El trabajo del colombiano Iván Velásquez es todo un suceso en América Latina. Está al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la organización dirigida por Naciones Unidas creada para superar y ayudar a juzgar los horrores de la guerra civil,  pero también para enfrentar la lucha contra la corrupción. Su labor abrió el camino para descubrir la corrupción sistémica que existe en ese país, las investigaciones de esta organización provocaron la renuncia de la vicepresidenta Rosana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, que se encuentra en la cárcel.

MilHojas.is dialogó con Velázquez en un encuentro en la Universidad de Oslo, Noruega, en el marco de un foro mundial sobre transparencia. El comisionado habló sobre la necesidad de construir una justicia independiente, el fortalecimiento de los sistemas de investigación penal y la urgencia de involucrar a la sociedad y los jóvenes en la política desde los espacios ciudadanos de auditoría social: “cuando se equipara siempre políticos con corruptos, que no necesariamente es real, se trata de desinteresar a los jóvenes y la ciudadanía en general y eso solo les sirve a los corruptos”. Reconoció que empresarios ecuatorianos visitaron CICIG con el fin de conocer su experiencia y replicar el trabajo de esa organización en Ecuador. 

En América Latina se ha mirado con esperanza las acciones de la CICIG para combatir la corrupción, ¿cree posible  replicar ese proceso en otros países?
Hay que partir del reconocimiento de la realidad de nuestros países. En el caso de Colombia y Guatemala es la falta de la independencia judicial. También está el sometimiento a poderes fácticos y estructuras criminales que impiden que la función judicial pueda cumplir su cometido. 
La justicia no puede estar ni al vaivén de las ideologías, ni de los poderes políticos: si se ataca la corrupción no es para favorecer a los amigos ni atacar enemigos, porque tan corruptos son los corruptos amigos como los corruptos enemigos. Decían de un presidente de México: “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley”. Eso no puede imponerse, por eso creo que comisiones como CICIG son útiles, pueden ser el respaldo, siempre que estén comprometidas en la lucha contra la impunidad. La CICIG ha servido como barrera de contención de esos poderes paralelos o de quienes tenían influencia sobre el ministerio público y la institucionalidad. Quiero decir que cuando se inicia una investigación buscan quién le puede llegar al fiscal o qué magistrado puede influir para evitar una investigación.
¿De qué forma se evita la intromisión que menciona? 
Nosotros en CICIG le anunciamos a la fiscalía el interés de acompañar una investigación y si lo acepta, avanzamos. Lo importante es cómo, frente a la capacidad que tienen las estructuras criminales o el poder de cualquier naturaleza que puede verse afectado por cualquier naturaleza, la presencia de una comisión como la CICIG permite que esa investigación se haga.
Es una experiencia exitosa pero la arremetida ha sido fuerte con campañas de desprestigio.
El caso de Guatemala evidenció cómo la CICIG con sus investigaciones sacó del poder al presidente y vicepresidenta de la República, ¿es difícil pensar que los poderes en otros países les interese un proyecto similar? 
Tienen que ser gobiernos probos, comprometidos en la lucha contra la corrupción y es la advertencia que hizo el presidente Pérez Molina, luego de su caída. Si un presidente tiene temor porque ha realizado actos de corrupción naturalmente que no va a patrocinar nada que enfrente seriamente la corrupción. También podría pensarse desde la perspectiva de la soberanía: yo no descalifico que se aduzca ese tema que es como si se tratara de una fuerza extranjera interviniendo en acciones propias de instituciones nacionales, pero el caso de la CICIG no es titular de una acción penal, puede hacer verificaciones del ministerio público pero si quiere presentar el caso a un juez, tiene que ser el ministerio público quien lo haga. Supone que todo lo hecho, que todos esos funcionarios presos y varios condenados, es porque la fiscalía guatemalteca formuló acusaciones, investigó, intervino en los debates para la acusación de esas personas.
¿Se refiere a un proceso de acompañamiento técnico de la CICIG a un trabajo que lo ejerce el ministerio público?
La CICIG está integrada por tres grandes secciones: un departamento de administración; la oficina del comisionado, que tiene personal que trabaja en la formulación de propuestas legales y lo que constituye la mayor fortaleza que es el departamento de investigaciones, que está integrado por unidades investigativas que tienen un abogado extranjero, un abogado guatemalteco, analistas financieros, analistas criminales, analistas financieros. Nosotros nos ponemos a su disposición de un fiscal y junto a él adelantamos la investigación. Un ejemplo es el caso La Línea. Pensamos en 2014 que debíamos investigar a profundidad el contrabando por un manejo que hubo en los gobiernos militares. Las aduanas tuvieron un fuerte control  militar, por una parte se evitaba el ingreso de armas a la guerrilla, pero también era para el beneficio económico de ellos. Así se crearon estructuras criminales alrededor de aduanas y ha sido un problema de décadas.
El trabajo de la CICIG adquiere una fuerza moral en la ciudadanía que la respalda…    
Ese es el temor que tienen muchos y anteponen el principio de soberanía, pero la CICIG no es que hace lo que quiere. Es el ministerio público el que hace lo que considera.
Todo lo ocurrido en el pasado reciente de Guatemala ha llevado a que varios grupos intenten emular su trabajo, ¿cómo ha sido el acercamiento de otros países para imitar a la CICIG?
Hay organizaciones sociales y personalidades en algunos países latinoamericanos, incluso desde sectores de oposición que piensan que es la única forma de enfrentar la corrupción. Considero que cada país tiene su institucionalidad sobre las que se debe reflexionar para encontrar el mecanismo adecuado para enfrentar la impunidad. Hay ejemplos variados como la creación de un grupo especial de investigación en México, a raíz de una medida cautelar entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los familiares de los 43 estudiantes desparecidos. El gobierno mexicano pidió un grupo de expertos internacionales que investigue, ayudando a la Procuraduría en su trabajo.
En Honduras hubo manifestaciones públicas multitudinarias pidiendo que se instaure una CICI; no se logró pero el gobierno creó una organización con apoyo de la Organización de Estados Americanos llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCI) que tiene un acompañamiento a las investigaciones penales pero con una estructura mas pequeña que la CICIG.
Hay otro modelo que están intentando en El Salvador, la fiscalía salvadoreña creó una dependencia especial contra la corrupción con fiscales seleccionados y asistencia internacional. La mejor opción depende de cada país.
¿Visitó a la CICIG alguna organización ecuatoriana?
A raíz de una visita que realizó la fiscal de Guatemala a Ecuador, en algún encuentro contra la corrupción, sectores empresariales ecuatorianos miraron que era posible algo similar, entonces visitaron Guatemala, averiguando cómo funciona y su relacionamiento con el ministerio público. Mantuvimos reuniones con la Fiscal General, interesados ellos sobre este tema afirmaron que dada la proximidad de las elecciones, podía ser un tema de debate político de qué forma enfrentar la corrupción y si era una vía la CICIG para el país.