23 de octubre de 2018: Zobeida Aragundi, acompañada de víctimas del 30S y sus familiares, entregó al entonces Fiscal General, Paúl Pérez Reina, un informe que revela que, con pruebas falsas, se procesó a 715 personas inocentes. Fotos: CNJ
¿Cómo nació la idea de revisar la actuación de 204 jueces y 42 fiscales en el Caso 30S?
Ha sido interés de esta vocalía y de la plataforma de Derechos Humanos sistematizar la información sobre los juicios entablados entorno al 30S, el afán es buscar el resarcimiento a las víctimas de este hecho vergonzoso que evidencia la utilización del sistema judicial para perseguir y sentenciar a miembros de la Policía, a militares y la sociedad civil sobre delitos inexistentes.
¿Se logrará resarcir el daño causado?
Eso buscamos, para ello hemos asumido esta responsabilidad ineludible frente a la sociedad. Además, como autoridades del servicio público que somos, si tenemos conocimiento de una serie de delitos y atropellos, tenemos la obligación de denunciarlos.
¿Hay pruebas irrefutables contra esos 204 jueces y 42 fiscales?
El resultado de la investigación que hicimos es contundente, contiene muchísimos indicios de responsabilidad y pruebas de que se cometió fraude procesal como prevaricato, manipulación de pruebas, videos editados, cortados, ralentizados y unidos para judicializar a inocentes, como lo han denunciado colectivos ciudadanos, los mismos procesados y sus familiares.
¿Tan contundente como para probar que el Gobierno de Rafael Correa montó una estructura de persecusión con el propósito de sustentar su tesis sobre el presunto intento de magnicidio?
Correcto. Todo eso entra en la figura de fraude procesal y prevaricato. También se cometió cohecho. Hemos identificado con pruebas recabadas del mismo Consejo de la Judicatura que, en 17 provincias instauraron 51 procesos penales conocidos como el caso 30S, por delitos como terrorismo, sabotaje, intento de magnicidio y otros inexistentes.
¿Cuántas víctimas dejan estas diversas formas de persecución?
Logramos establecer que 715 personas fueron vinculadas.
¿Recuerda usted alguna persecución similar tramada desde un Gobierno contra ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, policías, opositores políticos o simplemente críticos de su gestión?
No recuerdo ninguna, sobre todo por la magnitud de la persecución en 17 provincias. La mayor carga procesal está en Pichincha, con 21 procesos que representan el 41%, seguida por Los Ríos, con siete juicios, cuatro en Bolívar, tres  en Imbabura…. Por número de procesados, Pichincha lidera la lista con 459 personas, que vienen a  ser el 64.29% del total.
Cree usted que esos jueces y fiscales obedecían órdenes dictadas desde las más altas esferas del poder?; en ese sentido, ¿Cuál es el aporte del informe entregado al ex Fiscal General Paúl Pérez Reina?
En las denuncias de las víctimas del 30S, de la ciudadanía y de las organizaciones sociales hay pruebas de la injerencia política desde las más altas esferas gubernamentales y de la administración de justicia, a cuyas directrices muchos jueces y fiscales se sometieron. Sobre eso, que era un rumor, hemos presentado indicios del cometimiento de delitos. Ojo que esto nace del informe que la Contraloría emitió luego de auditar al Servicio de Inteligencia Nacional entre el 01/09/2013 y el 10/03/2014. En esta auditoría se estableció que había una cuenta de gastos especiales y que se manejó un rubro como fondos reservados. La Contraloría encontró solicitudes de pago por 3 mil y 30 mil dólares por procesamiento, edición, peritaje y facilitación de material audiovisual al proveedor Daniel Alonso Tapia.

¿Se refiere al trabajo contratado por la Comisión del 30S presidida por Carlos Baca Mancheno, ex asesor de Correa y ex Fiscal General?
Exactamente, este informe, que tenía el carácter de reservado, fue ventilado en el juicio político contra Baca Mancheno y nos ha permitido dar a conocer graves indicios de responsabilidad porque utilizó dinero público para contratar gente que forjó pruebas, editó audios y manipuló videos. Eso sirvió de base, en la mayoría de procesos penales para condenar a gente inocente. Muchos fiscales cometieron el delito de fraude procesal y varios de los jueces prevaricaron al aceptar pruebas de origen ilícito, a sabiendas de que lo eran.
El ex fiscal Pérez Reina dispuso alguna investigación, este es uno de los temas que forzó su renuncia?
El ha dicho que deja el cargo por temas de índole personal y familiar. Las denuncias que esta vocalía le presentó sobre el Caso 30S son graves, más aún cuando involucran a fiscales en funciones, que son compañeros del ex fiscal general, un funcionario de carrera. Por supuesto que es una situación fuerte, que demanda decisiones firmes, pero no me atrevería a afirmar que este sea el motivo de su renuncia. 
¿Qué respuesta dio Pérez Reina al informe del 30S?
En eso si debo expresar mi sorpresa porque, hasta el día que fui a dejar las denuncias del caso 30S, yo formaba parte de la terna propuesta por la Fiscalía para integrar el Consejo de la Judicatura definitivo, luego ya no estuve.

¿Sobre este tema Pérez Reina le debe al país una explicación?
Así es, seguramente en algún momento la dará.
¿Qué hizo luego de que le entregaran el informe del 30S?
No dio ninguna respuesta. Es más, cuando fui a presentarle el informe, acompañada de algunas víctimas, hizo muchos reparos al texto y exigió que sean las víctimas las que presenten sus denuncias. Con varias de las víctimas estamos construyendo las denuncias individuales.
¿Qué expectativa tiene sobre la gestión de la nueva fiscal subrogante Ruth Palacios respecto al caso 30S?
Esperamos que proceda con firmeza y decisión para investigar estos hechos. En los próximos días acudiremos con las denuncias firmadas por las víctimas, para que sean sumadas a las pruebas que entregamos ya a la Fiscalía. Entre ellas de gente que, como testigos presenciales de la manipulación de pruebas, ha decidido sumarse a nuestra causa y aportar con sus testimonios.
¿Ellos van a romper el silencio que mantuvieron durante 8 años?
Sí, van a declarar y a revelar detalles sobre los mecanismos de presión a los que fueron sometidos muchos funcionarios judiciales. A la Fiscalía General no le queda más que iniciar la investigación contra todos los funcionarios judiciales que actuaron de manera inadecuada.
¿Todos los jueces y fiscales que actuaron en el 30S lo hicieron de manera irregular?
No todos, hay casos en los que algunos fiscales se abstuvieron de procesar y jueces que absolvieron a los acusados. Ellos pueden estar tranquilos porque actuaron adecuadamente, a pesar de las presiones de todo tipo que soportaron. Tanto quienes actuaron en derecho como quienes lo hicieron al margen de la ley están plenamente identificados en el informe. Nuestro trabajo es tan profundo que abarca el número del proceso, la ciudad o cantón, la unidad policial y otros detalles que facilitan el análisis. 
¿Entonces, la Fiscalía no debería tardar en esclarecer y cerrar este triste capítulo de la historia del Ecuador?
El más triste y vergonzoso de nuestra historia. No debería demorarse tanto la Fiscalía porque hemos proporcionado todos los elementos de convicción.
¿Hay un poder judicial independiente que garantice una investigación seria y la reparación a las víctimas?
Quiero mantener la confianza en las autoridades de la Fiscalía. Han intervenido en otros juicios complejos contra el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glas y ex ministros por varias acciones delictivas. Con ese mismo valor, esperamos que se inicie la investigación del caso 30S, sin importar que afecte a decenas de fiscales y jueces que siguen actuando como tales.
¿Tuvieron acceso a correos electrónicos con directrices, dictando sentencias como en otros casos ha ocurrido?
Tenemos pruebas aún más contundentes. Hemos aportado copias de las 51 sentencias condenatorias dictadas en base a cd manipulados y editados, trabajo contratado con dinero público.
¿Eso quiere decir que cometieron varios delitos a la vez?
Claro, la defensa de las víctimas, de forma unánime, advirtió a los jueces y fiscales que esos videos habían sido editados y manipulados. Sin embargo, hicieron caso omiso y dictaron sentencia. Toda esta maraña empezó a salir a la luz en el juicio político instaurado contra el ex fiscal Baca Mancheno.
El Consejo de la Judicatura Transitorio tiene los días contados, usted fue incluida en la terna para integrar el Consejo definitivo; sin embrago, Pérez Reina borró su nombre de la terna. ¿El informe del 30S fue la causa?
Es público que formé parte de la terna que la misma Fiscalía General remitió al Consejo de Participación Ciudadana.
¿Qué pasó, por qué borraron su nombre?
Esa es la gran pregunta.
¿Eso evidencia lo complejo que es desmontar la estructura de corrupción judicial instaurada en el correato?
Durante más de 10 años se tejió una telaraña para la impunidad, es muy difícil desmontarla en pocos meses. Sin embargo, tengo esperanza de que el Consejo de la Judicatura definitivo sea integrado por hombres y mujeres que honren esa designación y continúen esta investigación que dejamos como semilla, como un impulso para acabar con la impunidad y sentar un precedente en la administración de justicia.

Resulta contradictorio que al ser promotora de esta investigación que dio como resultado un informe con pruebas contundentes sobre el 30S la borren de la terna ¿Qué piensa hacer?
Muchas personas me dijeron que no entregue el informe, que no era oportuno ir a la Fiscalía General con esta bomba, pero considero que los principios y valores no se negocian. Trabajamos más de dos meses con las víctimas del 30S, quienes depositaron en nosotros su confianza, su esperanza. Una de ellas me dijo: “Hace una semana salí de prisión, cumplí siete años de condena; ahora estoy sin trabajo, necesito la revisión de mi proceso y que se declare que soy inocente, a pesar de que he cumplido una injusta condena”. Muchas víctimas ven en este trabajo una posibilidad de acceder a recursos de revisión, pues hemos introducido nuevas pruebas que sustentan cualquier demanda. Ante algo tan contundente, no podíamos esperar, no había espacio para ningún cálculo político.
¿Han tenido alguna respuesta, algún tipo de respaldo de parte del presidente Lenín Moreno?
No he sabido de ninguna reacción del presidente Moreno sobre esta iniciativa. Hay un silencio absoluto en el Gobierno sobre el informe del 30S.
¿Ese silencio oficial es otra puñalada para las víctimas y los familiares del 30S?
Sin duda. Me habría gustado que haya un pronunciamiento del Gobierno, eso sería esperanzador para las víctimas que siguen sufriendo las consecuencias de haber sido involucradas en procesos penales de manera tan perversa. Y ese sufrimiento incluye a sus familias, afectó además sus proyectos de vida, sus carreras fueron truncadas, mucha gente murió en el camino, otros se suicidaron, sus familiares enfermaron por el dolor y la tristeza.
¿Cuáles son los casos que más indignación le causan?
Todos. Los más emblemáticos son la persecución a Mery Zamora, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); al coronel Fidel Araujo; a los colegas abogados Guerrero; el caso del coronel César Carrión; la dolorosa muerte de Froilán Jiménez, pero también hay gente muy humilde que fue perseguida.
¿A quiénes se refiere?
Tenemos el caso de Diógenes López Bermello, en Manabí, cuya documentación tiene la Fiscalía. Él denunció su situación incluso a través de un audio en el que revela que el secretario del fiscal provincial le exigió dinero para no acusarlo. Al señor Esteban Moreira Burgos le pidieron 4 mil dólares para sacarlo del proceso, como solo pudo conseguir 2 mil dólares fue condenado a un año de prisión. La mayoría de perseguidos era el sustento de su familia. Hay mucho sufrimiento causado, mucho daño psicológico y físico. Nuestro compromiso es luchar para que esto no quede en la impunidad.
¿Hay casos de jueces y fiscales que se vieron obligados a actuar así por temor a perder su puesto o por otro tipo de amenazas?
Creo que en un buen número de casos, los jueces, los fiscales y los defensores públicos actuaron bajo presión, pues a las audiencias -y esto es público-, concurrían delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del Consejo de la Judicatura, para vigilarlos. Ellos realmente soportaron una presión enorme y una amenaza  de perder sus puestos. Por eso considero fundamental reconocer el trabajo de los funcionarios judiciales que, bajo esas circunstancias, hicieron lo correcto y actuaron en derecho.
A muchos de ellos les echaron de sus cargos. ¿De cierta manera ellos también son víctimas del 30S?
Así es, muchos fueron sancionados utilizando la figura del error inexcusable, algo para lo cual el Consejo de la Judicatura no tenía facultad ni base jurídica. Sin embargo, lo utilizaron como una herramienta para perseguir a los funcionarios judiciales que desobedecían las órdenes dadas desde las sabatinas y los ministerios del Interior y de Justicia.
¿Qué hará si no hay un pronunciamiento del Ejecutivo y sobre todo si la nueva fiscal no inicia una investigación?
Cuando se concluye un informe de esta naturaleza, el compromiso aumenta. Estamos en vigilancia constante. Si hubiera voluntad, eso no debería tomar mucho tiempo porque los delitos están documentados y las pruebas no fueron sometidas a una cadena de custodia como la ley establece.
¿Cuál es el procedimiento legal y técnico que debieron cumplir los jueces y fiscales?
Por ejemplo, en el caso de los incidentes en Ecuador TV, debieron iniciar las diligencias en la televisora que hizo los videos; el fiscal debió trasladarse de inmediato, el mismo 30 de septiembre de 2010 o al día siguiente a cada uno de los canales que difundieron la noticia y solicitar las grabaciones sin editar. Así debieron  actuar todos los fiscales que manejaron el 30S en 17 provincias. Ese material sin editar debió ser sometido a cadenas de custodia con vigilancia de la Policía Judicial. Debieron redactar solicitudes al bodeguero de la Policía Judicial y actas de entrega-recepción cada vez que los fiscales requerían  las filmaciones.

¿Qué hicieron en lugar de eso?
Crearon la Comisión del 30S, que la presidió el ex fiscal Baca Mancheno, y enviaron a varias personas a recoger en las 17 provincias el material grabado en audio y video. Incluso lo hicieron con las grabaciones de las radio patrullas. La Comisión contrató gente para que edite ese material y forje pruebas para acusar a inocentes.
¿Qué pruebas tiene para demostrar este comportamiento?
El informe de la Contraloría, que también está en manos de la Fiscalía, señala que la Comisión del 30S pagó por la edición, el peritaje y la facilitación del material. Hay casos en los que los fiscales llegaban con los cd. Nadie me contó, yo vi como una  fiscal sacaba de la cartera varios cd que los presentó como pruebas. De esta manera condenaron a personas porque en los videos aparecía una oreja y dijeron que es de fulano de tal. Los acusaron de sabotaje y terrorismo y los condenaron a 5, 7, 12 años de prisión. Esto es una vergüenza. Los jueces y fiscales que solaparon esas actitudes no pueden seguir administrando justicia.
¿Qué espera del Ejecutivo respecto al informe sobre el 30S?
Al Ejecutivo, al próximo Consejo de la Judicatura definitivo, a la Asamblea Nacional,  al Consejo de Participación Ciudadana, les digo que, una vez terminada la elección de autoridades de control, viene la etapa de lucha contra la corrupción que, si bien es un desastre y se llevaron mucho dinero, el caso 30S es el episodio más doloroso y vergonzoso, que afecta la moral y la ética del país. No es mayor el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía General para que no siga reinando la impunidad.