En la vida nada es gratis. Y en la política, mucho menos. Cuando el presidente Lenin Moreno lanzó el 2 de octubre de 2017 la Consulta Popular con siete preguntas que incluían la eliminación de la reelección indefinida, entendió que, para ganar, debía captar el mayor respaldo posible de aliados. Principalmente, de su propio movimiento, de aquellos que hasta entonces todavía se declaraban admiradores del ex presidente Rafael Correa. Y, marginalmente, de todos aquellos que tengan un membrete político, un partido con vida legal y unos cuantos militantes. Todos fueron invitados.
El ex prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, fue uno de los primeros que se sumó con entusiasmo a la cruzada. El 4 de octubre ya anunciaba que su partido Centro Democrático apoyará las decisiones del presidente Lenín Moreno, “que más allá de lo bien visto que es por la gente, necesita un colchón, un soporte político y popular que nosotros queremos darle de manera organizada. Porque no sé hasta que punto el partido del presidente se allanará a sus decisiones. Siempre tiene que existir un plan B”. Ese plan, para Jairala fue la formación de un gran frente, lleno de nombres y carteles, al que bautizó como “Somos Ecuador”. El paso del tiempo demostraría que ese colchón y plan B resultó costoso al país.
Para el 24 de octubre, Jairala declaró que ya existían 80 colectivos unidos para fortalecer al presidente Moreno, en un “gran frente de respaldo”. Dos días después, el 26 de octubre de 2017, Luis Jairala Zunino, primo hermano del prefecto, asumió la gerencia general del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en donde no completó ni un año de gestión.
La Contraloría General del Estado presentó en mayo de 2019 los resultados de la auditoría realizada a la corta gestión de Jairala Zunino al frente del hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil: el perjuicio económico que sufrió el hospital fue de USD 32 millones, divididos en USD 12 millones por sobreprecios en la adquisición de medicinas y USD 20 millones por excesos de compras y no utilización de insumos médicos. Todo esto utilizando una figura ilegal, convenios de pagos y no contratos, para los que recurrió a proveedores vinculados. Los informes de la Contraloría fueron remitidos a la Fiscalía en donde se abrieron las indagaciones pero todo camina lento.
Volviendo al origen de todo esto, noviembre de 2017 fue un mes clave. Algunos funcionarios de hospitales del país cuentan que fue como por mediados de ese mes, cuando ocurrió una “barrida” general en las jefaturas de los hospitales, por órdenes superiores que venían de Quito. La disposición, dicen las fuentes que hablaron con nosotros, fue que, a partir de entonces, las cabezas serían nuevas.
Para el 23 de noviembre de 2017, todo estaba consumado. Ese día, el presidente Lenin Moreno recibió en el parque Samanes de Guayaquil el efusivo apoyo de sesenta organizaciones políticas que se comprometieron a apoyar la campaña por el Sí en la Consulta Popular. El prefecto del Guayas Jimmy Jairala tomó la palabra y dijo que el apoyo que darían “no sería aguado”, sino todo lo contrario, muy fuerte. Y desinteresado.
No hay certeza de los términos exactos del acuerdo. Tal vez existan similitudes con los contratos colectivos que denunció el ex vicepresidente Alberto Dahik en 1995, cuando se cansó de los chantajes del Congreso de entonces y se lo contó todo al recordado periodista Jorge Vivanco, quien explotó la bomba en su columna de diario Expreso. Pero lo que sí están seguros los miembros de la Comisión Anticorrupción es que los repartos políticos gozan actualmente de muy buena salud. Lo sostiene Jorge Rodríguez, quien fue su vocero más reconocido y sigue muy activo con la Comisión, pese a que expresó públicamente su deseo de renunciar. “Tanta corrupción cansa, pero más agobia la impunidad”, relata como una explicación.
La torta se repartió
Sin más rodeos. Rodríguez sostiene que el gobierno de Lenín Moreno tuvo que recurrir a la vieja práctica del reparto político para conseguir apoyo. Casi al mismo tiempo que Dalo Bucaram del partido FE anunciaba su apoyo a la Consulta de Lenín Moreno, comenzaron los rumores de la injerencia de los políticos Bucaram en las empresas eléctricas. Y en los hospitales. Ellos siempre lo negaron.
Pero el gran escenario del reparto habría sido la Asamblea Nacional.“Eso es un secreto a voces”, nos dice el legislador del movimiento CREO, Roberto Gómez Alcívar. También lo confirma el asambleísta por Carchi, Daniel Cadena, quien forma parte de la bancada socialcristiana. Inclusive alguien del bloque correísta, de extrema confianza del ex presidente, quien delata a sus ex compañeros de Revolución, con la única condición de que no salga su nombre, porque “estos nunca dejan pruebas”.
Lo cierto es que el mapa del reparto está en la cabeza de muchos. Y el nuevo objetivo –troncha se llamaba en los ochenta- es muy diferente de los antiguos:“Lo que antes era las Aduanas, ahora son los hospitales”, dice el asambleísta Gómez. Y no es para menos. La ley faculta a cada hospital hacer sus propios gastos y disponer con total autonomía y libertad de su presupuesto.
Hagan cuentas. Solo en los hospitales del IESS, en los últimos tres años, se han gastado 740 millones de dólares para la compra de medicamentos, distribuidos en 929 proveedores o contratistas. En los hospitales del Ministerio de Salud otra cantidad millonaria similar. Y casi mil millones al año en pagos a prestadores externos de salud. Vayan sumando.
El reparto político implica tomar el control de los hospitales, tanto del IESS como del Ministerio de Salud. En algunas provincias, ciudadanos se decidieron a lanzar los nombres de los Asambleístas que quitan y ponen a los directores de hospitales. Y hasta hacen sus propios mapas. Es que dicen estar cansados de tanta corrupción.
Lo que pasa en Santo Domingo, se queda allí
En el hospital del Ministerio de Salud Gustavo Domínguez de Santo Domingo, han ocurrido cosas raras. Como que se contrató a un médico para que atienda pacientes, pero resultó que el escogido no era médico y los papeles que había presentado el aspirante resultaron falsos. La denuncia fue presentada en la Fiscalía por Luis Felipe Buenaño, quien era el representante del Consejo de Participación Ciudadana, o Quinto Poder, en esta provincia. Y luego de eso, pasó algo más raro: recibió la llamada del asambleísta de Alianza País, Manuel Ochoa, quien lo invitó a conversar, a tomar un café. Buenaño recuerda que no aceptó el café ni reunirse con el legislador, porque nunca antes lo había llamado y no le parecía pertinente hacerlo en ese momento. Y Buenaño ató cabos, recordando que a Ochoa lo relacionaban con cierta injerencia política en ese mismo hospital. Por todo eso, prefirió marcar distancia.
Mientras tanto, Galo Calero es un médico que vivió más de veinte años en Los Ángeles, Estados Unidos, pero decidió regresar a Santo Domingo para ejercer su profesión. Así lo hace, en medio del bullicio y ajetreo de las calles del centro de la ciudad. También se da tiempo para liderar la delegación provincial de la Comisión Anticorrupción, misión a la que ha dedicado, inclusive, dinero de su propio bolsillo, de acuerdo a sus palabras.
Calero y otros integrantes de Anticorrupción de Santo Domingo nos recibieron en pleno para señalar al presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, reelecto en ese cargo, el legislador William Garzón, de las filas del gobierno. Aseguran sin dudar que mantiene todo el control del hospital del IESS en la ciudad. Y eso implica, sostiene, que decide quienes están al frente del hospital, como la designación del actual gerente de la casa de salud, Nilo de la Torre López. Mencionaron que algunos parientes del asambleísta están dentro del IESS y señalaron que el contrato de alimentación para los enfermos y empleados del hospital está en manos de su ex esposa. Mientras que, a su actual esposa, la ex alcaldesa de Santo Domingo, Verónica Zurita, también la mencionan.
Aseguran que personas de su entera confianza entraron a la administración del IESS. Y de todo eso, afirma Calero, está al tanto el presidente del directorio del IESS, Paúl Granda, quien visitó Santo Domingo meses atrás. “En esa ocasión, nos reunimos y le informamos para que tome acciones al respecto. Pero no se hace nada. Todo sigue igual”, se queja el médico. El presupuesto que maneja al año el hospital del IESS es de USD 27 millones, de los que USD 17 millones están destinados a la compra de medicinas e insumos médicos.
Garzón atendió una llamada que le hicimos sobre estos cuestionamientos. El legislador negó tener cualquier tipo de injerencia en la administración del hospital. “No es cuestión de decir una cosa así. Como asambleísta me he dedicado al papel de asambleísta y en ningún momento ha habido reparto ni designación de nada en los hospitales, peor en el IESS. La única relación que puedo tener con los hospitales acá en Santo Domingo es cuando la gente se acerca a pedirme favores por un turno o la asignación de una cama, o una derivación a otra ciudad. Esa es mi única relación. Si estos señores tienen las pruebas que hagan las denuncias respectivas. No se trata solo de querer hacer daño a la gente. No dudo que alguien se haya tomado mi nombre para alguna cosa. Eso tampoco lo dudo. Pero tendrán que presentar las pruebas”.
De parientes, dijo que solo una funcionaria del IESS es su prima, “pero ella viene trabajando desde hace algún tiempo en la Dirección Provincial por su capacidad”. En cuanto al contrato de alimentación de su ex esposa en el hospital, indicó que eso fue entregado por concurso, desde tiempo atrás, “y yo no tengo nada que ver, además yo no tengo ninguna buena relación con mi ex esposa. No tiene sentido lo que están diciendo”.
Garzón descarta completamente la injerencia política en los hospitales y dice que la responsabilidad de la designación de sus autoridades está “en los hospitales. El IESS pone a la gente que ellos quieren poner. No tenemos ninguna injerencia nosotros”.
Las declaraciones que hicieron los integrantes de la delegación provincial de Santo Domingo de la Comisión Anticorrupción, fueron respaldadas por actuales funcionarios del hospital del IESS que pidieron no ser identificados porque temen sufrir represalias. Ellos aportaron con datos que entregaron a la Comisión.
Manabí. Tierra hermosa y de millones
“Esto no es de ahora, viene desde el gobierno anterior. Lo hemos denunciado: la salud se convirtió en un botín político de los asambleístas”. En esto coinciden los integrantes de la delegación de Manabí de la Comisión Anticorrupción, que nos recibieron en pleno en los jardines de la Universidad Técnica de Manabí, en Portoviejo. Y hacen un mapa:
“En Portoviejo y Bahía, el asambleísta Daniel Mendoza, en Chone Karina Arteaga, en Jipijapa Teresa Benavides -ha puesto a su hija como directora de una casa de Salud y también fue directora provincial del IESS-, Karla Cadena en Portoviejo -su hermano fue director de hospital-, en Manta Carlos Bergmann. Y quien fue el árbitro de fútbol, Carlos Vera, mantiene su poder en Portoviejo en el hospital Verdi Cevallos y en el cantón Junín. Entonces todos estos asambleístas son los que ponen a los directores y gerentes en estas unidades de Salud. Pero eso tiene un costo: los diezmos. Si se atrasan un mes los sacan. Es verdad que no hay documentos de esto, pero eso lo sabe toda la gente, dentro de los hospitales, lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que nadie dice nada porque lo botan. Esa es una realidad y lo hemos venido denunciando públicamente pero no pasa nada”.
El relato lo hace el médico ginecólogo Jorge Chávez Mera, quien fue director de un dispensario médico del IESS durante 20 años y respaldado por sus compañeros de la Comisión. Y continúa con su propia experiencia: “Alguna vez me llamaron de Guayaquil a través de una Subsecretaría, hace algunos meses, me ofrecieron la gerencia del Hospital de Especialidades, me pidieron la documentación y después me llamaron y me dicen: doctor, esto tiene un costo. Este puesto vale de USD 50.000 a USD 100.000, porque dicen que a la ministra de Salud Catalina Andramuño, en ese momento encargada, le cuesta la ratificación en su puesto de USD 10 a USD 14 millones. Y andamos buscando gente como usted, de confianza. Les contesté que en mi vida he hecho eso, que no soy ladrón y que ahí me mandan a robar. Así que los mandé a buscar otro”, relata Chávez.
Grave relato. ¿Cómo funcionan estas redes, quién hace los contactos, quién realiza las llamadas? El médico Chávez contesta: “a mí me contactaron a través de Irina Bowen, quien me dice doctor, andan buscando gente para esto y nosotros hemos dado su nombre. Por ahí viene la cosa. Cuando ya me contactaron, me dicen que han revisado mi currículum y que yo soy la persona ideal, tráiganos un documento del Frente Cívico, al que yo pertenezco, y les llevé. Después de eso, pasó el tiempo y me llamaron, no le puedo asegurar quienes son, y me dijeron que ya todo estaba listo. Pero con esas condiciones”.
¿Por qué no denunció a la Fiscalía en ese momento? “Y cómo voy a denunciar, si no tengo pruebas, no grabé la llamada. Por andar denunciando la corrupción a mí ya me ha costado dinero, tiempo y un juicio. Me botaron de mi puesto. A mí me descontaban USD 75 mensuales de mi sueldo para Alianza País y no me había dado cuenta. Cuando reclamé pensando que era un error, mandé un oficio a la directora del hospital indicando que por favor suspenda esos pagos. No me contestaron y me siguieron descontando. Al año perdí la paciencia y mandé otro oficio, ahora con palabras más fuertes, exigiendo ahora que no solo me suspenda los pagos, sino que se me reintegre todos los valores descontados por rol, sin mi autorización. Recursos Humanos de Quito del IESS me contestó que ese descuento se daba porque yo era afiliado a Alianza País, lo que era falso. Y que, para suspenderme esos pagos, tenía que desafiliarme de AP. Y me lo mandan por escrito”.
Toda esa documentación la tiene en sus manos el Contralor Pablo Celi, indica Chávez: “ahí es que suman y descubren que habían descontado al personal del IESS como USD 400.000.Y cuando di seguimiento a mi denuncia, me dijeron que ya había retirado mi denuncia, lo que nunca hice. Entonces me aplicaron la renuncia voluntaria obligatoria. Me botaron”.
Eso no es lo más grave, dicen los delegados de la Comisión Anticorrupción de Manabí. Ellos están haciendo un estudio que están por terminar respecto a las múltiples derivaciones de pacientes que hacen los hospitales a los prestadores externos o clínicas privadas.Solamente el IESS paga al año alrededor de USD 1000 millones a estos prestadores externos, “que es prácticamente la misma cantidad de presupuesto con el que se mantiene a todas las unidades de Salud del IESS del país”. Lo extraño es que, con la misma cantidad de dinero, el IESS atiende tres veces más la cantidad de pacientes que los prestadores externos. Y en Manabí hay la suficiente capacidad de atención y cobertura -en infraestructura y personal médico- para ya no depender de las clínicas y operadores externos, pero a nadie le interesa romper este círculo porque “es en la derivación de pacientes donde las autoridades tienen la mordida. Y por eso es que los asambleístas están metidos en esto y utilizan a esta gente en las administraciones para que vayan a hacer la mañosería y se benefician de estas cosas”, explica el ginecólogo Chávez.
Ese estudio de la Comisión Anticorrupción de Manabí está prácticamente listo y eso que conseguir la información fue una tarea bastante complicada, indica el coordinador del grupo, Julio Villacreses. Pero pronto lo harán público y anticipan que habrá muchas novedades.
Para muestra, dan un ejemplo, ocurrido en Manta: a un odontólogo se le pagaba hasta USD 13.000 mensuales y el promedio de pago a los odontólogos era de USD 8000 mensuales. “Hicimos la investigación y denunciamos a la Contraloría, hace cuatro años. Encontramos que un odontólogo facturaba por procedimientos que tuvieron en promedio, dos, tres, cinco minutos. Es decir que en una hora facturaba hasta quince procedimientos. Y lo normal es que una hora puede facturar dos procedimientos. Lo que hacían es que decían que sacaban tres muelas y en realidad era una. Cobraban por cuatro calces a dientes y solo era uno. Yo tuve una reunión con el director del IESS Jaime Coello y me dijo, doctor, no puedo hacer nada, esto es político y no puedo botar a nadie”, explica Chávez.
Los delegados de Anticorrupción tienen la película clara: mientras más derivan, mientras más cobra el prestador externo, el político tiene mayor porcentaje y gana más. Por eso nadie hace nada.
Los gastos en insumos es otro tema en donde denuncian despilfarro. “En diciembre del año pasado, en el Hospital del IESS de Portoviejo prefirieron comprar USD 200.000 en papel toalla para baños y no había medicinas para los hipertensos y diabéticos. Hicieron la auditoría, redactaron el borrador y establecieron responsabilidades. Pocas semanas después, anularon esa auditoría y nombraron un nuevo equipo de la Contraloría para que haga otro informe”, indican los Comisionados. En ese momento uno de los responsables del hospital era Marcelo Cadena Vélez,director administrativo y hermano de la asambleísta Karla Cadena. Cadena Vélez hace pocos días salió del cargo que tenía en el hospital.
En Carchi e Imbabura se tapan goteras: Del tío Andresito a la niña Nathy
El reparto político de los hospitales no discrimina regiones ni es exclusivo de las provincias de la Costa. Tampoco es únicamente un espacio destinado a los asambleístas. En Carchi hay un personaje vinculado familiarmente a la ministra de Gobierno, identificado como una figura central en las decisiones que se toman en esa provincia, su lugar de origen, y también en Imbabura, pues es en su capital Ibarra en donde vive.
El 1 de octubre de 2019, Nathalia del Pilar Rosas López, gerente encargada del hospital general de Carchi Luis Dávila, firmó un contrato con Jaime Ramiro Pastillo Andrango, para la impermeabilización de la terraza del hospital, una obra que se repite en los hospitales de las provincias vecinas Carchi e Imbabura.
El contrato que firmó Rosas López fue por USD 254.071 más IVA. Y sobre ese contrato habla Rosas con Andrés Romo Molina, tío de la ministra María Paula Romo, en un audio que circula en las redes sociales:
Simultáneamente, en el hospital de Otavalo, en Imbabura, también se contrató la impermeabilización de la terraza y el control de la fauna urbana, es decir la eliminación de los nidos de pájaros, por USD 112.593.
El asambleísta de CREO Roberto Gómez Alcívar, interpelante del casi fracasado juicio político en contra de la ministra María Paula Romo, hizo público el segundo audio sobre este tema. Aquí habla directamente la ministra, cuando contesta una llamada de “la niña Nathy”:
“Señora ministra, buenas tardes, le saluda Nathalia Rosas, gerente del hospital de Tulcán. Tenga la gentileza, le voy a robar dos minutitos de su tiempo. Quiero comentarle que hoy voy a poner mi renuncia en vista de que me dijeron que era de su parte que el señor Andrés Romo me dice que es por el hecho de no haberle concedido algunos contratos, pues que presente el día de hoy mi renuncia. Él me dijo que era su tío y todo, pero no cabe hacerlo, mas bien a pedirle mil disculpas y agradecerle por la oportunidad que me dio de haber estado aquí…”
– “Mire, la única persona que le puede pedir su renuncia son sus superiores…si sus superiores no se lo piden no tendría que ponerla”.
– “Yo le agradezco mucho señora ministra y mil disculpas por haberla molestado”.
La ministra Romo reconoce que habla en el segundo audio y dice que ha escuchado el primero, en donde interviene su tío. Y al respecto, nos declaró lo siguiente:
“El señor Romo no tiene ninguna responsabilidad ni cargo en el gobierno, por lo que no tiene injerencia alguna en las designaciones. Si tiene alguna relación con la señora con la que habla al teléfono, habría que preguntárselo a él. Como se escucha en la llamada, yo no conozco a la persona que me llamó y no tenía idea de lo que me hablaba. Aunque la llamada me pareció extraña, le resté importancia y no supe más del asunto hasta que Gómez la sacó”.
De quien se habla en este asunto es Andrés Romo Molina, tío de la ministra, quien fue diputado del PRE a fines del milenio pasado y fue destituido del Congreso por haber sido involucrado en la tristemente célebre y recordada “Red Peñaranda”, que fue como el origen del reparto político a los diputados en los 90, hoy convertida en el moderno sistema de prebendas “Arroz Verde”.
Romo se había retirado de la política, pero en las elecciones de 2017 regresó como candidato a la Asamblea, nuevamente en el partido de los Bucaram pero con poca fortuna y aceptación. Perdió.
La ministra Romo niega completamente el reparto de los hospitales: “El gobierno no ha repartido ni hospitales ni ninguna otra instancia de gestión. No es la manera en que funcionamos”.
Los miembros de la Comisión Anticorrupción no piensan lo mismo y dicen que ya es hora de poner fin al reparto. Para conseguir ese resultado, están dispuestos a asumir las consecuencias.
Redacción Periodismo de Investigación (La Fuente – Milhojas)
No hay avances o al menos no se han hecho públicos los resultados de las investigaciones a cargo de la Fiscalía, pese a que la historia de explotación ilegal de oro en la zona y la danza de millonarias ganancias no son fenómenos nuevos. Se instalaron sin ningún tapujo, cambiando la tranquilidad de territorios agrícolas y ganaderos por un poderoso y bien organizado sistema delincuencial que ha destruido el medio ambiente sobretodo en la zona de influencia directa de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí.
Una de las primeras señales preocupantes que se dieron al inicio de las investigaciones y que podría perfilar el rumbo que puedan tomar la Fiscalía ha sido el haber dejado en libertad a tres ciudadanos chinos y un ecuatoriano apresados el 10 de julio pasado, durante el allanamiento de una planta procesadora de oro que operaba de manera ilícita en la hostería del ex asambleísta del correato Agustín Delgado.
El fiscal Jeffrerson Ibarra y la jueza Raquel Maza Puma no tomaron en cuenta los hallazgos de ´Avalancha 412´, como se denominó al operativo ejecutado en este caso, con lo que se abrió el camino para dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en favor de los extranjeros y el ecuatoriano detenidos en julio de este año: Wu Haitao, Xian Zhong Yu, Zhang Youpeng y Darwin Efraín P. S.
Esto pese a que en las pesquisas se estableció que el mineral que almacenaba y se transformaba en un galpón ubicado en el Complejo Deportivo Bienvenidos “Welcome” (parroquia San Antonio de Ibarra) de propiedad de Agustín Delgado, había sido sustraído del sector de Buenos Aires. Es decir, las pistas que condujeron a este hallazgo de maquinaria y equipos de procesamiento minero devenían, a su vez, de la información recopilada en el mega operativo realizado el pasado 2 de julio en Buenos Aires, donde se detuvieron a más de una treintena de personas; se decomisaron 15 armas de fuego, 119 galones de combustible, 2.339 gramos de oro sólido, 250 gramos de marihuana, 200 generadores de energía, 52 motores de polea, cuatro bombas de agua, entre otros elementos.
A partir de este operativo se recopilaron centenares de otros indicios como datos registrados en libretas a partir de los cuales se evidenciaron donde se encontraban las zonas de acopio de los minerales; el pedido de un alternador eléctrico registrado a nombre de Delgado, equipo necesario para el funcionamiento de una planta de energía eléctrica; y otras máquinas también a nombre del ex futbolista, y que formaban parte de la planta procesadora. Este tipo de información condujo hasta la hostería de Delgado.
Otros hallazgos apuntan a una tía del ex asambleísta del correato, quien sería la encargada de realizar la explotación de las minas en Buenos Aires, para lo cual utilizaría la mano de obra del sector. Luego se encargaría de comercializar el mineral con ciudadanos chinos.
Las autoridades judiciales no han dimensionado la magnitud de este caso que tiene varios tentáculos que lo vincularían no solo con la minería ilegal practicada en la parroquia Buenos Aires, sino también con verdaderas mafias chinas que habrían realizado fuertes inversiones con recursos provenientes de lavado de dinero, en un negocio redondo que no solo incluye la extracción, procesamiento y venta ilegal de oro, sino también otros delitos conexos como homicidios, tenencia ilegal de armas, contrabando, prostitución, trata de personas, extorsión, narcotráfico… Se presume que los individuos y las empresas que integrarían estas mafias han logrado contactos al más alto nivel gubernamental, es decir con personas que han ejercido cargos de poder como ministros, gobernadores, embajadores, alcaldes, jefes policiales, militares, fiscales, jueces y otros personajes públicos. Estas relaciones de poder y de negocios se habrían intensificado durante el gobierno de Rafael Correa.
La huella de toda esta criminalidad empezó a dar señales claras de cómo se había instalado en el país desde hace, al menos, un par de años atrás.
Es así como el 27 de octubre de 2017, en el operativo ´Dragón Rojo´ realizado en el sector de Mascarilla (Imbabura) se detuvo a 3 ciudadanos de nacionalidad china que viajaban en un vehículo Ford Explorer, color blanco de placas PBD 2646, con 591.540 dólares en fajos ocultos en la llanta de emergencia.
Los detenidos estarían relacionados con otras personas también de nacionalidad china, con vínculos con la minería ilegal y que utilizan chifas y tiendas de bisutería o de otros artículos chinos para lavar grandes cantidades de dinero. Esta mafia también envía el dinero a Colombia y EEUU. Desde este país se depositaría en una cuenta del Hong Kong Bank.
Luego, los dólares regresan a Ecuador en contenedores que traen artículos chinos y dinero en efectivo. Esa plata se invierte en procesos de extracción y procesamiento ilícito de minerales, como lo que empezó a funcionar en Buenos Aires, donde las economías criminales que se organizaron alrededor de la minería ilegal pusieron en riesgo no solo al medio ambiente sino a la seguridad de los habitantes del sector y de los más de 10 mil personas que se dedicaban a esta actividad.
Otra de las señales que ya ponía en evidencia el avance de la minería ilegal especialmente en la provincia de Imbabura, fue lo sucedido en mayo de 2018 cuando ya se allanó la hostería del ex futbolista Agustín Delgado, encontrándose material aurífero. A partir de ello se inició una investigación previa, pero sin que se conozcan avances hasta el momento.
En mayo de 2019 se verificó los lugares donde pequeñas camionetas recibían el material aurífero extraído ilegalmente de Buenos Aires para trasladarlo hasta la planta procesadora que funcionaba en el complejo deportivo de Agustín Delgado. Se estableció que en el galpón donde se habían instalado estas máquinas y equipos se procesaba 10 toneladas al día de material minero. El oro se trasladaba hasta Quito y se lo almacenaba en una bodega ubicada en el sector de Calderón (norte de Quito). Una empresa de repuestos, situada cerca de esta bodega era utilizada como fachada de ciudadanos chinos para cuidar el material aurífero.
Mediante un bien organizado sistema de traslado que incluía un tanquero que se movilizaba teniendo como guía el transporte de combustible, ese oro atravesaba casi todo el país hasta el cantón Pasaje (provincia de El Oro), desde donde se factura y comercializa el oro de manera “lícita”. Es decir, se presume que el concentrado de oro obtenido de todo este proceso, lo podían vender o trasportar a otros países de manera legal.
Incluso está identificada por la Policía una empresa de capitales chinos que es la que se encargaría de exportar el mineral a China. Se trata de una compañía legalmente constituida en el país, en agosto de 2015, según la Superintendencia de Compañías, y tiene registrada como actividad económica la extracción de minerales metalíferos.
De acuerdo con información encontrada por Mil Hojas en fuentes de comercio exterior, se trata de una empresa que ha exportado centenares de toneladas de concentrado de oro a China desde 2016.
Las investigaciones sobre el tema han enfrentado trabas incluso desde el interior de las instituciones encargadas de impulsarlas. En el caso de ´Avalancha 412´ el primer escollo fue la tardanza para el inicio mismo del operativo por parte de Dirección General de Inteligencia, la Dirección Nacional de la Policía Judicial, Fiscalía General y los jueces de Ibarra.El allanamiento a la hostería de Delgado no se hizo en la madrugada como se acostumbra y había resistencia de las autoridades para ingresar al área donde se encuentra la moledora o procesadora de material aurífero.
Ya en el proceso judicial se excluyeron evidencias, la audiencia de juzgamiento fue dilatada para que aboquen conocimiento el juez y fiscal.
En fin… las dilaciones e irregularidades no han estado ausentes en los casos abiertos en torno a la minería ilegal, como tampoco la presunción de que fuertes cantidades de dinero hayan determinado y sigan marcando el curso de las investigaciones desde el poder judicial
Egry Javier Magallanes Benítez, fue uno de los docentes sentenciados por violación y enfrenta 29 años de prisión. No solamente fueron violados y torturados. También desnudados y fotografiados por cuatro docentes que los sometieron sexualmente, los amedrentaron y humillaron. Esta aberrante práctica ocurrió en 2017 en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, donde cuatro niños de entre 7 y 8 años fueron víctimas y testigos de perversiones sexuales de profesores de entre los 31 y 47 años.
Fueron cuatro niños que en medio del miedo se arriesgaron a identificar a sus agresores, pero quedó atrás la posibilidad de investigar los casos de posibles 98 víctimas adicionales, por falta de una prolija investigación, intervención inmediata del plantel y diligencias policiales a fondo.
Dos de los agresores, Eduardo Neil Colón Bajaña Salazar y Máximo Juan Mora Montoya, fueron sentenciados a 17 años y 4 meses de prisión por el delito de tortura el 5 de octubre del 2018; y, Egry Javier Magallanes Benítez y Bryan Leonardo Manzaba Zambrano, recibieron 29 años y 4 meses de prisión por el delito de violación, el 5 de noviembre del mismo año. El fiscal César Peña planteará en la audiencia de apelación de sentencia prevista para el próximo 29 de octubre, 40 años de prisión para Magallanes y Manzaba.
En la sentencia contra los dos últimos, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas pidió sacar copias de la resolución y entregarlas a la Fiscalía del Guayas para que “inicie instrucciones por abuso sexual a dos menores (nombres se mantienen en reserva), así como por el delito de pornografía infantil”. Pedido que a once meses de la sentencia, sigue en espera.
En una comunicación escrita a MilHojas (27 de septiembre), la Fiscalía del Guayas dijo que “hasta la presente fecha, la secretaría del mencionado Tribunal no ha remitido dichas copias para el inicio de las investigaciones por los delitos indicados. Dicho fallo se encuentra actualmente en etapa de apelación, recurso que deberá ser revisado por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas en futura diligencia”.
Y justificó – en la misma comunicación- el por qué no actuó de oficio para investigar la pornografía infantil en contra de Magallanes y Manzaba: “Dentro del expediente fiscal no había experticia alguna donde se pueda observar fotografías de naturaleza sexual de niños, niñas y adolescentes que se hayan obtenido o que hayan estado en poder del procesado (Manzaba). El Tribunal dispuso la investigación en virtud del testimonio rendido por el Agente Investigador de la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes Dinapen, durante la audiencia de juzgamiento, quien indicó que pudieron ver –el día de la aprehensión– el celular de uno de los sentenciados que contaba con esas imágenes; sin embargo, las mismas no pudieron ser extraídas en pericia, por cuanto Criminalística a esa fecha no contaba con los equipos técnicos para extraer la información encriptada, ya que el teléfono celular del procesado era de alta gama”.
El Agente Investigador al que se refiere la Fiscalía del Guayas en su comunicación, era el mayor Ruffo Rodríguez González, quien encontró en el teléfono de Manzaba, fotografías de jóvenes desnudos. Él informó al fiscal que llevó el caso, César Peña, y el teléfono ingresó como evidencia. “No seguí revisando el teléfono”, contó. Pero esta evidencia no consta en el parte policial porque este documento se elaboró a las 00:55 en el momento de la detención de Manzaba y el celular se le incautó después, justificó Rodríguez.
Manzaba no era el único que tenía teléfono celular en el momento de su captura. Los otros dos procesados por tortura -Bajaña y Mora Montoya- también cargaban teléfonos móviles y cámaras fotográficas digitales, según el parte policial del 13 de octubre del 2017 y que fueron ingresados a cadena de custodia y hasta hoy se encuentran en las bodegas de la Policía Judicial.
Según testimonios de los infantes, Bajaña era quien se desnudaba y se tomaba fotografías junto con los niños en los baños del colegio. Por ello, los cuatro peritos psicólogos que entrevistaron e hicieron los análisis psicológicos a los menores de edad “recomendaron investigar (a los dos sujetos Bajaña y Mora Montoya) por pornografía infantil”. Pero estas recomendaciones quedaron en el papel y la fiscal que llevó el caso, Miriam Moncayo, no insistió en lograr las pericias de los aparatos y el Tribunal de Justicia dejó atrás el pedido de investigación de pornografía.
La Fiscalía del Guayas en la consulta por escrito que requirió este Portal, respondió: “en cuanto a este proceso (Nº 09286-2017-04430) por el delito de tortura, el Tribunal Penal conformado por los jueces Vanessa Vera, Marlon Castro y Carlos Muñoz, no se pronunció respecto de aperturas de nuevas investigaciones”. Y por ello -justificó- no iniciaron esa investigación por delito de pornografía.
Steven Reyes, abogado de las víctimas, afirma estar ‘atado de manos’ porque si la Fiscalía no inicia esa investigación de oficio, los abogados auspiciantes y defensores de los derechos de los niños no pueden hacer nada, “más que esperar hasta que se ejecutoríe la sentencia por violación para demandar por pornografía infantil a los sentenciados por ese delito (Magallanes y Manzaba)”.
Reyes contradice a la Fiscalía del Guayas porque sostiene que las evidencias de pornografía existen, pero hubo una serie de irregularidades cometidas por la Policía Judicial, que dejó pasar el tiempo y en sus investigaciones no pudo acceder al contenido de los teléfonos por estar bloqueados. “Pedí que soliciten ayuda a peritos especializados, pero la Policía no hizo una buena investigación en pornografía. Por ejemplo, el agente que detuvo a Manzaba dijo que era aprehensor no investigativo”. ACTUACIÓN DE LA RECTORA SIGUE IMPUNE
En similar situación y olvido, se encuentran otros dos casos por fraude procesal que se plantearon en contra de la rectora de la Unidad Réplica Aguirre Abad, Patricia Cuenca. El primero lo presentó el abogado Édgar Argüello Saltos el 16 de octubre 2017, argumentando que la rectora “nunca hizo nada ante los reclamos de los padres de los niños violentados”; y, ocho días después, lo hizo la Fiscalía del Guayas por “ocultar, esconder y suministrar ayuda a los responsables del cometimiento de una conducta delictiva” (presunto delito previsto en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal). La ex rectora del plantel, Patricia Cuenca, fue destituida y enfrenta dos procesos por el delito de fraude procesal. Foto: La República
Hernán Ulloa, también abogado de las familias de los cuatro niños, aseguró que ninguno de estos dos casos de fraude procesal ha avanzado. “La Fiscalía fijó su objetivo en lograr la sentencia para los responsables de delitos de tortura y violación nada más. Los otros procesos quedaron congelados. Como estudio jurídico no hemos podido asignar logística porque esto básicamente fue una obra social para estas familias. Tampoco hemos tenido ningún informe de la Fiscalía, que pese a que éste es un delito de acción pública y de instancia oficial, es decir, que merece un impulso oficial de la Fiscalía, ésta no hace nada si las partes no piden diligencias o mueven el proceso. Y estas familias se han dedicado a sus hijos porque necesitan mucha atención”.
Cuenca, integrante de la Red de Maestros, fue quien ordenó encerrar a los padres de los menores agredidos en el colegio bajo amenazas para que no denuncien los hechos en la Fiscalía, no permitió que la Policía allane el colegio para capturar a los profesores, obstruyendo una orden judicial y previno a uno de ellos, Javier Magallanes para que no vaya al colegio por la presencia de la Policía, recomendándole acudir al Distrito para solicitar apoyo.
Esta docente además, en mayo de 2017, recibió una denuncia de un alumno de bachillerato en contra de Bryan Manzaba, que detallaba cómo este docente le acosaba con invitaciones a la playa, a hoteles y a discotecas, pero Cuenca la guardó en su escritorio.
También hubo una segunda denuncia contra Manzaba, de otro estudiante a mes siguiente, el 6 de junio, pero esta se entregó a la Directora del Distrito 8, Tania González (antes coordinadora zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y militante declarada de Alianza PAIS), pero tampoco tomó medidas contra el docente.
Erika Lainez, subsecretaría de Educación, quien reemplazó en junio de 2017 a Evelyn Soria Cabrera, dijo que ella se enteró del caso por un chat interno que llegó a su teléfono el 5 de octubre de ese año y acudió al día siguiente al Réplica Aguirre Abad y convocó a días seguidos al DECE (departamentos de Consejería Estudiantil) para enterarse de detalles y recibir los informes de intimidación a estudiantes del colegio. Responsabilizó directamente a la Subsecretaria (Soria Cabrera) y a la Dirección Distrital (González), de no haber hecho nada con Manzaba que ya tenía denuncias de acoso. “Ahora nosotros hemos prestado la ayuda necesaria, como Ministerio hemos hecho las participaciones restaurativas con los niños vulnerados”, declaró la funcionaria durante la investigación.
Según Lainez, fue ella quien entregó estas denuncias a la Fiscalía el 7 de junio del 2017. FALSO ESPÍRITU DE CUERPO
Actualmente, tres niños continúan con terapias psicológicas y según una de las madres “en algo han ayudado, pero mi hijo aún recuerda el daño que le hicieron”. El cuarto niño vive fuera del país. Sus familiares decidieron sacarlo de su entorno para protegerlo de las consecuencias que consideran son devastadoras y marcarán su futuro.
Aún no se conoce cuánto tiempo los cuatro niños fueron sometidos en los baños de la institución por los cuatro profesores, quienes cometían actos de degradación sexual tan aberrantes con prácticas de felaciones, tocamiento de sus genitales, orinar sobre ellos y hacerles tomar ese líquido luego de amarrarlos y golpearlos para luego fotografiarlos desnudos. Para los niños, estos ataques en los baños se convirtieron en secretos inconfesables, pero en sus hogares, sus comportamientos se transformaban en violencia con sus padres, con sus hermanos y con sus juguetes. Uno de los niños desmembraba a los muñecos y los colgaba con los cordones de sus zapatos. Otro, según sus análisis psicológicos, tenía pensamientos suicidas a su corta edad.
Durante la investigación de estas agresiones, un agente de la Dinapen entrevistó a un quinto niño que se presumía también fue violentado, pero se descartó incluirlo en el proceso porque sus respuestas eran confusas. El agente detalló que el menor tenía un 70% de discapacidad intelectual.
También abordó a la madre de una niña que presumía fue abusada, pero la investigación no prosperó porque supuestos exámenes realizados a pedido de la familia fuera de las diligencias de la fiscalía habrían confirmado su normal estado de salud físico y sicológico. El agente no insistió. Patios del Colégio Réplica Aguirre Abad. Foto: La República
Tampoco se incluyó en el proceso el testimonio de un niño que dijo que le habían amarrado y orinado en un árbol que se encuentra dentro del colegio porque no pudo identificar al docente que supuestamente le agredió.
El fiscal César Peña aseguró a MilHojas, que en el Colegio Réplica Aguirre Abad se habló de más casos, pero luego de las investigaciones, dijo, fueron cuatro y son los que llegaron a sentencia.
Solo los cuatro niños que hablaron y encararon las agresiones fueron víctimas de una realidad que aparentemente era invisible en el colegio. Una veintena de profesores que dio su declaración a lo largo de las investigaciones, aseguró que no sabía nada. Docentes e inspectores supuestamente se enteraron de las denuncias por las noticias en los medios de comunicación. Dijeron que nunca los sentenciados mostraron conductas censurables, que nunca uno de los acusados reemplazaba a otros profesores del aula donde pertenecían los niños abusados, que nunca mandaban fuera del aula a los niños por ser indisciplinados. Que cuando los niños salían al baño regresaban a los dos o tres minutos. Pero los menores afirmaron lo contrario. Una comunidad educativa que creó un espíritu de cuerpo ante brutales delitos que se negaron a contar y denunciar.
La psicóloga Raquel García González, en la pericia del entorno social de una de las víctimas y en su informe final, concluyó que a lo largo de la investigación “se evidenció que existió el conocimiento de una profesora (no se da el nombre) que no dio aviso previo a las autoridades (del plantel) de lo que estaba pasando a los menores”.
Una estudiante contó que “vio a sus profesores en el baño con dos niños, que les tenía con un cuchillo en el cuello y con los pantalones abajo, haciendo lo que no hacen los niños; les tenía mucho miedo y cuando me veían se ponían el dedo en la boca en señal de silencio”. Otro alumno de bachillerato describió que “los profesores llevaban a los niños al baño y estaban bajándoles los pantalones (nombre en reserva) en el baño del frente de mi curso”.
La Fiscalía no vio cómplices ni omisiones de las autoridades y profesores del plantel para investigarlos y pedir sanciones como cómplices, solo se dedicó a los autores de los delitos. El Ministerio de Educación ordenó la intervención de la Unidad Educativa, pero “fue una intervención particular”, según Diego Paz, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir, porque se “concentraron en quienes generaron el problema, pero no en las cabezas que estaban detrás, en quienes también eran los responsables por acción y omisión como lo dice la ley”.
Una de esas responsables fue la rectora Cuenca, quien fue destituida de su cargo dos meses después de conocerse los casos de abuso y fue prohibida de ingresar al sistema educativo público del país. LOS VICTIMARIOS
Ninguno de los cuatro sentenciados eran profesores de los infantes. Ellos enseñaban en bachillerato en el bloque B, separados de los estudiantes de básica, solo por las canchas de juegos.
Egry Javier Magallanes Benítez de 45 años (edad actual), ingresó al Réplica Aguirre Abad como inspector en el 2013, año de su inauguración. Fue profesor de dibujo, música e informática en la sección básica; y, entre 2016 y 2017 le asignaron la materia de cultura física en bachillerato. Mantuvo una relación de ocho años con una mujer quien fue parte de los testimonios de apoyo de este sujeto en el proceso de investigación por el delito de violación.
Los menores abusados señalaron a Magallanes como el profesor que les bajaba los pantalones y les tocaba sus partes íntimas y les obligaba a que hagan lo mismo y otras acciones degradantes. Según el testimonio que consta en la sentencia, Magallanes se identificó como miembro de la Red de Maestros y por ello, el 6 de octubre de 2017, acudió al coordinador nacional de esta Red, Agustín Lindao para pedirle ayuda y frenar la firma de su renuncia como le exigían en el colegio luego de que fue denunciado por violencia sexual.
Lindao es un personaje cuestionado por sus conexiones con el Gobierno de Rafael Correa. Buscó la Concejalía del Distrito 3 de Guayas por Alianza PAIS en las elecciones seccionales de marzo pasado. Es rector de la Unidad Educativa Amarilis Fuentes y acarrea una denuncia por delincuencia organizada desde el 27 de octubre de 2017.
Según el registro de causas de la Fiscalía General del Estado, esta denuncia fue puesta por Jorge Itúrburu, ex rector del colegio Vicente Rocafuerte, acusándolo de no denunciar a supuestos involucrados en los delitos de acoso sexual, violaciones y delincuencia organizada de varias instituciones educativas del Guayas por ser parte de la Red de Maestros. Esta denuncia tiene como sustento el Sumario Administrativo del Ministerio de Educación 008-JDRC-2016 y notificado a Lindao el 2 de junio de 2016.
Otro de los sentenciados, Bryan Leonardo Manzaba Zambrano, de 32 años, también fue docente fundador de la Réplica Aguirre Abad y trabajaba en el colegio Nobel de la ciudad de Guayaquil. Fue profesor de las materias de matemáticas y física de los estudiantes de Bachillerato. Es soltero y a sus 22 años contrajo el virus del Sida.
Los menores abusados lo conocían como el profesor de la moto y era quien según los relatos, los amarraba, orinaba en botellas u otros recipientes y los obligaba a tomar, además de otras bajezas sexuales. Él, tomaba fotos a los infantes con su celular y luego les enseñaba. Pero para Manzaba este juicio fue “un linchamiento mediático”.
Según el portal de causas de la Fiscalía General, Manzaba acumula tres denuncias por otros delitos; dos en el 2012 por falsificación de instrumentos privados y públicos, escrituras y contratos; y un tercero por abuso de confianza. Patricia Cuenca se declaraba cercana al ex presidente Rafael Correa.
Eduardo Neil Colón Bajaña Salazar de 48 años, soltero, ingresó al colegio en 2014 y daba clases de ajedrez y cultura física. Fue designado inspector para el periodo 2016-2017. Él, igual que todos los inspectores tenían las llaves de los baños de los estudiantes, por decisión de la rectora Patricia Cuenca para que controlen que los estudiantes no se demoren en los baños.
Los niños conocían a Bajaña como ‘el gringo’ porque también daba clases de inglés, idioma que lo perfeccionó en un posgrado en el exterior pagado por el Estado.
Máximo Juan Mora Montoya de 47 años, casado, daba cultura física a los estudiantes de Bachillerato y era inspector del Bloque A. Los niños en sus testimonios y entrevistas coinciden en que este sujeto les golpeaba (coscachos) y los amarraba para que los otros docentes abusen de ellos.
Para el abogado Steven Reyes, la sentencia para los violadores de los niños debió ser la máxima de 40 años para sentar precedente y porque existió “un concurso real de infracciones –abuso sexual, violación, tortura y pornografía infantil- tal y como lo permite el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Junto con el fiscal César Peña, quien llevó la investigación del caso por violación, los abogados de las víctimas apelaron la sentencia de 29 años de prisión contra Magallanes y Manzaba y se preparan para la audiencia convocada para el próximo 29 de octubre donde plantearán el concurso real de infracciones. “Las penas debían ser sumadas y el Tribunal no lo hizo. Estos victimarios dañaron el proyecto de vida a niños inocentes y no pueden salir de la cárcel a seguir dañando a menores de edad”, considera Reyes.
También acudirán a la audiencia de apelación de sentencia el 26 de este mes, solicitada por Bajaña y Mora Montoya, quienes a través de sus abogados pidieron la eliminación de la condena porque aseguran son inocentes. AÑOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS AULAS EN MEDIO DEL ENCUBRIMIENTO OFICIAL Y LA LENTITUD DE LA JUSTICIA
Más de 300 casos de violencia sexual en escuelas y colegios del país, que fueron archivados entre el 2014 y el 2019, fueron recuperados y reabiertos con recursos extraordinarios de revisión, según confirmó Diego Paz, subsecretario para la Innovación y el Buen Vivir del Ministerio de Educación.
Muchos de estos casos fueron denunciados cuando los ex ministros Augusto Espinoza y Fredy Peñafiel manejaban la cartera de Educación
Paz señaló que los casos reabiertos vienen desde el 2014 porque de años anteriores no existen datos digitalizados. “En la mayor parte de estas 300 denuncias (los responsables de los delitos sexuales) han sido sancionados con destitución (sanción administrativa) porque no podíamos permitir que esta gente siga trabajando con niños, pero además pedimos que en las resoluciones se hagan sumarios en contra de los funcionarios que estuvieron en las direcciones distritales de solución de conflictos y que archivaron los casos, evidenciando negligencia y cierta complicidad”.
Según datos del ministerio, entre 2014 y 2019 (agosto) se han reportado 8.908 casos de violencia sexual, de los cuales, 3.245 (36,4%) se registraron en instituciones educativas y los agresores no fueron solo educadores, sino también personal administrativo, de limpieza y estudiantes.
Paz asegura que ahora el Ministerio de Educación tiene una política de cero tolerancia a todo tipo de violencia sexual en las instituciones educativas y por ello, desde el 2018 funciona el REDEVI, un sistema de registro de víctimas, victimarios, casos entregados a la Fiscalía y su situación legal.
A Paz le preocupa que los casos en manos de la Fiscalía no tengan la celeridad y prioridad que se requiere por ser agresiones sexuales a menores de edad en los establecimientos educativos.
“En las Mesas de Acceso a la Justicia, de las que somos parte (integran Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Gobierno), se discuten los casos mal atendidos. Ahí planteamos los nudos críticos, que si bien el sistema educativo detecta los casos (de violencia sexual), establece las medidas administrativas e impulsa los procesos en la Fiscalía, sabemos que los procesos continúan ahí”, dijo.
TESTIMONIO DE LA MADRE DE UNA DE LAS VÍCTIMAS Unas fotografías son la clave para denunciar pornografía infantil
Al pequeño hijo de Martha (nombre protegido), sus profesores no solo lo habían maltratado y torturado obligándolo, a punta de golpes y burlas, a tomar orina de una botella. Al igual que a otros tres niños del Colegio Réplica Aguirre Abad, lo habían fotografiado desnudo con un teléfono celular: unas imágenes cuyo destino y uso se desconocen, pero esta sería la principal de los padres de estos menores de edad para presentar una nueva denuncia en contra de los agresores, esta vez por el delito de pornografía infantil ya que la Fiscalía dejó de lado esta investigación.
En la primera indagación que efectuó la Fiscalía, por el delito de maltrato y tortura, el teléfono con las fotos que Martha menciona pasó a formar parte del proceso legal. Ella y los otros padres de familia insistieron, en algún momento, que el caso se tipificara bajo el delito de acoso sexual y pornografía infantil porque los testimonios de sus hijos eran muy claros: “nos decían que los fotografiaban luego de obligarles a desnudarse”.
“Estamos dispuestos a presentar una nueva denuncia (…) queremos llegar hasta las últimas consecuencias”, afirma -absolutamente decidida- Martha, mientras admite que una de las cosas que le quitan el sueño es no saber el destino que tuvieron las fotos de los niños, incluidas las de su hijo. “Lo que hicieron (los profesores) no tiene perdón, dañaron a nuestros hijos y a nosotros, sus familias; esto ha marcado nuestras vidas”.
Martha retiró a su hijo del Colegio Réplica Aguirre Abad. “Nunca más regresamos” -afirma-, pero ahora -tras dos años del inicio de esta pesadilla- a la madre no dejan de rondarle por la cabeza las fotos que los agresores les tomaban a los niños desnudos. Hubo agresión, abuso y tortura, sí; pero el posible delito de pornografía infantil nunca fue juzgado y esas fotografías dejarían en evidencia que los criminales si actúan solos o son parte de una red, deben todavía responder ante la justicia.
Bajo el eslogan de cirugía mayor contra la corrupción, Moreno, engrasó una estrategia que rápidamente la puso a caminar de la mano de sus hombres de confianza: Santiago Cuesta Caputi, Eduardo Jurado, Iván Granda, Jorge Costa y de una figura adicional que se ocultaba en la sombra: Juan de Dios Parra, ex Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) y amigo personal de Lenín.
Para cumplir tan alto objetivo, el equipo contaría con el aporte de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) actual CIES, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República.
Primeros recursos en Panamá y EEUU
Para agosto de 2018, el equipo anticorrupción, ya había sellado acuerdos con dos firmas de prestigio mundial y tenían los primeros indicios del destino de algunas fortunas mal habidas. La buena nueva la anunciaría el entonces secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado: “Hemos identificado dinero en Panamá y en Estados Unidos. Hoy mismo, tanto la UAFE como la Procuraduría General del Estado, están trabajando para traer ese dinero de vuelta al Ecuador”, precisó el funcionario, al tiempo de informar que el gobierno pagaría un 20%de las cifras recuperadas a quienes den datos certeros.
Según Jurado, las dos empresas internacionales contratadas eran especializadas en investigar, ubicar, establecer la ruta del dinero y recuperar los recursos de la corrupción por la vía jurídica. Aunque a esa fecha los nombres de las compañías se manejó en reserva, Periodismo de Investigación (PI) tuvo acceso a documentos que delatan a quienes negociaron esos contratos y revelan que el gobierno obtuvo información importante sobre la ruta y el destino de una buena parte del dinero, la cual se ha mantenido en secreto pese a que el mismo Jurado anunciara la revelación de resultados y la recuperación de los primeros recursos, máximo hasta diciembre de 2018. “Las firmas están trabajando, la idea es identificar el mecanismo para repatriar y este no solo involucra a países sino a jurisdicciones”, explicaba el entonces Secretario de la Presidencia, hace más de un año.
Las cifras de las fortunas sustraídas durante el régimen de Alianza País, difieren según las fuentes, aunque igual los montos son colosales: a esa fecha (agosto 2018), Jurado proyectaba la suma de $30.000 millones, mientras datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marcaban un aproximado de $70 mil millones. En un encuentro reciente (septiembre 2019) el Fiscal General Subrogante, Wilson Toainga, habló de entre $40 y 50 mil millones.
Las manos de Santiago Cuesta y Juan de Dios Parra
El 15 de agosto de 2018, llegó a manos del entonces Consejero Presidencial, Santiago Cuesta Caputi, una propuesta suscrita por Matías Mora Simoes, director de Berkeley Research Group (BRG), sucursal domiciliada en Panamá. En la misiva, BRG a más de detallar sus fortalezas y experticias, solicita una reunión orientada a abordar las necesidades específicas del gobierno para estructurar una “propuesta de trabajo acorde a sus expectativas”.
Aunque esta carta ingresó a Carondelet recién en agosto de 2018, varios comunicados intercambiados entre Lenín Moreno y Juan de Dios Parra, permiten colegir que la consultora internacional presentó información preliminar sobre la ruta del dinero, el año 2017. En un mensaje de 1 de octubre de 2017, enviado por Parra a Moreno, luego de referirse al Presidente como “queridísimo amigo”, le dice: “Sobre las cosas de la tierra, quiero ofrecerte ir yo mismo a verificar la seriedad de lo que informa BRG, y revisar en su mérito la veracidad de sus dichos, si es que estás de acuerdo”.
Dos días después (3 de octubre), en un nuevo mensaje de Parra signado con el asunto BRG, confirma una reunión con la consultora internacional: “Querido Lenin, me reuní con representantes, al parecer lo que tienen es altamente relevante, puedo ir a USA a buscar las evidencias y llevártelas, para que tu evalúes, si estás de acuerdo”.
Desde esa fecha, volvemos a encontrar contacto entre las partes, el 26 de agosto de 2018, donde se retoma el tema BRG en un comunicado en el que, Juan de Dios Parra, que nunca fue funcionario, le recuerda a Lenín Moreno el asunto pendiente: “A mas de un año, aún no dispones que se verifique la contundencia de la investigación de BRG…”
BRG presenta oferta a Senain
Tras esta comunicación, el 22 de octubre de 2018, Arnold Y. Castillo, director de Berkeley Research Group LLC, con sede en la Florida-USA, remitió a Juan de Dios Parra, una nueva comunicación en la que adjunta un documento confidencial denominado Propuesta Investigativa República del Ecuador, que también fue remitida a Jorge Costa, a esa fecha Secretario Nacional de Inteligencia (Senain), donde explica que el documento contiene una serie de iniciativas anti corrupción que Moreno “planeaba implementar desde mediados del año pasado”.
En efecto, con fecha 15 de octubre de 2018, el represetante de BRG, Arnold Castillo, remitió una comunicación a Jorge Costa, adjuntando un documento titulado Propuesta de Investigación Anti Corrupción & Búsqueda de Activos a Nivel Global. En la carta se destaca: “De acuerdo a vuestra solicitud, nos permitimos presentarle la siguiente propuesta de servicios profesionales, esta contiene los términos bajo los cuales se realizaría el trabajo, el enfoque, la metodología, el plazo, nuestros honorarios y el detalle de los entregables del trabajo a realizar”.
El 11 de noviembre de 2018, Juan de Dios Parra, remitió al despacho presidencial un mensaje en el que solicitaba se confirme una reunión con Lenín Moreno, a la que él había sido convocado. La reunión de trabajo incluía la participación de investigadores de la firma BRG.
La investigación a Correa y Glas
El extenso documento incluye una exposición sobre la experiencia de BRG como una de las mayores consultoras del mundo en esta línea, además, agrega la metodología de trabajo a aplicarse y expone el contenido de una investigación preliminar (línea base) realizada a Jorge Glas y Rafael Correa. Esta investigación preliminar establece que funcionarios del expresidente Correa y otros que se desenvuelven para el actual Gobierno (Moreno) “tendrían conocimiento o habrían participado de hechos irregulares, levantaron una red de testaferros que se dedicaron por varios años a lavar el dinero que provenía de actividades ilegales” y que a través de esos métodos habrían movilizado un mínimo de $5 millones en un año.
El texto agrupado en 9 puntos -que transcribimos a continuación- subraya también que los recursos económicos de la corrupción en manos de Jorge Glas, tendrían como origen actividades petroleras y estarían ocultos en negocios inmobiliarios encubiertos por familiares y amigos.
Confirmado acuerdo con BRG
Nuestro portal habló con el ex secretario de inteligencia Jorge Costa, quien no desmintió la existencia de un contrato con BRG, aunque destacó que documentos de esa naturaleza son de carácter reservado y se negó a comentar. Además contacto a Arnold Castillo de BRG, representante en Florida, que confirmó la entrega de una oferta y la existencia de un acuerdo confidencial, pero negó que se haya firmado un contrato.
Sin embargo, el ex presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, públicamente habló de la existencia del acuerdo con la consultora. “Hay un contrato que está alrededor de los 2,4 millones, pero es específicamente para establecer la relación del ex presidente Correa con el ex vicepresidente Jorge Glas. En el contrato se establece que esa compañía tiene la obligación de determinar cuál fue la responsabilidad compartida, en efectivo, en dinero, con sobornos, para efectos de poder apuntar hacia ellos”, explicó Rodríguez.
Cies investigó pistas entregadas por BRG
El 5 de noviembre de 2018, el Centro de Inteligencia Estratégica, Cies (antes Senain), unidad dependiente a la Presidencia de la República, pidió al mayor Bolívar Garcés, “levantar información” sobre un grupo de personas y empresas, por considerarlos testaferros del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, sentenciado por asociación ilícita en el escándalo Odebrecht.
El documento apunta a Heriberto Antonio Glas Espinel, hermano del exvicepresidente, a los abogados Xavier Fernando Cabezas Torres, Miguel Ángel Loor Centeno y María Alexandra Mendoza Muñoz, a la Constructora Thalía Victoria S.A. y sus filiales. Uno de los proyectos inmobiliarios construidos por Thalía Victoria S.A., es Portal al Sol, en el que se encuentra el domicilio donde fue apresado Jorge Glas. Esta información presentada por el CIES coincide con la entregada por BRG. Mire aquí la investigación: Los testaferros de Glas y Exportaciones ficticias.
Los principales responsables anticorrupción: Eduardo Jurado y Santiago Cuesta, abandonaron el gobierno por la puerta de atrás, salpicados por el mismo lodazal que ofrecieron combatir. Jorge Costa, igualmente se fue sin dejar señales positivas de su trabajo. Entre tanto, la maquinaria propagandísitca anticorrupción del régimen no para de producir discursos y reproducir organismos como plagas. Lenín Moreno se esforzó para dejar en el banco a la comisión de la ONU, sin embargo conformó una pantalla internacional (CIECCEC) que luego de tres meses apenas avanzó a alaborar su propio reglamento y redactar una proforma de gastos de entre 25 y $30 millones durante el próximo quinquenio.
Nace el Geira
La más reciente creación nació el 27 de septiembre de 2019. Se trata de una nueva nomenclatura conformada por diez entidades públicas para la recuperación de los recursos económicos desviados por la corrupción. Geira (Grupo de Enlace Interinstitucional para la Recuperación de Activos), así se denomina la nueva invención en el marco de la cirugía mayor de Lenín Moreno. La integran la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, el Consejo de Participación Ciudadana, el Servicio de Rentas Internas (SRI). Las mismas estructuras que hasta hoy le deben respuestas al país sobre los resultados obtenidos por las empresas contratadas por el régimen.
Un año después de los pomposos anuncios de repatriación del primer botín recuperado en Panamá y Estados Unidos, ofrecida por Eduardo Jurado, solo quedó un video de dos minutos difundido en horario estelar, una ruta silenciosa a la impunidad y la certeza de que al interior del gobierno de Moreno hay funcionarios que sí saben dónde está la plata de sus coidearios.
Redacción Periodismo de Investigación (La Fuente – Milhojas) y La Historia | 02 de octubre del 2019 | Tiempo de Lectura: 15 min
Esta entrega especial de Periodismo de Investigación y La Historia, recoge la complejidad del teje y maneje de los seguros y reaseguros de la aseguradora estatal, Seguros Sucre. Una historia que relata la estructura legal construida por el correísmo que le permitió a Sucre consolidarse como un monopolio del aseguramiento de los bienes públicos. ¿Cómo se manejó el negocio de los reaseguros y qué grupos empresariales fueron los verdaderos beneficiarios? El gran negocio internacional de los reaseguros
El 30 de junio de 2019 el bróker internacional de reaseguros BMS de Miami, Florida, confirmaba a Seguros Sucre la renovación automática de contratos de reaseguros por $252,5 millones de dólares. El acuerdo llevaba la firma de Andrew Hye, el zorro de los negocios de reaseguros en la región y el rostro de un grupo económico que se hizo del control de la aseguradora estatal desde el año 2013.
Hasta diciembre de 2018, Hye representaba al bróker de reaseguros Guy Carpenter, en la misma Florida y hasta entonces era la firma que tramitaba todas las notas de cobertura de reaseguros. Antes de eso, Hye estuvo al frente del sistema de reaseguros de AON, como siempre, alineados con Sucre.
La reputación de Hye se había ido al suelo en 2010, cuando autoridades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, descubrieron la emisión de pólizas de reaseguros falsas, es decir que no tenían ninguna cobertura real en caso de siniestros. Entonces se acabaron sus negocios con AON, pero migró a Gay Carpenter e hizo fortuna.
La consolidación de Hye en Guy Carpenter sucedió por la intervención de tres actores: Alejandro Maldonado, ex Superintendente de Bancos y gerente de seguros Rocafuerte; Pedro Solines, ex Superintendente de Bancos y Diego Sánchez Silva.
Alejandro Maldonado mantenía una estrecha relación de amistad con Diego Sánchez desde los años 90 y aprovechó esa empatía para beneficiar a su amigo. Le entregó de forma discrecional varios acuerdos de reaseguros del sistema estatal entre ellos el eléctrico. Pedro Solines, a su vez, no movió un solo dedo, es decir, dejó actuar a Maldonado a su voluntad.
Diego Sánchez Silva, es un personaje que aparece en los Panama Papers relacionado con el bróker Global Reinsurance Inc., domiciliado en British Anguilla. Global Re fue investigada por el ex asambleísta Cléver Jiménez, por supuestas anomalías con la póliza de Tame. Global Reinsurance Inc. ha sido el intermediario internacional de Guy Carpenter, una compañía de origen inglés, pero que también tiene operaciones desde Miami, donde no está obligada a transparentar la información de sus contratos de los reaseguros como sí obliga Londres.
Tanto al bróker como a Guy Carpenter se les ha acusado en Ecuador de cobrar montos extremadamente altos en las primas de reaseguros. El operador de esas prácticas por parte de Carpenter fue Andrew Hye.
Otro personaje importante en esta trama fue el actual asambleísta José Serrano. Cuando ejerció la Secretaría de Transparencia conocía las denuncias contra Hye, sin embargo, permitió que Diego Sánchez, se consolide a través de Guy Carpenter en el país.
Sánchez es un empresario que a fines de los 90 se relacionó en negocios con las Fuerzas Armadas; como representante de la empresa china Norinco, junto a su empresa llamada Cranex, hizo contratos con la H. Junta de Defensa Nacional. Documentos de la época establecen que Cranex no cumplió un contrato reservado con la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
La consolidación de Sánchez llegó por doble vía, no solo logró captar las millonarias contrataciones de Seguros Sucre como representante del bróker de reaseguros, también se consolidó como bróker de seguros de instituciones estatales. La Asamblea Nacional fue un ejemplo: su empresa SETEC se convirtió en asesora de esa entidad y como tal hasta le recomendó asegurar el casco aéreo y marítimo, es decir asegurar los aviones y los barcos que la asamblea no posee. No existen cifras públicas ni acceso a los contratos que permitan determinar el volumen de ganancias que dejó ese negocio. Se trata de un hoyo negro que nadie se atreve a mirar. Nuestro equipo de investigación analizó 1900 contratos de seguros emitidos por Seguros Sucre y Rocafuerte y en ninguno se incluye las notas de cobertura de reaseguros. Es un sistema de opacidad total que recae sobre todos quienes gerenciaron esa empresa.
A finales de 2018, Andrew Hye salió abruptamente de Guy Carpenter y poco tiempo después esa firma abandonaba sorpresivamente todos los contratos de reaseguros del Estado ecuatoriano, provocando un remezón en toda la región. Úrsula Naranjo, que había asumido el control de Sucre quería acabar con la mafía que se enquistó en esa empresa, pero la carta de Hye, de junio de este año, evidenció que Úrsula Naranjo perdió esa batalla.
Hoy está abocada a continuar con el control de Sánchez Silva y Andrew Hye y rendir reverencias a otros ejecutivos del grupo Global como Erika Deleg, actual representante de BMS.
En esta entrevista en los Desayunos de 24 Horas de Teleazonas, Diego Sánchez ejerce su derecho a la réplica para responder a la denuncia de la ex asambleísta Ana Galarza que aseguraba millonario perjuicio a
Seguros Sucre resultado del monopolio en el aseguramiento de bienes públicos.
Así se inició
Las condiciones políticas y legales diseñadas en el Gobierno de Rafael Correa favorecieron a la estatal Seguros Sucre para encumbrarle hacia el primer lugar en el mercado de seguros del país, lo que la catapultó hacia la cima de otro ranking, el de los mayores proveedores del Estado. Entre 2013 y junio de 2019 la compañía acumula $718,6 millones en contratos, que equivalen al 63% de toda la contratación de seguros.
Bajo una política gubernamental que anuló la posibilidad de competencia entre las aseguradoras por conseguir las pólizas del sector público, se dio a Seguros Sucre una gran ventaja competitiva para adjudicarse volúmenes de negocio que nunca antes había manejado, y mantener un mercado cautivo sin costos de intermediación, ni de participación de utilidades de los empleados.
Y como si eso fuera poco, la sombra de supuestos sobreprecios en sus pólizas y algunas irregulares conductas empresariales, han rondado el ascendente camino de la aseguradora estatal. ¿Cómo Seguros Sucre fraguó su historia de casi una década de dominio en el negocio de seguros?
Hasta el 2006, de un total de 40 compañías de seguros, Sucre tenía una participación de apenas el 1,82% en el mercado y ocupaba el puesto 22 en el ranking por prima neta pagada. Un año más tarde, su situación no varió mucho. Subió apenas un escalón en ese ranking.
Pero fue en 2008 cuando Correa empezó a configurar el ambiente legal propicio “para que la platita quede en el sector público». Con esa frase y bajo el argumento de quitar el negocio de los seguros al sector privado, Correa justificó su decisión de que Seguros Sucre maneje las pólizas de vehículos y de las empresas del Estado y así incremente sustancialmente sus ingresos por primas. En febrero de ese año Correa dio la primera estocada a las aseguradoras privadas al ordenar que cerca de 40 mil vehículos estatales sean asegurados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), a través de Seguros Sucre. Además de que 170 instituciones públicas debían empezar a entregar sus pólizas a la aseguradora estatal por alrededor de $150 millones en primaje.
Esto, pese a que el entonces director de Unidad de Seguros Presidenciales, Óscar Herrera, aceptaba que aún estaban planificando incrementar el patrimonio de Sucre para poder incorporar a todas las instituciones del Estado y así cumplir con la disposición presidencial.
Es decir, primero venía la orden de Correa y luego, la adecuación financiera de la empresa para asumir tales responsabilidades.
Entre los primeros activos estatales que se aseguraron con Sucre sobresalen las aeronaves de la Brigada Aérea del Ejército (BAE), así como las instalaciones de Petroecuador y de empresas telefónicas y eléctricas. Sin mayor esfuerzo las primas de Seguros Sucre empezaron a aumentar.
No obstante, para Correa esto no era suficiente. Tenía que apuntalar aún más el negocio de Seguros Sucre y en 2009 dio la orden para que las instituciones y empresas públicas contraten pólizas de seguros con las aseguradoras estatales bajo el régimen especial, pese a que este mecanismo debe aplicarse solo para circunstancias de emergencia o excepcionales. El entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, canalizó la orden presidencial. El 24 de marzo de 2009 (con oficio Circular No. T.4258-SGJ-09-943) dispuso que las entidades públicas contraten obligatoriamente de forma directa con Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte.
Desde los primeros grandes contratos que Sucre alcanzó, se evidenciaron desventajas económicas para varias de las instituciones públicas que tienen los mayores activos del país. Celec: Sucre modificó la oferta económica
Uno de los primeros ejemplos de las cuestionadas prácticas de la aseguradora estatal se dio en diciembre de 2009 cuando la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la descalificó por cambiar el monto de la oferta económica presentada originalmente en el proceso de contratación (régimen especial) de los seguros generales para Termopichincha. Es decir, modificó su propuesta económica de $3,20 millones a $4,23 millones equivalente al 32% de variación. Por ello, la Celec declaró desierta la contratación.
Mientras tanto, al finalizar 2009, Sucre pasaba al tercer escalón del ranking de seguros por prima emitida y por prima pagada, al cuarto puesto en utilidades y al quinto, en patrimonio.
Casi un año más tarde y a propósito de otras discrepancias de dos instituciones públicas con la aseguradora estatal, Mera insistía a los ministros y autoridades, (mediante oficio No. SUBSANA-O-10-5080 de 11 de marzo de 2010) que debían contratar con Seguros Sucre o Seguros Rocafuerte a través de régimen especial. Petroecuador: Sucre cambió las ofertas
Otra polémica surgió cuando Petroecuador declaró desierto un proceso de contratación bajo régimen especial por el cual necesitaba adjudicar su póliza de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima, pues contaba con un presupuesto referencial de $32,3 millones y la única prima ofertada fue de Seguros Sucre (el 18 de febrero 2010): $42,82 millones por dos años de cobertura (sin IVA). La Comisión técnica que evaluó el proceso consideró que la oferta de Sucre no tenía relación con la realidad del mercado y la calificó como inconveniente para los intereses de la petrolera estatal.
Pese a ello, el recordatorio de Mera terminó surtiendo efecto. Cuatro meses después Sucre lograba adjudicarse el contrato en consorcio con la también estatal Seguros Rocafuerte y la privada Colonial por $32,98 millones, valor que significaba un inexplicable cambio en la tarifa de una misma póliza. Es decir, Sucre en alianza con otras empresas logró que Petroecuador le adjudique este contrato, por un monto menor en $11,52 millones (35% más bajo) al que ofreció originalmente (el 18 de febrero 2010). Los sobreprecios de Seguros Sucre en las FF.AA.
En relación a la póliza de casco aéreo y responsabilidad civil de las Fuerzas Armadas (período 2009-2010) y a la propuesta de renovación hecha por la aseguradora estatal (2010-2011), el 23 febrero de 2010 el Ministerio de Defensa (en oficio N° MDN-2010-015) hizo reclamos y pidió explicaciones al entonces gerente de Seguros Sucre, Oscar Herrera, sobre la base de una auditoría interna.
Entre los reclamos constaban un supuesto sobreprecio (en la póliza 2009-2010) de $353.931, el incremento del costo de la póliza de un avión pese a tener mejores condiciones que otra aeronave ya asegurada: por un Boeing 727-100 de Tame, Sucre cobraba una tasa del 3,7% y por un Boeing 727-200 con mejores condiciones técnicas, la aseguradora estatal subió el canon al 7%. Además, en mayo de 2010 Sucre había remitido al Ministerio de Defensa un nuevo documento de colocación de la póliza en el mercado londinense a través del bróker AON Ecuador S.A., pero en la auditoría se determinó que la contratación con AON se dio sin que conste la firma de su real representante (Andrew Hye). Por lo tanto, los trámites hechos con este supuesto bróker no tendrían valor legal.
En cuanto a la propuesta de Sucre para la renovación de esta póliza con período 2010-2011, el Ministerio de Defensa cuestionó que Sucre planteara una penalización injustificada por siniestralidad de $4,5 millones; observó también que en el rubro transporte de municiones se excluyera de la cobertura a la tripulación, lo cual carecía de fundamentos, por lo que tal exclusión fue calificada como violatoria a las condiciones de la póliza.
Estas diferencias entre las autoridades de Defensa y Seguros Sucre alcanzaron su punto más álgido cuando el entonces comandante de la Armada, Aland Molestina, ordenó que las operaciones aéreas se suspendan por 10 horas debido a la falta de claridad en los términos contractuales con Sucre. No obstante, a los pocos días una comunicación del ex ministro de Defensa Javier Ponce determinó que se retomaran las operaciones.
Extrañamente, pese a los cuestionamientos de la propia cartera de Defensa y los indicios de supuestas ilegalidades en las condiciones de colocación del reaseguro por parte de Sucre, el ex ministro Ponce terminó firmando un convenio de pago por servicios prestados de Sucre, en julio del 2010, con el ex gerente de esta aseguradora, Maximiliano Donoso. Y en diciembre de ese año los mismos personeros firmaron la póliza 6000041 para el período 2010-2011, por una prima neta de $17,4 millones.
Las imposiciones de Seguros Sucre y las contradicciones del ex ministro Ponce fueron cuestionadas por la Contraloría: «La posición ambigua, imprecisa, y falta de decisiones y acciones del ministro (Ponce), asesores, coordinadores y demás servidores del Ministerio de Defensa ocasionaron que las FF.AA. hayan tenido que aceptar una cobertura de seguros bajo condiciones y cláusulasimpuestas tácitamente por Seguros Sucre y el mercado reasegurador internacional, contrarias a las exigencias y necesidades de las FF.AA.». El historial de Seguros Sucre en Contraloría
Los sobreprecios en el costo de las pólizas en el caso de las Fuerzas Armadas consta en un examen especial hecho por el organismo de control a la extensión de la vigencia del reaseguro hasta el 5 de enero de 2011, de la póliza de casco aéreo y responsabilidad civil con Seguros Sucre y al convenio de pago correspondiente. En su informe (DA3- 0044-2011) se detallan irregularidades como «un pago en exceso no justificado» de $7,96 millones a Seguros Sucre para la contratación del reaseguro. Para la Contraloría «no hay sustento que fundamente el egreso de estos recursos».
A las observaciones de Contraloría se sumaban las de la Junta Bancaria que en ese tiempo controlaba a las aseguradoras. Impuso una sanción a Sucre por su accionar relacionado con reaseguros. El 29 de septiembre del 2010, la Intendencia del Sistema de Seguro Privado multó con $2.103,12 tanto a Maximiliano Donoso, entonces gerente de Seguros Sucre, como al representante de la aseguradora Colonial (mediante oficios INSP-2010-4219 y 4218), al determinar que en la póliza de todo riesgo petrolero emitida a favor de Petroamazonas, el consorcio integrado por ambas compañías, colocó reaseguros por medio de Aon Group Ecuador intermediario de reaseguros S.A, con Oman Insurance Company y Misr Insurance Company, entidades que no estaban inscritas en la Superintendencia de Bancos como reaseguradores extranjeros y por tanto no estaban autorizadas para trabajar en el país.
Las dos aseguradoras violaron la Ley de Seguros (especialmente Art. 12) y fueron advertidas por la Intendencia del ramo que “de repetirse esta situación se les revocará el certificado de autorización del ramo involucrado (…)”.
Seguros Sucre siguió con su escalada de crecimiento en el mercado. Por prima neta emitida, figuró entre las cinco empresas de mayor presencia en la actividad a diciembre 2011. La entonces QBE Colonial lideraba con el 11,54%, ACE tenía el 9,74%, Equinoccial 8,23%, Sucre 7,89%, y AIG Metropolitana 4,46%.
Más adelante, la Contraloría emitía otro informe sobre Seguros Sucre, el #DADeIS-0001-2013, que no es público y que fue remitido a la Fiscalía por el delito de peculado y hasta el año anterior estaba en indagación previa.
Mientras tanto, en medio de una accidentada relación con Seguros Sucre y tras el resultado de auditorías realizadas a la póliza de casco aéreo, el 1 de agosto de 2013 el Departamento de Transportes del Ministerio de Defensa presentó un estudio de mercado donde se comparaban las cotizaciones para la mencionada póliza. Su conclusión: “No se puede considerar como presupuesto referencial las tasas cotizadas por Seguros del Estado, ya que superan considerablemente la prima anual que la Armada ha venido pagando”.
Según el estudio, hasta antes del 2009 la Armada Nacional pagaba menos por sus pólizas contratadas mediante concursos.
Fuentes de la cartera de Defensa dijeron a PI y La Historia, que las contínuas observaciones que la Armada realizaba a los costos de Seguros Sucre determinaron que los técnicos de esta rama de las FF.AA. fueran relegados de las comisiones que analizaban los procesos contractuales. El Ministerio de Defensa se encargó directamente del tema y siguió contratando con Sucre.
Tampoco la calidad del servicio de Sucre ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en más de una ocasión observó la demora en la solución de los siniestros. En el examen especial DAAC-0119-2016 a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y vigencia de los contratos de seguros y reaseguros aéreos de las Fuerzas Aérea, Terrestre y Naval (período 1 de enero de 2013 a 30 de noviembre de 2015) estableció que 39 siniestros (correspondientes a 4 pólizas), ocurridos desde el 2013 y 2015, no habían sido cerrados (hasta septiembre de 2016) por parte de los reaseguradores internacionales ni de Seguros Sucre, representando un valor de $13´178 217, 23 pendientes de liquidar al Ministerio de Defensa.
Adicionalmente no hubo seguimiento a estos pendientes por parte de varias instancias del Ministerio de Defensa. Ello impidió que las FF.AA. cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
En este informe también se señala que la aeronave TWIN OTTER FAE-448, siniestrada el 11 de octubre de 2013 fue reparada 137 días después de lo estipulado, debido a que funcionarios de varios estamentos del Ministerio de Defensa no realizaron las gestiones necesarias para cumplir las condiciones de la póliza y la entrega oportuna de la aeronave reparada. Así se allanó el camino del monopolio de Seguros Sucre
Pese a estos cuestionamientos a la eficiencia de Sucre, su peso en el mercado la catapultó hacia la cima de los mayores proveedores del Estado. Sucre experimentó un primer gran salto en la captación de las pólizas del sector público entre 2012 y 2013, cuando pasó de $407 mil a $33,53 millones, un 8.138% de incremento.
Pero la obligación de contratar a Sucre bajo el régimen especial no fue el único factor que continuó allanando el camino para que la aseguradora estatal reafirme su posición. De acuerdo con expertos del sector, el tercer movimiento en el tablero fue la disposición (septiembre de 2015) de que la Superintendencia de Compañías asuma el control de todo el régimen de seguros privados en Ecuador, sin que su personal cuente con la formación y la experiencia técnica. “Este traspaso de la Superintendencia de Bancos a la de Compañías se hizo para debilitar la supervisión del sector de seguros”, enfatizaron los expertos.
Las limitaciones en el esquema de supervisión lo admite la propia Superintendencia en su último estudio sectorial “Panorama del mercado de seguros en Ecuador: 2015—2018”. Señala que en la primera etapa en que los clientes acuden a una compañía aseguradora directamente o a través de un intermediario, la Superintendencia tiene un control alto, “sin embargo, en la etapa 2, en donde intervienen las reaseguradoras y los intermediarios de reaseguros el control se convierte en un control medio. Finalmente, las reaseguradoras, compañías de seguros y clientes… pueden acudir a aseguradoras y reaseguradoras en el exterior, que se encuentran en una etapa de control limitado”.
En este contexto, Seguros Sucre se mantuvo en ascenso. En 2016, ocupó el quinto lugar de los mayores proveedores con adjudicaciones que sumaron $128 millones. En 2017, fue la número uno, con $164.6 millones en pólizas de seguros.
Al no tener competencia de otros proveedores, Seguros Sucre no solo accedía a los mejores contratos del sector público, sino que seguía imponiendo precios y otras condiciones. En 2017 una de las más altas pólizas adjudicadas a Sucre fue para asegurar las unidades Electroguayas, Termogas Machala, Termopichincha, Termoesmeraldas y Gensur. La Corporación Eléctrica del Ecuador (de CELEC EP) pagó $18.6 millones por este seguro, $2.4 millones más en relación a lo que pagó en 2016 por la misma póliza.
Tame EP adjudicó a Sucre el seguro de aviación, en 2014, y pagó $8.6 millones por ese contrato. Dos años después el valor de la misma póliza fue $6.4 millones. Sucre la volvió a subir en 2017 a $10.6 millones y para 2018, por seguro de aviación, seguros generales, vida y asistencia médica, la bajó a $7.9 millones.
En 2017, el Ministerio del Interior también adjudicó el seguro de aviación a Sucre por $7,1 millones, mientras por la misma póliza en 2015 pagó a Sucre $6.4 millones. En 2013, gastó $4.3 millones. (ver gráfico con detalle de los principales contratos)
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP) a PI , al momento Sucre lidera el ranking de los 10 mayores proveedores con los más altos valores adjudicados en contratación de seguros, durante el período 2013 – jun 2019.
En seis años y medio todos los contratos de seguros sumaron $1.141,6 millones. Sucre ha logrado adjudicarse centenares de pólizas por $718,6 millones, que equivale al 63% del total contratado. Le sigue Seguros Rocafuerte con $154,9 millones que significan el 14% del total. Desde septiembre de 2017 Sucre asumió todos los activos, pasivos y hasta procesos legales de Rocafuerte mediante un proceso de fusión por absorción por el cual Rocafuerte salió del mapa, quedando Sucre como la única aseguradora estatal en el mercado y asumiendo los compromisos contractuales de Rocafuerte.
Entre las dos empresas sumaron $873,5 millones en contratos en los últimos seis años y medio, que equivalen al 77% del pastel del negocio de seguros. Instituciones públicas que más contrataron con Seguros Sucre
PI y La Historia revisaron además 1900 contratos firmados por Sucre entre 2012 y 2018, con 662 instituciones públicas y estableció que esas contrataciones, adjudicadas bajo la modalidad de régimen especial, sumaron $517 millones.
Las 10 instituciones que más contrataron con Seguros Sucre en ese período de 7 años fueron:
PI solicitó al SERCOP información sobre los contratos adjudicados a Seguros Sucre en el sector público. El SERCOP entregó un ranking de las 10 entidades con mayor valor adjudicado en contratación de seguros en general, entre 2013 y junio de 2019. Es decir, sin el detalle de cuántos de esos montos contractuales corresponden solo al sector público.
En este ranking del SERCOP también el Ministerio de Defensa se mantiene a la cabeza, con un gasto en seguros, por $163,1 millones. CELEC EP en segundo lugar con $123,6 millones. Petroecuador y el Ministerio del Interior con $70,1 y $65 millones respectivamente. En 2018 caen utilidades y aumenta la morosidad de Sucre
Pese a las ventajas competitivas que le significó tener el monopolio del mercado de seguros desde 2009 y así convertirse en la mayor contratista del Estado, Seguros Sucre vio caer su rentabilidad en el 97% durante 2018, desplome que se explica por una pérdida en su portafolio de inversiones, la reducción de primas emitidas y un mayor nivel de provisiones y castigos, de acuerdo con el análisis realizado a su desempeño financiero por parte de la calificadora de riesgos Pacific Credit Rating PCR.
A este panorama se sumó una pérdida de importantes clientes y el aumento de 38 puntos en la morosidad que colocó a la aseguradora estatal muy por encima del promedio del sistema de seguros.
Las utilidades de Seguros Sucre en 2017 alcanzaron su pico más alto con $17,9 millones, pero el año pasado registró una reducción del 96,60% al ubicarse en $609 mil. Todo el sector asegurador vio decaer sus utilidades en 27,77%, influenciado por Seguros Sucre, que es la que más aportaba a la rentabilidad del sistema.
Uno de los factores que impactaron en el bajo nivel de utilidades de Sucre, según ejecutivos de PCR, firma que hizo la última calificación de riesgos de Seguros Sucre (AA, a diciembre de 2018), fue la pérdida de $6,3 millones en el rubro de inversiones frente a utilidades registradas en este portafolio de $3,89 millones a diciembre de 2017. La Casa de Valores del Pacífico Valpacífico que administra este portafolio de Seguros Sucre, invirtió $8,3 millones en un fondo de inversión alojado en las Islas Caimán (paraíso fiscal); devolvió $2 millones, pero ahora desconoce a Seguros Sucre como la dueña de $6,3 millones (en bonos global 2024). Sucre interpuso una demanda penal en contra de Valpacífico por supuesto “abuso de confianza”. La Fiscalía investiga el caso.
Este tema, más el proceso legal que asumió Sucre tras su fusión con Seguros Rocafuerte y que implicaba una demanda por $34,64 millones por parte de Petroecuador, son parte del riesgo legal con el que ha tenido que lidiar Seguros Sucre.
Otro elemento que incidió en la baja de utilidades fue el aumento del rubro de provisiones (reservas) y castigos de $5,55 millones a $13,95 millones.
La morosidad total también tuvo una gran escalada. Pasó de 25,86% (dic17) a 64,75% (dic18), ubicándose por encima del sistema de seguros (37,29% dic18). Este incremento obedeció principalmente a una reducción de los deudores por primas, lo que se explica en la no renovación anual de algunas cuentas.
Ejecutivos de PCR, explican que la decisión del presidente Lenin Moreno (mediante decreto 395) del 15 de mayo de 2018 respecto a que las instituciones públicas eviten el uso de procedimientos de contratación directa y de régimen especial “con el fin de promover la concurrencia de más participantes, la transparencia en la contratación pública y optimizar el gasto público” determinó que Seguros Sucre pierda varios clientes del sector público, su principal nicho de mercado, pues constituye el 90% de su cartera total de clientes.
Como efecto de esto, en 2018 la presencia de Seguros Sucre en el mercado se ve algo golpeada, pues se adjudicó $89.6 millones en contratos, 45,56% menos que en 2017. En el ranking del Sercop, de los 10 mayores proveedores del Estado durante el primer semestre del año ya no aparece Seguros Sucre. En este top solo aparece Hispana de Seguros en el sexto puesto con $34,5 millones en contratos. Los técnicos de PCR admitieron además que “debido a que Sucre tuvo por casi una década un mercado cautivo en el sector público sus precios estaban más altos que los de la competencia”.
A criterio de los ejecutivos de PCR, otro factor que afectó a Sucre fueron las limitaciones fiscales del Estado. “Antes los presupuestos se podían manejar anualmente, ahora muchas de las entidades no están renovando sus contratos de todo un año, se están manejando por etapas, aprobando seguros por trimestre o semestre”.
Esto generó que la producción de primas emitidas por Seguros Sucre caiga en 30% en 2018.
Ante este panorama, Seguros Sucre ha tenido que ajustar su tarifario, con descuentos respecto a los precios que ha venido cobrando en los últimos años. Expertos en el tema y los técnicos de la calificadora PCR explicaron que al ser la Superintendencia de Compañías el organismo que aprueba dichas tarifas o notas técnicas es el que debió analizar si las aplicadas por Sucre estaban técnicamente bien concebidas, respaldadas en un sustento actuarial y acorde al mercado.
Pero a diferencia de lo que sucede con las tarifas de las empresas del mercado de valores, por ejemplo, que sí se publican en el portal de la Superintendencia de Compañías, el tarifario o notas técnicas de las aseguradoras no aparecen en el portal de este organismo de control.
Hace más de 15 días, Mil Hojas solicitó (como parte de un cuestionario) al mencionado organismo de control información sobre el ajuste tarifario (en porcentaje y en dólares) realizado por la aseguradora estatal para enfrentar el nuevo escenario de mayor competencia, así como el sustento legal para que esta información no sea pública. Los directivos de Comunicación de ese organismo de control ofrecieron respuestas hasta el pasado 15 de agosto, lo cual no se cumplió. (ver cuestionario enviado a la Superintendencia de Compañías). ¿Sucre ha movido sus tarifas a discreción?
La estrategia de Seguros Sucre para mantener a estos clientes ha sido una moneda de dos caras: en varios casos ha acudido a variaciones a la baja en sus tarifas, pero también ha habido procesos en los que, a criterio del Comité empresarial ecuatoriano, se han diseñado requisitos que solo puede cumplir Seguros Sucre, cerrando el paso a las aseguradoras privadas, pese a tener tarifas más competitivas.
En el primer ámbito hay un caso emblemático. Durante cinco períodos anteriores, Sucre fue la adjudicataria de la póliza para el casco aéreo y responsabilidad civil del Ministerio de Defensa. Para el período 2017-2018 había cobrado por ese contrato $21,4 millones. Para el nuevo proceso con vigencia 2019-2020 se dio un proceso que se declaró desierto porque las ofertas no cumplieron los requisitos contractuales. En un segundo intento se presentaron tres ofertas: La Unión con $15,7 millones, Interoceánica con $17 millones y Sucre con $19,2 millones, $2,2 millones menos que la póliza vigente en sus manos.
Uno de los trámites que se hicieron en el proceso precontractual fue un estudio de mercado presentado por la Dirección de Seguros de Bienes Estratégicos el 20 de marzo de 2019 para definir el presupuesto referencial de esta contratación, el cual se fijó en $19’278.741,33.
Mientras estaba en la fase de calificación de ofertas de este segundo intento, el Ministerio de Defensa declaró desierto el proceso (23 de mayo pasado) para reestructurarlo, según dijeron en un comunicado de prensa. En la resolución tomada por el ministro del ramo, Oswaldo Jarrín, se señala que se inhabilitaron las ofertas de La Unión e Interoceánica por no cumplir con los requisitos exigidos por la cartera de Defensa: La Unión no determinó con exactitud el porcentaje de riesgo que iba a retener, mientras Interoceánica no cumplió con el porcentaje mínimo de retención.
Voceros de La Unión y del Comité empresarial aseguraron que estos requisitos solo los podía cumplir Sucre y que por eso el concurso estaba direccionado.
En junio pasado se abrió un nuevo proceso. La Unión ofertó $16,91 millones y Sucre $15,28 millones, cifra inferior en $3,9 millones a la oferta hecha en el segundo proceso contractual para esta póliza. El 2 de julio Sucre fue adjudicada con el seguro de casco aéreo y responsabilidad civil por sexta ocasión.
Fuentes del Ministerio de Defensa que pidieron la reserva afirmaron que se escogió a Seguros Sucre no solo porque su oferta económica fue la más baja sino también porque La Unión presentó un reasegurador brasilero que asumía el 35% de todo el riesgo del casco de Fuerzas Armadas. “Ni siquiera Loyds que es el más grande reaseguro ha asumido tanto”. Además, el reasegurador que la Unión estaba presentando estaba involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Según las denuncias, esa reaseguradora utilizaba a Odebrecht para lavar el dinero.
En febrero pasado, Petroamazonas inició el proceso de contratación de seguros de ramos técnicos que incluye las pólizas: todo riesgo petrolero y responsabilidad civil general y marítima. El monto en bienes a ser asegurados fue de $3.850 millones.
Se presentaron 3 ofertas: la del consorcio integrado por Aseguradora del Sur-Hispana y Latina con una propuesta económica de $11 millones; Seguros Alianza con $11,17 millones y Seguros Sucre con $11,48 millones.
La primera obtuvo el puntaje más alto: 98,31/100; la segunda fue calificada con 96,89/100 y Sucre con 88,14/100. La gerencia de Sucre pidió al SERCOP aclaraciones al procedimiento, pero esta entidad archivó el reclamo este 17 de abril, dando paso a la adjudicación al primer consorcio mencionado, por $11 millones, sin incluir impuestos.
El contrato se firmó el 18 de abril de este año y las pólizas tendrán vigencia hasta el 17 de abril de 2021.
Justamente Seguros Sucre estaba a cargo de la cobertura de estas pólizas por el periodo entre el 24 de noviembre de 2016 y el 14 de noviembre de 2018. Lo que cobró por ello fue $15’442,497.10 sin impuestos. Es decir un precio $4,44 millones más caro que el adjudicado para el actual período e incluso $3,96 millones más alto que su propia oferta hecha en este último concurso. ¿Abuso o perjuicios del régimen especial? La opción que tienen desde 2018 las instituciones del Gobierno central y las empresas públicas de contratar pólizas de seguros mediante concursos ha puesto al descubierto los excesos que le permitió a Seguros Sucre la contratación a dedo, pues por casi una década impuso los precios a cobrar en centenares de pólizas del sector público.
Los efectos de este cambio en la política contractual del Gobierno no implican solo los importantes ahorros que los concursos están generando al fisco, sino también evidencian eventuales perjuicios al Estado.
En decenas de contratos suscritos, desde este año, por la aseguradora estatal con instituciones y empresas públicas Mil Hojas identificó cómo Seguros Sucre ha empezado a bajar sus tarifas, llegando hasta un 30% de reducción en comparación con sus propios contratos obtenidos bajo régimen especial.
Un estudio realizado entre el Servicio Nacional de Contratación (Sercop) y el Banco Mundial (BM) en septiembre de 2018 reveló que a nivel general se abusó de la contratación bajo la figura de régimen especial o contratación directa al punto que se descubrió que los precios obtenidos mediante este mecanismo fueron, en promedio, dos veces más caros. De la comparación entre precios contratados con régimen especial y régimen común, se concluyó que si entraban a competencia, habría significado un ahorro de $1.400 millones.
El mercado de seguros no estuvo exento de esta distorsión a la que se llegó con la contratación directa con Seguros Sucre. De hecho la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose) hizo una estimación de que al abrirse las licitaciones en las instituciones públicas, lo cual implica competencia en precio y calidad del servicio, el Estado podría ahorrarse al menos $40 millones anuales en la contratación de sus pólizas.
El gerente de este gremio Patricio Salas explicó que la estimación se basó en un análisis de costos del mercado nacional de seguros e internacional de reaseguros que en los últimos años ha tenido condiciones más favorables en precios; así como en el volumen de negocios que tenía Seguros Sucre hasta 2018 y que sumaba aproximadamente $200 millones.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera que durante el Gobierno anterior hubo mucha opacidad en la forma en que las entidades gubernamentales asignaban los contratos a Seguros Sucre, pues si bien lo permitía la legislación vigente, no se asignaban los contratos con precios competitivos “y en ese orden no cabe duda que se perdió dinero, pues si hubiera habido libre competencia los valores hubieran sido sustancialmente menores”.
Sobre la base de la estimación global de ahorro realizada por el SERCOP y el Banco Mundial, Mil Hojas pidió al SERCOP un detalle de cuánto de esos $1.400 millones corresponden a un eventual ahorro que se hubiera logrado en las contrataciones que realizaron las instituciones del gobierno central y las empresas públicas con Seguros Sucre entre 2008 y 2018.
La respuesta de Sercop fue: “Los 1400 millones de costo de oportunidad responden a un análisis econométrico de enfoque global del período 2013-2016 cuyo objetivo respondió, entre otros, a generar estrategias globales de concurrencia en la compra pública. Por este motivo, el modelo no contempló ni permite realizar desagregación sectorial.”
Expertos consultados comentaron que, si entidades como el Sercop no tienen capacidad de generar data desagregada y análisis sectoriales, cómo puede coadyuvar a construir una acertada política pública en este tema. De hecho, si el presidente Moreno ordenó priorizar el concurso público como un mecanismo con el que aspira un ahorro de casi $400 millones, y siendo el sector de seguros un ramo que ha movido centenares de millones de dólares en la economía, debe existir información más detallada de lo que significó el régimen especial en esta actividad económica que estuvo liderada por Seguros Sucre.
En esta nota hemos presentado varios ejemplos de las estrategias tarifarias y de otro tipo usadas por Sucre en los últimos años. Siniestros Solo $ 9,6 millones pagó Seguros Sucre hasta julio del 2019 por los siniestros reportados especialmente de los rubros agrícola ($2,1 millones) seguro de vida en grupo ($3,1 millones) y vehículos ($1,1 millones). Y acumula un alto número de casos pendientes de resolución que superan –hasta la misma fecha- un total de $ 201,7 millones.
Solo los ramos de Todo riesgo petrolero, Aviación, Incendio y Líneas aliadas, Multiriesgo, Rotura de maquinaria, Responsabilidad civil y Agropecuario, sobrepasan los $162 millones que por razones no especificadas aún no se cancelan, según los reportes de cumplimiento de siniestros publicados por Seguros Sucre.
A julio de este año, los siniestros de riesgo petrolero sumaron 23 casos por $40,3 millones, cuando en el 2015, que es el primer reporte que realiza la compañía y están publicados en su página web, la cifra fue de 32 casos por $23,6 millones.
El rubro más alto en el 2019 es de la rama de Multiriesgo con 912 casos y $43,1 millones, mientras que en el 2015 fueron de 389 casos por $3,3 millones.
En el ramo agropecuario en el 2015 se presentaron 138 casos por $ 113.882, pero estaban pendientes de resolución 814 por $406,5 millones. A julio del 2019, los casos repuntaron a 5.474 por $ 2,8 millones.
En un análisis de la calificadora Class International Rating, Seguros Sucre presentó a junio del 2018 un total de 37.574 siniestros por $83,8 millones de dólares y en todo el año 2017 sumaron 53.332 siniestros por $126,8 millones.
Class International, aclaró que la cifra del 2017 corresponde solo a los siniestros aperturados, pero desconocen los casos que se mantienen en reserva de años anteriores.
En el caso de los siniestros pagados, al cierre de diciembre del 2018, la Corporación Financiera Nacional (CFN) detalló una cifra de pago de $146,5 millones, lo cual es inferior en 4,87% a lo pagado en el 2017. “Esto se debe a que en el período anterior se cubrieron los siniestros presentados en las pólizas de vehículos de la Policía Nacional, el cual fue absorbido como parte de la fusión con Rocafuerte Seguros”, detalló la entidad en su memoria del 2018. El libre negocio de los reaseguros
“Seguros Sucre se ve en la necesidad de colocar facultativamente riesgos como centrales hidroeléctricas, Autoridades Portuarias, entre otros, debido a que así lo exigen en sus bases los mismos asegurados o porque sus contratos automáticos excluyen estos giros de negocio. Estas cuentas por lo general son colocadas facultativamente en 99% o 99,99% que se convierte en un 100% a colocar. Ninguna compañía de seguros puede hacer fronting, es por ello que las cuentas de Seguros Sucre se ceden hasta el 99,99%”.
Esta descripción de cómo se cede este tipo de riesgos al reaseguro internacional se encuentra en la calificación de riesgo hecha a Seguros Sucre por parte de Class International Rating a junio de 2018.
Por lo tanto, el argumento correísta de que los recursos se quedan en el mismo Estado si las instituciones públicas contratan con empresas del Estado fue solo un discurso en el caso de las pólizas de Seguros Sucre, que llegó a ceder hasta el 99,99% del riesgo (especialmente en los casos en que aseguraba enormes infraestructuras) a los reaseguradores extranjeros.
Gran parte del monto contratado por las instituciones y empresas públicas con Sucre no se queda para ser invertido en el Ecuador. Por lo tanto, los eventuales perjuicios al Estado habrían beneficiado a varios reaseguradores extranjeros, indicaron expertos en seguros y funcionarios de gobierno que han participado en algunos de los procesos contractuales ganados por las aseguradoras estatales.
Tal como funciona el sistema de contratación de seguros en el país, la aseguradora nacional actúa solo como una intermediaria. Además, existe mucha opacidad en relación a los contratos que Seguros Sucre ha suscrito con las reaseguradoras extranjeras. En teoría esos contratos deben registrarse en la Superintendencia de Compañías, pero si no se transparentan las tarifas que cobran las aseguradoras nacionales, mucho peor los costos que las reaseguradoras extranjeras cobran, así como sus márgenes de ganancia. No hay ningún nivel de control respecto al porcentaje de utilidad que estos obtienen. Tampoco se sabe cuánto se paga de comisión a los brokers de reaseguros. Todo esto se deja a libre discreción de estas grandes empresas. Por ejemplo, en la póliza de casco marítimo del Ministerio de Defensa, se asegura tanto el casco como la responsabilidad civil (ante terceros), dos coberturas grandes, pero el contratante solo conoce que cada uno de los reaseguradores cubren determinados porcentajes de riesgo por cada ítem asegurado, pero desconoce cuánto cobra cada reaseguro y si está cubierto al 100%.
El modus operandi de Seguros Sucre con sus bróckers y sus reaseguros también ha estado en la mira. En septiembre de 2018 asambleístas del movimiento CREO pidieron a la Fiscalía que reabra la investigación en la contratación de seguros y reaseguros de Sucre con CELEC. Se denunció “una asociación ilícita interinstitucional para perjudicar al país en unos $38 millones”, donde CELEC contrata a Seguros Sucre y este a su vez a una intermediaria o bróker Security Re, cuyos propietarios son Esteban y Pedro Merlo Hidalgo. Este último casado con una sobrina de Diego Guzmán, quien renunció a la gerencia de Seguros Sucre pocos días antes y estuvo involucrado en el caso 30S.
Seguros Sucre, por su parte denunció a Security Re por falsificar los documentos con relación a las notas de cobertura para los reaseguros lo cual, aseguró en ese entonces que le impedía pagar $34 millones a CELEC que gastó para reparar los daños que sufrió en 2011 la presa de Pucará, como producto de un sismo en Tungurahua.
La Superintendencia de Compañías evalúa a los reaseguradores sobre la base de su capacidad de pagar siniestros, verificando su calificación de riesgos internacional con firmas como Stándar & Poors, Moodys. Desde septiembre estaba prevista una auditoría financiera y operativa a Seguros Sucre El pasado primero de agosto Mil Hojas envió un cuestionario a Jorge Lince, Intendente Nacional de Seguros de la Superintendencia de Compañías. Entre las principales respuestas, enviadas el 21 de agosto, consta el anuncio de que la mencionada Intendencia ha planificado para el último cuatrimestre del año una auditoría a la situación financiera y operativa de Seguros Sucre. Tal declaración surgió en el contexto de las acciones del organismo de control frente a una presunta mala administración de la Casa de Valores Valpacífico a $8,3 millones en bonos que Seguros Sucre le entregó para su administración. La Intendencia de Seguros dijo que pide constantes informes de las acciones legales que sigue Sucre por este tema tanto dentro como fuera del país.
En cuanto al interrogante de qué normativa impide que sean públicos los contratos que las aseguradoras firman con los reaseguros, la Intendencia del ramo contestó que por el principio de dispersión del riesgo (característico del reaseguro), en estos contratos se plasman condiciones propias de cada negociación y que además está la cláusula de confidencialidad por las que no se puede “divulgar el contenido de las negociaciones u operaciones alcanzadas, ni durante su vigencia ni pasada ésta, de las informaciones que se hayan proporcionado entre sí, excepto cuando una autoridad lo requiera”.
Al consultar qué garantías tiene el Estado de que sus bienes asegurados serán respaldados por los reaseguros internacionales, pues solo deben estar registrados en la Superintendencia de Compañías, pero no se los controla, en resumen la Intendencia de Seguros respondió que la Superintendencia…”no tiene competencia para supervisar a compañías establecidas en otros países, estas empresas se sujetan a la tutela jurídica de las entidades supervisoras de los países donde estén domiciliadas”. Agregó “la compañía de seguros es el principal actor que debe velar porque las pólizas de seguros que emite estén debidamente respaldadas. Para que, de presentarse un siniestro, tengan el dinero para responder. Y en esos casos reciban el porcentaje convenido por parte del reasegurador”.
Sobre la disposición presidencial de evitar la contratación directa porque ha generado pérdidas de más de $1.400 millones, se consultó cómo ha aportado la Intendencia para cumplir esta restricción en el caso de Seguros Sucre. Su respuesta fue que la contratación pública no es su ámbito de control, que son las empresas públicas las que deben sujetarse a la Ley y la Contraloría del Estado la debe velar porque así sea.
Respecto a la pregunta de cuánto ha sido (en porcentajes y dólares) el ajuste tarifario realizados por Seguros Sucre para enfrentar el nuevo escenario de mayor competencia, la autoridad dijo que el tema es “parte de las políticas y directrices internas de las aseguradoras, por tanto, no es competencia del órgano de control participar sobre dichos temas”.
En el Ecuador, para la contratación de seguros opera la ley de la oferta y la demanda y las condiciones de las pólizas y las tarifas serán el resultado del régimen de libre competencia del mercado de seguros. Así respondió la Intendencia en relación al interrogante de cómo se justifica que hay casos de ofertas más bajas de Seguros Sucre en pólizas en las que redujo sus propias tarifas de años anteriores.
Al consultar cuál es la norma que señala que las tarifas de seguros no son información pública, la autoridad volvió a mencionar a la libre competencia y dijo además que “el tarifario aprobado por el órgano de control puede ser modificado por la aseguradora en los planes de seguros propuestos, en atención a los riesgos asumidos, a la oferta propuesta, a la siniestralidad, entre otros factores”.
Sobre la base legal para los seguros extendidos, indicó que la normativa no especifica un periodo mínimo para la vigencia de los contratos de seguro, lo que si requiere, en el caso de las modificaciones, renovaciones o ampliación de vigencia es que se especifique el término de la misma.
La calificación de riesgo hecha a junio de 2018 conmina a Seguros Sucre a poner mayor énfasis en su gestión de cobranza para evitar un posible riesgo de incobrabilidad. En relación a esto la autoridad indicó que generalmente las empresas proveedoras del estado se ven afectadas por la demora en el pago, pero el tamaño de Sucre le permite al pago oportuno de sus siniestros. Pese a ello, la Intendencia admitió que la Junta de Regulación Financiera aprobó una reforma a la normativa de provisiones sobre cartera vencida. “Con esta norma se sincera la valoración de la cartera, se otorga una calificación a los deudores y el porcentaje de provisiones aumenta, a fin de promover que las compañías de seguros gestionen de forma adecuada la cartera, su antigüedad y su recuperación”. Aspiramos que este especial, que ponemos a consideración de nuestros lectores, enrumbe el camino para descubrir qué pasó en el sistema de seguros estatales. Expertos en esta rama consideran que la ruta del dinero de la corrupción en el tema de seguros, pudo haber sido de 80 millones por año, una cifra que proyectada al período correísta bordea los 900 millones de dólares.
Esta es la historia de altos precios y beneficios a favor de privados. Fueron años en que el gobierno aseguró que el dinero que las entidades públicas entregaban a Seguros Sucre se quedaba en el mismo Estado, pero la realidad es que la aseguradora estatal no ha presentado un solo contrato, de los miles que firmó, que detalle las condiciones de los reaseguros.
Este es uno de los hoyos negros de la Revolución Ciudadana que nadie quiere tocar; pese a las evidencias, los nombres de quienes se beneficiaron se mantienen en secreto.
El costo de las millonarias pólizas pagadas por el Estado por la infraestructura petrolera, eléctrica, vial, Seguridad Social y de las FFAA fueron y son las fuentes de este negocio sin parangón en la historia ecuatoriana. Todo este relato documentado debe ser incorporado a la indagación previa abierta por la Fiscalía.
Esta entrega especial de Periodismo de Investigación y La Historia, recoge la complejidad del teje y maneje de los seguros y reaseguros de la aseguradora estatal, Seguros Sucre. Una historia que relata la estructura legal construida por el correísmo que le permitió a Sucre consolidarse como un monopolio del aseguramiento de los bienes públicos. ¿Cómo se manejó el negocio de los reaseguros y qué grupos empresariales fueron los verdaderos beneficiarios?
El gran negocio internacional de los reaseguros
El 30 de junio de 2019 el bróker internacional de reaseguros BMS de Miami, Florida, confirmaba a Seguros Sucre la renovación automática de contratos de reaseguros por $252,5 millones de dólares. El acuerdo llevaba la firma de Andrew Hye, el zorro de los negocios de reaseguros en la región y el rostro de un grupo económico que se hizo del control de la aseguradora estatal desde el año 2013.
Hasta diciembre de 2018, Hye representaba al bróker de reaseguros Guy Carpenter, en la misma Florida y hasta entonces era la firma que tramitaba todas las notas de cobertura de reaseguros. Antes de eso, Hye estuvo al frente del sistema de reaseguros de AON, como siempre, alineados con Sucre.
La reputación de Hye se había ido al suelo en 2010, cuando autoridades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, descubrieron la emisión de pólizas de reaseguros falsas, es decir que no tenían ninguna cobertura real en caso de siniestros. Entonces se acabaron sus negocios con AON, pero migró a Gay Carpenter e hizo fortuna.
La consolidación de Hye en Guy Carpenter sucedió por la intervención de tres actores: Alejandro Maldonado, ex Superintendente de Bancos y gerente de seguros Rocafuerte; Pedro Solines, ex Superintendente de Bancos y Diego Sánchez Silva.
Alejandro Maldonado mantenía una estrecha relación de amistad con Diego Sánchez desde los años 90 y aprovechó esa empatía para beneficiar a su amigo. Le entregó de forma discrecional varios acuerdos de reaseguros del sistema estatal entre ellos el eléctrico. Pedro Solines, a su vez, no movió un solo dedo, es decir, dejó actuar a Maldonado a su voluntad.
Diego Sánchez Silva, es un personaje que aparece en los Panama Papers relacionado con el bróker Global Reinsurance Inc., domiciliado en British Anguilla. Global Re fue investigada por el ex asambleísta Cléver Jiménez, por supuestas anomalías con la póliza de Tame.
Global Reinsurance Inc. ha sido el intermediario internacional de Guy Carpenter, una compañía de origen inglés, pero que también tiene operaciones desde Miami, donde no está obligada a transparentar la información de sus contratos de los reaseguros como sí obliga Londres.
Tanto al bróker como a Guy Carpenter se les ha acusado en Ecuador de cobrar montos extremadamente altos en las primas de reaseguros. El operador de esas prácticas por parte de Carpenter fue Andrew Hye.
Otro personaje importante en esta trama fue el actual asambleísta José Serrano. Cuando ejerció la Secretaría de Transparencia conocía las denuncias contra Hye, sin embargo, permitió que Diego Sánchez, se consolide a través de Guy Carpenter en el país.
Sánchez es un empresario que a fines de los 90 se relacionó en negocios con las Fuerzas Armadas; como representante de la empresa china Norinco, junto a su empresa llamada Cranex, hizo contratos con la H. Junta de Defensa Nacional. Documentos de la época establecen que Cranex no cumplió un contrato reservado con la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
La consolidación de Sánchez llegó por doble vía, no solo logró captar las millonarias contrataciones de Seguros Sucre como representante del bróker de reaseguros, también se consolidó como bróker de seguros de instituciones estatales. La Asamblea Nacional fue un ejemplo: su empresa SETEC se convirtió en asesora de esa entidad y como tal hasta le recomendó asegurar el casco aéreo y marítimo, es decir asegurar los aviones y los barcos que la asamblea no posee.
No existen cifras públicas ni acceso a los contratos que permitan determinar el volumen de ganancias que dejó ese negocio. Se trata de un hoyo negro que nadie se atreve a mirar. Nuestro equipo de investigación analizó 1900 contratos de seguros emitidos por Seguros Sucre y Rocafuerte y en ninguno se incluye las notas de cobertura de reaseguros. Es un sistema de opacidad total que recae sobre todos quienes gerenciaron esa empresa.
A finales de 2018, Andrew Hye salió abruptamente de Guy Carpenter y poco tiempo después esa firma abandonaba sorpresivamente todos los contratos de reaseguros del Estado ecuatoriano, provocando un remezón en toda la región. Úrsula Naranjo, que había asumido el control de Sucre quería acabar con la mafía que se enquistó en esa empresa, pero la carta de Hye, de junio de este año, evidenció que Úrsula Naranjo perdió esa batalla.
Hoy está abocada a continuar con el control de Sánchez Silva y Andrew Hye y rendir reverencias a otros ejecutivos del grupo Global como Erika Deleg, actual representante de BMS.
En esta entrevista en los Desayunos de 24 Horas de Teleazonas, Diego Sánchez ejerce su derecho a la réplica para responder a la denuncia de la ex asambleísta Ana Galarza que aseguraba millonario perjuicio a Seguros Sucre resultado del monopolio en el aseguramiento de bienes públicos.
Así se inició
Las condiciones políticas y legales diseñadas en el Gobierno de Rafael Correa favorecieron a la estatal Seguros Sucre para encumbrarle hacia el primer lugar en el mercado de seguros del país, lo que la catapultó hacia la cima de otro ranking, el de los mayores proveedores del Estado. Entre 2013 y junio de 2019 la compañía acumula $718,6 millones en contratos, que equivalen al 63% de toda la contratación de seguros.
Bajo una política gubernamental que anuló la posibilidad de competencia entre las aseguradoras por conseguir las pólizas del sector público, se dio a Seguros Sucre una gran ventaja competitiva para adjudicarse volúmenes de negocio que nunca antes había manejado, y mantener un mercado cautivo sin costos de intermediación, ni de participación de utilidades de los empleados.
Y como si eso fuera poco, la sombra de supuestos sobreprecios en sus pólizas y algunas irregulares conductas empresariales, han rondado el ascendente camino de la aseguradora estatal.
¿Cómo Seguros Sucre fraguó su historia de casi una década de dominio en el negocio de seguros?
Hasta el 2006, de un total de 40 compañías de seguros, Sucre tenía una participación de apenas el 1,82% en el mercado y ocupaba el puesto 22 en el ranking por prima neta pagada. Un año más tarde, su situación no varió mucho. Subió apenas un escalón en ese ranking.
Pero fue en 2008 cuando Correa empezó a configurar el ambiente legal propicio “para que la platita quede en el sector público». Con esa frase y bajo el argumento de quitar el negocio de los seguros al sector privado, Correa justificó su decisión de que Seguros Sucre maneje las pólizas de vehículos y de las empresas del Estado y así incremente sustancialmente sus ingresos por primas. En febrero de ese año Correa dio la primera estocada a las aseguradoras privadas al ordenar que cerca de 40 mil vehículos estatales sean asegurados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), a través de Seguros Sucre. Además de que 170 instituciones públicas debían empezar a entregar sus pólizas a la aseguradora estatal por alrededor de $150 millones en primaje.
Esto, pese a que el entonces director de Unidad de Seguros Presidenciales, Óscar Herrera, aceptaba que aún estaban planificando incrementar el patrimonio de Sucre para poder incorporar a todas las instituciones del Estado y así cumplir con la disposición presidencial.
Es decir, primero venía la orden de Correa y luego, la adecuación financiera de la empresa para asumir tales responsabilidades.
Entre los primeros activos estatales que se aseguraron con Sucre sobresalen las aeronaves de la Brigada Aérea del Ejército (BAE), así como las instalaciones de Petroecuador y de empresas telefónicas y eléctricas. Sin mayor esfuerzo las primas de Seguros Sucre empezaron a aumentar.
No obstante, para Correa esto no era suficiente. Tenía que apuntalar aún más el negocio de Seguros Sucre y en 2009 dio la orden para que las instituciones y empresas públicas contraten pólizas de seguros con las aseguradoras estatales bajo el régimen especial, pese a que este mecanismo debe aplicarse solo para circunstancias de emergencia o excepcionales. El entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, canalizó la orden presidencial. El 24 de marzo de 2009(con oficio Circular No. T.4258-SGJ-09-943) dispuso que las entidades públicas contraten obligatoriamente de forma directa con Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte.
Desde los primeros grandes contratos que Sucre alcanzó, se evidenciaron desventajas económicas para varias de las instituciones públicas que tienen los mayores activos del país.
Celec: Sucre modificó la oferta económica
Uno de los primeros ejemplos de las cuestionadas prácticas de la aseguradora estatal se dio en diciembre de 2009 cuando la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la descalificó por cambiar el monto de la oferta económica presentada originalmente en el proceso de contratación (régimen especial) de los seguros generales para Termopichincha. Es decir, modificó su propuesta económica de $3,20 millones a $4,23 millones equivalente al 32% de variación. Por ello, la Celec declaró desierta la contratación.
Mientras tanto, al finalizar 2009, Sucre pasaba al tercer escalón del ranking de seguros por prima emitida y por prima pagada, al cuarto puesto en utilidades y al quinto, en patrimonio.
Casi un año más tarde y a propósito de otras discrepancias de dos instituciones públicas con la aseguradora estatal, Mera insistía a los ministros y autoridades, (mediante oficio No. SUBSANA-O-10-5080 de 11 de marzo de 2010) que debían contratar con Seguros Sucre o Seguros Rocafuerte a través de régimen especial.
Petroecuador: Sucre cambió las ofertas
Otra polémica surgió cuando Petroecuador declaró desierto un proceso de contratación bajo régimen especial por el cual necesitaba adjudicar su póliza de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima, pues contaba con un presupuesto referencial de $32,3 millones y la única prima ofertada fue de Seguros Sucre (el 18 de febrero 2010): $42,82 millones por dos años de cobertura (sin IVA). La Comisión técnica que evaluó el proceso consideró que la oferta de Sucre no tenía relación con la realidad del mercado y la calificó como inconveniente para los intereses de la petrolera estatal.
Pese a ello, el recordatorio de Mera terminó surtiendo efecto. Cuatro meses después Sucre lograba adjudicarse el contrato en consorcio con la también estatal Seguros Rocafuerte y la privada Colonial por $32,98 millones, valor que significaba un inexplicable cambio en la tarifa de una misma póliza. Es decir, Sucre en alianza con otras empresas logró que Petroecuador le adjudique este contrato, por un monto menor en $11,52 millones (35% más bajo) al que ofreció originalmente (el 18 de febrero 2010).
Los sobreprecios de Seguros Sucre en las FF.AA.
En relación a la póliza de casco aéreo y responsabilidad civil de las Fuerzas Armadas (período 2009-2010) y a la propuesta de renovación hecha por la aseguradora estatal (2010-2011), el 23 febrero de 2010 el Ministerio de Defensa (en oficio N° MDN-2010-015) hizo reclamos y pidió explicaciones al entonces gerente de Seguros Sucre, Oscar Herrera, sobre la base de una auditoría interna.
Entre los reclamos constaban un supuesto sobreprecio(en la póliza 2009-2010) de $353.931, el incremento del costo de la póliza de un avión pese a tener mejores condiciones que otra aeronave ya asegurada: por un Boeing 727-100 de Tame, Sucre cobraba una tasa del 3,7% y por un Boeing 727-200 con mejores condiciones técnicas, la aseguradora estatal subió el canon al 7%. Además, en mayo de 2010 Sucre había remitido al Ministerio de Defensa un nuevo documento de colocación de la póliza en el mercado londinense a través del bróker AON Ecuador S.A., pero en la auditoría se determinó que la contratación con AON se dio sin que conste la firma de su real representante (Andrew Hye). Por lo tanto, los trámites hechos con este supuesto bróker no tendrían valor legal.
En cuanto a la propuesta de Sucre para la renovación de esta póliza con período 2010-2011, el Ministerio de Defensa cuestionó que Sucre planteara una penalización injustificada por siniestralidad de $4,5 millones; observó también que en el rubro transporte de municiones se excluyera de la cobertura a la tripulación, lo cual carecía de fundamentos, por lo que tal exclusión fue calificada como violatoria a las condiciones de la póliza.
Estas diferencias entre las autoridades de Defensa y Seguros Sucre alcanzaron su punto más álgido cuando el entonces comandante de la Armada, Aland Molestina, ordenó que las operaciones aéreas se suspendan por 10 horas debido a la falta de claridad en los términos contractuales con Sucre. No obstante, a los pocos días una comunicación del ex ministro de Defensa Javier Ponce determinó que se retomaran las operaciones.
Extrañamente, pese a los cuestionamientos de la propia cartera de Defensa y los indicios de supuestas ilegalidades en las condiciones de colocación del reaseguro por parte de Sucre, el ex ministro Ponce terminó firmando un convenio de pago por servicios prestados de Sucre, en julio del 2010, con el ex gerente de esta aseguradora, Maximiliano Donoso. Y en diciembre de ese año los mismos personeros firmaron la póliza 6000041 para el período 2010-2011, por una prima neta de $17,4 millones.
Las imposiciones de Seguros Sucre y las contradicciones del ex ministro Ponce fueron cuestionadas por la Contraloría: «La posición ambigua, imprecisa, y falta de decisiones y acciones del ministro (Ponce), asesores, coordinadores y demás servidores del Ministerio de Defensa ocasionaron que las FF.AA. hayan tenido que aceptar una cobertura de seguros bajo condiciones y cláusulasimpuestas tácitamente por Seguros Sucre y el mercado reasegurador internacional, contrarias a las exigencias y necesidades de las FF.AA.».
El historial de Seguros Sucre en Contraloría
Los sobreprecios en el costo de las pólizas en el caso de las Fuerzas Armadas consta en un examen especial hecho por el organismo de control a la extensión de la vigencia del reaseguro hasta el 5 de enero de 2011, de la póliza de casco aéreo y responsabilidad civil con Seguros Sucre y al convenio de pago correspondiente. En su informe (DA3- 0044-2011) se detallan irregularidades como «un pago en exceso no justificado» de $7,96 millones a Seguros Sucre para la contratación del reaseguro. Para la Contraloría «no hay sustento que fundamente el egreso de estos recursos».
A las observaciones de Contraloría se sumaban las de la Junta Bancaria que en ese tiempo controlaba a las aseguradoras. Impuso una sanción a Sucre por su accionar relacionado con reaseguros. El 29 de septiembre del 2010, la Intendencia del Sistema de Seguro Privado multó con $2.103,12 tanto a Maximiliano Donoso, entonces gerente de Seguros Sucre, como al representante de la aseguradora Colonial (mediante oficios INSP-2010-4219 y 4218), al determinar que en la póliza de todo riesgo petrolero emitida a favor de Petroamazonas, el consorcio integrado por ambas compañías, colocó reaseguros por medio de Aon Group Ecuador intermediario de reaseguros S.A, con Oman Insurance Company y Misr Insurance Company,entidades que no estaban inscritas en la Superintendencia de Bancos como reaseguradores extranjeros y por tanto no estaban autorizadas para trabajar en el país.
Las dos aseguradoras violaron la Ley de Seguros (especialmente Art. 12) y fueron advertidas por la Intendencia del ramo que “de repetirse esta situación se les revocará el certificado de autorización del ramo involucrado (…)”.
Seguros Sucre siguió con su escalada de crecimiento en el mercado. Por prima neta emitida, figuró entre las cinco empresas de mayor presencia en la actividad a diciembre 2011. La entonces QBE Colonial lideraba con el 11,54%, ACE tenía el 9,74%, Equinoccial 8,23%, Sucre 7,89%, y AIG Metropolitana 4,46%.
Más adelante, la Contraloría emitía otro informe sobre Seguros Sucre, el #DADeIS-0001-2013, que no es público y que fue remitido a la Fiscalía por el delito de peculado y hasta el año anterior estaba en indagación previa.
Mientras tanto, en medio de una accidentada relación con Seguros Sucre y tras el resultado de auditorías realizadas a la póliza de casco aéreo, el 1 de agosto de 2013 el Departamento de Transportes del Ministerio de Defensa presentó un estudio de mercado donde se comparaban las cotizaciones para la mencionada póliza. Su conclusión: “No se puede considerar como presupuesto referencial las tasas cotizadas por Seguros del Estado, ya que superan considerablemente la prima anual que la Armada ha venido pagando”. [1]
Según el estudio, hasta antes del 2009 la Armada Nacional pagaba menos por sus pólizas contratadas mediante concursos.
Fuentes de la cartera de Defensa dijeron a PI y La Historia, que las contínuas observaciones que la Armada realizaba a los costos de Seguros Sucre determinaron que los técnicos de esta rama de las FF.AA. fueran relegados de las comisiones que analizaban los procesos contractuales. El Ministerio de Defensa se encargó directamente del tema y siguió contratando con Sucre.
Tampoco la calidad del servicio de Sucre ha estado exenta de cuestionamientos. La Contraloría en más de una ocasión observó la demora en la solución de los siniestros.
En el examen especial DAAC-0119-2016 a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y vigencia de los contratos de seguros y reaseguros aéreos de las Fuerzas Aérea, Terrestre y Naval (período 1 de enero de 2013 a 30 de noviembre de 2015) estableció que 39 siniestros (correspondientes a 4 pólizas), ocurridos desde el 2013 y 2015, no habían sido cerrados (hasta septiembre de 2016) por parte de los reaseguradores internacionales ni de Seguros Sucre, representando un valor de $13´178 217, 23 pendientes de liquidar al Ministerio de Defensa.
Adicionalmente no hubo seguimiento a estos pendientes por parte de varias instancias del Ministerio de Defensa. Ello impidió que las FF.AA. cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
En este informe también se señala que la aeronave TWIN OTTER FAE-448, siniestrada el 11 de octubre de 2013 fue reparada 137 días después de lo estipulado, debido a que funcionarios de varios estamentos del Ministerio de Defensa no realizaron las gestiones necesarias para cumplir las condiciones de la póliza y la entrega oportuna de la aeronave reparada.
Así se allanó el camino del monopolio de Seguros Sucre
Pese a estos cuestionamientos a la eficiencia de Sucre, su peso en el mercado la catapultó hacia la cima de los mayores proveedores del Estado. Sucre experimentó un primer gran salto en la captación de las pólizas del sector público entre 2012 y 2013, cuando pasó de $407 mil a $33,53 millones, un 8.138% de incremento.
Pero la obligación de contratar a Sucre bajo el régimen especial no fue el único factor que continuó allanando el camino para que la aseguradora estatal reafirme su posición. De acuerdo con expertos del sector, el tercer movimiento en el tablero fue la disposición (septiembre de 2015) de que la Superintendencia de Compañías asuma el control de todo el régimen de seguros privados en Ecuador, sin que su personal cuente con la formación y la experiencia técnica. “Este traspaso de la Superintendencia de Bancos a la de Compañías se hizo para debilitar la supervisión del sector de seguros”, enfatizaron los expertos.
Las limitaciones en el esquema de supervisión lo admite la propia Superintendencia en su último estudio sectorial “Panorama del mercado de seguros en Ecuador: 2015—2018”. Señala que en la primera etapa en que los clientes acuden a una compañía aseguradora directamente o a través de un intermediario, la Superintendencia tiene un control alto, “sin embargo, en la etapa 2, en donde intervienen las reaseguradoras y los intermediarios de reaseguros el control se convierte en un control medio. Finalmente, las reaseguradoras, compañías de seguros y clientes… pueden acudir a aseguradoras y reaseguradoras en el exterior, que se encuentran en una etapa de control limitado”.
En este contexto, Seguros Sucre se mantuvo en ascenso. En 2016, ocupó el quinto lugar de los mayores proveedores con adjudicaciones que sumaron $128 millones. En 2017, fue la número uno, con $164.6 millones en pólizas de seguros.
Al no tener competencia de otros proveedores, Seguros Sucre no solo accedía a los mejores contratos del sector público, sino que seguía imponiendo precios y otras condiciones.
En 2017 una de las más altas pólizas adjudicadas a Sucre fue para asegurar las unidades Electroguayas, Termogas Machala, Termopichincha, Termoesmeraldas y Gensur. La Corporación Eléctrica del Ecuador (de CELEC EP) pagó $18.6 millones por este seguro, $2.4 millones más en relación a lo que pagó en 2016 por la misma póliza.
Tame EP adjudicó a Sucre el seguro de aviación, en 2014, y pagó$8.6 millonespor ese contrato. Dos años después el valor de la misma póliza fue $6.4 millones. Sucre la volvió a subir en 2017 a $10.6 millones y para 2018, por seguro de aviación, seguros generales, vida y asistencia médica, la bajó a $7.9 millones.
En 2017, el Ministerio del Interior también adjudicó el seguro de aviación a Sucre por$7,1 millones, mientras por la misma póliza en 2015 pagó a Sucre $6.4 millones. En 2013, gastó $4.3 millones. (ver gráfico con detalle de los principales contratos)
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Nacional de Compras Públicas (SERCOP) a PI , al momento Sucre lidera el ranking de los 10 mayores proveedores con los más altos valores adjudicados en contratación de seguros, durante el período 2013 – jun 2019.
En seis años y medio todos los contratos de seguros sumaron $1.141,6 millones. Sucre ha logrado adjudicarse centenares de pólizas por $718,6 millones, que equivale al 63% del total contratado. Le sigue Seguros Rocafuerte con $154,9 millones que significan el 14% del total. Desde septiembre de 2017 Sucre asumió todos los activos, pasivos y hasta procesos legales de Rocafuerte mediante un proceso de fusión por absorción por el cual Rocafuerte salió del mapa, quedando Sucre como la única aseguradora estatal en el mercado y asumiendo los compromisos contractuales de Rocafuerte.
Entre las dos empresas sumaron $873,5 millones en contratos en los últimos seis años y medio, que equivalen al 77% del pastel del negocio de seguros.
Instituciones públicas que más contrataron con Seguros Sucre
PI y La Historia revisaron además 1900 contratos firmados por Sucre entre 2012 y 2018, con 662 instituciones públicas y estableció que esas contrataciones, adjudicadas bajo la modalidad de régimen especial, sumaron $517 millones.
Las 10 instituciones que más contrataron con Seguros Sucre en ese período de 7 años fueron:
PI solicitó al SERCOP información sobre los contratos adjudicados a Seguros Sucre en el sector público. El SERCOP entregó un ranking de las 10 entidades con mayor valor adjudicado en contratación de seguros en general, entre 2013 y junio de 2019. Es decir, sin el detalle de cuántos de esos montos contractuales corresponden solo al sector público.
En este ranking del SERCOP también el Ministerio de Defensa se mantiene a la cabeza, con un gasto en seguros, por $163,1 millones. CELEC EP en segundo lugar con $123,6 millones. Petroecuador y el Ministerio del Interior con $70,1 y $65 millones respectivamente.
En 2018 caen utilidades y aumenta la morosidad de Sucre
Pese a las ventajas competitivas que le significó tener el monopolio del mercado de seguros desde 2009 y así convertirse en la mayor contratista del Estado, Seguros Sucre vio caer su rentabilidad en el 97% durante 2018, desplome que se explica por una pérdida en su portafolio de inversiones, la reducción de primas emitidas y un mayor nivel de provisiones y castigos, de acuerdo con el análisis realizado a su desempeño financiero por parte de la calificadora de riesgos Pacific Credit Rating PCR.
A este panorama se sumó una pérdida de importantes clientes y el aumento de 38 puntos en la morosidad que colocó a la aseguradora estatal muy por encima del promedio del sistema de seguros.
Las utilidades de Seguros Sucre en 2017 alcanzaron su pico más alto con $17,9 millones, pero el año pasado registró una reducción del 96,60% al ubicarse en $609 mil. Todo el sector asegurador vio decaer sus utilidades en 27,77%, influenciado por Seguros Sucre, que es la que más aportaba a la rentabilidad del sistema.
Uno de los factores que impactaron en el bajo nivel de utilidades de Sucre, según ejecutivos de PCR, firma que hizo la última calificación de riesgos de Seguros Sucre (AA, a diciembre de 2018), fue la pérdida de $6,3 millones en el rubro de inversiones frente a utilidades registradas en este portafolio de $3,89 millones a diciembre de 2017. La Casa de Valores del Pacífico Valpacífico que administra este portafolio de Seguros Sucre, invirtió $8,3 millones en un fondo de inversión alojado en las Islas Caimán (paraíso fiscal); devolvió $2 millones, pero ahora desconoce a Seguros Sucre como la dueña de $6,3 millones (en bonos global 2024). Sucre interpuso una demanda penal en contra de Valpacífico por supuesto “abuso de confianza”. La Fiscalía investiga el caso.
Este tema, más el proceso legal que asumió Sucre tras su fusión con Seguros Rocafuerte y que implicaba una demanda por $34,64 millones por parte de Petroecuador, son parte del riesgo legal con el que ha tenido que lidiar Seguros Sucre.
Otro elemento que incidió en la baja de utilidades fue el aumento del rubro de provisiones (reservas) y castigos de $5,55 millones a $13,95 millones.
La morosidad total también tuvo una gran escalada. Pasó de 25,86% (dic17) a 64,75% (dic18), ubicándose por encima del sistema de seguros (37,29% dic18). Este incremento obedeció principalmente a una reducción de los deudores por primas, lo que se explica en la no renovación anual de algunas cuentas.
Ejecutivos de PCR, explican que la decisión del presidente Lenin Moreno (mediante decreto 395) del 15 de mayo de 2018 respecto a que las instituciones públicas eviten el uso de procedimientos de contratación directa y de régimen especial “con el fin de promover la concurrencia de más participantes, la transparencia en la contratación pública y optimizar el gasto público” determinó que Seguros Sucre pierda varios clientes del sector público, su principal nicho de mercado, pues constituye el 90% de su cartera total de clientes.
Como efecto de esto, en 2018 la presencia de Seguros Sucre en el mercado se ve algo golpeada, pues se adjudicó $89.6 millones en contratos, 45,56% menos que en 2017. En el ranking del Sercop, de los 10 mayores proveedores del Estado durante el primer semestre del año ya no aparece Seguros Sucre. En este top solo aparece Hispana de Seguros en el sexto puesto con $34,5 millones en contratos.
Los técnicos de PCR admitieron además que “debido a que Sucre tuvo por casi una década un mercado cautivo en el sector público sus precios estaban más altos que los de la competencia”.
A criterio de los ejecutivos de PCR, otro factor que afectó a Sucre fueron las limitaciones fiscales del Estado. “Antes los presupuestos se podían manejar anualmente, ahora muchas de las entidades no están renovando sus contratos de todo un año, se están manejando por etapas, aprobando seguros por trimestre o semestre”.
Esto generó que la producción de primas emitidas por Seguros Sucre caiga en 30% en 2018.
Ante este panorama, Seguros Sucre ha tenido que ajustar su tarifario, con descuentos respecto a los precios que ha venido cobrando en los últimos años. Expertos en el tema y los técnicos de la calificadora PCR explicaron que al ser la Superintendencia de Compañías el organismo que aprueba dichas tarifas o notas técnicas es el que debió analizar si las aplicadas por Sucre estaban técnicamente bien concebidas, respaldadas en un sustento actuarial y acorde al mercado.
Pero a diferencia de lo que sucede con las tarifas de las empresas del mercado de valores, por ejemplo, que sí se publican en el portal de la Superintendencia de Compañías, el tarifario o notas técnicas de las aseguradoras no aparecen en el portal de este organismo de control.
Hace más de 15 días, Mil Hojas solicitó (como parte de un cuestionario) al mencionado organismo de control información sobre el ajuste tarifario (en porcentaje y en dólares) realizado por la aseguradora estatal para enfrentar el nuevo escenario de mayor competencia, así como el sustento legal para que esta información no sea pública. Los directivos de Comunicación de ese organismo de control ofrecieron respuestas hasta el pasado 15 de agosto, lo cual no se cumplió. (ver cuestionario enviado a la Superintendencia de Compañías).
¿Sucre ha movido sus tarifas a discreción?
La estrategia de Seguros Sucre para mantener a estos clientes ha sido una moneda de dos caras: en varios casos ha acudido a variaciones a la baja en sus tarifas, pero también ha habido procesos en los que, a criterio del Comité empresarial ecuatoriano, se han diseñado requisitos que solo puede cumplir Seguros Sucre, cerrando el paso a las aseguradoras privadas, pese a tener tarifas más competitivas.
En el primer ámbito hay un caso emblemático. Durante cinco períodos anteriores, Sucre fue la adjudicataria de la póliza para el casco aéreo y responsabilidad civil del Ministerio de Defensa. Para el período 2017-2018 había cobrado por ese contrato $21,4 millones. Para el nuevo proceso con vigencia 2019-2020 se dio un proceso que se declaró desierto porque las ofertas no cumplieron los requisitos contractuales. En un segundo intento se presentaron tres ofertas: La Unión con $15,7 millones, Interoceánica con $17 millones y Sucre con $19,2 millones, $2,2 millones menos que la póliza vigente en sus manos.
Uno de los trámites que se hicieron en el proceso precontractual fue un estudio de mercado presentado por la Dirección de Seguros de Bienes Estratégicos el 20 de marzo de 2019 para definir el presupuesto referencial de esta contratación, el cual se fijó en $19’278.741,33.
Mientras estaba en la fase de calificación de ofertas de este segundo intento, el Ministerio de Defensa declaró desierto el proceso (23 de mayo pasado) para reestructurarlo, según dijeron en un comunicado de prensa. En la resolución tomada por el ministro del ramo, Oswaldo Jarrín, se señala que se inhabilitaron las ofertas de La Unión e Interoceánica por no cumplir con los requisitos exigidos por la cartera de Defensa: La Unión no determinó con exactitud el porcentaje de riesgo que iba a retener, mientras Interoceánica no cumplió con el porcentaje mínimo de retención.
Voceros de La Unión y del Comité empresarial aseguraron que estos requisitos solo los podía cumplir Sucre y que por eso el concurso estaba direccionado.
En junio pasado se abrió un nuevo proceso. La Unión ofertó $16,91 millones y Sucre $15,28 millones, cifra inferior en $3,9 millones a la oferta hecha en el segundo proceso contractual para esta póliza. El 2 de julio Sucre fue adjudicada con el seguro de casco aéreo y responsabilidad civil por sexta ocasión.
Fuentes del Ministerio de Defensa que pidieron la reserva afirmaron que se escogió a Seguros Sucre no solo porque su oferta económica fue la más baja sino también porque La Unión presentó un reasegurador brasilero que asumía el 35% de todo el riesgo del casco de Fuerzas Armadas. “Ni siquiera Loyds que es el más grande reaseguro ha asumido tanto”. Además, el reasegurador que la Unión estaba presentando estaba involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Según las denuncias, esa reaseguradora utilizaba a Odebrecht para lavar el dinero.
Seguros La Unión, a través de la subgerente Yina Flores De Valgaz, le dijo a PI que el respaldo del reaseguro brasileño presentado por su empresa es el Instituto de Reaseguros de Brasil que ha sido calificada con A por la calificadora internacional Standard&Poorr´s, que no tiene ningún escándalo relacionado con Odebrecht y que el mercado de Lloyd´s respalda la colocación con ,as del 60% por lo que la afirmación de que Lloyd´s nunca asumió un riesgo mas del 35% es una mentira. Agregó que las declaraciones de nuestra fuente del ministerio de finanzas denotan complicidad con esa contratación ya que en ese concurso Seguros Sucre redujo el precio original que era $21.423.972 a 15.288.166. Lea aquí la respuesta de La Unión.
En febrero pasado, Petroamazonas inició el proceso de contratación de seguros de ramos técnicos que incluye las pólizas: todo riesgo petrolero y responsabilidad civil general y marítima. El monto en bienes a ser asegurados fue de $3.850 millones.
Se presentaron 3 ofertas: la del consorcio integrado por Aseguradora del Sur-Hispana y Latina con una propuesta económica de $11 millones; Seguros Alianza con $11,17 millones y Seguros Sucre con $11,48 millones.
La primera obtuvo el puntaje más alto: 98,31/100; la segunda fue calificada con 96,89/100 y Sucre con 88,14/100. La gerencia de Sucre pidió al SERCOP aclaraciones al procedimiento, pero esta entidad archivó el reclamo este 17 de abril, dando paso a la adjudicación al primer consorcio mencionado, por $11 millones, sin incluir impuestos.
El contrato se firmó el 18 de abril de este año y las pólizas tendrán vigencia hasta el 17 de abril de 2021.
Justamente Seguros Sucre estaba a cargo de la cobertura de estas pólizas por el periodo entre el 24 de noviembre de 2016 y el 14 de noviembre de 2018. Lo que cobró por ello fue $15’442,497.10 sin impuestos. Es decir un precio $4,44 millones más caro que el adjudicado para el actual período e incluso $3,96 millones más alto que su propia oferta hecha en este último concurso.
¿Abuso o perjuicios del régimen especial?
La opción que tienen desde 2018 las instituciones del Gobierno central y las empresas públicas de contratar pólizas de seguros mediante concursos ha puesto al descubierto los excesos que le permitió a Seguros Sucre la contratación a dedo, pues por casi una década impuso los precios a cobrar en centenares de pólizas del sector público.
Los efectos de este cambio en la política contractual del Gobierno no implican solo los importantes ahorros que los concursos están generando al fisco, sino también evidencian eventuales perjuicios al Estado.
En decenas de contratos suscritos, desde este año, por la aseguradora estatal con instituciones y empresas públicas Mil Hojas identificó cómo Seguros Sucre ha empezado a bajar sus tarifas, llegando hasta un 30% de reducción en comparación con sus propios contratos obtenidos bajo régimen especial.
Un estudio realizado entre el Servicio Nacional de Contratación (Sercop) y el Banco Mundial (BM) en septiembre de 2018 reveló que a nivel general se abusó de la contratación bajo la figura de régimen especial o contratación directa al punto que se descubrió que los precios obtenidos mediante este mecanismo fueron, en promedio, dos veces más caros. De la comparación entre precios contratados con régimen especial y régimen común, se concluyó que si entraban a competencia, habría significado un ahorro de $1.400 millones.
El mercado de seguros no estuvo exento de esta distorsión a la que se llegó con la contratación directa con Seguros Sucre. De hecho la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose) hizo una estimación de que al abrirse las licitaciones en las instituciones públicas, lo cual implica competencia en precio y calidad del servicio, el Estado podría ahorrarse al menos $40 millones anuales en la contratación de sus pólizas.
El gerente de este gremio Patricio Salas explicó que la estimación se basó en un análisis de costos del mercado nacional de seguros e internacional de reaseguros que en los últimos años ha tenido condiciones más favorables en precios; así como en el volumen de negocios que tenía Seguros Sucre hasta 2018 y que sumaba aproximadamente $200 millones.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera que durante el Gobierno anterior hubo mucha opacidad en la forma en que las entidades gubernamentales asignaban los contratos a Seguros Sucre, pues si bien lo permitía la legislación vigente, no se asignaban los contratos con precios competitivos “y en ese orden no cabe duda que se perdió dinero, pues si hubiera habido libre competencia los valores hubieran sido sustancialmente menores”.
Sobre la base de la estimación global de ahorro realizada por el SERCOP y el Banco Mundial, Mil Hojas pidió al SERCOP un detalle de cuánto de esos $1.400 millones corresponden a un eventual ahorro que se hubiera logrado en las contrataciones que realizaron las instituciones del gobierno central y las empresas públicas con Seguros Sucre entre 2008 y 2018.
La respuesta de Sercop fue: “Los 1400 millones de costo de oportunidad responden a un análisis econométrico de enfoque global del período 2013-2016 cuyo objetivo respondió, entre otros, a generar estrategias globales de concurrencia en la compra pública. Por este motivo, el modelo no contempló ni permite realizar desagregación sectorial.”
Expertos consultados comentaron que, si entidades como el Sercop no tienen capacidad de generar data desagregada y análisis sectoriales, cómo puede coadyuvar a construir una acertada política pública en este tema. De hecho, si el presidente Moreno ordenó priorizar el concurso público como un mecanismo con el que aspira un ahorro de casi $400 millones, y siendo el sector de seguros un ramo que ha movido centenares de millones de dólares en la economía, debe existir información más detallada de lo que significó el régimen especial en esta actividad económica que estuvo liderada por Seguros Sucre.
En esta nota hemos presentado varios ejemplos de las estrategias tarifarias y de otro tipo usadas por Sucre en los últimos años.
Siniestros
Solo $ 9,6 millones pagó Seguros Sucre hasta julio del 2019 por los siniestros reportados especialmente de los rubros agrícola ($2,1 millones) seguro de vida en grupo ($3,1 millones) y vehículos ($1,1 millones). Y acumula un alto número de casos pendientes de resolución que superan –hasta la misma fecha- un total de $ 201,7 millones.
Solo los ramos de Todo riesgo petrolero, Aviación, Incendio y Líneas aliadas, Multiriesgo, Rotura de maquinaria, Responsabilidad civil y Agropecuario, sobrepasan los $162 millones que por razones no especificadas aún no se cancelan, según los reportes de cumplimiento de siniestros publicados por Seguros Sucre.
A julio de este año, los siniestros de riesgo petrolero sumaron 23 casos por $40,3 millones, cuando en el 2015, que es el primer reporte que realiza la compañía y están publicados en su página web, la cifra fue de 32 casos por $23,6 millones.
El rubro más alto en el 2019 es de la rama de Multiriesgo con 912 casos y $43,1 millones, mientras que en el 2015 fueron de 389 casos por $3,3 millones.
En el ramo agropecuario en el 2015 se presentaron 138 casos por $ 113.882, pero estaban pendientes de resolución 814 por $406,5 millones. A julio del 2019, los casos repuntaron a 5.474 por $ 2,8 millones.
En un análisis de la calificadora Class International Rating, Seguros Sucre presentó a junio del 2018 un total de 37.574 siniestros por $83,8 millones de dólares y en todo el año 2017 sumaron 53.332 siniestros por $126,8 millones.
Class International, aclaró que la cifra del 2017 corresponde solo a los siniestros aperturados, pero desconocen los casos que se mantienen en reserva de años anteriores.
En el caso de los siniestros pagados, al cierre de diciembre del 2018, la Corporación Financiera Nacional (CFN) detalló una cifra de pago de $146,5 millones, lo cual es inferior en 4,87% a lo pagado en el 2017. “Esto se debe a que en el período anterior se cubrieron los siniestros presentados en las pólizas de vehículos de la Policía Nacional, el cual fue absorbido como parte de la fusión con Rocafuerte Seguros”, detalló la entidad en su memoria del 2018.
El libre negocio de los reaseguros
“Seguros Sucre se ve en la necesidad de colocar facultativamente riesgos como centrales hidroeléctricas, Autoridades Portuarias, entre otros, debido a que así lo exigen en sus bases los mismos asegurados o porque sus contratos automáticos excluyen estos giros de negocio. Estas cuentas por lo general son colocadas facultativamente en 99% o 99,99% que se convierte en un 100% a colocar. Ninguna compañía de seguros puede hacer fronting, es por ello que las cuentas de Seguros Sucre se ceden hasta el 99,99%”.
Esta descripción de cómo se cede este tipo de riesgos al reaseguro internacional se encuentra en la calificación de riesgo hecha a Seguros Sucre por parte de Class International Rating a junio de 2018.
Por lo tanto, el argumento correísta de que los recursos se quedan en el mismo Estado si las instituciones públicas contratan con empresas del Estado fue solo un discurso en el caso de las pólizas de Seguros Sucre, que llegó a ceder hasta el 99,99% del riesgo (especialmente en los casos en que aseguraba enormes infraestructuras) a los reaseguradores extranjeros.
Gran parte del monto contratado por las instituciones y empresas públicas con Sucre no se queda para ser invertido en el Ecuador. Por lo tanto, los eventuales perjuicios al Estado habrían beneficiado a varios reaseguradores extranjeros, indicaron expertos en seguros y funcionarios de gobierno que han participado en algunos de los procesos contractuales ganados por las aseguradoras estatales.
Tal como funciona el sistema de contratación de seguros en el país, la aseguradora nacional actúa solo como una intermediaria. Además, existe mucha opacidad en relación a los contratos que Seguros Sucre ha suscrito con las reaseguradoras extranjeras. En teoría esos contratos deben registrarse en la Superintendencia de Compañías, pero si no se transparentan las tarifas que cobran las aseguradoras nacionales, mucho peor los costos que las reaseguradoras extranjeras cobran, así como sus márgenes de ganancia. No hay ningún nivel de control respecto al porcentaje de utilidad que estos obtienen. Tampoco se sabe cuánto se paga de comisión a los brokers de reaseguros. Todo esto se deja a libre discreción de estas grandes empresas. Por ejemplo, en la póliza de casco marítimo del Ministerio de Defensa, se asegura tanto el casco como la responsabilidad civil (ante terceros), dos coberturas grandes, pero el contratante solo conoce que cada uno de los reaseguradores cubren determinados porcentajes de riesgo por cada ítem asegurado, pero desconoce cuánto cobra cada reaseguro y si está cubierto al 100%.
El modus operandi de Seguros Sucre con sus bróckers y sus reaseguros también ha estado en la mira. En septiembre de 2018 asambleístas del movimiento CREO pidieron a la Fiscalía que reabra la investigación en la contratación de seguros y reaseguros de Sucre con CELEC.
Se denunció “una asociación ilícita interinstitucional para perjudicar al país en unos $38 millones”, donde CELEC contrata a Seguros Sucre y este a su vez a una intermediaria o bróker Security Re, cuyos propietarios son Esteban y Pedro Merlo Hidalgo. Este último casado con una sobrina de Diego Guzmán, quien renunció a la gerencia de Seguros Sucre pocos días antes y estuvo involucrado en el caso 30S.
Seguros Sucre, por su parte denunció a Security Re por falsificar los documentos con relación a las notas de cobertura para los reaseguros lo cual, aseguró en ese entonces que le impedía pagar $34 millones a CELEC que gastó para reparar los daños que sufrió en 2011 la presa de Pucará, como producto de un sismo en Tungurahua.
La Superintendencia de Compañías evalúa a los reaseguradores sobre la base de su capacidad de pagar siniestros, verificando su calificación de riesgos internacional con firmas como Stándar & Poors, Moodys.
Desde septiembre estaba prevista una auditoría financiera y operativa a Seguros Sucre
El pasado primero de agosto Mil Hojas envió un cuestionario a Jorge Lince, Intendente Nacional de Seguros de la Superintendencia de Compañías. Entre las principales respuestas, enviadas el 21 de agosto, consta el anuncio de que la mencionada Intendencia ha planificado para el último cuatrimestre del año una auditoría a la situación financiera y operativa de Seguros Sucre. Tal declaración surgió en el contexto de las acciones del organismo de control frente a una presunta mala administración de la Casa de Valores Valpacífico a $8,3 millones en bonos que Seguros Sucre le entregó para su administración. La Intendencia de Seguros dijo que pide constantes informes de las acciones legales que sigue Sucre por este tema tanto dentro como fuera del país.
En cuanto al interrogante de qué normativa impide que sean públicos los contratos que las aseguradoras firman con los reaseguros, la Intendencia del ramo contestó que por el principio de dispersión del riesgo (característico del reaseguro), en estos contratos se plasman condiciones propias de cada negociación y que además está la cláusula de confidencialidad por las que no se puede “divulgar el contenido de las negociaciones u operaciones alcanzadas, ni durante su vigencia ni pasada ésta, de las informaciones que se hayan proporcionado entre sí, excepto cuando una autoridad lo requiera”.
Al consultar qué garantías tiene el Estado de que sus bienes asegurados serán respaldados por los reaseguros internacionales, pues solo deben estar registrados en la Superintendencia de Compañías, pero no se los controla, en resumen la Intendencia de Seguros respondió que la Superintendencia…”no tiene competencia para supervisar a compañías establecidas en otros países, estas empresas se sujetan a la tutela jurídica de las entidades supervisoras de los países donde estén domiciliadas”. Agregó “la compañía de seguros es el principal actor que debe velar porque las pólizas de seguros que emite estén debidamente respaldadas. Para que, de presentarse un siniestro, tengan el dinero para responder. Y en esos casos reciban el porcentaje convenido por parte del reasegurador”.
Sobre la disposición presidencial de evitar la contratación directa porque ha generado pérdidas de más de $1.400 millones, se consultó cómo ha aportado la Intendencia para cumplir esta restricción en el caso de Seguros Sucre. Su respuesta fue que la contratación pública no es su ámbito de control, que son las empresas públicas las que deben sujetarse a la Ley y la Contraloría del Estado la debe velar porque así sea.
Respecto a la pregunta de cuánto ha sido (en porcentajes y dólares) el ajuste tarifario realizados por Seguros Sucre para enfrentar el nuevo escenario de mayor competencia, la autoridad dijo que el tema es “parte de las políticas y directricesinternas de las aseguradoras, por tanto, no es competencia del órgano de control participar sobre dichos temas”.
En el Ecuador, para la contratación de seguros opera la ley de la oferta y la demanday las condiciones de las pólizas y las tarifas serán el resultado del régimen de libre competencia del mercado de seguros. Así respondió la Intendencia en relación al interrogante de cómo se justifica que hay casos de ofertas más bajas de Seguros Sucre en pólizas en las que redujo sus propias tarifas de años anteriores.
Al consultar cuál es la norma que señala que las tarifas de seguros no son información pública, la autoridad volvió a mencionar a la libre competencia y dijo además que “el tarifario aprobado por el órgano de control puede ser modificado por la aseguradoraen los planes de seguros propuestos, en atención a los riesgos asumidos, a la oferta propuesta, a la siniestralidad, entre otros factores”.
Sobre la base legal para los seguros extendidos, indicó que la normativa no especifica un periodo mínimo para la vigencia de los contratos de seguro, lo que si requiere, en el caso de las modificaciones, renovaciones o ampliación de vigencia es que se especifique el término de la misma.
La calificación de riesgo hecha a junio de 2018 conmina a Seguros Sucre a poner mayor énfasis en su gestión de cobranza para evitar un posible riesgo de incobrabilidad. En relación a esto la autoridad indicó que generalmente las empresas proveedoras del estado se ven afectadas por la demora en el pago, pero el tamaño de Sucre le permite al pago oportuno de sus siniestros. Pese a ello, la Intendencia admitió que la Junta de Regulación Financiera aprobó una reforma a la normativa de provisiones sobre cartera vencida. “Con esta norma se sincera la valoración de la cartera, se otorga una calificación a los deudores y el porcentaje de provisiones aumenta, a fin de promover que las compañías de seguros gestionen de forma adecuada la cartera, su antigüedad y su recuperación”.
Aspiramos que este especial, que ponemos a consideración de nuestros lectores, enrumbe el camino para descubrir qué pasó en el sistema de seguros estatales. Expertos en esta rama consideran que la ruta del dinero de la corrupción en el tema de seguros, pudo haber sido de 80 millones por año, una cifra que proyectada al período correísta bordea los 900 millones de dólares.
Empresario Diego Sánchez Silva responde al informe ´Sucre y el juego de los reaseguros´
El empresario Diego Sánchez Silva, del grupo Global Reinsurance envió el pasado 28 de octubre de 2019 una carta de replica al este informe Seguros Sucre, El juego de los reaseguros que este portal publicó el 2 de octubre de este año.
La carta, dirigida a Christian Zurita, del portal MilHojas, con copia a Fernando Villavicencio, muestran los desacuerdos en los contenidos de 18 puntos del reportaje. Diego Sánchez expone que se ha faltado a los principios elementales del periodismo y la ética, que se trata de información tendenciosa, que ha pretendido difamarlo sin pruebas.
La carta manifiesta, entre algunos puntos, que Diego Sánchez y Global Reinsurance Broker jamás han tenido ninguna queja o sanción por parte de las superintendencias de Bancos y Compañías.
Solicita además que explique la vinculación que el reportaje realiza sobre los empresarios Andrew Hye, el ex superintendente de bancos Alejandro Maldonado y Diego Sánchez. Anexa como prueba que Global Reinsurance Broker Inc no administró, pagó, recibió, gestionó primas y siniestros en el período de Maldonado.
Solicita que se aclare la afirmación de que existió anomalías de Diego Sánchez y su empresa Global en la emisión de pólizas de TAME.
Sobre la afirmación de que el 30 de julio el bróker BMS le confirmó a seguros Sucre la renovación automática de 252,5 millones la carta pide que se aclare si el valor anteriormente señalado (252,5 millones) corresponde a primas o sumas aseguradas. Al no aclarar Diego Sánchez cree que “la publicación confunde conceptos, desconoce y desinforma”.
Este portal, para mayor entendimiento reproduce completamente la carta enviada por Diego Sánchez.
A nuestro favor sólo agregaremos que buena parte de los documentos de respaldo se anexaron al informe periodístico, que tiene 25 páginas; aquellos que no han sido publicados se ajustan al derecho de reserva de fuentes informativas.
Hoy, doce años después de la llegada de Cai como embajador a nuestro país, su nombre aparece como uno de los acusados por la Fiscalía dentro del caso que ya se constituye en el modelo del mecanismo de pago de favores, contratos y corrupción dentro de la administración pública: Arroz Verde. Nada que preocupe a Runguo, quien ahora tiene 68 años, ni siquiera por la orden de prisión en su contra dictada por la jueza de la Corte Nacional Daniella Camacho. Él se encuentra a buen recaudo en China, a 16.213 kilómetros de distancia de Ecuador, con un océano de por medio.
Durante su paso por Ecuador, Cai Runguo se manejó como un hábil empresario negociador y un exitoso diplomático. Las dos cosas a la vez. Un doble estandar al que sumó el necesario olfato político para identificar a los líderes precisos con quienes podía concretar buenos negocios. Un recorrido que no estuvo exento de altibajos y momentos de crisis, como cuando las relaciones bilaterales se pusieron grises -allá por 2010- por las apasionadas críticas hechas por el presidente Rafael Correa. Pero que, como contrapeso, también le trajo reconocimientos y homenajes públicos, como el que recibió de manos -paradojas de la política- del mismo presidente Rafael Correa, quien meses después de haber puesto al filo de la navaja las negociaciones de crédito con China, homenajeó a su embajador, a quien llamó particularmente su amigo.
La de Correa no fue la única amistad que cultivó Runguo en Ecuador. De hecho, dejó en el país todo un naipe de buenas amistades. Como la que se preciaba de tener con el entonces Vicepresidente y actual presidente Lenin Moreno, cuya intervención decisiva sirvió para desbloquear las negociaciones del crédito más importante que otorgó China para la construcción de la central hidroeléctrica más grande del país, Coca Codo Sinclair. O también la relación que alimentó de buena gana con el ex Canciller Ricardo Patiño, uno de los más entusiastas impulsores de las nuevas alianzas con el gigante asiático.
2007: Hola Ecuador
Cai Runguo llegó a Ecuador en 2007, el mismo año en que captó el poder la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Espectador de los hechos al principio de ese régimen, también dio especial importancia a los golpes de efecto, como el anuncio público de que él y otros empleados de la embajada donarían USD 1000 a la causa del gobierno para no extraer el petróleo de la reserva del Yasuní. “Yo hubiese querido añadir dos ceros más, pero nuestra posibilidad es muy pequeña”, bromeó. En total, fueron USD 20.000 donados para la fracasada campaña, que sirvió en ese momento para crear una imagen pública de interés por la conservación ambiental, que contrastaba con la realidad pragmática del país asiático: tenía expreso interés para que las empresas petroleras chinas puedan explotar el crudo del Yasuní. Aquello quedó en evidencia en cables filtrados por Wikileaks en los que aparecen comunicaciones entre los embajadores de China y de Estados Unidos.
Esto solo es una muestra del manejo político con el que se manejó Runguo. Una habilidad que fue puesta a prueba en el complicado año 2010, cuando casi se va al traste el crédito más oneroso entregado por China a Ecuador, USD 1700 millones. El 26 de enero de ese año, se reportó una fructífera reunión entre el embajador Cai y el vicepresidente Lenin Moreno. Así se publicó en las páginas oficiales:
El embajador Cai Runguo aprovechó la oportunidad para expresar al Segundo Mandatario la satisfacción de su país por los avances registrados tras los recientes acercamientos entre China y Ecuador para construir la central hidroeléctrica Coca–Codo Sinclair con financiamiento del Eximbank, del país oriental.
En este sentido, precisó que tras los acercamientos con la Ministra de Economía, María Elsa Viteri, faltan pequeños detalles por pulirse para conseguir un acuerdo definitivo que garantice el acuerdo crediticio.
El Segundo Mandatario expresó que una vez se superen los problemas generados por la crisis mundial habrá “vientos más gratos” para salir adelante con acuerdos entre los dos países, e hizo votos porque pronto se limen asperezas y se concrete la construcción del Coca – Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador.
Semanas después, durante una de sus sabatinas, el presidente Rafael Correa estuvo a punto de desechar los créditos chinos. Se quejó de las condiciones impuestas por el gobierno asiático y las comparó con las que negociaban los organismos multinacionales. Advirtió que de continuar en esa postura, Ecuador no accedería a esos préstamos.
Ante esa situación, Lenin Moreno no se quedó cruzado de brazos.
El 29 de marzo de 2010, durante una entrevista en radio Democracia, dio los detalles de las gestiones que realizó personalmente con el embajador Runguo.
“El embajador Runguo es un buen amigo que en más de una ocasión me ha pedido cita con el fin de manifestar que por parte del gobierno de China y las empresas involucradas existe toda la buena voluntad de hacerlo”, dijo Moreno.
El Segundo Mandatario recordó que el presidente de la República, Rafael Correa, había puesto un plazo para la concreción del crédito chino para la central hidroeléctrica que se venció sin que se concretara.
Además reconoció que el Primer Mandatario había explicado que las condiciones de la negociación propuestas por la entidad financiera asiática, especialmente lo que se refiere a las garantías, se iban en contra de la Constitución ecuatoriana y rebasaban inclusive las condiciones del Fondo Monetario Internacional para un crédito.
“Ante la llamada del señor embajador, fui a donde el señor presidente de la República y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”, especificó.
La gestión realizada por el vicepresidente Moreno tuvo un resultado exitoso. El préstamo de USD 1700 millones del Eximbank con el que arrancó la construcción de la hidroeléctrica más grande del país, se había concretado. Todo comenzó a marchar a buen ritmo, con la agilidad que siempre garantiza un rápido flujo de dinero.
El buen momento de amistad y negocios que se vivía tuvo que perdurar para la posteridad. Por eso se organizó para el 1 de diciembre de 2010, el homenaje de reconocimiento para el embajador Cai Runguo, en el palacio de Carondelet. Estuvieron presentes el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Lenin Moreno. Así lo reseñó la prensa oficial:
El Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de condecoración, con la Orden Honorato Vásquez, al embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, como un reconocimiento a su gestión para la consecución de importantes proyectos de desarrollo en beneficio de los sectores sociales.
La condecoración fue impuesta por parte del Primer Mandatario, Rafael Correa, en el salón Amarillo de las Presidencia de la República. En la ceremonia, el Presidente destacó que la inversión china en el Ecuador alcanzará, el próximo año, los 5 mil millones de dólares.
El Jefe de Estado resaltó además la complementariedad de la economía china con la del Ecuador y la inversión en el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia, Coca – Codo Sinclair. “Siempre lo hemos dicho Ecuador es la puerta de entrada a la cuenca asiática del Pacífico hacia América Latina y viceversa”, dijo.
Por su parte, el embajador chino expresó su admiración por el Presidente ecuatoriano, a quien, dijo, identifica como un líder preocupado permanentemente por su pueblo. “Yo he visto a su gobierno, a sus funcionarios y al mismo Presidente que, durante estos años, han trabajo tanto por el bienestar de su pueblo. Cuando yo recuerdo estas cosas me siento animado”, señaló el embajador.
Para estos políticos, en ese momento, todo era felicidad. El presidente de la Asamblea de ese momento, Fernando “El Corcho” Cordero, no se quiso quedar atrás en los elogios y condecoraciones para el embajador chino. Por eso armó su propio homenaje en el legislativo.
“Nos ha tratado como amigos, nos ha acercado a los empresarios, nos ha acercado a las autoridades de su país y ha hecho posible que se afiance la cooperación entre nuestros pueblos”, dijo Fernando Cordero al condecorar a Cai Runguo.
En esos tiempos también se volvieron realidad los negocios de subcontratistas ecuatorianos, que estaban pendientes del millonario flujo de recursos provenientes de la China. Algunos de estos, amigos muy cercanos de Lenin Moreno. Y amigos del embajador Cai Runguo.
El amigo Conto y los amigos Macías
La gestión por el crédito chino la hizo Lenin Moreno, pero la comisión la cobró Conto Patiño Martínez, su amigo personal. Y todo se supo tras las revelaciones de pagos por $18.3 millones de Sinohydro a la empresa off shore Recorsa, de propiedad de Patiño Martínez. Este hecho desató la polémica y no era para menos. Sobre todo cuando los portales de investigación La Fuente y Milhojas sacaron a la luz que de ese mismo dinero, Xavier Macías y María Auxiliadora Patiño -yerno e hija de Conto Patiño- compraron muebles finos para el departamento que ocupaba Lenin Moreno durante su permanencia en Ginebra, Suiza. Un cruce de cuentas y pagos vinculados que los correístas quisieron aprovechar para su contragolpe y beneficio político en la guerra declarada que mantienen con el bando morenista. Para dar contexto completo a este tema conviene revisar la publicación sobre los Ina Papers.
En todo caso, el veterano Conto Patiño cedió el paso y sus contactos a su yerno, Xavier Macías Carmigniani, también amigo personal y de trato familiar con el presidente Lenin Moreno. Y los contactos de Patiño incluían las excelentes relaciones de negocios que cultivó con los empresarios chinos. El lobby que llevó adelante Patiño por Sinohydro traspasó las fronteras de Ecuador y llegó hasta Paraguay y Panamá. Su yerno, al tomar la batuta, intentó mantener el nivel internacional de los negocios y realizó sus gestiones para contratos en Cuba. No siempre con el éxito que tuvieron en Ecuador, ciertamente.
Los excelentes resultados que obtuvieron en Ecuador fue la conjunción de diferentes factores. Pero uno de los primordiales fue sin duda cultivar las relaciones políticas-personales con el objetivo de cultivar negocios. Eso lo entendió como nadie Xavier Macías Carmigniani, que a la salida de la Vicepresidencia de su amigo Lenin Moreno, se adaptó sobre la marcha al nuevo mecanismo de trabajo del Vicepresidente que llegó el 2013, Jorge Glas Espinel. Sin mayores contratiempos. Y contando con un leal amigo en ese camino, el ya conocido embajador de China, Cai Runguo.
El mecanismo de trabajo arrancaba con memorandos de entendimiento entre las empresas chinas y las oficinas públicas que tenían proyectos para ejecutar. Algunos se firmaron con las condiciones claramente establecidas, como el pago de porcentajes del 4,5% sobre el monto total del contrato, a cuenta de consultorías que justificaban los contratistas locales. Xavier Macías cumplía también la tarea de informar al embajador chino de los perfiles de nuevos ministros que llegaban a ocupar esos cargos. Pasó con Walter Solís cuando estuvo de Ministro de Obras Públicas y con el titular de Senagua, Carlos Bernal. Macías tenía tanta confianza que le preguntaba a Runguo si China estaría interesada en algún proyecto en esas dos carteras, porque él se encargaba. Ya era 2013, Glas era el vicepresidente y entre los amigos era nombrado como el “nuevo once”, ya que Lenin Moreno era el antiguo “once”.
Jorge Glas puso a su propio delegado para las conversaciones con el embajador de China y Xavier Macías Carmigniani. Se trató del fallecido José Alvear Icaza, ex diputado socialcristiano, que siempre estuvo haciendo gestiones y cruzando comunicaciones en representación del segundo mandatario. Alvear era el hombre con el que se debía llegar a los acuerdos, especialmente en el monto del porcentaje por contrato firmado. Se trataba de un duro negociador.
Cai Runguo siempre estuvo al tanto de todo. Xavier Macías Carmigniani era el encargado de poner en su conocimiento la información más relevante. El 18 de febrero de 2016, por ejemplo, le informó que Rafael Correa y Lenin Moreno negociaban el nombre del vicepresidente para la campaña de ese año: Correa insistía en que sea Glas, Moreno pretendía que sea un empresario de la Costa. El país conoce quien ganó esa puja. Y el embajador chino fue un espectador de primera fila, privilegiado al momento de enterarse del desenlace.
Chao Ecuador
En el escandálo de la receta Arroz Verde, se reporta también la relación de Jorge Glas-L1 con el ex embajador Cai Runguo, ya para entonces representante deSinohydro CorporationCO-V14, que aportó el 14 de enero de 2014, la suma de $500.000, de los cuales $400 mil fueron entregados en efectivo y $100 mil en la modalidad cruce de facturas. También se constata que Iván Wuyu y Hu Ning- Beatriz eran los nexos con esta constructora. Beatriz es la misma empleada de Sinohydro relacionada en el caso Ina Investment.
Basada en estas evidencias, la fiscal General Diana Salazar decidió vincular entre los procesados al ex embajador Runguo y se le dio una oportunidad de comparecer a juicio libremente, sin orden de prisión, pero con la obligación de presentarse periódicamente a la Corte. Medida infructuosa, porque el antiguo diplomático regresó a su país en 2016 y no ha regresado. Fue entonces que la jueza Daniella Camacho realizó el castigo simbólico de dictarle orden de prisión a quien años atrás fue condecorado por sus servicios relevantes en el Palacio de Carondelet y en la Asamblea Nacional. Runguo ha buscado un abogado que lo defienda y este ha dicho que su cliente está dispuesto a comparecer, pero en Pekín. Cai ya le dijo chao a Ecuador y no está entre sus planes volver.
Técnica General de Construcciones S.A. (TGC) fue una de las empresas que aportaron dinero a la campaña de Rafael Correa a cambio de contratos. Actualmente su principal, Teodoro Calle, es imputado por la Fiscalía General en el caso Arroz Verde (Sobornos 2012-2016) mientras la Contraloría acusa a la contratista por perjuicios al Estado cercanos a los $100 millones; aun así, Aurelio Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo), ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) está a un paso de entregarle un nuevo contrato millonario.
En octubre de 2018 el MTOP, titularizado por Aurelio Hidalgo, dispuso la rehabilitación y ampliación de carriles de la carretera Santo Domingo – Buena Fe. En el concurso público 002-2018-SDBF-MTOP se incorporaron especificaciones particulares y se aceptaron excepciones que facilitaron la participación de la empresa Técnica General de Construcciones S.A.; firma que, además, fue la única en presentar una oferta para el mencionado proceso.
La intervención de la vía Santo Domingo – Buena Fe será en un corredor de 113 km., inicia en el anillo vial de Sto. Domingo (de una longitud de 25,3 km.), continúa en la entrada de Sto. Domingo y termina en el Cantón Buena Fe. El proyecto, por un valor estimado en $591 millones, contempla la ampliación de dos a cuatro carriles -un ancho total de la vía en 20,4 metros- la rehabilitación de los dos carriles existentes, el mantenimiento de la vía y del anillo vial.
La convocatoria se realizó el 29 de octubre de 2018, amparado en un Régimen de Gestión Delegada, en la modalidad de concesión; es decir, que el Gobierno encomienda al gestor privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial.
Los requisitos del concurso
Entre los requisitos técnicos y de experiencia para participar en este concurso, el MTOP dispuso:
Que las empresas interesadas cuenten con experiencia en construcción de nuevas vías o ampliación de carreteras, en un mínimo de 100 kilómetros, en los últimos 15 años, en un máximo de tres proyectos. Otra exigencia fue acreditar experiencia en administración u operación de infraestructura vial en proyectos cuyo ingreso promedio anual durante los últimos cinco años sea de USD 25 millones o 100 kilómetros de vías gestionadas o administradas. En el último punto se agrega que, si el ofertante no cuenta con dicha experiencia, se puede justificar con la experiencia de cualquier integrante en un consorcio.
También se pidió experiencia por el cierre financiero de máximo tres proyectos de infraestructura que sumen al menos USD 185 millones. Como prueba de la experiencia en construcción, TGC presentó su participación en la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido; la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.
Lo que no detalló TGC en la propuesta es que abandonó la citada obra dejándola inconclusa, con un avance del 98%. El compromiso de terminación del contrato se firmó de mutuo acuerdo el MTOP, el 6 de mayo de 2016; no obstante, esta misma obra fue duramente cuestionada por la Contraloría y también es una de las 640 obras con falencias constructivas e inconsistencias legales, denunciadas por el mismo presidente Lenín Moreno, en 2017.
La vía en cuestión tuvo un monto inicial de USD 18,9 millones, pero hasta hoy ya se ha pagado USD 141 millones, cerca de 800% más de lo estimado en un principio, y ni siquiera está terminada. Uno de los problemas que elevaron el costo por las nubes fue la ampliación del ancho de la vía de 7,20 metros a 9,20 m., lo que implicó contratar nuevos estudios. También se dejó inconclusa la construcción de cuatro puentes vehiculares y se cambió el material de la vía, causando enormes perjuicios al Estado, conforme se detalla el informe DNA8-0011-2019 de Contraloría.
Esta obra se adjudicó en 2008, cuando Jorge Marún titularizaba el Ministerio de Transporte, quien, en su momento, fue acusado de entregar contratos “a dedo”. Tras su salida, en 2009, lo sucedió en el cargo María de los Ángeles Duarte, que fue detenida junto a Alexis Mera, el 31 de mayo de este año, con fines investigativos, por un presunto delito de concusión en el caso Arroz Verde.
TGC no cumple con el segundo requisito técnico
Una vez iniciada la fase de preguntas y respuestas, según consta en el documento del Acta Quinta de la reunión N°08 con fecha del 22 de mayo de 2019, TGC consultó al MTOP si la experiencia se puede acreditar a través de un tercero que no sea una empresa asociada, ni un consorciado, sino un socio estratégico financiero, inversionista o cualquier otra firma.
También consultó si para acreditar a este tercer actor, bastaría con presentar una carta de compromiso en la oferta, respecto a la participación de un “compañero financiero”, durante la ejecución del contrato.
Al respecto, el MTOP respondió que se aceptaba dicha acreditación siempre y cuando la firma asociada sea parte del consorcio o del compromiso de consorcio, para lo cual debió presentar la documentación pertinente. El MTOP aceptó además una carta de compromiso como parte de la oferta, en donde el inversionista se comprometió con el oferente (en este caso con TGC), durante la ejecución del contrato.
A pesar de ello y conforme al cronograma, el 30 de abril de 2019, el MTOP firmó el acta de cierre de presentación de ofertas, siendo TGC la única oferta presentada y posteriormente, habilitada.
Cronogramas modificados por pedido de TGC
El cronograma del proceso de contratación fue modificado por tres ocasiones, dos ocasiones por solicitud expresa de TGC, que aseguró haber trabajado con el MTOP en la revisión de los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto y del contrato.
TGC pidió se postergue el plazo para iniciar la fase negociación con el MTOP mientras buscaba financistas para el proyecto y así calificar, conforme el segundo requisito técnico antes descrito. También pidió tiempo hasta constituir la Sociedad Gestora que debía suscribir el contrato con el MTOP.
Dicho de otra forma, Técnica General de Construcciones no cumplía con varios de los requisitos técnicos necesarios para adjudicarse el contrato. La Comisión Técnica del MTOP, le concedió su petición a TGC y retrasó la adjudicación del proyecto hasta que la empresa resuelva sus pendientes.
Así, tras el tercer cambio de fechas, se estableció que las negociaciones entre TGC y el MTOP iniciarán el 29 de agosto, la adjudicación del contrato se fijó para el 4 de septiembre y la firma del documento se programó para el 2 de octubre de este año.
Examen de contraloría determinó perjuicios millonarios
Un informe de Contraloría a un proyecto vial ubicado en Loja y Zamora Chinchipe, a cargo del MTOP y adjudicado a TGC, determinó cuantiosos perjuicios al Estado por modificaciones al contrato, pagos no justificados, pagos por trabajos no realizados, incluso defectuosos.
Se trata del informe DNA8-0011-2019, examen especial a la ejecución y fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la carretera Vilcabamba – Bellavista – Zumba – La Balsa, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.
El Tramo 1 comprendía el corredor vial Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido, incluye la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.
Mientras que el Tramo 2, abarca la vía Bellavista – Zumba – La Balsa de 52,9 kilómetros, incluye la construcción de los puentes Isimanchi, Yuncachi, Zumbayacu.
Los hallazgos de la auditoría
Con base al informe DIAPA-0028-2012, aprobado el 12 de febrero de 2014, Contraloría recomendó previamente al MTOP se abstenga de suscribir órdenes de cambio o trabajos adicionales para el contrato adjudicado a TGC, pues a la fecha ya se había superado el límite establecido por la Ley, “en cuyo caso deberá terminar el contrato en el estado en que se encuentre”, cita el documento.
A pesar de esta recomendación, el MTOP suscribió un contrato complementario, dos órdenes de cambio para el Tramo 1 y un convenio de pago. Estos mismos procesos se suscribieron sin previo informe del coordinador general Jurídico, a pesar que Contraloría también recomendó al MTOP disponga la verificación la legalidad de los contratos modificatorios o complementarios.
Modificaciones al objeto del contrato
Estaba planificado que la carretera tendría un ancho de 7,20 metros, pero el 15 de septiembre de 2009, la entonces ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, dispuso ampliar el ancho de la vía a 9,20 m., a lo largo de todo el proyecto, lo que ocasionó perjuicios al Estado, pues fue necesario contratar nuevamente los estudios y diseños de la obra, ocasionando un primer perjuicio al Estado por USD 204.858,21.
Duarte también dispuso reemplazar la capa de rodadura de pavimento flexible por hormigón rígido de 22 cm. de espesor del Tramo 1, pero TGC no contaba con maquinaria y experiencia adecuada para esta tarea, por lo que fue necesario subcontratar a la empresa Holcim S.A., demostrando así que TGC no estaba calificada para este proyecto.
Así, el costo se incrementó considerablemente, pues con el presupuesto inicial no alcanzaba para la intervención de 101,7 km. de vía, sino apenas para los primeros 39 kilómetros del Tramo 1. Esto ocasionó un perjuicio económico de USD 95’600.108,35, monto que fue pagado a TGC en su totalidad, según el informe.
Contraloría también detalla que el pago de la planilla 20 del Tramo 2 se realizó sin la debida verificación de los libros de obra, especificaciones técnicas y demás documentación de respaldo, ocasionó un desembolso no justificado por USD 3’476.434,93. Asimismo, por trabajos no ejecutados en el Tramo 1 y defectuosos en el Tramo 2, ocasionaron que el MTOP pague en exceso USD 634.907,32. En total, los perjuicios al Estado sumaron: 99’711.450.06.
La manipulación del sistema de justicia
Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, expuso un caso que le habría costado su destitución como jueza del Contencioso Administrativo. Ella aseguró que su destitución del Tribunal se dio tras oponerse a la anulación de un informe de Contraloría, que señalaba a un contratista del Estado: Técnica General de Construcciones (TGC).
Actualmente, TGC y su representante, Teodoro Calle, forman parte de la lista de empresas que financiaron las campañas electorales de Alianza PAIS y que son investigados por la Fiscalía ecuatoriana. El monto que dio esta firma a ese movimiento político fue de $300 mil conforme se revela la investigación Arroz Verde, publicada por La Fuente y MilHojas. Esos recursos los gestionó María Duarte.
“Cuando fui jueza del Contencioso Administrativo”, dijo Cadena, “conocí un proceso en el que se pretendía declarar la nulidad de un borrador de informe de la Contraloría General del Estado. Quien solicitaba eso era la empresa Técnica General de Construcciones, representada por el Sr. Patricio Villacrez Andrade”. Añadió: “Es una de las constructoras que, al cabo de los años, me percato que es uno de los financistas de Rafael Correa. Eso aparece en los papeles de Arroz Verde”.
Cadena cuenta que las razones de su destitución fueron otras ajenas a este proceso, pero asegura que fue a partir de este asunto que se buscó la forma de destituirla del cargo. “Ese fue el origen de la trama”.
Declararon “ilegal” un borrador de informe de contraloría
El informe de Contraloría al que Cadena hace referencia es el DIAPA-0021-2010, aprobado el 14 de septiembre de 2010, sobre el examen especial de Ingeniería al Proceso de Construcción y Ejecución de las carreteras Hollín-Loreto-Coca-Puyo-Puente Pastaza, por el período entre el 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2010.
Contraloría analizó el contrato suscrito por la firma TGC con el MTOP, para la rectificación y mejoramiento de la carretera Hollín-Loreto-Coca, determinando que, como resultado de la incorrecta aplicación de los rubros contractuales, el fiscalizador y el subsecretario regional del MTOP-Napo, permitieron que la contratista se beneficie a través de las planillas de trabajos de un pago en exceso, causando al Estado un perjuicio de USD 4’241.637,22.
La empresa TGC impugnó el borrador del informe, todavía inconcluso en el que constaban valores por glosas por recuperar por más de USD 4,2 millones. El 2 de marzo del 2015, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo: Jaime Enríquez Yépez (ponente) y Mauricio Espinosa Brito, aceptan la demanda y declaran “ilegal” el proceso, evitando que la Contraloría continúe con las indagaciones. Esto pese a la oposición y advertencia legal de Cadena, que también era jueza del Tribunal.
En el documento del borrador de la sentencia, al que PI tuvo acceso, se muestra el voto salvado de Cadena, en donde se habla de una “acción inoportuna” por parte del Tribunal respecto a la anulación del informe considerando, entre otras cosas, que se trataba apenas un borrador, anulando cualquier posibilidad de que las investigaciones continúen.
“Se pretende impedir que la Contraloría ejerza privativamente responsabilidades administrativas o civiles en contra de los servidores y particulares que hubieren causado perjuicio al Estado”, cita el documento.
La denuncia desaparece
Este caso fue denunciado ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio(CPCCS-T) y allí permanecía bajo el código CPCCS-T.003.CA, juicio N°17811-2013-14603. Las investigaciones de la entidad apuntan a un grupo de altos mandos que planificaron la eliminación de un informe de la Contraloría General del Estado, sentando un nefasto precedente.
En el Informe de Evaluación del Consejo de la Judicatura, en donde señala este y otros casos, el CPCCS_T concluye que autor intelectual de anular un informe de Contraloría fue precisamente el ex contralor Carlos Pólit, el ejecutor fue Gustavo Jalkh y, su cómplice, Tomás Alvear, presidente y director del Consejo de la Judicatura, respectivamente; y todo en coordinación con Jaime Enríquez, juez del Tribunal Contencioso Administrativo.
La acción se realiza sin las facultades que la Constitución otorga a la Contraloría General, ni las disposiciones de la Ley Orgánica de esta entidad. Asimismo, aduce que los jueces Marco Idrovo Arcienegas, Bayardo Espinoza Brito y Jaime Enríquez, no observaron precedentes jurisprudenciales obligatorios respecto a este acto administrativo en firme, objeto de la impugnación de TGC.
El informe concluye que con su actuación “sentaron un nefasto procedente, pues todos los ciudadanos pueden impugnar un Borrador de Informe de Contraloría, que no es el acto administrativo conforme a normas y doctrinas”, cita.
¿Qué pasó en el CPCCS con esta denuncia?
Al igual que muchas otras, fue archivada por orden del coordinador técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social, Darwin Seraquive.
La resolución de archivo, al que este medio tuvo acceso, alega que no se encontraron elementos suficientes para continuar con la investigación de más de 2.000 casos y declara que el CPCCS “carece de facultades para continuar con la investigación”, por lo que dispone el archivo de las denuncias, dejándolas en la impunidad.
Redacción MilHojas El día jueves ocho de agosto de 2019 alrededor de la medianoche Martha Roldós y unos amigos se detuvieron para servirse algo en la Aurora, un bar restaurante de la Ciudadela La Floresta que abre en la noche. Regresaban de la fiesta de bodas de Pamela Troya y Gabriela Cordero en el Valle de los Chillos. Cuando llegaron subieron a la primera planta donde había música en vivo y se sentaron en una mesa en la parte de atrás del local. Después de un rato de estar ahí, un grupo de personas que estaban sentadas en varias mesas al pie del escenario se percataron de la presencia de Martha Roldós. Eran correístas y empezaron a gritar consignas en contra de Roldós y sus acompañantes. El incidente duró pocos minutos, no tuvo mayor eco pues los agredidos no se dieron por aludidos ni contestaron la provocación. Roldós señala que se notaba que quienes gritaban habían bebido mucho.
Pocas horas antes del incidente, la jueza Diana Camacho había aceptado el pedido de la Fiscal Diana Salazar de imputar a Rafael Correa y otros involucrados en el caso Arroz Verde, ordenando además su prisión preventiva. El caso Arroz Verde fue el resultado de una investigación de los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita. La investigación fue publicada por los portales La Fuente y Mil Hojas. Martha Roldós hace años está en la larga lista de personas non gratas del correísmo y es la Directora Ejecutiva de Fundación Mil Hojas. Dos días antes, la bancada de la Revolución Ciudadana, integrada por asambleístas leales al expresidente Correa, abandonó el pleno de la Asamblea el momento en que Martha Roldós iba a recibir a nombre de su familia la condecoración póstuma que la Asamblea Nacional otorgó a su padre, el Presidente Jaime Roldós Aguilera por los cuarenta años de retorno a la democracia.
Roldós y sus amigos se retiraron del local cuando terminaron su consumo media hora después. Al parecer quienes los increparon ya se habían ido. Sin embargo, al bajar y salir del local se dieron cuenta de que un grupo de ellos (cinco o seis) estaba en la esquina esperándolos y al verlos, tomaron fotos del carro en el que se embarcaron. Ese hecho llevó a que Javier Acuña, quien conducía el carro comentara que para evitar problemas era mejor ir a dejar primero a los otros acompañantes a que el domicilio de Roldós estaba apenas a una cuadra.
El recorrido les tomó alrededor de una hora pues uno de sus acompañantes vivía en Llano Chico. Cuando volvieron al rededor de las 2 de la mañana a La Floresta, tomó la calle Madrid desde el redondel donde está ubicada La Aurora para finalmente dejar a Martha Roldós, se formó una cadena humana bloqueándole el paso a pocos metros de su destino. Acuña pudo contar 8 individuos jóvenes, seis hombres y dos mujeres que cuando vieron que el carro se acercaba se pararon uno junto a otro con los pies separados a la altura de los hombros, la espalda erguida, los brazos a los lados del cuerpo, la mirada al frente en dirección a donde venía el carro. Ubicados de vereda a vereda, en una ciudad dormida. Acuña reconoció entre ellos a dos de los correístas que les gritaron el bar restaurante Aurora.
Tuvo pocos segundos para reaccionar. Dice que puso las luces altas, se fue hacia el costado de la calle dos tipos se subieran a la vereda dándole paso y aceleró. Roldós recuerda la mirada de varios de ellos fija en ella y luego dejarlos atrás. La ciudad estaba desierta y tomaron algunos desvíos chequeando si los seguían. Decidieron que era mejor no arriesgarse a regresar. Después de todo ya los habían esperado más de unas hora en la madrugada. No sabían si los iban a seguir esperando o qué más planeaban hacer. Sin poder regresar a su residencia esa noche, Roldós debió quedarse donde unos amigos. Al día siguiente regresó para recoger unas cosas para quedarse con otra amiga hasta regresar a Guayaquil.
Este lunes 19 de agosto, mediante abogado, Roldós presentó en la Fiscalía de Pichincha denuncia por intimidación.
Según ella su primera reacción fue dejar ahí el episodio, pero reflexionó que mientras lo que pasó en el bar no fue premeditado. Lo que sucedió en la calle Madrid sí lo fue. “Ya había pasado más de una hora del otro incidente. La intención fue intimidatoria. ¿Qué hubiera sucedido si nos hubiéramos estacionado? ¿O si yo hubiera descendido del auto y hubiera intentado entrar al edificio? ¿Cuál era la intención de quienes esperaron más de una hora en una calle solitaria a que yo llegara a mi casa? Y la pregunta evidente después de un acto premeditado: ¿Qué van a hacer después? En eso reside la intimidación. Es la capacidad de hacerte saber que en un momento estás a su merced y que tu integridad corre riesgo.”
Más allá de su seguridad personal, a Roldós le preocupa que de no denunciarse esta situación de agresiones y actos de intimidación pueda escalar y dirigirse también a sus compañeros de trabajo quienes investigaron y publicaron el caso arroz verde y su secuela.
Foto: Diario La Hora Por: Redacción MilHojas El asesinato de Carolina, una adolescente de 15 años llevó al develamiento de una red de trata liderada por un hombre conocido como “el abuelo”, alto ejecutivo de empresas petroleras en el país. No obstante los procesos derivados por la violación y asesinato de Carolina y aquellos por la red de trata tomaron caminos separados a partir de la estrategia de formulación de cargos por parte de los fiscales correspondientes. La Fiscalía no recibió bien las críticas realizadas en redes sociales a su estrategia de manejo del caso. La liberación de algunos de los inicialmente implicados, ya sea porque fueron sentenciados a medidas sustitutivas o porque se dio dictamen abstentivo originó críticas que fueron respondidas con un comunicado por parte de la Institución
El sexto y último implicado en el delito de violación con muerte de Carolina A. en agosto del 2018, Christian Giler, alias ‘Careniña’, enfrentará la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen el próximo 12 de septiembre y de ser culpable, enfrentaría una pena de 22 años de reclusión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Giler enfrenta la acusación por este delito a pesar de que los resultados de la segunda autopsia realizada a Carolina A. sustentaron la figura de femicidio.
El COIP tipifica en su artículo 141 el femicidio y el 142 establece los agravantes como: Haber pretendido establecer una relación de intimidad con la víctima; que haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones de noviazgo o amistad; y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. La pena máxima es de 26 años de reclusión.
Estos agravantes existieron: Carolina A. fue reclutada por Giler en el sector del Comité del Pueblo, se convirtieron en novios y la joven recibió agresiones físicas y sicológicas, fue inducida a la droga y al alcohol y obligada a grabar videos con contenido sexual. El 26 de agosto del 2018 fue violentada y asfixiada y luego lanzada en un terreno baldío del mismo sector en el que ella y Giler se conocieron. La fiscal de Violencia de Género, Mariana Huilcapi, inició la investigación de la muerte de Carolina. Dictó las primeras medidas y fue removida del caso.
La fiscal de Violencia de Género que arrancó con el caso, Mariana Huilcapi, solicitó la segunda autopsia, pero fue removida abruptamente a otra Unidad Fiscal antes de recibir los resultados del examen.
El ex abogado de la madre de Carolina, Milton Castillo, señaló que la fiscal Paola Córdova, quien reemplazó a la fiscal Huilcapi, “tenía en sus manos la decisión de aplicar los protocolos para configurar los dos delitos (violación más femicidio) porque ya contaba con el testimonio de otras víctimas y con los resultados de la segunda autopsia que confirmó que Carolina fue asesinada de forma brutal y echó abajo el informe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased) que concluía que murió de forma natural”.
En etapa de instrucción fiscal se define con claridad si es o no femicidio y en audiencia de juzgamiento se presentan todos los elementos para configurar el delito. “En el caso de Carolina se cuentan con todos esos elementos: Carolina (la noche antes de su muerte) estaba rodeada de adultos, en un ambiente de alcohol, en una condición de vulnerabilidad por ser mujer y menor de edad; los fiscales tenían la obligación de considerar esa vulneración”, refirió Castillo. Mayra Tirira, del Colectivo Vivas Nos queremos, asegura que hay deficiencia clara en la comprensión del tipo penal de femicidio de parte de los operadores de justicia.
Mayra Tirira, del Colectivo Vivas Nos Queremos, considera que en el caso Carolina y otros que se han hecho públicos, existen muchas deficiencias partiendo desde los agentes de la Dinased que carecen de conocimientos, protocolos y metodologías específicas para realizar los levantamientos de cadáveres con enfoques de género; hasta los operadores de justicia que no tienen una clara comprensión del tipo penal de femicidio.
“Normalmente lo que asocian todos los fiscales, jueces y tribunales es que para que exista femicidio, tiene que haberse dado una relación de poder en el marco de una relación de pareja o ex pareja. Entonces todos los casos de femicidios sexuales no se sancionan como tal, sino por otros tipos penales porque no pueden demostrar, aún en caso de violaciones que existió una relación de poder y peor justificar la razón de género en ese asesinato. Ellos, no tienen mirada de género, no saben cómo calificar y necesitan conocer bien la ley y el marco interpretativo en relación a los otros tipos penales”, detalló Tirira.
Ninguno de los fiscales que estuvieron a cargo del caso Carolina A. consideraron el delito de femicidio como una opción y sentenciaron a los implicados por otros delitos menores que, según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, son sancionados con penas socioeducativas para los menores de edad.
Es el caso de Yulexi T. y Dejaneira C., quienes fueron sentenciadas (con Código de la Niñez y Adolescencia) el pasado 5 de junio por fraude procesal (ocultar indicios al limpiar el cuerpo de Carolina A. y la escena del crimen) y deberán cumplir medidas socioeducativas que consisten en un llamado de atención verbal, la obligación de acudir a reuniones psico-socio familiares y un año de libertad condicional.
Castillo cuestionó al fiscal de menores Arturo Gordillo por no dar paso a sus argumentaciones para la reformulación de los cargos basándose en los relatos escalofriantes de las chicas. Una de ellas, según dichas versiones, se besaba con su novio Antony M. al pie del cadáver de Carolina A.; las dos menores lavaron el cuerpo, la vistieron con otro pantalón porque el de Carolina se llevó una de las menores de edad (la prenda fue utilizada posteriormente, según un video que la familia de la asesinada entregó a la Fiscalía), y luego -junto con Giler y Antony- lanzaron el cuerpo en un terreno abandonado. El cuerpo de Carolina A. fue arrojado el 26 de agosto del 2018 en un terreno baldío del sector del Comité del Pueblo. Existe un video con los involucrados que se encuentra en la Fiscalía.
Antony M., también menor de edad, fue sentenciado (con Código de la Niñez y Adolescencia) por violación con muerte en el caso de Carolina A. y recibió 8 años de reclusión. Él se negó a todas las pericias ordenadas por la Fiscalía como la entrega de muestras de sangre, exámenes psicológicos, reconocimiento de lugares de los hechos y perfil de identidad para compararlo con los videos de contenido sexual que se encuentran en cadena de custodia. En uno de sus testimonios, el joven relató que tuvo relaciones consensuadas con Carolina A., pero -según su versión- no hubo violencia y negó tener participación en el asesinato. Apuntó como culpable a Giler.
Los jóvenes Jonathan P., considerado también como reclutador de la Red de Trata, y Víctor Hugo Ch., dueño de un bar-restaurante donde llevaban a las menores de edad para emborracharlas en algunos casos, fueron liberados de toda culpa.
Según la Fiscalía, Jonathan y Víctor Hugo, estuvieron con Carolina A. el día anterior a su fallecimiento, pero no durante su violación y muerte. Ellos dieron consentimiento para que se realizasen pruebas de ADN; al comparar sus muestras con los fluidos de Carolina A. no hubo ninguna vinculación y se descartó su presencia física en la escena del crimen, que fue la casa de Christian Giler, y su participación en las agresiones sexuales, según el informe pericial genético forense. El ex abogado de la familia de Carolina, Milton Castillo, cuestionó a los fiscales por no llevar líneas investigativas para descubrir a los culpables del asesinato de la adolescente.
En su testimonio, Jonathan dijo que el 26 de agosto acudió a casa de Giler, pero nunca ingresó a la vivienda y se fue con su amigo a comer encebollados. Pero Milton Castillo, ex abogado de la madre de Carolina A., sostuvo que según uno de los relatos de Giler -registrado en audio y que consta en el expediente- “Jonathan alias ‘Dedos’ sí ingresó a casa de Giler, pero a este personaje se lo protege, impidiendo desde la Fiscalía que cuente todo lo que sabe”.
Castillo insiste en que los fiscales a cargo del caso nunca llevaron una línea investigativa para descubrir la verdad y a los responsables de la muerte de Carolina A. “El caso de Víctor Hugo Ch. la fiscal Paola Córdova lo tuvo guardado alrededor de tres semanas y luego la fiscal Alejandra Sigcha no analizó ni estudió a fondo su participación antes de dejarlo libre”.
Christian Arellano, uno de los abogados del equipo jurídico que representa a la madre de Carolina en este caso de violación con muerte, señaló a MilHojas que su representada aceptó los últimos dictámenes abstentivos de la fiscal provincial de Violencia de Género, Alejandra Sigcha Orrico, y del juez de Garantías Penales de Pichincha, Telmo Molina Cáceres, y por tanto no los apelará, pero insistió que llegarán hasta las últimas consecuencias para descubrir y exigir castigo para quién mató a Carolina A.
Giler, alias ‘Careniña’, según los testimonios y reconstrucción de los hechos en la etapa de instrucción fiscal, se encontró con Carolina A. en el bar-restaurante de Víctor Hugo Ch. la noche antes de su asesinato (25 de agosto de 2018); bailaron, tomaron cervezas y se trasladaron a la casa de Víctor Hugo Ch. en donde permanecieron hasta la madrugada. Giler, Antony y Carolina se dirigieron luego a casa de Giler.
En la versión de la madre de Giler se detalla que, aproximadamente a las 06:00 de la mañana del 26 de agosto del 2018, “se encontraban en el cuarto de Christian una chica y un chico acostados en la cama; ninguna persona adicional”. Giler también se ha negado a entregar sus muestras de fluidos para cotejar con las encontradas en el cuerpo de Carolina A. Abogados de alias "El Abuelo" bloquean examen psicológico
Dentro del proceso que sigue la investigación del delito de Trata de Personas, derivado del asesinato de Carolina A., la Fiscalía ordenó -el 24 de julio pasado- a la Unidad de Servicio de Atención Integral que remitiera copias certificadas de todas las denuncias contra los reclutadores de menores Julio Erazo, Christian Álvarez y Jonathan P. a la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional. Royce Phillips , alias 'El Abuelo', investigado por liderar la Red de Trata en la que Carolina A. había sido reclutada. Foto: Captura de video Teleamazonas
Sin embargo, no logra que se realice el examen psicológico y de rasgos de personalidad a Royce Phillips, alias ‘El Abuelo’, investigado por liderar la Red de Trata en la que Carolina A. había sido reclutada. Como estrategia de defensa, sus abogados estuvieron ausentes en las citaciones fiscales del 26 de abril, el 9 de mayo y el 22 de julio; decidieron entonces incumplir con esta diligencia solicitada por la Fiscalía.
En un último intento, la Fiscalía contrató a una traductora al inglés para realizar el examen a ‘El Abuelo’ el 5 de agosto próximo e hizo un llamado de atención a los abogados recordándoles que es una “obligación comparecer a todas las diligencias”. Ordenó además que los resultados del examen “sean entregados de forma urgente ya que la instrucción fiscal está a punto de fenecer (11 de agosto)”.
Estos resultados se juntarán a las pericias de los dispositivos electrónicos (teléfonos, discos duros, computadoras) que fueron incautados en marzo pasado, cuando se detuvo a ‘Careniña’ y a ‘El Abuelo’, y que se encuentran en resguardo, según fuentes policiales que prefirieron no identificarse debido a la reserva ordenada por la Fiscalía General en junio pasado.
Dichas fuentes confirmaron que decenas de videos de contenido sexual y fotografías fueron encontradas en los dispositivos electrónicos de los implicados, muchos de ellos grabados en las dos habitaciones de la vivienda que Phillips alquilaba y que, según testimonio de las víctimas, era donde ‘El Abuelo’ les ordenaba ingresar para tener sexo grupal.
Según el Sistema de Registro de Víctimas de Trata de Personas, entre enero del 2017 y julio del 2019 se registraron 332 víctimas, el 27% de éstas en Quito (88 víctimas de hasta 35 años de edad).
El caso Carolina A. reveló la existencia de esta Red de Trata que operaba desde el 2015 en el sector del Comité del Pueblo (norte de Quito), pero también evidenció la inacción judicial en otros casos de violación en los que miembros de esta Red estarían también involucrados.
Fiscalía reacciona a críticas en twitter
La Fiscalía General del Estado no acepta críticas. En un boletín escueto emitido el 11 de julio pasado, rechazó los cuestionamientos que le hicieron usuarios de Twitter sobre su accionar en el denominado ‘caso Carolina’ y aclaró que en el proceso por el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual -por el que se investiga a Giler y al estadounidense Royce Phillips- “se han formulado cargos y están vinculadas cinco personas”.
La indignación de los tuiteros surgió por la difusión de informaciones originadas por la Fiscalía que confirmaban que tres menores de edad habían sido vinculados al proceso de investigación sobre el delito de Trata de Personas; jóvenes que reclutaban a menores de edad para embriagarlas, drogarlas y grabarlas en videos de contenido sexual, dentro de la vivienda de Royce Phillips alias ‘El Abuelo’, y que sin embargo recibieron medidas cautelares mientras dure la investigación. Ahora, se presentan periódicamente ante un juez y tienen prohibición de salida del país; mientras a otros dos implicados en la investigación del caso de violación con muerte de Carolina A. se los liberó de toda culpa.
¿Quiénes son los vinculados en el delito por Trata de Personas? Carlos Julio Erazo, quien aparece en una serie de videos publicados en Facebook junto a su jefe Royce Phillips en diferentes lugares: discotecas, la casa de Giler, bares, restaurantes, reuniones de grupo y en la vivienda rentada por el estadounidense en el sector del Quito Tenis, donde se jacta de tener droga; Christian Álvarez, un joven investigado por la violación a una menor de 16 años luego de drogarla; por este caso, personas cercanas a Álvarez han amenazado de muerte a la menor y a sus familiares si continúan con el proceso. Y Jonathan P., otro de los reclutadores de la Red de Trata, según testimonio de las menores de edad recogidos por la Fiscalía. Boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado publicado en redes sociales el 24 de julio de 2019.
“La Fiscalía rechaza categóricamente que se utilicen cuentas falsas para causar conmoción social y desvirtuar las actuaciones de la institución, cuya prioridad es velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y por todos los casos que se investigan y que ninguno quede en la impunidad”, detalló el boletín que también se difundió en la misma red social.
El caso Carolina fue conocido por su difusión en las redes sociales. El 9 de marzo del 2019, la cuenta de Twitter del usuario @BorisVianll dio los primeros detalles: “#CasoCarolina 15 años violada y asesinada. Un video en posesión de la @FiscalíaEcuador muestra a los tipos tirándola cual basura. Los asesinos están libres @DefensorPuebloE se niega a ayudar a la familia”.
La Ministra del Interior María Paula Romo, al siguiente día se comprometió, también por Twitter, a pedir información y agradeció al usuario “por la alerta”. Y ese mismo día, la ex fiscal general Ruth Palacios se dirigió a @BorisVianll para solicitarle información sobre el caso para revisarla.
Siete días después se realizó la primera audiencia de formulación de cargos para los seis involucrados: Careniña, Antony M., Jonathan P., Víctor Hugo CH., Yulexi T. y Dejaneira C. Luego de que durante ocho meses, autoridades fiscales y policiales dilataran las investigaciones.
Calero y otros integrantes de Anticorrupción de Santo Domingo nos recibieron en pleno para señalar al presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, reelecto en ese cargo, el legislador William Garzón, de las filas del gobierno. Aseguran sin dudar que mantiene todo el control del hospital del IESS en la ciudad. Y eso implica, sostiene, que decide quienes están al frente del hospital, como la designación del actual gerente de la casa de salud, Nilo de la Torre López. Mencionaron que algunos parientes del asambleísta están dentro del IESS y señalaron que el contrato de alimentación para los enfermos y empleados del hospital está en manos de su ex esposa. Mientras que, a su actual esposa, la ex alcaldesa de Santo Domingo, Verónica Zurita, también la mencionan.
– “Mire, la única persona que le puede pedir su renuncia son sus superiores…si sus superiores no se lo piden no tendría que ponerla”.
Global Reinsurance Inc. ha sido el intermediario internacional de Guy Carpenter, una compañía de origen inglés, pero que también tiene operaciones desde Miami, donde no está obligada a transparentar la información de sus contratos de los reaseguros como sí obliga Londres.
