrador de informe de la Contraloría General del Estado. Quien solicitaba eso era la empresa Técnica General de Construcciones, representada por el Sr. Patricio Villacrez Andrade”. Añadió: “Es una de las constructoras que, al cabo de los años, me percato que es uno de los financistas de Rafael Correa. Eso aparece en los papeles de Arroz Verde”.

Cadena cuenta que las razones de su destitución fueron otras ajenas a este proceso, pero asegura que fue a partir de este asunto que se buscó la forma de destituirla del cargo. “Ese fue el origen de la trama”.

Declararon “ilegal” un borrador de informe de contraloría

El informe de Contraloría al que Cadena hace referencia es el DIAPA-0021-2010, aprobado el 14 de septiembre de 2010, sobre el examen especial de Ingeniería al Proceso de Construcción y Ejecución de las carreteras Hollín-Loreto-Coca-Puyo-Puente Pastaza, por el período entre el 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2010.

Contraloría analizó el contrato suscrito por la firma TGC con el MTOP, para la rectificación y mejoramiento de la carretera Hollín-Loreto-Coca, determinando que, como resultado de la incorrecta aplicación de los rubros contractuales, el fiscalizador y el subsecretario regional del MTOP-Napo, permitieron que la contratista se beneficie a través de las planillas de trabajos de un pago en exceso, causando al Estado un perjuicio de USD 4’241.637,22.

La empresa TGC impugnó el borrador del informe, todavía inconcluso en el que constaban valores por glosas por recuperar por más de USD 4,2 millones.  El 2 de marzo del 2015, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo: Jaime Enríquez Yépez (ponente) y Mauricio Espinosa Brito, aceptan la demanda y declaran “ilegal” el proceso, evitando que la Contraloría continúe con las indagaciones. Esto pese a la oposición y advertencia legal de Cadena, que también era jueza del Tribunal.

En el documento del borrador de la sentencia, al que PI tuvo acceso, se muestra  el voto salvado de Cadena, en donde se habla de una “acción inoportuna” por parte del Tribunal respecto a la anulación del informe considerando, entre otras cosas, que se trataba apenas un borrador, anulando cualquier posibilidad de que las investigaciones continúen.

“Se pretende impedir que la Contraloría ejerza privativamente responsabilidades administrativas o civiles en contra de los servidores y particulares que hubieren causado perjuicio al Estado”, cita el documento.

La denuncia desaparece

Este caso fue denunciado ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio(CPCCS-T) y allí permanecía bajo el código CPCCS-T.003.CA, juicio N°17811-2013-14603. Las investigaciones de la entidad apuntan a un grupo de altos mandos que planificaron la eliminación de un informe de la Contraloría General del Estado, sentando un nefasto precedente.

En el Informe de Evaluación del Consejo de la Judicatura, en donde señala este y otros casos, el CPCCS_T concluye que autor intelectual de anular un informe de Contraloría fue precisamente el ex contralor Carlos Pólit, el ejecutor fue Gustavo Jalkh y, su cómplice, Tomás Alvear, presidente y director del Consejo de la Judicatura, respectivamente; y todo en coordinación con Jaime Enríquez, juez del Tribunal Contencioso Administrativo.

La acción se realiza sin las facultades que la Constitución otorga a la Contraloría General, ni las disposiciones de la Ley Orgánica de esta entidad. Asimismo, aduce que los jueces Marco Idrovo Arcienegas, Bayardo Espinoza Brito y Jaime Enríquez, no observaron precedentes jurisprudenciales obligatorios respecto a este acto administrativo en firme, objeto de la impugnación de TGC.

El informe concluye que con su actuación “sentaron un nefasto procedente, pues todos los ciudadanos pueden impugnar un Borrador de Informe de Contraloría, que no es el acto administrativo conforme a normas y doctrinas”, cita.

¿Qué pasó en el CPCCS con esta denuncia?

Al igual que muchas otras, fue archivada por orden del coordinador técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social, Darwin Seraquive.  

La resolución de archivo, al que este medio tuvo acceso, alega que no se encontraron elementos suficientes para continuar con la investigación de más de 2.000 casos y declara que el CPCCS “carece de facultades para continuar con la investigación”, por lo que dispone el archivo de las denuncias, dejándolas en la impunidad.

Arroz verde: la historia del sepulturero

Cuando el 3 de mayo de 2019 los portales La Fuente y Milhojas publicamos la investigación Arroz Verde 502, sorpresivamente el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, resultó ser el más indignado; arremetió entonces contra de los periodistas investigadores.

Pocos entendían por qué el Consejero despotricó con tanta vehemencia en contra de una investigación que aparentemente no afectaba al gobierno de Lenín Moreno, sino directamente al de Rafael Correa, su adversario reciente.

Pero, Cuesta sabía que los documentos de Arroz Verde pronto lo pondrían en escena junto a Pamela Martínez, Rafael Correa y Laura Terán. En esa entrega periodística exhibimos un mensaje de 16 de noviembre de 2012, enviado por Laura Terán Betancourt a Pamela Martínez Loaiza, en el que Terán le recuerda: “Estaría pendiente la cita con el señor Santiago Cuesta”.

El poderoso consejero de Lenín sabía que ese email abriría las puertas al infierno. Nuevas evidencias que forman parte del archivo de Terán Betancourt, aún no reveladas, ubican a Cuesta Caputi en la mesa de Arroz Verde y como parte de una trama de millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano.

“Querido Presidente. Nunca antes había recurrido a Usted, para solicitarle intervención alguna en ninguna materia, ahora recurro ante Usted, por en un litigio que mantengo con el Ex Gerente de Seguros Sucre, quien desde el 5 de Septiembre de del 2011, ilegalmente me quitó un contrato y no me canceló valores que mi empresa ya había sufragado (…) encarecidamente le solicito me dé una cita de manera urgente para que conozca de primera mano este problema, ya que cuenta con varios informes que demuestran mi honesto accionar y me ayude a que no se cometa una injusticia en mi contra”.

Con este nivel de cortesía y complacencia, Santiago Cuesta Caputi se dirigió al ex Presidente Rafael Correa Delgado el 15 de noviembre de 2012 y le solicitó que intervenga ante la justicia para que se archive la denuncia por peculado que presentó Maximiliano Donoso, Ex Gerente de Seguros Sucre en su contra.

Santiago Cuesta Caputi, desde que ostenta el cargo de Consejero pulverizó su memoria y no le ha faltado oportunidad para derrochar odio e insultos en contra del expresidente Correa, calificándolo como “el más corrupto de la historia”.

El actual Consejero Presidencial, desde inicios de esta década, acarrea un problema judicial del que no ha podido librarse. Una auditoría externa contratada por Seguros Sucre en 2011 y un informe de la Contraloría de enero de 2013, señalan a su empresa Seprofin como autora de sobre facturación y refacturación, en la prestación de servicios exequiales a ciudadanos beneficiarios del bono de desarrollo humano, lo que le valió una demanda de peculado por un perjuicio de $3 millones. Eran los tiempos en que para Santiago Cuesta, Correa no era “el más corrupto de la historia”.

Al finalizar 2012, asustado por las acciones judiciales en su contra, Santiago Cuesta imploró ayuda a su amiga Pamela Martínez, con ella intercambió correspondencia, se reunió al menos una vez, buscó la intervención de Correa y obtuvo un informe presidencial a su favor que le permitió en la Fiscalía, dirigida entonces por Galo Chiriboga, sepultar el caso Seprofin (El sobreprecio con los muertos).

El encuestador de Alianza Pais, en su carta a Rafael Correa, via correo electrónico, le informó que Pamela Martínez había emitido un informe a su favor: La Dra. Pamela Martínez, que trabaja en directa relación con usted, y tengo entendido que a petición suya también emitió un informe en donde determinó tampoco había cometido delito alguno”,(sic).

La buena relación entre Martínez y Cuesta quedó marcada en una serie de comunicaciones y en un encuentro donde no solo se desgustó yogurt con pan de yuca y café, sino que dejó en escena el manejo de dinero en efectivo, a esa fecha y en ese despacho presidencial, de una cifra cercana a 700 mil dólares, de los que, ese día, se entregó $200 mil con un recibo de 400 mil dólares.
La correspondencia entre Pamela y Santiago

Con fecha 15 de noviembre de 2012, a las 17H48, Santiago Cuesta Caputi, desde la cuenta [email protected], dirigió un mensaje a la cuenta [email protected] de Pamela Martínez Loaiza, a esa fecha asistente de la Presidencia de la República, solicitando una cita con el entonces presidente Rafael Correa Delgado. En el mensaje Cuesta le cuenta a Martínez, que le ha escrito una carta al Presidente y remitido al email que Correa le había dado para que le envíe las encuestas de su empresa CMS. “Si Usted interceder o puede hacer algo por que me den la cita, le quedare eternamente agradecido” (Sic).

En efecto, al referido email se adjuntó una carta remitida minutos antes a la cuenta personal de Correa Delgado [email protected], misiva en la que Cuesta implora “desesperadamente” ayuda presidencial frente a la investigación que realizaba a esa fecha Seguros Sucre, la Contraloría General del Estado yla Fiscalía, por presuntos delitos de peculado y sobre facturación en los contratos que la empresa Seprofin, mantenía con la aseguradora estatal.

El mismo 15 de noviembre, seis minutos después, a las 17H54, Pamela Martínez, desde su BlackBerry respondió a Santiago Cuesta: “Me parece muy acertado el texto”. A las 22H50 del mismo día, hay otra comunicación entre Cuesta y Martínez, con el asunto: “Carta solicitu de cita al Presidente Correa” (sic).
A día seguido, viernes 16 de noviembre de 2012, a las 13H03, se registra otro mensaje de Pamela Martínez a Santiago Cuesta, en el que responde: “Claro con gusto”.

En horas de la tarde del mismo 16 de noviembre, a las 18H00, Santiago Cuesta y Pamela Martínez volvieron a comunicarse a través de las mismas cuentas de email y esta vez se incluyó una copia a Laura Terán Betancourt, asistente de Martínez Loaiza. En esta ocasión Cuesta le informa a Martínez: Pamela se canceló el programa de TV, estoy viajando ahora hacia Guayaquil, cree Usted que me pueda recibir a las 4pm” (sic).

Seis meses después, en mayo y junio de 2013, se retoman las comunicaciones entre Santiago Cuesta, Pamela Martínez y Laura Terán. El 28 de mayo, a las 22H26, Cuesta envía un mensaje a Martínez, con el asunto: Carta, en la que dice: “Estimada Pamela nuevamente recurro a Usted, como tabla de salvación para que me ayude en el mismo problema…”.(sic) Cuesta se refiere a los mismos litigios judiciales entre Seprofin y Seguros Sucre, hasta esa fecha no resueltos.

Dos minutos después, a las 22H28, Pamela Martínez, respondió el mensaje de Cuesta, con copia a la cuenta [email protected], de Laura Terán Betancourt, en el que dice “Voy a incluirlo en los temas de despacho de SP (Señor Presidente), el código utilizado en la trama de corrupción Arroz Verde.
El viernes 7 de junio de 2013, a las 17H46, Laura Terán Betancourt, desde su cuenta personal [email protected] dirigió un mensaje a la cuenta [email protected], de su jefa Pamela Martínez Loaiza: “Estimada Doctora acompaño registro despacho para su revisión” (sic). Uno de los tres adjuntos era un registro completo de los chats entre Laura Terán y Pamela Martínez del día 17 de enero de 2013. El intercambio de mensajes entre Terán (Laury) y Martínez (PAM/Jesús yo confío en ti) incluyen disposiciones sobre una reunión con Santiago Cuesta Caputi.

Según la correspondencia revisada, Santiago Cuesta tenía un encuentro pactado con Pamela Martínez en el Club La Unión el 17 de enero del 2013. Ella pidió a Laura Terán retrasar 30 minutos la cita, pero, en el mismo chat se advierte que Cuesta acudió a la oficina de Pamela Martínez en el edificio Concorde en Quito, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Salazar (a una cuadra de La Unión). En el chat archivado por Laura Terán el mismo día de la reunión (17 de enero de 2013) consta un diálogo entre Martínez y Terán, en el que Pamela ordena “sáqueme doscientos mil líquido” de la caja con “clave del closet 041968”, ademas dispone que el recibo sea por $400 mil y el código “395”.


La metida de mano que benefició a Cuesta

El 24 de abril de 2014 se dictó auto de sobreseimiento en favor de Santiago Cuesta por el caso Seprofin. El fiscal Byron Granda, en acuerdo con Galo Chiriboga, se abstuvo de acusar a Cuesta, dejando de lado el contundente informe de Contraloría de enero del 2013 y los resultados de la auditoria externa realizada por Seguros Sucre, que determinaron que la empresa de Cuesta perjudicó al Estado en más de 3 millones de dólares.

En un evidente tráfico de influencias, Santiago Cuesta solicitó la intervención de Correa para salvarle de un juicio por peculado, doble facturación y falsificación de documentos. Correa medió y el caso Seprofin quedó empolvado en la Fiscalía.

La caja del muerto SÍ tiene bolsillo

Seprofin es la empresa de Santiago Cuesta que en 2011 protagonizó un escándalo de sobrefacturación y refacturación de servicios exequiales, utilizando los servicios funerarios a través de cuatro coordinadoras funerarias, la mayoría piratas.

Cuando moría un beneficiario del bono de desarrollo humano, sus familiares gestionaban los beneficios para entierro, traslado y seguro de vida del fallecido. A ellos, siempre llegaba una de  las coordinadoras para atender los servicios funerarios con el objetivo central de ser intermediarias y pasar la factura a Seprofin que al final, era la empresa que cobraba a Seguros Sucre.

Las coordinadoras se valían de los servicios que legalmente prestaban las funerarias en cualquier lugar del país, a ellas comprometían el pago, a precio de mercado, recibían la factura, copiaban los datos del muerto y le “ponían bolsillo”. Estas coordinadoras se guardaban las facturas del proveedor local (real) y enviaban otra a Seprofin, con sobreprecios desmesurados; Seprofin a su vez, utilizaba las facturas de las “coordinadoras” para cobrar a Seguros Sucre.

El proceso precontractual y contractual entre Seguros Sucre y Seprofin está plagado de irregularidades. La sobrefacturación que la empresa de Cuesta presentó a Sucre, más de 3 millones de dólares que debieron destinarse para atender a los beneficiarios fallecidos del Bono de Desarrollo Humano, terminaron en los bolsillos de Seprofin, como establecen los informes de Contraloría y MC.

Santiago Cuesta hizo negocio con la gente que moría: se aprovechó del ínfimo subsidio que el Estado entrega a las familias del Bono de Desarrollo Humano. Como representante legal de Seprofin, usó a esta empresa para lograr un contrato “a dedo” para “brindar servicios de exequias”, cuando Seprofin desde su constitución en 1999, era proveedora de Servicios de Procesamiento Contable y Asesoría en Finanzas Internacionales, de ahí sus siglas. Santiago Cuesta cambió el objeto social de la empresa a “Prestadora de Servicios de Exequias” para poder “legalizar” el contrato con Seguros Sucre. Acto seguido, creó una red fantasma con 4 coordinadoras que intermediaban con las funerarias locales, cuando un beneficiario del bono fallecía.

La Contraloría General del Estado el 13 de enero de 2013 aprueba un informe de examen especial a Seprofin, (entre agosto de 2009 y septiembre de 2011) en el que se incluye el perjuicio de Seprofin a Seguros Sucre por más de 3 millones de dólares. Esta cifra de pérdidas coincide con los resultados de una auditoria externa que Seguro Sucre contrató con la empresa Management Consultants para revisar los fraudes cometidos en el contrato a inicio de 2011.

Seprofin: de asesora contable a funeraria

Los beneficiarios del Bono de Desarrollo, junto a los $50 que reciben como subsidio del Estado desde 1998, tienen derecho a diversos beneficios, entre ellos la asistencia en caso de fallecimiento. En el marco de la atención a las familias vulnerables en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), el 5 de octubre de 2009, contrata con Seguros Sucre una póliza de vida y servicios de exequias a favor de las personas habilitadas en el Bono de Desarrollo Humano, Pensión por Adulto Mayor y Pensión para Personas con Discapacidad, llamada “Póliza de Seguro colectivo de Vida 000491”.

El 1 de octubre de 2009, Oscar Herrera, gerente de Seguro Sucre, firma un contrato de prestación de servicios con Seprofin, con vigencia al 31 de diciembre del mismo año. Seprofin firma el contrato pese a no haber ofertado; ofertó si, Fidelity Assistance en alianza con Seguros Porvenir. Pero, ¿cómo es que firma el contrato sin haber ofertado? ¿Cómo es que firma el contrato si su razón social lo impedía? Pues fácil para Santiago Cuesta.

Según el informe de Contraloría referido, Él dijo que su empresa no podía aumentar el capital de Fidelity porque el trámite llevaba entre 60 y 90 días y era Seprofin una empresa que tenía un patrimonio más cercano para lograr la contratación. Lo mismo sucedió con el otro tema, si no estaba calificada para dar servicios funerarios, cambió su objeto y razón social; ahora Seprofin era “Servicios Exequiales Previsivos Integrados, Seprofin”, y listo, Santiago tenía vía libre para su negocio.

Seprofín S.A. realizó el cambio de razón social en la Notaría 17 del doctor Remigio Poveda Vargas el 15 de septiembre de 2009. Seprofin reformó sus estatutos y agregó a su objeto social: “La prestación en forma directa o indirecta de servicios exequiales, funerarios, de sepultamiento, de cremación, velación, traslado de restos mortales, arrendamiento de sala de velaciones, y más actividades relacionadas”

Contraloría observó que Seprofin al momento de la firma del contrato tenía como objeto social una actividad económica diferente a la que consta en el contrato. Para el 1 de octubre de 2009, fecha de la firma del contrato, Seprofin no contaba con la razón social de prestación de servicios exequiales. El gerente de Seprofin, Santiago Cuesta, no informó que su razón social eran servicios contables, ni que se realizó el cambio de la razón social de la empresa. El cambio del objeto social solo se legalizó el 9 de noviembre del 2009.

No solo que Seprofin ofreció servicios que no constaban en su razón social, sino que la contrataron bajo Régimen Especial o a dedo, como era el estilo del correísmo. Seguros Sucre omitió realizar un concurso de ofertas para la previsión de los servicios de exequias, una negociación directa que no garantizó la idoneidad y capacidad de la empresa para ofrecer los servicios de manera transparente. Se terminó adjudicando un contrato millonario a una empresa de contabilidad, que a último momento se transformó en empresa funeraria.

Seprofin aumenta sus ganancias

La primera oferta de Seprofin fue un plan de seguro de vida por $1000, por el servicio de previsión de exequias de hasta $1500 y un costo de $1 mensual por afiliado. Luego de negociaciones con el MIES y los ejecutivos de Seguros Sucre, se acuerda que el valor de aporte por afiliado sea de $0,50, que se reparte así: $0,13 para Seguros Sucre y 0,37 para Seprofin por los servicios exequiales.  En el primer período, entre el 1 de octubre y 31 de diciembre Seguros Sucre entrega a Seprofin $1.842.134,18 por la atención de 1469 casos de exequias. Después, 1 de enero del 2010 el contrato con Seprofin fue inmediatamente renovado. Durante ese período Seguros Sucre pagó $8.936.144,91 por la atención de 13323 casos.
Seprofin, durante su segunda contratación, aumentó sus ingresos porque el 3 de mayo del 2010 junto con el gerente de Seguros Sucre modificaron una cláusula en la que ahora la aseguradora reconoce pagar $0,42 en vez de los $0,37 anteriores, lo que significó un aumento del 14% del contrato. Además, si comparamos el contrato de 2010, con el de 2009, en el de 2010, Seguros Sucre se compromete a pagar el 2% de comisión por la administración del servicio exequial, sobre el total del valor facturado por Seprofin.

La red de funerarias: una pantalla de intermediación

Seprofin logra una segunda renovación de la póliza y vuelve a firmar el contrato con Seguros Sucre el 28 de diciembre del 2010, con vigencia de un año. A partir del 1 de enero de 2011 Seprofin cambia su modalidad de operación. Durante esta etapa, entre enero y julio de 2011, se atendieron 10042 casos y Sucre pagó a Seprofin $6.532.177,43.

Seprofin, sin ser una empresa que brinda servicios exequiales, tenía un contrato millonario que solventar. Tal avalancha de servicios exequiales, requirieron la creación de una red de cuatro coordinadoras subcontratadas por Seprofin para que brinden dichos servicios en todo el territorio nacional.

Servicios Exequiales San Daniel, Funerarias Gonzalo Mendoza, Funeraria Terán Jiménez y Taller Funeraria Valdéz son las funerarias contratadas. Esta coordinadora intermediaba entre los servicios prestados por funerarias locales y Seprofin. La coordinadora emitía facturas a Seprofin, con sobreprecio que en algunos casos llegaba al triple de los costos reales. Ninguna de las 4 coordinadoras ofreció servicios realmente, estableció Contraloría.

El informe presentado por la auditoría de Management Consultants apunta que Funerales Gonzalo Mendoza fue la única empresa de la coordinadora que disponía de los medios e instalaciones adecuadas para brindar el servicio a Seprofin. Las otras tres funerarias constan en el SRI como personas naturales que carecían de los medios suficientes para prestar estos servicios. Esta fue la razón por la que acudieron a solicitar servicios en funerarias locales.

El bolsillo del muerto se explica de la siguiente manera: Una funeraria local, en cualquier parte del país, presta sus servicios y factura a una de las 4 empresas “coordinadoras”, creadas por Santiago Cuesta y estas, a su vez, sobrefacturan a Seprofin, empresa que nunca estuvo apta para este trabajo, pero que refacturaba a Seguros Sucre para cobrar los sobreprecios.

Santiago Cuesta, como representante de Seprofin, nunca comunicó de manera escrita a Seguros Sucre de la contratación de las 4 coordinadoras funerarias a nivel nacional, pese a que el contrato lo permitía. Pero en una comunicación del 9 de diciembre del 2011 a Seguros Sucre, Cuesta asegura que sí lo hizo vía correo electrónico. El 16 de mayo del 2012, la Directora de Operaciones Técnicas del Programa de Protección Social emite un informe técnico donde certifica que no existe la recepción del mail que el gerente de Seprofin aseguró haber enviado. Santiago Cuesta mintió a la aseguradora para sostener su negocio. Si revelaba la contratación de las funerarias coordinadoras, Sucre se hubiera enterado que no todas eran empresas, sino personas naturales. Además, dejaría al descubierto que esas 4 coordinadoras estuvieron obligadas a subcontratar con funerarias reales que sí brindaron sus servicios y pondría en evidencia la refacturación y sobrefacturación de la que se benefició Seprofin.

Seprofin y el negocio con la muerte de los pobres

¿Pero cómo funcionó le mecanismo de refacturación y sobrefacturación que realizó Seprofin según el informe de Contraloría?

Contraloría en su examen especial analizó 37 facturas de las funerarias que prestaron los servicios excequiales en diferentes provincias del país. Estas funerarias locales emitían facturas a nombre de la Coordinadora de Servicios Excequiales (intermediarias) por cada caso atendido. A su vez, la Coordinadora (intermediaria) emitía una segunda factura, ésta ya con sobreprecio, a su nombre, con Seprofin como destinatario, donde hacía constar de forma íntegra la información de los fallecidos: número de caso, nombres y apellidos, lugar, etcétera. Es decir, Seprofin tomaba la factura de su intermediaria la ponía a su nombre y presentaba a Seguros Sucre. Aquí, un claro ejemplo, el caso 23080 que tiene un 113% de sobreprecio.

Seprofin recibe las facturas de las cuatro coordinadoras y refactura cada caso con sobreprecio a Seguro Sucre para que la aseguradora pague por los servicios, en donde además incluía el 2% de comisión. Las facturas emitidas por Seprofin a Sucre nunca reflejaron costos reales de los servicios de exequias en territorio. Deliberadamente, Seprofin remitía solo las facturas provenientes de sus cuatro coordinadoras, pero ocultó las facturas de funerarias que ofrecieron los servicios reales. Seprofin en las facturas afirma que los prestadores de servicios fueron sus coordinadoras (intermediarias), lo cual es falso.

Las coordinadoras a nombre de Seprofin sí pagaron a los proveedores los costos reales (como destaca el cuadro) que no se reflejaron en las facturas que ellas entregaron a Seprofin, lo cual, según la Contraloría, constituyó un perjuicio total para Seguros Sucre de $3.074.549, 78 (Tres millones setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve dólares con setenta y ocho centavos).

Este incremento de precios fue injustificado; Seprofin generó información falsa y especulación que configura el delito de peculado. Santiago Cuesta vio una posibilidad millonaria de negocio en la sepultura y velación de los más pobres de este país de 2009 a 2011, usó a su empresa de contabilidad (Seprofin) y armó una red fantasma de funerarias para engordar sus bolsillos a costa de los recursos de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.

Funcionarios de Seguro Sucre sospecharon del fraude que realizaba Cuesta con Seprofin, así que dispuso una investigación sobre los costos por servicios de exequias en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, con una auditoria externa realizada por Management Consultants. Los resultados de la auditoria coinciden con el informe de Contraloría. El Servicio de Rentas Internas, en silencio.

Dadas estas irregularidades, Seguros Sucre suspende el contrato con Seprofin de forma anticipada el 5 de septiembre de 2011. El 8 de septiembre del mismo año, Maximiliano Donoso coloca una denuncia en Fiscalía en contra de Santiago Cuesta Caputti por el delito de peculado, 2,3 millones de dólares es el monto real que costaron los servicios exequiales a los beneficiarios del Bono de enero a junio de 2011, pero Seguro Sucre terminó pagando a Seprofin 5,3 millones de dólares. El perjuicio es de más 3 millones.

La sepultura de Seprofin

Seprofin, como empresa de asesoría contable, no había recibido contratos significativos hasta que se ganó la lotería con el contrato de Seguros Sucre cuando debió disfrazarse de funeraria. En los años 2005, 2006, 2007, 2008 Seporfin registra un pago $0,00 de impuesto a la renta, incluso aludía presentar pérdidas. Solo en 2009 cuando se firma el contrato con Sucre pagó más de 60 mil dólares de impuesto a la renta; $244.488,90 en 2010; y, $44.990,82 en 2011. Una vez suspendido el contrato con Seguros Sucre, Seprofin vuelve a declarar $0,00 de impuesto a la renta hasta la actualidad. Es decir, el único contrato de la empresa de Santiago Cuesta, fue el de los pobres muertos.

Seprofin muere después de haber hecho negocio con el dinero de los beneficiarios del Bono de Desarrollo. Es una empresa inactiva, declarada como tal en abril del 2014 por la Superintendencia de Compañías, y finalmente disuelta por la autoridad el mismo año, por inactividad.

El negocio con el dinero de los fallecidos más pobres del país engordaron los bolsillos de Santiago Cuesta, a través de Seprofin. Cuesta es públicamente conocido como encuestador, dirige la empresa encuestadora Credit Management Solutions (CMS), sin embargo, esta empresa registra $0,00 pago de impuesto a la renta de 2010 a 2014.

Una justicia cuesta arriba: La impunidad de Seprofin

Son ya ocho años que los familiares de los fallecidos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano ni siquiera han reparado que Seprofin hizo negocio con sus muertos. La complicidad no se represa en el SRI, la Fiscalía jugó un papel preponderante para sepultar en el olvido la corrupción de la empresa de Santiago Cuesta. El 24 de abril de 2014, el fiscal de Pichincha de la Unidad Especializada de Soluciones Rápidas, Byron Granda presentó un dictamen abstentivo a favor de Santiago Cuesta, frente a la denuncia hecha por Donoso desde Seguros Sucre.

La intervención de Correa y Pamela Martínez en la justicia son la explicación de la decisión del fiscal, que además sobreseyó a Cuesta, cuando había de por medio un informe de Contraloría que dejó en evidencia el millonario perjuicio que causó Seprofin a Seguros Sucre.  El fiscal Granda desconoció este informe, y no tomó en cuenta la facturación a precio de mercado de las proveedoras privadas, sino solo las emitidas por las coordinadoras, que son las que Seprofin y Santiago Cuesta forjaron para beneficiarse de este negocio.

Santiago Cuesta nunca apuesta limpio, ayer le dio lo mismo llamar a Rafael Correa “Querido Presidente” que ahora tildarlo del mayor de los corruptos. Después de haber enterrado tantos muertos con sobreprecio, recordamos al poeta español León Felipe: “No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera… menos un sepulturero”.

¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?

«Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo”, así reaccionó el presidente Lenín Moreno, frente a la investigación Arroz Verde 502 publicada por los portales La Fuente y Milhojas, según la cual, contratistas multinacionales y nacionales financiaron las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS, los años 2013 y 2014. La difusión de Arroz Verde provocó un impacto judicial y político sin precedentes, uno de los personajes poderosos e intocables del correísmo, Alexis Mera Giler, se encuentra en prisión tras la delación de la exasesora de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez, apresada horas después de difundido el reportaje periodístico. Un informe elaborado en agosto de 2017 deja entrever que el mecanismo de financiamiento electoral de 2013 y 2014 se extendió a la campaña presidencial de 2017, bajo similares formas y códigos que identifican a aportantes y recaudadores. Aquí una nueva entrega de Arroz Verde.

La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza PAIS, que evidenció los informes de Arroz verde 502, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glas en 2017.

Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no sólo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha.
Una parte de esos recursos públicos salieron también del fondo de reconstrucción del terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) direccionó en favor de la campaña de Moreno-Glas.

Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado “Lucas Majano”, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero.


Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de PAIS, reconocen en particular a Gustavo Baroja y Paola Pabón. La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de campaña de la lista 5 que auspició a Paola Pabón a la prefectura de Pichincha.

Baroja, Pabón y Glas, los líderes
Los aportes de empresas privadas, nacionales y extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 7’720.000. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes: Gustavo Baroja (L1), Paola Pabón (L2) y Jorge Glas (L3)- se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios para Alianza PAIS.

Completaban el equipo de recaudación los “coordinadores” Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1) y Patricio Beltrán Vinueza (C-2). El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP.

En 2016, Diego Espinosa, era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinueza el gerente financiero de esa misma entidad.

Según el reporte, ellos recibieron $ 7’360.000 en efectivo, que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los “líderes” antes descritos negociaron y gestionaron directamente con las empresas e instituciones. Espinoza y Beltrán se encargaron del seguimiento hasta la obtención del dinero. Este distribuía a los miembros del equipo de campaña con autorización de Baroja, Pabón y Glas.

El documento señala que “no existen registros de empresas petroleras, debido a que, según informa, mediante correo electrónico, Patricio Beltrán (C-2) a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1): “a las empresas que fuimos ya está recolectado por Jorge Glas y Edwin Moreno” (sic).

Según el informe, todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los detalles
El líder 1, Gustavo Baroja, a la fecha prefecto de Pichincha, tenía a su cargo nueve organizaciones, codificadas así: V1-La Fabril, V2-Hidalgo & Hidalgo, V3-Ripconciv Construcciones Civiles, V4 –Prefectura de los Ríos, V5 – Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, V7-Secretaría de Inteligencia, V8 –Servicios de Seguridad Armiled, V12-Vip Cevipsa y V14-Secretaría Técnica de Reconstrucción.

Las reuniones se concretaron con Carlos González Artigas, dueño de La Fabril (V1), en el hotel Oro Verde de Manta, provincia de Manabí y fue Patricio Beltrán (C2) quien recolectó $1.5 millones en efectivo, entregados en tres partes de $500.000 cada una. El informe no establece las fechas de entrega de los recursos.

Hidalgo & Hidalgo S.A. (V2), al tener participación societaria con la cadena hotelera Holiday Inn, usaba esas instalaciones, ubicadas en la avenida Orellana y Reina Victoria en Quito, para negociar con Gustavo Baroja (L1) y Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) aportaciones voluntarias.

Según el reporte, en esos encuentros se comprometieron a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El documento indica también que se hicieron dos entregas de $450.000 cada una, en las oficinas de Hidalgo & Hidalgo, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos.

El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. (V3), hizo, según el documento, dos entregas en efectivo de $ 300.000 cada una, en las oficinas de la avenida República y Pradera en Quito. Allí se reunieron Francisco Peña, fundador de Ripconciv Construcciones, Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt.

Esa empresa se ha adjudicado grandes obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en las provincias de Manabí y Pichincha, como el mantenimiento de la autopista General Rumiñahui, en el sector del cerro Ilaló.

Baroja y Beltrán se reunieron con Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos (V4), en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Gestionaron la entrega de $ 350.000 en efectivo, valor que se entregó en cuatro partes: dos de $80.000, una de $60.000 y una final de $130.000.
A Troya Fuertes le ofrecieron nombrarlo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, según el informe. Mariano Zambrano Segovia, entonces prefecto de Manabí (V5), fue contactado por Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt para la entrega de los aportes voluntarios, a través de su hijo Mariano Zambrano Vera. Según el documento, él organizó dos reuniones en Quito con Baroja, en las Torres de Suites, ubicada en la Av. Orellana y Av. Amazonas. Allí se entregó en efectivo 800.000 en dos pagos iguales a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) y Patricio Beltrán (C2).

La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) (V7), entregó, con autorización de Rommy Vallejo, su titular, $ 1.5 millones a Baroja, “quien personalmente recibió en las instalaciones de dicha institución en Lumbisí estos valores, en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.
La Secretaría Técnica De Reconstrucción (V14) entregó a Baroja, a través de su titular Carlos Bernal, la suma de $350.000 dólares en las oficinas de RTS, dice el informe Majano.

También se identifican varias reuniones de Baroja y Beltrán con Danny Walker, Munir Abedrabbo y el grupo Wright (sin identificar quién) en las que acordaron aportar $320.000 en efectivo.
El dinero fue entregado en tres pagos, dos de $130.000 y uno de $60.000, a través de la compañía Servicios de Seguridad Armiled Cía. Ltda. (V8). Los encuentros tuvieron lugar en las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la calle Pedregales N35-115.

“Se les ha ofrecido nombrar al titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, dice el informe.

El reporte señala que Gustavo Baroja y Patricio Beltrán “contactaron y gestionaron con Karla Semanate, VIP Cevipsa S.A. (V12) la entrega de aportes voluntarios para insumos y logística” de la campaña del binomio Moreno-Glas.  El dinero ($350.000) se entregó a Beltrán en efectivo, en la ciudad de Quito, en tres partes: dos de $150.000 dólares y una de $50.000 dólares.

La líder 2, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, gestionó los aportes de V9–Reylacteos y V10– Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. A través de Segundo Wong, de Reylacteos, obtuvieron $120.000 y por medio de Carlos González, de Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, lograron $280.000, dice el informe.

Al líder 3, Jorge Glas, le asignaron tres organizaciones codificadas para la gestión de recursos: V6-Sinopec International Petroleum Service Ecuador, V11-Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema Rts (propiedad del fantasma Ángel González) y V13-Grupo Azul.

En agosto de 2016, en uno de los chats filtrados por #InaPapers el entonces asesor de Lenín Moreno, Andrés Michelena, informaba sobre la visita a Ginebra de Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y de Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación Ángel González (el Fantasma). El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”. A esa fecha ya estaba vigente un informe de la Contraloría del Estado que ordenaba la reversión de varias frecuencuencias de radio y televisión adjudicadas ilegalmente al grupo controlado por González. Dos años después de posesionado Moreno como Presidente de la República, nadie se atreve a ejecutar el informe.

Con Sinopec obtuvieron $150.000, el contacto aparece “sin registro” en el documento revisado por este medio. De Tele Cuatro Guayaquil, a través del contacto Eduardo Mangas, consiguieron $600.000. El Grupo Azul, por medio de su dueño William Phillips, les entregó $80.000.

Una mochila llena de fuerza y convicción

El informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a “Homero Arellano, Stalin Basantes, Paola Escobar, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales”.

También se identificaron desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel para el pago de publicidad relacionada a la campaña electoral”. Vinicio Alvarado, hoy prófugo de la justicia por haberse identificado su participación en Arroz Verde 502, diseñó la estrategia de campaña que llevó a Moreno y Glas al poder.

Según el informe, el entonces candidato Moreno conoció el presupuesto que se necesitaba para cada salida de campaña. El documento hace alusión a “comunicaciones mantenidas entre Lenín Moreno y Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, a través de la aplicación Telegram.
En una de ellas, se adjunta un archivo denominado “logística.pptx”, enviado por Arellano a Moreno, indicándole que lo lea y que tiene algunas dudas que necesita sean absueltas.

Por su parte Moreno contesta: “me parece bien Homero, hay que conversarlo con Ricardo Patiño y/o Gustavo Baroja, ellos ya saben que vos vas a manejar el tema”, puede leerse en una captura del chat, del 31 de agosto de 2016.

Arellano le responde: “Perfecto! Voy a Ecuador, hoy noche, justo para reunirme con Ricardo y Gustavo, voy con la mochila llena de fuerza y convicción, amigo!!”.

Según el informe, el archivo “logística.pptx” contenía la organización y costos del “Plan Nacional de Logística” para el binomio. “Se debe señalar que mensualmente se realizaba al menos una comitiva presidencial en la Sierra, Costa, Amazonía y una de las “ciudades grandes”, por lo que el valor mensual oscilaba en los USD 349.920 dólares mensuales”.

Las comitivas vicepresidenciales que se realizaban mensualmente, al menos una vez, fluctuaron en $ 243.420 mensuales, según el detalle:

La información revisada incluye un documento denominado “Liquidación de fondos 1ra. Vuelta”, en formato Excel, de finales de 2016, de Alianza País. Señala que, a esa fecha, el movimiento tenía un total de ingresos por $1.376.330,42, repartidos en los siguientes rubros: Numerarios (Recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $1.376.330,42. Especie (recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $75.457,00 y Otros Ingresos (intereses cuenta corriente) $48,85.

De esta información no se cuenta con mas referencias de cuentas, entidades financieras y personas a cargo. El informe Majano agrega un balance contable, titulado “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la Republica, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016”, que señala que los gastos de campaña sumaron $1.219.330,89 y se repartieron en movilización y transporte, arriendos, “otras campañas electorales”, “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.

Al final del documento, en el apartado de “Certificación”, se dice que “los abajo firmantes certificamos, que la presente LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ha sido elaborada de conformidad al balance general, estado de resultados y demás documentos de soporte contable, los mismos que fueron discutidos y aprobados, el 03 de mayo de 2017”. Se adjuntan los nombres de Gabriela Rivadeneira, en calidad de representante legal de Alianza País, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M, contadora.

Los aportes a la campaña electoral de Alianza PAIS del año 2017, contenidas en el informe Lucas Majano, son adicionales a aquellas contribuciones investigadas por la Fiscalía General del Estado, en el marco de la indagación previa abierta en marzo de 2019, en contra del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien confirmó a un medio de comunicación, que él canceló de su bolsillo los hororarios del asesor internacional Jordi Segarra, rubros no reportados al Consejo Nacional Electoral. Según información entregada a la fiscalía, Cuesta Caputi, gestionó recursos económicos adicionales para la campaña de Lenín Moreno.

Todos los nombres de arroz verde

El equipo de periodistas que ha trabajado este informe confirmó que versiones de “Arroz verde 502″ están en manos de funcionarios del gobierno de Lenin Moreno. Se verificó además que entre los personajes contactados por Pamela Martínez Loayza está Santiago Cuesta Caputi. El informe arroz verde 502 evidenció cómo el equipo liderado por Pamela Martínez, ex asesora del Presidente Rafael Correa, llevó el detalle de las donaciones que Alianza PAIS recibió de empresas transnacionales y de otras compañías nacionales. Un archivo de excel llamado 03 02 14 establece que se detallaron los aportes voluntarios que recibió PAIS de diversas empresas y ejecutivos. El primero en la lista es V1 (Alberto Hidalgo) representante de la constructora Hidalgo & Hidalgo y primo del actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo.

Dos palitos

Los registros de Arroz verde señalan que Alianza PAIS le pidió a la constructora Hidalgo & Hidalgo, un monto de $2 millones. Un millón fue gestionado por María Duarte y el otro restante por Walter Solís. Según los registros de Arroz verde se dice que fueron dos palitos repartidos. Alianza PAIS instruyó para que los proveedores Diverton S.A., Thiagocorp S.A., Charly Alberty Producciones, Inmobiliaria Crisvilop, Offser Abad, Sc Films Producciones e Importadora Comercial Pérez, Indura / Cable facturaran a nombre de la constructora Hidalgo & Hidalgo. También le fueron cargados dos valores por concepto de Gastos de Campaña y “facturación País”(sic).

Entre el 9 y 30 de enero de 2014 se emitieron facturas -por las empresas anteriormente señaladas- por $626.178,00 a nombre de Hidalgo & Hidalgo. Según el registro de Arroz verde el “Saldo Disponible Hidalgo & Hidalgo S.A fue $1.373.822,00”, dice el documento. Esto quiere decir que le quedaba pendiente de pagar el valor de $1,37 millones.

Cómo pagó H&H

El reporte del 3 de marzo de 2014, señala que Walter Solís (L3) y María de los Ángeles Duarte (L2) se encargaron de gestionar y recaudar el dinero. El reporte de esa fecha posee un archivo denominado 03 02 14 en el que constan tres listas.

Una de las listas es la llamada “WS”, fechada el 6 de noviembre de 2013, que detalla qué aportantes estaban a cargo de Solís: “Pedro Verduga (1m), Alberto Hidalgo (1m), Luis Valero (400), Luis Valero (401)”.
Otra lista llamada “MD”, del 5 de noviembre de 2013, a cargo de María Duarte, señala que a Alberto Hidalgo “se le pidió un palo”. A “Manuel Fontana, Fopeca. Se le pidió medio palo”. De la empresa Midisa S.A. escribieron que “aseguró un palito. Llámalo cuando gustes. Dispuesto”, de Edgar Salas, de Consermin esperaban recibir 300.000. “Aunque a Edgar Salas lo estoy presionando por 200.000 más, cuando le pague liquidación vía Balbaneda Pallatanga”(sic).

El 14 de diciembre de 2013, se registró en la matriz que V2 (Hidalgo & Hidaldo) “no contesta el celular, pero se ha dejado mensajes con su asistente Marcia Jurado. Se pidió intervención de L2, ella ofreció interceder. Aún sin resultados”.

El 12 de enero de 2014, se escribió “al fin contestó y pide se emita una primera factura por $100 y por el resto pide reunión el miércoles 15 de enero de 2014 en Guayaquil”. El 19 de enero se escribió: “En reunión mantenida, solicita se gestione un pago a su favor, que Senagua tendría que hacerle. Se le explica que eso no es competencia. Ofrece nuevo cruce de cheque”. Desde esa fecha en adelante fue “cumpliendo”.

Hidalgo & Hidalgo se ha adjudicado un sinnúmero de obras de infraestructura (puentes, túneles, saneamiento, riego, electrificación, puertos, aeropuertos y edificaciones). Entre sus proyectos se cuentan: la rehabilitación de la carretera E-25 Baba en la provincia de Los Ríos, de 16.52 kilómetros (USD 26.2 M), Trasvase Chongón – San Vicente (USD 43 M) más un contrato complementario por USD 39 millones; la vía Aloag – Santo Domingo (60 M), la vía Vía Cuenca-Azogues (72M), la rehabilitación Zhud-Cochancay – La Troncal-El Triunfo (71M), la construcción de la carretera Baños-Riobamba (30M), el anillo vial de Quevedo, dónde aterrizaban las narcoavionetas (150M), entre otras.

H&H es propietaria de acciones de International Water Services – Interagua Cia., Ltd., contratista del Municipio de Guayaquil.

FOPECA y las firmas líquidas

El código V2 fue asignado a Manuel Fontana de la empresa Fopeca. Aportó $500.000 y su pago lo gestionó, según los documentos de Arroz verde, L2-María Duarte.

En anotación del archivo “03 02 2014” de noviembre de 2013, se señala: “No asistió a la cita convenida el lunes 11 de noviembre de 2013, pide que a su regreso de Colombia, esto es, el jueves 21 de noviembre de 2013, se lo vuelva a llamar”. En la matriz se establece que en fecha 4 de diciembre se escribió: El 21 de noviembre de 2013, él manifestó que ha pensado que serían 400 firmas, sólo podrá recaudar 300, de los cuales 60, serían líquidos. El 4/12/2013, entregó 30 y ofrece para el 9/12/2013, los otros 30. Diferencia 240 cruce.” (sic).

El 2 de enero de 2014 en la matriz “03 02 2014” se escribió: “Cumplido su valor en líquido (saldo entregado el 18/12/2014) los cheques solicitados están siendo pagados”. Desde el 9 de enero de 2014 en adelante se escribió únicamente: “cumpliendo”.

MIDISA, UN PALITO

Midisa S.A., con el código V3 “aseguró un palito” ($1 millón). El registro del 20 de noviembre de 2013 del archivo “03 02 2014”  dice: “no asistió a la cita convenida el miércoles 13 de noviembre de 2013, lo estoy llamando y no contesta el teléfono. Sigo insistiendo”. Al 12 de diciembre de ese año el mismo archivo detalla: “480, entregados el 10 de diciembre de 2013”.

El 14 de enero de 2014 se escribió en la matriz del archivo antes citado: “informa que hace 1 mes entregó la diferencia $500 directamente a un emisario de L1, por lo que se descuenta este valor por cobrar”. Cinco días después dijeron “confirmado que únicamente fueron entregados $480 de los $500”. En los registros del 3 de febrero de 2014, señalaron que “el 31 de enero de 2014, entregó $500, de los cuales 19 billetes estuvieron rotos, indicando que el inconveniente será solucionado”.

CONSERMIN

Edgar Salasde Consermin, registrado con el códio V4, aseguró la entrega de $300.000. Pago gestionado por L2. “El miércoles 13 de noviembre de 2013, ofreció que el lunes 18 de noviembre de 2013, entregaría $100 pero no cumplió. Sigo insistiendo. Pedí a L2 su ayuda, aún sin resultados. Comunica que ya habló con L2, y en el transcurso del lunes 13 de enero de 2014, informará el día cuando podrá cumplir”. Los registros de febrero de 2014 señalan: “ratifica que su apoyo vendrá en los próximos días”(SIC).

En el archivo de Excel se agrega una pestaña titulada lista MD que dice textualmente: “aunque a Edgar Salas lo estoy presionando por 200.000 mas, cuando le pague liquidación vía Balbaneda Pallatanga”(sic).

El clan Verduga

Pedro Verduga, de la empresa Equitesa, entregó 1 millón de dólares, según arroz verde 502. El pago fue gestionado por L3-Solís. El jueves 14 de noviembre de 2013 confirmó su oferta, “pero a través de cruce de facturas”. El 3 de diciembre de 2013, les ofreció que entregaría, “el martes, 10 de diciembre de 2013, $100”(sic).

El reporte del 2 de enero de 2014 dice: “entregado el 20 de diciembre el 2013, $100. A pedido una reunión para este viernes 3 de enero de 2014 en Guayaquil”. A partir de esa fecha fue “cumpliendo” (sic).

Exigentes con Valero Semaica

Luis Valero, entregó 1 millón de dólares.

El 20 de noviembre de 2013 registraron que “el martes 12 de noviembre de 2013, indicó que entregará $150.000 en efectivo dentro de 2 semanas y $350.000 mediante cruce de facturas”.“Aún no concreta oferta en efectivo. Facilitó la información de datos para facturar a nombre del Consorcio Valero – Semaica”(sic). El 9 de enero de 2014, dijeron que Valero se encontraba “Cumpliendo cruce de facturas. Falta efectivo”(sic). Cinco días después escribieron “20/01/2014, informa que el saldo también será en facturas, ha entregado $100 en efectivo a VB”. Desde esa fecha se le registró como “cumplido”.

Odebrecht

El reporte indica que la brasileña pagó “el 9 de septiembre $500, 21 de octubre $500 y 12 de noviembre de 2013 $150, está cumpliendo”.

La anotación del 4 de diciembre de 2013 señala “el 21 de noviembre $300, 2 de diciembre $100, Total. $1.550”.

El 2 de enero de 2014 dijeron: “$500 entregados el lunes 16 de diciembre de 2013.Total $2.050. El 16 de diciembre de 2013, $439,9. Total $2489,9. El 18 de diciembre de 2013. $10.1. Total $2.500. CUMPLIDO”.


SK, dando y dando
El código V8 relacionado a la empresa surcoreana SK estableció que no entregarían “aportes” hasta no tener “la adjudicación del contrato”, “que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas”. El 2 enero 2014 un reporte dice: “Ya firmó el contrato, pero pide que esperemos a que él reciba el anticipo”. “Ofrece próxima semana del 13 de enero”.

El 14 de enero de 2014 reportan que: “Autorizada la emisión de facturas con fecha 2 de enero de 2014 en adelante.  Pueden ser enviadas 4 facturas semanales incluida la de servicios legales de diferentes proveedores, los conceptos deben ser exclusivamente con las descripciones del listado entregado”. El 19 de enero dicen: “se le envió factura para cruce”. El mismo mensaje se escribió el 19 y 27 de enero y solo el 3 de febrero se escribió la palabra “Cumplido”.

El testaferro de Glas

El código V9 pertenece a la china CWE relacionada a José Alvear Icaza. Según el documento le pidieron USD 1 millón.

El 20 de noviembre de 2013 señalaron “no asistió a la reunión del miércoles 13 de noviembre, se dio una nueva reunión el 19 de noviembre de 2013 acudiendo el señor Juan Carlos Wang y Enrique, representantes de CWE que: “ratifican su voluntad de apoyar en cuanto reciban la adjudicación de contrato ofrecido”. Para inicios de diciembre de 2013 la empresa dijo que entregaría los aportes a partir de la adjudicación de contrato, “que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas”. L1-Jorge Glas, recomendó “no insistir en este tema”.

El lobista chino

Bajo el código V10, a Bolívar Sánchez le solicitaron USD 1 millón. Aporte que fue gestionado por L1-Jorge Glas. Según los registros el 2 de diciembre de 2013 ofreció, “500 cruce de facturas y 500 líquido a partir del 20 de diciembre y el líquido enero y febrero”(sic). El 13 de enero de 2014 “entregó $70”.  Desde esa fecha fue “cumpliendo”.

Sánchez figura como lobista de los proyectos Bulu Bulu y la central hidroeléctrica Sopladora. El representaba a la empresa china Gezhouba Group Company.

Tomi Topic cumplió en líquido

Uno de los archivos del reporte “03 02 2014” dice que “el 3 de diciembre de 2013 me reuní y ofreció que entregará 250 el 10 de diciembre y 250 el 17 de diciembre de 2013. Todo líquido”. Según las anotaciones “entregó $100 el 3 de enero de 2014, saldo el 10 de enero de 2014. Entregó $250 el 10 de enero de 2014 y el saldo lo entregará el miércoles 15 de enero de 2014”. El 15 de enero de 2014, dio “$150 líquido”. A partir de ahí fue “cumpliendo”.

El jefe boy scout

V12 era el código de William Phillips del grupo Azul. El 12 de diciembre de 2013 dijeron “20 entregados en 9 de diciembre de 2013”. El 2 de enero de 2014, pidió reunión con L1-Jorge Glas. El 14 de enero de 2014 se mantenía “en espera de respuesta de L1”, hasta el reporte del 3 de febrero de 2014 se mantuvo este mismo mensaje. Los registros indican que lo dejó esperando.

La mano rusa

En enero de 2018 el portal La Fuente publicó una investigación llamada “Odebrecht sacó a la luz al cajero ausente de la revolución”, en este texto apareció el nombre de Rafael Córdova, vinculado a la empresa Welsby, que hizo una transferencia a la empresa Importram, de propiedad de John Jara Merino, asesor de Jorge Glas. Córdova fue representante de  la firma rusa Interao, socia de la china CWE, constructoras del proyecto Toachi Pilatón.

El código asignado a Rafael Córdova es V12, Metco.  Esperaban de él la suma de USD 500.000.  El 2 de enero de 2014 señalaron que “ofrece 500 en facturas”. Hasta el 14 de enero de ese año se mantuvo “cumpliendo cruce de facturas”. Los siguientes mensajes fueron de cumplimiento.

El chino cumplidor

Cai Runguo, llamado V14, en reporte de 2 de enero de 2014, ofreció “500 en facturas”, el 9 de enero de ese año ofreció que “el martes 14 de enero entregará líquido y saldo cruce de facturas $100 y $400 en líquido”(SIC). En efecto, “entregó el 14 de enero de 2014, $400”. Hasta el 3 de febrero de 2014 fue registrado como “cumpliendo”.

V15

A Osier S.A. le llamaron V15. Le pidieron $1 millón. Sin embargo, todos los reportes fueron registrados con el mensaje “En espera de instrucciones de L1”.

V16

TEODORO CALLE / TGC fue registrado con el código V16.  Según las anotaciones el 13 de enero de 2014, indicó que su aporte será de $300.000; “$270 en facturas y $30 en efectivo, que serán entregados por Jackeline Piñeiros, el jueves 16 de enero a las 15h30. Muestra su preocupación por falta de proyectos. Pide ayuda a L2”. El 16 de enero de 2014, entregó $30 líquido, dice el documento. Desde el 27 de enero de 2014 en adelante se escribió únicamente: “cumpliendo”. Los aportes fueron gestionados por L2- María Duarte.

V17

CONSERMIN era V17. Le pidieron USD 200.000. Desde enero de 2014 hasta el 3 de febrero de 2014 fue registrado como “cumpliendo cruce de facturas”.

V18

A Francisco Suarez le fue asignado el código V18, según el registro, el 26 de enero de 2014, indicó que se realizaría el pago por medio de cruce de facturas. El 3 de febrero de 2014, anotaron que “ya entregó los datos para facturación”.

El millón de Galo Mora

Según el informe Arroz Verde 502, los $4.6 millones recibidos en efectivo, fueron distribuidos por la asistente de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez Loayza, a varios representantes de Alianza PAIS que constan en el reporte. Los desembolsos se hicieron previa autorización de Jorge Glas Espinel – L1, María Duarte – L2 y nueva información que vincula a Vinicio Alvarado Espinel, código VAE. El último registro de egresos correspondiente al 6 de febrero de 2014, estableció que gastaron $4.1 millones y dejaron un saldo en caja de $536 mil dólares.


A los nombres revelados en la primera entrega, se incluyen nuevos destinatarios del dinero en efectivo entregado por Pamela Martínez, recursos en los que constan los aportes de Odebrecht. En el registro de egresos aparece el nombre de Galo Mora Witt, entonces secretario de Alianza PAIS, signado con el código GM. En declaraciones públicas, Mora, dijo no haber recibido dinero de Odebrecht: “al único brasileño que conozco es a Neymar”, dijo irónicamente.

El 13 de noviembre de 2013, a través de Rolando Carrera Maya, contador de AP, se hizo la entrega de $50.000 como primer pago para la convención nacional del correísmo a realizarse en la ciudad de Cuenca. El 13 de enero de 2014 se entregó a Carrera Maya $1.05 millones para cubrir el apoyo a las prefecturas y $50.000 adicionales como segundo pago para la convención de Cuenca. En total, Galo Mora, recibió a través de Rolando Carrera la suma de $1´150.000.

Entre el 21 de enero y el 6 de febrero de 2014, se identifica otro desembolso de $1’390.000 a favor de Rolando Carrera, por diferentes conceptos administrativos del partido gobernante. Estos pagos fueron autorizados por el ex secretario de la administración del correísmo, Vinicio Alvarado Espinel VAE, según el informe Arroz Verde.

Los días 8  y 11 de noviembre de 2013, María Duarte, recibió de Yamil Massuh, $320.000 para cubrir gastos de la convención de Alianza PAIS en Guayaquil, el pago fue autorizado por Vinicio Alvarado.

El 6 de febrero de 2014, según el registro de egresos, VAE recibió de Patricio Endara, cuñado de Virgilio Hernández y ex asesor de Augusto Barrera, la cifra de $400.000 por cruce de facturas, proceso autorizado por Jorge Glas y María Duarte.

ARROZ VERDE PARTE TRES

Nuestra investigación incluirá una tercera entrega en la cual revelaremos el cuadro de testaferros de L1-JG

El retorno de Odebrecht: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON

Repetir los pecados del pasado es común en la política ecuatoriana, olvidamos con facilidad, perdonamos a los responsables y nos quedamos con el ingrato recuerdo de los hechos. Periodismo de Investigación publica por primera vez cómo fueron las negociaciones para el retorno de la empresa y quiénes son los responsables de los hechos posteriores, prohibido olvidar.

ACTUALIZACIÓN 10 JULIO 2020

ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA A FERNANDO VILLAVICENCIO, COAUTOR DE ESTE REPORTAJE

Un nuevo intento por criminalizar la opinión y atacar al Periodismo de Investigación se está reeditando por parte de la justicia ecuatoriana. Fernando Villavicencio, periodista de este portal, ha sido llamado a audiencia de juzgamiento para el 13 de julio de 2020, dentro de una demanda instaurada por Juan Falconí Puig, abogado de la multinacional Odebrecht, por presunto daño moral.

La investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, publicada el primero de agosto de 2019, fue la que despertó la iracunda reacción de Falconí Puig, ex embajador de Ecuador en Reino Unido, durante el gobierno de Rafael Correa.

En esta nota se exhibe cómo se negoció el convenio del “perdón” a Odebrecht, firmado en julio de 2010, a través del cual se liberó a la corporación brasilera de sus responsabilidades civiles y penales y se desvanecieron glosas en su contra por $80 millones. A cambio, el Estado recibió $20 millones por indemnización. Odebrecht contrató a Falconí Puig, quien percibió honorarios por $1,3 millones por liderar las conversaciones con altos funcionarios del correato que permitieron la firma del mencionado convenio.

Fernando Villavicencio nunca fue notificado de esta demanda en el plazo que determina el Código Integral Penal. Recién el 9 de julio pasado se enteró del tema mediante mensajes difundidos por Falconí Puig y Correa en la red social Twitter. No obstante, la jueza, Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, siguió tramitando la causa, con lo que se está vulnerando el derecho a la defensa del periodista.

El retorno triunfal de Odebrecht en 2010 puede repetirse en 2019

Fue hace nueve años, el 8 de julio de 2010, que el gobierno de Rafael Correa acordó el retorno de Odebrecht al Ecuador, luego de ser expulsada en 2008 por los problemas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La negociación se hizo en seis meses y tuvo todos los ingredientes del delito de colusión.

Funcionarios de Hidropastaza, del fondo de Solidaridad y la Presidencia de la República, junto a los ejecutivos de la empresa construyeron el acuerdo para permitir el retorno de Odebrecht en condiciones favorables a esta. Con el convenio, la empresa se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de $20 millones de indemnización.

De parte de Ecuador, se archivaron glosas por $80 millones, una demanda internacional por $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES, se enterraron los procesos penales y se olvidaron del lucro cesante por al menos 100 millones.

Periodismo de investigación hace un recorrido de esas negociaciones en las que participaron José Santos Filho, Juan Falconí Puig y Sergio Ruiz por parte de la constructora y Alexis Mera, Ciro Morán Maridueña, Rafael Poveda, Vicente Peralta y Jorge Glas como supuestos defensores del Estado.

En los primeros años de este siglo, Falconí Puig defendió los intereses de Cervecería Nacional en un juicio comercial con una competidora. Alexis Mera también participó en la defensa de cervecería en calidad de socio de Juan Falconí y años después se reencontraron en el gobierno de Correa. Falconí en 2008 estuvo al frente de las incautaciones de los bienes de los banqueros Roberto y William Isaías.

El 4 de febrero de 2010 Juan Falconí Puig, le presentó a Odebrecht la propuesta de costos profesionales para representar a la constructora en el proceso de negociación del acuerdo de retorno. Los honorarios marcados fueron de 1,3 millones de dólares pagados en tres cuotas: $200 mil iniciales, otros $100 mil a los tres meses del proceso y $1 millón al finalizar el acuerdo.

La negociación y correspondencia

Los insumos jurídicos y documentos del acuerdo fueron escritos originalmente en los computadores de Odebrecht y se presume en el estudio Falconí Puig. De la información a la que este portal tuvo acceso no se desprende documento alguno que haya sido originalmente trabajado en la Procuraduría General del Estado, Hidropastaza, el Fondo de Solidaridad o la Presidencia. Al parecer esos documentos llegaron del lado de la constructora, ellos se encargaron de socializar sus insumos con los funcionarios del Estado. Documentos a los que accedió este portal dan cuenta que el convenio final y el decreto presidencial, firmado por Rafael Correa, no se elaboraron en ninguna entidad estatal. Fueron trabajados en las oficinas de abogados de Falconí Puig.

El intercambio de correos dejó en evidencia que para inicios de 2010 Falconí identificaba a Jorge Glas como Vidrio, es decir dos años antes que se registre ese código en los cuadernos de sobornos del Caso Caminosca.

La desesperación de los funcionarios por acordar el retorno de la constructora y solucionar los problemas de San Francisco les llevó a jugar en la cancha de la empresa y beneficiarla. Hay pruebas de ello: El 7 de febrero José Santos escribió a Falconí, desesperado y asustado por la posible notificación a los ejecutivos de la corporación en Brasil, del arbitraje que se llevaba en la Cámara de Comercio de Ambato le escribió a Falconí: Juan, Cómo podemos confiar en este gobierno? Mientras estamos negociando y esperando el informe de Procuraduría el propio gobierno sigue intentando citar al consorcio?

La respuesta de Falconí fue: Correcto José, ya no es posible que el Procurador quiera poner más condiciones, mas aún si su informe es bien flojo. Les escribí a Alexis y Jorge porque eventualmente ellos no quieran esperar hasta el lunes y llamen antes a discutir y aclarar ese tema.

Ese mismo el 7 de febrero de 2010 José Santos desde su mail corporativo, le escribió a Ciro Morán Maridueña, gerente de Hidropastaza (pariente político de Vidrio), con la siguiente instrucción:

“El Consulado de Ecuador en Sao Paulo acaba de llamar el personal de Andriz solicitando datos de los directores y indicando de que en la próxima semana van hacer la citación. No podemos dejar que esto ocurra. Tu tiene que llamar a Jorge Glas inmediatamente y pedir a el que hable con Patiño para mandar a suspender estas acciones en Consulado de Brasil. No podemos dejar que esto ocurra. En el aguardo de tus acciones saludos, José Santos” (sic).

Ese mismo día Ciro Morán dirigió un escrito desesperado a Alexis Mera y Jorge Glas con copia a Vicente Peralta y Juan Falconí para evitar que se cite a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, explicando temas técnicos. “Los tiempos son inaceptables”, dice Morán porque la central estaría parada dos meses y medio y pide la presencia de Mera en una audiencia para lograr un compromiso con la Procuraduría y les conceda el informe final, antes del cierre de la instrucción fiscal y para poder mantener las fechas y tiempos de trabajo acordados por el consorcio para arrancar con operaciones antes de la época de estiaje.

El 12 de marzo de 2010 Guillermo Solis de Odebrcht dio a conocer a Ciro Morán, Fernando Chávez de Hidropastaza y otros funcionarios del ministerio de telecomunicaciones (donde ya despachaba Vidrio) que el documento final estaba listo. En el mensaje se incluyó a otro grupo de abogados de la empresa y ejecutivos del consorcio constructor de San Francisco. El mensaje decía: «Adjunto el Convenio de Transacción  (y sus anexos) que sería el documento definitivo a ser enviado a la Procuraduría General del Estado para sus comentarios y observaciones. Para conocimiento del grupo, hemos trabajo en la mañana de hoy en dicho borrador conjuntamente con los Drs. Ciro Camilo y Fernando Chávez. Saludos, Guillermo Solis»

Pero la Procuraduría no estaba dispuesta aceptar la propuesta tan fácilmente. Los tropiezos en el acuerdo y la tensión de Odebrecht se denota en la presión que José Santos ejerció en Falconí; también se deja en claro que Morán Maridueña, estaba mas con Odebrecht que con Hidropastaza. A fines de marzo de 2010 un nuevo mail decía:

El personal de la Cámara de Comercio de Ambato ya contestó la carta de Hidropastaza enviada ayer. O sea de nada sirvió la carta enviada de HP… Yo creo que tu deberías llamar a Glas e indicarle que esta situación no puede continuar. Tenemos un Acuerdo de Caballeros de no hacer gestiones mientras estamos negociando el acuerdo y Ciro tiene que enviar una carta para el Cámara de Comercio de Ambato.

Falconí le responde: «Tengo claro el tema. Mañana reclamo verbalmente y muy fuerte. Deben presentar un escrito pidiendo a la directora que congele el trámite, pues es estúpido que después de un año, cuando estamos negociando y así se aclaró traten de impulsar ese juicio. JFP»

La prueba mayor que establece que el Estado nunca preparó o construyó el proyecto de acuerdo para el retorno de Odebrecht se dio en ese mismo mes; se identifica con claridad que incluso en esas condiciones la constructora brasilera sobrevaloró los trabajos a su favor en perjuicio del país. Alexis Mera, desde su correo de la presidencia escribió a Juan Falconí el siguiente mensaje:

“Estimado Doctor: En el proyecto que me pasaron no dice nada de los riesgos adicionales. Tampoco dice que Odebrecht pagará los estudios técnicos para las obras adicionales. El soporte de esta operación está evidentemente sobrevalorado, ya que un técnico por bimestre no puede costar 4 millones

En mayo José Santos le hizo saber a Falconí su preocupación por el posible acceso de la revista Vistazo a la demanda de Hidropastaza contra la empresa, la creencia de Santos es que cualquier publicación podía entorpecer la negociación. La correspondencia del 17 de marzo decía: Juan, Acabo de mirar el email enviado a un ex funcionario nuestro (Esteban Michelena) que era la persona responsable por el contacto de la empresa con la prensa. Gustaría saber cómo proceder. Yo creo que si sale este reportaje va a complicar nuestras negociaciones con el Gobierno. Yo no pretendo dar ninguna información o entrevista mas como tu puedes observar la reportera indica de que tiene la demanda de Hidropastaza.

Otra correspondencia de julio, enviada por Juan Falconí a Alexis Mera se expresa las dificultades de la empresa para llegar al acuerdo y pide que desde el mas alto nivel se presione a la Procuraduría para aceptar una salida. El mail dice: Estimado Alexis: Le informo la preocupación de José Santos de Odebrecht, por el estado actual del trámite del convenio transaccional…. en la Procuraduría sostienen que no hay transacción porque no se termina todo de una vez… Parecería que hace falta algún tipo de gestión de gestión política, que transmita directamente al procurador la urgencia del propio Gobierno  en este tema por efectos del próximo estiaje.

El 8 de julio el Procurador Diego García cedió a las presiones y entregó el aval para la firma del convenio, previo al retiro de todas las demandas existentes contra la empresa, ese mismo día se firmó el acuerdo con Hidropastaza. Luego vino el pago de la empresa y el caso quedó saldado.

Apenas se firmó dicho acuerdo el mismo grupo empezó a programar el convenio para que el Estado retire la demanda internacional que inició contra el Banco de Desarrollo del Brasil, BNDES, que financió la obra por un valor de $600 millones

El 21 de julio de 2010 Ciro Morán era el mayor defensor de Odebrecht y delineó el plan para salvar al BNDES: “ESTIMADOS Jorge y Sergio, tal como le comenté a Sergio, como ya está aquí José Santos , solicité una reunión con él para establecer los planes que corrijan el rumbo del convenio. A continuación tres planes:

a) Que el Contralor se convenza de emitir el informe, esto implica que no se debe modificar nada (idea de del Dr.Mera).

b) Que el procurador se convenza que puede emitir un informe de autorización de Transacción (así sea condicionado), para lo cual le presentará un proyecto definitivo que implique que ellos entran hacer todo , que nosotros desistimos inmediatamente después de la firma  (incluido el tema penal) y que y que contra los desistimientos presentados o la aprobación de estos se cobran los 20 millones. En este plan no se incluye nada de la Contraloría, simplemente se establece que los 20 millones son imputables a cualquier valor que el contralor confirmase  y sino queda como compensación a las paralizaciones (este es el plan que prefiere Odebrecht)

c) Si Contralor o Procurador no quieren colaborar en el tema, se puede realizar un adendum que no requiere de informe de ninguno de ellos y que consisten en que ellos acepten ingresar.

Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los $800 millones que tenía en contratos, entes de la expulsión, debió sumar otros por $3.500 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los $4.100 millones y de acuerdo con investigación periodísticas, suma un sobrecosto de $853 millones, cifra en la que no se incluyen los sobreprecios en los contratos de la Ruta Viva y del Metro de Quito.

En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EEUU emitió un informe según el cual la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de América Latina y África. Sobre Ecuador los documentos señalaron que entre 2007 y 2016 la multinacional pagó sobornos por $35,5 millones a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa Delgado, lo que le generó beneficios de más de $116 millones. En las páginas 19 y 20 del citado informe se establece que parte de esos pagos se hicieron a un intermediario y a un oficial del gobierno de Correa, para negociar el regreso de Odebrecht a Ecuador, expulsada del país por las graves fallas en la central hidroeléctrica San Francisco. La información actual, obtenida por nuestro equipo de investigación, debe ser cotejada con los documentos del Departamento de Justicia de EEUU, respecto a quiénes negociaron la firma del convenio en julio de 2010.

Como hace 9 años, el gobierno de Lenín Moreno prepara el escenario para un segundo retorno de Odebrecht. El país estará atento a identificar el costo de este nuevo perdón.

ARROZ VERDE: LA METIDA DE MANO EN LA JUSTICIA

Arroz Verde es una receta compleja cuyos ingredientes no solo exponen la colosal estructura de sobornos que armó Alianza PAÍS para financiar durante una década sus campañas. Arroz Verde también deja al descubierto la metida de mano en la justicia: un mecanismo fabricado por el correísmo para delinquir, encubrir los delitos, acomodar jueces, sentencias y perseguir a denunciantes y opositores. En nuestro poder reposan miles de documentos que dan sustento a una investigación de cómo el correísmo desde el despacho presidencial disponía el teje y maneje de las cortes, nombraba jueces y elegía a abyectos servidores para que emitan sentencias favorables al régimen.

Primera entrega

La metida de mano en la justicia no será más un estribillo repetitivo usado por la oposición a la Revolución Ciudadana. Archivos de Arroz Verde revelan la intervención de Rafael Correa en la Función Judicial para ganar casos emblemáticos, que después serían disfrazados de fallos trasparentes por el Estado de propaganda.

Dos meses después de nuestras revelaciones del caso Arroz Verde 502, la captura de Pamela Martínez Loayza y su ex asistente Laura Terán Betancourt, el posterior apresamiento del segundo personaje más poderoso del correísmo, Alexis Mera Giler, y la solicitud de la Fiscalía General del Estado de incluir a 22 personas, entre ellas el ex presidente Correa -aunque se queden varios nombres en el tintero fiscal- el caso apenas parece aclararse y se identifica que los límites de la corrupción son tan anchos como el horizonte.

El cofre de información de Laura Terán

Como parte de su colaboración con la justicia, Laura Terán entregó a la Fiscalía General del Estado, centenares de archivos físicos entre los que se cuentan aquellos que hablan de los favores pedidos por el consejero Santiago Cuesta a Pamela Martínez y la clave de acceso a su cuenta de correo electrónico de hotmail. Un lote de 22.000 correos que son una suerte de radiografía a las actuaciones de Martínez cuando fue asesora presidencial desde 2010 y posteriormente jueza constitucional.

Pamela Martínez lo sabía todo, lo manejaba todo. Por sus manos pasaron desde los pedidos más simples (como solicitudes vía twitter de ciudadanos que pedían a Correa un empleo, ayuda económica o legal), hasta los juicios más emblemáticos del país, como el caso de El Universo, los 10 de Luluncoto, de Pepe Acacho, la querella iniciada por Correa en contra del exasambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Correa le encargó a Pamela Martínez la reparación a los familiares de las víctimas del 30S. Laura Terán y ahora la fiscalía, tienen en su poder un cofre de información que delata el control de la justicia por parte del correísmo.

Martínez también estuvo al frente de la Comisión calificadora para la conformación de la primera Corte Constitucional, en 2012.

“Asesora: favor atender”, era la orden con la que Pamela movía al aparato correísta para cumplir todas las disposiciones que Correa enviaba a través de mensajes.

Pero sus ambiciones personales no se limitaban a ser una empleada empoderada dentro del departamento de asesoría. Simultáneamente, se convirtió en un pilar para su marido Jimmy Salazar, en la carrera por la presidencia del Colegio de Abogados de Guayaquil. Estaba convencida que juntos podían llegar a lo más alto de la esfera política en el país, por eso ideó el movimiento nacional Justicia Social.

Se ocupaba de todo, incluso de escoger los colores que llevaría toda la propaganda de Salazar, supervisaba sus discursos y ejercía presión sobre el gremio guayaquileño para lograr el respaldo a favor de su marido.

A la par, Martínez allanó el camino para convertirse en jueza de la Corte Constitucional en 2015. Martínez supo reafirmar con hechos la frase “vamos a meter la mano a la justicia” que expresara Correa en enero de 2011. Aquí algunas demostraciones:

Así se eligió y así se emborrachó la corte cervecera

Los nombres recurrentes en los mails son: Patricio Pazmiño (expresidente de la Corte Constitucional), Tatiana Ordeñana (exjueza constitucional), María del Carmen Maldonado, actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Wendy Molina Andrade (exjueza constitucional), Antonio Gagliardo (exjuez constitucional).

En 2015, como parte de la renovación parcial de la Corte Constitucional, tres de los nueves jueces que integraban la Corte fueron reemplazados.

Un correo señala que se hizo un informe completo previo a la elección. En él se sugería que la comisión de selección esté integrada por Wilson Zamora (Los Ríos) y Bernardo Morán (Guayas); Ivet Zapata (Pichincha) Martha Zamora, Efrén Roca y Laura Rebolledo, así mismo la “propuesta de candidatos”, por el Ejecutivo iría “Pamela Martínez, Efrén Roca y uno más”, por el Legislativo Danilo Terán y por Transparencia y Control Social: “Carlos Cassanello, Pamela Aguirre y/o Pablo Alarcón y una persona más”.

Los cinco personajes más conflictivos

El documento señala las fechas para la elección y detalla varias infidencias de los “jueces a ser reemplazados”. Por ejemplo, el entonces presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, sugirió sustituir a los jueces Antonio Gagliardo, Manuel Viteri y María Maldonado. “Se queja de Marcelo Jaramillo y Tatiana Ordeñana por su afán de figurar y ejercer “liderazgo” ante los demás. Respecto a lo manifestado por Patricio, coincido que, entre los 5 personajes más conflictivos, lo más peligrosos son los 3 primeros”, dice Pamela Martínez en un informe elaborado para conocimiento de Correa.

“María del Carmen Maldonado (totalmente ajena al proyecto, agenda individual, conflictiva a carta cabal. Ha pasado viajando fuera del país por capacitación personal, no importándole faltar a sesiones de votación importante. Ha generado peleas con todas las mujeres del pleno y/o asesoras, esto en su afán de ser reconocida como la “mejor puntuada, y la sacrificada por la revolución”, reseña Martínez.

Antonio Gagliardo, “un tiro al aire”

De Gagliardo dice que es “un disparo al aire”. “No se ha integrado a ningún equipo de trabajo. Ha manifestado en diversos escenarios que él es el contacto para “negociar” los temas que los abogados del Guayas tengan en la Corte Constitucional. Yo le he medido en temas candentes, como, por ejemplo, a él le tocó conocer el pedido de acción de protección que pusimos en el caso de Mary Zamora, y textualmente le dijo al resto de su sala, “hagámonos los locos, no toquemos esta papa caliente”.

Luego al ser requerido expresó que como él fue fiscal provincial no podía admitir al trámite dicha causa. De igual manera se ha tomado el nombre del presidente y de Alexis Mera, por ejemplo, en el tema de la aprobación para concurso del Procurador”.

Manuel Viteri es un “vago”

Sobre Manuel Viteri reportó que era el que más faltaba a las sesiones de trabajo, de pleno y de admisión. Lo acusó de vago al indicar que “la mayoría de las veces se reporta enfermo, pero se lo encuentra en el complejo deportivo todos los fines de semana. Solo va cuando hay casos que le interesa votar. No tiene compromiso con el proyecto. So pretexto que ha apoyado en casos de Gobierno piensa que tiene patente de corso”.

Martínez: “Hubo una manipulación del CPCCS”

El reporte de Martínez reconoce que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de elegir a los jueces y otras altas autoridades, fue usado como una herramienta para manipular resultados y colocar autoridades a la conveniencia correísta.

“Siempre me quedé con el mal sabor, hubo una manipulación del departamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (organismo que llevó los procesos de elección) que benefició a María del Carmen Maldonado y a Tatiana Odeñana, quienes, a la fecha, trabajaron en dicho institución”.

Martínez, incluso, propone un nuevo método de calificación, para “evitar esta manipulación, y todo el ruido que ha surgido en otros concursos, como, por ejemplo, el de contralor, el del CNE”.

La problemática Wendy Molina

En el mismo documento -hablando de la candidatura de Patricio Pazmiño a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- ella le sugiere a Correa que Pazmiño “se quede en funciones hasta el sorteo (para la elección de los tres jueces) del 6 de noviembre de 2015, y como no va a salir sorteado, renuncia días después”, para evitar conflictos. “Si Patricio renuncia en mayo (como tiene previsto), tendría que subir uno de la actual lista de elegibles: Livia Ribas o Edgar Zárate”.

«Livia está en la Asamblea y ella al no haber sido designada jueza, renunció pues objetó el hecho de quedarse en el banco de elegibles. Esta renuncia no fue acogida por ningún ente ya que no existe esa figura en el procedimiento. Zárate, con base a esa renuncia ha venido buscando ese espacio. Patricio afirma que no es una persona de confiar”, indica.

También le informa al presidente que no le parece conveniente que, en caso de la ausencia de Pazmiño, la jueza Wendy Molina lo reemplace. “Lamento decir que Wendy no solo no tiene liderazgo hacia el resto de los jueces, sino que además tiene generado problemas personales con otras juezas: María del Carmen Maldonado y Tatiana Ordeñana, quienes manejan la tesis, de nominarse a la presidencia ante la ausencia de Patricio, generando ya cabildeos entre los demás jueces…”, explica.

Finalmente, Antonio Gagliardo, Marcelo Jaramillo y Carmen Maldonado fueron reemplazados por Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez.

“Un reconocimiento particular a la doctora María del Carmen Maldonado, al doctor Antonio Gagliardo, al doctor Marcelo Jaramillo, mi reconocimiento personal como Presidente de la Corte (…) el reconocimiento a su desempeño profesional, a su amistad, a su solidaridad y a su enorme entrega en el trabajo de la Corte Constitucional, nos dejan un legado de profesionalismo y dejan un ejemplo a seguir”, dijo públicamente Pazmiño.

Mientras en privado se quejaba de que los jueces solo “tenían afán de figurar”.

Pedidos de puestos para servidores judiciales que han “apollado”

En febrero de 2012, recibió un correo de Wilson Zamora González, a la fecha asesor 3 de la Subsecretaría del despacho presidencial, sugiriendo un listado de “servidores judiciales de la ciudad de Quevedo” para ocupar cargos dentro del sistema judicial. “Conozco que han sido responsables y han apollado (sic) el proyecto, incluso habiéndoles solicitado la ayuda desde la Procuraduría”.

Como lo detalla el correo:

Es una persona totalmente apegado al proyecto, y acoge las instrucciones como se las solicita, mantuvo organizado la función judicial en dicha provincia y estaba logrando el proceso de desarrollo y optimización”, dice Zamora del funcionario que recomienda para director provincial del Consejo de la Judicatura.

Otra comunicación del 8 de enero de 2013, enviada a por Terán a Martínez evidencia una lista con “sugerencias” de nombres a ser considerados para ocupar cargos judiciales en distintas provincias. “Estimado Esteban: Acompaño a usted el siguiente listado de las personas que deben ser consideradas:

Elvis Sánchez Zambrano / Juez de Garantías Penales Vinces, Tony Reyes / Juez Penal Santa Elena, Inés Mejía Alvarado / Juez de la Niñez Guayaquil, Cecilia Rodríguez / Notaría de Samborondón, Roberth Paul Terán Matamoros / Milagro Civil”.

“Además, le agradeceré se sirva revisar los resultados de las pruebas Psicológicas de los abogados Francisco Hurtares Izurieta y Fernando Barzola Polanco, en razón de que no aprobaron”, pide Pamela Martínez.

Yávar el buscador de embajadas

Otra comunicación llamada “DESPACHO 27 DE FEBRERO DE 2013” enviada a Martínez por Lesly Cisneros [email protected], señala que el entonces fiscal Fernando Yávar “solicita su autorización para que le asignen el consulado de los Ángeles (Eddie Bedón) o el de Miami (Eduardo Rivadeneira). Le han ofrecido la Embajada de Italia, pero no es de su interés. De igual manera, el Viceministerio de Gobierno, pero el teme las nuevas represalias que esa gestión pueda generarle”.

Cómo se borraron las glosas de Ramiro González

Otro reporte, de marzo de 2014, dice “Me mandó a llamar para solicitar le transmita lo siguiente: a) Quiere sugerirle, en base a su experiencia, que se analice lo que en el gobierno de Jaime Roldós se hacía antes de que un funcionario de alto rango se posesione. Había un Inspector General, dependía del Presidente, quien ponía el visto bueno a dicha designación. De esta manera, se evitaría los infiltrados de otras tendencias políticas que dice hacen daño a la gestión del Presidente Correa. b) Quiere mostrarle abundantes e importantes observaciones que tiene contra la gestión de María Duarte. El afirma que la limpiará pero quiere que ud conozca”, y añade “que Ramiro González y Antonio Ricaurte son compadres. Muy unidos. Que hasta hace poco, Ricaurte fue donde el Contralor a abogar para que se le borren glosas a Ramiro G. Que en ese grupo de amigos está también Galo Chiriboga  y Paco Moncayo. Galo fue abogado de Moncayo y odia a Barrera por haberle ganado las primarias. Que él ya le está dando todo el apoyo a Barrera pero cuidado con Galo”.

Las manchas de Omar Simon y las gangas de Caupolicán

“Que pocos días de ser designado Omar Simon, asesor presidencial, lo llamó y le trasladó una instrucción del Señor Presidente de borrarle las sanciones administrativas que se le impusieron como consecuencia de su cargo electoral anterior. Que unas ya se las borró pero otras son más difíciles”.

“Caupolicán Ochoa pide ser considerado en los puestos de Alianza País, él dice tener la avidez política para ello. No requiere remuneración ni cargo, sólo que se le permita opinar. Denuncia que son los estudios jurídicos y abogados de oposición a quienes los ministros contratan para los casos importantes. Pide se le dé oportunidad a él, en BIESS, Banco del Pacífico, Banco Central”, dice el informe.

La mano de Correa en el caso Villavicencio/Jiménez/Figueroa

 Un correo de abril de 2013 reenviado por Martínez a Terán habla sobre el juicio que Rafael Correa siguió a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. En la comunicación el abogado del presidente Caupolicán Ochoa se dirige a Martínez para “recordarle que el día jueves 11 de abril del presente año, (…) está fijada la fecha para que se realice la audiencia final en el juicio penal que sigue el Señor Presidente de la República en contra del Asambleísta Cléber Jiménez, del Señor Fernando Villavicencio y de Dr. Jorge Figueroa”, señala la comunicación.

“En repetidas oportunidades he molestado la atención de algunos funcionarios con el objeto de solicitarles muy comedidamente que se dignen propiciar un acercamiento del suscrito con los testigos y peritos que deben intervenir en la causa”, dice la comunicación.

“Es mi interés preparar sus testimonios por la naturaleza que tiene este tipo de diligencia y por la importancia de la misma.

La lista de los testigos que deben declarar es la siguiente:

  1. Luis Francisco Latorre Salazar
  2. Mayra Alexandra Vela Cevillano (ubicada)
  3. Miriam Yessenia Aguirre Basantes (Ubicada)
  4. Cedric Schweirzer – Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja
  5. Carmen Irina Cabezas Rodríguez
  6. José Gabriel Rivera López
  7. Ronny Vallejo Vallejo
  8. Oscar Bonilla Soria
  9. Edwin Salazar Brito
  10. Ángel Rivero

PERITOS DE CRIMINALISTA

  1. Cbop. de Policía Tlgo. Paulo Fredy Robayo Laguatasi
  2. Cbop. de Policía Boris Toapanta Asifuela”

Ochoa escribe a Martínez con el objeto de que ella pueda “viabilizar” una reunión con los antes mencionados para prepararlos para la diligencia “me facilitaría enormemente la tarea de la preparación del juicio”, señala. “En alguna oportunidad inclusive hablé con la Señora Ministra de la Política pidiéndole que tuviera la bondad de darme la oportunidad de hablar con ella para preparar esta diligencia no he tenido todavía la suerte de que esta situación se produzca”.  “Hay un asunto que me inquieta de manera particular la Señora Juez que le corresponde sustanciar esta causa fue denunciada hacia algunos meses por el Señor Cléber Jiménez  ante la Fiscalía General del Estado por el asunto de palo azul, la Fiscalía General  en su momento desestimó la denuncia y pidió al Señor Juez del derecho que lo archive.

No obstante, a pesar de los meses transcurridos la Doctora Ximena Vintimilla que es la Jueza a quien corresponde disponer este archivo no lo ha hecho.   Al no hacerlo y al mantenerse todavía este proceso sin haberse dispuesto el archivo podría abrir la posibilidad para que el denunciante Jiménez justamente en víspera de la diligencia proponga una recusación en contra la Jueza Doctora Lucy Blacio quien es la que está conociendo del caso, con lo cual dilataría la realización de la diligencia y generaría un incidente nada agradable”.

“Es necesario que la persona que está subrogando a la Doctora Ximena Vintimilla realice esta actividad que es completamente ajustada a derecho no le corresponde otra cosa que conocer de la desestimación aceptarla y ordenar el archivo, un trámite completamente sencillo pero que inexplicablemente se ha dilatado en una forma peligrosa”, dice Ochoa, y pide a Martínez “interponer sus buenos oficios” para archivar el caso y “evitar problemas dentro de la causa que particularmente nos interesa”.

Martínez responde: “Estimado Caopolicán: Me acabo de reintegrar hoy, es por ello que no te he podido responder, pero con todo gusto te llamo en el transcurso del día para tratar el tema”.  Luego envía un correo a Leonardo Barrezueta ([email protected]) indicando “Estimado Leonardo, habiéndome reintegrado al trabajo el día de hoy, viernes 5 de abril, atiendo este correo enviado el día de ayer 4 de abril por el Dr. Caupolican Ochoa, abogado patrocinador del Primer Mandatario en la querella contra Clever Jimenez que es urgente atender.

En virtud de lo expuesto, y porque asi lo dispuso el Senor Presidente, te agradeceré disponer se convoque a cada uno de los testigos señalados por el Dr. Caupolican Ochoa para que ellos cuenten con los lineamientos previos a la audiencia de juzgamiento prevista para el jueves 11 de abril a partir de las 08h00”.

Las manos de Martínez y Mera para favorecer a los amigos de SP

Otro correo que deja al descubierto la metida de mano a la justicia de Pamela Martínez es el enviado al entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera en enero de 2014. En un documento “privado y confidencial” ella informa que del Banco Nacional de Fomento solo conoce dos temas. De David Cobo, “hermano de un excompañero del ser presidente en La Salle”, quien “solicitó se agilita la instrucción fiscal 02-2013, “sobre el caso tomé contacto con el fiscal Paúl Ponce”, dice Martínez.

Cómo se armó la sentencia contra diario El Universo

   El 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, emitió un informe a favor para Emilio Palacio y los directivos de El Universo por la violación a su derecho humano a la libre expresión y acceso a garantías judiciales. Después de 8 años, los afectados han vislumbradopor la rendija un halo de justicia; una justicia que les fue negada desde el 2011, cuando Rafael Correa, después de intervenir e incidir en las cortes, les sentenció a 3 años de prisión y al pago de 40 millones de dólares de indemnización por el delito de injuria calumniosa.

La sospechosa victoria judicial de Rafael Correa en el caso El Universo se confirmó cuando se supo que la sentencia la escribió un usuario externo a la corte llamado “Chuky Seven” y no el juez Juan Paredes. Correos electrónicos intercambiados entre Ana María Rojas, asistente de Alexis Mera y Laura Terán, procesada en el caso Arroz Verde 502, demuestran la estrecha relación de Rafael Correa y Alexis Mera con el juez Juan Paredes, quien luego de beneficiar al primer mandatario con el fallo judicial, fue recomendado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas, por Gutember Vera, abogado del Presidente de la República. Correa usó su investidura para alinear y someter a la justicia, mientras aseguraba que la demanda en contra de Palacio y El Universo la interpuso como un ciudadano cualquiera.

Un correo de Ana María Rojas, entonces funcionaria del Departamento de Asesoría Jurídica de la presidencia, enviado a Laura Terán, el 14 de febrero de 2012, detalla los “nombres proporcionados por Dr. Gutemberg Vera, el viernes 10 de febrero de 2012, por instrucción del señor Presidente”. Según el documento, varios magistrados pedían ser nombrados en altos cargos, “Juan Paredes fue Juez Temporal en una Sala de lo Penal pide ser considerado como Ministro de la Corte Provincial del Guayas”, “Helen Mantilla fue conjuez en la Sala de lo Penal, pide ser como miembro del Tribunal Fiscal”. Como reseña el correo electrónico:

El correo referido es una evidencia de una suerte de connivencia organizada desde la Presidencia de la República para direccionar, primero el proceso penal hacia un juez incondicional al mandatario, y luego, en reconocimiento por la sentencia favorable, la recomendación para que ese juez (Juan Paredes) sea nombrado Ministro de la Corte Nacional del Guayas, aunque la designación jamás se dio por el efecto “chuky seven”.

La información encontrada en los archivos de Laura Terán, fortalecen el criterio de que Juan Paredes fue la mano oculta de Correa y de Mera en el caso El Universo.Gutemberg Vera, prevalido del poder que le consignaba el ser abogado del ciudadano Presidente, recomienda el 10 de febrero de 2012, que coloque como jueces en las cortes y en cargos a varios de sus aliados, “por instrucción del señor Presidente”. La recomendación de Correa para que Juan Paredes, como Juez Temporal de la Sala de lo Penal del Guayas, sea considerado como Ministro de la Corte Nacional del Guayas explica la sentencia del caso El Universo.

El texto que conmocionó a Correa

Correa sintió afectada su honra por la columna de opinión escrita por Emilio Palacio y publicada en diario El Universo el 6 de febrero de 2011, llamada “No a las mentiras”. Emilio Palacio en su columna afirmó que Rafael Correa dio la orden de disparar al Hospital de la Policía durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y ordenado una intervención militar para rescatarlo. El saldo del rescate fueron 5 muertos. 

“El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”. (Extracto del artículo de Emilio Palacio)

Correa dijo en una entrevista radial en días cercanos a la presentación de su demanda: “Hace poco un periodista dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese Diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista. ¡Mentiras Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una acusación gravísima, porque el directorio es responsable de la política editorial del Diario”.

Correa desató su ira y demandó en el Juzgado 15° de Garantías Penales de la Corte de Justicia del Guayas, a los directores de Diario El Universo, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, y su editor de Opinión, Emilio Palacio. Rafael Correa presentó una demanda por injurias calumniosas patrocinado por el abogado  Gutemberg Vera el 22 de marzo de 2011. El Caso El Universo es uno de los más emblemáticos del acoso y persecución a la prensa por la connotación que implicó un fallo judicial tan drástico que castigó la publicación de una columna de opinión.

En 2011, en primera y segunda instancia, las cortes de justicia de Ecuador fallaron a favor de Rafael Correa. El 22 de julio de 2011, el juez temporal Juan Paredes, del Juzgado XV de Garantías Penales de Guayaquil, dictó sentencia en contra de El Universo y Emilio Palacio: 3 años de prisión y el pago de una indemnización de 10 millones, una multa para cada directivo y otra para el periódico. Rafael le puso precio a su honra: 80 millones. Los acusados apelan la sentencia.

El 21 de septiembre de 2011, los jueces Helen Mantilla y Henry Morán miembros de la Segunda Sala Penal del Guayas ratificaron en segunda instancia la sentencia de Paredes; el juez Guillermo Freire se abstuvo. Rafael Correa en su cuenta Twitter lo celebró: “Se ratifica la sentencia, ¡Ganamos!”, lo consideró un “hito histórico”. El dictamen determinó 3 años de prisión para los hermanos Pérez y Emilio Palacio, una multa de 40 millones.

Otro favor, ahora para Helen Mantilla

En el correo enviado a Laura Terán, Gutenberg Vera, por orden de Rafael Correa, recomienda que Helen Mantilla, conjuez de la Sala de lo penal, sea miembro del Tribunal Fiscal. En un solo correo electrónico emitido por la asistente de Alexis Mera, se revela la intervención de Correa para remover a mejores cargos a los jueces que lo favorecieron en las dos instancias del caso El Universo: Juan Paredes y Helen Mantilla. En las dos instancias los jueces Paredes y Mantilla asumieron el caso como reemplazo. Es así que los defensores de diario el Universo presentaron un escrito alegando que en las dos instancias, el remplazo de jueces por Paredes y Mantilla carecía de validez porque ninguno ingresó a la Función Judicial por concurso de méritos y oposición.

El diario apeló y pidió la nulidad de esta sentencia desproporcionada e inédita y el 16 de febrero de 2012 los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Jorge Blum ratificaron en casación la sentencia de Juan Paredes de primera y segunda instancia y la condena de tres años de prisión y el pago de $40 millones de dólares. Inmediatamente, el 27 de febrero de 2012 Correa anunció en un acto público la remisión de la condena, lo que llamó un “perdón sin olvido”.

Juan Paredes se convirtió en el juez célebre del caso “Chuky Seven”, el que dictó sentencia el 20 de julio de 2011 en tiempo record después de haber recibido el proceso del caso El Universo un día antes. En 33 horas tomó posesión del cargo, con inusitada rapidez, estudió el expediente de 5000 hojas y escribió 155 páginas de una sentencia y notificó a las partes. Pasaron solo 26 horas desde que terminó la audiencia final hasta que las notificaciones de la sentencia llegaron a los casilleros judiciales de las partes. Solo una hora le quedaba a Juan Paredes como juez temporal del Juzgado de Garantías Penales antes de entregar su despacho al juez titular, Oswaldo Sierra, para notificar a las partes.

El 6 de septiembre del mismo año se reveló un análisis informático al clon del disco duro de Juan Paredes del Juzgado Décimo Quinto Penal del Guayas, donde se encontró la sentencia del caso El Universo y un archivo llamado “Correa 457-2011”, que habría sido creado el 19 de julio de 2011, a las 23:10 con el autor Chuky Seven. La sentencia fue redactada por un ordenador con Windows pirata, externo al Juzgado; en buenas cuentas, la sentencia fue escrita por Gutemberg Vera, abogado de Correa.

Después, en agosto de 2012, diario El Universo denunció al juez Juan Paredes, por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica por la sentencia emitida en su contra. El caso “Chuky Seven” se archivó en septiembre de 2012. Este caso sentó un precedente nefasto para la libertad de expresión en Ecuador, pues el proceso se llevó con inusual rapidez y hubo un total de 13 cambios de jueces en primera y segunda instancia.

https://youtube.com/watch?v=x6IkrNqqbTM%3Ffeature%3Doembed

Correa no solo que intervino en la designación de jueces para que lo favorecieran en las cortes, como demuestran los correos a Laura Terán, sino manejó hábilmente la justicia para dejar en la impunidad el caso “Chuky Seven”. El correo enviado por la asistente de Alexis Mera, Ana María Rojas, ratifica  la serie de irregularidades cometidas en el caso El Universo, es una prueba más que robustece el informe de la Comisión Interamericana.

CONTEXTO: ASÍ SE ARMÓ ARROZ VERDE

Los registros de sobornos empiezan a manejarse desde el inicio del regimen correísta en 2007, como Fondo Solidario (FS), nombre tomado del Fondo de Solidaridad, institución que lideró a esa fecha, Jorge Glas Espinel.

Según información revisada, al comienzo los ministros eran los que alimentaban las nacientes cajas chicas de la Revolución Ciudadana. Existía una caja personal de Pamela Martínez y una tercera para gastos del despacho presidencial.

En 2010, luego de una reunión entre Rafael Correa, Jorge Glas y Pamela Martínez, se toma la decisión de unificar y centralizar la recaudación económica y se entrega el control a Martínez, por su grado de confianza con el primer mandatario, la responsable de los registros era su asistente Laura Terán, quien tendría en sus manos no solo el detalle de los sobornos y su distribución, sino las más importantes actividades de las dos oficinas controladas por Pamela Martinez en Quito: la del despacho presidencial y aquella del edificio Concorde (12 de Octubre y Salazar), convertida en cuartel general de los sobornos. En esa fecha, Martínez entrega a Terán un pendrive con los registros anteriores de ingreos y egresos desde el 2007.

En ese mismo encuentro de 2010, nació Arroz Verde o los archivos verdes, como parte de una receta de cocina asociada al color del partido gobernante, según relata Luis Muñoz Pasquel, abogado defensor de Laura Terán. Otra decisión asumida por Rafael Correa, señala Muñoz, habría sido delegar a Jorge Glas, el manejo de las recaudaciones de dinero en efectivo y el cruce de facturas.

Llegó un momento, señala nuestra fuente, en que los ingresos rebasaban a los egresos, en ese punto empiezan a crearse cuentas específicas con los excedentes, la primera por pedido de Alexis Mera, para el pago de abogados en el caso Chevron.

La mayor caja con dinero en efectivo fue instalada en el edificio Concorde, la cual medía 1.70 metros de alto. Cuando Pamela Martínez es nombrada jueza constitucional, se cierra la oficina del edificio Concorde y la caja fuerte es llevada a uno de los departamentos de Martínez. A inicios de 2017, cuando el periodismo de investigación y la justicia empiezan a investigar a Jorge Glas, Pamela Martínez dispone destruir todos los archivos verdes. Pero, el destino le jugó una mala pasada, algunas copias sobrevivieron y hoy estremecen al país.

Un personaje oculto en esta trama es Zaira Guerrero, la mano de Pamela Martínez que operaba desde Guayaquil. Guerrero no estaba enrolada en el gobierno aunque tenía poderes otorgados por Martínez, era la persona de absoluta confianza que manejaba sus temas más reservados e incluso, según se conoce, habría prestado su nombre para ocultar bienes de la ahora procesada.

Una información que aún permanece en reserva es aquella encontrada en uno de los teléfonos de Alexis Mera Giler. Son varios centenares de páginas con registros de mensajes, en especial los de su ex asistente Pedro Espinoza, aquel que recogió el sobre con el dinero de Odebrecht. Estas serán piezas que sacarán chispas y lágrimas.

El cofre de documentos en poder de Laura Terán, a decir de su abogado defensor, Luis Muñoz, constituye evidencia trascendental que permitiría desmontar la corrupción judicial organizada por el correísmo, por ello insiste en la necesidad de proteger la seguridad y la vida de su defendida.

Fiscalía vincula a Correa y a 21 personas en caso Arroz Verde

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas fueron parte fundamental de la decisión de Diana Salazar de vincular a Rafael Correa y otros funcionarios de su confianza al caso Arroz Verde.

Los nuevos datos que recabó fiscalía dentro de este caso confirman la precisión y profundidad del trabajo periodísticos de nuestros portales. Hoy, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de vinculación para 22 personas en el caso Arroz Verde. Las revelaciones de los dos portales siempre apuntaron al ex presidente Correa como el personaje clave de la gestión y administración de los sobornos para las campañas de Alianza País.

Fiscalía argumenta que han aparecido datos de los que se presume la participación de los delitos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita a las siguientes personas: Lidera la lista de los nuevos vinculados Rafael Correa, Jorge Glas, Maria Augusta Enriquez, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Walter Soliz, Christian Viteri, Yamil Massuh. Italo Centenrao, Francisco Noboa Lopez, Alberto Hidalgo, Victor Fontana (FOPECA), Ramiro Galarza (CONSERMIN), Edgar Salas (CONSERMIN), William Phillips (GRUPO AZUL), Pedro Verduga (EQUITESA), Napoleon Sanchez (SANGUIB), Rafael Cordoba (METCO), Cai Runguo (SYNOHIDRO), Teodoro Calle y Jose Verdu Rodriguez.

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas coinciden con las nuevas declaraciones ante la Fiscalía del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Gerardo Pereira De Souza. Así mismo el abogado de Pamela Martínez, Edgar Molina, confirmó que el exejecutivo de la empresa brasileña entregó dinero en sobre cerrado a Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Esta información también consta en la página 15 del cuaderno de recepción de pagos de Pamela Martínez: “Recibo disposición de entregar sendos sobres del Ing. De Souza a Galo Mora. Estos sobres deben ser recibidos de inmediato pues la “campaña apremia”.

Fiscalía ha procedido a notificar a los nuevos implicados de Arroz Verde, la mayoría parte del buró político de Alianza País, ex ministros y funcionarios de alto rango de la Revolución Ciudadana. Los demás, algunos de los empresarios que sobornaron funcionaros y financiaron las campañas de AP desde 2011. Todos los ecuatorianos esperamos probidad y celeridad en la actuación de los jueces que llevan el caso.

El peculado está por configurarse en la Plataforma financiera

La Contraloría General del Estado ha puesto contra la pared al Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y la empresa china CAMCE, constructora de la plataforma financiera en el norte de Quito. Un examen de ese organismo determinó que la constructora china debe devolver $22,6 millones al Estado. Si el SECOB acepta la recepción definitiva de la obra se configurará el delito de peculado, sin embargo la constructora no está dispuesta a la devolución del dinero: dragón que traga, no vomita.

En marzo de este año concluía el plazo para la entrega –  recepción definitiva de la Plataforma Gubernamental Financiera, siempre que los problemas técnicos y económicos registrados en la ejecución de su contrato de construcción hayan sido subsanados. Sin embargo, ello no ha ocurrido hasta el momento, por lo que tampoco se ha realizado su liquidación final.

El 9 de septiembre de 2015, Salvador Jaramillo Vivanco, entonces Director General del SECOB, y Yang Liang como el apoderado general de China CAMC Engineering Co. Ltd., firmaron el contrato de construcción de la obra. El valor a pagar se fijó en $197’975.643,58, sin IVA.

La obra se contrató bajo la modalidad de Plazo y Precio Fijo. Es decir, que no existe reajuste ni cualquier otro mecanismo de variación de precios, pues en su valor ya debe estar cubierto el costo de construcción de toda la obra, el valor de depreciación, operación y mantenimiento de los equipos del contratista y el costo del arrendamiento en caso de ser alquilados, así como el costo de los materiales de la  contratista, mano de obra, transporte, señalización, seguridad industrial, seguros, mitigación ambiental, impuestos, tasas, revisión del diseño, contribuciones y servicios necesarios. Es decir, todo lo se requiera para entregar la obra lista para ser puesta en servicio. Así lo determina para este tipo de contrataciones el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

Se dispuso además que no se pueden celebrar contratos complementarios y el plazo de ejecución tampoco podía cambiarse, excepto en casos de fuerza mayor o caso fortuito. [1]

Uno de los mayores impedimentos para el cierre contractual definitivo de esta controversial obra es una diferencia a favor del Estado por $22,6 millones en el monto final de la construcción, la cual fue establecida por la Contraloría General del Estado. Por lo que los valores definitivos de pago a la contratista China CAMC Engineering Co. Ltd se emitirán en función de las observaciones realizadas por el ente de control.

En otras palabras sobre el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), entidad contratante, pende una espada de Damocles, pues tiene que resolver cómo pagará el valor total de la construcción a la contratista, cuando la Contraloría ha establecido que el ahorro en favor del Estado es una cifra equivalente al 11,43% del precio del contrato. Esta diferencia es un nivel alto, según expertos consultados por Mil Hojas, en relación al valor contractual que fue de $197’975.643,58 (sin IVA).

Esta, junto a 11 observaciones adicionales, fueron planteadas por la Contraloría en el informe DNA1-0020-2018, aprobado el 20 de marzo pasado. Han transcurrido casi cinco meses desde que los resultados del examen especial se entregaron a los directivos de Inmobiliar y del SECOB, encargados de llevar adelante las etapas precontractual y contractual, respectivamente para la construcción y fiscalización de la Plataforma de Gestión Financiera.

Este contrato, cuya ejecución debió concluir en 510 días contados a partir de la firma del contrato (que terminaron en febrero de 2017), ha tenido 2 prorrogas de un total de 90 días, según el SECOB ha explicado a Mil Hojas, mediante correo electrónico. El contrato se encuentra en la etapa comprendida entre la recepción provisional y definitiva. La recepción provisional, se firmó el 20 de septiembre de 2017 y su plazo de conclusión era de seis meses o hasta que las observaciones sean enmendadas.
Hasta el momento solo tres de las 12 observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría han sido cumplidas. Según el SECOB, las nueve restantes están en ejecución.

Esta megaobra, construida y ensalzada por el ex presidente Rafael Correa y sus acólitos funcionarios, por sus supuestas potencialidades para optimizar el servicio a la ciudadanía y para generar ahorro fiscal, es una jaqueca, no solo desde el punto de vista de la funcionalidad del edificio para usuarios y funcionarios, sino para las actuales autoridades que están al frente de las instituciones responsables de la terminación de los contratos de construcción y fiscalización, así como de la administración del edificio. Los problemas aparecieron desde los estudios técnicos del proyecto que estuvieron a cargo del Consorcio Naranjo & Balcazar. La Contraloría ha detectado “inconsistencias técnicas en cuanto a los ítems relacionados al diseño de la cimentación, estructura de la escalera biomasa del bloque 2, diseño de jardineras, acceso al bloque 3”.

A criterio del SECOB, la más relevante de estas inconsistencias fue la de cimentación, “la cual no hubiera sido posible realizar de acuerdo al tipo de suelo encontrado en el sitio. Esto conllevó a que se realice un nuevo diseño validado por el consultor del proyecto”.


Rafael Correa no podía faltar el día de la inauguración de la onerosa plataforma financiera, hoy contraloría desnuda buena parte de las irregularidades de la contratación. Foto: API

China CAMC propuso el rediseño de cimentación de la Plataforma debido a “la imposibilidad de garantizar la seguridad de los obreros en el nivel inferior de la excavación, así como el poco tiempo para ejecutar esta actividad”. La fiscalización a cargo de ESPE Innovativa y la administración del contrato aprobaron la propuesta.

Este rediseño se concretó, no obstante la Contraloría observó que los cambios realizados no contaron con el análisis económico por parte de la contratista, ni fue solicitado por la fiscalización y por el administrador del contrato para los Estudios técnicos definitivos del proyecto.

Por ello el organismo de control concluyó que el administrador del contrato de estudios técnicos, ejecutado por el Consorcio Naranjo & Balcazar, al haber recibido los mencionados estudios con las inconsistencias técnicas mencionadas, incumplió la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, así como los Términos de Referencia del contrato.

La constructora también propuso cambios en el diseño de la estructura metálica del proyecto. Sus argumentos fueron la necesidad de cumplir con normas técnicas vigentes (sobre desempeño sísmico y los niveles de resistencia), optimizar el uso de los materiales, facilitar la construcción y así poder cumplir con los plazos.

La Fiscalizadora aprobó el pedido, precisando que hubo un sobredimensionamiento de la estructura en los cálculos originales del proyecto.

En su examen especial la Contraloría concluyó que: “considerando las cantidades finales utilizadas en la estructura metálica que constan en el hito 6 y aplicando los precios unitarios del presupuesto del formulario 1.5 de la oferta, la diferencia generada por el rediseño en los rubros de perfilería metálica es de $22 645 008,32”.

Esta es la diferencia entre lo presupuestado por la contratista y la cantidad realmente ejecutada. El organismo de control destaca que “el precio del contrato y el presupuesto del proyecto se definieron sobre la base de estudios, diseños y planos originales y si éstos fueron optimizados, sus beneficios debieron evidenciarse en el precio y plazo final del proyecto”.

No obstante, en cuanto al plazo como lo admite el propio SECOB en sus respuestas a Mil Hojas, la obra tuvo prórrogas por 90 días. Es decir, pese a haber concluido el vencimiento de su recepción provisional en marzo pasado, se mantiene en ese estatus, sin que se concrete el cierre del contrato.

La Contraloría cuestionó que las modificaciones en el diseño de la estructura metálica no contaran con un análisis económico de la contratista, del administrador del contrato y tampoco de la fiscalización, ni se hayan dado acuerdos con el contratista sobre los beneficios económicos a favor de la entidad contratante. Por lo que concluye que el valor del precio fijo del contrato, calculado sobre la base de los diseños originales no era real.

Tanto quien fue Director General del SECOB en el período en que se firmó el contrato, Salvador Jaramillo, como el administrador del contrato, el fiscalizador y la constructora China CAMC se amparan en la cláusula 30 del contrato para explicar que no analizaron el impacto económico del rediseño, pues esa disposición solo demanda un aval técnico. Agregan que el rediseño contó con la aprobación de quien hizo los estudios técnicos originales.

Jaramillo fue nombrado director del SECOB (29 de abril de 2015), de una terna presentada por el presidente del Comité del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), que en ese entonces era Vinicio Alvarado Espinel, ex Secretario Nacional de la Administración Pública.

Otro argumento de estas autoridades y contratistas es que si bajo el modelo de contrato de precio y plazo fijos se producen mejoras en los diseños del proyecto, que conlleven reducciones económicas, esto no implica que el monto del contrato varíe.

La Contraloría considera que el administrador del contrato (funcionario del SECOB) y la empresa fiscalizadora, incumplieron las reglas de la invitación hecha a la empresa China CAMC a participar en el proceso, que señalan que el valor de la obra se pagará considerando que se construya con los diseños originales. El administrador del contrato además incumple con la Ley de Contratación Pública y su reglamento General. La fiscalización, el ex Director General y el Coordinador Zonal 9 del SECOB incumplieron varias Normas de Control Interno.

Las observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Algunas de las interrogantes que surgen ante este panorama es cómo y cuándo el SECOB e INMOBILIAR lograrán hacer el cierre y liquidación del contrato, con una diferencia tan amplia en los cálculos del valor realmente ejecutado en la obra y lo determinado por la Contraloría?

Si el contratante no se puede beneficiar de ese ahorro, esos $22,6 millones ¿a dónde van a parar?, ¿quién se beneficiará de este presunto ahorro?

OTROS PENDIENTES

La Contraloría detectó también, como era obvio, errores en el diseño definitivo y construcción del desvío del colector de alcantarillado de la calle Villalengua de la Plataforma Financiera. Este tema fue incluido en el examen especial de los auditores luego de la inundación que se registró en la plataforma en mayo de 2017 a pocos días de haber iniciado sus actividades y de ser inaugurada oficialmente.


A pocas horas de ser inaugurado, el edificio se inundó a causa de una fuerte pero común lluvía invernal de la capital, estaban con el agua a nivel de las rodillas, hoy los problemas legales y financieros les llega hasta el cuello.

El primer diseño del colector fue realizado por la compañía JOrtiz S.A. Construcciones. Su contrato tuvo un valor de $36’159,14 y un plazo de 45 días desde su suscripción. Pero a criterio de la auditoría oficial el trabajo de esta consultora tuvo fallas de cálculo en la determinación de caudales y en el dimensionamiento de la sección hidráulica del desvío del colector.

Un segundo diseño fue elaborado por la misma constructora de la plataforma, China CAMC, que percibió por este trabajo $904.988. Pero esta empresa también cometió errores de cálculo y construyó un colector cuya capacidad hidráulica es menor a la requerida, por lo que no cubre las necesidades reales.

La Contraloría recomendó que antes de la entrega definitiva de la obra, el administrador del contrato y la fiscalización verifiquen que la contratista implemente un nuevo ramal del colector de acuerdo a los diseños presentados por SECOB que deben ser aprobados por la EPMAPS…”

Según el SECOB, esta recomendación está en proceso de ejecución. Pero lo que ninguna autoridad gubernamental ha aclarado aún es quién se hará cargo de los costos del nuevo colector. Esto, pese a que  “los contratistas de esta modalidad asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas”. Entre otras obligaciones que asumió la contratista consta que en la obra se utilizará “mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas , emplearán diligencia y cuidado en los trabajos , de tal modo que respondan hasta por culpa leve”.

Hay que anotar también que en el pomposo “estreno” de actividades de la Plataforma Financiera se incumplieron disposiciones municipales. Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que en el gobierno de Rafael Correa se cometió un error en esa megaobra, pues el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos no habían otorgado los permisos de ocupación y habitabilidad y ya se realizó la mudanza hacia la nueva edificación. La funcionaria reconoció: “entiendo que por los compromisos, en su momento del Gobierno anterior, quisieron entregar la plataforma, pues hubo una disposición ya de orden superior de que se trasladaran los funcionarios mientras ese permiso estaba en proceso”.

Esto también fue cuestionado por la Contraloría que dispuso que en futuras obras, podrán ocuparse los inmuebles previa obtención de estos permisos.

La falta de transparencia en la información del proceso contractual y de ejecución de los estudios y construcción de esta obra fue otra de las observaciones de la Contraloría.

En el período del 14 de agosto del 2014 y el 31 de agosto de 2015, plena revolución ciudadana, no se publicó información relevante en el portal de compras públicas sobre: estudios técnicos definitivos del proyecto, el contrato de construcción, el diseño definitivo del desvío del colector, planillas de avance de obra, informes de fiscalización.

Por lo tanto, se incumplió la Ley de Contratación Pública, lo que “ha impedido a la ciudadanía, conocer el desarrollo de los referidos procesos”.

Por ello, el organismo de control recomendó que “para el caso del contrato de construcción de la Plataforma Financiera, se efectuarán los trámites ante el SERCOP a fin de que se habilite la herramienta y se suba la información faltante al portal”.

El SECOB afirma que el sistema de compras públicas realizó un cambio en su configuración, lo que se contrapone al contrato de precio y plazo fijos; ello imposibilitó el ingreso de la información total. El director actual del SECOB, Jorge Wated, solicitó al SERCOP una solución para ingresar la información restante. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue que no se podía alterar el sistema actual y que se considerará a posterior una opción para contratos por precio fijo.

Condiciones con las que se financió la obra

Casi 15 días después de firmado este contrato, en un contexto económico adverso en el país para adquirir más deuda y en medio del anuncio oficial de nuevos recortes en la inversión pública de $800 millones, el Gobierno del ex presidente Rafael Correa y la Embajada china anunciaron la construcción de la Plataforma Gubernamental Financiera.

El contrato de construcción de la plataforma financiera, una de las mayores obras asignadas por el Ecuador a China CAMC, fue costeado en su mayor parte con crédito del Banco de Desarrollo Chino (CDB), uno de los brazos financieros de ese país con amplia presencia en la región.


El 25 de mayo de 2016, la Consejera Comercial de China en Ecuador Ji Xiaofeng visitó las obras de la Plataforma.

En un documento emitido en 2015 por autoridades del Ministerio de Finanzas se evidencia los condicionamientos a los que el Gobierno ecuatoriano se sometió al firmar el Convenio  de financiamiento con el Banco de Desarrollo de China (CDB), el 20 de diciembre de 2012. En oficio No. MINFIN-SEP-2015-0206-0, se destaca que “el Tramo B de la Línea de Crédito III, de China busca financiar proyectos específicos elegibles, dentro de los que se encuentra este Proyecto. Pero precisa que para acceder a esos créditos, el Estado, a través del  SECOB, deberá suscribir un contrato de construcción con «cualquier corporación u otras entidades de propiedad o controladas por una entidad de la República Popular  de China, o del  Gobierno de esta». Se invitó a cinco empresas chinas domiciliadas en Ecuador: GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., CHINA INTERNACIONAL WATER ELECTRIC CORP. y CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO. LTD.

Además del mandato que debía cumplir el Estado ecuatoriano respecto a las contrataciones con compañías del país asiático, el argumento oficial para invitarlas fue su “amplia experiencia en construcción de proyectos emblemáticos de infraestructura dentro del Estado ecuatoriano”. Claro, era innegable la presencia de estas empresas por los descomunales montos asignados en contratos a las cuatro primeras invitadas: más de $2.300 millones, de acuerdo con una investigación realizada en 2017 por International Center Four Journalists (ICFJ) y Connectas.

La información sobre las condiciones de este financiamiento fue calificada como reservada mediante un acuerdo ministerial según las disposiciones del entonces mandatario Rafael Correa. Por lo tanto, la fórmula para dar acceso a esa información sería un nuevo acuerdo ministerial, con la previa decisión política del presidente Lenín Moreno. Ello no ha sucedido aún.

¿Quién da más?

Desde que se realizaron los primeros anuncios oficiales sobre la construcción de esta enorme armazón, hasta la conclusión de la obra, se han lanzado una serie de cálculos y cifras sobre su valor.

Durante el enlace ciudadano #362 del 25 de febrero de 2014, el ex presidente Rafael Correa anunció que el costo del proyecto iba a ser de $79,5 millones para la construcción de 91.100 m2.  Para abril de 2017, también en enlace ciudadano, el ex mandatario dijo que la superficie de construcción era de 132.824 m2 y el valor total ascendía a $208,95 millones, es decir un costo 2,6 veces más alto que lo declarado en 2014. [2]

Al parecer ese dato tiene como base el monto de inversión que para este proyecto manejaba Inmobiliar en el 2014, con ligeras variaciones: $208´643.148,69. Así consta en su Informe de Rendición de Cuentas de ese año.[3]

En el contrato para la construcción de la Plataforma Financiera el valor de la obra se fijó en $197’975.643,58 (sin IVA). Luego de ello, el SECOB publicó igual monto, especificando que la obra comprendía un área de 132.823,70 m² de construcción.

Mientras en un documento titulado “Informe de Rendición de Cuentas de 2015, Inmobiliar publica que para la construcción de esta obra se firmó un contrato” por  $221’732.720,81 (esta cifra ya incluye el IVA, por lo que concuerda con el contrato), también señala un área de construcción de 130.263,86 m2, que es ligeramente menor que la registrada por el SECOB. Aquí menciona que el financiamiento es mediante un crédito chino y recursos fiscales.[4]

El 22 de mayo de 2017, durante la inauguración de la obra, el ex presidente Rafael Correa, en su discurso dijo: «esta plataforma nos cuesta cerca de $225 millones”.  Calificó a la construcción como la más grande que se ha hecho en la historia del país en cuanto a edificios. Y enfatizó que no se trata de obras faraónicas, “son obras extremadamente útiles, esto nos ahorra arriendos, dignifica el trabajo de los funcionarios públicos y logra eficiencia”. Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el valor de ese ahorro.

Inmobiliar en comunicados difundidos tras la inauguración de la plataforma publicó que el costo de esta edificación fue de $225’550.083,49, [5] pero sin detallar qué incluye esa cifra, pues ni sumando los costos de construcción y fiscalización con IVA da como resultado ese valor.

Si se toma en cuenta los valores que se registran en el contrato de construcción, firmado con China CAMC, que es  $197’975.643,58 (sin IVA) y los 130.263,86 m2 de construcción que es la cifra que más se repite en las publicaciones oficiales, se puede estimar un costo por metro cuadrado de esta obra de $1.519,80.

Si al valor del contrato se agrega el de fiscalización, que es $6´929.147,53, da un costo total de $204’904.791, por lo que el valor sería de $1.572,99 por metro cuadrado de construcción.
En cambio, si se toma como referencia, la cifra más alta manejada por Inmobiliar sobre el total invertido en la obra $225’550.083,49, el costo por metro cuadrado de construcción subiría a $1.731,48.
En estas cifras no están incluidos los $800 mil que el ex presidente Rafael Correa, anunció que se necesitarían para la modificación del colector que no soportó la lluvia del 15 de mayo de 2017 y que ocasionó una inundación en el inmueble.

Respecto a estas variaciones, Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar, en entrevista con Mil Hojas, admitió que la obra estuvo contemplada primero para cierta cantidad de metros cuadrados, que no precisó. Pero sobre la base de los $197,7 millones del contrato y los 130 mil m2 de construcción, Rodríguez hizo su propia estimación del costo de construcción del m2 de esta obra en $1.515 y lo comparó con valores de hasta $2.500 por m2 que alcanzan los edificios que se construyen en la zona de Iñaquito para vivienda, sin los servicios que brinda la plataforma financiera. Por lo tanto, para la funcionaria es razonable el costo por metro cuadrado alcanzado por la edificación.  Su reflexión apunta a que la Plataforma Financiera cuenta con complementos como locales comerciales; patio de comidas; salones de reuniones, auditorios y las denominadas biomasas que son 4 plazas más una terraza con jardines colgantes. “Es más parecido a un centro comercial que a un edificio de oficinas”, admitió la funcionaria.

Pero no solo las cifras sobre su precio han variado. También el plazo de conclusión de la obra. La gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que la demora en la culminación de la Plataforma Financiera se debió a las condiciones extraordinarias derivadas del terremoto de abril del 2016 que afectó las entregas de materiales. Otro factor que incidió fue un ajuste al requerimiento inicial de la obra, pues el Gobierno anterior pidió el incremento de 450 espacios para aglutinar a más entidades.

Esta gigantesca obra ha estado en la mira pública, especialmente desde la inundación que sufrió en los parqueaderos y las filtraciones por techos y paredes. A los daños que este incidente ocasionó se suman al día a día de esta enorme armazón, percances como la constante rotura de vidrios de los grandes ventanales e incluso del moderno ascensor panorámico y hasta los repulsivos olores que emanan de las alcantarillas que rodean a la plataforma y que están afectando al personal de servicios que trabaja en la planta baja del edificio.

No en vano el actual régimen incluyó a las plataformas gubernamentales, hasta noviembre del 2017, en un listado de 523 obras con problemas y el Municipio de Quito consideró que la Plataforma Financiera debía estar dentro del mapa de riesgos de la ciudad, por la vulnerabilidad de su construcción frente a las lluvias.

Una contratista con polémico historial

El desempeño y las prácticas empresariales de la multinacional CAMC Engineering Co., Ltd. han estado en la mira de los organismos de control y de justicia de la región.

En Bolivia, la empresa China CAMC accedió a contratos por $500 millones para la construcción de hidroeléctricas y vías, así como para la provisión de equipos para el Estado. Sin embargo, el accionar de la compañía asiática fue vinculado a un enmarañado tráfico de influencias en el que el presidente de ese país, Evo Morales, salió salpicado. Gabriela Zapata, expareja del mandatario, fue gerente de China CAMC y luego de más de un año de juicio fue sentenciada a 10 años de cárcel, por contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

En Ecuador China CAMC no ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en su informe del 20 de marzo de 2015 (DAAC-0173-2015) identificó fallas y fisuras en la infraestructura de algunos de los centros del ECU-911, diferencias entre valores planillados y verificados, planos que no corresponden a lo verificado en el terreno [6]. Esto, luego de investigar el contrato (045) firmado el 23 de diciembre de 2011, por $61,81 millones, entre el Ministerio Coordinador de Seguridad, el SECOB y China CAMC para la construcción de los edificios de los centros que conforman el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana.

En 2016 la Contraloría determinó que la multinacional no pidió autorización al Instituto de Contratación de Obras (ICO) para subcontratar parte de sus trabajos en los contratos de construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.

China CAMC también ha sido señalada por indicios de responsabilidad penal en el contrato de construcción de seis centros de emergencia del ECU 911. En otro informe de la Contraloría (DAAC-0058-2017) se determinó un perjuicio al Estado por un pago excesivo de $33 millones a las empresas China CAMC y China Electronics Export and Import Corporation (Ceiec).

A fines del año pasado, en su informe Nº DNA3-0001-2017, la Contraloría concluyó la revisión de una muestra de proyectos ejecutados con créditos chinos y que alcanzaron los $14.759’.060.883,79. Se auditó el manejo de los procesos de endeudamiento público entre el primero de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, así como el uso de los recursos provenientes del Banco de Desarrollo de China (CDB), entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.