Autor: Redacción MH

En tan solo cuatro meses, las investigaciones fiscales de los casos Metástasis, Purga y Plaga han develado una amplia red de corrupción de un sistema judicial que arrastra a fiscales, políticos, empresarios, policías y hasta abogados en libre ejercicio que se protegieron con el dinero del narcotráfico para alcanzar impunidad.

Estas tres causas están ligadas por finas pero fuertes conexiones para el cometimiento de delitos de tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito no justificado, lavado de activos y delincuencia organizada, la mayoría de estos, diluidos en dictámenes con votos comprados por millonarios sobornos que salieron del bolsillo del cabecilla de una banda narcodelictiva ‘Los Tiguerones’, Leandro Norero Tigua.

Alrededor de Norero se tejió una mega red de abogados con diferentes especialidades que desplegaban casi cualquier tipo de estratagemas y prácticas irregulares con el fin de convencer a sus “contactos judiciales” para fallar a favor del narco en cuatro provincias del país. Aún no se conocen los nombres de todos, pero sí de los principales letrados que se convirtieron en los “hombres de confianza” de Leandro Norero y de los “peones” que se dedicaron a entorpecer las audiencias y llevar y traer escritos a las unidades judiciales.

Solo entre los meses de mayo a octubre de 2022, cuando el capo de la droga estuvo en prisión tras un allanamiento en su mansión en la zona exclusiva de La Ribera del Batán, en Guayaquil, esta estructura de defensa legal movió más de 4,8 millones de dólares en compras de resoluciones judiciales, regalos a fiscales y policías, en conocer información reservada y alterar evidencia en sus procesos por lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Leandro Norero fue asesinado en la cárcel de Latacunga, el 22 de octubre de 2022.

Desde el 14 de diciembre de 2023 en que la Fiscalía General del Estado hizo público el caso Metástasis y hasta el 3 de abril de 2024 en que presentó el caso Plaga, la lista de abogados en libre ejercicio que sirvieron al narco Norero y de los que se prestaron para defender y liberar a delincuentes sentenciados bajo “argucias legales”, sigue extendiéndose.

Cristian Geovanny Romero Moya

Romero es uno de los principales operadores judiciales de la red criminal del narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que lo ubica en el caso Metástasis con el alias GlobalPax. Este abogado nació en Santo Domingo de los Tsáchilas, pero vivió en Riobamba. Personas que lo conocieron en aquella época cuentan que una de sus primeras actividades fue la de juez de línea en partidos de fútbol barrial.

Se dio a conocer a nivel nacional por asumir la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado en el #CasoSobornos y #CasoSingue, a través de su estudio jurídico FandeT Law Firm. Defendió y promocionó su defensa para el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, además de Daniel Salcedo, procesados por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos médicos y pruebas de COVID durante la pandemia.

Hélive Angulo, alias Estimado o Larry, como figura en los chats de #Metástasis, relató que después de que Leandro Norero fuera capturado la madrugada del 25 de mayo de 2022, Romero Moya le llamó para “ofrecerse como la defensa técnica” del capo y su familia por $500.000. Debido a que, tras la captura, nadie quiso asumir la defensa, Norero aprobó la contratación, según contó su hombre de confianza en su testimonio anticipado.

Esa fecha inició la relación de Romero con Norero a quien le llamaba “mi jefe”. Hoy se mantiene “escondido” tras una negativa a su pedido para que la Fiscalía acepte un procedimiento abreviado para pasar solo 20 meses en la cárcel 4 de El Inca, en Quito.

Romero tramitó empresa fantasma de Leandro El Patrón Norero en Panamá

El 14 de diciembre de 2023, como parte de las acciones en el #CasoMetástasis, la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las oficinas de FandeT Law Firm en Riobamba, en donde, además de una laptop, documentos y registro de pagos, se encontró la escritura de constitución de una compañía en Panamá: Lionff Capital Invetment Group

Los directivos y accionistas de esta empresa han sido vinculados al juicio por lavado de activos, en el que se estima que el narco Leandro Norero Tigua y su red lograron blanquear alrededor de $ 15 millones.

Los socios de esta firma panameña: Lina Paola Romero Vargas, esposa de Norero, está enjuiciada como coautora de ese delito, con la suma de $ 672.608; Lisseth Carolina Ennisch Paredes, fue llamada a juicio por $ 1,39 millones. Carlos Alberto Párraga López está enjuiciado como cómplice. La Fiscalía también vinculó a esa compañía fantasma a través de la cual se habría lavado $ 380.895, pero este juicio está suspendido, al igual que su estatus en el Registro Oficial de Panamá, a pesar de que la compañía fue creada para que existiera a perpetuidad.

Mil Hojas siguió la pista de Lionff Capital Investment Group, constituida en Panamá el 5 de julio de 2021, con un capital de $10.000, según el Registro Público de compañías de ese país: https://www.rp.gob.pa/LoginUsuario

La escritura 7541 fue suscrita por la colombiana Lina Romero Vargas, pareja de Norero, y la ecuatoriana Lisseth Carolina Ennisch Paredes. Ellas figuran también como presidenta/directora y secretaria/directora, en ese orden.

Lionff Capital Investment Group tiene un tercer director: el ecuatoriano Carlos Alberto Párraga López. Los tres socios constan en la escritura con la misma dirección en Manta-Ecuador: Ciudadela Maratea, fila C. El agente residente es el abogado panameño Manuel Alberto Carballo Vega.

Como es usual, cuando de crear empresas fantasmas se trata, el objetivo es tan abierto que, en este caso, va desde la compra, venta o arrendamiento de bienes raíces, pasa por préstamo de dinero a cualquier persona natural o jurídica, inversiones en todo tipo de actividad, hasta celebrar, hacer cumplir y llevar a cabo contratos de toda clase con cualquier gobierno local, municipal o de otra índole. En suma, la empresa puede hacer lo que quiera, porque así se lo permite en el literal K de la escritura de constitución: “…puede llevar a cabo cualquier negocio lícito, en cualquier parte del mundo”…

Cinco días después de su constitución, el 10 de julio de 2021, se realiza una asamblea extraordinaria de accionistas, cuya acta es registrada al día siguiente. Solo se trató un asunto: la propuesta de Lina Paola Romero de que, en su lugar como presidenta/directora sea designado el ecuatoriano Marco Antonio Demera Vera, con cédula número 1312047374, moción que fue aprobada, como consta en el acta, que fue registrada al día siguiente. 

Pero el nuevo presidente de Lionff Capital Investment Group tiene un interesante prontuariado en Ecuador. En diciembre de 2018, marzo y mayo de 2019 y en abril de 2023, Demera Vera fue procesado penalmente por asalto, robo, tenencia y porte de armas, según consta en la base de datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), https://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/. 

Su historial delictivo continúa. En el año 2008, cuando este personaje apenas tenía 22 años, fue arrestado y llevado a juicio por delitos similares. Al parecer, esa sería una de sus primeras incursiones en el mundo de la delincuencia o, al menos, la primera vez que fue incluido en los registros judiciales de Portoviejo, provincia de Manabí.

Y de ese mundo no salió. El 6 de febrero de 2023, mientras figuraba como alto ejecutivo de la empresa fachada de Norero, la Fiscalía de Manta realizó una audiencia de juicio contra tres sujetos -él era uno de ellos-. En esa ocasión, la Policía les incautó un revólver, una pistola automática, 21 municiones de diferente calibre y un chaleco antibalas. Según las pocas noticias publicadas sobre ese hecho, se presume que preparaban un atentado. 

Al revisar su información tributaria, encontramos que el 12 de noviembre de 2015 obtuvo en el Servicio de Rentas Internas (SRI) un Registro Único de Contribuyentes (RUC), bajo esta actividad principal: “Venta al por menor de comisionistas (no dependientes de comercios); incluye actividades de casas de subastas (al por menor)”. 

Hasta el momento, Marco Antonio Demera Vera no está en el radar de la Fiscalía General.

OTROS ABOGADOS AL SERVICIO DEL NARCO

1- Alex Francisco Palacios Shinin

A Álex Palacios se lo señala en el caso Metástasis como el subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que asesoró a Hélive Ángulo, hombre de confianza de Leandro Norero para comprar decisiones de jueces a cambio de gestionar resoluciones de hábeas corpus a favor de Israel Norero y Maribel Zambrano Tigua, hermanos del narcotraficante.

Palacios llegó a la CNJ en 2017. En los años 2020 y 2021 fue director y socio del bufete de abogados ‘FandeT Law Firm’ que pertenece a Cristian Romero Moya y participó en procesos de defensa de la familia Bucaram Ortiz y Bucaram Pulley y de Daniel Salcedo, según aparece en varias fotografías en las cuentas de Facebook e Instagram de FandeT del mes de julio de 2020. En el 2022, fue contratado por el Consejo de la Judicatura (CJ) como director nacional de Asesoría Jurídica bajo la presidencia de Wilman Terán, de quien según la Fiscalía “era muy cercano”. En septiembre de 2023, fue designado por la Judicatura como director provincial de Chimborazo.

Según los chats de Metástasis, una de las estrategias para sacar de la cárcel a los hermanos de Norero era presentar habeas corpus en distintas unidades del país para lo cual sobornaron a los jueces Santiago Zumba y José Luis Segovia de la unidad de Cotopaxi. Esta estrategia fracasó y se enfocaron en la Corte Nacional para que apruebe un habeas corpus mediante un recurso extraordinario. Ahí Angulo recurrió a Alex Palacios quien era subcoordinador jurídico de la Corte.

“¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo se dividen los 450 abdominales?” Preguntaba Hélive Angulo a Palacios quien respondió: “150 para cada juez”. Lo que significaba $ 150.000 según la Fiscalía.

El 24 de febrero de 2024, Palacios en una versión libre y voluntaria sin juramento negó que el contenido de los chats que están en la Fiscalía sea de su “autoría” y los calificó de “forjados”. Pero reconoció que sí habló por videollamada con Leandro Norero cuando almorzaba con Hélive Angulo en Quito, pero no fue por su voluntad, sino por engaño de Angulo, dijo.

También aceptó que trabajó con Cristian Romero, abogado del narco Leandro Norero, pero según él, se alejaron por discrepancias económicas antes del 2017.

Angulo en su testimonio anticipado del 27 de marzo de 2024, corroboró los contenidos de los chats de la Fiscalía y agregó detalles de cómo recibió a Palacios en el aeropuerto de Quito y lo trasladó a la Corte Nacional donde subieron a la oficina de Wilman Terán. Ahí, dijo, tomó una fotografía de unos libros de Terán y le envió a Norero para demostrar que se encontraban con Palacios en la Corte buscando apoyo para los habeas corpus del narco. Además, Angulo dijo que le entregó $ 10.000.

Palacios amplió su versión el 30 de marzo de 2024, y pidió colaborar con la Fiscalía, pero antes solicitó ingresar al Programa de Víctimas y Testigos. Como muestra de su interés de contar todo lo que sabe, entregó su computadora personal en la que estarían según él, los números de sus cuentas bancarias, fotografías, pedidos de vocales de la Judicatura y contraseñas de Wilman Terán. También entregó la clave para acceder a su teléfono celular personal.

2- Xavier Alexander Novillo Arana

Según los chats de la Fiscalía, a Xavier Novillo Arana, el narcotraficante Leandro Norero lo tenía registrado en su teléfono celular como alias “novita” y fue uno de sus abogados de confianza y “el artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el sistema de justicia”. Él está vinculado al caso Metástasis y bajo prisión preventiva desde el 15 de diciembre de 2023.

Novita se destaca en estos chats por mostrar su estrecha relación con la entonces fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez, quien le permitió acceder a información privilegiada sobre todas las investigaciones que se llevaban adelante en contra de Norero. Incluso enviaba fotos y videos a Norero desde el piso donde se encontraba el despacho de la fiscal. Además, recibía recomendaciones de Villagómez sobre como lidiar con los procesos legales del capo.

“Siempre se supo que eran amigos con Yanina Villagómez, que él (Novillo) tenía potestad para presionarla y pactar reuniones a cualquier hora”, dijo en su testimonio anticipado Hélive Angulo.

El 15 de marzo pasado se incluyó a la instrucción fiscal del caso Metástasis a Villagómez, luego de que el 12 de marzo fuera removida del cargo por el Consejo de la Judicatura.

Pero Novillo Arana aparece también en el caso Purga. En el testimonio anticipado de la comunicadora Mayra Salazar el 28 de marzo de 2024, esta hizo una descripción de “su amigo” y como lo conoció. “Samara (Rivera Saltos, esposa de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, excabecilla de Los Choneros), me presenta al abogado de su esposo, Xavier Novillo Arana, con quien mantengo amistad. Novillo me contó algunas cosas. Primero que José Tamayo Arana, tío de Xavier Novillo era el juez que dio libertad a Rasquiña; segundo, Javier Novillo me contó que era abogado de Javier Gilmar Campuzano Bustamante, procesado por tema de drogas; y, tercero, Xavier Novillo mantiene una amistad con la fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez Oñate, que era como su madre y a la que le decía mamá”.

Salazar, además relató que antes de su ingreso a trabajar en la Corte de Justicia del Guayas, Novillo le comentó que tenía un operador en la Corte que era alias ‘Barbón chiquito’. Su nombre es Eduardo Lascano Holmes y “trabajaba en la Sala Penal llevado por Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte, para que maneje el agendamiento de casos de dicha Sala. El sueldo de este operador salía de las gestiones de agendar diligencias”. Gallardo está procesada en el Caso Purga.

Además, Salazar relató que en  2021 Novillo fue quien le presentó al narcotraficante Leandro Norero en una reunión donde contrataron sus servicios de comunicadora para la empresa NLTecnicentro. En esta cita “estuvieron con el colombiano Juan Pablo Jaramillo (quien era chofer de Norero) e Israel Norero.

Salazar fue relacionista pública de NLT desde octubre de 2021 hasta la fecha en que Norero fue detenido.

3- Hélive Paúl Angulo Bravo

Considerado como uno de los hombres de confianza de Leandro Norero Tigua, Angulo de 33 años no tiene título de abogado, pero actuaba como tal. Vivía en Manta y trabajaba en asesoría legal de “temas básicos” con el alcalde de esa ciudad, Agustín Intriago desde el 2019. Conoció al narcotraficante Norero a mediados de 2021 y desde entonces se encargó de trámites tributarios y del manejo de los negocios, bienes y del dinero de su “Patrón”, dejando de lado a su anterior administrador: Armando Flor Izaguirre.

En los chats de Metástasis, Norero lo llamaba alias “estimado” y “Larry” y fue a él a quien delegó y con quien planificó desde la cárcel, millonarios sobornos a funcionarios judiciales en la Corte Nacional y en las provincias de Manabí, Cotopaxi, Guayas y de Santo Domingo de los Tsáchilas. Además de promover fraudes procesales y pagar a policías, fiscales y empresarios.

En su testimonio anticipado del 28 de marzo de 2024 reconoció como verdaderos los chats materializados de los teléfonos del narcotraficante Norero e hizo algunas puntualizaciones y confirmaciones del dinero “pagado” y “donado”.

Angulo fue el nexo político entre Intriago y Norero que tuvieron una relación de “negocios” para que el narcotraficante introduzca su dinero en obras estatales y contratos. Entregó al alcalde un préstamo de $ 500.000 para que lo invierta en obra pública y también compró a Intriago un departamento por $ 178.000 el cual había sido obtenido por el arreglo de un trámite de propiedad horizontal.

Alias estimado relató que canalizó más de $ 350.000 al abogado Cristian Romero para que este a su vez soborne a jueces responsables de procesos legales de Leandro Norero y su familia; otros $ 50.000 para que el mismo abogado recupere una propiedad en la urbanización La Ribera de El Batán; entregó $ 20.000 a Ronny Aleaga para que realice la campaña por el NO en la consulta popular que anunció el gobierno de Guillermo Lasso para extraditar a narcotraficantes.

El hombre de confianza de Norero dijo que fue él quien puso $ 200.000 en las manos del general Pablo Ramírez, en ese entonces director del SNAI. Fue en efectivo y en la ciudad de Guayaquil, según Angulo. Ramírez lo ha negado.

También aseguró que canalizó recursos al juez Walter Macías Fernández, a policías responsables de la Unidad de Lavado de Activos para estar informado sobre el proceso legal de lavado de activos en contra de Norero. Además, $ 150.000 a los mismos policías de la Unidad de Lavado para que se borren fotos íntimas de él con su pareja, que estaban en su dispositivo móvil. Este dinero fue un préstamo solicitado a su jefe, Leandro Norero.

FUENTE: Chat de los casos Metástasis, Purga y Plaga difundidos por la Fiscalía General del Estado y los testimonios anticipados de los procesados Hélive Angulo, Mayra Salazar.

4- Armando Vicente Flor Izaguirre

De contratista de la Dirección Distrital de Salud de Playas y asesor legal, tributario y empresarial, pasó a ser el administrador de bienes de Leandro Norero antes del 2021. No registra ningún título o profesión, pero en el caso Metástasis consta como el abogado en libre ejercicio que se dedicó al cometimiento de fraudes procesales en la justificación de los bienes incautados al narcotraficante Norero dentro del proceso por el delito de lavado de activos.

5- María Dolores Coloma

Fue fiscal del Guayas y estuvo al frente de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado antes de pasar a ser una de las abogadas de “confianza en temas penales” de Norero junto con alias “Novita”. En agradecimiento, el capo le entregó una casa valorada en $ 1,2 millones, dos vehículos y una oficina para que monte su estudio jurídico en Samborondón en Guayaquil valorada en $ 140.000.

Coloma, según el testimonio anticipado de Hélive Angulo, daba asesoramiento legal y “seguido” a Norero y le entregaba información privilegiada sobre operativos y allanamientos que se planificaban en su contra. Ella fue una de las abogadas que se dedicó a buscar defensores cuando en mayo del 2022, el capo fue detenido en el allanamiento de su vivienda ubicada en La Ribera del Batán.

Por la confianza que el capo tenía en Coloma, nombró al hijo de esta como administrador de su negocio NL Tecnicentro.

6- Kevin Prendes Vivar

Este abogado en libre ejercicio respondía a las disposiciones de Cristian Romero Moya. Por ello fue el responsable de “poner a buen recaudo” la mayoría de obras de arte, esculturas y el wiski de la casa de Leandro Norero en La Ribera del Batán y que fue allanada por la Fiscalía en mayo de 2022. La mayoría de las obras de arte y esculturas se quedaron en una bodega de Guayaquil de propiedad de Pablo Corozo, también procesado por el delito de lavado de activos.

El licor fue trasladado a Manta a cargo de Hélive Angulo y luego fue de vuelta a Guayaquil a la misma bodega de Corozo.

Prendes también fue un abogado que facilitaba la compra de jueces y fraudes procesales para obtener la libertad e impunidad de familiares de Leandro Norero.

7-  Sofía Nataly García Masías

Una abogada en libre ejercicio que según las investigaciones de la Fiscalía, colaboraba con la organización delictiva del capo Norero, por su cercanía con la comunicadora Mayra Salazar quien la contrató para que entregue sobornos  ($ 140.000) a los jueces Santiago Zumba y José Luis Segovia, encargados de resolver un habeas corpus a favor de Johana Zambrano Tigua, media hermana de Leandro Norero.

“Señor juez, yo procedo a contratar a la señora Sofía García en primera instancia para que haga el habeas corpus de la señora Johanna Zambrano Tigua. Luego, cuando conversé con el señor Leandro Norero Tigua, él me indica que sus abogados, el señor Cristian Romero Moya, sería quien haga dicha diligencia, dicha audiencia y que también me contó que ellos ya habrían tenido un acercamiento con los jueces en los cuales les habrían entregado 140.000 dólares. Por lo que constan los mensajes, señor juez, procedo a pedirle a la abogada Sofía García que ya no ejerza la defensa de la señora Johanna Zambrano Tigua y que simplemente se quede en dichas diligencias siendo la persona que supervise las mismas y se me esté informando al minuto. Lo que también se puede corroborar en las capturas que constan en Fiscalía de que lo que ella me iba informando, yo se le iba pasando en capturas al señor Leandro Norero Tigua”, relató Salazar, testigo clave en los casos Metástasis y Purga durante su testimonio anticipado.

Salazar señaló que los $ 6.000 que se depositó a Sofía García debían ser devueltos parcialmente “en vista de que no había ejercido la defensa total”. Esto se cumplió, dijo.

9- Rommel David Tamayo Hinojosa y César Manuel Ácaro

Estos abogados en libre ejercicio eran  parte del grupo legal de Cristian Romero Moya con quienes se realizó el acercamiento con los jueces de Cotopaxi encargados de conocer el hábeas corpus de la hermana de Leandro Norero. Fueron contratados además para presentar escritos en juzgados y litigar en audiencias menores.

10-Cristian Peña

Un abogado y también expolicía que según el relato de la comunicadora procesada Mayra Salazar, tenía conexiones con el hijo del capo mexicano “El Chapo” Guzmán y fue el defensor de la actual alcaldesa del cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas en un caso de asesinato que habría ocurrido en Salinas. La Fiscalía la convocó a rendir su versión de este caso durante la campaña electoral que la llevó a ese cargo.

Mayra Salazar solicitó a Peña que pida el diferimiento de esta comparecencia para que no afecte su imagen “porque si se hacía público este caso y la investigación por asesinato, afectaría su campaña política”.

María Fernanda Vargas habría sido propuesta como candidata por el prófugo de la justicia y también vinculado al caso Metástasis, Javier Jordán.

Peña era pareja de Johanna Franco ex privada de la libertad, amiga de Salazar quien le contó que su expareja tenía el contacto de un piloto y una avioneta “para transportar droga a cualquier parte porque él trabajó en el Gobierno de Rafael Correa”.

11- Bibian Hernández

Es una abogada cercana al expresidente Rafael Correa que aparece en los chats del caso Metástasis por dos ocasiones. Además, Hélive Angulo alias “estimado”, en su testimonio anticipado relató que “sabe que Bibian Hernández es cercana a Wilman Terán”, a quien le decían ‘El Diablo’ y se refería al expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) que también está procesado por la Fiscalía General del Estado.

En un chat de julio de 2022, del expediente de Metástasis, Angulo escribe al capo Norero y opina que es “bueno que su caso pase a la Corte Nacional de Justicia porque el abogado Cristian Romero tiene amigos, Byron Guillén, Walter Macías y Vibian Hernández”. Y en otro chat de agosto de 2022, el mismo Angulo vuelve a señalar a Hernández como la persona que “maneja a Saquicela”, sin detallar su nombre.

La abogada, que según la Fiscalía respondería al alias “la primera dama”, como lo dijo también Angulo en su testimonio anticipado, también está procesada en caso Amistad por el posible delito de lavado de activos.

ABOGADOS VINCULADOS AL CASO PLAGA

12- Hugo Alexander Lara Olmos

Según la investigación de la Fiscalía General, este abogado en libre ejercicio, encabezaría la estructura del caso Plaga que salió a la luz el 3 de abril. Se dedicaba a la captación de personas privadas de la libertad, “coordinaba acciones con otro abogado Lenin Vimos y era el encargado de recibir y entregar dinero a los demás miembros de la organización”.

Lara fue detenido el 3 de abril de 2024 en la ciudad de Riobamba.

Este abogado fue quien defendió e intentó la liberación de Johanna Zambrano Tigua, media hermana de Leandro Norero Tigua bajo presiones y sobornos a funcionarios judiciales. Además fue abogado del procesado en caso Metástasis, Daniel Salcedo.

13-  Lenin Vimos

Según la Fiscalía, Lenin Vimos, abogado en libre ejercicio que trabajaba desde la Cárcel 4 de Quito y asesoraba a un grupo de delincuencia organizada que opera en Azuay y que tiene su centro de operación en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Vimos fue detenido el 15 de enero de 2024 en un operativo de rutina y se lo investigaba por el delito de lavado de activos.

Según la Fiscalía, es uno de los líderes de la estructura del caso Plaga y habría recibido $ 168.000 en una decena de transferencias realizadas por Elio Arboleda, Armando Ruiz y Jonathan Aguinda, tres operadores relacionados con el narcotraficante Leandro Norero. Aguinda se lo identifica en el caso Metástasis como abogado cercano a Cristian Romero.

Vimos recibió desde México $ 25.000 para liberar a un narcotraficante de esa nacionalidad que se encontraba en Turi, según las pericias de su teléfono celular en donde se analizaron alrededor de 5.000 chats.

Aguinda y Hugo Lara trabajaron en conjunto en el habeas corpus con el que se ordenó la liberación fallida de Jorge Glas. Vimos, además, fue abogado de Colón Pico, acusado de liderar un plan para matar a la fiscal Diana Salazar.

Desde que se originó el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, en 2007, parece inacabable su historia de aplazamientos, incumplimientos de las contratistas y multas impagas.

Con el plazo vencido de su contrato y sin haber terminado la obra, la empresa rusa Tyazhmash reclama el pago de USD$ 53,4 millones adicionales al costo original de su contrato y pretende otra prórroga de 600 días que se sumarían a los 1.715 días que ha demorado el montaje electromecánico de los equipos del proyecto.

Este 28 de marzo termina el período contractual para la instalación de los equipos electromecánicos indispensables en el funcionamiento del Toachi Pilatón por parte de Thyasmash. Sin embargo, hay disputas entre el Estado y la contratista, por las pretensiones de esta última. La empresa rusa ha advertido que ha sido imposible terminar su trabajo en el plazo contractual. Y la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP quiere llevar el caso a arbitraje internacional. Mientras la Contraloría General del Estado ha identificado incumplimientos de Tyazhmash por los que debería pagar multas.

El proyecto Toachi Pilatón se ubica en los cantones de Mejía, Sigchos y Alluriquín, de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas. Fue diseñado para aprovechar las cuencas hidrográficas de los ríos Pilatón y Toachi, y contar con una capacidad de generación de 254,4 MW. Consiste en la construcción de tres centrales hidroeléctricas: Sarapullo, con una capacidad de 48,9 megavatios (MW), Alluriquín, con 204 MW, y la minicentral Toachi, con 1,4 MW.

El complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón se ubica en tres provincias: Pichincha, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas

Luego de 16 años de iniciadas las obras civiles preliminares y de 14 años de comenzados los trabajos de equipamiento electromecánico, solo una de las centrales hidroeléctricas que integran el complejo Toachi Pilatón está en operación comercial desde marzo de 2023. Es Sarapullo, que desde entonces ha generado casi 169 MWh para el Sistema Nacional Interconectado.  Pero el costo de todo el proyecto (obra civil y equipamiento) bordea ya los USD$900 millones, cuando el costo referencial al inicio fue de $370 millones.

Desde su origen, se concibió a la ejecución de este proyecto dividida en dos contratos: uno para la construcción de la obra civil; y otro para suministro y montaje electro e hidromecánico. Pero este esquema se ha convertido en uno de los mayores problemas para el avance de la obra.

La segunda parte del proyecto, es decir el equipamiento de la obra estuvo siempre en manos rusas. El 25 de octubre de 2010, ante el encargado de asuntos consulares del Ecuador en Moscú con funciones de Notario Público, Edy Montalván Carrión, firmaron el contrato para las obras de suministro y montaje electro e hidromecánicas: la extinta empresa pública HIDROTOAPI y la Sociedad Anónima Abierta INTER RAO UES, compañía rusa que se constituyó en el país para ejecutar el mencionado trabajo. El valor del contrato fue de USD$ 144´998.830, con un plazo de 44 meses, que concluía el 21 de mayo de 2015.

Pero la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP terminó el contrato de forma anticipada y unilateral (con Resolución CELEC-EP-GGE-0021-17) el 22 de marzo de 2017, argumentando que hubo incumplimientos en los plazos.

Con un avance físico del 85% se le pagó a esta contratista USD$123´751.924,92.

La Contraloría General del Estado destacó que tras este pago quedó un margen económico de USD$ 21´246.905,08 para finalizar el montaje electromecánico, que correspondía al 14,80% restante del proyecto.

Pero a lo largo de casi dos años, el presupuesto para completar los trabajos aumentó en USD$ 54´553.085,29. Es decir, pese a que lo pendiente representa solo la sexta parte del proyecto, el presupuesto tuvo un incremento del 78%, luego de las modificaciones de las ofertas planteadas por la empresa rusa Tyazhmash y de las demoras de las autoridades que subieron el presupuesto referencial por dos ocasiones.

El subgerente de proyecto de Hidrotoapi remitió al gerente de esta Unidad de Negocio, 2 informes técnicos para el reinicio del contrato electromecánico e hidromecánico del proyecto Toachi Pilatón. El primero (de 27 de julio de 2017) fijó el monto referencial de USD $ 69´885 726, mientras el segundo (de 20 de noviembre de 2017) pasó a USD $ 75´373.174. El argumento para esta variación fue que se incluyeron el suministro y montaje de telecomunicaciones y video vigilancia.

Pero meses antes (27de abril de 2017), la compañía Tyazhmash S.A. señaló al ministro de Electricidad y Energía Renovable, que el valor de la contratación para ejecutar el equipamiento electro e hidromecánico sería de USD $ 83´330.000 en el que se consideraron rubros de suministro, montaje y la recuperación de la turbina generador y demás equipos en las bodegas de Alluriquín. Como se puede ver Tyazhmash emitió su oferta de forma previa a que Hidrotoapi fije el presupuesto referencial. Es que ya el 5 de abril de 2017 CELEC había notificado a la compañía rusa su interés de concluir la obra con esta.

No obstante, las cosas siguieron dilatándose hasta que el 26 de enero del 2018 Tyazhmash comunicó al gerente general de CELEC EP, que su oferta incrementó a USD $112´080.000. Los argumentos de Tyazhmash para esa subida fueron: el tiempo transcurrido y los gastos incurridos por esta empresa rusa, como: «suministro e implementación de sistema de telecomunicaciones, prórroga de plazo de vigencia de garantías técnicas por el período adicional de 1 a 5 años, mantenimiento preliminar de los equipos electromecánicos entregados anteriormente y gastos adicionales desde mayo de 2017.

Lo extraño es que esta compañía aún no tenía un contrato firmado con CELEC EP y ya mencionaba gastos incurridos. La contratación con Tyazhmash recién se concreta en 2019.

Para finiquitar este tema, Hidrotoapi requirió a una consultora privada que establezca un presupuesto referencial, elabore las especificaciones técnicas y el cronograma de ejecución. La empresa DUEROING fue contratada para ello y en diciembre de 2018 emitió un informe en el que fijó el presupuesto referencial en USD $124.6 millones, más IVA.

Luego de más de dos años de paralización de los trabajos, el 20 de junio 2019, el gerente general de CELEC EP, el apoderado de Tyazhmash S.A. matriz y el apoderado de Tyazhmash S.A. sucursal en Ecuador, suscribieron el contrato para la conclusión del proyecto electromecánico e hidromecánico, incluyendo la ingeniería y montaje de sistemas de telecomunicaciones y videovigilancia, entre otros, por un valor de USD$124´438.811,29 más IVA. Los trabajos iniciaron el19 de julio de 2019.

Este aumento significativo en el presupuesto para la finalización del proyecto refleja la falencia en la estimación precisa de costos en proyectos de infraestructura a gran escala.

Tyazhmash accedió a un valor contractual importante, pese a que su trabajo consistía en complementar lo que su antecesora también rusa, Inter Rao, dejó inconcluso.

El gerente de CELEC, Robert Simpson (izq) y el representante de la firma Tyazhmash, Sergei Trifonov

Tyazhmash es la empresa fabricante de los principales equipos del proyecto, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y elaboró además los diseños básicos, de detalle, de taller y de montaje de todo el equipamiento.

Pero en la ejecución de este contrato también aparecieron dificultades, sobre todo retrasos, que llevaron a la contratista a pedir prórrogas. El argumento de Tyazhmash ha sido que, al no haber concluido las obras civiles, que estuvieron a cargo de China International Water & Electric Corp. (CWE), no podían instalarse los equipos electromecánicos.

El plazo del contrato de la compañía rusa era de 880 días, que concluían en julio de 2021, pero el 28 de ese mes y año se suscribió el primer contrato modificatorio que amplió el plazo por 371 días. Luego, el 20 de diciembre de 2022 se firmó el segundo contrato modificatorio por 464 días adicionales, plazo que concluye este 28 de marzo de 2024, que nuevamente resulta insuficiente para la empresa rusa.

Los cuestionamientos de Contraloría  

En un informe aprobado por la Contraloría General del Estado en 2022 (DNA4-0019-2022) se hizo observaciones a las etapas precontractual y contractual del equipamiento del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón.

En cuanto a la primera fase, el organismo de control objetó que luego de la terminación anticipada del contrato con Inter Rao, los gerentes de Hidrotoapi y los subgerentes de proyecto de esta unidad de negocio que estuvieron en funciones durante seis períodos, entre el 1 de enero de 2017 y el 9 de diciembre de 2019, no solo que no determinaron el presupuesto referencial oportunamente, sino que no administraron los bienes ingresados a Hidrotoapi hasta el reinicio de los trabajos electro e hidromecánicos porque no ordenaron que se realicen los mantenimientos a los equipos entregados por la excontratista Inter Rao.

Además, los subgerentes de proyecto y el jefe de equipamiento tampoco coordinaron, controlaron, ni planificaron las actividades de mantenimiento para los suministros entregados por Inter Rao.

Todo esto ocasionó que aumente el riesgo del deterioro de los equipos y se incremente el valor contratado al incluir otros rubros para la culminación de los trabajos electro e hidromecánicos.

En relación con la etapa contractual, la Contraloría identificó un monto total de USD$ 866.000 en multas que Tyazhmash S.A. debería pagar por infringir el contrato.

Entre los principales incumplimientos de la empresa rusa el organismo de control destaca que no implementó los sistemas de gestión ambiental, y, de seguridad y salud en el trabajo, según lo determinado por la Comunidad Andina de Naciones. A la contratista no se le exigió el desarrollo de estos sistemas y en los informes mensuales de su desempeño no constó este incumplimiento. Las consecuencias fueron: carecer de un marco referencial para gestionar los posibles riesgos y no haber multado la contratista con USD$433.000 por no aplicar los estándares internacionales en esa materia.

Pero las observaciones de la Contraloría también incluían otros aspectos. Se objetó, por ejemplo, que, para justificar la contratación directa con la empresa rusa, las autoridades de Hidrotoapi y CELEC utilizaron el acuerdo comercial Multipartes que Ecuador mantiene con la Unión Europea. De acuerdo con el organismo de control esa figura no era aplicable y ocasionó que no se de paso a otros procesos de contratación.

Los informes del departamento jurídico de Hidrotoapi, elaborados en marzo y abril de 2019, recomendaron la firma para el contrato de equipamiento del proyecto con Tyazhmash, asegurando que, tras analizar la cobertura del mencionado acuerdo comercial, el procedimiento de contratación directa era el adecuado “desde el ámbito constitucional, legal y reglamentario. (…)”. Concluyeron también que Hidrotoapi contaba con todos los requerimientos establecidos en el Acuerdo comercial Multipartes, Ley de Contratación Pública, Ley de Compras Públicas y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo que se recomendó que continúen los trámites respectivos.

Tampoco hubo objeciones por parte de la directora jurídica (e) de CELEC, en su pronunciamiento del 27 de marzo de 2019, dirigido a la gerencia de esta empresa pública.

Por lo que el gerente de CELEC EP, Robert Simpson, autorizó el inicio del procedimiento de contratación directa y, el 20 de junio de 2019 firmó, junto con el apoderado de Tyazhmash S.A. Sergei Trifonov, y el apoderado de Tyazhmash S.A. sucursal Ecuador, el contrato CELEC EP-MAT-CON-0019-19 para la conclusión del proyecto electromecánico e hidromecánico del complejo Toachi Pilatón.

Sin embargo, Tyazhmash S.A. siendo de nacionalidad rusa, no era parte de los estados miembros de la Unión Europea y menos aún del acuerdo comercial multipartes, según certificación del Ministerio de la Producción y Comercio Exterior.

Tampoco existía de por medio un acuerdo comercial entre Ecuador y la Federación de Rusia ni otro instrumento que permita a ese país acogerse a las disposiciones que rigen el convenio comercial con la Unión Europea.

La Contraloría concluyó que la aplicación de figuras de contratación pública generadas en el Acuerdo Comercial con el bloque europeo no puede extenderse a terceros países no adherentes o que no forman parte de este instrumento internacional. Y que este proceso no se ajustó a los parámetros de contratación pública, afectando el principio de legalidad.

Tyashmash no contó con el personal técnico que propuso en su oferta. Contraloría determinó que participaron 3 técnicos para los cargos de superintendente montaje y para encargado del frente turbina generador y sistemas propios de turbina, sin cumplir con los requisitos del personal técnico mínimo requerido. Esto ocurrió porque los administradores del contrato aprobaron los cambios solicitados por la contratista sin verificar el título profesional y su experiencia según lo exigido en los pliegos; “ocasionando que, no se demuestre documentadamente la competencia profesional de los técnicos para la ejecución del contrato y no se imponga la multa de USD$ 433.000 a la contratista”.

Según el contrato, si la empresa “no dispone del personal técnico principal, conforme lo establecido en su oferta, se sancionará con una multa diaria por evento, de mil dólares de los Estados unidos de América»; por lo que, TYAZHMASH S.A. no contó con el personal técnico requerido conforme los pliegos en 433 días, contados desde el inicio de la ejecución (19 de julio de 2019) hasta el corte del examen especial (31 de diciembre de 2020).

Un pago no justificado de USD$ 108.568,80 por trabajos extraordinarios fue otro hallazgo del equipo auditor. La observación es que se hicieron adecuaciones de obra civil menor sin determinar la cantidad de horas y las categorías de la mano de obra y se pagaron planillas con valores superiores a las tablas publicadas por la Contraloría. Además, se aprobaron trabajos luego de iniciada su ejecución. Por lo tanto, los costos de mano de obra para «trabajos extraordinarios” no fueron verificados ni justificados, ocasionando que, se generen pagos adicionales sin respaldo documental.

La Contraloría objeta la forma en que se aplicó el rubro de ‘Recuperación de Garantías Técnicas’ en el contrato con Tyazhmash, pues este ítem abarca a los equipos y bienes que se encuentran almacenados o instalados en el sitio donde se ejecutará el contrato. El problema es que existieron equipos que fueron fabricados, pero no pagados a la excontratista Inter Rao, por lo que no fueron propiedad del proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón y aun así se les incluyó en la garantía técnica del fabricante. Es decir, se pagó tal garantía a Tyazhmash sobre equipos que no estaban instalados en la obra. A criterio de la Contraloría, esta situación ocasionó un incremento en el valor del rubro por USD$ 1´644.966,73; cifra de la cual hasta el corte del examen especial se canceló USD$ 7.753,58.

Pese a los cuestionamientos de la Contraloría a la ejecución del contrato de equipamiento electro e hidromecánico, Tyazhmash S.A. no ha terminado la instalación de los equipos y además de pedir más plazo, también pide la entrega de pagos pendientes por parte del estado.

Embajador ruso y exasambleista del correato en el lobby por Tyazhmash

La estrategia de presión para favorecer a los intereses de la compañía rusa Tyazhmash se ha desplegado al más alto nivel político y diplomático.

Uno de los lobistas de la contratista sería el exembajador de Ecuador en Rusia, y asambleísta por la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez Zavala.

La contratista rusa reclama un total de USD$53,4 millones a CELEC EP por concepto de: costos operacionales, extensión de garantías técnicas para la central Sarapullo y extensión de garantías técnicas de la central Alluriquín. El desglose de estos costos diarios y anuales fue expuesto en una presentación que Tyazhmash hizo para las autoridades de CELEC a inicios de este año.

También, mediante comunicación No. PHTP-TME-218 de 23 de enero de 2024, dirigida a la ministra de Energía y Minas y al gerente de CELEC EP, Tyazhmash S.A. pidió: “Una pronta atención a este tema y se formulen soluciones urgentes para evitar un escenario negativo; y lograr un acuerdo con CELEC EP en la etapa de mediación sobre el restablecimiento del equilibrio económico del contrato (…)”.

Expertos sobre el tema señalan que es clave que se realice un estudio técnico del cronograma de ejecución contractual y del cumplimiento por parte de la contratista. A ello se agrega que debe tomarse en cuenta la renuncia expresa que la contratista realizó en la cláusula sexta numeral 6.2 del contrato, que señala: “Los precios acordados en el Contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasas que tuviese que pagar, en cuya razón no podrá reclamar monto adicional bajo ningún concepto y a ningún título, a excepción de los trabajos y bienes extraordinarios debidamente autorizados por el Administrador del Contrato, y salvo lo previsto en el presente Contrato.”.

Además, están los incumplimientos de la contratista, identificados por la Contraloría, como pagos no justificados, multas no cobradas, etc que, según los expertos, constituyen un factor de ruptura del equilibrio económico del contrato.

Por su parte, el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, ha señalado que se reunió con el mandatario Daniel Noboa, el 16 de febrero pasado, donde habría recibido “un pleno apoyo del presidente para que ese proyecto sea finalizado. Es importante tener que resolver esos problemas, hay voluntad política”.

En declaraciones públicas, el diplomático ha dicho  que “aparecieron dificultades con CELEC, respecto a la postergación en la finalización del trabajo civil y por eso la empresa rusa no tuvo posibilidades de instalar el equipamiento, porque Tyazhmash es responsable y cumple los trabajos hidromecánicos, no construcciones civiles; por eso el 28 de marzo termina el tiempo del contrato y hay que arreglar esos temas y pendientes económicos con CELEC, quienes no quieren negociar y quieren ir al arbitraje internacional”.

Dijo que cuando se presentaron las discrepancias con la empresa rusa Inter Rao, que fue la primera contratista para el equipamiento del proyecto, la Procuraduría General del Estado ofreció negociar para no ir al arbitraje internacional, pero ello no se concretó y CELEC perdió un gran monto de dinero en ese proceso. Por lo que cuestionó que, pese a que CELEC ya tuvo esa derrota, no quiera negociar con Tyazhmash y advirtió que, si no se soluciona ese tema antes de este 28 de marzo, es imposible terminar el trabajo de la segunda parte, que implica la estación eléctrica Alluriquín, de 204 MW.

El embajador indicó estar a la espera de que CELEC y el Ministerio de Energía propongan una opción a la contratista que, si bien es privada, en Rusia todos los proyectos internacionales están asegurados por el Gobierno.

Las intervenciones públicas del embajador sobre este tema se han dado, pese a que el artículo 307 de la Constitución determina: “Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda reclamación diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio diplomático”, situación que es recogida en la cláusula 27.3.7 del contrato.