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En Ecuador, la muerte de al menos cinco criminales de alto perfil en los últimos diez años ha sido puesta en duda por las autoridades. Grietas en los procedimientos del Estado, debilidades en la identificación de cadáveres e inconsistencias entre las versiones del SNAI y la Policía arropan con un velo de sospechas la veracidad de estos fallecimientos.

Cuando están en la cúspide, algunos criminales sueñan con ser invisibles para evitar a sus enemigos. Y en Ecuador, al menos dos han fingido su muerte y otros tres han dejado una estela de inconsistencias, dudas e impunidad tras el reporte oficial de su fallecimiento.

El caso más significativo es el de Leandro Antonio Norero Tigua, señalado como financista de bandas delictivas como Lobos, Tiguerones y Chone Killers que, con un proceso abierto por narcotráfico en Ecuador en 2018, no tuvo obstáculos para hacerse pasar por muerto. 

En octubre de 2021, una banda conocida como Los Fantasmas, difundió un video que lo señalaba como cabeza de organizaciones narco criminales. Algo que para ese momento parecía descabellado, físicamente imposible, porque luego de que Perú inició un proceso por narcotráfico en su contra -que venía con una solicitud de extradición- su defensa presentó un certificado que aseguraba que Norero había fallecido por Covid-19 en 2020.

Ese mismo año, aunque estaba ‘muerto’, Norero pagó de impuesto a la renta en Ecuador 50 mil 394 dólares, mientras en 2019 había pagado 8 mil 375 dólares, según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, en 2021, fue registrado como accionista de Ashimha-Life, según consta en la web de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Esa empresa es, a su vez, accionista de Avilmat, que en 2021 obtuvo dos contratos con el Municipio de Manta, en Manabí, por más de tres millones de dólares.

Hasta que en mayo de 2022, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que se había dado un golpe a una importante estructura criminal, a la que se le encontró aproximadamente 10 millones de dólares en oro sólido, joyas, relojes y dinero. Entre los detenidos estaban Norero y tres de sus familiares.

Leandro Norero fingió su muerte en 2020. Fue asesinado en octubre de 2022.

Cuando le formuló cargos por lavado de activos, la Fiscalía mostró como evidencias 11 inmuebles y 13 vehículos, además de empresas a nombre de sus familiares creadas en esos dos años de muerte fingida. Carrillo dijo a los medios que el rastro económico de Norero encendió las alarmas.

La Fiscalía ecuatoriana reveló chats de Norero del 16 de julio de 2022, después de su arresto final, en los que le cuenta a su abogado que al pasarse la luz roja de un semáforo en algún momento mientras estuvo oficialmente muerto, un policía no solo descubrió que estaba vivo y llevaba un arsenal en el carro, sino que lo dejó ir y pasó a estar a su servicio a cambio de 10 mil dólares.  

El caso de Norero parece absurdo, pero no es el único. El Estado ecuatoriano no ha podido eliminar las dudas sobre las muertes de al menos otros cuatro criminales de alto perfil en los últimos diez años. Policías, funcionarios y ex altos funcionarios dudan de la muerte de Wilmer Chavarría alias Pipo, líder de Los Lobos; Junior Roldán, cabecilla de Las Águilas; Freddy Anchundia, líder de los R7; y Pablo Miguel Córdova Coronel, procesado por narcotráfico. En el caso de Anchundia, el SNAI difundió la versión de que murió en una cárcel de Guayaquil, pero la Policía colombiana admitió a los autores de este reportaje que mantienen en reserva la investigación de su posible asesinato en Antioquia, Colombia, en noviembre de 2023.

A través de consultas con funcionarios y exfuncionarios, análisis sobre el contexto de sus muertes, revisión de certificados de defunción y seguimiento al patrimonio de los implicados, se identificaron fallas importantes en los procedimientos de instituciones del Estado, debilidades en la identificación de cadáveres y descoordinación en la cooperación judicial que hacen factible que los narcotraficantes utilicen esta táctica para desaparecer.

Gustavo Duncan, profesor e investigador de las dinámicas del narcotráfico, considera que la táctica de ‘hacerse pasar por muerto’ o de cambiar de apariencia con cirugías estéticas mayores es usada por criminales que buscan el retiro, seguridad para ellos y sus familias para medianamente disfrutar de lo conseguido, porque al desaparecer se pierde poder.

“Para un narcotraficante que se dedique solo al negocio, que no tenga un aparato armado, debe ser muy atractivo poder salir si acumuló dinero. Digamos que se retiró y le tocaría dejar el lugar donde operan las personas que conoce. Pero es más fácil no fingir su muerte, sino arreglar con la justicia, que es un poco lo mismo, pero, digamos, legalizado. O sea, sin tener que engañar a las autoridades”, comenta.

Duncan añade que “un narcotraficante que no esté dispuesto a usar la violencia está en desventaja con otro narcotraficante porque, si disimulas tu muerte, pierdes toda la reputación. Tu reputación necesita mostrar que estás vivo. Que eres capaz de amenazar”.

Aunque en Latinoamérica hay narcotraficantes que suelen ostentar lujos, para este experto, que un criminal sea visible también lo vuelve vulnerable. 

Sin embargo, Duncan menciona que el caso más recordado de muerte sospechosa de un narco es la del mexicano Nazario Moreno, a quien el Gobierno mexicano dio por muerto en 2010, pero en realidad lideró el crecimiento de su organización criminal hasta convertirla en una de las más grandes y peligrosas de México. Moreno murió por segunda vez en 2014.

En Ecuador, la segunda muerte oficial de Leandro Norero Tigua —esta vez dentro de la cárcel de Cotopaxi— fue anunciada el 3 de octubre de 2022 por el SNAI, justo el día que iba a ser vinculado a un nuevo proceso penal por narcotráfico, la tercera causa en su contra.

Un año después, bajo una nueva política de seguridad, la Fiscalía emprendió la investigación Metástasis, que detuvo a casi 40 personas entre funcionarios judiciales, jueces y policías basándose en unos chats de Leandro Norero que reseñan supuestos vínculos del narcotráfico con acciones y omisiones judiciales, corrupción policial y del sistema penitenciario ecuatoriano. A marzo de 2024, ya son 52 las personas procesadas, incluyendo al director de las prisiones ecuatorianas y exdirector Antinarcóticos de la Policía.

La evidente relación entre Norero y el director de las prisiones ecuatorianas y exdirector Antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez, provocaron dudas sobre la segunda muerte del narcotraficante, al menos para Christian Zurita, excandidato a la presidencia en reemplazo de Fernando Villavicencio.

Ramírez, general de la Policía, estuvo al frente del SNAI entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Mientras fue director de Antinarcóticos y participaba en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, fungió como aliado de Norero hasta el día de su asesinato y hubo cuatro masacres en las prisiones ecuatorianas.

Los chats y las versiones ante la Fiscalía proporcionadas públicamente por Marcelo Lasso, compañero de pabellón de Norero, dan cuenta de que Ramírez transaba con el criminal para fiestas, traslados de él y sus familiares, esconder armas y recibir favores. “Hubo una visita a Norero para agradecerle por la entrega del dinero y saber si necesitaba algo más”, mencionó Lasso. Helive Angulo, uno de los abogados de Norero, reveló que, si él quería un traslado, se lo pedía directamente a Ramírez.  

En junio de 2022 se dispuso la devolución de bienes a Norero. De las motivaciones de la Fiscalía ecuatoriana se desprende que la esposa de Norero, Lina R. (procesada por lavado de activos), conversó con él hasta el 4 de septiembre de 2022 —un mes antes de su segunda muerte—, cuando él le mandó a dejar un nuevo teléfono celular. Además, las empresas de Lina R. en Ecuador siguen activas y, desde noviembre de 2023, no tiene prohibición de salida del país. Del mismo modo, la supuesta amante de Norero, la relacionista pública Mayra Salazar, incrementó su patrimonio de forma inusual durante los años 2022 y 2023 e hizo movimientos claves en sus contactos con políticos y funcionarios judiciales.

Después del destape del caso Metástasis en Ecuador, y dado que las evidencias más claras salieron de los celulares de Leandro Norero —quien ya había fingido su muerte— la Fiscalía nombró a un grupo de agentes para que investigue el fallecimiento del narcotraficante. 

En febrero de 2024, bajo requerimiento de esta investigación, se difundió el informe de la autopsia realizada a Leandro Norero, en la que se detalla que su cuerpo estaba “desnudo, decapitado, desmembrado, con múltiples lesiones cortopunzantes y con signos de quemaduras”, y que fue analizado por los forenses el 5 de octubre de 2022, dos días después de su asesinato.  

Pero no fue hasta octubre de 2023, un año después de su muerte, que se realizó un informe de cotejamiento genético de hermandad entre las muestras de sangre tomadas a Leandro Norero y a su hermano Israel Norero, que permitió confirmar, al menos para la Fiscalía, su asesinato. La explicación a esta demora es la falta de una base de datos genética para identificar a un cadáver en ese estado. Aún no se conoce dónde fue sepultado Norero. 

El equipo periodístico envió un requerimiento de información a la Fiscalía consultando por qué, si tenían las pruebas desde 2023, en 2024 iniciaron una investigación que ponía en duda su muerte. También se solicitó una entrevista a la Fiscal General sobre estos hechos. Pero ambas solicitudes fueron negadas. 

Las cárceles, el escape perfecto

La de Norero tampoco es la primera muerte dentro de una prisión del país que la Policía o la Fiscalía de Ecuador pone en duda. 

Según un informe anual publicado por el SNAI el 13 de marzo pasado, entre 2021 y 2023, 517 presos han muerto en prisiones ecuatorianas. La Fiscalía, por su parte, reportó 478 asesinatos en las cárceles entre 2021 y 2023, en 36 “eventos”. Se pidieron precisiones a ambas instituciones sobre los datos previos a 2020, pero no fueron respondidas.

Mientras tanto, el Comité de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 680 asesinatos en prisiones de 2018 a 2023. La mayoría de los asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas están en investigación previa, según datos de la Fiscalía. De esos 36 eventos, solo tres han llegado a dictamen acusatorio, dos a sentencia condenatoria y uno fue archivado.

Criminalística y Medicina Legal respondieron para esta investigación que todos los asesinados en las cárceles han sido identificados, pero Fernando Bastias, del CIDH, sostiene que “manejamos el registro de muertes dentro de las prisiones desde 2018 y sabemos que en las identificaciones hay complejidades porque en casi todas las masacres hay desmembramientos e incineraciones”.

Wilmer Chavarría, alias Pipo, está inscrito como difunto por COVID-19 en 2021. El Gobierno ecuatoriano lo considera objetivo militar desde abril de 2024

Un síntoma de esa falta de datos es que se informó que Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo y líder de Los Lobos, había muerto en una masacre carcelaria ocurrida en Turi, Cuenca, el 23 de febrero de 2021, junto a otros 33 presos. Pero el certificado de defunción, al que tuvo acceso esta investigación, describe que alias Pipo falleció por Covid-19 en Santo Domingo de los Tsáchilas (a unos 430 km de Cuenca) el mismo 23 de febrero, y que el registro de esa muerte se hizo un día después: el 24 de febrero de 2021. 

Además, en un informe reservado de 2022, la Policía ecuatoriana describe que aunque Chavarría aparece como muerto por Covid-19 para el Estado, “se presume que alias Pipo habría falsificado un acta de defunción como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”. Incluso, el 19 de abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano publicó una lista de objetivos militares entre los que cuenta a alias Pipo.

Un mes antes, el exministro del Interior, José Serrano, dijo públicamente que las matanzas carcelarias eran una pantalla para que los narcotraficantes pudieran fingir sus muertes, refiriéndose a alias Pipo, quien —según él— opera aún al mando de Los Lobos a través de Colón Pico.

Pico, señalado por intentar asesinar a la fiscal Diana Salazar, escapó de la prisión de Riobamba en enero de 2024. Su hija dijo a los medios el 23 de marzo de este año que Colón Pico había fallecido en una balacera, pero nunca fue confirmado por la Policía de Ecuador.  Incluso, Pico fue incluido en la mencionada lista de objetivos militares más buscados por el Gobierno ecuatoriano y en la madrugada del 22 de abril fue recapturado. 

¿Por qué las cárceles son un buen lugar para recrear un asesinato? 

Edison Romo, experto en seguridad, declaró que “cuando se dan los acontecimientos de masacres (carcelarias) no se sabe quién es quién y cuáles fueron los que realmente fallecieron”. Por eso, considera que la base de datos de perfiles genéticos permitiría un mejor control. 

La exdirectora de prisiones, Alexandra Zumárraga, explica que las debilidades del sistema carcelario favorecen que los criminales puedan utilizarlo para operar bajo el radar de las autoridades. Apenas a finales de 2022 se terminó por primera vez el censo carcelario lo que, aunado con la corrupción, configura un caldo de cultivo para que los delincuentes utilicen la muerte como pasaporte a la impunidad. “El Estado es tan incompetente en eso que ellos no necesitan fabricar nada, las masacres se dan y muchas veces no saben ni quién está muerto. Es fácilmente comprable. ¿Qué hace que el Estado dé por muerto a alguien? Un informe que se puede comprar”, refiere.

Y las sospechas sobre la muerte de Alias Pipo solo se multiplican con el pasar del tiempo. En los expedientes del caso Purga revelados por la Fiscalía ecuatoriana en marzo de 2024, se detalla una conversación de octubre de 2023 entre Mayra Salazar, procesada por delincuencia organizada, y uno de sus contactos, en la que afirma que Alias Pipo mandó a matar a Norero y que el primero opera con otro rostro y otra identidad desde Europa. “Norero lo saca de Turi, lo hace pasar por muerto. Le cambió las huellas digitales de un muerto y lo mandó con papeles del muerto a Europa”, escribe. El mensaje de Salazar fue enviado dos años después de que el SNAI anunciara la muerte de Alias Pipo.

El exministro del Interior, Juan Zapata, consultado para esta investigación, también dijo que, para la inteligencia policial ecuatoriana, Alias Pipo está vivo. Al igual que Norero, menciona el exfuncionario, Alias Pipo se aprovechó de la infiltración de funcionarios corruptos, él ya constaba como fallecido oficialmente y por informaciones de inteligencia se sabe que no es así. “Pero en estos casos los cadáveres no existieron y solo teníamos un certificado”, aclara. 

Zapata corrobora que “esa es una de las artimañas que utilizan estos delincuentes para pasar desapercibidos o salir del radar de la justicia y de la Policía. Por supuesto, eso debería (investigarlo) no solamente la Policía, sino la Fiscalía”. 

Si un procesado o sentenciado, prófugo o prisionero en Ecuador, logra certificar su muerte, hace más difícil el rastreo incluso fuera de los límites del país, por la imposibilidad de generar boletas de captura para personas oficialmente fallecidas. El exministro explica que los policías de inteligencia “deben hacer un enorme trabajo de recopilación de información” para poder activar búsquedas en Interpol, por ejemplo.

Además, un cadáver no es una garantía absoluta para la identificación de criminales de alto perfil, puesto que no se cuenta con una base de datos genética y, en caso de que los cuerpos sean mutilados o incinerados, como ha ocurrido en las masacres carcelarias, se necesita cotejar las muestras con un familiar. Es lo que explican dos altos funcionarios de Criminalística y del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador entrevistados para esta investigación.     

El procedimiento actual para la identificación de cadáveres de personas que han sufrido una muerte violenta involucra análisis de huellas dactilares, estudio de características físicas y pruebas genéticas. Pero, aunque existen 19 centros forenses en el país, únicamente en los laboratorios de Quito y Guayaquil se realizan pruebas genéticas y las muestras —o piezas anatómicas de ser el caso— deben ser enviadas a la capital ecuatoriana.

Carlos Perugachi, director de Criminalística, explica que en el resto de sitios, la identificación se realiza a través de la revisión de huellas dactilares en una base de datos biométricos en la que consten los privados de la libertad, los policías, militares y personas autorizadas a portar armas. “Si no están allí, buscamos en la base de datos del Registro Civil”. 

En los laboratorios de Quito y Guayaquil se realizan pruebas de ADN, pero Ecuador no cuenta con una base de datos genética para cotejar piezas anatómicas.

El siguiente método consiste en identificar las características antropológicas, como  lunares o tatuajes, a través de los testimonios de familiares. Y el último método requiere una muestra genética de algún familiar para hacer un cotejamiento, debido a que Ecuador no cuenta con una base de datos de perfiles genéticos. “Recién la estamos implementando”, dijo Perugachi. 

Gabriela Díaz, subdirectora del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, detalló que en diciembre de 2022 se aprobó el reglamento para la creación de una base de datos de perfiles genéticos y la toma de muestras empezó el 21 de febrero de este año.

El consentimiento de los privados de la libertad para esta toma de muestras generó revuelo internacional, después de una denuncia de SOS Cárceles. Esta base de datos permitirá, según las autoridades, no sólo hacer más ágil la identificación en caso de que ocurra una matanza, sino para rastrear su huella genética en crímenes pasados o futuros.

“Únicamente las bases de datos que se pretende implementar es a nivel forense, con fines investigativos”, aportó Díaz. “Alrededor de 62 países en el mundo cuentan con bases de datos implementadas de perfiles genéticos con fines investigativos”.

El Gobierno ecuatoriano informó que entre el 21 de febrero y el 15 de marzo de este año, las muestras de 3.794 presos (el 12% de la población carcelaria) habían sido tomadas después de que firmaron su consentimiento, según la versión oficial.

La grieta en el Registro Civil

En Ecuador, desde el año 2020 y la emergencia por la pandemia del Covid-19 se habilitó una opción en línea para inscribir defunciones. Para obtenerlo, se debe cargar un formulario estadístico de defunción que requiere la firma digital de un médico particular que certifique la muerte o la autorización de un establecimiento de salud. Si se tratara de una muerte violenta, esto debe ser llenado por el médico legal de la Policía.

Vicente Taiano, exdirector del Registro Civil cuando se instauró esta medida, explicó que se dio esta facilidad para evitar cargar de trámites a los familiares de las víctimas del Covid-19. “Esto podría ser mal utilizado, claro, pero habría que preguntarle a las autoridades actuales qué se está haciendo”, refiere Taiano.

El certificado de defunción, que también pueden obtener en línea los familiares del fallecido, habilita otros trámites, como pedir la extinción de la acción penal o el archivo de una investigación de la Fiscalía. El abogado e investigador en violencia política y criminal, Luis Córdova, explica que, en efecto, la acción penal concluye con la muerte del individuo procesado.

“Si se trata de un criminal que ya estaba siendo procesado judicialmente, la familia podría presentar certificado de defunción y el juez tendría que ordenar el archivo de la causa por muerte del presunto delincuente. Si es que no está bajo procesamiento judicial y solo está bajo investigación policial, se supondría que no deberían dejar de investigarlo hasta que no constataron su muerte. Pero en el escenario de Norero, vemos que es más factible comprar a los policías haciéndoles llegar un certificado de defunción para que no tengan que buscarle”.

Y si es que, durante la vida criminal, a un delincuente le ordenaron prohibición de enajenar sus bienes, congelaron sus cuentas bancarias y muere, el origen de esos bienes debe ser legitimado por sus sucesores para acceder a ellos. “En el caso de Norero hubo una decisión judicial que ordenó devolverle todos sus bienes por lo tanto cuando muere, sus bienes estaban liberados de restricción penal”, dice Luis Córdova.

Además, en Ecuador existen los certificados de presunta muerte que funcionan igual que un certificado de defunción. Según la Dirección Nacional de Registro Civil, la figura de muerte presunta se inscribe a través de la sentencia emitida por un juez de la materia, que declara la muerte de un ciudadano que se presume se encuentra fallecido.

Uno de los investigados que usó esta figura fue Pablo Córdova Coronel, involucrado en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera. En el Registro Civil, Córdova Coronel tiene un certificado de defunción por presunta muerte, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso esta investigación. De su muerte sospecha un alto exfuncionario de la Policía ecuatoriana que pidió reservar su identidad por seguridad.

Ante el requerimiento de esta investigación, la Dirección Nacional de Registro Civil indicó que “es responsabilidad del profesional de la salud el uso de las credenciales y accesos a los sistemas” para registrar un informe estadístico de defunción general con firma electrónica.

La validación que realizan los funcionarios del Registro Civil “es únicamente en la comprobación de que el informe estadístico de defunción general presentado por el ciudadano que solicita la inscripción tenga relación con el documento emitido en el sistema Registro de Datos Vitales o en el sistema del Instituto Nacional de Estadística y Censos”.

Muertes transnacionales y reacciones locales

Freddy Marcelo Anchundia Loor, cabecilla de la banda narcocriminal R7, procesado por asesinato y evasión y señalado por el Gobierno de Guillermo Lasso como autor intelectual de dos de las grandes masacres carcelarias, fue detenido en Manabí en 2016 y trasladado a la cárcel de Turi, en Cuenca hasta que, en 2022, luego de una matanza en esa prisión, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca.

Freddy Marcelo Anchundia Loor murió el 8 de noviembre de 2023 en una cárcel de Guayaquil, según el SNAI. En Colombia, la investigación de su asesinato está en reserva.

El 8 de noviembre de 2023, el SNAI anunció en su cuenta de X que Anchundia había muerto dentro de una cárcel de Guayaquil. Pero en el certificado de defunción de Anchundia, emitido por el Registro Civil de Ecuador, indica que Anchundia murió ese 8 de noviembre en Puerta Máquina, Antioquia, Colombia, por un presunto ahorcamiento.

Entonces, ¿en dónde murió Freddy Anchundia? Ni el SNAI, ni la Policía, ni la ministra del Interior, Mónica Palencia, han respondido a los requerimientos de información sobre estas inconsistencias asentadas en el Registro Civil de Ecuador.

La Policía de Colombia aporta luz sobre este tema, pues confirmó que la investigación por el presunto homicidio de Freddy Marcelo Anchundia Loor está activa en ese país, aunque la información cuenta con reserva legal.

La de Anchundia no es la primera muerte de un narcotraficante ecuatoriano que se investiga en el vecino país. El cabecilla de Los Águilas, Junior Alexander Roldán Paredes, llegó a controlar prisiones en Guayas, Sucumbíos y Loja. Enfrentó dos condenas por asesinato y estuvo preso desde 2009. El 14 de febrero de 2023 salió de la cárcel de Guayaquil después de que obtuviera una calificación de parte del SNAI de “buena conducta” e hizo un despliegue de su seguridad privada en un enfrentamiento con policías. 

Un mes después, sufrió un atentado en El Triunfo, su bastión, y se quitó el grillete electrónico.  Hasta que, en mayo de 2023, el excomandante de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, dijo que supo de la muerte de Roldán Paredes porque su par colombiano le informó que lo habían identificado. La Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía ecuatoriana ha hecho público que Roldán Paredes dejó a sus testaferros una fortuna de 18 millones de dólares.

El entonces ministro del Interior, Juan Zapata, anunció el 8 de mayo que alias Junior había sido asesinado por un familiar de su pareja, durante una fiesta en una finca en Antioquia, Colombia. El anuncio ocurrió una semana antes de que las autoridades colombianas oficializaran su muerte. En respuesta a un requerimiento de esta investigación, la Fiscalía de Colombia indicó que “el 15 de mayo de 2023 se remitió el aviso consular a Ecuador y se aportó el acta de entrega del cuerpo”. 

Fue sepultado en el cementerio de Envigado, Colombia, el 18 de mayo de 2023 y el 12 de septiembre de ese mismo año se conoció que sus restos fueron robados. Supuestos familiares de Junior Roldán intentaron exhumar el cuerpo con documentos forjados y, ante la negativa del encargado del cementerio, se lo llevaron por la fuerza y cremaron los restos. La investigación del lado colombiano concluyó que las cenizas llegaron a Ecuador, según el exsecretario de Seguridad de Envigado, Rafael Betancourt. 

Zapata explicó para este trabajo periodístico que mandaron a Colombia fichas con huellas dactilares para que se haga el cotejamiento con las del cadáver hallado en Fredonia. Y reveló que no enviaron investigadores ecuatorianos a certificar la muerte de Roldán ni pidieron el traslado del cuerpo hacia Quito, porque no podían desconfiar de las pericias colombianas. 

“Ya una vez que fallece la persona, obviamente esos pormenores ni la Policía ni el Ministerio los conocíamos. Nosotros llegamos hasta el punto de oficializar que era la persona. ¿Podemos desconfiar de las pericias de la policía colombiana?”.

Medicina Legal de Colombia no respondió a las solicitudes de entrevista ni a los requerimientos de información hechos para esta investigación. 

La Policía de Colombia respondió para este reportaje que el proceso investigativo por el presunto asesinato de Junior Roldán está activo, en etapa de juzgamiento y que las diligencias se encuentran en el despacho de la Fiscalía 76 del municipio de Fredonia, en Antioquia, mientras en diversos medios circulan alusiones a que sigue vivo en El Triunfo, Guayas, y que no se ha nombrado un sucesor en su banda. Exfuncionarios cuyo nombre se mantiene en reserva han reportado que, incluso, ha sido detenido en controles de tránsito en la provincia.  

La comandancia de Policía ecuatoriana y la actual ministra del Interior no respondieron a los requerimientos de información enviados por los autores de esta investigación sobre si están buscando a otros “muertos”. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Colombia respondió que no ha recibido notificación alguna para indagar acerca de la muerte de criminales ecuatorianos en específico.

También se requirió la versión de los abogados defensores de los criminales cuyas desapariciones han dejado dudas, y que no han pedido extinción ni archivo de las causas en su contra, pero hasta el cierre de este reportaje no contestaron a los pedidos de declaraciones. 

Las grietas en tres instituciones del Estado ecuatoriano: el servicio de prisiones, la identificación de cadáveres y los procedimientos del Registro Civil se suman a la infiltración de la corrupción y alimentan la leyenda de los narcos que operan con impunidad en las sombras.