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Autor: mh

RAÚL TELLO NO GESTIONA PUESTOS, SOLO RECOMIENDA

 

RAÚL TELLO NO GESTIONA PUESTOS, SOLO RECOMIENDA

El Asambleísta Raúl Tello sostuvo en Radio Rumba el 25 de enero de 2019: “Desde cuándo recomendar es gestionar un cargo” y entonces pasó a recomendar en la provincia de Pastaza algunos puestos para sus amigos y amigas, parientes.

A su cuñada, María Cecibel Ponce, casada con Franklin Tello Benalcázar, su hermano, la recomendó para dirigir el Ministerio del Ambiente en Pastaza.

No estuvo mucho tiempo en gestión, pero de inmediato fue reemplazada por Edgardo Mena, quien tampoco negó ser muy “amigo desde la juventud con Raúl Tello”.

El asambleísta Tello reconoce que amigos suyos ocupan cargos públicos en Pastaza, porque, según él, es amigo de casi todos, o al menos del 80% de la población de esa localidad.

“Es normal que aquello ocurra porque yo vivo en una provincia pequeña y todos o casi todos los funcionarios son mis amigos”. “Si lo relacionan con el tema de la amistad es difícil…porque yo soy amigo de medio mundo aquí y además soy político”, dice. “El hecho de que mis amigos ocupen determinados cargos no significa que ellos hayan ingresado por alguna gestión de mi parte, bajo ningún punto de vista”, agrega.

Y añade: “de los que usted me nombra (…) ahí faltan en el listado algunos que son mis amigos. La propia gobernadora es mi amiga, el director del IESS es mi amigo, la directora del hospital del IESS es mi amiga”, dice Tello.

El legislador amazónico, otrora radical de izquierda, obtuvo más espacio de gestión al integrar el bloque parlamentario BADI, liderado por el también amazónico Eliseo Azuero, a quien se lo responsabiliza del acuerdo para la designación de René Tamayo, exdirector del SECOB, ahora detenido por el escándalo de corrupción del hospital de Pedernales.

Frente al escándalo del gran reparto de hospitales e instituciones públicas a asambleístas y otras autoridades, Tello destaca que como legislador siempre se mostró crítico del Gobierno y asegura que “jamás” ha tenido vínculos o compromisos con el Gobierno ni ha gestionado ningún tipo de beneficio para él o sus cercanos.

Dice que en el caso de su cuñada María Cecibel Ponce tampoco tuvo nada que ver, pues según Tello, ella obtuvo ese cargo por una “relación de amistad con un subsecretario”.

LOS JUICIOS POLÍTICOS DE TELLO 

Raúl Tello es el legislador que más juicios políticos ha planteado. Al inicio de su gestión ya lo llamó al ex Superintendente de Bancos Christian Cruz, después lo hizo con Gustavo Jalkh, expresidente de la judicatura, también al ex Procurador Diego García, al Defensor Público Ernesto Pazmiño.

Ahora mismo está pidiendo juicio político al Ministro Richard Martínez. También y por dos veces consecutivas el Asambleísta Raúl Tello, pidió juicio político en contra de Diana Atamaint y las autoridades del CNE.

La primera dijo por irregularidades en las elecciones seccionales de 2019, el 12 de abril de 2019; y la segunda, el 25 de junio del mismo año, en el caso del CPCCS.

En lugar de continuar con el juicio político a Diana Atamaint y CNE, Raúl Tello prefirió continuar con su estilo de no gestionar cargos públicos sino recomendar personas.

Recomendó entonces a Martha Cox para que cumpla con la dirección del CNE en Pastaza; ella fue posesionada el 14 de agosto de 2019 .

“Me parece algo totalmente fuera de lugar, yo no he tenido ninguna decisión en el tema de alguien del Consejo Electoral que me pueda vincular con ningún compromiso, ninguna decisión, ninguna gestión trascendente como legislador que me permita tramitar una cuestión de esas”, dijo Tello cuando este medio le preguntó sobre la funcionaria Cox.

LOS RECOMENDADOS AMIGOS DE TELLO 

Martha Cox fue por muchos años su co-idearia; es madre de Brenda Guillén Cox, alterna de Richard Falconí, concejal del Cantón Pastaza por la lista 61-6, (de Tello) y ex asesor del asambleísta.

Desde aquel entonces, Raúl Tello no es más crítico de la gestión del CNE y Diana Atamaint sino su defensor como lo manifestó en el curso del juicio político planteado por Jeannine Cruz y legisladores de CREO a inicios de este año, cuando pasó de crítico a defensor de la gestión del órgano electoral.

En su propósito de “seguir recomendando” personas que ocupen cargos públicos, en Pastaza ubicó también a otro “amigo de toda la vida”, Juan Carlos López en la Dirección Provincial de Educación de Pastaza.

Él debía firmar “la comisión de servicios” para que Narcisa Arboleda, esposa de Jaime Guevara, Prefecto y aliado de Tello, no renuncie a su cargo de maestra pese a que la Ley no le permitía otra comisión de servicios sin sueldo, al haber agotado plazos al paso de su esposo Jaime Guevara, en su primera y segunda administración como Prefecto.

Ese tema lo resolvería el amigo de Raúl Tello, como estipendio al Prefecto por haberlo patrocinado electoralmente. Raúl Tello, desde su militancia en el MPD, ha estado cerca del sector educativo y ahora está más cerca aún con su “recomendado”.

Raúl Tello también ha recomendado a cinco amigos suyos, para colocarlos en la legislatura, más allá de la cuota normal de los legisladores. Ellos son: Constante Altamirano Jaime Eduardo, Colala Peñarreta Eduardo Efraín, Montero Mariño Segundo Manuel, Arboleda Sanabria Patricio Jovanni y Pozo Carabajo Angel Vladimir.

Todos fueron recomendados por el Asambleísta Raúl Tello, inmediatamente después de su desempeño en el juicio a José Carlos Tuarez, ex del Consejo de Participación Ciudadana.

Y, aunque el asambleísta reconoce que “hay unos nombres que pertenecen a la comisión mía”, asegura que en ningún momento propuso esos nombres.

El Contralor General del Estado, fue convocado en varias oportunidades por Raúl Tello, al seno de la Asamblea Nacional. Seguramente en cualquiera de esos momentos supo recomendar a su esposa Vilma del Rocío Espinosa Cabrera, para que le eleven su cargo a “Experta Supervisora de la Contraloría General del Estado”, delegación Pastaza.

Antes, Vilma del Rocío había trabajado con Andrés Erazo, esposo de la ex-asambleísta de Manabí por AP Anny Marllely Vásconez Arteaga. Andrés Erazo, un policía en grado de Capitán en aquel entonces, pidió licencia para trabajar en la SENAIN y es ahí donde fue jefe temporal de la esposa de Tello, hasta que ella ascendió a Directora Administrativa.

En tiempos de Pablo Romero, Vilma del Roció llevaba las cuentas de la SENAIN. Se desvinculó en 2013 y pasó a trabajar en la Contraloría en condición de Auditora General Interna de los gobiernos autónomos descentralizados, hasta hace algunos meses que por recomendación de Raúl Tello y la anuencia de Pablo Celi, pasó a ser “Experta Supervisora de la Contraloría”.

Pablo Celi solicitó en junio de 2019 que en el plazo de 6 meses, la Contraloría delegación Pastaza, entregue un informe sobre la actuación de los consejeros provinciales en relación a la legalidad de actuación de Jaime Guevara, Prefecto, cuestionado por tener una sentencia de última instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

TELLO GRITA, AMENAZA, PRESIONA Y CONSIGUE

Estamos justo a un año y esa resolución no llega; no sale porque “el asambleísta Tello grita, amenaza, presiona y consigue”, ha dicho en una emisora local el Asambleísta Henry Moreno.

Tello, por su parte, insiste que su relación con el prefecto es exclusivamente política.

Jaime Guevara sigue ejerciendo de Prefecto Provincial de Pastaza, gracias a las omisiones de la Contraloría, también el silencio de Pablo Celi, quien delegó a funcionarios de la zonal de Ambato el tratamiento del tema cuando despedía de su despacho a Cumandá Guevara, Viceprefecta de la provincia.

“No se preocupe” le dijo “Jaime Guevara ejerce ilegalmente la Prefectura de Pastaza”. De eso ya también es un año.

Un año ya que la Contraloría camina con pies de plomo y nada dice que obrará para hacer valer las dos destituciones que perpetró contra Jaime Guevara a fines de 2013.

La Contraloría también “se ha olvidado” de darle seguimiento a la glosa por $ 130.023, 37 que en el año 2014 fue ratificada por el Ing. Paúl Noboa León, a nombre del Contralor General del Estado.

Ahora, de vuelta al Tribunal Contencioso Administrativo, a fines de 2019, dicha glosa prácticamente está desvanecida, (El Tribunal ha declarado la nulidad de la glosa), pero no porque se ha resuelto el motivo, sino porque la Contraloría no supo darle el correspondiente seguimiento.

Pese a que existe otra instancia jurídica, la casación, Tello dará por descontado que el órgano contralor mirará para otro lado…

DISCAPACIDADES Y DISCAPACITADOS

Entre los hechos de corrupción develados en la pandemia del Covid 19 sobresale la entrega de 3.000 carnés de discapacidad de manera ilegal. Ese documento, que desde 2013 es entregado por el Ministerio de Salud Pública, representa importantes beneficios: exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

El carné además otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, asensos y nombramientos en la función pública y permite la jubilación anticipada por discapacidad. En julio pasado, José Martínez, director del sistema de pensiones del IESS alertó sobre el crecimiento inusual de jubilaciones por discapacidad e indicó que encontraron casos que no cumplían con los requisitos para la jubilación.

El escándalo de los carnés salpicó a asambleístas, jueces, ministros, gobernadores, abogados, médicos y hasta deportistas. El portal La Historia reveló que los asambleístas Marcia Arregui (mencionada en el reparto de hospitales en Manabí), Fabricio Villamar e Israel Cruz tenían el documento.

El periodista Fernando Villavicencio del portal PeriodismodeInvestigacion.com también recibió varias denuncias sobre el tema y las hizo públicas por redes sociales. Una de ellas mencionó al médico de la provincia del Cañar Juan Quevedo Abad.

Villavicencio escribió varios mensajes sobre el caso en la red social Twitter. En uno indicó: “En Azogues, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios…”.

Villavicencio mostró cuatro documentos del Servicio Nacional del Ecuador (Senae) que indican los porcentajes de discapacidad y el grado de exoneración de tributos de los familiares y allegados al médico. Este medio pudo confirmar que su hermano, Víctor Quevedo Abad, abogado de 60 años y su esposa Victoria Zalamea Landázuri de 62, tienen carnés de discapacidad con el 63% y el 41%, respectivamente. Además, René González Ochoa, cuñado de Victoria Zalamea, registra discapacidad del 40%. El cuñado de Juan Quevedo Abad, Juan Flores Vásquez, también tiene discapacidad del 60%.

El mismo Juan Fernando Quevedo Abad, de 57 años, tiene carné de discapacidad. El Senae señala que importó un vehículo el 12 de abril de 2018.

Por la publicación de ese tuit, Villavicencio fue demandado penalmente por el médico alegando injurias. La denunciada fue realizada el pasado 27 de julio en la Unidad Judicial Penal de Azogues.

Juan Fernando Quevedo Abad es un ginecólogo nacido en Cañar. Labora, según su perfil de LinkedIn, en el Hospital de Especialidades Médicas Clemed S.A. de Azogues, del que es accionista junto a otras 47 personas. También ha laborado en el sector público, como el Hospital General Homero Castanier.

El 5 de agosto de 2020 el juez de lo penal de Azogues, Ariel León Mendieta, admitió a trámite la denuncia en contra de Fernando Villavicencio.

Pero el juez Ariel León también fue mencionado por el portal PeriodismodeInvestigacion.com en la lista de jueces del Consejo de la Judicatura con discapacidad; él registra un grado de discapacidad visual del 65%. Así lo confirmó el reportaje LOS JUECES CON CARNÉ DE DISCAPACIDAD del 13 de julio de 2020.

Además, la esposa del juez, Bertha María Augusta Rodríguez Romero, quien hasta 2018, fue jueza de lo penal de Azogues, también tiene discapacidad del 75%.

Buscamos un pronunciamiento del médico Juan Fernando Quevedo para entender la razón de iniciar un proceso penal por temas de opinión, su abogado Diego Salamea respondió:  “Lo que hemos hecho es una invitación jurídica para que él pruebe sus aseveraciones, que no son ciertas. (…) procesalmente hemos iniciado la acción para que, si el señor Villavicencio tiene pruebas las presente en el proceso y lógicamente se resuelva a través de la justicia”.

El abogado indicó que “no se trata de crear problemas, puede ser que el señor Villavicencio recibió una información que no estuvo contrastada con la realidad…”, dice refiriéndose a las denuncias.

Pero el trino emitido en esa red social por Villavicencio no refiere una denuncia y tampoco lo es: simplemente cuenta un hecho específico que se respaldó en documentos.

Sin embargo, el abogado confirmó que los hermanos Quevedo Abad sí tienen carnés y aunque dijo desconocer qué tipo de discapacidad tienen, señaló que los carnés fueron obtenidos legalmente, que no fueron adquiridos de la noche a la mañana, sino “en base a las situaciones médicas que tenemos y cuya hoja de vida e historia clínica nosotros hemos aportado procesalmente».

Además de los nombres publicados por Villavicencio este medio encontró que otros familiares de Juan Quevedo también tienen carnés. Por ejemplo, sus tíos, Flavio (80 años), Olga (84 años) -que importó un vehículo en marzo de 2018- y Edison Abad (93 años) registran discapacidad, según el Senae. Edison Abad es padre de los políticos Raúl y Ruth Abad Vélez. Raúl, un político de mucho peso en Cañar, fue asambleísta de esa provincia por Alianza PAIS. Su hermana ocupó el cargo de gobernadora.

Javier, Vicente y Homero Abad Salinas, primos de Juan Quevedo, también tienen carné de discapacidad. Los dos primeros, según el Senae tienen el 37% y 33%.  Homero registra una importación de un vehículo el 10 de julio de 2018.

Lilia Molina, esposa de Vicente Abad Salinas, registra discapacidad del 40%. Este portal además encontró que Elva González Ochoa, hermana de René González Ochoa, también tiene discapacidad. En abril de 2019 importó un vehículo. César Zalamea Landázuri, hermano de Victoria, también registra un grado de discapacidad del 51%.

Respecto a que otros familiares de Juan Quevedo también poseen carnés de discapacidad, el abogado indicó que desconocía el tema, “realmente no sé, cada quién responde por sus actos, si hay familiares o no familiares… realmente cada uno justificará su condición médica”, indicó.

Apenas se enteró de la existencia del proceso penal, el 28 de agosto de 2020, Villavicencio a través de su abogado elevó una queja al Consejo de la Judicatura y solicitó observe el comportamiento ilegal del juez Ariel León Mendieta. El periodista sostiene que su domicilio es la ciudad de Quito, que no ha viajado a Azogues por más de 10 años, es decir cuestiona la jurisdicción donde se inició la causa, pese a que es de dominio público que, el demandado vive en Quito.

Además, revela que nunca fue notificado personalmente, se enteró por un medio de comunicación. En el texto, la defensa del periodista observa la violación  a lo establecido en el artículo 76.7 de la Constitución, el numeral 3 del artículo 404 del COIP y el artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial. Villavicencio señala además que el juez León debía excusarse de conocer el caso, por cuanto aparece vinculado en la investigación periodística de su autoría.

La petición del periodista fue conocida por el Subdirector Nacional de Transparencia del CNJ, Feliciano Azuero (hermano del exdiputado prófugo Eliseo Azuero), quien también fue señalado en el reportaje El Gran Reparto, publicado por Fernando Villavicencio. Feliciano, ocultó deliberadamente el requerimiento durante más de un mes, vulnerando el debido proceso y los derechos humanos del comunicador.

El Ecuador aún no termina de adecuar las leyes a los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión. “No se puede a nombre de la honra perseguir a un ciudadano crítico”, dijo la asambleísta Jeaninne Cruz, cuando se debatía la propuesta del Ejecutivo de cambiar la pena por delitos contra la honra por labor social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos insta a “abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas”. El organismo llama a los Estados a “derogar las leyes que consagran el desacato y la difamación criminal en casos que involucran el interés público, modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión, e incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil de manera tal de que los procesos civiles adelantados contra personas que han hecho declaraciones sobre asuntos de interés público apliquen el estándar de la real malicia, de conformidad con lo dispuesto en el principio 10 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la CIDH, y que resulten proporcionales y razonables”.

La CIDH impulsa la promulgación de leyes y acciones civiles “que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla”.

El develamiento del uso irregular de carnés de discapacidad del operador de la corrupción en el reparto de los hospitales, el atlético Daniel Salcedo, junto a su novia y varios amigos, abrió un debate acalorado en Ecuador porque es el hecho mas concreto y cercano que la sociedad ha digerido sobre la corrupción.

Luego apareció el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, tiene 81% de discapacidad visual y auditiva.

En ese contexto contar públicamente la historia de un médico y su familia, buena parte de ellos con carné de discapacidad, no es un error y mucho menos una denuncia o acusación.

EL SENDERO QUE UNE A ÁLEX SAAB CON CORREA Y CHÁVEZ

Cuando Álex Saab abordó en Caracas el jet privado Bombardier Global 5000, matrícula T7-JIS, rumbo a Irán, no imaginó que una parada de abastecimiento de combustible en Cabo Verde, cambiaría su vida y pondría al régimen de Nicolás Maduro al filo del abismo.

Saab no solo es un cofre de evidencias en contra del chavismo, su captura e inminente extradición a USA, también permitirá transparentar el mecanismo de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela y las relaciones de Rafael Correa con Hugo Chávez, intermediadas por Jaime Sánchez Yánez, quien fuera asesor personal del ex mandatario ecuatoriano y hermano del tercer socio de Foglocons-Ecuador, Luis Eduardo Sánchez Yánez.

¿Correa debe temer? Aunque la acusación en contra Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, no hace referencia a Ecuador, las evidencias que condujeron a imputar a ambos por el delito de lavado, se encuentran en las operaciones realizadas desde Quito, a través de Foglocons. El negocio de Álex Saab perfeccionó en 2011 la adquisición de materiales de construcción desde Ecuador y Colombia, utilizando el sistema de compensación Sucre.

El negocio de Saab y Pulido creció rápidamente entre 2011 y 2013. Las cifras de exportaciones de Ecuador a Venezuela presentaban números jamás imaginados. Pero, las viviendas en el país llanero no aparecían. En realidad, se trataba de un mecanismo ficticio de exportaciones que hacía parte de un sistema regional de lavado.

En noviembre de 2011, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, suscribieron un convenio para la construcción de viviendas populares en Venezuela. Justamente Fonglocons sería la encargada de proveer los materiales.

Aunque los gobiernos de los dos países hicieron lo imposible por ocultar el escándalo, la verdad empezó a revelarse.

Informes oficiales hablan de una cifra que bordea los $ 2000 millones por exportaciones ficticias y subvaloradas, realizadas entre Ecuador y Venezuela, sin embargo, la justicia abrió expedientes por apenas $ 156 millones, que fueron archivados y sus responsables sobreseídos, en procesos en los que, se cuestionó la actuación del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, pariente de Rafael Correa.

Entre los años 2013 y 2014, luego de varias denuncias públicas, la fiscalía ecuatoriana se vio obligada a abrir investigaciones penales en contra de Fonglocons. En los procesos fueron vinculados Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.

Dentro del proceso judicial se ejecutó la incautación de $60 millones de Foglocons, de ese monto $56.3 millones estaban depositados en los bancos Amazonas y Austro. A raíz de la incautación este medio conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, intentó presionar al banco Amazonas para la liberación de los recursos, algo que escapaba del control de la entidad bancaria.

La jueza María Jaramillo Hidalgo en 2016, tras una larga disputa, ordenó el desbloqueo y la entrega de esos recursos, a través de empresas offshore, del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor Centeno y de Víctor Silva Sosa.

Como apoderado judicial de Foglocons y Álvaro Pulido Vargas, actuó Jorge Zavala Egas, quien recibió honorarios por $3.8 millones, de los propios recursos liberados.

La felicidad de Pulido y Saab, alcanzada por la impunidad judicial en Ecuador, les duraría poco. En 2019, ambos eran investigados por la DEA, mientras la fiscalía de Florida-EEUU los acusaba de lavado en las operaciones de Fondo Global de Construcciones.

Algo que la justicia ecuatoriana nunca consideró fue que el verdadero nombre de (Álvaro Pulido Vargas), era Germán Enrique Rubio Salas, líder del denominado cartel de Bogotá, que en 1999 había coordinado el envío de cocaína a Europa. Fue justamente a Álvaro Pulido Vargas, a quien la justicia de Ecuador sobreseyó y devolvió los $60 millones requeridos por él y su amigo Álex Saab, ahora detenido en Cabo Verde.

De igual forma, la justicia de Ecuador no investigó los posibles vínculos de Luis Sánchez Yánez con el narcotráfico, pese a que la misma fiscalía reportó ese antecedente.

La lupa de USA sobre Saab y Pulido

Según la investigación de la justicia norteamericana, entre 2011 y 2015, Álex Saab Morán, su socio Álvaro Pulido Vargas y funcionarios del régimen chavista se aprovecharon del sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela “bajo el cual se podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela”. Saab y Pulido transfirieron más de $ 350 millones fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que Saab Morán dirige una red de corrupción que “ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”. “Se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios”.

Para obtener contratos, mover sus negocios, desviar, ocultar y lavar el dinero obtenido de la corrupción Saab creó una compleja estructura global de empresas fantasmas que fueron fachadas para dificultar el rastro de sus actividades. Entre 2017 y 2018, Saab logró contratos por $1.500 millones para entregar a Venezuela alimentos, juguetes y medicinas.

Por las manos de Saab y Pulido pasaron desde el manejo de divisas preferenciales, obras públicas, negocios petroleros, importación de gasolina iraní hasta el comercio del oro y carbón venezolano. Su fortuna, que no se conoce a cuánto asciende, está repartida en millonarias cuentas bancarias y lujosos bienes alrededor del mundo. La justicia de USA ordenó la incautación de $700 millones en cuentas de Saab en el paraíso fiscal de Liechtenstein.

En Italia y Reino Unido Álex Saab y su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, son investigados por lavado de activos. En Suiza y Bulgaria sus cuentas también están en la mira por tener dinero de origen ilícito. La Fiscalía colombiana también anunció que sería llamado a juicio por lavado de activos y otros delitos.

Según informaron fuentes venezolanas, a finales de agosto de 2019, el expresidente Rafael Correa, habría aprovechado una visita realizada a Venezuela para reunirse con Álex Saab y altas autoridades del gobierno chavista. La visita de Correa fue aprovechada también para grabar una entrevista con Nicolás Maduro para la cadena Rusia Today.

El dinero lavado en Ecuador llega a EEUU

Tal y como está planteada la denuncia criminal contra los llamados testaferros de Maduro en una corte federal de Miami, lo que ocurrió en Ecuador con el Fondo Global de Construcción podría ser el eje central de un eventual juicio a los empresarios ecuatorianos, esta vez en Estados Unidos.

Eso significa que sería altamente probable que en la corte salgan a relucir acciones, omisiones y favores en efectivo alrededor del fallido proceso penal de la justicia ecuatoriana contra uno de los empresarios y sus socios por lavado de activos.

La clave está en el punto tres de la acusación de Estados Unidos contra Alex Saab y Alvaro Pulido, los empresarios colombianos que actuaron durante años como operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.

Como se ha dicho, Saab y Pulido están acusados de hacer transacciones financieras con dinero producto de la corrupción. Los fiscales de EEUU aseguran que desde marzo de 2012 hasta final de 2014 los empresarios hicieron transferencias por más de 350 millones de dólares desde bancos de su propiedad o controlados por ellos en Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos e instituciones financieras en otros países.

El punto tres explica el propósito de la confabulación de los acusados que era enriquecerse ilícitamente a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener beneficios, “incluyendo la aprobación de documento falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción’’. Y a eso se suma el acceso al sistema de cambio de Venezuela (Cadivi) para “asegurarse que los pagos fueran hechos en dólares’’ basándose, de nuevo en facturas falsas.

Aunque Ecuador no se menciona en el documento acusatorio, se sabe que las supuestas importaciones citadas por el punto tres tuvieron como origen envíos de ese país a  Venezuela de implementos para la construcción de vivienda popular , la mayoría ficticios.

Hay un capítulo también ecuatoriano que no figura en la acusación pero que podría llamar la atención a los fiscales del caso en Miami: el destino de los dineros del Fondo Global de Construcción que fueron descongelados en febrero de 2016 por órdenes de la jueza de garantías penales de Guayas, María Jaramillo Hidalgo, como lo reveló Periodismo de Investigación.

Se sabe que una buena parte de los 56.3 millones liberados llegaron a Miami ¿La pregunta es si a los ojos de la justicia de Estados Unidos ese dinero fue producto de transacciones ilícitas, deben responder quienes lo recibieron en este país?

La defensa formal para los intermediarios del rescate de los fondos descongelados es que el fallo de la juez Jaramillo dejó libre de culpa esos dineros. En una polémica decisión la jueza Jaramillo argumentó que la fiscalía ecuatoriana no había demostrado el origen ilícito de los dineros, condición para hablar de lavado de activos y que en cambio existía una certificación del Banco Central de Venezuela de que se trataba de fondos oficiales enviados como adelanto para la compra del material. De acuerdo con el fiscal que manejó el caso en Ecuador, la decisión fue apresurada por cuanto la juez debería haber llevado el tema a juicio para definir en presencia de los acusados y con testigos, si existieron operaciones ilícitas previas al envío de semejante fortuna a Ecuador.

La lista de invitados a sacar del Ecuador los fondos descongelados es larga, pero hay un personaje muy emblemático de la operación por lo que se mueve entre Ecuador y Estados Unidos. Se trata de Miguel Angel Loor Centeno, el presidente de la Liga Profesional que dirige las divisiones superiores del fútbol de Ecuador. Es además abogado de la universidad de Especialidades Espíritu Santo. Loor aparece relacionado con el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, (preso por corrupción) en un informe del organismo de inteligencia gubernamental CIES.

Loor figura asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global, para que reciban transferencias millonarias de los depósitos que habían sido descongelados en Ecuador. Una de esas empresas es Prymera Asesores SA de Panamá de la cual Loor es director. Silva ordenó que se le entregara a esta firma 24 millones de dólares. La primera fue incorporada en julio de 2016 poco antes de que empezara la feria de las transferencias.

En otra carta de instrucciones de Silva del 29 de agosto de 2016, Loor aparece como el destinatario de $ 2.58 millones. De acuerdo con las instrucciones la transferencia de los $ 2.5 millones debía hacerse a la cuenta corriente de Loor en el Biscayne Bank de Miami. (cuenta que empieza con el número 811007). En ese punto se pierde el rastro del dinero.

Los contratos entre las empresas de Saab y Neme

Una de las rutas menos conocidas de esta trama es la protagonizada por  Electrocables C.A. y sus accionistas Jorge y Nassib Neme Antón, este último dirigente del Club Sport Emelec y amigo cercano del expresidente Rafael Correa.

La relación de Nassib Neme con la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido se basa en dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, entre los representantes de Electrocables y Foglocons. En el marco de esa operación, se realizaron pagos a favor de Luis Eduardo Sánchez Yánez (socio de Foglocons-Ecuador), desde la cuenta bancaria de la empresa de Neme.

Luis Sánchez Yánez, es hermano del asesor de seguridad de Rafael Correa, Jaime Sánchez Yánez (el Chamo), persona de confianza de Hugo Chávez.

Tan cercana era la relación que Correa nombró a Abisaab Neme Kalaban, primo de Nasib, como embajador en Qatar.

Neme había negociado cerca de $95 millones con Fondo Global para la venta de material eléctrico a través de dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, por $25 millones y $69.5 millones respectivamente. La venta de este material no estaba en el radar de la Fiscalía General del Estado y por tanto no era parte de las investigaciones por lavado de dinero que impulsaba esa entidad. Los contratos aparecen firmados por Jorge Neme Antón de Electrocables y Luis Zúñiga Burneo por Fonglocons. Saab personalmente hacía seguimiento a estos contratos.

Pero las alarmas sonaron el 15 de septiembre de 2016 cuando Guadalupe Neme Antón de Concha y Jacqueline Neme Antón de Pernigotti solicitaron sendos informes sobre la situación financiera de Electrocables de los años 2011 a 2014, debido a ciertos abusos que el accionista mayoritario realizó.

La Superintendencia de Compañías, se vio obligada abrir un expediente (No.09691) y ordenar un peritaje contable que al final evidenció los negocios con Fondo Global.

En un extracto de esos informes se dijo: “Dejo constancia que la existencia de inconsistencias y anomalías relacionadas con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con transacciones comerciales realizadas antes de la fecha de la firma del contrato por valores significativos, como la contabilización afectando cuentas contables de manera incorrecta por aproximadamente USD 9 millones  de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con Fondo Global de Construcciones S.A., así como diferencias con los valores declarados en el formulario 101, se comprueban también en el peritaje 2011, 2012 y 2013, lo que revela que las labores de control de la Superintendencia, que se ha negado intervenir la compañía no están sirviendo en el propósito previsto en la ley”.

Las conclusiones del peritaje contable se incluyeron en la investigación fiscal que se inició en noviembre de 2013 y se sumó un informe de la Unidad de Análisis Financiero.

La Dirección Nacional de Prevención y Lavado de Activos determinó que el 25 de enero de 2013 Electrocables y Fondo Global firmaron un contrato por $25 millones. Electrocables, entre el 1 y 26 de febrero, recibió cheques del Banco Territorial ($9,9 millones), Pacífico ($8 millones) y Pichincha ($5,8 millones), es decir 23,7 millones.

Pero de ese monto Electrocables solo facturó $13,1 millones (incluido el IVA) a favor de Fondo Global, es decir quedó un remanente por $9,1 millones pendiente de entrega y que nunca se conoció el destino final de ese material pagado por adelantado.

La justicia de Ecuador miró para otro lado

Los contratos entre las dos empresas, dice la Superintendencia de Compañías, debieron cancelarse contra entrega recepción de los productos, pero la realidad es que se pagó por adelantado. La muestra son los cheques entregados en febrero frente a las 18 facturas que se emitieron entre el 1 de febrero y el 6 de junio de 2013.

Según informes fiscales, todas esas facturas se emitieron a nombre de Red de Abastos Bicentenario, la red que hasta el momento Nicolás Maduro usa en Venezuela. Los productos tenían como supuesto destino también a dos empresas venezolanas relacionadas a los negocios de Álex Saab y Álvaro Pulido, ELM Import S.A y Thermo Group, relacionadas con Fonglocons-Venezuela.

Los miembros de la junta directiva de Fondo Global de Construcción de Venezuela, son Miguel Ángel Medida Acosta y Menahem Michel Edery, quien es, a su vez, propietario del 25% de las acciones de Thermo Group, compañía intermediaria entre Fonglocons de Ecuador y su similar de Venezuela. Thermo Group C.A y ELM Import S.A, obtuvieron contratos del chavismo para la construcción de viviendas por un valor de $ 654 millones, el gran negocio alcanzado en 2011 por Álex Saab, en el célebre encuentro entre Chávez y Santos.

En el juicio por lavado de activos que la Fiscalía impulsó en 2015 contra Gabriel Andrés Peñaherrera Romero, Alvaro Pulido, Enrique Nassar Tayupe, Luis Zúñiga Burneo y Eduardo Sánchez Yánez se señaló que Electrocables en el primer semestre del 2013, contaba con comprobantes de ventas por $ 46,9 cancelados a Fondo Global.

Se reconoció además la entrega de $ 23,7 en cheques. Se dijo que en 2013 fue el cliente más importante de Fondo Global de Construcción S. A. Ni la Superintendencia de Compañías y ni la Fiscalía investigaron a Neme y mucho menos la relación de Neme con Saab y Pulido.

Desde julio de 2013 en que se inició la investigación con el allanamiento de las oficinas de Fondo Global, cinco fiscales conocieron el caso y ninguno pudo concretar la formulación de cargos contra Neme Antón pero desde esa fecha pasaron cinco fiscales y ninguno de ellos pudo formular cargos contra los Neme Antón. El caso se cerró en junio de 2016 con el sobreseimiento de todos los implicados.

La ruta bolivariana de lavado

Una las estrategias de Hugo Chávez y Rafael Correa, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), era la de crear una moneda virtual que reemplace al dólar en las operaciones comerciales y financieras entre los países de la subregión. La idea de los dos mandatarios encontró claridad en septiembre de 2008, durante la tercera cumbre del ALBA, evento en el que se firmó un Acuerdo Marco para la creación del sistema de compensación Sucre.

Según el mecanismo de compensación Sucre, el banco pagador de Venezuela entregaba bolívares al Banco Central de Venezuela, con una orden de pago, que vía Banco Central del Ecuador, recibía la acreditación en «Sucres» -cotización a la par en dólares, liquidables en la compensación, en dólares- nominando un banco destinatario en Ecuador, que debía notificar al destinatario final -el exportador- la acreditación. El total de transacciones en «Sucres» fueron miles de millones de dólares, intermediando casi todo el sistema financiero ecuatoriano.

Aunque el sistema de compensación tardó algún tiempo en perfeccionarse, los gobiernos de Venezuela y Ecuador ensayaron previamente otros mecanismos. Uno de ellos se pactó el 26 de agosto del 2009 en Quito. Con la firma de documentos y varios apretones de manos se creó Empreven Ecuador, plataforma de intercambio comercial apoyada por Correa y Chávez. Entre los invitados al nacimiento estaban: Alejandro Uzcátegui, presidente de Empreven Venezuela; Gabriela Uzcátegui, delegada por PDVSA; y Luis Zúñiga Burneo, representante de los empresarios ecuatorianos, quien tres años después aparecerá como representante de la empresa de Álex Saab y  Álvaro Pulido.

En diciembre del 2009, Alejandro Uzcátegui, fue señalado por el cierre y posterior intervención del Banco Real, entidad financiera venezolana, sospechosa de estar inmersa en actividades irregulares, lo que mereció una difusión roja de Interpol.

Gabriela Uzcátegui, es hija de Diego Uzcátegui Matheus, exdirector de la Oficina de Presidencia de PDVSA y expresidente de PDVSA Argentina. Gabriela fungía como representante de la petrolera venezolana, pero su nombre fue relacionado durante el “escándalo del maletín”, en agosto del 2007, suceso protagonizado por su entonces pareja sentimental, Guido Antonini Wilson, empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez, detenido en Buenos Aires con una maleta con $790 mil, la cual quiso ingresar sin declarar.

Otro de los asistentes a la cita de lanzamiento de Empreven Ecuador, fue Luis Zúñiga Burneo, que se convirtió en uno de los más entusiastas impulsadores del comercio con Venezuela. Zúñiga creó la Corporación Andina de Comercio, con la cual tocó muchas puertas y ofreció servir de puente entre empresas de los dos países. Luis Zúñiga era el representante legal de Fonglocons al momento de cometerse los actos ilícitos.

EL PACTO DE LA PENDEJADA

La Empresa Nacional Minera (Enami) y la estatal chilena del cobre (Codelco), insisten en concretar la constitución de la empresa Llurimagua Cooper Company Sociedad Anónima, que permitirá desarrollar el rico yacimiento de cobre denominado Llurimagua, en la zona de Intag, provincia de Imbabura, con reservas metálicas sobre los 30 mil millones de dólares.

Información levantada por este portal da cuenta que en agosto pasado se retomaron los análisis jurídicos basados en “un nuevo modelo de negocio” y así aprobar el pacto de accionistas de la empresa.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables  ha buscado caminos para concretar la sociedad anónima, alejada de las cláusulas abusivas que Codelco intentó imponerle al país. El pasado abril este portal publicó un informe llamado Llurimagua, La Fiebre del Cobre en el que se evidenció que en el pacto de accionistas se incluía una cláusula llamada “Deadlock”, que buscaba la venta forzosa de las acciones de Enami si no contaba con el capital para invertir en la mina.

El presidente Lenín Moreno aseguró no estar de acuerdo con la constitución de la sociedad anónima bajo las normas que pretendían imponer, dijo además contar con un informe desfavorable de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y calificó a ese acuerdo como “pendejada”.

La publicación congeló las conversaciones y las intenciones de Codelco, expresadas por sus abogados del estudio Pérez Bustamante Ponce. Pero luego del susto intentan constituir la empresa.

En un oficio del pasado 9 de julio el ministro de energía y recursos naturales no renovables, René Ortiz, le dijo a la minera chilena que la falta de recursos estatales obligan a que sea la iniciativa privada la que asuma esa tarea:

La Empresa Minera Estatal, debe dar un paso al costado en los proyectos en que ha pretendido emprender. Por ello, le hago saber que la intención del Gobierno Ecuatoriano es la de disponer de las acciones en la compañía a formarse para el desarrollo de la mina Llurimagua. Esta intención tendrá necesariamente efectos sobre el esquema planteado entre las dos partes, especialmente en el papel del operador del proyecto”.

El ministro Ortiz aseguró que la empresa cumplirá los acuerdos binacionales entre Ecuador y Chile y que la empresa será constituida bajo la figura de Sociedad Anónima en la que: “el 51% de las acciones pertenecerá a la estatal minera Enami y el 49% a Codelco, al amparo de dos dictámenes de la Procuraduría General del Estado”.

Luego de la constitución de la compañía se subastará, dice el ministro, en un proceso abierto, transparente, ese 51% que le corresponde a Enami.

El ministro aseguró que existen “siete compañías mineras de gran calibre mundial que ya han expresado interés por participar de dicho proceso, incluyendo Codelco”.

Pero ese plan propuesto por el Ministerio de Energía tiene muchos obstáculos que enfrentar, sobre todo porque el proyecto original para Llurimagua consistió en crear  una Empresa de Economía Mixta, entre Enami y Codelco, donde las acciones no podían venderse y Ecuador nunca iba perder el control o gobierno de la empresa.

El migrar a una sociedad anónima, privada, requiere sobre todo valorar los aportes de las partes y para nadie es desconocido que Codelco entró a esta sociedad sin invertir un dólar por la concesión.

Antes de cualquier subasta de acciones debe existir una valoración integral del proyecto, que implica saber la inversión realizada en estudios del yacimiento y las proyecciones futuras de lo que será la mina.

De la información que el Estado ha compartido con el sector minero, el yacimiento de Llurimagua puede ofertarse en 400 millones de dólares.  Pero en esa valoración no se contabiliza la información que Codelco ha levantado sobre ese campo y que además mantiene en secreto.

Otra interrogante de doble vía es la posición de las diversas empresas interesadas en ofertar por el 51% del paquete accionario de Enami; se preguntan si Codelco también capitalizará su porcentaje de acciones y si cuenta con los recursos para ello.

La respuesta es un misterio, el Ecuador ha sido franco con su socio al decirle que no tiene dinero. Codelco en cambio, esconde información de los hallazgos geológicos que ha hecho y el Estado desconoce si tiene los recursos para invertir.

ARROZ VERDE: HAN TRIUNFADO EL PERIODISMO Y LA JUSTICIA

El antecedente de esta sentencia es la investigación periodística denominada “Arroz Verde”, publicada el 3 de mayo de 2019 en el portal de la Fundación Mil Hojas y realizada por los periodistas Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano. 

Por este trabajo de investigación, los periodistas fueron reconocidos nacional e internacionalmente con el Premio al Periodismo Ecuatoriano «Jorge Mantilla Ortega» – UDLA 2019 y galardonada con la mención honorífica en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación – COLPIN 2018, México.

La Fiscal encargada del proceso, Diana Salazar, fundamentó su investigación penal sobre la base del reportaje “Arroz Verde” y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió el 7 de septiembre de 2020 la sentencia de casación en el Caso Sobornos 2012-2016.

Durante la investigación, la fiscal llegó a determinar que durante esos cuatro años del gobierno de Rafael Correa se montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes ilegales para su partido Alianza País, por parte de empresas como SK, Odebrecht, CONSERMIN, entre otras compañías, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos.

Luego de la ratificación de la sentencia, la fiscal general escribió en su cuenta de Twitter que fueron desvirtuadas cada una de las apelaciones y que por tanto el Tribunal ratificó la sentencia en contra de 18 sentenciados, además de modificar parcialmente la condena de otros dos.

El coautor de la investigación, Fernando Villavicencio, reaccionó en redes sociales expresando: 

Es un día trascendental para el periodismo de investigación, para la justicia liderada por Diana Salazar y los jueces que actuaron en derecho. Es un día de esperanza para millones de ecuatorianos. Es el fin del tipo de la democracia de sobornos que hemos vivido, y sin duda alguna este nuevo proceso electoral será una señal de cambio, donde la honestidad será la credencial ética de los nuevos candidatos.

LA GUERRA POR LLURIMAGUA

Existen estudios preliminares que estiman al menos 30 mil millones de dólares en riqueza y como proyecto podría venderse en la bolsa de valores internacional en 5 mil millones de dólares. 

Es toda una fortuna que ha desatado tensas relaciones entre dos multinacionales: la chilena Codelco y la austrialana Hancock Prospecting Pty Ltd, representada en Ecuador por Hanrine Ecuadorian Exploration. 

El conflicto se desató el pasado 27 de julio con el anuncio de la detención de Carlos de Miguel, gerente Hanrine, por una denuncia anónima que acusó al empresario de tenencia ilegal de armas y municiones.

Fue llevado a la fiscalía para ser juzgado por flagrancia pero la jueza Geovanna Palacios determinó su libertad. La ministra de gobierno María Paula Romo fue quien informó de su detención en su cuenta de twitter bajo la etiqueta #CombateAlDelito.

Para la ministra Romo y para el secretario Juan Sebastián Roldán no era desconocido que Haancock, junto a De Miguel buscaban revertir desde 2017 la concesión de Codelco en el yacimiento Llurimagua y pagar al Estado $400 millones de dólares por esa área. De hecho Codelco pagó $0 dólares por la riqueza bajo el suelo de Intag: un regalo de Rafael Correa a la estatal chilena, con apoyo de operadores como el entonces ministro de minas, Javier Córdova.

Hanrine emitió decenas de cartas a todas las instancias estatales, incluso al presidente Lenín Moreno, buscando ese cometido. El resto de empresas mineras también esperan que esa área pueda ser subastada.

El pasado 5 de junio la procuradora general de Codelco, Lorena Ferreiro, desde Santiago de Chile, envió una carta a Garry Korte, gerente ejecutivo de Hancock Prospecting Pty Ltd en la ciudad de Perth, Australia, con copias al viceministro de Minería Fernando Benalcázar y Danilo Enrique Icaza Ortiz, Gerente General Empresa Nacional Minera (ENAMI) en la que pide dejar de interferir en sus negocios.

La carta, redactada en inglés en su parte medular dice. “ Dada la fase en que se encuentra el Proyecto Llurimagua y teniendo en cuenta las inversiones realizadas por Codelco, cualquier acción ulterior de Hancock constituirá sin duda una interferencia consciente e intencionada que podría ser extremadamente perjudicial para los derechos contractuales de Codelco”. 

Agrega finalmente: “A la luz de lo anterior, Codelco solicita que Hancock y cualquiera de sus subsidiarias y/o entidades afiliadas desistan inmediatamente de cualquier conducta que pueda interferir, directa o indirectamente, con las relaciones contractuales de Codelco relacionadas con el Proyecto Llurimagua. Además, Codelco se reserva todos sus derechos contra Hancock con respecto a cualquier conducta pasada o continua que interfiera con sus relaciones contractuales como se ha establecido anteriormente, incluido su derecho a solicitar medidas cautelares, daños y cualquier otra orden que se considere apropiada a la luz de las circunstancias”.

Codelco ha gozado de relaciones poderosas en el gobierno de Lenín Moreno, tal como lo demostró este portal en su informe que desnuda el lobby ejercido por Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco Roldán, que presionaron por firmar un acuerdo lesivo para el Ecuador al intentar aprobar cláusulas por demás abusivas en el acuerdo de accionistas entre la Empresa Nacional Minera y Codelco que deben desarrollar el yacimiento Llurimagua.

Tampoco era secreto que Hanrine se había adjudicado importantes áreas mineras en el noroccidente de Imbabura, una de ellas, Imba 02 en la zona de Buenos Aires, donde se desarrolló un enorme engranaje de minería ilegal en cantón Pimampiro.

También posee otras áreas como IMBA 01, IMBA 03, 05, 06 y Amadores. Conseguir Llurimagua, al sur de las concesiones que posee, la convertiría en poseedora de los yacimientos de cobre mas grandes de la región. 

Es en ese escenario, en el momento de mayor conflicto entre mineras, que sucede la detención de De Miguel, un ex marine de los Estados Unidos, que además es un viejo conocido en el sistema de inteligencia ecuatoriano, porque a través de la empresa BlueCell, brindó seguridad a funcionarios de la embajada del Ecuador en Londres y del asilado Julian Assange.  

LOS AMIGOS DE CARLOS DE MIGUEL

La cercanía y confianza construida entre las autoridades del gobierno de Rafael Correa, adecentaron el camino para la concesión de varios títulos mineros en la zona de Buenos Aires, a través de su representada Hanrine. Es inocultable la amistad entre el entonces ministro de Minas, Javier Córdova y De Miguel, y no menos importante la relación con el entonces gerente de la empresa minera pública ENAMI, Stivie Gamboa, que estampó su firma en las adjudicaciones y que se convirtió en una relación comercial más profunda. Gamboa dejó la vereda pública y se convirtió en asesor jurídico de Hanrine.

UN AUTÉNTICO JAMES BOND

La hoja de vida que exhibió Carlos de Miguel al gobierno de Rafael Correa el año 2010, sin duda impresionó al círculo íntimo, en especial a Rommy Vallejo. Con estudios en gestión de operaciones en la Universidad de Harvard y una licenciatura en administración de finanzas multinacionales en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, De Miguel se ganó un puesto de confianza en la estructura revolucionaria, aunque sus supuestas credenciales no exhibían empatía ideológica, en realidad eso a nadie importaba.

Su curriculum, decorado con experiencia en Goldman Sachs y el Eximbank, le concedía un singular valor agregado. Qué decir de sus habilidades en el plano militar y de inteligencia: entrenado con miembros de la SEAL, Delta Force, SWAT del FBI, DEA, Fuerzas Especiales de EEUU., y de las IDF. Con ese cartel, Carlos de Miguel pasó la puerta grande de la Secretaría de Inteligencia SENAIN, donde se aseguró varios contratos reservados, cuyas cifras y resultados jamás se sabrán. No solo lideró investigaciones especiales de inteligencia, también levantó informes sobre áreas estratégicas como electricidad, petróleo, minería, telecomunicaciones, así ganó una ventaja única y el acceso a información para objetivos futuros.

La relación directa con Pablo Romero el año 2012 le permitió dirigir la operación Hotel dirigida a brindar protección a Julian Assange en Londres y de paso informar directamente a Rafael Correa, sobre las actividades del hacker australiano. Los primeros sistemas de comunicación instalados por Blue Cell en la embajada de Ecuador en Londres, le aseguraban a Correa acceso directo a los movimientos de Assange.

La célula azul (Blue cell) código que aparece en una serie de documentos reservados de la Senain, se combinaría luego con la célula blanca (UC Global) empresa que asumió la custodia y espía a Assange, así como la protección a las hijas de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Las pocas imágenes que se han logrado de De Miguel son junto a Assange y miembros del partido español Podemos, uno de ellos el Xema Guijarro, que fue asesor del canciller Ricardo Patiño.

De Miguel fue denunciado por un ex colaborador de Hanrine, Ricardo L. que ocupó la subgerencia de seguridad, que además es presidente de un club de tiro al que asisten policías y aficionados. La defensa técnica de Ricardo López, tres veces campeón  mundial de tiro, envió este comunicado que lo puede leer en este enlace.

 

¿Y la relación de De Miguel con Hancock? En esta detención se le pudo consultar y a través de unos de sus abogados se aseguró ser una relación de al menos 15 años con la multinacional australiana.   

LOS PAPELES SECRETOS DE CHINA

No conformes con la condena al silencio sobre estas operaciones, las autoridades de China “recomendaron” al gobierno de Rafael Correa, limpiar informes de Contraloría, investigar y sancionar a quienes difundiesen esa información. A partir de esta publicación entregamos a la ciudadanía los documentos cuya condición de reserva estuvo dirigida a ocultar una gigante trama de corrupción aún no investigada por la justicia.

Las condiciones financieras de los créditos y los términos comerciales de los contratos de provisión de petróleo fueron totalmente reservadas. Esa fue una de las condiciones que impuso China al Ecuador para firmar los contratos de desembolsos pagados con petróleo.

El Gobierno de Rafael Correa, por supuesto, cumplió la exigencia rigurosamente: en octubre de 2010, dos meses después de firmada la primera línea de crédito por $ 1.000 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró secretas y reservadas todas las operaciones de endeudamiento público.

El exministro de Economía y Finanzas, Carlos De la Torre, en declaraciones que El Universo recogió, confirmó que fueron los bancos chinos quienes pidieron la confidencialidad de los créditos.

«No querían que se sepa en qué condiciones le entregaban (créditos) al Ecuador porque, si no, ellos tendrían que responder ante terceros países entregándoles condiciones similares», dijo De la Torre.

Pese al secretismo y la falta de transparencia que rodean la operaciones con China, este portal ha revelado que las líneas de créditos fueron contraídas en condiciones no beneficiosas para el país.

«YO NO AUTORICÉ LA FIRMA DE ESE CONTRATO»

En abril de 2016 el portal Focus publicó una nota y reveló en un video los detalles de la Línea de Crédito IV, de $ 2.000 millones, negociada con el China Development Bank (CDB). Con ese préstamo se comprometió 181 millones de barriles a Petrochina que deben entregarse desde 2018 hasta 2026.

La publicación señalaba que el contrato era lesivo por los altos intereses (7,5%) que el país debía pagar y por el perjuicio que generaba la intermediación petrolera, pues China, que recibía el crudo ecuatoriano a precios menores a los del mercado, luego lo revendía a terceros a precios superiores.

El video, además, explicaba que el contrato de préstamo evadió los procedimientos regulares de contratación de Petroecuador y que firmó una carta de garantía soberana que le daba a China la potestad de embargar el crudo ecuatoriano en cualquier parte del mundo.

Una de las ilegalidades de esa operación lo confirmó el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli (ahora en prisión) que acusa de haberse suscrito el contrato de provisión de 181 millones de barriles con Petrochina, vinculado a la línea de crédito de $2 mil millones del CDB, sin contar con la autorización del directorio de Petroecuador, presidido por él.

“Yo no autoricé la firma de ese contrato”, enfatizó Pareja, quien sostiene esta acusación en la cooperación eficaz suscrita con el exfiscal Carlos Baca Mancheno, documento olvidado en algún escritorio fiscal.

La publicación del video disgustó enormemente al CDB, tanto, que enviaron un oficio al entonces subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William Vásconez Rubio, solicitando explicaciones y pidiendo la colaboración para investigar la “revelación inadecuada de información confidencial de la Línea IV de crédito”.

Periodismo de Investigación accedió a ese oficio de mayo de 2016. En el documento, Wang Hongjun, sub-apoderado de la Misión Residente del Banco de Desarrollo de China en Ecuador, pide que se investigue la “revelación inadecuada de información confidencial de la Línea IV de crédito”.

Según Hongjun, el video reveló detalladamente las condiciones financieras, estructura de transacción y causó daños a la imagen de Alianza País, de Petroecuador, Petrochina y del CDB, porque contenía “ataques, distorsiones e incluso calumnias hacia nuestra cooperación de la Línea IV”.

En la misiva CDB-ECU-2016-001, el banco chino hace cuatro pedidos puntuales.

El CDB advirtió que “de continuar difundiéndose entre el pueblo ecuatoriano” el video “la posterior cooperación sino-ecuatoriana se arriesgaría a quedarse afectada” y pidió que se investigue quiénes y en qué canales se reveló la información, además de que se evalúe la “influencia negativa causada por la difusión inadecuada de este video y proponernos adecuadas medidas a tomar para mitigar en la mayor medida posible la potencialidad de consecuencias negativas”. 

En el mismo renglón, China ordenó al Ministerio de Finanzas “aclarar y responder públicamente” a la publicación del portal Focus, enfatizando que la cooperación china-ecuatoriana era de beneficio mutuo y con ganancia recíproca.

Recalcaron que las altas autoridades del CDB “conceden suma importancia al evento de esta divulgación inadecuada” por tanto esperaban que se les notifique detalladamente el resultado de la investigación y las propuestas para solucionarlo, aclarando que esas soluciones debían ser “satisfactorias” para el CDB.

El CDB además solicitó a William Vásconez los informes con “calificaciones positivas” elaborados por la Contraloría General del Estado sobre las tres líneas de crédito anteriores, “con reconocimiento de que los términos y condiciones financieras de los préstamos de CDB han sido entre los mejores de todos los convenios de créditos que el Estado ecuatoriano ha contraído en las últimas tres décadas”.

LOS CONTRATOS DE PETROCHINA GLOSADOS 

En 2013 la Contraloría General del Estado emitió el informe DA3-0015-2012 que establecía que el país perdió $ 39,1 millones en el primer contrato de compraventa de crudo, firmado en 2009 con Petrochina.  Por esto, la Contraloría predeterminó glosas por $ 39 millones a cinco funcionarios de Petroecuador.

En marzo de 2013, la Contraloría General del Estado aprobó el informe DA3-0015-2012 que predeterminó glosas a cinco funcionarios de Petroecuador: Luis Aurelio Jaramillo Arias, entonces presidente Ejecutivo; Manuel Elías Zapater Ramos, a la fecha gerente General; Susana Cristina Bustos Navarrete, de la Jefatura de la Comercialización; Nielsen Giordano Arias Sandoval, entonces subgerente de Comercio Internacional y Mario Danilo Aldana Vargas, también de la Gerencia de Comercio Internacional.

La glosa de $39.1 millones fue repartida así: $ 34.45 millones impuestos a Luis Jaramillo, Susana Bustos Navarrete y Mario Aldana Vargas, por vender el petróleo con premios muy bajos.

$2.4 millones para Luis Jaramillo y Mario Aldana y 90.134,70 para Manuel Zapater y Nilsen Arias, por negociar en condiciones desfavorables y sin estudios técnicos la calidad de los crudos Oriente y Napo.

Otros $ 2.079.699,80 perdió Petroecuador por no establecer correctamente las cotizaciones de los precios del crudo. Por esta observación se predeterminó glosas en $1.933.461,91 a Luis Jaramillo y en $ 146.237,89 a Manuel Zapater.

Este documento en la era de Carlos Pólit fue criticado con fuerza. Jorge Glas se apresuró a desmentirlo en cadena nacional, insistiendo que no hubo perjuicio para el país y amenazó con enjuiciar al entonces asambleísta Cléver Jiménez y al periodista Fernando Villavicencio que insistían en que los acuerdos de comercialización de crudo perjudicaban a Petroecuador.

DESVANECEN LA GLOSA DEL CONTRATO DE PETROCHINA

Glas dijo, en agosto de 2013, en un correo electrónico, dirigido a Alexis Mera, Fernando Alvarado y Rafael Correa, que el informe de Contraloría había sido “aclarado y desvanecido”. A esa fecha, eso aún era un pedido.

Esto ocurrió recién en marzo de 2016, un mes antes de la firma del contrato de crédito de la Línea IV, el entonces subcontralor general del Estado, Pablo Celi concretó los deseos de Glas y los chinos y desvaneció la glosa. De mantenerse en pie ese informe de Contraloría las futuras líneas de crédito y/o preventas podían tambalear.

La Contraloría, en su examen que fue tirado al tacho de la basura, dijo que el país vendió el crudo con premios y diferenciales inferiores a los del mercado internacional, pues fijó los premios “sin respaldar los aspectos técnicos, económicos y comerciales que justifiquen que (…) fueron los más convenientes”, además de que el crudo vendido por Petroecuador no iba a las refinerías de Petrochina.

El informe mencionó la participación de una empresa (Taurus) como intermediaria en los embarques y traslados del crudo adquirido por Petrochina a otros países, lo que llevó a contemplar la posibilidad de que la estatal china podría estar revendiendo el crudo a precios superiores a los comprados a Petroecuador.

Tres meses después de desvanecida la glosa, los Papeles de Panamá revelaron que, en la primera venta de crudo, Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar recibieron comisiones de $1 dólar por cada barril de crudo vendido a Petrochina. La intermediación fue manejada a través de las empresas Castor Petroleum Ltd., Gunvor Group Ltd., Waterway Petroleum y Eston Trading Ltd.

LOS DOCUMENTOS RESERVADOS 

Los documentos confidenciales de la Línea de crédito IV a los que este medio tuvo acceso dan cuenta que una de las exigencias de China era la confidencialidad. De hecho, su cumplimiento era una condición determinante para avanzar en las negociaciones, según la minuta de entendimiento, firmada por Xu Yan, director del CDB; Li Shuai, gerente de Comercio de Petrochina; Nilsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador.

Las actas confidenciales establecen una línea de tiempo de las negociaciones desde 2014, cuando el CDB visitó al Ministerio de Finanzas y “mostró apertura” para una nueva línea de cooperación, para septiembre de ese año.

En diciembre de 2014, se realizaron los primeros acercamientos para iniciar las negociaciones. Entre el 7 y el 11 de septiembre de 2015 una delegación del Ministerio de Finanzas viajó a China y propuso una nueva oferta de negociación de crudo que el CDB se comprometió a analizar.

En noviembre de 2015, funcionarios del MEF y Petroecuador viajaron a Beijing para insistir en la oferta de comercialización de crudo y detallar los tiempos de explotación y volúmenes que serían parte de la negociación. A partir de esa fecha, la negociación continuó con intercambios y requerimientos de información.

El 11 de enero de 2016, la delegación del Ministerio de Finanzas y Petroecuador viajó a Beijing a firmar el contrato de préstamo. 16 días tardaron las negociaciones en la matriz del CDB.

El 14, 18, 20 y 21 de enero se sumillaron los términos financieros de la Línea IV impuestos por el CDB. El 26 de enero de 2016, Petroecuador presentó una nueva propuesta de cobertura de crudo que, finalmente fue aceptada por el CDB.

Desde el 3 de marzo al 11 de marzo de 2016, representantes del CDB, Petroecuador y Petrochina se reunieron en Beijing para discutir los términos del préstamo. Finalmente acordaron que la deuda se pagaría con dos contratos de venta de 181.440.000 barriles repartidos entre Petrochina y Unipec, a ocho años plazo más dos de gracia.

“La forma del contrato de compraventa se ajustará sustancialmente a los contratos anteriores entre Petroecuador y Petrochina Int. y deberá ser de forma y sustancialmente satisfactoria para el CDB”, dice la minuta de entendimiento.

Finalmente, en abril de 2016, en medio de la tragedia que enfrentaba el país por el terremoto, se firmó el contrato de préstamo, además de la carta de confidencialidad del 25 de abril de 2016. El monto $2.000 millones se dividió en dos tramos, el A que entregó $ 1.500 de libre disponibilidad para programas y proyectos del plan anual de inversiones, y el Tramo B que se destinó para financiar proyectos con contratistas chinos aprobados por el CDB.

El interés, para el Tramo A fue fijado en 7,25% y para el B 6,87 %.  Tasas superiores a las firmadas en las tres líneas de créditos anteriores. Además, el país tuvo que pagar el 1,30% por la comisión de gestión. El acuerdo de préstamo fue firmado por el entonces ministro de Finanzas Fausto Herrera y el vicepresidente del CDB.

Poco antes de la firma del contrato, Carlos Barrionuevo Toasa, entonces subsecretario de Financiamiento Público, subrogante, explicó la conveniencia de la tasa del crédito establecida por el CDB comparándola con la alternativa de emitir bonos de deuda externa en el mercado internacional.

Dijo, en un oficio enviado al entonces ministro de Finanzas Fausto Herrera, que el cupón al cual los inversionistas demandarían un título valor del país sería de alrededor del 11,97%, “por lo que la tasa del CDB es menor a aquella de emitir de bonos de deuda”. Y citó el hecho de que los Bonos Global 2020 tenían una tasa fija del 10,50%, por lo que concluyó que el crédito era conveniente para el país y las condiciones “adecuadas”.

Ese análisis fue enviado también al Comité de Deuda y Financiamiento que tenía que aprobar los términos y condiciones del préstamo. Patricio Rivera, como representante de Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo de Senplades y Carlos Barrionuevo subsecretario de financiamiento fueron quienes aprobaron el préstamo, el 14 de abril de 2016.

Al cierre de esta edición el directorio de Petroecuador aprobó una nueva línea de crédito por $1400 millones con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que será pagada con un contrato de provisión de 50 millones de barriles a suscribirse entre Petroecuador y Petrochina o Unipec.

Estas operaciones reeditan el cuestionado mecanismo aplicado por el régimen de Rafael Correa; con un agravante, en este caso Petroecuador emitió un informe negativo en el que advierte un perjuicio de 2 dólares por barril, $119 millones.

Frente a la resistencia de la estatal petrolera, el presidente Lenín Moreno, asumió plenos poderes y con decreto 1075 sometió una vez más el interés de Ecuador a las condiciones del imperio chino.

SINGUE, EL REGALO DE PAPÁ

Hace ocho años, un 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor Morris, autorizó la suscripción de uno de los últimos contratos de su larga gestión petrolera, el de exploración y explotación del bloque Singue, con el consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil (60%) y Gente Oil Development LLC (40%).

Este contrato, en el que aparece vinculada su hija, Silvana Pástor Tapia, tiene a su padre y a otras personas, entre ellas al ex vicepresidente Jorge Glas, en el banquillo de los acusados por el delito de peculado.

SIGUE EL CASO SINGUE EN ESTA LÍNEA DE TIEMPO DESDE EL 2011 

Periodismo de Investigación encontró una auténtica simulación en torno a la creación de Gente Oil, la negociación, firma del contrato y operación de Singue. Un libreto en el que las fechas y los actores se suceden como puntadas de sastre, configurando un tejido de irregularidades e ilegalidades.

LICITACIÓN PARA UN SOLO OFERENTE

La décima ronda petrolera en la que fue licitado el bloque Singue, se convocó el 16 de junio del 2011, para esa fecha aún no se había creado en Ecuador el consorcio DGC, ni siquiera la empresa Gente Oil Development LLC.

La referida compañía fue registrada en el paraíso fiscal de Delaware y luego domiciliada en California – EEUU., recién en septiembre de 2011, tres meses después de abierta la licitación.

El 26 de septiembre de 2011, tres días después de su creación, el consorcio DGC presentó su oferta, la única existente. Luego de los análisis, el Comité de Licitación Hidrocarburífera – COLH, liderado por Jorge Glas, recomendó al ministro Wilson Pastor, autorizar la firma del contrato.

La autorización la suscribió Pastor, apenas dos días después de que la empresa Gente Oil Development LLC., se había registrado en la Superintendencia de compañías (19 de enero de 2012) aunque todavía no estaba inscrita en el registro de Hidrocarburos, algo que sucedió recien el 19 de marzo de 2012. El contrato fue suscrito el 30 de abril de ese año.

LA SOMBRA DE IVANHOE Y EL LABERINTO SOCIETARIO 

Gente Oil Development LLC, es propiedad de Gente Oil Exploration LLC, otra empresa creada en Delaware y cuyos socios son David Martin, Giacomo Pecorari y Mathew Martin. En calidad de representante figura David Martin, accionista de Ivanhoe, transnacional que abandonó Ecuador el 2014, luego del fracaso del contrato del campo Pungarayacu, considerado por Rafael Correa como el mejor contrato de la historia.

Giacomo Pecorari ostenta en la actualidad el cargo de Director de Gente Oil Ecuador PTE, operadora del bloque Singue.

La creación de Gente Oil en EEUU por parte de Martin, coincidió con el colapso anticipado de Pungarayacu. Es decir, la máxima autoridad petrolera (Wilson Pastor) pese a saber del engaño de Ivanhoe, le preparaba un nuevo banquete geológico, esta vez sin riesgo alguno.

El gerente de operaciones de Ivanhoe, a esa fecha, era nada menos que Santiago Pastor Morris, hermano del entonces ministro.

El 18 de septiembre de 2012, antes siquiera de que DGC inicie las actividades operativas en Singue, los representantes del consorcio solicitaron a Wilson Pastor, autorice la transferencia del 60% de participaciones de Dygoil y el 40% de Gente Oil Development LLC., a una nueva empresa, inexistente a esa fecha en Ecuador y creada apenas 24 horas antes en Singapur: Gente Oil Ecuador PTE LTD.

Dygoil ya había cumplido su papel y el siguiente paso era que Gente Oil tome el control total del proyecto. En esa dirección, el 5 de octubre de 2012, Wilson Pastor dispuso se elabore un informe orientado a autorizar las transferencias.

La retirada inmediata de Dygoil  -la empresa que aseguró la solvencia técnica, económica y legal para la firma del contrato-, dejaba en evidencia que la empresa de César Guerra, fue el comodín hasta conformar el consorcio y adjudicarse el bloque. La flamante Gente Oil no tenía experiencia ni en clavar un alfiler.

Documentos revisados por nuestro portal identifican que Gente Oil Ecuador PTE LTD, fue constituida en Singapur el 17 de septiembre de 2012 y domiciliada en Ecuador en enero de 2013. Es decir, una persona nacida en Singapur a la que le pusieron de nombre Ecuador. Esta empresa, de acuerdo con documentos de la Superintendencia de Compañías, es de propiedad de Gente Oil Global PTE LTD, creada también en Singapur en las mismas fechas.

Gente Oil Global Pte., registra nuevamente como directores a los mismos accionistas de la primera Gente Oil, creada en EEUU: David Martin y Giacomo Pecorari. Además incluye a Izeldin D. Sultan El-Saigh, Abdullah SA. Araj, Baey Cheng Song, y Yeo Poh Noi Caroline. En términos sencillos, la familia Gente Oil, tiene un mismo progenitor: Ivanhoe.

Una vez consumado todo el proceso, Wilson Pastor Morris, abandonó el ministerio. Viajó a Austria, designado por Rafael Correa como su embajador. Desde ahí manejaría hasta el final del correato, la representación en la OPEP y continuaría asesorando al régimen en materia petrolera.

El cambio de ministro en nada afectó los intereses de Gente Oil. Con acuerdo ministerial 504, de 15 agosto de 2013, suscrito por Pedro Merizalde, se autorizó la esperada transferencia de participaciones de Dygoil y Gente Oil Development a Gente Oil Ecuador PTE.

En uno de los considerandos del acuerdo ministerial, se señala que la garantía solidaria emite la empresa Gente Holdings PTE en calidad de casa matriz. Esta garantía de solvencia financiera y operativa la tenía que asegurar la propia contratista, pero Gente Oil Ecuador era solo un membrete.

Esta es la única mención que se hace a Gente Holdings en toda la información revisada. No hemos podido encontrar documentos que justifiquen la relación entre Gente Oil Ecuador PTE con Gente Holdings y Gente Oil Group, otra empresa que aparece apadrinando el proceso, pese a que el referido acuerdo ministerial sostiene que la supuesta casa matriz tiene el 70% de acciones de Gente Oil Ecuador.

El epílogo de este laberinto de simulación se escribió el 2 de septiembre de 2014. Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil Ecuador PTE e Yvonne Fabara Arias, secretaria de Hidrocarburos, suscribieron el contrato modificatorio a través del cual, la compañía singapurense asumió el 100% de los derechos y obligaciones del contrato y se convirtió en operadora del bloque, sin cumplir los requisitos de capacidad operativa exigidos en los pliegos licitatorios.

De esta forma, la empresa manejada por la hija del ex ministro de Hidrocarburos, se aseguraba el control total de Singue. Dos años después de firmado el contrato original, los verdaderos actores de esta historia presentaban sus rostros.

La firma del contrato modificatorio incluyó exclusivamente la transferencia de participaciones de Digoil y Gente Oil a la nueva empresa creada en Singapur, pero no mejoró la participación del Estado en el negocio como dispone el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, pese a que a que a esa fecha, era evidente que tanto la producción como las reservas de Singue, superaban diez veces las cifras establecidas en el contrato original.

Yvonne Fabara fue excluida del proceso penal pese a que la Contraloría determinó responsabilidades en su contra.

TIGRES DE PAPEL

El sinuoso sendero recorrido por la familia Gente Oil, representada en Ecuador desde 2013 por Silvana Pastor Tapia, es digno de incorporarse al guión de una película inspirada en los Panamá Papers.

Al ingresar al registro de identidad de Gente Oil nos encontramos con un auténtico holding petrolero: siete empresas aparentemente distintas pero con un mismo origen.

Dos creadas y domiciliadas en Estados Unidos, en la dirección de Ivanhoe, y las cinco restantes, concebidas casi en la misma fecha (2012) aparecen acomodadas en la oficina 32-01 de Land Tower de Singapur.

Al buscar los proyectos hidrocarburíferos de este gigante, representado por rimbombantes nombres americanos y árabes, nos encontramos con un solo proyecto perdido en una esquina de la depredada Amazonía ecuatoriana: el pequeño campo Singue. Así como leen, un enjambre de empresas, miles de fojas, escritura sobre escritura… puro papel.

Y un nombre que no puede escaparse de nuestro recuerdo: David Martin, el dueño de Ivanhoe, el mismo encantador de serpientes que en 2008 le regaló a Rafael Correa un barrilito de plástico en señal del “mejor contrato de la historia”, aquel contrato que con la ayuda de la tecnología Heavy to Light (HTL) haría de Pungarayacu, el nuevo boom petrolero. Seis años después hasta el barrilito de plástico se llevó Rafael.

DE CAMPO MARGINAL A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Meses antes de que se convoque a la décima ronda, Dygoil había rescindido un contrato anterior (campo marginal) suscrito en 2008 para la explotación del mismo campo Singue.

Hasta aquí Singue seguía siendo campo, no bloque. En ese contrato la firma ecuatoriana actuó asociada a la empresa venezolana Suelo Petrol, en el Consorcio Petrolero Amazónico (CPA). Un informe de la Contraloría de 2012, estableció que CPA no realizó inversiones para desarrollar el campo, además observó a las autoridades de hidrocarburos por no precautelar los intereses nacionales.

La tarifa pactada en este contrato, no superaba los 8 dólares por barril incremental, una tarifa radicalmente baja comparada con la definida en el nuevo contrato de prestación de servicios (33,50 U$/BL). ¿Por qué Dygoil y el consorcio CPA no desarrollaron el proyecto durante casi tres años?

Una tarifa de 8 dólares por barril, no era un negocio apetecido, dicen los expertos; además, estaban confiados que el ministerio de Hidrocarburos adelantaba el nuevo modelo contractual de prestación de servicios, con una tarifa muy generosa.

Así las cosas, había que dar sepultura al contrato de campo marginal para resucitarlo con el contrato de servicios, maquillado por Wilson Pastor Morris.

LA AMISTAD DE RAFAEL CORREA CON DYGOIL 

Con el cambio de la modalidad contractual resuelta en la reforma a la ley de Hidrocarburos de 2010, las compañías debieron migrar a los nuevos contratos de prestación de servicios o revertir las áreas al Estado.

Los acercamientos para negociar el contrato de Singue se dieron al más alto nivel. En una misiva suscrita por el gerente de Dygoil, César Guerra, remitida al presidente de la República, Rafael Correa, en enero de 2011, informa que mantuvo reuniones con el entonces ministro Wilson Pastor, con quien negoció las posibles inversiones que llegaban a 26.7 millones de dólares y una tarifa de 29,3 dólares/barril.

El 3 de febrero de 2011, Guerra informó a su socio de SueloPetrol, que ha comunicado a su amigo Rafael Correa su predisposición a firmar los contratos de prestación de servicios para los campos Pucuna y Singue.

En la misiva, el gerente de Dygoil señala que ha presentado la oferta en consideración a las buenas relaciones personales que mantiene con el señor Presidente.

En la carta agrega que el nuevo contrato en principio sería suscrito por el Consorcio Petrolero Amazónico, pero que luego solo quedaría Dygoil como la única accionista y operadora. Por ello, solicita la transferencia de las participaciones de SueloPetrol a favor de Dygoil.

Las razones por las que no prosperó la negociación con CPA, es algo que algún día se sabrá; lo cierto es que, una vez rescindido el contrato del campo marginal, Suelo Petrol quedó fuera e inmediatamente surgió la idea de constituir una nueva empresa. Así nació Gente Oil.

La relación documentada entre Rafael Correa y César Guerra, no fue suficiente para Fiscalía, que acabó desvinculando del proceso al expresidente, pese a que Contraloría determinó su  responsabilidad penal.

CONTRALORÍA DETERMINÓ PECULADO

Tras la denuncia publicada en 2015 por el portal Focus Ecuador, la Contraloría abrió un examen especial. Luego de dos años de investigación, en agosto del 2017, el organismo de control presentó a la Fiscalía General del Estado, un primer informe con responsabilidad penal y en febrero de 2018, un informe complementario en el que involucró al expresidente Rafael Correa, varios ex funcionarios públicos y ejecutivos privados, por el delito de peculado.

El consorcio DGC no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigían la presentación de información sobre la capacidad operativa de la oferente correspondiente a los años 2006 a 2010.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el análisis de los informes y certificaciones referentes a las fuentes de financiamiento para el proyecto, conforme a las inversiones comprometidas.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el informe de la capacidad o fuentes de inversión del oferente.

En la corrida matemática contenida en el sobre 2, no existe evidencia de que la tarifa de $33,50 por barril, responda a la aplicación de las variables establecidas en el modelo de contrato.

El equipo negociador, sin argumento técnico, consideró un total de 3.015.446 barriles a recuperar en 20 años y como lineamientos el 19,2% de tasa interna de retorno (TIR) para establecer el riesgo incurrido por amortización de la inversión, costos y gastos y una utilidad razonable.

En 2011 Dygoil ofertó una tarifa de $29,3 por barril, sin embargo, la misma empresa ofertó meses después de $34,5, la que se negoció y adjudicó por el monto final de $33,5 por barril; esto es, $4,2 sobre la tarifa original. Ese incremento, según Contraloría, implicó un perjuicio de $5.2 millones para el Estado.

SINGUE, UN BLOQUE CREADO EN LA ERA PASTOR 

Singue fue descubierto por Petroecuador en 1990 con la perforación del pozo exploratorio Singue 1 y con la realización de 102 Km de sísmica 2D.

Posteriormente, durante los años 2005-2006, la estatal impulsó el proyecto de sísmica 3D denominado Lilian-VHR, con la empresa china Sinopec.

Un reporte de 30 de mayo del 2011, emitido por el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburifero, señaló que Geotech Group Limited (2006) estimó reservas de 4.522.196 barriles.

En 2009, Petroecuador contrató un estudio de interpretación Sísmico 3D Cuyabeno-Sansahuari, con Geotech Groups Ltd. (China), donde se determinó que la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue forman una sola y que las reservas probadas del área de Singue superan los 20 millones de barriles.

Según el reporte final presentado por Geotech, el 30 de noviembre del 2009: “No hay una separación acusada entre la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue. Estas dos estructuras forman una sola”.

Esta información que ahora está en manos de la Fiscalía, no fue considerada en la elaboración de los términos de referencia de la décima ronda, tampoco en la negociación del contrato con el consorcio DGC.

Documentos en poder de Periodismo de Investigación dejan al descubierto que el consorcio DGC y los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, conocieron plenamente esta información que les fue entregada por la Secretaría de Hidrocarburos con el Data Room de la  Ronda Intracampos para el Campo Sahino Norte.

Este mismo reporte que incluía los estudios de Sinopec 2005, Geotech 2006 y Geotech 2009 -ocultados en el informe oficial de reservas de 2010- fue utilizado en septiembre de 2013 por la compañia GEOTRACE COMPANY – DENVER, contratada por el consorcio DGC para realizar una nueva interpretación sísmica.

En un informe de 2013, Gente Oil informa que la empresa contratada por ellos (Geotrace) solo utilizó la información de Sinopec – Geotech: “El Consorcio DGC no obtuvo nuevos datos sísmicos; la empresa simplemente reprocesó los datos en 3D existentes, adquiridos por Sinopec, para el Bloque Singue”, dice.

Con esta información, la misma contratista confirmó, un año después de firmado el contrato, lo que se sabía desde el año 2009: que las reservas no eran los 3.1 millones de barriles remanentes y posibles, volumen con el que se negoció la tarifa de 33.5 US$/BL, sino mucho más.

Esto ponía en evidencia que el consorcio DGC conoció esa información antes de presentar la oferta.

Pese a contar con los dos estudios (Sinopec-Geotech 2005-2006 y Geotecht 2009), el 9 de agosto de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos, emitió la resolución 0755, aprobando el nuevo mapa de bloques petroleros del Ecuador, en el que se creaba de forma oficial el bloque Singue con el número 53, dentro del bloque 58, Cuyabeno-Tipishca.

Esta resolución fue aprobada cincuenta y cuatro días después de convocada la licitación internacional a la Décima Ronda Petrolera, realizada el 16 de junio del 2011. Es decir, la licitación se realizó sin que exista oficialmente el bloque Singue.

Hasta el 2010, Singue era un pequeño campo integrado a la estructura Cuyabeno – Sansahuari, ¿qué pasó para que le convirtieran en bloque? Geológicamente nada.

Singue debía convertirse en bloque pues de lo contrario no podía ser licitado. La reforma legal creada por Pastor habla de bloques, no de campos, un bloque puede tener varios campos. Todo estaba calculado.

 En la oferta, acuerdos de negociación y en el contrato, el consorcio DGC se comprometió a perforar un pozo exploratorio para confirmar reservas adicionales por 1.1 millones de barriles o más.

El costo del pozo era de $7.9 millones. Si el resultado era exitoso se debía definir una tarifa adicional para la explotación de las nuevas reservas.

¿Por qué incluyeron un pozo exploratorio si de antemano sabían que existían más reservas? El objetivo era que la figura de riesgo exploratorio mejoraba la tarifa para la contratista, como se verá más adelante.

Cuando todo estuvo consumado, en 2015, la SH reconoció que las reservas remanentes de Singue eran al menos 15.6 millones de barriles y no los 3.1 millones con los que negoció la tarifa y el contrato.

Para esa fecha, Gente Oil ya había explotado casi la mitad de las reservas en momentos en que los precios del crudo eran inmejorables. Así las cosas, el propio Estado reconocía que había sido parte de un delito aunque este tipo de delitos siempre quedan en la impunidad. Un Estado delincuente.

Sin duda el objetivo de la creación falsa del bloque 53 estaba orientado a que, hacia el futuro, Gente Oil, reclame la aplicación de la cláusula décima tercera del contrato, relativa a campos o yacimientos unificados y se haga con la explotación de la enorme reserva contenida en Cuyabeno–Tipishca, como ocurrió con el cuestionado caso Palo Azul y la transnacional Petrobras, un proceso en el que los hermanos Pastor Morris también tienen que responder.

EL FRAUDE DE LAS RESERVAS PROBADAS 

Como se ha referido, el informe oficial de reservas de diciembre de 2010, estableció 2 millones 040 mil 556 barriles. Ese documento ocultó la información de noviembre del 2009, presentada por Geotech, que estableció 20 millones 630 mil 294 barriles. La diferencia de 18.1 millones, no fue considerada para el análisis económico financiero del bloque 53, lo que generó un perjuicio económico al país.

En el análisis económico y financiero, el grupo negociador consideró, a más de las reservas remanentes (2 millones), una producción adicional de 1 millón 113 mil 759 barriles, que se obtendría con la perforación del pozo exploratorio. En total, las reservas con las que se definió el modelo económico fueron de 3 millones 015 mil 446 barriles.

Pero, no había razón para perforar un pozo exploratorio porque el estudio de 2009 elaborado por Geotech, ya había determinado la existencia de reservas de 20 millones de barriles. La figura del pozo exploratorio solo fue otro comodín utilizado para introducir un supuesto riesgo y mejorar la tarifa para la compañía, como en efecto sucedió.

Las autoridades y la compañía sabían que, si el pozo exploratorio resultaba exitoso y se confirmaba la existencia de nuevas reservas, debía suscribirse un contrato modificatorio incluyendo una tarifa adicional, que con seguridad iba a ser inferior a la establecida en el contrato original. En esas condiciones perforar el pozo era pegarse un tiro en el pie.

Pocos meses después de asumir la operación y tras realizar mínimas inversiones con el reacondicionamiento del pozo Singue 1 ($900 mil), y la perforación de dos pozos de desarrollo, se alcanzó una producción de 2000 barriles diarios en 2013, para 2014 subió a 5000 barriles y el año 2015 se disparó a 7000.

El alto volumen de extracción cuestionaba los parámetros técnicos y económicos establecidos anteriormente. Milagrosamente, aumentaron las reservas en cerca de 18 millones de barriles adicionales, sin que la contratista haya invertido un centavo en exploración.

Ese milagro, léase eficiencia de Gente Oil, se explica con una expresión: ocultamiento de información.

MANIPULACIÓN DE TIR PERJUDICÓ EN $61 MILLONES 

Para justificar la firma de un aparente contrato de exploración y explotación, el consorcio DGC incluyó la perforación del pozo exploratorio por un costo de $7,9 millones. Era justamente la exploración, es decir el supuesto riesgo que asumía la contratista, el elemento que presionó por una tarifa más alta. Las inversiones propuestas a esa fecha fueron de $27.849.000, este rubro incluyó la inversión del citado pozo.

Para la definición de la tarifa de 33,5 US$/Bl, se reconoció una rentabilidad del 19,2%, la cual estaba condicionada justamente al éxito del pozo exploratorio. Al no haberse perforado ese pozo, la rentabilidad del 19,2% debió ser revisada, algo que nunca se hizo, sin embargo el cálculo económico se realizó contando con 1.1 millones de barriles adicionales estimadas del pozo exploratorio.

Queda claro que al definir la tarifa se mezclaron los conceptos de Tasa Interna de Retorno (TIR) para el desarrollo de actividades sin riesgo exploratorio (15%), con las actividades con riesgo exploratorio (25%), con el único objeto de beneficiar a la contratista con un TIR del 19,2%.

De no haberse incluido la presunta inversión de $7.9 millones en exploración, el monto total de las inversiones debió ser de $19.922.000, una reducción del 28% del monto comprometido en el contrato.

Sin embargo, la comisión negociadora aceptó la inclusión de la producción adicional falsa de 1.113.759 barriles, de un pozo que nunca se perforó, lo que dio un total de 3.015.446 barriles a recuperarse en 20 años.

En el análisis económico y financiero realizado por el grupo negociador, se estableció que: “el mayor beneficio para el Estado se obtiene al realizarse el pozo exploratorio y ser este exitoso. El beneficio en este caso sería de 61 millones de dólares, cumpliéndose el objetivo de esta licitación”.

En consecuencia y al no haberse perforado el pozo exploratorio no se cumplió con el objeto del contrato y se causó un perjuicio económico para el Estado de 61 millones de dólares, solo en este componente.

Si la información contenida en los estudios de 2005 y 2009, hubiese sido considerada en la licitación y en la negociación contractual, los resultados serían radicalmente distintos. Al tratarse de 20 millones de barriles y no 2, se hubiesen presentado varias ofertas, no solo DGC, y la tarifa hubiese sido más conveniente para el Estado.

TARIFA ÚNICA Y ACUMULACIÓN

Según la cláusula 14.3 del contrato, la tarifa acordada para Singue fue de $33,50 por cada barril neto, producido y entregado al Estado. Estos valores serán los únicos pagos que efectuará la SH a la Contratista…”.

Se considera tarifa, al valor que el Estado paga a la contratista por cada barril de petróleo extraído. De acuerdo con el contrato, el país se reserva como “margen de soberanía” el 25% del ingreso bruto antes de cualquier distribución.

Del valor remanente después de descontar del ingreso bruto el 25%, se cubrirán los costos de transporte y comercialización. Una vez realizadas estas deducciones y cubiertos los tributos establecidos en la Ley, con el “ingreso disponible”, se pagará cada mes la tarifa.

De no alcanzarse a cubrir toda la tarifa cuando bajen los precios del petróleo, el contrato incluye una cláusula de “Acumulación”, la cual determina que, “el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año Fiscal pertinente…”, es decir, la compañía no ha perdido esos recursos, deberá esperar que el precio del crudo se incremente para recuperarlos.

El modelo económico consideró un precio internacional del petróleo de 80 U$/BL (WTI). Si el precio del crudo llegaba a $50  o menos, el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año fiscal pertinente.

En ningún caso el contrato establece que si el precio del crudo cae por debajo de los $50 el barril, el Estado no pagará a la contratista. El contrato de Singue no tiene tarifa variable, como afirman los representantes de Gente Oil, mantiene durante todo el período una sola tarifa de $33,50 por barril.

El único caso en que la contratista pierde el valor acumulado es si al término del contrato (20 años) el precio del barril de petróleo se mantiene por debajo del valor considerado para el cálculo de la tarifa.

Algunos contratos terminaban en el 2018 y el Estado ecuatoriano tenía la oportunidad de aplicar la cláusula de soberanía, es decir no pagar los valores acumulados (carry forward),  pero el gobierno anterior benefició a las contratistas extendiendo los plazos. Lo propio hizo el gobierno actual que extendió plazos de varios contratos que estaban por vencer. En el caso de Singue el contrato vence en 2032.

Entre 2013 y 2016, se extrajeron de Singue 6 millones de barriles. Gente Oil registró ingresos por $179,2 millones ($149.5 millones por pago efectivo de tarifa y $29,7 por acumulación, tarifa adeudada). Durante el mismo período, el Estado recibió $86.7 millones por concepto de margen de soberanía (25%), impuesto a la renta, leyes 10 – 40, costos de comercialización y transporte.

La compañía empezó a recibir ingresos inmediatos, semanas después de firmado el contrato (2013). Tras realizar un pequeño gasto de 900 mil dólares en el reacondicionamiento del pozo Sigue 1, cobró su primera factura. Desde entonces los ingresos de la Gente Oil fueron creciendo exponencialmente.

Entre los citados años, la empresa dirigida por Silvana Pastor ha cobrado facturas mensuales de entre 3 y 5.5 millones de dólares, lo que confirma un negocio sin riesgo, contrario a lo señalado por la compañía. Esta realidad cuestiona también las supuestas inversiones externas provenientes de los socios qataríes. Del mismo cuero salieron las correas.

Durante el mismo período, la contratista declaró inversiones por $120 millones. Revisados los rubros centrales se advierten costos inflados principalmente en perforación de pozos y otros servicios. Gente Oil contrata todo, desde catering hasta torres de perforación.

Gente Oil tiene un horizonte pintado de prosperidad, con más del 50% de reservas por explotar en 12 años adicionales de vida del contrato y con mínimas inversiones que realizar.

 

ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA PENALMENTE A FERNANDO VILLAVICENCIO

Es el abogado de la multinacional Odebrecht, Juan Falconí Puig, quien lo demanda por supuesta difamación y la jueza que ha seguido tramitando la causa, a pesar de que esta ha caducado, es Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito.

Lo que motivó la demanda de Falconí Puig fue un reportaje, publicado el primero de agosto de 2019 en el portal Periodismo de Investigación, de coautoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, titulado “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, y varios mensajes publicados por Villavicencio en la red social twitter.

En este trabajo se detalla cómo se pactó y construyó el acuerdo con el Gobierno de Rafael Correa para permitir el retorno de Odebrecht, dejándola exenta de sus responsabilidades civiles y penales, derivadas de varios incumplimientos contractuales.

Para ello se archivaron glosas por $80 millones y una demanda internacional de $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES. La contrapartida para el Estado fue una indemnización de apenas $20 millones.

En la investigación periodística se revela que gran parte del lobby político, previo a la firma del Convenio, se habría manejado desde Odebrecht y desde el estudio jurídico de Juan Falconí Puig, abogado contratado por el conglomerado brasilero.

Esto se confirma con la serie de correos electrónicos intercambiados entre Falconí Puig; el ex vicepresidente, Jorge Glas; el ex secretario jurídico de la presidencia durante el correísmo, Alexis Mera; el ex procurador del Estado, Diego García; y el ejecutivo del Odebrecht, José C. Santos Filho.

Por sus servicios Falconí Puig, habría recibido $1,3 millones.

La reacción del abogado de Odebrecht a esta publicación fue una acción penal en contra de Villavicencio por supuesta difamación, figura que consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como una contravención de 4ta clase.

Según esta norma, a partir del supuesto cometimiento del delito (1 de agosto de 2019 día de la publicación) el demandante tenía 3 meses para notificar a Villavicencio. El 2 de septiembre de 2019 Falconí Puig presentó la demanda (designada con el número 17294201901337) ante la jueza Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal de Quito; el 25 de ese mismo mes la jueza convocó a audiencia de juzgamiento para el 21 de noviembre, pero Villavicencio no había sido notificado.

Al no concretarse este trámite al demandado, el 8 de enero de 2020 la jueza señala que si la causa prescribe no será responsabilidad de los operadores de justicia, pues debe tomarse en cuenta el plazo que existe para la sustanciación de la causa.

A partir de esa observación Falconí pidió que se notifique a Villavicencio mediante su cuenta de twitter y una cuenta de correo electrónico.

En un video difundido por redes sociales Falconí Puig ha destacado que el 23 de enero pasado se notificó a Villavicencio, es decir cuando ya pasó el plazo previsto en el COIP.

No es sino hasta este 9 de julio en que Fernando Villavicencio conoció que tiene un juicio en su contra. Tras publicar en su cuenta de twitter que Juan Falconí Puig tiene carné de discapacidad este respondió que se enfrentarán en los tribunales. Y a día seguido el ex presidente Rafael Correa hizo mención al juicio, respaldando a Falconí Puig.

Al verificar en la página web de la función judicial que la audiencia de juzgamiento de la demanda interpuesta por Falconí Puig ha sido fijada para este 13 de julio, Villavicencio solicitó a la jueza Proaño su diferimiento para preparar su defensa, así una copia de la demanda para conocer los detalles del proceso. La nueva fecha para la audiencia es el 21 de julio.

“Soy el más interesado en defenderme”, dijo el periodista, quien observó también que “luego de que Correa calificara de mafiosa a Odebrecht y cuestionara por qué la Fiscalía no demanda a esta empresa, ahora salga a respaldar al abogado de esa empresa mafiosa por haberme demandado”.

Hay que recordar que Falconí Puig, asesoró al gobierno de Correa en la incautación de los bienes del grupo Isaías y fue embajador en Reino Unido, durante el correato.

En un escrito presentado por Villavicencio ante la jueza Proaño anunció que presentará una serie de pruebas que requerirán de varias pericias, las cuales dejarán en evidencia lo que se expone en la investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”.

Para ello pidió que comparezcan a la audiencia: Jorge Glas Espinel, Alexis Mera Giler, Ciro Moran Maridueña, Sergio Ruiz Giraldo, José Conceicao Dos Santos Filho, y el periodista y coautor del reportaje mencionado, Christian Zurita Ron, con el fin de receptar sus testimonios.

El experto penalista, Ramiro García, considera que este accionar de la justicia constituye una forma de criminalización de la actividad periodística, “es volver a lo que se vivió en 10 años de persecución correísta, pues se está utilizando el sistema penal para aspectos que están expresamente proscritos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante varias resoluciones”.

Lo de fondo es que los operadores judiciales están actuando en contravía a lo resuelto por el organismo internacional de derechos humanos en materia de respeto a la libertad de expresión, opinó García.

Villavicencio agrega que es impresentable y vergonzoso para la justicia ecuatoriana que Odebrecht no tenga un solo juicio por parte del Estado ecuatoriano por una serie de delitos de sobreprecios y sobornos y sea más bien esta empresa, a través de su abogado, la que demanda a uno de los periodistas que ha develado los mayores escándalos de corrupción de Odebrecht, siendo el principal el caso ‘Arroz verde’ donde se confirma por parte de la propia versión del cooperador eficaz, José Santos Filho, que Odebrecht entregó $5,5 millones para la campaña electoral de Rafael Correa.  

“Aquí hay una suerte de confabulación de la justicia con Odebrecht y sus abogados para atacar al periodismo”, cuestionó.

El periodista anunció que elevará una denuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas para que se observe el comportamiento de la justicia de Ecuador en este caso, pues se está vulnerando el derecho del periodismo a investigar hechos de corrupción.

REPORTES DE CAMPAÑA RATIFICAN IRREGULARIDADES EN ARROZ MORENO

El 21 de mayo de 2018 el Movimiento Alianza PAIS presentó al CNE las cuentas consolidadas de la campaña electoral de la Consulta Popular de febrero de 2018. El informe de cuentas fue entregado por Patricio Beltrán Vinueza y Verónica Castro Maya que fueron protagonistas del irregular financiamiento de la campaña presidencial de 2017.

Patricio Beltrán figuró como uno de los coordinadores que recaudaron dinero para la campaña del binomio Moreno-Glas y Verónica Castro, que era funcionaria de la prefectura de Pichincha, fue supervisora de ese proceso.

El reporte dice que que PAIS financió $194,071.93 en efectivo y otros $413,000.00 adicionales en donaciones de bienes y servicios, un total de $607,071.93.

Al hacer una revisión de los 64 contribuyentes a la campaña se desprende que 29 de ellos no contaban con capacidad económica para respaldar sus aportes. Se identificó además que siete aportantes, luego de los comicios, recibieron cargos públicos y contratos con el Estado.

Al igual que en el Informe Majano (que identificó aportes del Gobierno provincial de Los Ríos a la campaña de Lenín por $350.000) la prefectura de esa provincia, con Marco Troya a la cabeza, fue determinante en la campaña por el SI: 12 aportantes trabajaron en esa prefectura y contribuyeron, cada uno, con montos de $10.000 en promedio.

Los sueldos recibidos por esos funcionarios no guardan relación con los aportes de campaña.

Por ejemplo: Karem Jassenia Varas Mora asistente en la prefectura de Los Ríos con sueldo de $700,00 ($8.400,00 al año) aportó $10.000,00.

Del número total de aportantes sobresalen siete que recibieron retribuciones como contratos y cargos públicos.

Por ejemplo:  José Napoleón Pasquel Pasquel, luego de aportar electoral por un total de USD 30.000,00 es nombrado en marzo del año 2018 gerente financiero de la empresa Fabrec EP. El gerente financiero es la máxima autoridad dentro de un proceso de compras públicas.

César Alexis Recalde Pasquel realizó una contribución de $28.000,00, es accionista de la compañía Herands C.L.; otro de los accionistas de esa compañía es Herley Andrés Sánchez Valencia.

Sánchez Valencia es además accionista de otra compañía denominada Constructora Sierra Centro Construsierra S.A.  A esta constructora también pertenece Segundo Mauricio Valverde López, que realizó una aportación a la campaña electoral por un monto de $15.000,00 es decir totalizaron dos aportaciones de $43.000,00.

Carlos Miguel Vaca Viteri contribuyó con $22.000,00 es accionista de la compañía Biolegal Consultores Cia.Ltda. Otro accionista de esa compañía es Rodrigo Francisco Borja Román quién también realizó una aportación por $18.000,00.

Borja Román fue proveedor del estado, el 26 de octubre de 2017 se le adjudicó un contrato que debió cumplir hasta el 3 de febrero de 2018. Seis días más tarde el 9 de febrero de 2018 se registró su primera aportación a la campaña por $10.000,00.

En noviembre del año 2019 fue nombrado director de Planificación de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Marx Engels Alarcón Coello que aportó $10.000 fue nombrado Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Baba. Algo similar sucedió con Pedro Eduardo Lino Solórzano que aportó el mismo valor y en 2019 fue nombrado coordinador de fiscalización y administrador de Obras del Municipio de Baba.

En los documentos reportados al CNE por Alianza PAIS aparecen además cuatro facturas del Raúl Lionel Ernst Edwards que según el Servicio de Rentas Internas no eran válidas para su emisión.

Ernst es un viejo conocido del estado de propaganda correísta. Gerenció la empresa Medaglia que recibió cuantiosos contratos, entre ellos los que implementaron los troll center que hostigaron a opositores en redes sociales.

De igual manera se encontraron otras cuatro facturas del proveedor Enrique Xavier Reina Benítez que no cuentan con los datos que permitan visualizar la validez de los documentos. El uso de esos instrumentos hacen pensar se intentó justificar las aportaciones con facturas irreales o compra de facturas que conllevan a una alteración de la documentación, tal como sucedió en Arroz Verde y el Informe Majano.

La liquidación de fondos de campaña electoral, los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes, comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso, reportados por la organización política no se encuentran en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral.