Autor: mh

Milagros Salazar y Aramís Castro/Convoca
Flávio Ferreira/ Folha de Sao Paulo
Reporteros de Investiga Lava Jato’*
Convoca.pe
Odebrecht, el gigante de la ingeniería civil de Brasil hoy investigado por pagos de de sobornos, atravesó el territorio de América Latina y África con la construcción de trenes colosales, puentes, carreteras interoceánicas, represas, gasoductos, túneles y un aeropuerto con incrementos millonarios de presupuesto marcados por irregularidades, secretismo y hasta la elaboración de normas especiales que favorecieron a la empresa.
En siete países en los que la compañía confesó el pago de sobornos a funcionarios e intermediarios, más de 50 obras realizadas por la constructora tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación a los valores iniciales de los contratos entre 2001 y 2016, como lo revela el análisis de la base de datos construida por veinte periodistas que participan en el proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’.

La mayoría de los incrementos de presupuesto fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que en varios casos se encuentran bajo investigación por la justicia. Estas operaciones extras no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.
De este número de obras con saltos presupuestales en Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, 31 se encuentran investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría de estos países. Es decir, el 61 por ciento del número total.  Mientras que siete de estas obras, el 23 por ciento, aparece en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la “Oficina de Sobornos”, de acuerdo al análisis de los documentos realizado por los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’.
Si se suma a los costos adicionales de los siete países del ranking, solo el incremento del presupuesto de la primera etapa de la obra emblemática de Argentina, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el monto total supera largamente los 7 mil millones de dólares. El funcionario argentino a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, elaboró un informe que expuso un supuesto sobreprecio de mil millones de dólares entre lo que exigían las empresas del consorcio de Odebrecht y lo que determinaban los ingenieros del Estado.
Las obras de Argentina no se han incluido en el ranking de los incrementos de presupuesto debido a las marcadas diferencias en el tipo de cambio a dólares en los últimos años en este país donde se ha registrado una importante inflación. Sin embargo, como parte de esta investigación, publicamos un amplio informe sobre las irregularidades, costos adicionales y pagos de Odebrecht de la ‘Oficina de sobornos’ asociados a los proyectos (Ver: ‘La multiplicación de los costos en las obras de Argentina’).

Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 900 millones de dólares en 16 obras, lo que representa el sueldo de más de 7 millones de peruanos

En el caso de Venezuela, el acceso a los contratos ha sido nulo por la falta de transparencia en este país. Odebrecht en Caracas informó que su catálogo en Venezuela incluye un total de 21 obras de infraestructura de gran dimensión y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y el resto se encuentran activas y en ejecución. Hasta el cierre de este informe, la empresa no mostró las cifras para determinar los sobrecostos (Ver ‘Contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela’).
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.
A pesar del secretismo, los periodistas de Runrun.es y El Pitazo.com que forman parte de ‘Investiga Lava Jato’ descubrieron que en las planillas de Odebrecht de la División de Operaciones Estructuradas aparecen pagos asociados a obras por más de 13 millones de dólares.
Con las obras de Argentina y Venezuela el número de obras detectadas por nuestro equipo en las planillas de la ‘Oficina de sobornos’ de Odebrecht asciende a 14.
En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un documento en el que describe que los sobornos indicados por la contratista están relacionados "a más de 100 proyectos en doce países".
El informe indica el pago de sobornos a autoridades de Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
En varios de estos países, hay investigaciones de las autoridades locales sobre los aumentos en los precios de las obras de la empresa. La mayoría de los proyectos son de infraestructura.
Líderes de millones
Perú encabeza el monto de los incrementos presupuestales con más de mil 900 millones de dólares en 16 obras, lo que representa el sueldo de más de 7 millones de peruanos, la mayoría de los ciudadanos que viven en la capital del país, Lima.
En el territorio peruano, Odebrecht intensificó sus operaciones con la ayuda de funcionarios de los últimos tres gobiernos que hoy son investigados por el pago de coimas, entre los que aparece el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) que se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades lo investigan por un presunto pago de 20 millones de dólares de Odebrecht por el tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica que aparece entre las diez obras con mayor incremento de presupuesto.
En el tramo 2 el presupuesto creció de 263 millones de dólares a un poco más de 688 millones, es decir, un aumento que va camino a triplicar el monto.

De las 71 adendas a contratos firmados con Odebrecht en 11 proyectos de infraestructura ejecutados en los tres últimos periodos de presidenciales, 34 de estos documentos se suscribieron durante la gestión de Alejandro Toledo (2001 – 2006). Catorce de estas modificaciones fueron por incremento de presupuesto con un monto superior a los 40 millones de dólares en total.
Durante el gobierno de Alan García (2006 – 2011) se firmaron 24 adendas, de las cuales 12 aprobaron sumas adicionales al presupuesto de las obras, que superaron los 355 millones de dólares.
En el régimen gubernamental de Ollanta Humala (2011 – 2016) se suscribieron 13 adendas y ocho de éstas sirvieron para autorizar incrementos de presupuesto de las obras por encima de 189 millones de dólares.
Pero las adendas a los contratos no han sido la única modalidad para garantizar los incrementos de presupuesto a favor de Odebrecht.
En el caso de los dos tramos del Metro de Lima, el costo de la obra se disparó en más de 400 millones de dólares mediante la aprobación de normas especiales en manos del gobierno de Alan García, quien se reunió en fechas claves del proceso de adjudicación de la obra en Palacio de Gobierno con Marcelo Odebrecht y el entonces representante de la empresa en Perú, Jorge Barata.
De acuerdo con las investigaciones de los fiscales peruanos, Odebrecht pagó sobornos por el Metro de Lima a funcionarios del gobierno de García mediante empresas offshore.
La Contraloría General de la República en Perú ha establecido que las irregularidades en obras ejecutadas por la firma Odebrecht, entre 1998 y 2015, ocasionaron al país un perjuicio económico por 283 millones de dólares.
Voceros de la empresa en Perú respondieron a Convoca vía correo electrónico que "los adicionales de obra o adendas a los contratos requieren de un análisis exhaustivo por cada caso. (…) Los cambios presupuestales son fundados y reglamentados en la Ley de Contrataciones del Estado y por lo tanto son mecanismos oficiales practicados por el sector de infraestructura".
Convoca ha solicitado de manera reiterada, mediante la Ley de Transparencia, los informes técnicos de las adendas que sustentan el incremento del presupuesto al Ministerio de Transportes en Perú. Pero hasta el momento no entregan los documentos.
Proyectos colosales
De las diez obras con mayor incremento presupuestal, el 70 por ciento pertenecen a Perú y Panamá. En el caso de este último país los costos adicionales en doce obras superan los mil 700 millones de dólares.
En diez años y durante tres gobiernos, Odebrecht obtuvo contratos en Panamá por unos 9,226 millones de dólares en obras públicas. Tres adjudicaciones por más de 500 millones de dólares con el expresidente Martín Torrijos, 14 proyectos por más de 5 mil millones de dólares con Ricardo Martinelli y tres más con Juan Carlos Varela, otorgadas luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, por más de 2 mil millones de dólares. Los tres integran el ranking de los 10 presidentes de América Latina que adjudicaron el mayor número de obras a Odebrecht.

Las coimas que se conocen hasta ahora en Panamá ascienden a 59 millones de dólares y abarcan el período 2010-2014, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El contralor panameño Federico Humbert dijo que los sobornos superan ese monto y ese tiempo: "‘Yo no creo que son 59 millones de dólares, cuatro personas y una sola empresa. Son más, muchas personas y múltiples empresas"
La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la "Cinta coimera", que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.
La primera fase de la construcción se inició en 2007 y costó 189 millones de dólares. Esa licitación fue diseñada para empresas con facturación mínima de 100 millones de dólares anuales, lo que dejaba fuera de competencia a empresas locales.
En 2009, por una adenda al contrato original, se ordenó la extensión, llamada Cinta Costera II, por 52 millones de dólares. Salió tan cara por kilómetro cuadrado como las obras de ingenierías más avanzadas de Europa: el Estado pasó de pagar 3.2 millones de dólares por hectárea rellenada, a 5.2 millones de dólares. La obra sumó 271 millones de dólares.
Después vino la Cinta Costera III. Dos años después, en 2011, el presidente panameño Ricardo Martinelli licitó un túnel bajo nivel por 776 millones 918 mil 389 dólares. Pero, sin adecuar modalidad y por el mismo dinero, terminó haciendo un viaducto que en los hechos cuesta mucho menos, pero se pagó igual. El Estado terminó pagando 782.1 millones de dólares y esta etapa del proyecto adoptó un nuevo nombre: la “Cinta Megacoimera”.
Todas las demás obras construidas en Panamá por Odebrecht terminaron costando más del monto fijado en la licitación. La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento presupuestal: 626 millones de dólares en costos extras.
Hoy el expresidente de Panamá Martinelli está prófugo de la justicia y sus hijos están siendo investigados por el pago de sobornos.
La vía legal
Pero no es la primera vez que la empresa Odebrecht, sola o en consorcio, obtiene una licitación y al final termina ampliándose el proyecto sin pasar por un nuevo proceso de selección pública.
El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte de Argentina, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios en la puja por ganar la licitación de la primera etapa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El Consorcio Nuevo Sarmiento (integrado por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa) quedó pre-calificado como la mejor opción.
El 7 de junio de 2007, el gobierno argentino decidió cambiar la licitación y ampliar el proyecto, que ahora pasó a tener tres etapas. La obra de 11,5 kilómetros se extendió a un total de 36 kilómetros y 16 estaciones. La Secretaría de Transporte dejó firme las ofertas de las empresas que se presentaron en la primera etapa y dio apenas 20 días para recibir nuevas ofertas para las tres etapas. La convocatoria quedó desierta. Poco tiempo después, ya con Cristina Kirchner en el poder, el consorcio de Odebrecht ganó la licitación pública en enero de 2008 porque su oferta para la primera etapa de  la obra había sido la más económica, unos 890 millones de dólares.
Casi un año más tarde, el gobierno argentino firmó un contrato con el consorcio de Odebrecht por un monto superior a los 3 mil millones de dólares por las tres etapas. El valor de la oferta con la que las constructoras habían ganado la licitación al inicio creció casi cuatro veces más.

La obra más cuestionada fue la Cinta Costera, también llamada la "Cinta coimera", que generó polémicas por los sobreprecios, la sospecha de coimas y el mecanismo implementado. La obra cambió el rostro de la ciudad, no solucionó el problema y es el mejor ejemplo de la institucionalidad destruida.

“Yo explicaba técnicamente que lo que pretendía cobrar Odebrecht como monto actualizado de la obra era inaceptable. Pretendía 3.000 millones de dólares cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de 2.000 millones de dólares”, dijo en 2017 el funcionario a cargo de la Unidad Ejecutora de la obra, Osvaldo Selzer, al declarar como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado como parte de la causa por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas, José López, un funcionario clave del kirchnerismo y en esta red de obras adjudicadas a la firma brasileña.
En Colombia, las autoridades están investigando principalmente obras de la carretera Ruta del Sol, que conecta la capital de Bogotá con regiones del interior del país y la costa del Mar Caribe. El Ministerio Público colombiano afirma tener pruebas de que el ex viceministro de Transportes del país, Gabriel García Morales, recibió 6,5 millones de dólares para ayudar a Odebrecht a ganar un contrato relativo a la autopista.
En Ecuador, el gobierno anterior de Rafael Correa calificó de "emblemática" la construcción de la Hidroeléctrica Manduriacu, porque fue la primera obra de infraestructura de generación de energía eléctrica iniciada, contratada e inaugurada por su administración. El proyecto tenía un valor inicial de 125 millones de dólares pero acabó costando 227 millones de dólares. Una comisión independiente de la sociedad civil llegó a denunciar irregularidades en las obras, pero el Ministerio Público del país archivó el caso.

La autopista Don Alberto Motta lidera la lista de proyectos con más incremento de presupuesto.

Ese modelo de incrementos se repitió en cuatro megaproyectos. En total, los incrementos de presupuesto de seis obras superan los 500 millones de dólares en Ecuador, sin contar que la obra más grande de Odebrecht aún está en construcción: el Metro de Quito, un sistema subterráneo de transporte de 18 trenes por un valor que bordea los mil 500 millones de dólares. Los fiscales de este país ya lograron firmar un acuerdo con Odebrecht para la entrega de pruebas de los sobornos.

En México, Odebrecht ganó seis contratos por más de 2  mil millones de dólares. En tres de esas obras, el gobierno elevó en un 80 por ciento el valor original de los proyectos, por medio de extensiones o adendas. El costo final de otras dos obras es un secreto, porque el gobierno mexicano ha decidido que permanecerá bajo reserva hasta 2020 cualquier contrato o adenda de Odebrecht, bajo el argumento de que hay una investigación judicial en curso sobre sobornos supuestamente pagados por la constructora (Ver reportaje).
Las investigaciones sobre obras también están en curso en República Dominicana, país que ya firmó un acuerdo de delación con Odebrecht. Uno de los proyectos bajo investigación en el país caribeño es el de la central hidroeléctrica Palomino, cuyo presupuesto inicial en 2006 era de 225 millones de dólares. La obra acabó costando cerca de 400 millones de dólares y aparece entre las diez obras con mayor sobrecosto en la lista de proyectos analizados para esta investigación y el expresidente Leonel Fernández (2005-2012) como el mandatario que más proyectos adjudicó a Odebrecht y sus socias.
En Mozambique, el aeropuerto de Nacala, que recibió préstamos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) de Brasil, tenía un costo inicial de US $ 112 millones, pero su precio final terminó en un poco más de 210 millones de dólares. Gran parte del financiamiento para la construcción del aeropuerto fueron utilizados en la adquisición de bienes y servicios, situación que causó perjuicios y sigue acumulando pérdidas al país africano.
Con el incremento del costo de esta obra se hubiese podido pagar el salario mínimo de más de un millón 600 mil pobladores de Mozambique.

LA VERSIÓN DE ODEBRECHT
Los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ se comunicaron con las filiales de Odebrecht en cada país y en la sede central de la compañía. Las cifras de las obras fueron contrastadas con la empresa y también se obtuvo la versión sobre obras concretas a través de una entrevista concedida al periodista Flávio Ferreira de Folha en la ciudad de Sao Paulo.
La empresa Odebrecht afirma que los aumentos en los montos de los proyectos fuera de Brasil no tuvieron conexión con cualquier tipo de ilegalidad y en general resultaron de orientaciones y requerimientos oficiales de los gobiernos con los que firmó los contratos.
Según la constructora, los sobornos confesados por la empresa a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza no fueron destinados al incremento del presupuesto de los proyectos, sino para garantizar la adjudicación en las licitaciones y el cumplimiento regular de las condiciones contractuales.
Entre los motivos de los saltos presupuestales, se señala la construcción de obras y servicios adicionales solicitados por los gobiernos, como trabajos para estabilización de áreas de laderas, mantenimiento de tramos no incluidos en los contratos y reparaciones no previstas.
En muchos casos los aumentos de presupuesto resultaron de proyectos incompletos o mal elaborados y de la falta de coordinación de los órganos contratantes en relación a los tramos de las obras, que muchas veces fueron ejecutados por compañías diferentes, aseguraron.
Esta investigación continuará.

METODOLÓGICA
Las cifras y cálculos publicados en este reportaje se obtuvieron luego de un trabajo colaborativo con reporteros de América Latina y África que accedieron a los contratos y documentos oficiales de cerca cien obras de Odebrecht. La información recogida  se trasladó a una hoja Excel online que se construyó en tiempo real.  
Para el análisis, se estableció una metodología entre periodistas de Convoca de Perú, ColombiaCheck de Colombia y Plaza Pública de Guatemala y al final se trabajó con un universo de 51 obras en las que se detectaron los incrementos presupuestales, entre otros hallazgos.
Para establecer los sobrecostos en la herramienta, se restó el presupuesto final e inicial tomando en cuenta la moneda original que aparece en los contratos de las obras. El resultado se convirtió a dólares en los casos que fue necesario para tener en una sola moneda que pudiera darnos una cifra comprensible para cualquier lector del mundo. Para esta última operación tomamos en cuenta el tipo de cambio de la fecha del presupuesto final más actualizado según las diversas fuentes consultadas.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.
Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro y Suchit Chávez, Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Óscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca y Sandro Michelini de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar, de Convoca, y Esteban Ponce de León. Edición: Óscar Libón, Convoca. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia, Convoca. Desarrollo web: Víctor Anaya.

 

 

Por: León Roldós Aguilera
Por años estuvo en el sector aduanero.  También vivió en el Estado de Florida,  Estados Unidos de Norte América, donde ejerció como Notario Público.
En la liga grande de la política ecuatoriana,  apareció el año 2002 como el referente en Guayaquil de Lucio Gutiérrez. El 2003 fue su Gobernador en la Provincia,  con poder real. Luego fue a Quito, fue Ministro de Bienestar Social y Secretario de la Presidencia. En esa época se vinculó con Lenín Moreno –quien ya estaba en silla de ruedas- a quien le encarga las políticas sobre discapacidades.
En la negociación de PAIS con Sociedad Patriótica, en enero del 2007, para la Contraloría el escogido fue Carlos Pólit Faggioni.
Correa,  con el argumento de facilitar los procesos de negociaciones y contratos públicos, a pretexto de superar trabas,  impuso que se excluya de la competencia de la Contraloría,  dos tareas esenciales: una, el del pronunciamiento previo sobre lo jurídico y lo técnico de los contratos –Asamblea Constituyente de Montecristi, 2007-2008- , y otra, la de la auditoría de gestión- Reforma de la Constitución, diciembre del 2015.
De hecho, esas dos exclusiones resultaron facilitadoras de la corrupción.

La Contraloría fue reducida a ser una especie de anfiteatro para autopsias y sala de velación, todo post ejecución de la corrupción; pero, además, “los protocolos de las autopsias”, léase “informes con indicios de responsabilidad penal”,  son reservados, sólo pueden ser leídos y procesados por la Fiscalía, hasta llegar al juicio penal, porque se dice que en el Ecuador se garantiza “la presunción de inocencia”.
Por eso, entiendo que de más de dos mil que se han emitido, hay más de un mil doscientos informes de la Contraloría de esa condición de indicios de responsabilidad penal, con glosas de miles de millones de dólares, por infracciones que aún no pueden hacerse públicas.
En los hechos siempre hubo una macro excepción: cuando Correa quería difamar a alguien, por más reservados que sean los informes, Correa los presentaba en las sabatinas y en otros espacios. Ahí no había la presunción de inocencia.  ¿Le enviaba los informes el Contralor Pólit o el Fiscal Chiriboga?, ¿o ambos?  Difícil saberlo.
De no haberse excluido esas dos competencias, ¿habría habido menos corrupción?, difícil suponerlo, cuando desde el Gobierno se estaría queriendo hacer de Pólit “reo  de concusión” –aprovechar la función pública para exigencias, en este caso a Odebrecht-. De cosa parecida, se le acusó meses atrás a Carlos Pareja Yannuzzelli, pero entonces el Gobierno lo defendió.
¿Pólit fue funcional al absolutismo de Correa?  Por lo expresado sobre los informes que primero los hacía públicos Correa, parecería que sí. ¿Y sobre aquello de los informes guardados bajo “siete llaves”, quién lo habrá ordenado?  También algunos informes liberatorios de responsabilidad, como que darían para pensar.
Sin embargo, esos un mil doscientos informes con indicios de responsabilidad penal ya están expedidos, aun cuando se mantengan en reserva; y, envían la señal que desagrada a Correa: existe institucionalización de la corrupción en el Ecuador, esta no está limitada a casos aislados.
Un detalle: en la Contraloría, Pólit autorizó que varios funcionarios firmen por él por delegación, con lo cual usualmente Pólit no firmaba documentos e informes. Uno de los que más firmó tales instrumentos fue Pablo Celi, quien ahora asume ser el subrogante, con apoyo del Gobierno, pero cuestionado por Pólit, que dice que lo separó el 25 de mayo del 2017. De ese modo, no siempre Pólit asumía el texto de los informes, sean incriminatorios, sean liberatorios.
Con motivo de la reciente posesión de Pólit como Contralor reelecto, la edición de El Telégrafo de 15 de marzo del 2017, lo cita diciendo  “No es justo que a lo largo de 9 o 10 meses de un trabajo muy profundo –en cada auditoría-  los informes con indicios de responsabilidad penal no tengan resultados rápidos y sobre todo contundentes” (…) “…en la campaña electoral –la de la votación de febrero del 2017-  ha habido gente involucrada que tiene deudas millonarias con el Estado y otros que fueron señalados con indicios de responsabilidad penal”. Y agregó, “…..yo me he dado cuenta que hay gente tras bastidores”.
Imputación gravísima “…gente tras bastidores”, ¿quién?, ¿quiénes?
En los mismos días, a un periodista de radio, Pólit dijo que le había dado asco ver en las papeletas para sufragar a personas que no debían estar de candidatos sino en la cárcel, pero que los informes de indicios de responsabilidad penal estaban retenidos. ¿Habrán sido elegidas?
Y le cayó a Pólit la investigación sobre concusión. ¿Será por los informes con indicios de responsabilidad penal que están en reserva?, ¿Existen evidencias de concusión que aún no se conocen?
Cuando escribo estas líneas, aun no hay formulación de cargos contra Pólit, sólo diligencias pre-procesales de investigación y medidas cautelares. Si lo encuentran deben llevarlo a rendir su versión. Está sobreentendido que en ese momento, le formularán cargos y ordenarán su prisión preventiva. Por eso, a la convocatoria a un juicio político,  no podrá concurrir.
¿Le pre-avisaron, para que salga del país?, es difícil no creerlo. Además fue práctica de Correa y su entorno.
¿El jueves 25 de mayo del 2017, firmó una acción de personal de remoción del Sub-Contralor Celi, para que sea notificada y tenga vigencia recién el viernes 2 de junio?,  es muy difícil tragárselo.
Pero, siendo el cargo del subrogante de libre decisión del Contralor titular, ¿podría éste desde el exterior, separarlo?
Cualesquiera que sean los argumentos y las respuestas, se afecta la legitimidad de un subrogante, porque quien sea incriminado por un Contralor subrogante, va a impugnar su pronunciamiento y esto será materia de recursos procesales.
Y lo gravísimo: Si toca procesar a Glas o a ministros u otros altos funcionarios –los peces gordos de la corrupción, para los críticos- por peculado y enriquecimiento ilícito, por el Art. 481 del Código Orgánico Integral Penal, sólo es posible hacerlo previa incriminación singularizada del Contralor General del Estado.
No puede investigarse delincuencia organizada (Art. 369 del COIP) sólo identificando a los “recaudadores” llámese este el tío Ricardo Rivera o cualquier otro.
¿Cuál Contralor?
Se daría lo de siempre, cuando la corrupción es una septicemia que infecta al Estado – de evidente concertación para delinquir- que sólo son procesados los actores de “reparto”, o auxiliares, porque a ellos no los protege el citado Art. 481 del COIP.  En la figura de los “peces”, sus equivalentes serían sólo “sardinitas”, y quizás alguno más grande, como el tío Rivera, porque no es funcionario público.
De seguir el proceso de juicio político y luego del concurso para designar Contralor, por lo menos se irían cuatro meses, con lo que se consagraría la impunidad; y, todo parecería un “tongo”, una supuesta “lucha libre”, pero ya concertada.
 
SUGERENCIAS:
1.   Que Carlos Pólit renuncie, lo que no implica aceptar culpabilidad alguna, y en el texto de la renuncia dé su versión de defensa o de acusación. No tiene que esperar el juicio político para que lo saquen. Si espera ese juicio, el hedor de tongo sería inconfundible.
2.   Que presente todos los casos de informes con indicios de responsabilidad penal que se mantienen en reserva.
Sería una cobardía de Pólit salir sin desnudar la corrupción que él dice aparece de los informes que se guardó la Fiscalía y el Gobierno de Correa.

Recordamos a Ricardo Rivera como el modesto comunicador que manejó Televisión Satelital, el espacio que luchaba contra la corrupción y buscaba profundizar los temas de importancia del país a inicios del siglo XXI. Hoy es el centro de la corrupción y el gobierno no tiene posibilidad de maquillar su presencia con el principio “es el tío y no el que está en el poder”.
Fue en plena campaña electoral, el 19 de enero de este año, que el entonces secretario jurídico Alexis Mera, limpió la honra y el buen nombre de Ricardo Rivera y su sobrino Jorge Glas Espinel: “…tras bastidores y en la redes siempre se habla que el tío (Rivera) está tras negocios de corrupción; pues no hemos encontrado nada porque en estas cosas, señores, pruebas, siempre pruebas, no podemos destruir la honra de una persona si no tenemos pruebas”.
Ese principio ha sido ha sido desplazo por otro que abjura de la corrupción del correísmo mientras nos piden un voto de confianza, para Lenin y Baca Mancheno, en su investigación del caso Odebrecht, pero la estrategia de la lucha anticorrupción no puede pasar por la opacidad de los últimos 10 años. La única forma de restituir el país de la frontal corrupción que vive es entregar la lista a todos y evitar que se repitan las acciones que limitaron la investigación a unos pocos chivos expiatorios.
No se puede repetir el sórdido ejercicio del poder de los últimos años, se debe evitar la figura de chivos expiatorios para dejar en la impunidad a quienes ocupan posiciones mas altas en la cadena de corrupción. Sobre todo no se puede incriminar y criminalizar inocentes como mecanismo de retaliación.
La lista se compone de los peces gordos de Alianza Pais, Lenin Moreno lo sabe y los primeros nombres expuestos desde el viernes 2 de junio, aparte de Rivera y el contralor general del Estado Carlos Pólit, nos dice muy poco de la magnitud del caso. Nos presentan lo que parece ser operadores menores. En América Latina el caso Odebrecht involucra a los presientes y expresidentes en Brasil, Argentina, Perú, Panamá, México, Chile, Colombia y las primeras acciones de la fiscalía nos deja con la curiosa sensación que en Ecuador Odebrecht optó por funcionarios de mas bajo perfil para estructurar los sistemas de corrupción, lo que evidenciaría, de ser cierto, una institucionalidad tan débil que cualquier funcionario de bajo rango o personas emparentadas con el poder tendrían capacidad de definir la contratación de las grandes obras de infraestructura del país.
A las espectaculares acciones emprendidas por la fiscalía el 2 junio de 2017 hay que acompañarlas de una profundización de la investigación, que cumpla el ofrecimiento presidencial de no detenerse en personas pero todo esto acompañado de transparencia y el irrestricto respeto al debido proceso de los encausados para que los ecuatorianos podamos confiar en que se pudiera superar el pasado.
El caso evidencia además complejas confrontaciones entre las funciones estatales, como la situación del Contralor Carlos Pólit, quien al ser posesionado el pasado 15 de marzo, pidió en la Asamblea Nacional que se conozcan los informes de contraloría con indicios de responsabilidad penal y que las acciones de la fiscalía sean contundentes. Hoy Pólit que hace poco llevó ante la justicia a los miembros de la Comisión Anticorrupción por cuestionar su probidad, enfrenta la justicia por el caso Odebrecht. El portal Dato Certero, la cuenta de redes sociales que parece ser la voz de la Secretaría Nacional de Inteligencia, un núcleo duro y perseguidor del correísmo, envió un mensaje “Carlos Pólit ordena alterar informes de contraloría para extorsionar funcionarios”.
Que el caso Odebrecht no sea el justificativo para el olvido selectivo de otros casos que fueron peores en el gobierno de Correa.

“Los veedores fuimos los primeros en alertar sobre el problema de Odebrecht y advertimos que el señor Fabricio Correa era el representante de la empresa brasileña OAS, cuyo accionista en Ecuador era Odebrecht. Cuando la constructora, por orden del presidente Rafael Correa, fue expulsada del país, dejó el Proyecto Multipropósito Baba a OAS. Entonces, Fabricio Correa cambió la pintura y los sellos de Odebrecht y puso los de OAS  y elevó  en 24% el valor de esa obra que, de por sí, estaba sobrevalorada en 40%. No olvidemos que  los contratos de Fabricio Correa, en un 70%, tenían que ver con estas dos empresas”. La afirmación es de Pablo Chambers, coordinador de la Veeduría de los contratos del hermano mayor del ex presidente. En diálogo con MILHOJAS.IS, el veedor dijo que esas y otras anomalías están en el informe final que la Veeduría presentó en 2010, al igual que el hecho de que Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano antes de que los destapara la prensa en 2009. Por esa afirmación, el ex jefe de Estado enjuició a los cuatro veedores que firmaron el informe por falso testimonio y perjurio. Solo Chambers y Gerardo Portillo fueron condenados a un año de prisión. Este 29 de mayo, tras casi ocho años de juicio, les fue negado el último recurso de ampliación de la sentencia y los dos veedores creen que puede reactivarse la orden de captura. Chambers ratifica todo lo actuado y asegura que el juicio está viciado. Anuncia además una demanda en contra de Correa por incumplimiento de funciones para recuperar alrededor de 420 millones de dólares en anticipos dados a su hermano por contratos que, por disposición del mismo ex presidente, fueron anulados unilateralmente. 

Una vez que el juez nacional Miguel Jurado Fabara negara -el 29 de mayo-  el pedido de ampliación de la condena a un año de prisión contra usted y el veedor Gerardo Portillo. ¿Cuál es su situación jurídica?
No tenemos claro lo que va a pasar. Todavía no se ha activado la orden de captura. https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/veedores/negativa_ampliacion.PDF La Asamblea tampoco se ha pronunciado sobre el pedido de amnistía. Lo único seguro es que no vamos a aceptar ningún tipo de negociación para un indulto y solicitamos que el presidente Lenín Moreno nos permita integrar la comisión anticorrupción que se supone está formando. Lo hacemos con todo el derecho de haber luchado durante años contra un proceso viciado, que ha provocado que el Estado pierda cerca de 420 millones de dólares.    
Usted dice: no vamos a aceptar ningún indulto ¿les propusieron eso?
Hay acercamientos y comentarios, pero hemos advertido que no estamos dispuestos a ningún tipo de negociación.
¿Quién les propuso el indulto?
Conocidos, amigos, pero prefiero no dar nombres porque no es nada oficial.
¿Amigos del presidente Lenín Moreno?
Digamos que son amigos mutuos, que sirven como medio de comunicación
¿Qué opina de la amnistía pedida por la Conaie, que les incluyó en la lista de perseguidos del régimen de Rafael Correa? ¿La aceptarán si llega a ser aprobada?
Eso es diferente al indulto porque la amnistía corregiría un proceso viciado, desde todo punto de vista, debido a la intervención personal del ex presidente Rafael Correa.
¿Cree que esta Asamblea, con mayoría Correista, apruebe la amnistía?
El Gobierno de Lenín Moreno tiene solo una oportunidad para demostrar el cambio y poner fin al sistema persecutorio, que es lo peor del régimen de Correa. Si no empieza por eso, la gente no le va a creer nada más. Es una prueba de fuego. Es un asunto de espíritu, de ética, de estilo de Gobierno.
¿Ratifica su denuncia de que han sido objeto de persecución, no solo por sostener que Rafael Correa sí conocía los contratos de su hermano, sino porque establecieron los nexos de Fabricio Correa con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht?
Los veedores fuimos los primeros que alertamos sobre el problema de Odebrecht y advertimos que el señor Fabricio Correa era el representante de la empresa brasileña OAS, cuyo accionista en Ecuador era Odebrecht. Además, cuando por orden de Rafael Correa, la constructora fue expulsada del país, dejó el proyecto Baba a OAS. Entonces, Fabricio Correa cambió la pintura y los sellos de Odebrecht y puso los de OAS e incrementó en 24% el valor de esa obra que, de por sí, estaba sobrevalorada en 40%”.
¿Cómo varió el costo del proyecto Baba?
Empezó en 48 millones de dólares y terminó costando 474 millones y no sirve para maldita sea la cosa, pues la Costa se sigue inundando.
¿Cree que Lenín Moreno se juegue por los veedores?, el escándalo de Odebrecht salpica a altos funcionarios de Rafael Correa, de cuyo Gobierno el actual mandatario también fue parte.
Si quiere ser bien recordado, el presidente Moreno tiene que establecer ese camino o asumir el costo de no hacer nada. No lo veo como alguien que quiera ser un segundón, no creo que pierda la oportunidad de dejar un legado histórico. Su labor sería muy apoyada si cumple las acciones para combatir la corrupción. 
¿Ratifica que Rafael Correa conocía de los contratos de su hermano?
Indudablemente y está corroborado en videos, en audios. Ellos deberían ser los perseguidos, pero resulta que los malos somos nosotros. Si me apresan, en la cárcel seré libre porque la verdad hace que un hombre sea libre. En cambio el señor ex presidente no, por eso tiene ocho guardaespaldas. La Veeduría es portavoz de los hechos. Hemos actuado de forma clara, ética y estamos dispuestos a lo que sea por defender la verdad. Eso no es negociable.
¿Cuál es el monto de los contratos de obra pública que empresas vinculadas a Fabricio Correa suscribieron con OAS y Odebrecht?
Bordea los 450 millones de dólares todo en lo que ha intervenido directamente con Odebrecht o con empresas vinculadas a Odebrecht. El Proyecto Baba  pasó por tres entes y cada uno fue subiendo el precio. En todos los contratos en los que interviene Fabricio Correa hubo sobreprecios. A eso el ex Presidente Rafael Correa llama ajuste de precios.
¿De qué porcentaje son sobreprecios determinados por la Veeduría?
De 240% a 250%. Por eso el señor Fabricio Correa me puso un juicio por daño espiritual y moral y pidió 5 millones de dólares. Así estos tipos encontraron la forma de mantenernos ocupados con los juicios y, de alguna forma, callarnos.
¿A cuánto asciende el perjuicio que los contratos de Fabricio Correa causaron al Estado, según la Veeduría?
De más de 650 millones de dólares en contratos, se pagó a empresas vinculadas a Fabricio Correa anticipos por 420 millones de dólares, que no han sido recuperados. Pero calculamos que todo este affaire busca esconder al menos unos 10.000 millones de dólares porque tiene relación con gran cantidad de proyectos y contratos que no han sido debidamente analizados. https://www.milhojas.is/wp-content/uploads/2015/veedores/informe_final_veeduria_contratos_fabricio.pdf
¿10.000 millones de dólares, a qué proyectos y contratos se refiere?
Por ejemplo, el proyecto minero Fruta del Norte, que no se ha investigado bien cómo mismo funciona; las obras en el nuevo aeropuerto de Quito, en las que no se sabe cómo así aparecen empresas chinas y brasileras; no se sabe qué pasó con el contrato de Bajo Alto para la generación de energía a través del gas. Íbamos encontrando indicios de asociaciones entre las mismas personas dentro de los contratos y una serie de proyectos en los municipios.
¿Qué municipios?
De todo lado donde hubo apoyo del Gobierno. Los procesos son extremadamente graves.
Por favor, precise, al decir municipios de todo lado involucra a alcaldes de todo el país.
El Municipio de Cuenca, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto del Tranvía, que hasta ahora nadie ha investigado. Tampoco se ha investigado la influencia que tuvo el Gobierno en obras del nuevo aeropuerto de Quito.
¿Se refiere a la administración de Augusto Barrea o a la de Mauricio Rodas también?
Hasta cuando los veedores trabajamos abarcamos la de Augusto Barrera.
¿Al enjuiciar a los veedores se busca entonces invalidar el informe?
Por supuesto, porque además la Veeduría nos permitió determinar que Fabricio Correa manejaba los fondos de campaña y que hubo una corriente de fondos que tenía como beneficiario al partido del Presidente, es decir al buró de campaña.
¿A cuál campaña se refiere?
A la de 2006. Desde ese año el señor Fabricio Correa estableció su intervención en las obras estatales, a tal punto que, conjuntamente con el ministro de Obras Públicas de entonces -Jorge Marún- diseñó el Plan Relámpago, en el que intervino Odebrecht en por lo menos el 40% de la obras a ejecutar. El señor Fabricio Correa puso como garantía de un préstamo de 10 millones de dólares que le otorgó la Corporación Financiera Nacional (CFN), su participación en el plan vial del Ecuador y en obras monumentales del Gobierno, además de un terreno en la cabecera norte del aeropuerto de Manta, que costaba 20 mil dólares. En base a los 10 millones de dólares que le prestó la CFN a Fabricio Correa, los señores El Juri le hicieron un préstamo puente de 7,5 millones. Hasta donde sabemos, no ha pagado ni a la CFN, ni a los señores El Juri, ni a 1.200 contratistas.
De cuánto dinero hablamos?
De unos 7 millones de dólares. Imagínese que a una señora de la Joya de los Sachas, que tenía una tienda, le quedó debiendo 18 mil dólares. Ella tuvo que vender su casa para pagar esa deuda.
¿Todo está respaldado con documentos? Si no es así, podrían entablarle otro juicio.
No tengo ningún juicio por el informe de la Veeduría. Jamás nadie lo ha cuestionado porque actuamos con documentos notariados. El juicio es por haber dicho que el ex presidente Rafael Correa conocía de los contratos del hermano.
¿Qué pruebas tiene?
Hay el video de una entrevista en la que Rafael Correa dice que conocía de la compra de Cosurca y del préstamo de la CFN. Resulta que el préstamo de la CFN fue para comprar Cosurca. (Se refiere a la entrevista en Canal UNO con los periodistas Andrés Carrión y Gonzalo Ruiz que está en este link. https://www.youtube.com/watch?v=eH2Y5ZEO_P0)
¿Qué se ha investigado sobre estas denuncias?
Nada. Lo único que han hecho es demandarnos para mantenernos ocupados en defendernos. Es más, el señor ex presidente, al ser preguntado si va a enjuiciar a su hermano, respondió: “No lo voy a enjuiciar porque no me da la gana. El afectado soy yo”. Es decir, lo que dijo es que el Estado es él. Está loco. De esa manera se busca evitar que, ahora que ya no está en el poder, se lo pueda enjuiciar por no haber cumplido el deber constitucional de recuperar  los anticipos que le pagaron a su hermano por contratos que fueron anulados. Debe ser juzgado e ir a la cárcel por no haber cuidado los intereses del país. En este caso sería cómplice de un delito.
¿Qué harán ahora? ¿Sería mejor que los apresen de una vez para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte las medidas cautelares que ustedes solicitaron hace años?
Somos el único caso en el Ecuador y creo  que en América en el que nos tienen con medidas cautelares desde 2010, cuando lo máximo que prevé la Constitución es que duren un año.
¿Cómo ha afectado eso su vida, su economía, a sus familias?
Grandemente, pero tenemos gente que nos apoyado mucho. Los medios de comunicación nos han apoyado siempre. Mucha gente ve en nosotros a ciudadanos comunes que luchan por lo que creen. Hemos peleado fuerte, no nos hemos dejado, pero nuestra vida ha cambiado. He tenido que traer a mis hijos que estudiaban en el exterior porque el dinero ya no alcanza; tuve que dejar Quito para vivir en Guayaquil porque me quitaron todo y está en manos del Gobierno, supuestamente.
¿Qué es todo?
Todo, como si fuera un traficante de drogas. Están en manos del Gobierno cuatro empresas que tenía y depósitos en las cuentas. El 2 de junio se cumplirán 8 años de  este proceso. Desde 2011, una vez que presentamos el informe, pasamos por 15 jueces y 17 fiscales. Fuimos llamados como 15 veces a los juzgados. Muchos no quisieron juzgarnos en este caso. 
¿Por qué?
Las razones son obvias. Estaban comprometidos con ciertas órdenes que venían desde arriba.
¿Los veedores fueron tratados como delincuentes?
Peor que eso porque entre los delincuentes hay grados. Se nos quitó hasta el derecho de trabajar, nos prohibieron contratar, estábamos impedidos de tener una cuenta corriente, de tener fondos en los bancos, etc.
¿Qué diligencia legal les queda por hacer?
Interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Se nos negó el recurso de casación el 17 de diciembre de 2016. Según la ley, en 48 horas debimos haber sido notificados, pero se tardaron cuatro meses y medio. Nos notificaron el 28 de abril a las 23:15, antes del feriado del 1 de mayo y se nos dio 72 horas para apelar. Todo el proceso ha sido viciado.
No es ese el procedimiento normal? ¿Cuál es su cuestionamiento?
Que se nos notifica de tal manera que las 72 horas para apelar se cumplieron el lunes 1 de Mayo a las 23:15. Ese día nadie trabajó. Lo que buscan con esto es similar a lo que hicieron con los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, a quienes primero declararon culpables y luego les perdonaron.
¿Ratifica su decisión de enjuiciar a Rafael Correa?
Gerardo Portillo y quien habla lo haremos porque consideramos que hubo un manejo mafioso de las relaciones familiares. Lo demandaremos por complicidad en el caso de los contratos no devengados por su hermano Fabricio Correa. Como mandatario tenía la obligación de recuperar los dineros de los anticipos entregados, en contratos declarados nulos por la Procuraduría, y de reclamar daños y perjuicios. Los dos veedores que quedamos estamos de acuerdo en demandarlo. Los demás están trabajando para el Gobierno. La veeduría les sirvió para beneficios personales.
¿A quiénes se refiere?
Al señor Diego Jaramillo, que fue de asesor a Petroecuador y sus hijos trabajan en el Servicio de Rentas Internas (SRI); a Jacqueline Estupiñán, que fue al Consejo de Participación Ciudadana, sus hijos también trabajan en el SRI.
¿Cree que en el nuevo Gobierno la justicia actúe de otra manera?
Hay que darle el beneficio de la duda porque no tiene para dónde ir, solo puede  mejorar, ya caímos en el colmo de la injusticia. No conozco al señor Moreno, pero creo que tiene la oportunidad de ser un buen presidente. Si es un hombre inteligente, creo que no la va a perder.
Si se activa la orden de captura contra usted y Gerardo Portillo, ¿se entregarán, se esconderán o se refugiarán en alguno de los países a los que pidieron asilo?
No nos hemos ido. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Que vengan por nosotros. No estamos dispuestos a negociar ni a rendirnos. Vamos a seguir con el juicio al ex presidente Correa para exigir que el hermano devuelva el dinero que se ha llevado.
¿Se arrepiente de haber formado parte de la Veeduría de los contratos del hermano mayor del ex presidente?
Jamás. Esta ha sido una experiencia de vida, que ha cambiado mi forma egoísta de ver las cosas a una más plena y con mayor conciencia, al ver cómo un grupo de sinvergüenzas ha hecho tanto daño al país. Tenemos que luchar por eso, lo volvería a hacer 50 veces si fuera necesario. Seguiremos con toda la fuerza.

Un supuesto pago de la deuda del Gobierno al Banco Central del Ecuador (BCE) podría ser solo una jugada contable para esconder que se sustituyó un adeudo de corto vencimiento y de gran liquidez con otro de largo plazo que incluso podrían ser bienes.
En efecto, la deuda que mantiene el régimen con el BCE a través de la compra de títulos de corto plazo emitidos por el Ministerio de Finanzas, se redujo en $2.138 millones, de acuerdo con las cifras publicadas en el Balance Sectorial del Central al 19 de mayo pasado. Sin embargo, no está claro si se trata de un pago real por parte del régimen o solo se redireccionó ese dinero a otras cuentas del BCE. 
Las dudas surgen porque coincidentemente con este supuesto pago se incrementaron los activos no financieros del BCE de $186,1 millones a $2.322,6 millones, entre el 12 y el 19 de mayo pasado, según consta en el balance del Central. Es decir, en una semana aumentaron en $2.136,5 millones los activos que no son de liquidez inmediata y que pueden ser papeles de más largo plazo o bienes que el Gobierno Central entregó en dación en pago al BCE para bajar su deuda.
Las interrogantes sobre este movimiento de los activos del BCE aún no han sido respondidas por las autoridades. Entre los primeros en plantear sus inquietudes está la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), pero la transición política que ha vivido el país en estas últimas semanas ha sido la justificación de los técnicos del BCE para no contestar los pedidos de explicación sobre este tema.
Julio José Prado, presidente del gremio bancario, dice que de acuerdo con la información que aparece en el balance del BCE, el total de créditos que ha entregado al Gobierno sumaba $5,872 millones, hasta hace una semana, y ahora aparece la cifra de $3,734 millones. “Creemos que ese valor no correspondería a un pago de la deuda del Gobierno al BCE, sino a un cambio en la forma de contabilizar tal obligación, por lo que no habría un cambio de fondo en las cuentas, por eso necesitamos saber exactamente dónde está ese dinero, en qué lugar de las cuentas del Central y por qué se lo ha colocado de esa forma”, puntualizó.
Por ahora, una de las hipótesis que maneja Asobanca es que esa deuda se la va a transformar a bonos de más largo plazo (más de un año), pues los papeles entregados por el Gobierno al BCE tienen plazos de menos de un año. Esto reflejaría una posición de aplazar mucho más los pagos por parte del régimen y al mismo tiempo explicaría el incremento de los activos no financieros o no líquidos en las cuentas del Central, pues se trata de activos que no se pueden redimir inmediatamente.
Con este último movimiento del Gobierno saliente, la preocupación de la banca privada sigue siendo la misma que ha expresado públicamente en las últimas semanas: cómo el Régimen va a repagar esa deuda y en qué plazos. También está latente la duda de si se van a seguir entregando estos créditos al Régimen.
Pero un elemento que también llama la atención es que el Central trate de ocultar información relevante, como la última versión de su Boletín Monetario Semanal, donde constan las cifras que darían cuenta de la supuesta reducción de la deuda con activos de más largo plazo y menor valor. En horas de la noche de este lunes 22 de mayo, esta operación fue difundida en el mencionado boletín monetario, mediante el balance sectorial del BCE y el Panorama Monetario con cifras al 19 de mayo. http://milhojas.is/wp-content/uploads/2015/deudas_gobierno/balance retirado de web BCE.xls 

Y en menos de un día, estos datos ya no estaban, de manera que hoy en la página web del BCE se puede encontrar otro boletín con fecha 19 de mayo, pero actualizado solo al 12 de mayo, que ya no registra los movimientos de los activos ya descritos. http://milhojas.is/wp-content/uploads/2015/deudas_gobierno/balance_monetario_19_may_2017.xls
Los activos no financieros con los que se pagó al Central podrían ser las acciones de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banecuador, según información extraoficial con la que cuenta María Laura Patiño, exasesora del Departamento Legal del Sector Financiero en el Banco Mundial.
Si esto fuera así, Patiño explica que la base jurídica para ello sería la resolución #307 adoptada por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, del 2 de diciembre del 2016, en la que se establecieron las bases para hacer la conversión a acciones de la CFN y BanEcuador. Además se fijaron los requisitos para que puedan transferirse esas acciones a otras instituciones públicas. Por lo tanto, si esa transferencia de acciones se hubiera concretado hacia el BCE se habría tenido que cumplir los trámites que determinan los artículos 4, 5 y 6 de la resolución, que señalan que las acciones no podrán transferirse al sector privado, que la emisión y transferencia de acciones debe ser informada a las autoridades de control y que las acciones deben ser registradas en el Libro de Acciones y Accionistas que mantengan estos dos bancos públicos. http://milhojas.is/wp-content/uploads/2015/deudas_gobierno/resolucion-307-2016.pdf
Este es uno de los cabos sueltos que deja en herencia el régimen anterior, con lo que se mantiene la expectativa de una explicación oficial respecto a las condiciones de este pago y qué tipo de activos son los que se han usaron.

Las relaciones laborales y familiares de Carlos Tomás Alvear Peña no sólo son evidencias de cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana cooptó la función judicial en diez años de ejercicio del poder, también denotan el poco interés gubernamental de ejecutar cambios que fortalezcan la independencia de la justicia, tal como una decena de países recomendaron al Ecuador, el pasado 1 de mayo, en el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos en Naciones Unidas. Ese día el gobierno presentó su informe sobre la condición de la justicia y aseguró que existía un Reglamento de “concursos de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para el ingreso a la Función Judicial, lo que ha permitido normar adecuadamente el procedimiento de postulación, selección y designación de servidores, incluyendo una fase de formación inicial a través de la Escuela de la Función Judicial”.

Se trata de una lírica declaración porque se contrapone al sistema que Gustavo Jalkh constituyó con Carlos Peña como su rostro más visible ¿Quién es Alvear Peña? Es un hombre de gustos refinados, gusta de los viajes y la buena comida, quien no lo conoce debe saber que es el hombre más poderoso de la justicia, luego del saliente presidente Rafael Correa y el propio Jalkh, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Alvear es desde 2016 director nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), cuencano de 37 años, profesionalmente lo ha logrado todo, incluso a nivel de nepotismo porque buena parte de su familia (esposa, padre, sobrino, cuñadas, primos, amigos cercanos y otros parientes) ostenta importantes cargos dentro de la Función Judicial.

En 2015 Alvear Peña impulsó el concurso de méritos para escoger 475 jueces en todo el país. Para ello los aspirantes debían ser parte del curso de formación inicial, el cual fue impartido por la Escuela de la Función Judicial. Esta dependencia, dirigida también por él, fue la encargada de formar y capacitar a los aspirantes a  ocupar una vacante como juez. Su esposa, María Alexandra Domínguez Arcos fue parte del concurso y como es obvio fue seleccionada  jueza de primer nivel. Ese año la Escuela de la Función Judicial manejó también otras funciones que antes no le habían correspondido: tomó pruebas psicológicas, de conocimientos y prácticas. 

Manejó además los requerimientos para los postulantes que deseaban ingresar al curso de formación inicial. Posteriormente manejó la aprobación del concurso para los futuros jueces e intervino en los procesos de evaluación de desempeño, es decir, en los puntajes, la asignación de evaluadores y la evaluación propiamente dicha.

Esta suerte de control total le permitieron a Alvear Peña manipular y manejar los resultados de los concursos a su conveniencia, lo que garantizó que su esposa, María Alexandra Domínguez Arcos, apruebe, entre 1.000 aspirantes; los resultados le permitieron mantenerse en una plaza de trabajo en Quito.

Imagen: Gustavo Jalkh es el funcionario mas poderoso de la función judicial, conoce muy bien las relaciones familiares de los Alvear, pero es un tema que nunca discutirá públicamente.

En ese mismo año, en el concurso para la elección de notarios,  Alvear Peña, fue testigo de la forma en que su padre, Carlos Alvear Alvear, ganó el concurso para una de las mas concurridas notarías de Guayaquil, la Notaría Sexagésima Cuarta ¿Influencia?

Gustavo Jalkh fue quien oficializó el nombramiento del padre de Alvear. En el acto también estuvo presente el fiscal Galo Chiriboga.

La Constitución ecuatoriana señala en el artículo 178, inciso sexto, que es el Consejo de la Judicatura el máximo organismo de administración de justicia: “es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”.

La normativa legal de la Constitución que el correísmo elaboró a su medida provocó la estructuración de una agencia de empleo para amigos y familiares de sus altas autoridades. El resultado de esto: jueces sin independencia, pues estos deben lealtad a quiénes les dieron los cargos. No solo que deben el puesto, sino la permanencia diaria:  “Los jueces se ven presionados por sus sentencias”, para garantizarse  “estabilidad laboral y “crecimiento” (ascenso) ”, cuenta a MilHojas.is un ex funcionario judicial.

El nepotismo existente en el Consejo de la Judicatura, no se resume a la esposa y padre del mencionado funcionario, también involucra a su cuñado Jorge Jaramillo;a Carla María Mata Cedeño, cuñada; Iván Jerves, cuñado de su hermana; Amir Hushang Tahmasebi Domínguez, sobrino de su esposa;a sus parientes Santiago Bedoya Jaramillo, José Luis Jaramillo Calero. También a María de Lourdes Apolo Castro y su esposo, Andrés Paúl Tapia Estrella. También están  sus parientes Guillermo Sandoval Díaz, Iván Eugenio Izquierdo Castanier, Jenny Castanier Rodríguez, Paolo Domíngez y otros.

Alvear Peña no es el único funcionario que ha utilizado su influencia para meter a sus parientes en la Judicatura: Wilson Navarrete Ortiz, director nacional de transparencia de la judicatura, es hermano de Giovany Navarrete Ortiz quien labora en la Unidad Administrativa y Logística de la Escuela de la Función Judicial; Nelly Arroba Salazar, asesora de Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, es hermana de Raúl Arroba Salazar, funcionario de la Escuela de la Función Judicial; Paulina Casares Subía, funcionaria del Consejo de la Judicatura, es pariente de Alejandro Subía, vocal del Consejo de la Judicatura.

Datos del Ministerio de Finanzas, en 2015 la Función Judicial registró 16100 empleados.n toda la estructura gubernamental se han privilegiado las dependencias administrativas, lo que ocasionó que el personal administrativo supere tres a uno al misionaljurisdiccional (jueces, secretarios y ayudantes judiciales). Se privilegió cargos administrativos para poder dar trabajo a sus conocidos que desembocó en unajudicatura con pocos jueces, pocos secretarios y mucho personal de ventanilla, archivo y coordinadores.

El Examen Periódico Universal al que Ecuador se sometió recibió decenas de recomendaciones sobre la independencia de la justicia en el país, varias delegaciones exigieron al Estado en el marco del EPU que creara condiciones objetivas para tal independencia renunciando al control de los mismos. El rechazo del gobierno a recoger estas recomendaciones ilustra la importancia que tiene para el régimen el controlar los nombramientos y la docilidad de la conducta de jueces en el país.

MIL HOJAS

En el Ecuador, la “Ley de Control de poder del mercado” sanciona prácticas deshonestas. Sin embargo, desde el año 2013 la empresa General Motors de Ecuador S.A., ha concentrado el 45% del mercado automotriz, dejando atrás a sus competidores, gracias al apoyo directo del Gobierno ecuatoriano.

La contratación de la empresa de publicidad de uno de los hombres fuertes del régimen de Correa, Creacional de Vinicio Alvarado, parece estar en el corazón del  éxito de la “estrategia empresarial” del Gerente de General Motors Ecuador.  

Según la Revista “América Economía” No. 132 de Diciembre del 2016, en el Artículo “Los hombres y mujeres más influyentes de América Latina, consta Vinicio Alvarado como “Cocreador de la estrategia comunicacional que llevó a Rafael Correa al mandato. Fue secretario nacional de la Administración Pública, ministro de Industrias y Productividad y ministro de Turismo….Desde allí impulsa el programa emblemático del gobierno: las alianzas público – privadas”.

http://rankings.americaeconomia.com/2017/influyentes/vinicio-alvarado

A más de ser el ministro coordinador de la producción, también es el principal accionista de la empresa de publicidad Creacional S.A., otrora una pequeña empresa familiar, que desde que empezó el gobierno de Rafael Correa, ha crecido exponencialmente en sus ventas sin que llame la atención  a ninguna autoridad de control, ni del mercado ni de  Contraloría y Fiscalía.

Este control es directamente proporcional a la impunidad, pues no hay sanción ni investigación alguna.

Luís Landínez,  graduado en la Universidad de Sao Paulo, es el colombiano que gerencia General Motors del Ecuador S.A., empresa que en los años 2013 y 2014 invierte millones en publicidad a través, de Creacional S.A.  Faltaría determinar si los servicios de Creacional S.A. van más allá de la producción de spots e incluyen también servicios de imagen y relaciones públicas.  El tener a la empresa de uno de los hombres fuertes del régimen prestando estos servicios puede abrir muchas puertas en un marco de incertidumbre ante la sobreregulación gubernamental y políticas públicas contradictorias. Para algunos una relación así es un seguro de vida, para otros un mecanismo de conseguir ventaja.

El año 2013 tras la caída de ingresos petroleros, el gobierno estableció cupos para la importación de vehículos.  Una forma razonable de establecerlos habría sido en función del promedio de unidades vendidas por los actores o en función de montos equitativos que regulen el mercado pero, curiosamente,  los cupos se establecieron en función de las importaciones, opción más rentable para General Motors.

Las ventas en los años 2010, 2011 y 2012 son modestas si las comparamos con las que la marca tuvo en los años siguientes.  En 2013, 2014 y 2015 estas crecieron el 149%, 176% y 305% respectivamente.  Una parte de dicho crecimiento es producto del crecimiento de la demanda pero otra es resultado de haberse beneficiado de políticas públicas.

De seguro, la matriz de EEUU de la GM desconoce que su agente en Ecuador Landínez  en contradicción con el espíritu de la ley norteamericana anticorrupción FCPA, que sanciona el   propiciar, directa o indirectamente, el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción. La FCPA es aplicable a la GM Ecuador.

La estrategia de la empresa administrada por Landínez para lograr influencia es sofisticada, contrata la publicidad con una empresa cuyo dueño es un poderoso funcionario público, consigue beneficios cuestionables frente a los demás actores económicos que se encuentran “compitiendo” en el sector.   General Motors del Ecuador pagó a Creacional S.A., por servicios de publicidad, $4.8 y $5.4 millones en los años 2013 y 2014, respectivamente.

Las empresas y los individuos tienen todo el derecho para contratar libremente esos servicios con a quien bien tuvieren. Pero Vinicio Alvarado, dueño de Creacional S.A., no sólo ha estado diez años vinculado al régimen en importantes cargos, que incluyen haber sido Secretario General de la Administración, Ministro Coordinador de la Producción y Ministro de Industrias; sino que su hermano Fernando fue el encargado de contratar la publicidad del régimen a su paso por la SECOM y también ha sido Ministro de Turismo. Si bien el que un funcionario público mantenga acciones o participaciones en una empresa es lícito, a los hermanos Alvarado no se les ocurrió generar mecanismos que evitaran el conflicto de interés entre su gestión como funcionarios públicos y las empresas en las que tenían y tienen participación.  Ninguna de las autoridades de control ha estudiado el que su empresa de publicidad tenga relaciones comerciales con empresas a las que afectan políticas públicas en las que tiene injerencia directa o indirectamente.

Ni la empresa ni el funcionario han ocultado su relación, pese a ello, la Superintendencia de Control de Mercado no ha investigado si esta relación viola la Ley de Control de Poder de Mercado Ecuatoriano, tampoco lo han hecho la Contraloría ni la Fiscalía. Al parecer el peso de Vinicio Alvarado como mano derecha del Presidente Correa lo coloca en un punto ciego ante estas autoridades.  

A las autoridades de control tampoco les alarmó que los clientes de Creacional  S.A. Odebrecht y General Motors Ecuador estuvieran entre los patrocinadores del documental Royal Tour, promocionado por el Ministro de Turismo, Fernando Alvarado y cuyo protagonista era el  Presidente Correa.  El gerente de General Motors Ecuador incluso participó en la presentación de dicho documental en la ciudad de New York. 

General Motors del Ecuador pagó a Creacional S.A. en los años 2013 y 2014 por servicios de publicidad $ 4.8 y $5.4 millones, respectivamente.  La duda que queda es si esos pagos corresponden exclusivamente a servicios de publicidad en radio, televisión y prensa o también incluyen recibir favores de política pública que le favorecen.

El año 2013 tras la caída de ingresos petroleros, el gobierno estableció cupos para la importación de vehículos. (RESOLUCIONES)  Una forma razonable de establecerlos habría sido en función del promedio de unidades vendidas previamente o en función de montos pero, curiosamente,  los cupos se establecieron en función de las importaciones.   Esta forma de asignar los cupos favoreció a la empresa General Motors, que había hecho una importación muy significativa y que permitió una concentración de poder en el mercado, violatoria a la Ley ecuatoriana.

La asignación de cupos le permitió a la empresa General Motors vender por encima de sus ventas históricas, incrementar su participación de mercado y obtener utilidades extraordinarias.  Según la información de la AEADE, en su anuario 2015, se constata que a pesar de que existe una disminución en las unidades vendidas, General Motors consolidó una posición monopólica pues pasó de una cuota de mercado del 38,2% al 48,5%

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Las políticas públicas tuvieron clara incidencia en las utilidades que registraron la empresa General Motors, así como la ensambladora que produce para dicha marca, Omnibus BB.  Ambas empresas registran incrementos notables, salvo en el año 2015 en que la ensambladora disminuye su utilidad en un 40% respecto del año previo:

Un análisis detenido de las utilidades y las unidades vendidas permite concluir que, a pesar de la disminución notable en las unidades vendidas el año 2015, del orden del 24% respecto al 2014, General Motors incrementó sus utilidades en un 5.7%.  Esto es, al establecerse los cupos y existir una restricción en la oferta, su posición monopólica le permitió elevar los precios de los vehículos y obtener mayores utilidades por unidad vendida.

Es probable que, a futuro, la casa matriz de General Motors deba someterse a un proceso similar al que condenó a la empresa Odebrecht en los Estados Unidos.  Parecería se está frente a una violación de la ley FCPA [LD1] que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción.  La empresa General Motors podría además ser condenada por la violación de la ley Sarbanes-Oxley (SAROX) que fue aprobada por el senado estadounidense en el 2001. SAROX exige a las empresas que cotizan en las bolsas norteamericanas cumplir cabalmente con la exactitud de los registros contables, lo cual no podría lograrse si la empresa ha cometido actos de corrupción, por ejemplo, mediante el pago indebido (fuera de los registros contables) a funcionarios públicos.

Además de la famosa Odebrecht, ya en ocasiones previas se ha sancionado a empresas por el pago de sobornos en Ecuador.

Sanciones del Departamento de Justicia norteamericano por pago de sobornos en Ecuador violando la ley de prácticas corruptas (FCPA)

http://www.trade.gov/goodgovernance/adobe/Bus_Ethics_sp/apendices/apendices_f_informacion.pdf

http://www.fcpablog.com/blog/2007/11/1/willbros-will-settle-fcpa-charges-for-323-million.html

http://www.fcpablog.com/blog/2010/12/28/alcatel-lucent-settles-bribery-case.html

http://www.fcpablog.com/blog/2008/12/11/japanese-executive-jailed.html

EL INCREÍBLE ÉXITO  DE VINICIO ALVARADO Y CREACIONAL

Las empresas Ales, Banco Amazonas, Centro Ecuatoriano Norteamericano, Cervecería Nacional, Claro, Comandato, Corpei, Disensa, Edina, General Motors, Omnibus BB, Difare, Holcim, Iberia, JGC, McCormik, Miraflores, Nobis, Nokia, Odebrecht, Pronobis, Real, Sony, Stihl, Suzuki, Tesalia, Tia, Tramontina, Universidad SEK,  Village y Whirlpool son clientes de la empresa de publicidad Creacional, según su página web. También lo era la famosa empresa Odebrecht pero ésta ya no aparece en su página.1

¿Cuáles son los atributos que tiene esta agencia de publicidad, que hace pocos años no tributaba al SRI, para que ahora tenga una cartera de clientes privados tan importante?  ¿Qué justifica que sus ingresos superen los de empresas de larga trayectoria en el mundo de la publicidad como  Norlop, De Maruri, Rivas Herrera o McCann Erikson?  Creacional en su página web se define como: “creativos, adictos al café, proactivos y profesionales”.  Ello justifica  su éxito de ventas?  Existe quizá alguna relación entre ese incremento de clientes privados y la cercanía al poder de su mayor accionista, Vinicio Alvarado?

Los clientes de Creacional no son cualquier cliente.  Los clientes de Creacional ocupan lugares preponderantes en las 500 empresas más grandes del Ecuador elaborado por la revista Vistazo 2:

Buena parte de esa cartera de clientes son multinacionales y, por regla general, las agencias se definen en la casa matriz pero, no es el caso en nuestro país.  Igualmente, algunos de esos clientes tienen una posición oligopólica y podrían contratar su publicidad con cualquier agencia pero lo hacen con la de Vinicio Alvarado.  ¿Existe alguna ventaja para hacerlo?

Las empresas y los individuos tienen todo el derecho para contratar libremente esos servicios con a quien bien tuvieren pero, al hacerlo con la empresa Creacional, cuyo principal accionista es Vinicio Alvarado, podrían generar, al menos, un conflicto de intereses para el funcionario.   Igualmente, que un funcionario público mantenga acciones o participaciones en una empresa es lícito pero, que su empresa de publicidad tenga relaciones comerciales con empresas a las que afectan políticas públicas es preocupante, salvo el caso en que decida abstenerse de conocer y tratar por un posible conflicto de interés.

Según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, esta incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.  Por otra parte, el Código Integral Penal en el artículo 285 define el “Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años… Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o del sector público en general, que, con su voto, cooperen a la comisión de este delito”.

Existen varios casos en los cuales Vinicio Alvarado podría tener un serio conflicto de interés, además de los casos en los que su empresa fue contratista del Estado, ya denunciado previamente por la prensa, y que esbozamos brevemente:

1. En su calidad de Secretario General de la Administración, Vinicio Alvarado formó parte del grupo que negoció la concesión de la empresa Claro, uno de sus clientes. 
2. En su calidad de ministro de turismo, Fernando Alvarado, hermano de Vinicio, tomó decisiones respecto del consumo de alcohol, que podrían favorecer al cliente de su hermano, la Cervecería Nacional.
3. En su calidad de ministro coordinador de la producción, Vinicio Alvarado podría haber beneficiado a otro de sus clientes, el Consorcio Nobis, socio del proyecto del puerto en Posorja. 
4. En su calidad de ministro de Turismo, Fernando Alvarado promocionó el programa Royal Tour auspiciado por la tristemente célebre Odebrecht y por General Motors, ambas clientes de Creacional. El gerente de General Motors incluso participó en la presentación de dicho documental en la ciudad de New York. 
5. Así mismo, como ministro de Industrias, al establecer cupos para la importación de vehículos, Vinicio Alvarado podría haber beneficiado a otro de sus clientes,  la empresa General Motors.

http://creacional.com

http://vistazo.com/seccion/proyectos-especiales/500empresas

 

 

 

Ahora que el fisco ya no puede gastar con la holgura y el dispendio que le permitió la bonanza petrolera y están cada vez más cuesta arriba las posibilidades de poder cumplir con sus pagos aparece en la palestra pública un invitado por el Gobierno ecuatoriano, para alentar, con su consejo, la aspiración del Correísmo de imponer la moneda electrónica, que hasta ahora no ha podido concretar por la falta de confianza de los actores económicos y sociales, en esa modalidad de pago, debido a los términos de la normativa en el Ecuador.
Se trata del exministro griego Yanis Varoufakis que en una conferencia dictada el lunes pasado titulada “Economía Política con rigidez monetaria”, dijo que en Ecuador no se está explotando todo el potencial del dinero electrónico, pues se podría dar la oportunidad al Gobierno de pagar con ese medio a sus proveedores.
El consejo de Varoufakis se da a pocos días de que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador alerte al Banco Central del Ecuador (BCE) que la liquidez de la reserva internacional no cubre la totalidad de los depósitos que tiene la banca en el BCE. En estas circunstancias pensar que el dinero electrónico es la salida para pagar deudas cuando no hay el respaldo ni siquiera para los recursos que los bancos privados tienen en el Central, debería ser motivo de debates y análisis profundos.
El exvicepresidente de la República León Roldós explica que si se diera vía libre a esta propuesta puede entrar tal volumen de dinero electrónico a la economía, sin respaldo real de dinero líquido, que significaría precipitar la crisis de la dolarización. 
La posibilidad de obligar a la banca privada a aceptar moneda electrónica dependería tan solo de una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a fin de introducir el dinero electrónico al sistema de pagos general, no solo del Estado a proveedores, sino también en las transacciones comerciales, pagos de sueldos y otras, forzando el sistema bancario a respaldar a la moneda con su liquidez.
También podría crearse un mercado negro de dólares en billetes, como hay en otros países, por las diferencias cambiarias, y de darse esto el camino a la incautación de divisas es corto, según alerta Roldós, porque habrían  diferencias de cotización entre el dólar virtual de moneda electrónica y el dólar real, de las que sólo podría pensarse salir mediante incautación de divisas.
En este contexto, que el presidente electo Lenin Moreno aparezca no solo ponderando la trayectoria de Varoufakis, sino también recibiendo sus consejos genera cuestionamientos, pues el exministro de Finanzas griego, en 2015 era partidario de que su país adopte una moneda paralela al euro -al que decía despreciar- a fin de seguir financiando el gasto público en su país, con el discurso también ya usado en el Ecuador de "soberanía monetaria".
Varoufakis, supuestamente para evitar pánico financiero en Grecia, el 28 de junio de 2015, impuso un corralito de cuentas y cierre temporal de oficinas bancarias, que en días, el 6 de julio, le significó tener que renunciar, para evitar el riesgo de retiros masivos al reinicio de la actividad bancaria, que se postergó del 7 de julio al 20 del mismo mes.
En medio de la transición política ecuatoriana, estas señales traen más incertidumbres que certezas sobre la ruta que seguirá Moreno en materia económica.
Es viable para el Ecuador la sugerencia del exministro griego Yanis Varoufakis de usar la moneda electrónica para que el Estado pague deudas a sus proveedores?
La moneda electrónica funciona en varias economías del mundo y, a diferencia de Ecuador, el dinero electrónico lo hace en una cuenta comercial, no de banca central. Es de operatividad muy similar a una tarjeta de débito de un banco en que la persona le carga a su cuenta directamente cualquier gasto que haga. Con la moneda electrónica la diferencia es que la orden de pago no sale de una tarjeta de plástico , sino que se la da desde un teléfono celular, con una clave. El dinero electrónico es una vía de pago. Varoufakis mencionó el éxito de la moneda electrónica en Kenia, que siempre es un referente, pero allá la operación es de carácter privado, en red de una empresa de telefonía móvil con miles de usuarios, totalmente diferente a la definición de la ley ecuatoriana.
Cuál es la diferencia en Ecuador?
En el Código Orgánico Monetario y Financiero se señala que “la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador (BCE) respaldada por sus activos líquidos…”. Es como una especie de emisión del BCE y eso conceptualmente es absurdo porque el que debe tener la liquidez depositada en el Banco es quien tiene la cuenta en dinero electrónico. No es la liquidez del BCE -que no necesarimente es del gobierno- lo que debe respaldar la moneda electrónica, sino los depósitos líquidos de quien usa la cuenta.
Cuál es el riesgo de esto?
Como está hoy la norma legal, se menciona que el respaldo son activos líquidos del BCE, lo malo es que para otros temas ya se ha interpretado ese término (activos líquidos) como activos liquidables en corto plazo, que no es lo mismo.
Entonces puede haber la tentación de que el BCE emita moneda electrónica con el respaldo de títulos valores a muy corto plazo que reciba del Gobieno?
Eso sería absurdo -pero es un riesgo que hay que rechazar- porque el único soporte de pago debe ser liquidez efectiva, no título valor alguno. 
La normativa secundaria de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera hoy prohíbe que el respaldo sea de títulos valores de cualquier clase o emisión, pero, bastaría uan resolución de la misma Junta, que llegue a definir que títulos valores liquidables en corto plazo podrían respaldar la circulación de moneda electrónica.
Entonces para abrir ese camino solo es cuestión de una resolución administrativa?
En diciembre de 2016, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado emitió una resolución mediante la cual los bancos privados estaban obligados a honrar la moneda electrónica del BCE con liquidez efectiva. Los bancos interpusieron acción de protección frente a esa imposición y la Superintendencia retrocedió. El argumento fue que aceptó no tener competencia, pero se estableció que la competencia residiría en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
El riesgo pende entonces como una espada de Damocles
Sí. El ministro griego Varoufakis dice que el Estado debe aprovechar que puede pagar a sus proveedores con moneda electrónica. Es decir, viene a ratificar al gobierno lo que este ya está tentado de hacer.
A cuánto asciende la deuda del Gobierno con sus proveedores?
Hoy es imposible que aparezca en los registros cuánto debe realmente pagar el sector público, pasa de largo de un mil millones de dólares, pues buena parte de la deuda no se puede facturar en el sector público mientras no le den a los proveedores luz verde para ello, porque si lo hacen -enla contabilidad gubernamental- tiene que registrárselo como deuda.
Pero en esta transición y ad portas del cambio de Gobierno qué pueden esperar los proveedores?
Si en mayo les dijeran "reciba moneda electrónica" o "espere al próximo gobierno", el proveedor más ortodoxo pensaría en aceptar el pago en moneda electrónica. Luego podrá efectuar algunos pagos a las entidades del Estado y quizás a sus específicos proveedores, pero otros no querrán recibirlo y demandarán que les paguen en liquidez efectiva. La vía que en diciembre del 2016 quisieron imponer es que las entidades financieras canjeen dinero virtual -que es la moneda electrónica- con dinero líquido. La masa de dinero virtual sin respaldo líquido sería tal que afectaría irremediablemente la dolarización. Varoufakis habría expresado que el proveedor sabrá cómo sale de la moneda electrónica. Utilizar la moneda electrónica para pagar sueldos? Habrá trabajadores que no lo acepten voluntariamente. Con la moneda electrónica no se puede viajar ni enviar dinero al exterior, ni pagar a proveedores externos, para todo esto se requiere liquidez efectiva. Sería una verdadera irresponsabilidad la circulación de moneda electrónica sin el soporte de liquidez real en la cuenta de quien ordena el pago. Precipitaría la crisis de la dolarización en Ecuador.
El BCE puede enfrentarse a mayores presiones a sus reservas de liquidez?
La relación entre el Gobierno y el BCE ha sido de ir incrementando permanentemente la deuda, aun cuando aparezca instrumentada a corto plazo. Incluso ahora con el caso de la petrolera Schlumberger, a la que le acaban de pagar con títulos del BCE, convirtiéndolo en emisor de títulos para pagarle a una compañía de servicios petroleros. A su vez, los títulos del BCE son respaldados con títulos del gobierno. Un círculo vicioso, sin liquidez real.
En qué momento se le puede involucrar al sistema bancario privado?
Si a los bancos les imponen que abran cuentas de dinero electrónico en el BCE y que canjeen dinero virtual con dinero líquido ya estarán contaminados. Tampoco debe obligársele a abrir cuentas de dinero electrónico a las cooperativas, cuyo sistema ya tiene severos problemas, consecuencia de la grave iliquidez de los sectores de menores ingresos que son los que demandan sus servicios.
Si el proveedor tiene que pagar sueldos y los trabajadores no quieren abrir cuentas de dinero electrónico ¿podría hacer una trasferencia de dinero electrónico a un banco privado y de ahí pagar en efectivo?
A la fecha, no, salvo que obliguen a los bancos el canje al que me he referido antes.
El dinero electrónico podría contaminar el sistema financiero privado?
Lo acabo de expresar. Si obligan a los bancos a convertirlo en dinero líquido, ahí sí se estaría contaminando el sistema.
Algunos analistas ya han dicho que pueden haber transacciones que solo se manejen en moneda electrónica. ¿Es posible?
Sería una ficción que eso dure. Más temprano que tarde se presionaría al canje del dinero vitual con dinero líquido. De no imponerse el canje, al inicio podría pasar algo similar a títulos valores nominados en dólares, que en la realidad se negocian con descuentos. Por ejemplo: un dólar virtual podría ser equivalente a ochenta centavos de dólar real. Más temprano que tarde aquello llevaría a un mercado negro y luego a un riesgo de incautación, con el efecto final de la desdolarización.
Entonces, ¿quien quiera tener liquidez, deberá tenerla en el "colchón bank"?
Lamentablemente se desbancarizaría la economía y, además habría más violencia de asaltos y robos porque se presumirtía que hay dinero guardado en locales y viviendas. 
Qué hacer?
Demandar un pronunciamiento claro y firme: que no habrá -bajo ningún supuesto- moneda electrónica no respaldada con liquidez efectiva, que la moneda electrónica no será obligatoria y que las entidades financieras no estarán obligadas a proveer liquidez para cubrir dinero no líquido.

Como producto de la incautación de centenares de activos a varios ex banqueros, iniciada el 8 de julio de 2008, la empresa de servicios petroleros Minga S.A., embargada al grupo Peñafiel (Banco de Préstamos) pasó también a la administración del Estado mediante el Fideicomiso AGD-CFN ‘No Más Impunidad’.
Desde entonces, su manejo económico no ha estado exento de polémica. Sin embargo, y como si fuera poco lo descubierto en la trama de corrupción que enloda a Petroecuador desde el año pasado, ahora hay nuevas revelaciones en torno a cómo se burló el sistema de contratación en la petrolera ecuatoriana, mediante un presunto desvío de millones de dólares a una empresa del conglomerado empresarial Peñafiel.
En una de sus últimas denuncias, que fueron opacadas por el inminente proceso electoral que vivió el país el pasado 2 de abril, Pedro Delgado, prófugo de la justicia, expresidente del mencionado Fideicomiso y primo del primer mandatario Rafael Correa,  aseguró que el mencionado desvío de recursos se dirigió a favorecer “a un club de negociadores del Estado”, en el que estaría el actual vicepresidente de la República Jorge Glas.
Esta historia de corrupción fue planificada antes de que Minga sea confiscada por el Estado. Delgado describió que para asegurar que los pagos prometidos a quienes dieron vía libre a los contratos firmados entre Petroecuador y Minga, altos funcionarios del Gobierno y de la estatal petrolera aplicaron una estrategia que habría perjudicado a los intereses del Estado.
Antes de su incautación, Minga (que entonces pertenecía al grupo Peñafiel), había firmado un contrato con Petroecuador por $6'102.297,34. El entonces asesor del directorio de la empresa estatal, Marco Calvopiña, manejaba todos sus contratos y las reuniones iniciales que mantuvo Delgado por este tema fueron con él.
Calvopiña es uno de los detenidos el 11 de noviembre del año pasado, en un operativo dirigido por la Fiscalía y enfrenta un proceso penal por ser el presunto cabecilla del delito de delincuencia organizada dentro de Petroecuador. En su residencia y en la de dos personas más, que también fueron detenidas, se hallaron $300 mil escondidos en sobres, cajones y en el tumbado de las casas.
Como se han hecho centenares de contratos en la petrolera estatal en la última década, el que iba a celebrarse con Minga .S.A. en 2009 fue calificado como un requerimiento emergente. El Vicepresidente de Petroproducción de ese entonces integró una comisión para llevar a cabo el proceso, por supuesto bajo la modalidad de contratación directa. En diciembre del 2008 dicha comisión recomendó adjudicar el contrato a la compañía Minga.
Transcurrió casi un año, hasta que el 30 de noviembre de 2009 se firmó el contrato N° 2009082 entre Petroproducción y Minga para la compra, montaje, pruebas y puesta en operación de 3 unidades automáticas de medición de petróleo para las estaciones centrales Auca, Sacha y Shushufindi. El gerente general de Petroecuador de la época era el vicealmirante Manuel Zapater.

Sin embargo, en poco más de un mes (el 8 de enero de 2010) se suscribió un contrato modificatorio N°201002, con una cuantía que subió a 6'241.805,8, pero con otro cambio que fue el más significativo y que se introdujo en la cláusula décimo segunda, referente a la forma de pago, al establecer que la importación de los equipos que se requerían para ejecutar el contrato será realizada por Petroproducción, “mediante la apertura de una Carta de Crédito en términos CFR (Esmeraldas-Ecuador), a favor del beneficiarlo que señale la contratista, por $ 4' 491.726,55”.
Además se incorporó al contrato, el formulario No.3,  en el que no solo se detallaban los valores de la importación, sino que constaba explícitamente que el pago se realizará mediante carta de crédito abierta a Minga Equipment & Supply Co., Inc. (MESCO), una empresa constituida en EE.UU. y que no fue la que firmó el contrato original con Petroproducción.
Es decir, sobre la base de una proforma emitida el 15 de diciembre de 2009 por MESCO a Petroproducción, se emitió una orden de pago por $4,5 millones, el 12 de mayo de 2010 y Petroecuador justificó este pago en base a un adendum del contrato (formulario 3), sin firmas, sin haberse registrado en una Notaría, y con los mismos datos y errores que la proforma.
Fanny Canelos, Subgerente de Negocios Fiduciarios de la CFN, Fiduciaria del Fideicomiso No Más Impunidad, pidió a Zapater, entonces gerente de Petroecuador, que el pago se haga directamente al proveedor de los equipos, es decir a la firma importadora FMC Technologies, pero de acuerdo con Delgado, había la disposición de Calvopiña a negar estos requerimientos.
El mismo día (7 de mayo del 2010) en que Petroecuador autorizó el pago a favor de MESCO por $4’491.726,56, Amílcar Proaño, gerente de Minga S.A. también solicitó a Rafael Navarrete, Gerente de Exploración y Producción de Petroecuador, la autorización para que la carta de crédito se abra a nombre de FMC Technologies, en lugar de a MESCO. Esa solicitud no solo no fue atendida, sino que el 10 de mayo se aperturó la carta de crédito a nombre de MESCO y confirmada posteriormente por la beneficiaria.
Pese a ello,  el gerente de Minga se ratificó en su pedido anterior, aduciendo que no quieren negocios con empresas del grupo Peñafiel.
Ante los constantes requerimientos de que se deje sin efecto el pago a MESCO, Zapater, el 17 de junio respondió a Delgado con un informe de 4 páginas elaborado por Sonia Guerrero, analista de compras e importaciones de la Gerencia de exploración y producción de Petroecuador, en el que señaló que la carta de crédito fue realizada en base a lo establecido en el contrato modificatorio y a su formulario N° 3, considerando la opción de que esta fuera transferible para que los beneficiarios del crédito pudiesen endosar el documento de creerlo pertinente.  Es decir Zapater no solo ratificó su posición  de que el pago a MESCO se enmarca en las cláusulas del contrato, sino que además lanzó una advertencia a Minga S.A. de que “si no cumple sus obligaciones contractuales,  se aplicarán las acciones pertinentes”.
El 15 de diciembre del mismo año Delgado no solo reitera que desconoce la validez del pago a MESCO, sino que puntualiza que en el contrato modificatorio “jamás se dispone que la carta de crédito sea el beneficiario MESCO,  empresa vinculada a la familia Peñafiel, que tanto daño ha hecho al Estado ecuatoriano”.
Tampoco estas misivas tuvieron respuesta favorable para el Fideicomiso No Más Impunidad.
POR QUÉ Y PARA QUÉ EL DESVÍO DE RECURSOS HACIA MESCO?
Delgado aseguró que el excontador de Minga le informó que Petroecuador y MESCO habían operado de esta manera para cubrir los pagos prometidos a quienes firmaron los contratos originales con Minga. El primo de Correa afirmó que la denuncia fue presentada a la Fiscalía de Pichincha, pero desconoce en qué instancia se encuentra.
Las comunicaciones hechas por Delgado y otros directivos del Fideicomiso, entre el 7 de mayo de 2010 y el 15 de diciembre del 2010, pidiendo a Petroecuador que no se concrete el pago, también fueron notificadas a varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos Jorge Glas, quien, según el primo del presidente, evitó los pedidos de reuniones planteadas con él o con su equipo para resolver este problema. 
Según Delgado, luego conoció que la razón de las constantes evasivas de Glas fue porque dispuso a Calvopiña que se haga el pago a la empresa estadounidense MESCO en lugar de a Minga Ecuador. “Además le ordenó a Calvopiña que inicie el trámite de contratista incumplido contra Minga para ocultar este negociado”.
Una de las interrogantes que surgen en este entramado es que al no haberse pagado los $4,5 millones al fabricante de los equipos importados quién asumió ese pago? Delgado asegura que Minga estatal tuvo que hacerlo. “Nos negábamos a completar pero no hubo al final sino que seguir con el proyecto”, se justifica.
Finalmente agrega que “es importante investigar cuánto de los $4,5 millones habrán ido a este club de negociadores del Estado. Rafael, tu conocías de este problema. Se te informó desde el inicio. Ahora entiendo por qué nunca ordenaste a Glas que devuelva la plata que se sacaron. Es porque eres cómplice y encubridor de todos estos negocios”.
OTRAS ANOMALÍAS PROTAGONIZADAS POR MINGA S.A.
Minga S.A. no solo estuvo en el ojo del huracán por estas presuntas irregularidades. Hubo otras que fueron denunciadas por el exasambleista Cléver Jiménez en 2012.
El primer tema se refiere a un préstamo por casi $400 mil, otorgado por el Banco Cofiec a esa empresa en mayo de 2012, un dinero que, supuestamente, no ingresó a las cuentas de Minga.
Dentro de una denuncia penal que Jiménez presentó ante el Fiscal General, Galo Chiriboga, el 13 de septiembre del 2012, respecto a otras presuntas irregularidades cometidas por Pedro Delgado y otros funcionarios del Gobierno,  el entonces asambleísta pidió “un informe económico detallado del estado de situación patrimonial, de activos, pasivos, registro de administradores, avalúo y proceso de venta de las empresas incautadas y que están bajo la administración del Fideicomiso UGEDEP-AGD-CFN No más Impunidad”. Esto, debido a que Jiménez presumía la entrega de créditos vinculados de este Fideicomiso a varias de sus empresas vinculadas, entre ellas Minga por $391.500, lo que viola la Ley de Instituciones Financieras.
En esta denuncia Jiménez solicitó medidas cautelares, pedido que nunca tuvo respuesta de Chiriboga.  El 19 de diciembre del año 2012, horas antes de que renuncie Pedro Delgado, envió un alcance de la denuncia al Fiscal General, con nuevas pruebas, reiterando el pedido de medidas cautelares. Obviamente tampoco se hizo nada.
Otra denuncia de Jiménez fue el supuesto exceso en el pago de confección de uniformes, pues reveló también que la administración de Minga continuaría a cargo de la empresa Daniel Com, que es su proveedora de equipos y materiales. “La administradora es la que le vende los equipos a su propia administrada”, cuestionó. Según los documentos exhibidos en ese entonces por el exlegislador, en el comprobante de egreso número 0012399, emitido a la orden de Daffner Corp. S.A., de fecha 28 de septiembre, se realizó una cancelación por $80.000 como anticipo por la confección de uniformes. Esto llamó la atención de Jiménez pues dijo que son aproximadamente 55 empleados que laboran en la empresa y al pagar un anticipo de esta cantidad significaría que la inversión en cada uniforme bordearía los $1.454,54.
Las investigaciones de la Fiscalía sobre estas denuncias y muchas otras relacionadas con actos de corrupción cometidos en las más altas esferas del Gobierno no solo no han prosperado, si no que en varios casos han sido usadas para lanzar ofensivas judiciales en contra de los denunciantes.

Christian Zurita Ron
Para MilHojas.is PlanV FocusEcuador
El sistema de corrupción generado desde Brasil en el caso Lava Jato está enraizado fuertemente en  Ecuador. La corrupción no se reduce a los sobornos  por 33,5 millones de dólares que confesó la empresa Odebrecht haber realizado a altos funcionarios del correísmo en la Fiscalía del estado de Nueva York.  Ahora se sabe que el caso ecuatoriano es más grave de lo que se pensaba: fuentes especializadas en la ciudad de Curitiba, Brasil, que dialogaron con el pedido de reserva con Mil Hojas y PlanV, consideraron que el monto de sobornos en Ecuador sobrepasa los 300 millones de dólares y el número de funcionarios  cohechados puede superar los  100.
En los estados de Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur y en la capital, Brasilia, al menos 27 fiscalías independientes continúan investigando el caso y en todas ellas los nombres de personajes ecuatorianos suelen ser recurrentes. Muchos nombres conocidos de la función ejecutiva, también nombres de los amigos de esos altos funcionarios y otros tan desconocidos que parecen no haber ocupados cargos.
El problema es que en ninguna de esas dependencias del Ministerio Público en ese país se investiga la corrupción que cometieron las decenas de empresas involucradas  en el exterior. Los fiscales están únicamente interesados en los problemas de Brasil y dejan de lado los temas de sus vecinos.
A ese inconveniente se suma el trabajo investigativo de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano que es completamente nulo. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, que no puede ser parte del proceso porque no representa a la función judicial, se encargó de contratar al estudio jurídico más grande de Sao Paulo: Tozzini Freire, por un monto no menor a los 750.000 reales sin que se que conozca el objetivo de ese trabajo.
Es claro que el poder ejecutivo, junto al judicial, obstaculizan la circulación de la poca información: Lava jato estalló el 14 de marzo de 2014 y en Ecuador no existe un solo nombre que se lo vincule a la corrupción. Pero no todo dura para siempre y los primeros documentos que relacionan al país ya están en manos de varios periodistas.
Luego de revisar esa información documental y de contrastar con fuentes en el Brasil se puede determinar ciertos sistemas de lavado de dinero que involucraron a empresas constructoras como OAS y otras de grupos corporativos, relacionadas con la aviación y la extracción de petróleo.

El primer caso, que no es nuevo,  fue ubicado por las declaraciones  de Roberto Trombeta, que fue representante de la empresa Kingsfield, una compañía constituida especialmente para lavar dinero de todas partes del mundo y que fue identificada en la lista de los papeles de Panamá. Trombeta,  en su segunda declaración al Ministerio Público de Curitiba, en junio de 2015, relató hechos de corrupción cometidos en la división OAS Exterior.
Trombeta dijo que él fue contratado para asumir el control accionario de la empresa Kingsfield Consulting y  que esta fue usada como canal para recibir dineros y entregar sobornos de contratos celebrados por la subsidiaria OAS ECUADOR.

Estructura de Panama Papers de la empresa en que se lavó dinero de OAS Ecuador

En su relato indica que OAS ECUADOR contrató servicios técnicos ficticios de consultoría energética con la empresa española DSC Workshop Obras para Construcciones y Promociones por un monto de US$9.150.000.
Este dinero fue enviado a una cuenta de la empresa holandesa  Kingsfield Consulting que mantenía en el Banco BPA de Andorra. Hasta 2015 se conocen transferencias en esa cuenta de Andorra por USD$14.618.921  y a su vez ese dinero se transfirió a una cuenta especial en Suiza de la cabeza de la mafia empresarial: Alberto Youssef.

Imágen: Detención de Alberto Youssef en el estado de Paraná. Declaraciones de uno de los implicados asegura que dinero de contratos ficticios de OAS en Ecuador terminaron en las cuentas personales de Yousef en Suiza. 

La declaración de Trombeta no establece fechas, sólo la vía del dinero pero hace entender  que la procedencia del dinero fue Ecuador. OAS  se encargó de la construcción del proyecto Baba y al frente estaba Hidrolitoral, con Cristóbal Punina a la cabeza, un hombre cercano a Carondelet. Diario El Univero recordó que ese funcionario del correato administró la obra desde 2008 hasta junio del 2010. “La obra se entregó en junio del 2013 y su inversión total alcanzó los $ 550 millones” refirió ese rotativo.
Alberto Youssef es el hombre más importante de la mafia de corrupción del caso Lava Jato. Su nombre consta, junto a Marcelo Odebrecht, en al menos 12 procesos y es juzgado por lavado de dinero y transferencia de divisas (US$ 78,282.591) principalmente de Brasil a Hong Kong.  El ya ha brindado sendas declaraciones a la justicia federal del estado de Paraná, se conoce que algunas -que son reservadas y justo en estas parece haber detalles del caso ecuatoriano.
Youssef en su grupo íntimo contaba con el trabajo de Rafael Angulo López. Este brasileño ya fue identificado como el hombre del maletín que entregó los sobornos en buena parte de los países del continente. Hoy se sabe que también actuó en Ecuador.

Imágen: Rafael Angulo, el hombre del maletín del caso Lava Jato, ¿de sus manos se entregaron decenas de coimas a los funcionarios ecuatorianos?

En el Supremo Tribunal Federal, la instancia más alta de la justicia en Brasil, se ha recogido declaraciones de las acciones de Rafel Angulo Lopez en la región. En 2013 y 2014 viajó cinco veces a Perú para transportar dineros de sobornos de OAS. Hizo lo mismo en Colombia, Trinidad y Tobago y Ecuador.
El caso Lava Jato (que involucra empresas como Apollo Tubullars, Petrobras, Camargo-Correa, IESA,  Queiroz Galvao) evidencia además que se pagaron sobornos para lograr contratos petroleros en Ecuador, eso consta en la tercera declaración que realizó  José Sergio de Oliveira Machado en el Ministerio Público  general el 5 de mayo 2011 y dijo: German Efremovich, dueño de Avianca en el año 2008, entregó un soborno del 2% para lograr un contrato petrolero en Ecuador.
Ese mismo declarante añadió en otra declaración que la empresa HR Financiar era dueña de la producción de pozos petroleros en Ecuador. Que ese contrato le entregó ganancias por 28 millones de Reales anuales por cuatro años y que esos dineros fueron depositados  en una cuenta del banco HSBC de Suiza.
Los pozos  a los que se refiere son los campos marginales que ahora maneja Sinergia, con las empresas Portobello y Pacific Petrol en Santa Elena.
La información ha sido mínima y por cuenta gotas, no es oficial  y el correísmo, junto al gobierno de Venezuela, son los únicos beneficiados por la confidencialidad brasilera y su poco interés por el resto de la región. La conclusión lógica es saber que la  lista no existe, que es un proceso de construcción  y mientras Alianza País mantenga el poder, difícilmente la sociedad conocerá quiénes la conforman.