Autor: mh

A Nachito, un niño de 6 años, terminarán de practicarle cirugías plásticas para injertarle piel en sus pantorrillas en el 2036, cuando tenga 23 años y termine su crecimiento. Los injertos evitarán que sus piernas sufran deformaciones porque sus huesos se alargarán pero su piel no podrá hacerlo. Tampoco volverá a caminar de forma normal ya que sus tendones de Aquiles están dañados.
Tiene un 38 % de discapacidad intelectual, como consecuencia de un daño irreversible en su cerebro, a lo que se suman la disminución auditiva en uno de sus oídos y un estrabismo agresivo en sus ojos.
Nachito está con terapias del lenguaje semanales y rehabilitación para sus piernas. Se estima que deberá completar unas 400 sesiones . Siempre requerirá de una persona que lo acompañe, su madre, pues por sí solo no podrá movilizarse.
Pero Nachito no nació con estos problemas neurológicos y daños funcionales, su desarrollo cognitivo y motriz evolucionaban acorde a su edad: un poco más del año de vida, caminaba y decía sus primeras palabras: ‘mamá’, ‘papá’, ‘teta’… corría, jugaba y reía.
El proyecto de vida que se rompió en el HCAM
Nachito ha vivido más de cuatro años con incapacidad intelectual y física provocadas. Todo empezó el 27 de noviembre del 2014, en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) de Quito. Cuando el niño tenía 1 año y 6 meses, por un cuadro de ausencia testicular, lo ingresaron a esa casa de salud para que le realicen una operación laparoscópica (procedimiento invasivo) programada con meses de anterioridad. La intervención fue diagnosticada, solicitada y practicada por la cirujana pediátrica, Yolanda G.
Los protocolos utilizados en la primera cirugía de Nachito no se habrían cumplido en cuanto al uso del tipo de instrumental médico y el tiempo en que fue dado de alta  
Durante la operación, la cirujana utilizó material quirúrgico para adultos en un niño de año y seis meses, según relató la madre del niño, Sandra Ojeda, para diario El Telégrafo : “(…) nunca nos contó que usaría ese instrumental. Tenía que decirnos para llevarlo a otro hospital. ¿Qué clase de profesionales de la salud trabajan de esa forma?”.
Tres horas después de la intervención la doctora dio el alta, cuando el protocolo en este tipo de operaciones determinaría un alta en mínimo 8 horas. Una vez en casa, ubicada al sur de Quito, Nachito vomitaba, tenía dolor abdominal y fiebre. Sus padres lo trasladaron a urgencias del hospital Padre Carollo, el más cercano a su domicilio, la madrugada del 28 noviembre del 2014. En esa casa de salud lo compensaron con sueros y le realizaron un eco abdominal (procedimiento no invasivo) y detectaron líquidos, por lo que fue remitido al HCAM, donde le habían realizado la laparoscopía pediátrica.

La familia esperó en el HCAM casi lo que dura una jornada laboral para que atiendan las complicaciones del bebé y lo vuelvan a operar. La segunda intervención quirúrgica duró casi 4 horas y fue practicada por la misma cirujana pediátrica. Ella descubrió que en la primera operación había perforado el intestino del niño. En la cirugía se corrigió la perforación, pero no la sepsis (infección) causada por la materia fecal que escapó del intestino. 
El shock séptico (una descomunal infección interna) llevó a un  fallo multiorgánico y eso incluyó un paro cardiorespiratorio, el mismo que desencadenó una hipoxia cerebral provocando la inevitable muerte de neuronas por falta de oxígeno, por consiguiente, un daño neurológico sin retorno. Nachito -luego de pasar por todo lo relatado- quedó con una discapacidad intelectual determinada en un 38 %.
Y en Terapia Intensiva…
Todavía inconsciente por la anestesia general y con una mortalidad alta del 84.4 %, Nachito pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del HCAM, y la mañana del 29 de noviembre, los padres recibieron la noticia de que las piernas del niño estaban quemadas.
Entre la médica de turno, Alexandra V.; la enfermera, Elvia H.; y, la auxiliar de enfermería, Lidia S., habría estado la siguiente decisión y posterior acción: calentar a ‘baño maría’ por más de 10 minutos algunos sueros salinos, llevarlos a la termo cuna y colocar a Nachito sobre ellos, al parecer, con muy poca protección, tanto así que la piel de las coyunturas de sus piernas (tras las rodillas) sufrieron quemaduras de tercer grado, a más del daño irreparable de sus tendones de Aquiles. Y el niño no lloró mientras se quemaba, es cierto, pues el efecto de la anestesia todavía lo tenía en el más profundo de los sueños.
Esto lo habrían hecho para detener una hipotermia (35 grados), en lugar de utilizar una manta eléctrica, pues el hospital contaba con estos implementos. El procedimiento no está registrado en la historia clínica del niño. Nachito permaneció 75 días hospitalizado y pasó por el quirófano 3 veces.
Información levantada en cuatro audiencias judiciales
1.- En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el delito de lesiones con incapacidad de 31 a 90 días -que se instaló el 27 de marzo del 2017-, el juez penal Giovanny Freire Coloma, decidió liberar de responsabilidades (sobreseimiento)  a la cirujana Yolanda G., -quien perforó el intestino de Nachito- bajo el argumento de que no existían elementos suficientes para vincularla en el caso. Y decidió llamar a juicio a la médica Alexandra V.; a la enfermera, Elvia H.; y, a la auxiliar de enfermería, Lidia S., el equipo que atendió a Nachito en terapia intensiva.
En la audiciencia preparatoria de juicio la cirujana pediatra que perforó el intestino del niño fue desvinculada del caso
2.- Meses después, al final de la audiencia de juicio, el 11 de mayo del 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha (primera instancia) sentenció con 1 año de privación de libertad a las tres profesionales de terapia intensiva. Ordenó que cada una entregue USD 10.000 como reparación integral a los padres de Nachito, por lesiones de 90 días, causadas por mala práctica profesional. Sin embargo, la incapacidad física e intelectual del niño es irreversible, por lo tanto supera los 90 días. Además, solo en 2014, los padres de Nachito  ocuparon más de USD 15.000 en tratamientos.  
Los padres del niño y la fiscal de este caso, Claudia Romero, interpusieron un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (segunda instancia), puesto que la reparación integral no es suficiente para cubrir las casi dos décadas de tratamientos médicos que necesita el niño. A los abogados defensores de las procesadas no les pareció justo que se haya excluido a la cirujana que le practicó la primera operación y también interpusieron el recurso contra el fallo del Tribunal de primera instancia.
Solo las profesionales que actuaron en terapia intensiva fueron sentenciadas, por lo que sus abogados apelaron la decisión del Tribunal
3.- La audiencia de apelación a la sentencia sucedió el 31 de octubre del 2018. Entre los sollozos de la madre de Nachito -que se encontraba en el público-, y las fotos de las piernas quemadas del niño –sostenidas por el padre que estaba sentado junto a la Fiscalía, frente a los jueces-, ya avanzada la noche la Sala Penal decidió regresar el caso hasta la evaluación y preparatoria de juicio, momento judicial en el que la cirujana fue sobreseía en el 2017. Es decir que fue incluida nuevamente en el proceso.
Los padres del niño y la Fiscal apelaron ante la Corte Provincial de Pichincha para que revea el monto de la reparación integral, pues no es suficiente para cubrir el costo de las operaciones que Nachito requerirá hasta el año 2036

4.- Esta segunda audiencia preparatoria de juicio se instaló el 14 de febrero del 2019 y se reinstaló el sábado 16, ante la magistrada Luz Ortiz. Según reportes de prensa, “menos de treinta minutos necesitó una jueza para darle nulidad al proceso de mala práctica profesional en el que estaban vinculadas cuatro personas”  y lo regresó a formulación de cargos. 
Según un boletín de prensa publicado por la Fiscalía General del Estado , la fiscal del caso apeló esta decisión judicial, por lo que el caso irá por segunda vez a la Corte Provincial de Pichincha. La fecha y la hora para esta audiencia aún no se han definido.
¿Por qué la magistrada decidió anular el caso?
La dolorosa perplejidad de los padres de Nachito se manifestó en lágrimas de impotencia. La jueza anunció su decisión en una audiencia instalada el día sábado, ante los sujetos procesales  -incluido uno de los abogados de la defensa que estuvo presente a través de video llamada porque se accidentó en Azogues-. Regresó el caso a formulación de cargos porque la diligencia de reconstrucción de los hechos se realizó en un piso del HCAM que no era el de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, por lo tanto, dejó en indefensión a las profesionales de la salud imputadas en este caso. 
Ante este argumento, según el boletín de Fiscalía , cuando la fiscal encabezó dicha reconstrucción, la  Unidad  tenía  20  niños  conectados en máquinas y corrían un riesgo mortal.  Entonces llegó a un acuerdo firmado con  los  abogados  de  las  4  personas  procesadas,  para  recrearlo  en  otro  piso del hospital.
La jueza valoró a la perforación intestinal y a las quemaduras de tercer grado provocadas en Nachito como situaciones separadas. Pero son  eventos  conexos que le causaron daños irreversibles al niño, refirió la Fiscalía en la audiencia. 
Los padres precisan que la justicia se refleje, tanto en un castigo legal para las personas que lo afectaron, como en una reparación integral que les permita costear todas las etapas de rehabilitación y cirugías plásticas de injerto de piel que el niño deberá recibir y así recuperar de alguna manera la normalidad en sus vidas. El temor del padre del niño  es que el caso prescriba, luego de cinco años de peregrinaje, sin haber logrado que la justicia incline su balanza a favor de Nachito.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha hecho graves hallazgos en materia de determinación de gastos injustificados por parte de Tecnazul en 2014 y hay serios indicios también en contra  Worley Parsons, ambas empresas involucradas en los megaproyectos de repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la inexistente Refinería del Pacífico.  Más grave aún, el SRI tiene plazo hasta fin de este mes de marzo  para auditar el ejercicio del año fiscal de 2015 de Worley Parsons, Tecnazul y las otras empresas del Grupo Azul.
La consultora Tecnazul, cuyo dueño y accionista mayoritario es William Phillips Cooper, asesor y amigo personal del ex presidente Rafael Correa, simuló en 2014  gastos por $17.6 millones. El uso de ese dinero nunca pudo ser justificado ante la autoridad tributaria.
Tecnazul además es parte de la Corporación Azul que se encargó de traer al país a la consultora australiana WorleyParsons, la que, a su vez, fue seleccionada por el ex presidente Correa y el vicepresidente Jorge Glas, para gerenciar y fiscalizar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y el proyecto de la inexistente Refinería del Pacífico. En estas dos megaproyectos el Estado gastó no menos de $5.000 millones. Todo ese dinero fue gestionado por WorleyParsons, de la mano de William Phillips Cooper.

La empresa Tecnazul ha sido investigada por la Fiscalía de Ecuador por dar coima a Alex Bravo, Gerente de la Refinería Esmeraldas, a cambio de contratos. Sin embargo, William Phillips siempre fue protegido por su cercana relación con el poder.
Este portal analizó el Acta de Determinación del Servicio de Rentas Internas, que se refiere a la auditoría  de gastos de Tecnazul del año 2014.

Los hechos:
Cumplido el tiempo que concede la ley a empresas auditadas para que presenten los reparos al acta borrador, la consultora Tecnazul no pudo demostrar la legalidad de los gastos de: software por $ 4´500.000; know how por $3´600.000; comisiones ventas por $ 2´250.000 y representación por $ 7´270.000, dando un total de $ 17´620.000.
Ante la falta de justificación el SRI emitió un Acta de Determinación y poco tiempo después, una  resolución definitiva glosando a Tecnazul.
Pese a la gravedad de esta situación, la consultora de William Phillips no ha tomado acciones por las vías judicial y constitucional para responder las glosas emitidas por el SRI, ni ha presentado prueba alguna dentro del proceso administrativo para justificar los gastos glosados.
William Phillips Cooper es la cabeza del grupo Azul al que pertenece la consultora Worley Parsons, seleccionada por el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas, para fiscalizar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la inexistente Refinería del Pacífco
También llama la atención que el mismo SRI no ha dado el paso siguiente en este proceso: Impulsar una investigación ante la Fiscalía por defraudación tributaria y peculado, pues para hacerlo el plazo vence HOY.
Tecnazul empresa de  William Phillips Cooper, esposo de Mónica Hernández, también ex asesora de Correa y líder del conservador Plan Familia, se acogió a la Ley de Remisión de multas e intereses, impulsada por el gobierno de Lenín Moreno, y pagó $ 3’ 500.000 sobre un valor de $ 3’ 432.000, es decir, graciosamente pagó un excedente de $ 68.000. Lo hizo luego de que no tuviera argumentos, ni documentos para justificar los gastos glosados.
Si bien Tecnazul pagó el impuesto del valor glosado por el SRI, no pudo responder por los $ 17’ 620 000.
La simulación de gasto de los $17’620,000 es una revelación resultado de los actos de determinación del SRI. Tal simulación evidencia no solo un delito de defraudación tributaria, sino también apuntaría a la figura de peculado si esos fondos públicos fueron a parar en las millonarias cuentas personales del amigo del ex presidente Correa.
El artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la defraudación tributaria, señala que:  “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero será sancionada". Y en los casos que estaría incursa esta empresa podría enfrentar una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
En consecuencia con su propio trabajo, la  autoridad tributaria está en la obligación de poner una denuncia ante la Fiscalía General y hasta ahora no lo ha hecho.

Directivos de Tecnazul fueron procesados por la Fiscalía por hacer pagos al ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, supuestamente para beneficiarse con contratos
Auditorías privadas no detectaron anomalías
Las auditorías a Tecnazul pasaron por alto las irregularidades que fueron encontradas por el SRI.  La firma  Astrileg Cía. Ltda.,  auditó los estados financieros de la consultora Tecnazul en el 2014.  En su informe señala que la empresa de Phillips Cooper tuvo ingresos por $ 45’233. 032, con costos de $ 35’195. 789, por lo tanto una utilidad de $ 10‘372.243.
Si tomamos en cuenta el hallazgo del SRI de que Tecnazul tuvo valores injustificados por $ 17´620.000, el margen de utilidad de la consultora realmente debió ser de $ 27´657.243. Esto significa una utilidad bruta del 61.14%, cifra extremadamente alta e injustificada.
Por lo tanto, si el monto de sobreprecio no justificado de $ 17´620.000 acorde a los rubros glosados por el SRI, se encontraron en los estados financieros catalogados como costos y no como gastos, el propósito de ello era ocultar el verdadero margen de utilidad bruta de la operación de Tecnazul para ese período y la auditora no lo detectó.
Mientras el Servicio de Rentas Internas en su Acta de Determinación y resolución manifiesta que los ‘gastos’ por software $ 4´500.000, know how $ 3´600.000, comisiones ventas $ 2´250.000 y representación $ 7´270.000 carecen de elementos reales que demuestren la procedencia, Astrileg Cía. Ltda., en su informe de auditoría a los estados financieros de Tecnazul no emitió observación alguna y manifestó que: “los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente, en todos los aspectos (…) los flujos de efectivo por el 2014 son de conformidad con las normas internacionales de información financiera”.
Astrileg Cía. Ltda.,  y TC Audit Cía. Ltda. no solo haN auditado a Tecnazul sino también a otras cinco empresas del grupo Azul:
1.-Campetrol S.A., auditada Astrileg del 2011 hasta el 2014
1.-Campetrol S.A., auditada Tcaudit año  2015
2.-Caterpremier S.A auditada Astrileg año 2015
3.-Impexazul S.A. auditada Astrileg del 2010 hasta el 2014
4.-Ofparis S.A., auditada Astrileg del 2011 hasta el 2014
5.-Consultora Tecnazul Cía. Ltda. Auditada Astrileg del 2010 hasta el 2015
El Estado ha gastado $1.500 millones en trabajos previos a la construcción de la Refinería del Pacífico, un proyecto que nunca concluyó 
Los estados financieros de Worley Parsons y el SRI
De la revisión a los estados financieros a los años 2014 y 2015, se pudo evidenciar lo siguiente:
En 2014, WorleyParsons generó ingresos por un $ 114´842.278,50 y costos y gastos por un valor de $ 111´823.344,33, dejando un margen de utilidad de  $3´018.934.17 que corresponde a 2.63%. Sin embargo, en los estados financieros también se reveló que esta empresa no tuvo gastos o costos por personal, ni de mano de obra ni administrativo, ya que todo fue subcontratado. Los comprobantes del pago de los trabajadores ecuatorianos al IESS tampoco se presentaron.
Eso quiere decir que WorleyParsons no realizó ninguna de las actividades de fiscalización para las que había sido contratada por el Estado ecuatoriano con personal propio a pesar de que la Ley Orgánica de Contratación Publica prohíbe subcontratar el 100% del contrato.
Y ya que a partir de 2008 no existe en Ecuador la tercerización de personal se evidencia que la contratista simulaba ejecutar la fiscalización, pero a través de terceras personas y empresas.
WorleyParsons en realidad no realizó directamente ninguna tarea. Subcontrató con empresas de grupo Azul.  De los $114´842.278, 50  que WorleyParsons recibió como ingresos en 2014  pagó  a Tecnazul un valor de $ 34´975.926.42.  Es decir,  sólo con una  empresa de su mismo grupo subcontrató  el 30%  de lo que recibió como ingresos.
En 2015 WorleyParsons obtuvo ingresos por $107´180.426,81 y pago a Tecnazul $ 26´196.151,51. Nuevamente, tan solo a una empresa de Grupo Azul le correspondió el 24%  de los ingresos obtenidos por WorleyParsons
A la fecha actual la empresa WorleyParsons ya ha sido determinada por la administración tributaria, causando un  impuesto a la renta a pagar del  año 2014 un valor de  $14´369.346,09.  Eso quiere decir que la administración tributaria glosó costos y gastos por un valor de $65´315.209,50  aproximadamente tal como se muestra en la página del SRI.
Todos los contratos firmados con Worley Parsons para fiscalizar la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas superan los $228 millones
Si  la venta del ejercicio fiscal de 2014 tuvo ingresos por $ 114´842.278, 50 y el SRI le glosó un valor de $ 65´315.209,50 y le ordenó pagar por impuesto a  la renta  un valor de $14´369.346,09 eso quiere decir que el porcentaje de gastos nos sustentados, gastos no deducibles o simulados, fue del 57%. En términos legales ello significa que 57% de los gastos no existieron.
Desde otro punto de vista dichos gastos no deducibles o inexistentes vienen a ser directamente el sobreprecio.  Si el gasto no existió o es irreal es inexistente. En otras palabras, la fiscalización tuvo que tener un menor precio con gastos reales  y sustentados.
Del análisis realizado al estado financiero del año 2015 no cabe duda que es una empresa que  simula realizar una actividad y no realiza absolutamente nada pues todo lo hace por medio de terceros.  En los estados financieros reportados por WorleyParsons en 2015, se evidencia que no tuvo empleados durante ese ejercicio fiscal.  Deja mucho que pensar el que una empresa que generó ventas o ingresos por $ 107´180.426,81 no haya tenido la necesidad de contratar en relación de dependencia ni empleados administrativos ni  mano de obra. Nunca necesitaron una secretaria, un bodeguero ni una recepcionista, pues todo fue subcontratado. En ese sentido, en 2015 la empresa tuvo el mismo comportamiento que el año 2014WorleyParsons fue auditada en los años 2014 y 2015 por la  firma “Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda.” que en su opinión no menciona absolutamente nada en relación al personal administrativo o de mano de obra y por consiguiente no existe beneficios sociales o estudio actuarial ya que todo fue subcontratado, así mismo es importante resaltar que quien hacía la función de contador de dicha empresa es la firma auditora Deloitte.
De la revisión a la página del SRI se puede ver que WorleyParsons ha cumplido con la obligación de declarar sus estados financieros hasta el año 2017.   Sin embargo, la empresa no ha cumplido con los informes de auditoría de los años 2016, y 2017 a la Superintendencia de Compañías.

Es de suma importancia que la Administración Tributaria audite el ejercicio fiscal del año 2015, de WorleyParsons y de todas las empresas del Grupo Azul como son Tecnazul, Campetrol, Caterpremier, Headsada, Impexazul, Ofparis, Sierrazul.
Si el Servicio de Rentas Internas no abre una auditoría del ejercicio fiscal de 2015 hasta fines del mes de este mes pierde la facultad determinadora que le establece el artículo 94 del Código Tributario, la misma que establece que el período de caducidad es de 3 años para auditar costos y gastos a partir de la fecha de la declaración.
La Administración Tributaria tendría elementos suficientes para abrir una investigación en contra de los representantes legales, contadores y auditores de las empresas WorleyParsons y Tecnazul, bajo los preceptos jurídicos de defraudación tributaria, ya que existe basta información  que colige que existe simulación de gastos.

El país llega a votar hoy en medio del entusiasmo de las campañas para dignidades seccionales y, en paralelo, con la absoluta confusión respecto de cómo votar y de cómo se va a contabilizar el voto para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también en contraste con una aparente apatía de los propios sujetos políticos en torno a las tareas vinculadas al control electoral. 
Hay dos novedades en este proceso. La primera es que este CNE post correísta se inaugura con esta lid electoral y la segunda, que la responsabilidad de la designación de los integrantes de los Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es ahora de los votantes.
Este 24 de marzo de 2019 los ecuatorianos acuden a votar por 11.000 autoridades seccionales entre más de 80.000 candidatos. Las cifras no sólo son estratosféricas en términos de dignidades y candidatos.  El país cuenta con 13’261,994 de electores, según el último padrón aprobado por el CNE, en octubre de 2018, y tiene más de 6’440.350 de afiliados o adherentes a alguno de los 278 partidos y movimientos políticos registrados en el país. 
En cuanto a elecciones seccionales, más allá de la multiplicación de opciones, no hay mayores novedades para los electores.  Los ecuatorianos estamos acostumbrados a votar por prefectos, alcaldes, concejales e incluso, donde corresponde, juntas parroquiales. En este tipo de comicios existen procedimientos pre-establecidos por parte de la autoridad electoral para el conteo e impugnación, que son conocidos por el electorado, los delegados a mesas y los sujetos políticos.
El reto de los electores reside en que, en cumplimiento del mandato de la Consulta Popular de febrero de 2018,  ahora tienen la responsabilidad de designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social, que antes eran designados por la presidencia de la República.  Y es aquí donde la situación se complica.
Anexo a la pregunta 3 “Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento.”
El 4 de febrero de 2018 un país desesperado por romper el blindaje de impunidad a la megacorrupción y violación de derechos humanos del correísmo acudió a votar una Consulta Popular donde en su pregunta 3 se facultaba al Presidente a cesar al existente CPCCS y a nombrar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. 
Este Consejo fue creado en la Constitución de Montecristi por el correísmo.  Con este nuevo poder del Estado se buscaba, en una suerte de carambola, captar la fiscalía, la justicia y todas las autoridades de control mediante su capacidad de designación para dichas dignidades.  
Ante las nefastas consecuencias que trajo para la institucionalidad del país este estratégico invento correista  (único en el mundo) la tarea del Transitorio consistía en evaluar y, de ser el caso, destituir a tales autoridades y nombrar nuevas.
Pero la pregunta tres, tenía un anexo, en el cuál además de las facultades del Transitorio se hicieron cambios a la Constitución y, pese a las críticas, se dejó vivo al CPCCS, al determinar que a partir de las próximas elecciones seccionales (las de hoy) sus integrantes se elegirían por voto popular. 
Tras la aprobación de esta pregunta y su anexo, la urgencia era cesar al CPCCS en funciones y dar paso al nuevo Transitorio.  La ciudadanía en general dejó de lado la preocupación por cómo elegir el CPCCS definitivo.  Pero como no hay plazo que no se cumpla, al día de hoy, la mayor parte de los ciudadanos enfrentan un dilema.  La mayoría ni siquiera sabe quiénes son los candidatos por los que van a votar porque su campaña, con los apretados minutos de promoción electoral divididos en segmentos de treinta segundos, solo ha permitido una mínima presentación de los mismos y que sus propuestas se reduzcan a eslóganes que se pronuncian a la mayor velocidad posible como si se trataran de trabalenguas. 
Con esa escasa información millones de electores tienen que enfrentarse a tres papeletas, en las que debe decidir por tres hombres, tres mujeres y un representante de las nacionalidades para que integren, ni más ni menos, que uno de los poderes del Estado.
Hay quien señala, no sin razón, que muchos tampoco conocen a los candidatos a concejales. La diferencia, es que en esa categoría los ciudadanos tienen la opción de votar por una lista de un partido político al que le quieran dar su representación. 
Más allá de lo cuestionable del CPCCS como institución los problemas en esta elección tienen diversos orígenes. 
En el anexo a la pregunta 3 de la Consulta se introdujo una modificación a la Constitución que establece no sólo que los candidatos no puedan ser patrocinados por partidos y movimientos políticos, sino que tampoco puedan ser afiliados, adherentes ni dirigentes de los mismos en los últimos cinco años.  En esa situación están 6’440.350 de ecuatorianos. Por lo tanto, el universo elegible se redujo a la mitad de quienes están en capacidad de elegir y ser elegidos en el país.  En una elección en que la ley orgánica elaborada para dar cumplimiento al mandato de la consulta establece la existencia de una papeleta de nacionalidades, en un país en que parte importante del movimiento indígena está vinculado a una fuerza política, deja fuera de la papeleta a figuras importantes.
Como señala Alberto Molina, consejero del CNT Transitorio “La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)” generó otros problemas al expedir la exigencia de que se vote en una papeleta con tres listas,  una para hombres, mujeres y nacionalidades. Estas exigencias en términos de promoción electoral redujeron a los candidatos exclusivamente a los spots del CNE y obligaron a que sólo pudieran candidatizarse quienes tuvieran título de tercer nivel.  El Consejo Nacional Electoral Transitorio demandó la inconstitucionalidad de esto pero tal demanda, en tiempos aún de la llamada Corte Cervecera, no prosperó.  Por lo tanto, la ley orgánica quedó vigente.
Lo inmanejable, en términos prácticos de la papeleta planteada por el legislador llevó a que el CNE decida manejar tres papeletas.  Con esto surge otro problema: el cómputo de los votos nulos.   
La disputa sobre el tema del cómputo de los votos nulos se volvió relevante cuando el nulo se convirtió en una opción promocionada por varios sectores del país.  Sobre el tapete el tema de la igualdad del voto:  ¿Por qué si una papeleta con votos positivos vale 3 votos, el voto de quien la anula sólo vale 1?  
El intento, un tanto tardío de solucionar este problema en el Pleno del CNE se dio mediante una propuesta del consejero Luis Verdezoto, quien sostuvo el principio de la igualdad de los votos ciudadanos.  Tal propuesta contó con el apoyo del consejero Enrique Pita y la oposición de los consejeros Esthela Acero y José Cabrera y no se concretó por la abstención de la Presidenta del CNE, Diana Atamaint.  Quienes justificaron la no aprobación de la propuesta dijeron que los candidatos al CPCCS podrían objetar que tal interpretación perjudicaría sus intereses. 
El tema de principio de la igualdad del voto de todos los ecuatorianos fue entonces soslayado, alegando temas de seguridad jurídica.  El problema fue derivado a un Tribunal Contencioso Electoral que se acaba de declarar este viernes 22 de marzo incompetente para conocer esa materia.
Ahora, a la incertidumbre sobre cómo elegir entre un grupo de virtuales desconocidos, se suma el tema de cómo se van a contar tales votos.
Ante este panorama se vislumbran algunas propuestas de cómo votar y por qué hacerlo de esa manera.
Quienes llaman a votar nulo.  En esta opción no sólo estarán quienes se hagan eco de una propuesta de periodistas, intelectuales y políticos que sostienen que es la manera de rechazar políticamente la existencia del CPCCS y que, en algunos casos, aspiran no sólo a un resultado simbólico sino efectivo.  Si los nulos son mayores a los votos positivos, debería volverse a convocar la elección.  
En la orilla de quienes llaman a votar en positivo, pues quieren recuperar el control del país está el ex presidente Rafael Correa (quien no regresa al Ecuador por sus deudas con la justicia) y su actual movimiento político Revolución Ciudadana.  Correa pretende recuperar el CPCCS a través de varios candidatos que lograron colocar en el proceso para desmantelar lo actuado por el Transitorio.  Correa incluso ha señalado quienes son estos candidatos.  
Finalmente están quienes llaman a votar en positivo, pese a creer que el CPCCS debe desaparecer, para cerrar el paso a los candidatos correístas, que pese a ser minoría, tal porcentaje pudiera serles suficiente para ganar si el resto de ciudadanos anula o vota de manera dispersa.  Por parte de quienes promueven esta propuesta se han realizado diversas “pollas” de los candidatos no correístas más aceptables.  El rango de quienes llaman a votar en positivo de esta manera va desde el FUT hasta organizaciones de ciudadanos articulados en grupos de WhatsApp que fueron claves en la movilización contra los abusos del correísmo. Para quienes hacen este llamado también debe desaparecer el CPCCS, pero es una tarea para después del proceso eleccionario de este 24 de marzo. Es una especie de apuesta, una vez más, por sobrevivir.
En cuanto a cómo reaccionen los ciudadanos a estos llamados, habrá que verlo hoy.  Seguramente en el campo de los votos nulos estarán no sólo quienes hayan leído o escuchado a quienes lo promueven, sino quienes, sin esas reflexiones, reaccionen con enojo o frustración ante una papeleta donde no saben cómo votar.  Tampoco hay que descartar todos los votos anulados por errores comprensibles ante una elección que los ciudadanos no habían tenido que realizar antes.  
En cuanto a los votos positivos de lado y lado, el cruce y contrastación de “pollas” de por quién votar es la actividad en las redes sociales familiares, de amigos y profesionales.  Los ciudadanos que han decidido votar en positivo están en una especie de quiniela o apuesta de torneo de fútbol mundialista, esperando no equivocarse demasiado.
En un momento en que es prematuro evaluar los logros del CPCCS Transitorio para recuperar la independencia en la fiscalización, el control y la justicia, pues es una tarea inacabada, los actuales consejeros serán reemplazados en un proceso en el que primará un alto nivel de desconocimiento e incertidumbre de los electores.  Quienes resulten electos pasarían a integrar una institución que tiene la capacidad de armar o desarmar la institucionalidad de justicia y control en el Ecuador. 
La apuesta también es alta para el nuevo Consejo Nacional Electoral.  Después de más de una década de un despotismo controlado les ha tocado hacerse cargo de una institución diezmada por Juan Pablo Pozo.  La presencia y desplazamientos de los observadores internacionales, la veeduría técnica de un grupo de enviados de las universidades ecuatorianas para el conteo digital son buenas señales.  
Por otro lado, son graves falencias: la falta de decisión sobre la forma de contar o la lentitud en sancionar abusos como los del movimiento Revolución Ciudadana que promocionó candidatos al CPCCS contra norma expresa.  Nuevamente la apuesta es muy alta.
Esta elección no es el fin de nada, pero sí un momento muy importante en este proceso de distensión que vive el Ecuador después del correísmo. Tendremos que leer un nuevo mapa de fuerzas políticas y de entrada quedan planteados nuevos retos. No sólo qué hacer ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo sea que quede constituido, sino qué hacer con una institucionalidad electoral que tiene el incentivo perverso de la dispersión y no de ofrecer al país las mejores propuestas.

Ina Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Belice, un paraíso fiscal de Centro América, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento. Esta es la historia.

El martes 4 de diciembre del 2018, Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de la República de Panamá en México, le ordenó a la abogada Laura Sinesterra, socia de la firma de abogados Mendoza, Arias, Valle & Castillo (MAVCCO), en Panamá,  proceda a la inmediata disolución de INA Invesment Corporation, constituida en Belice. En una comunicación de la citada fecha Alemán Alfaro escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”.
Al día siguiente, miércoles 5 de diciembre, Laura Sinisterra hizo lo ordenado y la respuesta a Ricardo Alemán fue: “Adjunto documentos preparados para la disolución de INA. El proxi deberá ser firmado por la Sra.  María Auxiliadora y los documentos corporativos deben ser firmados por Usted” (SIC).
El mensaje se refiere a Xavier Macías Carmigniani y su esposa María Patiño Herdoíza, hija de Conto Patiño, empresario y lobista, representante de Sinohydro, quien recibió de esa empresa china 18 millones de dólares por la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La decisión de disolver Ina Investment Corporation era una acción desesperada porque 12 días antes (23 de noviembre de 2018) los tres portales digitales (Milhojas, La Fuente y PlanV) revelaron la existencia de esa offshore relacionada a Xavier Macías, María Patiño, al presidente Lenin Moreno Garcés y a su esposa Rocío González. Para esa fecha se había informado al secretario de comunicación, Andrés Michelena, la relación del acrónino Ina, con el nombre de las tres hijas del presidente (Karina, Irina, Cristina).

En el referido reportaje Ina Investment fue identificada como una empresa offshore que, en diciembre de 2015, realizó una transferencia bancaria desde Panamá por $19 342, para comprar muebles en Moinat S.A. Atiquities en Suiza, que luego fueron trasladados al departamento en que vivió Lenín Moreno, cuando se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Discapacitados.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que los muebles llegaron al departamento de Lenín Moreno, pero aseguró que no eran de su propiedad sino un encargo de sus amigos Xavier Macías y María Patiño y que serían entregados a su retorno al país, luego de cumplir sus responsabilidades diplomáticas.

La relación entre Xavier Macías y el presidente es una relación de amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra del Interior, María Paula Romo. Para esa fecha el avance en el trabajo periodístico no identificaba aún la presencia de un personaje clave.
INA INVESTMENT CORPORATION
En marzo de 2012 Edwin Moreno Garcés había constituido en Belice las sociedades Ina Investment Corporation y la Fundación Amore y gestionaba la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Documentos revisados de noviembre del mismo año, del estudio jurídico MAVCCO, establecen que Ricardo Alemán Alfaro envió un comunicado bajo el asunto “Mantenimiento Anual 2013-Ina Investment”, en el que textualmente dice: “Le informamos que hemos iniciado el cobro de las anualidades correspondientes al año 2013. En este sentido, adjunto encontrará nuestra factura y estado de cuenta correspondiente al próximo período. La sociedad Ina Investment Corp. del señor Edwin Moreno, es una sociedad en Belice cuya anualidad debe cancelarse antes del 31 de diciembre de cada año para que la misma se mantenga al día…”

Para el 13 de diciembre, Edwin Moreno, pagó $1650 por costos de anualidades con el recibo No.20121084.  A día seguido (14 de diciembre de 2012), Laura Sinisterra, escribió a Ricardo Alemán Alfaro el siguiente texto: “Estimado Licenciado Alemán, conforme conversación del día de hoy, favor tomar nota de los fondos del cliente de USD 625.00 fueron utilizados para cancelar la factura de mantenimiento anual 2013 de Ina Investment Corp”.   Añade: “Sírvase encontrar adjunto, copia del recibo 20121084 entregado el día de hoy en nuestras oficinas por el cual se cancela la totalidad de la factura 416”.
Con la documentación en regla, Ricardo Alemán y Xavier Macías, establecieron las condiciones para abrir una cuenta en el Balboa Bank de Panamá. Esto se denota en las comunicaciones que posee el estudio jurídico sobre el tema. El 24 de enero de 2013 una ejecutiva del Balboa Trust Bankescribió a Ricardo Alemán pidiéndole detalles sobre el propósito de apertura de una nueva cuenta.
Alemán le respondió a la ejecutiva del banco lo siguiente: “Hola Loretta: Disculpa que no te hubiera contestado, pero estaba de viaje y regresé anoche. La nueva cuenta de Xavier Macías, bajo Ina Investment, es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente. Lo que quiere Xavier es diversificar las cuentas, pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o recibos de pagos a terceros, se manejará de la misma manera que las otras cuentas. Es posible que Xavier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta ya abierta”.

En consulta telefónica, Edwin Moreno Garcés, confirmó que Ina fue constituida por él para realizar negocios con Xavier Macías, pero que dejó la empresa aproximadamente en 2013. Documentos del estudio jurídico Mendoza Arias Valle & Castillo, contradicen esa versión, pues señalan que apenas el 16 de marzo de 2015 Edwin Moreno, pidió ocultar su nombre y sustituirlo por el de María Patiño.
Textualmente solicitó “realizar los cambios para que mi nombre no aparezca en la sociedad” Ina Investment y Fundación Amore de Belice. Adicionalmente, autorizó en la misma misiva, que todas estas gestiones las realice Ricardo Aleman Alfaro, que además es operador de otras offshorerelacionadas a Patiño y Macías Carmigniani. En la actualidad Alemán es miembro principal del estudio panameño Morgan & Morgan y en los últimos cinco años ha visitado 5 veces Ecuador.
Un banco de preguntas sobre este tema se enviaron al primer mandatario a través de la Secretaría de Comunicación y otro similar a Ricardo Alemán Alfaro en Panamá.

Un año después, el 21 de marzo de 2016, aparecen indicios de disolución de esa empresa en Belice. Ricardo Alemán, envió el certificado de disolución de INA Investment adjuntando el nombre de Xavier Macías. Pero enseguida existe un proceso de constitución de la misma empresa en Panamá.
Así, el 20 de mayo de 2016 en la Notaría PúbIica Duodécima del circuito Notarial de Panamá se constituye Ina Investment Corporation. Sus accionistas son Ricardo Alemán Alfaro y su esposa Vivianes De Janon de Alemán.
El 25 de mayo la junta de accionistas de la flamante Ina Investment Corporation (Alemán Alfaro y su esposa) resolvió autorizar la compra de un apartamento. En esa junta de accionistas también se autorizó a María Patiño, que firme cualquier documento o escrituras que sean necesarios para la formalización de la compra del referido bien inmueble y en especial para formalizar, gestionar, tramitar y presentar declaraciones de inversiones extranjeras sobre bienes inmuebles y muebles.
Información revisada por este medio confirma que los Macías Patiño, visitan con frecuencia Panamá y en sus viajes movilizan importantes sumas de dinero en efectivo. Además, adquieren exóticas prendas y costosos regalos, como aquel viaje de noviembre de 2015, cuando les pidieron comprar una cartera de cocodrilo, para la hermana de la primer dama.
LA PLAYA

Alicante es una ciudad turística, a cuatro horas de Madrid, donde, justamente, reside Karina Moreno González, una de las hijas del mandatario ecuatoriano. Con respecto a esto,  en las primeras horas de la madrugada del 19 de febrero de 2019, este medio recibió las siguientes respuestas textuales de Andrés Michelena, Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República:
“Sobre las preguntas relacionadas a las empresas: Ina Investment Co., Fundación Amore, Reforza
Me permito manifestar que se desconoce por completo cualquier información relacionada a la  constitución legal de dichas empresas, sus accionistas o cualquier tipo de operación bancaria, corporativa o comercial, por lo que todo lo que usted manifiesta deberá ser consultado directamente a las personas y empresas que usted cita en el documento. También es importante mencionar que el Presidente Lenin Moreno Garcés desconoce cualquier tipo de relación que pudiese existir entre estas.
Respecto a facturas a nombre del Presidente de la República
Ningún tipo de compra de servicios o productos realizada por el Presidente de la Republica Lenin Moreno Garcés ha sido cancelada por Ina Investment Co. o alguna de las empresas mencionadas.  Es importante destacar que el primer mandatario jamás ha autorizado a dichas empresas que realicen compras, pagos o emitan facturas a su nombre.
Sobre fondos trasferidos entre personas y empresas que usted cita en el documento
Reiteramos que al no tener los elementos o información sobre las actividades societarias y comerciales de estas empresas, resulta imposible emitir un juicio de valor o determinar si existen indicios de actividad ilícita alguna.
Respecto a aportes en campaña
El balance consolidado, listado de contribuyentes con la determinación de los montos y sus respectivos justificativos de la campaña presidencial 2016 – 2017 fue entregada oportunamente al Consejo Nacional Electoral, tal como lo dispone el artículo 230 del Código de la Democracia.
Sobre Fondos destinados para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto.
Me permito informar que la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad fue la entidad responsable de recibir y administrar los dineros que se obtuvieron con la finalidad de aportar para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de 16 abril de 2016. Esta información detallada de los donantes y gastos realizados la puede obtener directamente en la Federación.
Si usted requiere algún tipo de información adicional que aporte a su proceso de investigación, la Secretaría de Comunicación y el señor Presidente de la República estamos prestos a facilitar la misma en caso de disponerla.”
Existen transferencias realizadas, de diciembre de 2015 y febrero de 2016, por un valor de 133,400euros que han sido avaladas en documentos del Banco Santander de España, que prueban que Ina Investment entregó ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, por la compra de un departamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche terraza de 12,4 metros en Villajoyosa, Alicante y con vista al mar Mediterráneo.
La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2015, el ordenante es Ina Investment Corp., con dirección Urb El Río Km 2 (la misma dirección de la casa de Xavier Macías) por 92.076, 23 euros. El segundo pago sucedió el 15 de febrero de 2016 por el concepto “Pago Apartamento” por el valor de 41,323,93 euros.
Como detalle, en las facturas emitidas por MAVCCO a favor de Edwin Moreno y María Patiño, también se registra como dirección avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. En ese sitio consta domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo personal de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés.

Un comunicado corporativo de Emilio Torres fechado el 24 de abril de 2016, enviado a Xavier Macías Carmigniani ratificó esas transferencias. Bajo el asunto “Datos de banco y del apartamento” le brinda a Macías los detalles de la operación como nombre del banco, código Swift, dirección de la agencia bancaria, número de cuenta y el concepto de la transacción: “compra del apartamento Mirador de la Cala, Tramuntana 1. Alicante”.
Torres Copado, vendedor del departamento, posee una empresa en Ecuador llamada Dibeal, una importadora y distribuidora de alimentos y bebidas. La Superintendencia de Compañías lo registra como presidente y poseedor mayoritario de las participaciones. Posee una cuenta de twitter en la que difunde los mensajes del presidente Moreno. 

La escritura de compra-venta definió con claridad la transacción y estableció que los pagos realizados por INA Investment Corporation se realizaron en la cuenta 0049-5138-18-221-6677515 de Torres Copado en el Santander.
Buena parte de esta información se encuentra protocolizada en una notaría en Madrid. Existe una primera escritura de otorgamiento de poder de Emilio Torres Copado y su esposa a favor de un abogado llamado José María Carcedo Muro para que se encargue de la venta del departamento del complejo ya señalado.
Existe otra escritura adicional otorgada por INA del 22 de mayo de 2017 en la que comparece en su representación María Patiño que a su vez delegó al abogado Carcedo Muro solicitar y obtener ante la Agencia Estatal Tributaria de España el correspondiente número de identificación fiscal (NIE) con el objeto de adquirir el departamento.
LABERINTO OFFSHORE

En torno al nombre de Ricardo Alemán Alfaro, socio de Morgan & Morgan, se teje un sorprendente laberinto de empresas de papel, que reeditan los escándalos de Odebrecht y Panama Papers. Alemán representa al menos once empresas vinculadas a Conto Patiño, Xavier Macías, María Patiño y el hermano del presidente de Ecuador, Edwin Moreno.
La información a la que este reportaje tuvo acceso deja al descubierto las relaciones cruzadas de representación de los mismos ciudadanos para operar cuentas bancarias de empresas que no cumplen ninguna actividad productiva, pero sí justifica la existencia de cuentas y transferencias millonarias.
Por ejemplo: Ina Investment Corp., Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings, Inversiones Larena Ltd SA, Probata Investments SA, San Antonio Bussines Corp, Turquoise Holdings Ltd, Associated Corporation Services, Manela Investment Corp, Jugorlo Investment Corp, Valley View Bussines Corporation. Durante el gobierno de Lenin Moreno, la familia de Conto Patiño también se encuentra negociando la venta de armas a las Fuerzas Armadas a través de la empresa Miosa.










Existe una comunicación de noviembre de 2016 en que Alemán notifica a Francisco Guarderas cinco transferencias bancarias por $110.000 de la cuenta de Inversiones Larena Ltd SA en el Global Bank de Panamá.
Un reporte de operaciones financieras de la empresa Espíritu Santo Holdings en Panamá con cuenta en el Global Bank señala que al cierre del año 2016 el saldo en la cuenta de esa empresa era de un millón de dólares. Cifras parecidas se repiten en 2017, pero en 2018 los valores son inferiores.

El gobierno de Lenín Moreno es contrario a mantener relaciones con paraísos fiscales, al punto que el 2017, una consulta popular prohibió a los funcionarios públicos realizar operaciones offshore.

MilHojas
Según la Contraloría General del Estado, durante la primera administración de Jimmy Jairala Vallaza, la Prefectura del Guayas  realizó contratos donde hubo uso de documentos falsos, subvaloración del rendimiento de equipos para inflar el valor de la obra, retrasos en la entrega de las obras y pago por trabajos defectuosos o incompletos.  Todo esto bajo el paraguas de la declaratoria de emergencia “preventiva” para enfrentar las consecuencias del invierno firmada por Jairala el 26 de octubre de 2009.
La Contraloría llegó a estas conclusiones a partir del “Examen Especial de Ingeniería de los Procesos de Contratación y Ejecución de varios proyectos a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, por el periodo comprendido entre el 01 de Marzo de 2009 y el 30 de Agosto de 2012”. 
Al término de este examen se produjo 33 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP).  En todos ellos se apunta al cometimiento de PECULADO. El perjuicio estimado al Estado fue de $10’028.858,10.
Paúl Ponce Quiroz, fiscal provincial del Guayas, debe explicar al país las razones por las que pidió archivar los informes de responsabilidad penal contra Jairala, fue un protagonista de la impunidad
A mediados de 2013, la Contraloría envió los  informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía Provincial del Guayas, pues en Ecuador el sistema es acusatorio y el monopolio de la acción penal lo tiene la Fiscalía. Como uno de los implicados era Jimmy Jairala Vallaza, el tema debía ser conocido por el fiscal provincial del Guayas que ese entonces era Paúl Ponce Quiroz.
La Fiscalía Provincial del Guayas pidió el archivo de 32 de los 33 casos derivados de los informes. Los jueces también ceptaron el archivo solicitado por la Fiscalía. En los casos en que un encargado temporal de la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas en ausencia de su titular, contravino su voluntad de archivo, entró en escena el propio Galo Chiriboga, entonces Fiscal General del Estado advirtiendo a la Corte Provincial que debían desestimar los procesos.
El rol del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga fue bloquear cualquier intento de continuar o ahondar las investigaciones.  
En esta entrega Mil Hojas analiza el contenido y destino de estos IRP.  Si el contenido de los informes desnuda las tempranas prácticas de contratación pública de la administración de Jimmy Jairala, el destino de los mismos en el sistema de justicia revela un entramado de impunidad. Luego de meses de trabajo hemos podido componer un cuadro comprensivo de la naturaleza de las infracciones y las modalidades por las cuales la Fiscalía decidió archivar prácticamente todo.

En algunos casos los IRP dieron lugar a “noticias de delito” que se pueden encontrar en la propia página web de la Fiscalía.  En tales noticias se omite el nombre de Jairala pero aparecen los nombres de otros de los implicados y el número del informe de Contraloría correspondiente.  De otros IRP hemos podido rastrear los procesos judiciales e incluso una acción extraordinaria de protección interpuesta por la Contraloría.
Antecedentes: Declaratoria preventiva de emergencia frente al invierno, endeudamiento, venta de activos y una lluvia… de contratos
El 26 de octubre del 2009 con el discurso de que se trataba de una medida “preventiva” Jairala expidió una declaratoria de emergencia “atendiendo un pedido de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales frente a una estación invernal que los expertos preveían como difícil”. Se dijo que la medida era necesaria “para la contratación de las obras necesarias para rehabilitar, mantener, limpiar y preservar sistemas de canales, muros de gaviones, escolleras, encausamientos de causes, mantenimiento de puentes, vial y de alcantarillas; caminos de acceso de penetración y vías… así como la contratación de maquinarias y equipos, para atender la emergencia señalada, por el  tiempo que dure la misma de conformidad con la Ley".
El fondo destinado para ejecutar todos los trabajos previstos fue de $29 millones. De estos recursos, $12 millones provenían de un préstamo del BEDE y $17 millones de la venta del paquete accionario de la empresa eléctrica de Guayaquil que tenía la Prefectura del Guayas al CNEL.
Los informes con Indicios de Responsabilidad Penal IRP de la Contraloría General del Estado como resultado del examen especial de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de varios proyectos de la Prefectura del Guayas para el período del 1 de marzo de 2009 al 30 de agosto de 2012 detectaron varios hallazgos:
De 33 informes con IRP, 12 se refieren a procesos donde los contratistas presentaron planillas y cobraron rubros que no ejecutaron. En esos primeros doce informes el perjuicio estimado es de US$ 1’346.418,85. Además 21 informes muestran procesos de contratación donde los oferentes presentaron información que no correspondía a los equipos de la propuesta y porque adjuntaron certificados falsos de arriendo de equipos o de experiencia de obras.
Otro millonario hallazgo es que en 29 de los procesos examinados se subvaloró el rendimiento de la maquinaria utilizada para la limpieza y desazolve de ríos y canales.    Es decir, si estadísticamente una excavadora de ciertas características debía limpiar 982 metros cúbicos por día, en los libros de obra de estos procesos se registraba que el rendimiento de tal máquina era de 2.300 metros cúbicos por día. Ello implicaba que el precio unitario del rubro contratado se sobrestimó y que el pago así realizado al contratista fue superior a lo que debía. El monto acumulado de la subvaloración del rendimiento de la maquinaría habría generado  a la Prefectura del Guayas un perjuicio por US$5’064 449,57.

En seis obras viales se produjo otro perjuicio de $3´278.330,05 por el incumplimiento de especificaciones técnicas pues, luego de la extracción de núcleos de las carpetas, se evidenció que no cumplían con las exigencias relacionadas con el espesor de la carpeta.
Otro rubro fue el pago realizado por trabajos defectuosos. Son los casos de la construcción de un camino vecinal en el Km 48 vía Duran-El Triunfo-Recinto El Capullo, el cual recién entregado ya tenía baches y acumulación de agua como se indica en el IRP DPAyA-0029-2013 o el de un camino vecinal que no cumplió las especificaciones del contrato como se evidencia en el IRP DAPyA-0040-2013.
La Contraloría también advirtió que en 21 de los  proyectos analizados no se justificó la contratación bajo la modalidad de emergencia puesto que los pagos de los anticipos de estos contratos se realizaron luego de concluidos sus plazos contractuales, una vez terminada la emergencia.  
Las autoridades de control también encontraron problemas con la recepción de las obras contratadas por parte de las autoridades de la Prefectura del Guayas. Había casos donde se suscribieron el  acta de entrega recepción provisional de la obra sin que se hubiera concluido el objeto contractual. Hay casos donde los trabajos se ejecutaron después de suscrita el acta de entrega recepción provisional.  Se encontraron casos incluso casos de celebración de contratos complementarios después de firmadas las actas de entrega recepción de obras que ya debían haber estado terminadas. No se cobró multas por retraso en la entrega de la obra.  Incumplimiento de especificaciones técnicas en vías asfaltadas.  Acá los detalles de otros hallazgos.
Adicionalmente, hay un aspecto que  el examen especial de la Contraloría General del Estado no abordó pues se centró en los procesos de cotización, licitación y de contratación en sí.   El cuestionamiento no abordado es de naturaleza previa: La Prefectura del Guayas liderada por Jimmy Jairala Vallaza tenío o no la capacidad de realizar por sí misma las obras contratadas.   Este cuestionamiento lo realizan exfuncionarios contactados por Mil Hojas que señalan que a la fecha de la emergencia la Prefectura contaba con equipos y maquinaria pesada propios al punto de que incluso los facilitaba a diversos gobiernos municipales de la provincia del Guayas.
¿Qué pasó con los IRP?
A fines de Julio de 2013 una avalancha de IRP llegó al despacho del Fiscal Provincial del Guayas (e) Paul Ponce Quiroz. Venían firmados por Diego Abad León, Director de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado. Ahora era asunto de la Fiscalía Provincial del Guayas actuar conforme indicaba el Código Penal, investigar y de ser el caso procesar a los responsables de los delitos si los hubiere.
A partir de este momento los informes tomaron varios caminos con un solo destino: el archivo. 
En menos de diez días, entre el 26 de septiembre y el 4 de septiembre del 2013, 12 de los 33 informes fueron “desplazados” hacia fiscales de nivel por parte el Fiscal Provincial Ponce. Esto significa que en esas doce (12) investigaciones se eliminó al Prefecto Jimmy Jairala como persona de interés y sólo se investigó a los integrantes de las comisiones y subcomisiones encargadas por la Fiscalía del proceso de contratación, al igual que a los representantes de las empresas contratistas. El destino de los archivos “desplazados” es diverso, si bien en gran parte de ellos los fiscales de nivel emitieron dictamen abstentivo y solicitaron el archivo, no siempre este se consiguió.  Hay un caso donde la jueza rechazó el archivo y el tema subió a consulta al despacho del actual Fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones y otro donde la representante de la Contraloría solicitó ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección contra el archivo,  misma que aún no ha sido admitida.  En cualquier caso, el Fiscal Ponce sacó a Jimmy Jairala  de todos esos procesos.

Los otros 21 informes donde Jairala permaneció implicado fueron archivados directamente por el Fiscal Provincial Ponce y ahí donde alguna vez un juez encargado como Luís Riofrío opuso resistencia al dictamen abstentivo, entró en escena el Fiscal General del Estado de ese entonces, Galo Chiriboga para dejar claro que el único escenario posible era archivar.
La argumentación de la Fiscalía Provincial del Guayas y de la Fiscalía General del Estado para dar dictamen abstentivo y archivar los procesos no se centraba en señalar alguna debilidad por parte de los expertos de la Contraloría o negar las numerosas irregularidades registradas en los procesos de cotización, licitación y contratación aprobados por la Prefectura del Guayas y los funcionarios de la Comisión y subcomisiones respectivas.  La Fiscalía se hizo eco de la argumentación central de los descargos de los funcionarios imputados: La Declaratoria de Emergencia por parte del Prefecto Jairala los ponía en un régimen de excepción más allá de los mínimos controles en materia de contratación pública, por lo tanto no se podían hacer responsables de todas las irregularidades e incluso delitos cometidos por las contratistas que los IRP detallaban.  Estos casos ejemplifica la actuación del Fiscal Provincial del Guayas Paul Ponce.
En síntesis, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía General del Estado aceptaron como un hecho la argumentación de los imputados de que el Sistema de Compras Públicas (Incop), instaurado durante el régimen de Rafael Correa, con su portal, leyes y normas cuenta con un hoyo negro donde toda exigibilidad desaparece: La declaratoria de Emergencia.   Según ellos, lo único que los funcionarios debían hacer era ceñirse a los pliegos de licitación emitidos por ellos mismos y aprobados por el Incop.  Uno de los implicados llegó a decir que tales pliegos les “prohibían” (sic) confirmar datos claves que entregaban los oferentes. Por lo tanto no debían responder por falsificaciones, demoras, multas no cobradas, no conformidad de obras, no debían responder por nada.
El rol de Galo Chiriboga en el archivo de procesos

El Fiscal Provincial del Guayas Paúl Ponce Quiroz pidió el archivo de gran parte de los procesos en los que se involucraba directamente al Prefecto del Guayas Jimmy Jairala Vallaza.  En otros casos al derivar los casos a fiscales de nivel (Fiscalía de Administración 2, Administración 3, Fe Pública 5, etc…) pretendió adjudicar las responsabilidades tan solo a funcionarios de menor rango del gobierno seccional.  No estuvo sólo en esta tarea.  En muchos casos ante la duda de los jueces provinciales de aceptar el archivo, su dictamen debió ser ratificado por su superior, el Fiscal General del Estado: Galo Chiriboga.
En los veintinueve (29) procesos que Mil Hojas pudo revisar, identificamos 10 donde los dictámenes de archivo estuvieron sustentados en oficios enviados por el Fiscal Chiriboga a la 
Corte Provincial del Guayas para que se archiven los casos. En todos los casos donde Chiriboga envió oficio se aceptó la solicitud de archivo.   
El impacto de Chiriboga no se limita estos diez casos pues en el resto de ocasiones en que la Corte aceptó la solicitud de Ponce de archivar causas contra Jimmy Jairala Vallaza, el Presidente de la Corte Provincial del Guayas, Julio Aguayo, citó como fundamento de su decisión su concordancia con los criterios emitidos por el Fiscal General del Estado Chiriboga en casos similares.
Al parecer el Juez Aguayo prefirió no cruzarse más en el camino de Ponce-Chiriboga luego de que su suplente pusiera en riesgo la suerte de Jimmy Jairala.  Resulta que al menos tres solicitudes de archivo que Ponce envió a la Corte Provincial de Justicia del Guayas llegaron cuando su Presidente, Julio Aguayo,  estaba ausente y se encontraba encargado el Presidente Subrogante de la Corte, Luís Riofrío Terán.
Galo Chiriboga, fiscal general, brindó respaldo irrestricto a Jairala, la defensa al prefecto se entendió como un símbolo de cohesión y complemento entre los diversos actores políticos que apoyaron al correísmo
En 11 de marzo de 2015 el Juez Luís Riofrío le negó al Fiscal Ponce el archivo de las indagaciónes 91-2013 y 112-2013 correspondientes a las DAPyA-0022-2013 y DAPyA-0018-2013 respectivamente y el 23 de marzo de 2015, también le negó el archivo de la indagación 110-2013, correspondiente a la DAPyA-0021-2013.
Estos tres casos involucraban a empresas oferentes –GRISALE S.A., CEPOLIN S.A. y DOCUCENT S.A.- que habían entregado documentos falsos en los procesos de cotización para la realización de obras de limpieza y desazolve de ríos, esteros y canales y mejoramiento de vías. Los documentos falsos se referían principalmente al equipo que presentaban para realizar la obra –principalmente volquetas con matrículas falsas o que correspondían a otro tipo de vehículos- pero según su IRP la empresa DOCUCENT S.A. adjuntó como parte de su experiencia un documento de ejecución de una obra, en un recinto que según la certificación del Alcalde de Flavio Alfaro de Manabí, no existe. 
En todos estos casos Contraloría responsabilizaba de los delitos a funcionarios de la Prefectura del Guayas con Jairala a la cabeza, además de los representantes de las tres oferentes.
En los tres casos el dictamen del Fiscal Provincial Ponce Quiroz señalaba que los procesos se realizaron conforme a la ley sin favorabilidad para el contratista.  El Fiscal libraba de responsabilidad en los casos al Prefecto Jairala y a sus más cercanos colaboradores y disponía que se investigue a las empresas oferentes, da las cuales GRISALE S.A. y DOCUCENT S.A. ya están disueltas y sólo CEPOLÍN S.A. sigue activa y con ellos a los funcionarios de la Comisión Técnica de la Prefectura.
La primera reacción del Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Julio Aguayo, es concordar con la actuación del Subrogante Juez Luís Riofrío y no aceptar las solicitudes del archivo del Fiscal Provincial.
La argumentación inicial del Presidente de la Corte Provincial Aguayo sostenía que “si se acepta la desestimación no se podría continuar con la investigación que el fiscal ha pedido iniciar, pues vulneraría el principio del non bis in ídem (que no se puede iniciar otra investigación sobre un mismo delito) y los hechos que, a criterio del mismo fiscal provincial ameritan ser investigados, quedarían en la impunidad” y agregaba que si el Fiscal Provincial consideraba que en la indagación no había personas que gozaran de fuero, debió desplazar la investigación a un fiscal de primer nivel para que continúe con la investigación, desestime o inicie la instrucción.
Mil Hojas tampoco ha encontrado respuesta a este interrogante de por qué el Fiscal decidió derivar unas investigaciones y archivar de entrada otras.
En consecuencia, la Corte Provincial de Justicia del Guayas envió los expedientes a la Fiscalía General del Estado rechazando el archivo y solicitando se sirva designar al fiscal de primer nivel que investigue los casos de uso doloso de documento falso.
El fiscal Galo Chiriboga respondió esta solicitud de la Corte Provincial ratificando el dictamen abstentivo del fiscal provincial Ponce en sendos oficios del 13 de mayo sobre las investigación abierta por el IRP DAPyA-0021-2013 (Involucrados: Jairala, funcionarios y  DOCUCENT S.A.) y el día 4 de junio sobre aquellas relativas a los IRP DAPyA-0018-2013 y DAPyA-0022-2018.
La reacción del Juez Aguayo, Presidente de la Corte Provincial del Guayas, fue rápida.  El 29 de mayo de 2015 aceptó archivar el expediente No. 09100-2014-0005G vinculado al IRP DAPyA-0021-2013 y con aún mayor celeridad el 11 de junio de 2015 aceptó el archivo de los expedientes 09100-2014-0004G y 09100-2014-0025G vinculados a los IRP DAPyA-0018-2013 y DAPyA-0022-2013.
¿Cuáles fueron los convincentes argumentos del Fiscal General del Estado Galo Chiriboga que lograron dar al traste con la corrupción?
Los argumentos de Chiriboga se repiten con poca diferencia en casi todos sus oficios.  Los hemos clasificado como argumentos de principio y particulares (aunque los particulares son reiterativos)
El argumento de fondo es señalar que en todos los casos la Contraloría implica al Prefecto y funcionarios en el delito de peculado atenuado, el cual era un delito en el Código Penal anterior y como en agosto de 2014 entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal donde desaparece la figura de Peculado Atenuado el delito ya no existía por Principio de Favorabilidad se debía archivar pues ya no había delito que perseguir.  Para el mismo propósito el Fiscal reivindica el archivo en función de los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Además, en tales oficios, Chiriboga le recuerda a la Corte Provincial del Guayas que, por ley, la Fiscalía General es la única que puede ejercer la acción penal pública y que en un sistema acusatorio como el ecuatoriano se impide al juzgador desoír al titular del ejercicio de la acción penal. 
Un aspecto destacable es que pese a que la Fiscalía del Guayas recibió todos los informes a mediados de 2013 esperó a que entre en vigencia el nuevo COIP donde desaparecía el delito de Peculado Atenuado para actuar en esos procesos y solicitar el archivo apelando al Principio de Favorabilidad.  Recordemos que el COIP se publicó a inicios de 2014 pero había que esperar seis meses para que entre en plena vigencia. 
En lo “específico” el Fiscal General Galo Chiriboga se hace eco de la argumentación del Fiscal Provincial Ponce que usualmente sigue el mismo formato: Rechaza los indicios de favorabilidad en la contratación de la compañía a la que se declaró adjudicataria. Rechaza que los miembros de la comisión y subcomisión de la Prefectura del Guayas encargadas de la contratación hayan actuado con dolo, que es el elemento indispensable para la presunción de peculado. Señala que a final de cuentas la obra fue ejecutada y entregada, lo cual es aceptado por el propio informe de la Contraloría, más allá de los reportes de irregularidades tales como documentación adulterada. Reitera que no hay indicios contra Jimmy Jairala Vallaza y su equipo, por lo que desestima la "noticia del delito" de acuerdo a los Arts. 38 y 39 del Código de 
Procedimiento Penal. Solicita al Presidente de la Corte de Justicia Provincial que disponga el archivo correspondiente.
El Presidente de la Corte Provincial del Guayas, Julio Aguayo, aceptó todos y cada uno de los archivos solicitados, haciéndose eco de la argumentación del fiscal general: el delito de peculado atenuado no existe en el actual Código Penal.   Finalmente indica que no tendría caso negar un archivo solicitado por el fiscal general del Estado, pues teniendo la Fiscalía el monopolio de la acción penal y siendo además una entidad autónoma e indivisible cuya máxima autoridad era Chiriboga no habría ningún fiscal o ningún ente que pudiera llevar adelante un proceso cuyo archivo éste hubiera solicitado. 
Aguayo refuerza su actuación con un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia en el sentido de que la opinión de la Fiscalía General como máxima autoridad es vinculante para el órgano jurisdiccional penal.
Se archiva o se archiva
De los 33 informes enviados por contraloría a la Fiscalía Provincial del Guayas, 21 que implicaban a Jairala fueron archivados directamente por el fiscal provincial Ponce o por el fiscal general Chiriboga, pero 12 informes más fueron derivados a fiscales de nivel por temas de fuero de corte.  Las Fiscalías del Administración Pública 2, Administración Pública 3, Administración Pública 5, Fe Pública 5 y Soluciones Rápidas 1 fueron sus receptoras.
A ese nivel ya no aparecía sindicado Jimmy Jairala pero si varios de sus funcionarios y cercanos colaboradores en la Prefectura.  Hay varios funcionarios que repiten en casi todos los procesos como Amada Pamela Aguilera Romero, Segundo León López, Ana Rosa Mite, Freddy Vásquez Baque, Edward Lamadrid Lamilla y Alfredo Aguilera Negrón.
Lea aquí: Ruta y destino de los IRP DAPyA15
El destino de la mayor parte de estos casos también ha sido el archivo.  Existen excepciones.  Mil Hojas tiene documentados dos casos, en ambos, el mismo fiscal Pedro Intriago Briones solicitó el archivo.  En el caso derivado del IRP DAPyA-0015-201p3 el juzgado le concedió el archivo pero una funcionaria en representación de la Contraloría presentó ante la Corte Constitucional un Recurso Extraordinario de Protección contra el archivo.
En el otro caso, la Juez de la Unidad Penal uno de Unidad Judicial Norte de Guayaquil negó la solicitud de archivo y envió el expediente a estudio del actual Fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones.  En la página del Consejo de la Judicatura aún no se registra su pronunciamiento al respecto.
¿Y las empresas contratistas?
La Contraloría detectó que la Prefectura del Guayas contrataba a empresas y personas naturales relacionadas unas con otras, pero no fue más allá en cuanto a investigar las presuntas vinculaciones entre varias de estas contratistas a las que se les entregó millones de dólares en contratos, no estableció ninguna conclusión en cuanto a las implicaciones que ello podría tener en el eventual cometimiento de otros delitos. Tampoco se conoce si el organismo de control inició algún examen de control para investigar esta práctica de contratar a empresas relacionadas.
En sus conclusiones generales sobre todos los procesos precontractuales y contractuales analizados, la Contraloría dice que el gobierno seccional contrata con empresas y personas naturales relacionadas unas con otras: “analizadas las invitaciones efectuadas bajo la declaratoria de emergencia, se observa que los representantes legales y los accionistas de una compañía están relacionados con otras, aspecto que se evidenció de la documentación proporcionada por la Superintendencia de Compañías; las personas delegadas por los contratistas, para que asistan a las verificaciones físicas de las obras, trabajaban para varias compañías o eran representantes legales de otras”.
Mil Hojas pudo constatar que en los casos analizados el 60% de las empresas contratistas son ya han sido disueltas.  De hecho, la mayor parte de ellas ni siquiera duró un año con lo que no presentaron balances ni informes a la Superintendencia de Compañías.  Estas empresas tienen además accionistas y representantes legales relacionados.
Por otro lado, las empresas que duraron más de un año, continuaron contratando con la Prefectura del Guayas pese a las observaciones de la Contraloría General del Estado y de tener procesos en la Fiscalía por causas como falsificación de documentos en el marco de procesos de cotización, licitación y contratación con dicha institución. 
 

Por: periodismodeinvestigacion.com

En el sistema interno de búsqueda de casos de la unidad antilavado de activos de la fiscalía en Quito no aparece el expediente que investigaba a Carlos Andrés Bernal Alvarado.
El caso fue identificado con el número 170101818063517, fue además calificado con fuero de corte y se le asignó a la Fiscalía Antilavado de Activos, específicamente a la doctora Paola Gallardo, pero en esa unidad no conocen a Gallardo y tampoco identifican el caso.
Al hacer una búsqueda en el sistema de consultas de noticias del delito que posee la web de la Fiscalía General, aparece ese número de caso pero es identificado por el delito de financiamiento al terrorismo y el sospechoso tiene el nombre de Chen He Li.
Al solicitar una búsqueda más particularizada en la secretaría de la fiscalía antilavado, uno de los funcionarios revisó con detenimiento en los archivos de Excel, que es el sistema índice interno que usan los fiscales, pero sin ningún resultado. “No hay ese número de caso”.   
En ese expediente se encuentra el informe de la Unidad de Análisis Financiero que identifica a Carlos Bernal Alvarado, su esposa Denise Vélez Rupertti y las empresas Construhidrocab y Disquesa, en posible lavado de dinero. El informe establece que los esposos Bernal-Vélez, más las dos compañías citadas recibieron ingresos brutos en 2010 que sumaron $33,711 pero a 2018 el monto total de ingresos fue $31.800.893.
Socios y accionistas de Construhidrocab
En términos pedagógicos en el año 2010 el porcentaje de ingresos fue apenas del 0.1% y ocho años mas tarde los ingresos crecieron en casi el 1000%.
Bernal Alvarado fue funcionario de la Secretaría del Agua y en 2012 estuvo al frente del proyecto de trasvase Daule Vinces (Dauvin). Tres años antes ya se había desempeñado como coordinador de los megaproyectos que impulsó el vicepresidente Jorge Glas y como secretario del agua, Senagua. Los ingresos de Carlos Bernal en el servicio público, entre 2011 y 2017, entre sueldos y sobre sueldos sumaron $377.431.
Como ejemplo, en el año 2017 recibió ingresos, por concepto de sueldos del Estado, por $ 64.000 pero los depósitos en sus cuentas bancarias fueron de $92.500. Es decir 28 mil dólares adicionales se transfirieron o depositaron en sus cuentas ese año.
En la lista de transferencias realizadas a las cuentas de Bernal, la UAFE identificó una en particular, en el año 2011, por un monto de $4910, realizada por Raúl Enrique Andrade Galarza, que a su vez era el representante de la empresa Belvedear Worldwide Company, una de las tantas compañías off shore que Odebrecht usó para pagar coimas en la región a través de su departamento de operaciones estructuradas.
Raúl Andrade Galarza retuitea la cuenta de Carlos Bernal
Viviana Bonilla, Carlos Bernal, Walter Solís, Jorge Glas y Alexis Mera
Raúl Enrique Andrade Galarza, según información de la Superintendencia de Compañías era gerente y accionista de Bosques Tropicales Manabí, Botsman S.A. compañía creada en 2012 para alquiler de maquinaria de construcción donde laboró en relación de dependencia la madre de Carlos Bernal, Carolina Alvarado Daza.
Feria de transferencias

La esposa de Carlos Bernal Alvarado, Denise María Vélez Ruperti, declaró al SRI, entre 2013 y 2017, ingresos totales por $210.301, pero la Unidad de Análisis Financiero identificó ingresos adicionales por $431.678. Denise Vélez Ruperti realizó además transferencias menores a $10.000 a una cuenta personal en el BBP Bank de Panamá. Ella también registró depósitos por $12500 provenientes de Raúl  Enrique Andrade Galarza.
La empresa Construhidrocab Cia Ltda (constituida en diciembre de 2009) dedicada a actividades de ingeniería civil tuvo a Denise Vélez Ruperti como propietaria del 50% de las participaciones y su hermano Xavier Andrés Vélez Ruperti, con el 50% restante. Esta firma recibió hasta 2018 acreditaciones por $18.825.242.
Información societaria de Construhidrocab
Entre los principales nombres que realizaron depósitos y transferencias a dicha empresa constan Leonardo José Jama Falcones, que entre 2014 y 2018, efectuó depósitos por $1.270.625.
Jorge Adrian Bermeo Ayora también realizó depósitos en Construhidrocab Cia Ltda por $416.490. En 2014 por ejemplo realizó decenas de depósitos pero su nombre en el sistema de la UAFE no registraba ningún tipo de ingreso.
La información de la empresa Construhidrocab, según el expediente de la FGE declaró ingresos entre 2013 y 2017, por $9.777.258 pero en ese mismo período los ingresos fueron de $17.614.263. Es decir $7.8 millones más.
Construhidrocab registró como cliente principal a Sinohydro en 2015 y en ese año recibió $503.116.En 2016 esta compañía registró entre sus clientes a la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye, a la que se le encarga participar en la reconstrucción de la provincia a causa del terremoto de abril de 2016.
Entre 2014 y 2018 la misma Construhidrocab registró como cliente a la empresa Disquesa S.A. y recibió $306.600. En Disquesa S.A. Denise Vélez y su hermano Xavier Vélez, también son accionistas.
Disquesa también recibió depósitos por $11.933.034. De ese monto el 80% de depósitos fueron realizados por José Leonardo Jama Falcones. El mismo se encargó de depositar en efectivo, en un período de seis meses un aproximado de un millón de dólares. Solo en 2016 realizó 150 depósitos por $346.627.
Información societaria de Disquesa S.A.
Entre los años 2011 y 2013 el principal ordenante de transferencias de Disquesa fue la compañía panamaña Sevenseas Holding Corp., que registra como director a Marcelo Vélez Velasco, tío de Denise Vélez Ruperti. Durante el año 2017, Disquesa registraba como uno de sus importantes clientes a la empresa Semeg.
Construhidrocab recibió además $4.028.726 de la empresa Servicios Misceláneos E.González,  Semeg Cia Ltda. Esta última se constituyó en 2009, el mismo año que Construhidrocab.
Semeg Cia Ltda., entre 2016 y 2018, giró cheques a Construhidrocab por $1.265.485. Semeg es proveedora de Petroamazonas y Petroecuador, y facturó $19.444.000. La empresa fue cliente de Karina Emperatriz Sigüenza, que entre 2013 y 2015 figuró como funcionaria de Petroecuador. Karina Siguenza, es la esposa del ex secretario de inteligencia Senain, Rommy Vallejo, actualmente domiciliado en Chicago-EEUU.
Semeg tiene entre sus accionistas a una empresa panameña denominada Cossey S.A. Según el portal Código Vidrio, los esposos Vallejo-Siguenza manejaron importantes contratos en la provincia de Manabí.
La parentela de Santiago Cuesta
Xavier Vélez Ruperti, está casado con Claudia Vinueza, hija de Jaime Vinueza Vallarino, cuñado de Eduardo Jurado Bejar, exsecretario de la presidencia en el gobierno de Lenín Moreno, quien abandonó el cargo a raíz de denuncias sobre cobros indebidos de seguros bancarios realizados por la empresa GEA, de su propiedad.
Xavier Vélez Ruperti y Claudia Vinueza Benedetti
Mientras, Claudia Vinueza, concuñada de Carlos Bernal, es también sobrina de Gloria Vinueza Urgelles, cónyuge de Santiago Cuesta Caputi, consejero del presidente Lenín Moreno.
Nuestro equipo de investigación tiene información de gestiones realizadas por el consejero presidencial Santiago Cuesta para intentar favorecer a sus parientes relacionados con el caso. Consultamos vía watsap al exfiscal Paúl Pérez Reina, respecto al silencio de la fiscalía durante su gestión y nos dijo: “Hasta donde recuerdo en todos los casos se dispuso su investigación, ninguno se guardó en el escritorio. Es totalmente falso que el señor Cuesta haya ido a presionarme por caso alguno”, respondió.
Diana Salazar, directora de la UAFE confirmó la existencia del informe pero se negó a comentar los términos del mismo por su carácter reservado.
Al cierre de este informe se pudo conocer que el caso, aparentemente traspapelado en la fiscalía antilavado, está en manos de la fiscal Ximena Mena, cercana al ex fiscal Galo Chiriboga.

Por: periodismodeinvestigacion.com
En diciembre de 2018, el gobierno ejecutó el incremento del precio de las gasolinas Eco, Extra y Súper. Las autoridades anunciaron que la medida fue adoptada por la situación económica del país y prometió mejorar la calidad de la gasolina Súper de 90 a 92 octanos.
El cuestionamiento de la opinión pública a la calidad de los combustibles ha sido constante porque de sus características depende el grado de contaminación ambiental y por ende del aire que se respira.
Para enfrentar este grave problema Petroecuador implementó desde 2011 el Plan de Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles, para incrementar el número de octanos en la gasolina y reducir el contenido de azufre en los combustibles.
Este plan era parte de los proyectos de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y de construcción de la refinería del Pacífico, orientados a alcanzar la soberanía energética.
El Plan de Mejoramiento fue financiado con los impuestos verdes, el tributo ambiental que se paga por contaminación vehicular. Entre 2012 y 2018, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 843 millones por impuestos ambientales.
Pero ese tributo en nada mejoró la calidad de los combustibles y al revisar los reportes de calidad de los derivados, que se almacenan en el terminal de Pascuales, en Guayaquil, queda la sensación irremplazable de que el gobierno le mintió al país.
Los principales objetivos del cambio de la matriz productiva y la soberanía energética, eran producir combustibles para el mercado interno bajo norma Euro 5, con un nivel máximo de 10 partes por millón de azufre (ppm). 
Luego de inversiones cercanas a los $ 3800 millones de dólares en las dos refinerías, el resultado es un terraplén en el Aromo-Manabí y una repotenciada refinería de Esmeraldas que sigue generando 40% de resíduo y gasolinas con un promedio de 1400 partes por millón de azufre (ppm) y altos contenidos de benceno.
Para comercializar las gasolinas nacionales, Petroecuador importa altos volúmenes de naftas de alto octanaje y bajo nivel de azufre y aromáticos, las cuales son mezcladas con los derivados generados en Esmeraldas, obteniendo un producto de 650 ppm de azufre. Para legalizar su comercialización en el mercado interno, el Estado autorizó a través de norma INEN la venta de esa gasolina con 650 ppm de azufre.
Informe de resultados de análisis de contaminación en la Refinería de Esmeraldas, No.1.
Informe de resultados de análisis de contaminación en la Refinería Esmeraldas, No.2.
En 2010, Petroecuador contrató con la universidad de Huelva-España, un estudio de calidad de los combustibles e impactos en la salud de los trabajadores de las refinerías.
El documento mantenido en reserva, es un grito de alerta sobre alarmantes signos de exposición a químicos letales en los trabajadores y habitantes de las áreas de influencia.
“En esta refinería se reportan 31 casos, de los cuales 12 con diagnóstico de leucemia o leucopenias, 5 con diabetes e hipertensión arterial, 3 con cáncer de próstata y seminoma, 2 con insuficiencia renal y 11 más con distintas patologías graves, algunas de naturaleza carcinogénica. Estas patologías preocupan especialmente, considerando que los diagnósticos de leucemia son compatibles con la exposición crónica al Benceno”, señala el informe.
Los informes revelan que, entre 2011 y 2013, el terminal recibió combustibles con alto contenido de productos aromáticos (benceno, tolueno y xileno) y que gasolinas, diésel y otros derivados estaban fuera de especificación.
Es decir, Petroecuador compró y produjo combustibles con índices de calidad muy por debajo a lo permitido. Por ejemplo, en mayo de 2012, recibió nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas, con un 42% de aromáticos, cuando la norma INEN permite un máximo de 35%. También recibió gasolina Súper importada con 39,2% de aromáticos.
Este medio, tuvo acceso a 12 reportes de calidad sobre los cargamentos con combustibles fuera de especificaciones, recibidos en el terminal Pascuales.
Los aromáticos son compuestos químicos que elevan el octanaje de un combustible.  El octanaje es la capacidad antidetonante de la gasolina cuando se comprime dentro del cilindro de un motor.
Las gasolinas de bajo octanaje, como la extra, es procesada en la Unidad de Hidrotratamiento de la Refinería Esmeraldas. En esta se produce el cambio de la estructura molecular de los componentes de la nafta y se producen los compuestos aromáticos, principalmente con Benceno, Tolueno y Xileno, que mejoran el octanaje, pero a un costo muy alto para la salud de todos, el ambiente y la vida útil de motores.
La exposición permanente a estas sustancias constituye un factor de riesgo porque están asociados con efectos mutagénicos (alteración del ADN), cancerígenos y otros trastornos neurológicos.
Estudios que marcan estándares en la calidad de vida de las personas han probado hasta la saciedad que una población expuesta a vapores de gasolina durante largos períodos tiene mayor incidencia de cáncer de esófago, ovario, testículos, colon y riñón.
La norma INEN, que controla la calidad de gasolinas en Ecuador, establece que el contenido de aromáticos no debe superar el 30% en la gasolina Extra y el 35% en la gasolina Súper.
Un informe (2012-2158), del 20 de abril de 2012, detalla que Petroecuador importó, en un primer cargamento, gasolina Súper con 39,2% de aromáticos, cuando la norma internacional (ASTM D-6730 de manejo de calidad) y la norma INEN, permiten un máximo de 35%. Dos días después (22 abril de 2012), en el segundo y tercer cargamento, recibió gasolina Súper con 39.2% de aromáticos.
El 4 de junio de 2012, el terminal Pascuales recibió nafta de alto octano importada, que no cumplía con el parámetro de “presión de vapor DVPE”. Es decir, con la especificación que regula la cantidad específica de vapor, esto es la volatilidad o tendencia a evaporarse de la gasolina.

Reportes de la calidad de los combustibles No.2. Ver PDF
El reporte de calidad (2012-1557) del terminal Pascuales, del 21 de marzo de 2012, revela que en ese año se recibió diésel Premium fuera de especificaciones (incumplía la norma INEN 1493) de seguridad porque incumplía las condiciones de presión, temperatura y mezcla de gases que debe tener el diésel. Es decir, los ciudadanos y los transportes públicos parece que cargaron una bomba más que un combustible.
La calidad de los combustibles nacionales tampoco cumplió las normas de calidad. El reporte de calidad del 28 de febrero de 2012, sobre el combustible de turbina de aviación Jet A1 procedente de la Refinería Esmeraldas, entregado al terminal Pascuales, señala que el combustible no cumplió con la norma internacional ASTM D3948 (que determina las características de separación de agua de los combustibles de turbina y detecta los residuos).
La especificación está fijada en un mínimo de 85, mientras que el resultado de Jet A1 arrojó 61. Tampoco cumplió el parámetro ASTM D156, que determina la coloración correcta del producto.
Esta novedad fue confirmada el 7 de junio de 2012, por Fernando Llerena, a la fecha coordinador senior de gestión y control de calidad encargado de Petroecuador, que en memorando (00215-TGC-2012) reseñó que el buque María del Carmen V procedente de la Refinería Esmeraldas transportó diésel Oil (D2) de color negro que por no existir posibilidades de recuperarlo y sin que afectara los despachos no se lo tomó en consideración, el resto era Jet Fuel contaminado”,indica el documento.
Otro reporte de mayo de 2012, reveló que la nafta, proveniente de la Refinería Esmeraldas tenía aromáticos del 42%. Cantidad mayor al límite máximo tolerable para mezclas que es del 35%. 
El 14 de noviembre de 2013, recibió gasolina de 92 octanos, que tenía el 35.7% de aromáticos. Dos días después, el 16 de noviembre, recibió la misma gasolina con un 35.4% de aromáticos. Ese día, también recibió diésel Premium que incumplía la norma INEN 1493, relacionada con el punto de inflamación, fijado en un mínimo de 51, el combustible local alcanzó 49.
Estas irregularidades fueron denunciadas por Luis Calero y Francisco Flores, extrabajadores del terminal Pascuales a las autoridades de Petroecuador, al expresidente Rafael Correa y a la Fiscalía General del Estado. De Correa no recibieron respuestas y de Petroecuador recibieron “hostigamiento laboral”, aseguran.
Calero, que se desempeñó como técnico líder de GLP, señala que la exposición permanente a los contaminantes químicos afectó su salud y la de varios compañeros.  Él asegura que “estaba sano antes de entrar a Petroecuador”.

“El médico del terminal me llamó a consulta y me dijo que tenía más de 300, que me tranquilizara, que problema de cáncer sería con 500 en adelante. Me dijo que vaya a seguir trabajando. Me sentí burlado”, relata.

En enero de 2014 el exoperador se realizó un examen médico de BTX.
Flores, por su parte, indica que ha solicitado, en dos ocasiones, los resultados de sus exámenes a Petroecuador. Hasta el momento la estatal no se los entrega.
“Como trabajador, yo sentía que cada vez que venían los productos, en buques tanques que algunos son de la compañía de Mariano Zambrano exprefecto de Manabí, tantos los buques grandes como los buques de alije, traían estos productos de mala calidad, lo primero que percibía el trabajador era irritación en los ojos, te llamaba muy rápidamente al baño, te dañaba el estómago, había una sensación de que algo andaba mal. Empecé a investigar y me di cuenta, dentro de los documentos que llegaban a la empresa que todos estos parámetros estaban siendo violados”, dice Calero
En agosto de 2016, en la gerencia general de Pedro Merizalde, Luis Calero y Francisco Flores fueron despedidos. Ellos aseguran que fue en represalia por sus denuncias.

Reporte de combustible contaminado en avionetas. Ver PDF
Calero denunció a la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión otras irregularidades relacionadas con el sistema contra incendios del terminal y con la contratación de personal en Petroecuador.
La Secretaría de Transparencia investigó las denuncias y en un informe de 2013. Ante el hermetismo total del terminal de Pascuales esa secretaría preguntó por el combustible contaminado para avión al grupo Wong, cliente de Petroecuador, sobre las “novedades relacionadas al combustible contaminado y entregado por Petrocomercial desde el 28 de febrero hasta mayo del 2012”.
La Secretaría hizo referencia a un percance ocurrido, en mayo de 2012, con una de las avionetas de fumigación del grupo WONG causado por combustible JET A1 que compró a Petroecuador.
En un correo electrónico, el grupo Wong informó a la Secretaría sobre los problemas que tuvo por el “mal carburante”: el “14 de junio de 2012 por la presencia turbia y muy oscura del combustible se dispuso a todos los mecánicos limpiar el filtro de combustibles de la pared corta fuego cada 25 horas y cambiar el filtro de combustible de la turbina cada 50 horas. En esta semana el mecánico de pista Fumisa (provincia de Los Ríos) informa que el avión HC-CLK comenzó a encender la turbina, casi terminando el arranque se apagó. Fue a inspeccionar el filtro de combustible y estaba demasiado contaminado de color negro. Esto es un alto riesgo para las operaciones de las aeronaves…”.

Recuadro de contratación de personal no calificado. Ver PDF
Por esa razón el Cuerpo de Bomberos inspeccionó, en 2012, el terminal y descubrió que el sistema hidráulico automático contra incendios no operaba en su totalidad, así como el sistema de rociadores de agua para enfriamiento de los tanques y el anillo de rociadores en varios tanques estaba incompleto. “Debemos informar que las fallas de este sistema representan un grave riesgo para la operación en la terminal al no contar con Sistema de protección contra incendios que funcione de manera óptima y que pueda prevenir o controlar de manera inmediata algún posible siniestro”, dijeron los bomberos.
En 2015, la Secretaría Técnica de Transparencia, confirmó otra denuncia de Calero, al concluir que en 2010 hubo irregularidades en la contratación de personal en el terminal Pascuales, al contratar personas que no cumplían con los requisitos para acceder a las vacantes, “en Petroecuador EP se habrían omitido las formalidades legales necesarias para cubrir vacantes en sus diferentes cargos, sin considerar estudios previos y perfiles requeridos (…) generando en ambos casos un gasto alto para pago de nómina que contiene en gran medida un personal poco apto en el desempeño de las funciones”. “Se ha podido corroborar varios casos de contrataciones irregulares, lo que, a su vez, haría presumir un deficiente proceso de reclutamiento y selección personal; y un posible encubrimiento o negligencia manifiesta de hechos no transparentes en la administración de talento humano de EP Petroecuador, susceptible de responsabilidad administrativa y de ser el caso, penal por un delito contra la administración pública”, señala el informe.
En 2012, Luis Calero y Francisco Flores pusieron la denuncia en la Fiscalía General del Estado, el caso recayó en manos del fiscal de delitos contra la administración pública, Enry Bazurto. El denunciante indica que, en su momento, el fiscal le dijo que “no ve ningún delito”, dos años después, la fiscal Ana Ramos asumió el caso; ella encontró tres delitos (asociación ilícita, enriquecimiento privado injustificado y tráfico de influencias), e identificó a seis sospechosos, “todos obreros, pero a ninguna autoridad de cargos altos”, dice Calero.

Bazurto volvió al caso, en diciembre de 2017 y solicitó el archivo definitivo de la denuncia en agosto de 2018, alegando que no existe un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado en contra de los acusados.
Calero asegura que Bazurto lo amenazó, me dijo que “nosotros somos unos hombres que le estamos haciendo daño a Petroecuador porque, según él, no ve ningún delito, que ellos son inocentes, que me vaya buscando dinero para pagarle los daños y perjuicios porque yo estoy atentando contra la honra de ellos, que me va a calificar de maliciosa y temeraria la denuncia”.  El pide archivo definitivo sobre dos temas en particular, cuando el tema de mi denuncia abarca alrededor de 10 ítems, de los otros ocho ítems él no dice nada, por ejemplo, él, hace dos años y medio, debió haber sabido que Marzán (empresa de Mariano Zambrano, destituido del cargo de prefecto de Manabí por irregularidades durante su gestión) no podía contratar con Petroecuador, sin embargo, yo le demuestro que el buque Farallón y Amazonas son de Zambrano y han traído productos para Petroecuador”.
En septiembre de 2018, Calero y Flores presentaron un impulso procesal para evitar el archivo de la denuncia y pedir el cambio de fiscal. El caso recayó en manos de la jueza Ruth Quevedo.
*Este medio hizo un pedido formal de información a Petroecuador sobre la calidad de los combustibles en los últimos 10 años. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.