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Etiqueta: Aurelio Hidalgo

Gobierno a un paso de firmar millonario contrato con empresa vinculada a Arroz Verde

Aurelio Hidalgo, actual ministro de Obras Públicas, tiene listo un contrato a favor de Técnica General de Construcciones, empresa con historial de sobreprecios, perjuicios al Estado y que además es investigada por la Fiscalía General por el caso Arroz Verde.

Técnica General de Construcciones S.A. (TGC) fue una de las empresas que aportaron dinero a la campaña de Rafael Correa a cambio de contratos. Actualmente su principal, Teodoro Calle, es imputado por la Fiscalía General en el caso Arroz Verde (Sobornos 2012-2016) mientras la Contraloría acusa a la contratista por perjuicios al Estado cercanos a los $100 millones; aun así, Aurelio Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo), ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) está a un paso de entregarle un nuevo contrato millonario.

En octubre de 2018 el MTOP, titularizado por Aurelio Hidalgo, dispuso la rehabilitación y ampliación de carriles de la carretera Santo Domingo – Buena Fe. En el concurso público 002-2018-SDBF-MTOP se incorporaron especificaciones particulares y se aceptaron excepciones que facilitaron la participación de la empresa Técnica General de Construcciones S.A.; firma que, además, fue la única en presentar una oferta para el mencionado proceso.

La intervención de la vía Santo Domingo – Buena Fe será en un corredor de 113 km., inicia en el anillo vial de Sto. Domingo (de una longitud de 25,3 km.), continúa en la entrada de Sto. Domingo y termina en el Cantón Buena Fe. El proyecto, por un valor estimado en $591 millones, contempla la ampliación de dos a cuatro carriles -un ancho total de la vía en 20,4 metros- la rehabilitación de los dos carriles existentes, el mantenimiento de la vía y del anillo vial.

La convocatoria se realizó el 29 de octubre de 2018, amparado en un Régimen  de  Gestión  Delegada, en la modalidad de concesión; es decir, que el Gobierno encomienda al gestor privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial.

Los requisitos del concurso

Entre los requisitos técnicos y de experiencia para participar en este concurso, el MTOP dispuso:

Que las empresas interesadas cuenten con experiencia en construcción de nuevas vías o ampliación de carreteras, en un mínimo de 100 kilómetros, en los últimos 15 años, en un máximo de tres proyectos. Otra exigencia fue acreditar experiencia en administración u operación de infraestructura vial en proyectos cuyo ingreso promedio anual durante los últimos cinco años sea de USD 25 millones o 100 kilómetros de vías gestionadas o administradas. En el último punto se agrega que, si el ofertante no cuenta con dicha experiencia, se puede justificar con la experiencia de cualquier integrante en un consorcio.

También se pidió experiencia por el cierre financiero de máximo tres proyectos de infraestructura que sumen al menos USD 185 millones. Como prueba de la experiencia en construcción, TGC presentó su participación en la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido; la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.

Lo que no detalló TGC en la propuesta es que abandonó la citada obra dejándola inconclusa, con un avance del 98%. El compromiso de terminación del contrato se firmó de mutuo acuerdo el MTOP, el 6 de mayo de 2016; no obstante, esta misma obra fue duramente cuestionada por la Contraloría y también es una de las 640 obras con falencias constructivas e inconsistencias legales, denunciadas por el mismo presidente Lenín Moreno, en 2017.

La vía en cuestión tuvo un monto inicial de USD 18,9 millones, pero hasta hoy ya se ha pagado USD 141 millones, cerca de 800% más de lo estimado en un principio, y ni siquiera está terminada. Uno de los problemas que elevaron el costo por las nubes fue la ampliación del ancho de la vía de 7,20 metros a 9,20 m., lo que implicó contratar nuevos estudios. También se dejó inconclusa la construcción de cuatro puentes vehiculares y se cambió el material de la vía, causando enormes perjuicios al Estado, conforme se detalla el informe DNA8-0011-2019 de Contraloría.

Esta obra se adjudicó en 2008, cuando Jorge Marún titularizaba el Ministerio de Transporte, quien, en su momento, fue acusado de entregar contratos “a dedo”. Tras su salida, en 2009, lo sucedió en el cargo María de los Ángeles Duarte, que fue detenida junto a Alexis Mera, el 31 de mayo de este año, con fines investigativos, por un presunto delito de concusión en el caso Arroz Verde.

TGC no cumple con el segundo requisito técnico

Una vez iniciada la fase de preguntas y respuestas, según consta en el documento del Acta Quinta de la reunión N°08 con fecha del 22 de mayo de 2019, TGC consultó al MTOP si la experiencia se puede acreditar a través de un tercero que no sea una empresa asociada, ni un consorciado, sino un socio estratégico financiero, inversionista o cualquier otra firma.

También consultó si para acreditar a este tercer actor, bastaría con presentar una carta de compromiso en la oferta, respecto a la participación de un “compañero financiero”, durante la ejecución del contrato.

Al respecto, el MTOP respondió que se aceptaba dicha acreditación siempre y cuando la firma asociada sea parte del consorcio o del compromiso de consorcio, para lo cual debió presentar la documentación pertinente. El MTOP  aceptó además una carta de compromiso como parte de la oferta, en donde el inversionista se comprometió con el oferente (en este caso con TGC), durante la ejecución del contrato.

A pesar de ello y conforme al cronograma, el 30 de abril de 2019, el MTOP firmó el acta de cierre de presentación de ofertas, siendo TGC la única oferta presentada y posteriormente, habilitada.

Cronogramas modificados por pedido de TGC

El cronograma del proceso de contratación fue modificado por tres ocasiones, dos ocasiones por solicitud expresa de TGC, que aseguró haber trabajado con el MTOP en la revisión de los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto y del contrato.

TGC pidió se postergue el plazo para iniciar la fase negociación con el MTOP mientras buscaba financistas para el proyecto y así calificar, conforme el segundo requisito técnico antes descrito. También pidió tiempo hasta constituir la Sociedad Gestora que debía suscribir el contrato con el MTOP.

Dicho de otra forma, Técnica General de Construcciones no cumplía con varios de los requisitos técnicos necesarios para adjudicarse el contrato. La Comisión Técnica del MTOP, le concedió su petición a TGC y retrasó la adjudicación del proyecto hasta que la empresa resuelva sus pendientes.

Así, tras el tercer cambio de fechas, se estableció que las negociaciones entre TGC y el MTOP iniciarán el 29 de agosto, la adjudicación del contrato se fijó para el 4 de septiembre y la firma del documento se programó para el 2 de octubre de este año.

Paralelo al proyecto de ampliación de la carretera la vía Santo Domingo-Buena Fe, también se anunció la convocatoria pública de la ampliación de la carretera Buena Fe-Babahoyo-Jujan, por USD 726 millones. En esta obra, TGC también fue ofertante, pero fue inhabilitada por el MTOP alegando que “no acredita la capacidad financiera necesaria para ejecutar las inversiones requeridas en el proceso”según documentación oficial.

Examen de contraloría determinó perjuicios millonarios

Un informe de Contraloría a un proyecto vial ubicado en Loja y Zamora Chinchipe, a cargo del MTOP y adjudicado a TGC, determinó cuantiosos perjuicios al Estado por modificaciones al contrato, pagos no justificados, pagos por trabajos no realizados, incluso defectuosos.

Se trata del informe DNA8-0011-2019, examen especial a la ejecución y fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la carretera Vilcabamba – Bellavista – Zumba – La Balsa, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.

El Tramo 1 comprendía el corredor vial Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido, incluye la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.

Mientras que el Tramo 2, abarca la vía Bellavista – Zumba – La Balsa de 52,9 kilómetros, incluye la construcción de los puentes Isimanchi, Yuncachi, Zumbayacu.

Los hallazgos de la auditoría

Con base al informe DIAPA-0028-2012, aprobado el 12 de febrero de 2014, Contraloría recomendó previamente al MTOP se abstenga de suscribir órdenes de cambio o trabajos adicionales para el contrato adjudicado a TGC, pues a la fecha ya se había superado el límite establecido por la Ley, “en cuyo caso deberá terminar el contrato en el estado en que se encuentre”, cita el documento.

A pesar de esta recomendación, el MTOP suscribió un contrato complementario, dos órdenes de cambio para el Tramo 1 y un convenio de pago. Estos mismos procesos se suscribieron sin previo informe del coordinador general Jurídico, a pesar que Contraloría también recomendó al MTOP disponga la verificación la legalidad de los contratos modificatorios o complementarios.

Modificaciones al objeto del contrato

Estaba planificado que la carretera tendría un ancho de 7,20 metros, pero el 15 de septiembre de 2009, la entonces ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, dispuso ampliar el ancho de la vía a 9,20 m., a lo largo de todo el proyecto, lo que ocasionó perjuicios al Estado, pues fue necesario contratar nuevamente los estudios y diseños de la obra, ocasionando un primer perjuicio al Estado por USD 204.858,21.

Duarte también dispuso reemplazar la capa de rodadura de pavimento flexible por hormigón rígido de 22 cm. de espesor del Tramo 1, pero TGC no contaba con maquinaria y experiencia adecuada para esta tarea, por lo que fue necesario subcontratar a la empresa Holcim S.A., demostrando así que TGC no estaba calificada para este proyecto.

Así, el costo se incrementó considerablemente, pues con el presupuesto inicial no alcanzaba para la intervención de 101,7 km. de vía, sino apenas para los primeros 39 kilómetros del Tramo 1. Esto ocasionó un perjuicio económico de USD 95’600.108,35, monto que fue pagado a TGC en su totalidad, según el informe.

Contraloría también detalla que el pago de la planilla 20 del Tramo 2 se realizó sin la debida verificación de los libros de obra, especificaciones técnicas y demás documentación de respaldo, ocasionó un desembolso no justificado por USD 3’476.434,93. Asimismo, por trabajos no ejecutados en el Tramo 1 y defectuosos en el Tramo 2, ocasionaron que el MTOP pague en exceso USD 634.907,32. En total, los perjuicios al Estado sumaron: 99’711.450.06.

La manipulación del sistema de justicia

Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, expuso un caso que le habría costado su destitución como jueza del Contencioso Administrativo. Ella aseguró que su destitución del Tribunal se dio tras oponerse a la anulación de un informe de Contraloría, que señalaba a un contratista del Estado: Técnica General de Construcciones (TGC).

Actualmente, TGC y su representante, Teodoro Calle, forman parte de la lista de empresas que financiaron las campañas electorales de Alianza PAIS y que son investigados por la Fiscalía ecuatoriana. El monto que dio esta firma a ese movimiento político fue de $300 mil conforme se revela la investigación Arroz Verde, publicada por La Fuente y MilHojas. Esos recursos los gestionó María Duarte.

“Cuando fui jueza del Contencioso Administrativo”, dijo Cadena, “conocí un proceso en el que se pretendía declarar la nulidad de un borrador de informe de la Contraloría General del Estado. Quien solicitaba eso era la empresa Técnica General de Construcciones, representada por el Sr. Patricio Villacrez Andrade”. Añadió: “Es una de las constructoras que, al cabo de los años, me percato que es uno de los financistas de Rafael Correa. Eso aparece en los papeles de Arroz Verde”.

Cadena cuenta que las razones de su destitución fueron otras ajenas a este proceso, pero asegura que fue a partir de este asunto que se buscó la forma de destituirla del cargo. “Ese fue el origen de la trama”.

Declararon “ilegal” un borrador de informe de contraloría

El informe de Contraloría al que Cadena hace referencia es el DIAPA-0021-2010, aprobado el 14 de septiembre de 2010, sobre el examen especial de Ingeniería al Proceso de Construcción y Ejecución de las carreteras Hollín-Loreto-Coca-Puyo-Puente Pastaza, por el período entre el 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2010.

Contraloría analizó el contrato suscrito por la firma TGC con el MTOP, para la rectificación y mejoramiento de la carretera Hollín-Loreto-Coca, determinando que, como resultado de la incorrecta aplicación de los rubros contractuales, el fiscalizador y el subsecretario regional del MTOP-Napo, permitieron que la contratista se beneficie a través de las planillas de trabajos de un pago en exceso, causando al Estado un perjuicio de USD 4’241.637,22.

La empresa TGC impugnó el borrador del informe, todavía inconcluso en el que constaban valores por glosas por recuperar por más de USD 4,2 millones.  El 2 de marzo del 2015, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo: Jaime Enríquez Yépez (ponente) y Mauricio Espinosa Brito, aceptan la demanda y declaran “ilegal” el proceso, evitando que la Contraloría continúe con las indagaciones. Esto pese a la oposición y advertencia legal de Cadena, que también era jueza del Tribunal.

En el documento del borrador de la sentencia, al que PI tuvo acceso, se muestra  el voto salvado de Cadena, en donde se habla de una “acción inoportuna” por parte del Tribunal respecto a la anulación del informe considerando, entre otras cosas, que se trataba apenas un borrador, anulando cualquier posibilidad de que las investigaciones continúen.

“Se pretende impedir que la Contraloría ejerza privativamente responsabilidades administrativas o civiles en contra de los servidores y particulares que hubieren causado perjuicio al Estado”, cita el documento.

La denuncia desaparece

Este caso fue denunciado ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio(CPCCS-T) y allí permanecía bajo el código CPCCS-T.003.CA, juicio N°17811-2013-14603. Las investigaciones de la entidad apuntan a un grupo de altos mandos que planificaron la eliminación de un informe de la Contraloría General del Estado, sentando un nefasto precedente.

En el Informe de Evaluación del Consejo de la Judicatura, en donde señala este y otros casos, el CPCCS_T concluye que autor intelectual de anular un informe de Contraloría fue precisamente el ex contralor Carlos Pólit, el ejecutor fue Gustavo Jalkh y, su cómplice, Tomás Alvear, presidente y director del Consejo de la Judicatura, respectivamente; y todo en coordinación con Jaime Enríquez, juez del Tribunal Contencioso Administrativo.

La acción se realiza sin las facultades que la Constitución otorga a la Contraloría General, ni las disposiciones de la Ley Orgánica de esta entidad. Asimismo, aduce que los jueces Marco Idrovo Arcienegas, Bayardo Espinoza Brito y Jaime Enríquez, no observaron precedentes jurisprudenciales obligatorios respecto a este acto administrativo en firme, objeto de la impugnación de TGC.

El informe concluye que con su actuación “sentaron un nefasto procedente, pues todos los ciudadanos pueden impugnar un Borrador de Informe de Contraloría, que no es el acto administrativo conforme a normas y doctrinas”, cita.

¿Qué pasó en el CPCCS con esta denuncia?

Al igual que muchas otras, fue archivada por orden del coordinador técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social, Darwin Seraquive.  

La resolución de archivo, al que este medio tuvo acceso, alega que no se encontraron elementos suficientes para continuar con la investigación de más de 2.000 casos y declara que el CPCCS “carece de facultades para continuar con la investigación”, por lo que dispone el archivo de las denuncias, dejándolas en la impunidad.

El peculado está por configurarse en la Plataforma financiera

La Contraloría General del Estado ha puesto contra la pared al Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y la empresa china CAMCE, constructora de la plataforma financiera en el norte de Quito. Un examen de ese organismo determinó que la constructora china debe devolver $22,6 millones al Estado. Si el SECOB acepta la recepción definitiva de la obra se configurará el delito de peculado, sin embargo la constructora no está dispuesta a la devolución del dinero: dragón que traga, no vomita.

En marzo de este año concluía el plazo para la entrega –  recepción definitiva de la Plataforma Gubernamental Financiera, siempre que los problemas técnicos y económicos registrados en la ejecución de su contrato de construcción hayan sido subsanados. Sin embargo, ello no ha ocurrido hasta el momento, por lo que tampoco se ha realizado su liquidación final.

El 9 de septiembre de 2015, Salvador Jaramillo Vivanco, entonces Director General del SECOB, y Yang Liang como el apoderado general de China CAMC Engineering Co. Ltd., firmaron el contrato de construcción de la obra. El valor a pagar se fijó en $197’975.643,58, sin IVA.

La obra se contrató bajo la modalidad de Plazo y Precio Fijo. Es decir, que no existe reajuste ni cualquier otro mecanismo de variación de precios, pues en su valor ya debe estar cubierto el costo de construcción de toda la obra, el valor de depreciación, operación y mantenimiento de los equipos del contratista y el costo del arrendamiento en caso de ser alquilados, así como el costo de los materiales de la  contratista, mano de obra, transporte, señalización, seguridad industrial, seguros, mitigación ambiental, impuestos, tasas, revisión del diseño, contribuciones y servicios necesarios. Es decir, todo lo se requiera para entregar la obra lista para ser puesta en servicio. Así lo determina para este tipo de contrataciones el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

Se dispuso además que no se pueden celebrar contratos complementarios y el plazo de ejecución tampoco podía cambiarse, excepto en casos de fuerza mayor o caso fortuito. [1]

Uno de los mayores impedimentos para el cierre contractual definitivo de esta controversial obra es una diferencia a favor del Estado por $22,6 millones en el monto final de la construcción, la cual fue establecida por la Contraloría General del Estado. Por lo que los valores definitivos de pago a la contratista China CAMC Engineering Co. Ltd se emitirán en función de las observaciones realizadas por el ente de control.

En otras palabras sobre el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), entidad contratante, pende una espada de Damocles, pues tiene que resolver cómo pagará el valor total de la construcción a la contratista, cuando la Contraloría ha establecido que el ahorro en favor del Estado es una cifra equivalente al 11,43% del precio del contrato. Esta diferencia es un nivel alto, según expertos consultados por Mil Hojas, en relación al valor contractual que fue de $197’975.643,58 (sin IVA).

Esta, junto a 11 observaciones adicionales, fueron planteadas por la Contraloría en el informe DNA1-0020-2018, aprobado el 20 de marzo pasado. Han transcurrido casi cinco meses desde que los resultados del examen especial se entregaron a los directivos de Inmobiliar y del SECOB, encargados de llevar adelante las etapas precontractual y contractual, respectivamente para la construcción y fiscalización de la Plataforma de Gestión Financiera.

Este contrato, cuya ejecución debió concluir en 510 días contados a partir de la firma del contrato (que terminaron en febrero de 2017), ha tenido 2 prorrogas de un total de 90 días, según el SECOB ha explicado a Mil Hojas, mediante correo electrónico. El contrato se encuentra en la etapa comprendida entre la recepción provisional y definitiva. La recepción provisional, se firmó el 20 de septiembre de 2017 y su plazo de conclusión era de seis meses o hasta que las observaciones sean enmendadas.
Hasta el momento solo tres de las 12 observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría han sido cumplidas. Según el SECOB, las nueve restantes están en ejecución.

Esta megaobra, construida y ensalzada por el ex presidente Rafael Correa y sus acólitos funcionarios, por sus supuestas potencialidades para optimizar el servicio a la ciudadanía y para generar ahorro fiscal, es una jaqueca, no solo desde el punto de vista de la funcionalidad del edificio para usuarios y funcionarios, sino para las actuales autoridades que están al frente de las instituciones responsables de la terminación de los contratos de construcción y fiscalización, así como de la administración del edificio. Los problemas aparecieron desde los estudios técnicos del proyecto que estuvieron a cargo del Consorcio Naranjo & Balcazar. La Contraloría ha detectado “inconsistencias técnicas en cuanto a los ítems relacionados al diseño de la cimentación, estructura de la escalera biomasa del bloque 2, diseño de jardineras, acceso al bloque 3”.

A criterio del SECOB, la más relevante de estas inconsistencias fue la de cimentación, “la cual no hubiera sido posible realizar de acuerdo al tipo de suelo encontrado en el sitio. Esto conllevó a que se realice un nuevo diseño validado por el consultor del proyecto”.


Rafael Correa no podía faltar el día de la inauguración de la onerosa plataforma financiera, hoy contraloría desnuda buena parte de las irregularidades de la contratación. Foto: API

China CAMC propuso el rediseño de cimentación de la Plataforma debido a “la imposibilidad de garantizar la seguridad de los obreros en el nivel inferior de la excavación, así como el poco tiempo para ejecutar esta actividad”. La fiscalización a cargo de ESPE Innovativa y la administración del contrato aprobaron la propuesta.

Este rediseño se concretó, no obstante la Contraloría observó que los cambios realizados no contaron con el análisis económico por parte de la contratista, ni fue solicitado por la fiscalización y por el administrador del contrato para los Estudios técnicos definitivos del proyecto.

Por ello el organismo de control concluyó que el administrador del contrato de estudios técnicos, ejecutado por el Consorcio Naranjo & Balcazar, al haber recibido los mencionados estudios con las inconsistencias técnicas mencionadas, incumplió la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, así como los Términos de Referencia del contrato.

La constructora también propuso cambios en el diseño de la estructura metálica del proyecto. Sus argumentos fueron la necesidad de cumplir con normas técnicas vigentes (sobre desempeño sísmico y los niveles de resistencia), optimizar el uso de los materiales, facilitar la construcción y así poder cumplir con los plazos.

La Fiscalizadora aprobó el pedido, precisando que hubo un sobredimensionamiento de la estructura en los cálculos originales del proyecto.

En su examen especial la Contraloría concluyó que: “considerando las cantidades finales utilizadas en la estructura metálica que constan en el hito 6 y aplicando los precios unitarios del presupuesto del formulario 1.5 de la oferta, la diferencia generada por el rediseño en los rubros de perfilería metálica es de $22 645 008,32”.

Esta es la diferencia entre lo presupuestado por la contratista y la cantidad realmente ejecutada. El organismo de control destaca que “el precio del contrato y el presupuesto del proyecto se definieron sobre la base de estudios, diseños y planos originales y si éstos fueron optimizados, sus beneficios debieron evidenciarse en el precio y plazo final del proyecto”.

No obstante, en cuanto al plazo como lo admite el propio SECOB en sus respuestas a Mil Hojas, la obra tuvo prórrogas por 90 días. Es decir, pese a haber concluido el vencimiento de su recepción provisional en marzo pasado, se mantiene en ese estatus, sin que se concrete el cierre del contrato.

La Contraloría cuestionó que las modificaciones en el diseño de la estructura metálica no contaran con un análisis económico de la contratista, del administrador del contrato y tampoco de la fiscalización, ni se hayan dado acuerdos con el contratista sobre los beneficios económicos a favor de la entidad contratante. Por lo que concluye que el valor del precio fijo del contrato, calculado sobre la base de los diseños originales no era real.

Tanto quien fue Director General del SECOB en el período en que se firmó el contrato, Salvador Jaramillo, como el administrador del contrato, el fiscalizador y la constructora China CAMC se amparan en la cláusula 30 del contrato para explicar que no analizaron el impacto económico del rediseño, pues esa disposición solo demanda un aval técnico. Agregan que el rediseño contó con la aprobación de quien hizo los estudios técnicos originales.

Jaramillo fue nombrado director del SECOB (29 de abril de 2015), de una terna presentada por el presidente del Comité del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), que en ese entonces era Vinicio Alvarado Espinel, ex Secretario Nacional de la Administración Pública.

Otro argumento de estas autoridades y contratistas es que si bajo el modelo de contrato de precio y plazo fijos se producen mejoras en los diseños del proyecto, que conlleven reducciones económicas, esto no implica que el monto del contrato varíe.

La Contraloría considera que el administrador del contrato (funcionario del SECOB) y la empresa fiscalizadora, incumplieron las reglas de la invitación hecha a la empresa China CAMC a participar en el proceso, que señalan que el valor de la obra se pagará considerando que se construya con los diseños originales. El administrador del contrato además incumple con la Ley de Contratación Pública y su reglamento General. La fiscalización, el ex Director General y el Coordinador Zonal 9 del SECOB incumplieron varias Normas de Control Interno.

Las observaciones y recomendaciones hechas por la Contraloría son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Algunas de las interrogantes que surgen ante este panorama es cómo y cuándo el SECOB e INMOBILIAR lograrán hacer el cierre y liquidación del contrato, con una diferencia tan amplia en los cálculos del valor realmente ejecutado en la obra y lo determinado por la Contraloría?

Si el contratante no se puede beneficiar de ese ahorro, esos $22,6 millones ¿a dónde van a parar?, ¿quién se beneficiará de este presunto ahorro?

OTROS PENDIENTES

La Contraloría detectó también, como era obvio, errores en el diseño definitivo y construcción del desvío del colector de alcantarillado de la calle Villalengua de la Plataforma Financiera. Este tema fue incluido en el examen especial de los auditores luego de la inundación que se registró en la plataforma en mayo de 2017 a pocos días de haber iniciado sus actividades y de ser inaugurada oficialmente.


A pocas horas de ser inaugurado, el edificio se inundó a causa de una fuerte pero común lluvía invernal de la capital, estaban con el agua a nivel de las rodillas, hoy los problemas legales y financieros les llega hasta el cuello.

El primer diseño del colector fue realizado por la compañía JOrtiz S.A. Construcciones. Su contrato tuvo un valor de $36’159,14 y un plazo de 45 días desde su suscripción. Pero a criterio de la auditoría oficial el trabajo de esta consultora tuvo fallas de cálculo en la determinación de caudales y en el dimensionamiento de la sección hidráulica del desvío del colector.

Un segundo diseño fue elaborado por la misma constructora de la plataforma, China CAMC, que percibió por este trabajo $904.988. Pero esta empresa también cometió errores de cálculo y construyó un colector cuya capacidad hidráulica es menor a la requerida, por lo que no cubre las necesidades reales.

La Contraloría recomendó que antes de la entrega definitiva de la obra, el administrador del contrato y la fiscalización verifiquen que la contratista implemente un nuevo ramal del colector de acuerdo a los diseños presentados por SECOB que deben ser aprobados por la EPMAPS…”

Según el SECOB, esta recomendación está en proceso de ejecución. Pero lo que ninguna autoridad gubernamental ha aclarado aún es quién se hará cargo de los costos del nuevo colector. Esto, pese a que  “los contratistas de esta modalidad asumen todos los riesgos y responsabilidades por el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones acordadas”. Entre otras obligaciones que asumió la contratista consta que en la obra se utilizará “mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas , emplearán diligencia y cuidado en los trabajos , de tal modo que respondan hasta por culpa leve”.

Hay que anotar también que en el pomposo “estreno” de actividades de la Plataforma Financiera se incumplieron disposiciones municipales. Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que en el gobierno de Rafael Correa se cometió un error en esa megaobra, pues el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos no habían otorgado los permisos de ocupación y habitabilidad y ya se realizó la mudanza hacia la nueva edificación. La funcionaria reconoció: “entiendo que por los compromisos, en su momento del Gobierno anterior, quisieron entregar la plataforma, pues hubo una disposición ya de orden superior de que se trasladaran los funcionarios mientras ese permiso estaba en proceso”.

Esto también fue cuestionado por la Contraloría que dispuso que en futuras obras, podrán ocuparse los inmuebles previa obtención de estos permisos.

La falta de transparencia en la información del proceso contractual y de ejecución de los estudios y construcción de esta obra fue otra de las observaciones de la Contraloría.

En el período del 14 de agosto del 2014 y el 31 de agosto de 2015, plena revolución ciudadana, no se publicó información relevante en el portal de compras públicas sobre: estudios técnicos definitivos del proyecto, el contrato de construcción, el diseño definitivo del desvío del colector, planillas de avance de obra, informes de fiscalización.

Por lo tanto, se incumplió la Ley de Contratación Pública, lo que “ha impedido a la ciudadanía, conocer el desarrollo de los referidos procesos”.

Por ello, el organismo de control recomendó que “para el caso del contrato de construcción de la Plataforma Financiera, se efectuarán los trámites ante el SERCOP a fin de que se habilite la herramienta y se suba la información faltante al portal”.

El SECOB afirma que el sistema de compras públicas realizó un cambio en su configuración, lo que se contrapone al contrato de precio y plazo fijos; ello imposibilitó el ingreso de la información total. El director actual del SECOB, Jorge Wated, solicitó al SERCOP una solución para ingresar la información restante. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue que no se podía alterar el sistema actual y que se considerará a posterior una opción para contratos por precio fijo.

Condiciones con las que se financió la obra

Casi 15 días después de firmado este contrato, en un contexto económico adverso en el país para adquirir más deuda y en medio del anuncio oficial de nuevos recortes en la inversión pública de $800 millones, el Gobierno del ex presidente Rafael Correa y la Embajada china anunciaron la construcción de la Plataforma Gubernamental Financiera.

El contrato de construcción de la plataforma financiera, una de las mayores obras asignadas por el Ecuador a China CAMC, fue costeado en su mayor parte con crédito del Banco de Desarrollo Chino (CDB), uno de los brazos financieros de ese país con amplia presencia en la región.


El 25 de mayo de 2016, la Consejera Comercial de China en Ecuador Ji Xiaofeng visitó las obras de la Plataforma.

En un documento emitido en 2015 por autoridades del Ministerio de Finanzas se evidencia los condicionamientos a los que el Gobierno ecuatoriano se sometió al firmar el Convenio  de financiamiento con el Banco de Desarrollo de China (CDB), el 20 de diciembre de 2012. En oficio No. MINFIN-SEP-2015-0206-0, se destaca que “el Tramo B de la Línea de Crédito III, de China busca financiar proyectos específicos elegibles, dentro de los que se encuentra este Proyecto. Pero precisa que para acceder a esos créditos, el Estado, a través del  SECOB, deberá suscribir un contrato de construcción con «cualquier corporación u otras entidades de propiedad o controladas por una entidad de la República Popular  de China, o del  Gobierno de esta». Se invitó a cinco empresas chinas domiciliadas en Ecuador: GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED, SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD., CHINA INTERNACIONAL WATER ELECTRIC CORP. y CRCC 14 TH BUREAU GROUP ECUADOR CO. LTD.

Además del mandato que debía cumplir el Estado ecuatoriano respecto a las contrataciones con compañías del país asiático, el argumento oficial para invitarlas fue su “amplia experiencia en construcción de proyectos emblemáticos de infraestructura dentro del Estado ecuatoriano”. Claro, era innegable la presencia de estas empresas por los descomunales montos asignados en contratos a las cuatro primeras invitadas: más de $2.300 millones, de acuerdo con una investigación realizada en 2017 por International Center Four Journalists (ICFJ) y Connectas.

La información sobre las condiciones de este financiamiento fue calificada como reservada mediante un acuerdo ministerial según las disposiciones del entonces mandatario Rafael Correa. Por lo tanto, la fórmula para dar acceso a esa información sería un nuevo acuerdo ministerial, con la previa decisión política del presidente Lenín Moreno. Ello no ha sucedido aún.

¿Quién da más?

Desde que se realizaron los primeros anuncios oficiales sobre la construcción de esta enorme armazón, hasta la conclusión de la obra, se han lanzado una serie de cálculos y cifras sobre su valor.

Durante el enlace ciudadano #362 del 25 de febrero de 2014, el ex presidente Rafael Correa anunció que el costo del proyecto iba a ser de $79,5 millones para la construcción de 91.100 m2.  Para abril de 2017, también en enlace ciudadano, el ex mandatario dijo que la superficie de construcción era de 132.824 m2 y el valor total ascendía a $208,95 millones, es decir un costo 2,6 veces más alto que lo declarado en 2014. [2]

Al parecer ese dato tiene como base el monto de inversión que para este proyecto manejaba Inmobiliar en el 2014, con ligeras variaciones: $208´643.148,69. Así consta en su Informe de Rendición de Cuentas de ese año.[3]

En el contrato para la construcción de la Plataforma Financiera el valor de la obra se fijó en $197’975.643,58 (sin IVA). Luego de ello, el SECOB publicó igual monto, especificando que la obra comprendía un área de 132.823,70 m² de construcción.

Mientras en un documento titulado “Informe de Rendición de Cuentas de 2015, Inmobiliar publica que para la construcción de esta obra se firmó un contrato” por  $221’732.720,81 (esta cifra ya incluye el IVA, por lo que concuerda con el contrato), también señala un área de construcción de 130.263,86 m2, que es ligeramente menor que la registrada por el SECOB. Aquí menciona que el financiamiento es mediante un crédito chino y recursos fiscales.[4]

El 22 de mayo de 2017, durante la inauguración de la obra, el ex presidente Rafael Correa, en su discurso dijo: «esta plataforma nos cuesta cerca de $225 millones”.  Calificó a la construcción como la más grande que se ha hecho en la historia del país en cuanto a edificios. Y enfatizó que no se trata de obras faraónicas, “son obras extremadamente útiles, esto nos ahorra arriendos, dignifica el trabajo de los funcionarios públicos y logra eficiencia”. Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el valor de ese ahorro.

Inmobiliar en comunicados difundidos tras la inauguración de la plataforma publicó que el costo de esta edificación fue de $225’550.083,49, [5] pero sin detallar qué incluye esa cifra, pues ni sumando los costos de construcción y fiscalización con IVA da como resultado ese valor.

Si se toma en cuenta los valores que se registran en el contrato de construcción, firmado con China CAMC, que es  $197’975.643,58 (sin IVA) y los 130.263,86 m2 de construcción que es la cifra que más se repite en las publicaciones oficiales, se puede estimar un costo por metro cuadrado de esta obra de $1.519,80.

Si al valor del contrato se agrega el de fiscalización, que es $6´929.147,53, da un costo total de $204’904.791, por lo que el valor sería de $1.572,99 por metro cuadrado de construcción.
En cambio, si se toma como referencia, la cifra más alta manejada por Inmobiliar sobre el total invertido en la obra $225’550.083,49, el costo por metro cuadrado de construcción subiría a $1.731,48.
En estas cifras no están incluidos los $800 mil que el ex presidente Rafael Correa, anunció que se necesitarían para la modificación del colector que no soportó la lluvia del 15 de mayo de 2017 y que ocasionó una inundación en el inmueble.

Respecto a estas variaciones, Verónica Rodríguez, gerente de Plataformas de Inmobiliar, en entrevista con Mil Hojas, admitió que la obra estuvo contemplada primero para cierta cantidad de metros cuadrados, que no precisó. Pero sobre la base de los $197,7 millones del contrato y los 130 mil m2 de construcción, Rodríguez hizo su propia estimación del costo de construcción del m2 de esta obra en $1.515 y lo comparó con valores de hasta $2.500 por m2 que alcanzan los edificios que se construyen en la zona de Iñaquito para vivienda, sin los servicios que brinda la plataforma financiera. Por lo tanto, para la funcionaria es razonable el costo por metro cuadrado alcanzado por la edificación.  Su reflexión apunta a que la Plataforma Financiera cuenta con complementos como locales comerciales; patio de comidas; salones de reuniones, auditorios y las denominadas biomasas que son 4 plazas más una terraza con jardines colgantes. “Es más parecido a un centro comercial que a un edificio de oficinas”, admitió la funcionaria.

Pero no solo las cifras sobre su precio han variado. También el plazo de conclusión de la obra. La gerente de Plataformas de Inmobiliar admitió que la demora en la culminación de la Plataforma Financiera se debió a las condiciones extraordinarias derivadas del terremoto de abril del 2016 que afectó las entregas de materiales. Otro factor que incidió fue un ajuste al requerimiento inicial de la obra, pues el Gobierno anterior pidió el incremento de 450 espacios para aglutinar a más entidades.

Esta gigantesca obra ha estado en la mira pública, especialmente desde la inundación que sufrió en los parqueaderos y las filtraciones por techos y paredes. A los daños que este incidente ocasionó se suman al día a día de esta enorme armazón, percances como la constante rotura de vidrios de los grandes ventanales e incluso del moderno ascensor panorámico y hasta los repulsivos olores que emanan de las alcantarillas que rodean a la plataforma y que están afectando al personal de servicios que trabaja en la planta baja del edificio.

No en vano el actual régimen incluyó a las plataformas gubernamentales, hasta noviembre del 2017, en un listado de 523 obras con problemas y el Municipio de Quito consideró que la Plataforma Financiera debía estar dentro del mapa de riesgos de la ciudad, por la vulnerabilidad de su construcción frente a las lluvias.

Una contratista con polémico historial

El desempeño y las prácticas empresariales de la multinacional CAMC Engineering Co., Ltd. han estado en la mira de los organismos de control y de justicia de la región.

En Bolivia, la empresa China CAMC accedió a contratos por $500 millones para la construcción de hidroeléctricas y vías, así como para la provisión de equipos para el Estado. Sin embargo, el accionar de la compañía asiática fue vinculado a un enmarañado tráfico de influencias en el que el presidente de ese país, Evo Morales, salió salpicado. Gabriela Zapata, expareja del mandatario, fue gerente de China CAMC y luego de más de un año de juicio fue sentenciada a 10 años de cárcel, por contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

En Ecuador China CAMC no ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en su informe del 20 de marzo de 2015 (DAAC-0173-2015) identificó fallas y fisuras en la infraestructura de algunos de los centros del ECU-911, diferencias entre valores planillados y verificados, planos que no corresponden a lo verificado en el terreno [6]. Esto, luego de investigar el contrato (045) firmado el 23 de diciembre de 2011, por $61,81 millones, entre el Ministerio Coordinador de Seguridad, el SECOB y China CAMC para la construcción de los edificios de los centros que conforman el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana.

En 2016 la Contraloría determinó que la multinacional no pidió autorización al Instituto de Contratación de Obras (ICO) para subcontratar parte de sus trabajos en los contratos de construcción de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.

China CAMC también ha sido señalada por indicios de responsabilidad penal en el contrato de construcción de seis centros de emergencia del ECU 911. En otro informe de la Contraloría (DAAC-0058-2017) se determinó un perjuicio al Estado por un pago excesivo de $33 millones a las empresas China CAMC y China Electronics Export and Import Corporation (Ceiec).

A fines del año pasado, en su informe Nº DNA3-0001-2017, la Contraloría concluyó la revisión de una muestra de proyectos ejecutados con créditos chinos y que alcanzaron los $14.759’.060.883,79. Se auditó el manejo de los procesos de endeudamiento público entre el primero de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, así como el uso de los recursos provenientes del Banco de Desarrollo de China (CDB), entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo con información del sistema de compras públicas y de la propia China CAMC esta empresa ha participado también en la construcción del hospital de Napoleón Dávila Córdova de Chone.  Intervino en el proyecto del parque Los Samanes y en la construcción de la Escuela del Milenio de Yachay. Además ha construido la Universidad Regional Amazónica IKIAM y la Universidad Nacional de Educación.

La ESPE estuvo a cargo de la Fiscalización de la obra

Los procesos pre contractuales y contractuales para la fiscalización de esta obra se concretaron en menos de dos meses.

Luego de que en agosto de 2015 el SECOB invitara a ESPE-INNOVATIVA a la fase pre contractual[7], realizó un análisis de la mencionada empresa pública y determinó que ésta cuenta con experiencia  en  fiscalización  de  obras  de  ingeniería  civil, por lo el primero de septiembre de 2015, el Director del SECOB, autorizó el inicio del proceso; aprobó  los pliegos, designó a la Comisión Técnica, dispuso que se invite de forma directa a ESPE-INNOVATIVA  E.P. y se publique el proceso en el portal de compras públicas, bajo la modalidad de Régimen  Especial y con No. RE-SECOB-006-2015.

Una semana más tarde (8 de septiembre de 2015) la Comisión Técnica determinó que la oferta presentada por ESPE-INNOVATIVA E.P., cumplía con los requisitos y recomendó su adjudicación.
El contrato de fiscalización RE-SECOB-006-2015  fue firmado el 9 de septiembre de 2015, por $6’929.147,53 más IVA, con un plazo de 510 días (17 meses).

Salvador Jaramillo Vivanco suscribió el contrato como director general del SECOB y Mario Calderón, en representación de la empresa ESPE-Innovativa E.P.

Esta empresa de las Fuerzas Armadas, creada el 9 de enero de 2015 [8], además de fiscalizar esta obra, ha participado en la consultoría para la actualización de los estudios de riego y drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone; en la fiscalización de la reparación de la vías en la provincia de Manabí, ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la fiscalización de la obra de reparación de la vías en la provincia de Esmeraldas también ocasionadas por el sismo del 16 de abril del 2016; en la revisión de los diferentes contratos realizados con la Refinería de Esmeraldas para su posterior liquidación y cierre y en la fiscalización de la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social.