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Autor: mh

Correa y Glas en la mira por polémico contrato del campo petrolero Auca

Escrito por mh en . Publicado en Impacto China, Otras Miradas.

Fernando Villavicencio Valencia


EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, EL FENECIDO RÉGIMEN DE RAFAEL CORREA DELGADO, FIRMÓ UNO DE LOS MÁS POLÉMICOS CONVENIOS PETROLEROS: EL CONTRATO DEL CAMPO AUCA CON SCHLUMBERGER. EL DOCUMENTO Y SUS ANEXOS FUERON UN SECRETO GUARDADO BAJO LLAVE HASTA MARZO DE 2016, CUANDO EL PORTAL FOCUS PUBLICÓ UN ESPECIAL CON LOS DETALLES DEL MILLONARIO ACUERDO. SEGUIDAMENTE, EL AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN, SOLICITÓ A LA CONTRALORÍA LA REALIZACIÓN DE UN EXAMEN ESPECIAL. EL ORGANISMO DE CONTROL, EMITIÓ UN INFORME, EL CUAL HASTA HOY NO HA SIDO DIFUNDIDO. EN EL DOCUMENTO SE INCLUYEN SERIAS OBSERVACIONES AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y A LA EJECUCIÓN DEL MISMO. AQUÍ LE CONTAMOS ESTE NUEVO CAPÍTULO.

Con las cifras económicas en rojo y llevado por una extraña desesperación de pagar los bonos global 2015 –cuyo plazo vencía el 15 de diciembre de ese año- el entonces presidente Rafael Correa Delgado, impulsó una de las mayores aventuras contractuales de su gobierno: la entrega a la transnacional Schlumberger (Shaya), del campo petrolero Auca (bloque 61) -considerado desde hace 50 años una de las “joyas de la corona“- a cambio del desembolso de $1000 millones, en calidad de “derecho intangible“, una novedosa figura con la que, se maquillaba una atípica operación de endeudamiento público. La importante suma ingresó al Ministerio de Finanzas luego de registrarse en los libros de la empresa pública Petroamazonas, como una de sus cuentas por pagar.
A esa fecha, el mismo Correa reconocía el liderazgo y la eficiencia de los funcionarios encargados de la operación: “La negociación fue muy exitosa. Felicitaciones al vicepresidente Jorge Glas y su equipo“, expresó. Efectivamente, un día antes (14 de diciembre de 2015), bajo la dirección de Jorge Glas Espinel (actualmente preso por asociación ilícita en el escándalo Odentecht), a puerta cerrada, se rubricó el contrato de servicios específicos, con una supuesta inversión de $4.900 millones, cifra en la cual se incluía el anticipo de $1000 millones. 
La urgencia de sellar el negocio fue corroborada por el entonces ministro de Hidrocarburos y presidente del Directorio de Petroamazonas, Carlos Pareja Yannuzzelli, actualmente también recluido en prisión por corrupción: “Jorge Glas nos decía todos los días que entregáramos como sea Auca y Sacha porque no había dinero en la caja fiscal“, reveló Pareja, en febrero de 2017. Pese a las críticas del exministro, fue él quien autorizó y defendió la firma del contrato con Schlumberger.
Tanto el monto por derecho intangible como los otros rubros (Opex y Capex), serían recuperados a traves de una tarifa de 26 dólares por barril, de la producción total del bloque que bordea los 67 mil barriles diarios. Es decir la compañía empezaba a recibir $1.8 millones diarios, a raíz de la firma del contrato. Así las cosas, algunos especialistas dudaban de las inversiones, pues consideraban que del mismo cuero saldrían las correas. 
A la firma del contrato, Auca alcanzó una producción de 24,5 millones de barriles anuales, lo que representaba un 19% de la producción de todos los campos de Petroamazonas, solamente superado por el campo Shushufindi. Los costos de producción históricos de Auca han sido de los más bajos del continente, entre 4 y 9 dólares por barril, hasta el año 2009, en que se dispararon hasta bordear los 30 en el contrato con Schlumberger, incluyendo costos operativos de Petroamazonas, transporte y aportes por las leyes 10 y 40.
La desesperación por conseguir los $1000 millones, encegueció a propios y extraños. Tanto las autoridades del gobierno como los ejecutivos de Schlumberger, se olvidaron considerar en su modelo económico que, la producción del campo Auca, estaba comprometida hasta el año 2024 para pagar los créditos suscritos con China y Tailandia, y ahora, con la caída del precio del crudo, prácticamente el país se quedaba, no solo sin ingresos petroleros, sino con saldos pendientes. En otras palabras, no había petróleo para pagar a Schlumberger, peor para cubrir los costos de Petroamazonas. Este coctel explosivo, de pagar deuda con un barril de petróleo cuyo costo de producción, en algunos casos superaba al precio internacional, había llevado al más productivo campo petrolero y a la propia empresa, a una situación de inminente quiebra. 
Aunque no lo quieran reconocer, la quiebra ronda Petroamazonas. Una deuda acumulada de $ 2.500 millones al cierre de 2016, de la cual solo Schlumberger reclama cerca de $ 1.100 millones, es una muestra inocultable. Y para completar el cuadro de tragedia, Petroamazonas pactó con Schlumberger, pagar la deuda, con nueva deuda. Al cierre de esta edición, el gerente de la empresa pública, anunció que colocará bonos por $ 350 millones para pagar una parte del pasivo, además, acordó cancelar $ 250 millones en cuotas desde enero del 2018 a una tasa de interés del 4 por ciento, todo esto en el marco de un acuerdo general que le permitiría cubrir $ 850 millones a la contratista. La diferencia para cancelar la deuda total con la petrolera se haría en efectivo y en títulos emitidos por el Banco Central. 
En la tarea encomendada por Rafael Correa y Jorge Glas, se destacaban los cuadros principales del staff petrolero del gobierno: Rafael Poveda Bonilla, Carlos Pareja Yannuzzelli, José Icaza Romero, José Luis Cortázar, Paula Piedra, y la asesoría de los bufetes, Hogan Lovells (José Luis Vittor) y Bustamante & Bustamante (Bayardo Poveda y Daysi Ramírez). Ellos formaron parte del exitoso equipo negociador que hizo malabares juridicos, técnicos y económicos, para cumplir con el desafío de los dos mandatarios: pagar bonos global, cubrir sueldos y supuestamente garantizar la estabilidad operativa del campo. 
Según la investigación de Focus este contrato le significaría a Schlumberger ingresos netos de $ 7.774 millones, durante los 20 años de vigencia, mientras los ingresos del Estado estarán sujetos a los vaivenes de los precios del petróleo. Por los $1000 millones de derecho intangible, Schlumberger recibirá $1536 millones en los 20 años de contrato.https://medium.com/focus-news-ecuador/exclusivo-contrato-campo-auca-loter%C3%ADa-para-schlumberger-migajas-para-ecuador-c6bdea18e9c6
A los 26 dólares de tarifa, el Estado debe asumir a través de Petroamazonas, el 46% del costo de operaciones, aquellas relacionadas con las actividades de superficie. Según Contraloría el costo operativo sería de 5,71 U$/BL, esto significa que la empresa pública incurre en gastos operativos, adicionales a la tarifa reconocida a la contratista, lo que incide en la estructura general de costos y gastos de la operación del bloque. Así, entre los 26 dólares de la tarifa a Schlumberger, los costos operativos de Petroamazonas, el transporte por el oleoducto y los aportes por las leyes 10 y 40, al país la cuesta alrededor de 30 dólares producir un barril del campo Auca.
Adicional a la tarifa que recibe Schlumberger en el bloque 61, Petroamazonas adquiere a la multinacional equipos y servicios de forma directa para la operación de ese y otros bloques y campos bajo su control.
El informe de Contraloría
Según el organismo de control, el proceso marcó un tiempo record. Inició apenas tres meses antes de la firma del contrato, el 3 de septiembre de 2015, con la suscripción de un memorando de entendimiento (MOU) entre el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda Bonilla y el apoderado de Schlumberger Ecuador. Los mismos protagonistas, veinte días después, el 23 de septiembre, firmaron un Term Sheet 1 (Carta de Intención), la cual estableció la entrega de toda la información técnica del campo. De acuerdo con el informe de Contraloría, el convenio y el Term Sheet 1 no contaron con la aprobacion del Directorio.
En este punto se ubican dos hechos destacados: la firma del convenio (MOU) con Schlumberger estuvo a cargo de Rafael Poveda Bonilla, a la fecha, ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, mientras la definición del marco jurídico y la validación de la cuestionada figura de “derecho intangle“, estuvo en manos de Bayardo Poveda Camacho, de Bustamante & Bustamante, primo hermano del ministro. La asesoría de Poveda Camacho, le costó a Petroamazonas 150 mil dólares, pero el contrato se firmó el 10 de diciembre de 2015, extrañamente un día después de concluida la negociación. 
Entre las observaciones del organismo de control, se destaca que, con fecha 5 de noviembre, Schlumberger entregó “el proyecto“ de optimización y operación del bloque 61, un documento de solo tres páginas, en el cual se determinó el tipo de contrato, el operador, el apoyo a operación (Opex), el plazo y el ingreso de la contratista sobre la base de una tarifa por barril, considerando la producción total del bloque, es decir cerca de 67 mil barriles día, a partir de la firma del contrato y por 20 años. Al día siguiente, 6 de noviembre, el Directorio de Petroamazonas, “tomó conocimiento“ de la propuesta presentada por Schlumberger. Aunque Contraloría sostiene que el Directorio conoció, pero no aprobó la contratación directa.
Con el aval del máximo organismo de Petroamazonas, el 27 de noviembre, el gerente José Icaza Romero, dispuso la preparación del informe de motivación para el Comité de Contrataciones (CC).
Días después, el CC resolvió acoger el informe y autorizar el inicio del proceso de contratación. Horas más tarde, Icaza designó la comisión negociadora, integrada por gente de confianza: José Luis Cortazar, Mónica Cushicóndor y Germán Pillajo.
Mientras la comisión trabajaja el informe, José  Icaza, no perdió tiempo, el 1 de diciembre, solicitó al ministro de Finanzas y al gerente del Banco Central, la autorización para que se proceda con la apertura de una cuenta en el Banco of China del paraíso fiscal de Panamá, para pagar la tarifa a la contratista. En el mismo banco en el cual se depositan los recursos provenientes de la venta del crudo adjudicado de Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Sin demora, ese mismo día, el ministro de Finanzas, emitió el informe favorable para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera autorice la apertura de la referida cuenta.
Para el 11 de diciembre de 2015, todo estaba listo. Ese día la comisión negociadora presentó su informe, en el cual recomendaba que el modelo de negocios propuesto, debía realizarse a través de una contratación directa. Horas después, el Comité de Contratos, resolvió “acoger el informe de la Comisión Negociadora y recomendar a Icaza, obtenga la autorización del Directorio para la contratación con Shaya Ecuador, empresa creada días antes. A renglón seguido, el gerente, tras acoger las recomendaciones, elevó el informe a consideración del Directorio. Casi sin respirar, minutos después, el Directorio emitía la resolución 034-DIR-PAM-2015-12-11, autorizando la firma del contrato.
En Carondelet el trabajo también era intenso. El mismo 11 de diciembre, Rafael Correa, emitía el decreto 844, introduciendo polémicas reformas al Reglamento para Aplicación de Ley De Régimen Tributario Interno (RLTI): la creación del novedoso “derecho intangible“ y la vía libre a que  Shaya Ecuador, pueda amortizar los $ 1000 millones de crédito con la producción total del bloque, durante los 20 años de vigencia del contrato, a través de una tarifa de 6,25 dólares el barril (US/BL), incluida en la tarifa global de 26 U$/BL.
Además, por obra y gracia presidencial, se liberó a la compañía del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), luego de contar con un criterio favorable de Ximena Amoroso, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), quien emitió un informe al filo del 10 de diciembre. Sin esa reforma tributaria la contratista tenía que pagar impuestos adicionales sobre un monto de aproximadamente $ 800 millones, que corresponde al ingreso por tarifa. De acuerdo con el contrato, Petroamazonas emitió una factura por el valor total de “derecho intangible“, es decir por los $ 1000 millones, que solo se registraron en los libros de Petroamazonas, aunque pasaron directo al Ministerio de Finanzas.
Las reformas de fondo para adaptar la normativa a las necesidades financieras del régimen, las completó el gerente de Petroamazonas, José Icaza, incorporando en un simple Manual de Procedimientos, la figura de “derecho intangible“ y obligando a la empresa pública a pagar una tarifa no por la producción incremental, como se hizo con otros campos, como Libertador y Shushufindi, sino por el 100% de la producción del bloque 61. De esta forma, el gerente con una modificación a una norma inferior, convirtió un contrato de Obras, Bienes y Servicios Específicos, en un contrato de exploración y explotación de petróleo, contemplado en la Ley de Hidrocarburos.
Esta modificación de la normativa hidrocarburífera, para facilitar la utilización de los U$ 1000 millones en actividades distintas a las de la empresa pública, contradice lo establecido en el artículo 315 de la Constitución, la cual garantiza la autonomía de Petroamazonas, y dispone que solo los excedentes no invertidos o reinvertidos podrán pasar al Presupuesto del Estado.
 

Principales conclusiones de Contraloría

  • El Comité de Contrataciones de Petroamazonas, no aprobó los términos de referencia para el proyecto de optimización de la producción y apoyo a la operación en el bloque 61. Es más, no existieron términos de referencia.
  • No existió una propuesta técnica y económica presentada por Schlumberer.
  • El Comité de Contratos y el Directorio de Petroamazonas, no aprobaron el memorando de entendimiento y el Term Sheet 1 o carta de intención.
  • El Directorio de Petroamazonas, no aprobó la contratación directa con la compañía Schlumberger.
  • El Gerente de Operaciones Zona Oeste y el Gerente de Activo Auca, no presentaron en el informe los justificativos para la contratación directa.
  • El 1 de diciembre del 2015 la Comisión Negociadora inició las negociaciones con un documento de “tres hojas“ entregado por Schlumberger, como la oferta técnica – económica, lo que para la Contraloría no constituye una propuesta.
  • El desembolso de $1000 millones que se negoció como “derecho intangible”, valor adicional a la inversión, fue calculado a valor corriente del año 2014, en ese rubro se incluyeron actividades de inversión del primer año del contrato a pesar de que ese valor corresponde a actividades futuras a las que está obligada a realizar la contratista.
  • En la tarifa de 26 U$/BL se incluyó el 54% de Opex. 
  • Shaya recibirá durante los 20 años de operación en el campo Auca, $1.536 millones como derecho intangible, resultado de una tarifa por servicios principales equivalentes a $ 6.25 por barril y a un factor de actualización del 7%.
  • La contratista asumió el 54% de los costos y gastos operativos, lo que determinó que el valor a pagar por la tarifa sea por el total de la producción fiscalizada del campo y no por la producción incremental.
  • Petroamazonas asumió el 46% del costo total de las operaciones del bloque 61. Es decir, existen dos operadores.
  • La evaluación económica del proyecto realizada por la comisión negociadora, no estuvo acorde con las condiciones reales de comercialización del crudo. Es decir, el crudo de Auca comprometido al pago de líneas de crédito con China y Tailandia, no permite la recuperación de costos a Petroamazonas.
  • El contrato no fue adjudicado por el cuerpo colegiado de la empresa, sino por el gerente de Petroamazonas, violentando lo que determinan los procedimientos contractuales.

CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA EN LA CONSULTA

Escrito por mh en . Publicado en Otras Miradas.

ACCIÓN ECOLÓGICA
La primera pregunta de la consulta popular es sobre la corrupción. Y no es para menos, los ecuatorianos y ecuatorianas vemos con estupor la serie de denuncias que se han ido destapando en relación a un gobierno que se declaraba, una y otra vez, de “manos limpias”.
La corrupción es inherente a los sistemas económicos en donde el dinero tiene prioridad sobre lo social y lo ambiental. Está ligada principalmente a grandes proyectos de infraestructura, ya sea petrolera, minera, hidroeléctrica, carreteras, puertos, aeropuertos y hasta en proyectos sociales, como educación, salud, o deportes. La corrupción no se queda en el otorgamiento de licitaciones, implica la garantía de la implementación del proyecto a como dé lugar, aún cuando se trate de un elefante blanco y se imponga con violencia en los territorios.
Basta ver lo que ha pasado con la Refinería del Pacífico, largamente promocionada por la “revolución ciudadana” como su proyecto estrella. Según declaraciones de Conceição Santos, ex representante de Odebrecht en Ecuador, esta empresa pagó más de 7 millones de dólares en coimas para obtener la licitación de la remoción de tierras en donde se construiría esa industria; y otro tanto para la construcción del acueducto de la Esperanza hasta el Aromo. Ambos proyectos han sido cuestionados además por los contratos complementarios que aumentaron abrumadoramente el costo final de los mismos, práctica histórica de Odebrecht.
Estas obras, que iniciaron sin las respectivas licencias ambientales, han significado el despojo de tierras a las comunas ancestrales de la zona, la destrucción de sus cultivos y de su dinámica comunitaria. Así también la deforestación de los últimos bosques secos tropicales, únicos en el mundo,  con un gran valor en biodiversidad y especies endémicas. Vale decir que estas obras se asentaron en tierras donde existían importantes vestigios arqueológicos y culturales parte de la historia del país. La remoción de millones de metros cúbicos de tierra y rocas, y el uso de dinamita, han dejado un paisaje desolador; tanto como las graves denuncias de corrupción.
Otros casos denunciados por Odebrecht, en los que también constan millonarias coimas pagadas son el poliducto Pascuales-Cuenca, la central hidroeléctrica Manduriacu, y el proyecto Daule Vinces.
Ya la Comisión Anti Corrupción había denunciado en el 2015 un sobreprecio en la construcción de la Central hidroeléctrica Manduriacu. La misma Comisión también denunció en el 2016, irregularidades en la compra del terreno en dónde se ubicaría la Refinería del Pacífico. Por otra parte según investigaciones de Acción Ecológica el proyecto multipropósito Baba-Quevedo y el trasvase Daule-Vinces, no sólo tienen graves sobreprecios, sino que fueron construidos a pesar de no existir suficientes caudales para su funcionamiento, razón por la cual, siguen sin operar a plenitud.
Conceição Santos, en sus declaraciones de septiembre del 2017, también hizo referencia a coimas por parte de las empresas chinas para obtener licitaciones con el Estado, habría entonces que investigar las adjudicaciones petroleras, mineras e hidroeléctricas, entre otras, otorgadas a estas empresas.  Las empresas chinas han construido la mayoría de los grandes proyectos multipropósito que el gobierno de Rafael Correa se empeñó en impulsar con un discurso de “energía limpia”. Pero al parecer no ha sido tan “limpia”. Vale recordar que estos proyectos han sido entregados a dedo a las empresas de ese país, pues se realizan bajo el régimen de “excepción” es decir sin siquiera mediar un concurso público.
El Proyecto Multipropósito Chone fue impuesto con violencia contra familias campesinas y la zona fue militarizada para que la empresa china TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP LTD. inicie la construcción. La represa inundó miles de hectáreas de suelos agrícolas. En el caso de la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair, construido por la estatal china SINOHYDRO murieron 13 obreros por el derrumbe de un pozo de presión. Las empresas chinas han sido señaladas permanentemente por casos de maltrato y malas condiciones laborales y negligencia socioambiental. La corrupción en estos proyectos estaría relacionada además con la apropiación y control de caudales enteros de ríos, cuencas de drenaje y bosques por 30 a 50 años, produciendo desplazamientos, deforestación y desertificación, desvío y secamiento de ríos y pérdida de biodiversidad.
En el caso de las concesiones mineras, el gobierno firmó en el 2012 el primer contrato para la explotación de minería industrial a cielo abierto con la empresa china ECSA (consorcio entre la CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION (CRCC) y el grupo TONGLING NONFERROUS METALS). La concesión del proyecto Mirador en la Cordillera de El Cóndor, se ubica en territorio indígena y tierras campesinas. En este caso se dio también la criminalización de la resistencia al proyecto, el asesinato, aún no esclarecido, de dirigentes shuar antimineros y el violento desalojo de familias en Tundayme; el conflicto está aún pendiente de resolver. Conflictos similares se han dado con la misma empresa en el proyecto minero Panantza San Carlos también en la Cordillera de El Cóndor y con la china JUNFIELD en el proyecto Río Blanco en Azuay. El desarrollo de proyectos mineros implica la remoción de enormes cantidades de tierra y rocas, uso de sustancias químicas tóxicas, alteración irreversible del medio social y natural y consumo intensivo de agua y energía. 
Tomando en cuenta éstos y muchos otros casos, los impactos de la corrupción a los pueblos y la naturaleza, que constituyen un inmensa deuda ecológica, deben incluirse dentro de las sanciones establecidas en la consulta – y las reformas correspondientes -, así como la urgencia de una reparación integral.
Enfrentar la corrupción significa no repetir los errores cometidos al priorizar el dinero sobre lo social y ambiental, implica respetar los territorios y formas de vida de los pueblos, cuidar la naturaleza y fuentes de sustento, y promover la construcción colectiva del sumak kawsay, en su profundo significado, para las actuales y futuras generaciones.
Esto espera la sociedad.

Nuevas evidencias de la metida de mano en la justicia; ya en 2015 la Corte de Justicia de Perú determinó persecución política en este caso

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Bajo el título de “Correos electrónicos de Alexis Mera revelan manipulación de procedimientos judiciales en la Corte Constitucional”, Ecuador Transparente exhibió hoy emails del ex Secretario jurídico de la Presidencia, algunos de los cuales ya empezaron también a difundirse mediante la red social twitter el fin de semana: "Alexis Mera manipuló justicia para perseguir empresarios como Welmer Quezada, me consta, lo hizo cn Icaro. Pedro Espinosa, asesor d Baca, su acólito". Este es el contenido de un tweet hecho público este 6 de octubre, en la cuenta de Esteban Saltos. Se refiere a un email de Mera, dirigido a Pedro Espinosa, uno de sus colaboradores en la presidencia de la República, sobre una sentencia lograda en el caso del empresario Welmer Quezada.

Sobre la base de esta información y de datos investigados por Mil Hojas, este portal analiza otras aristas e implicaciones del caso Quezada, como un ejemplo de cómo se manejó la justicia en el Ecuador en la última década.

En medio de constantes denuncias como la manipulación para el nombramiento de jueces a conveniencia del ex mandatario Rafael Correa o las de abusos de poder y coerciones para obtener fallos favorables a gente cercana al régimen, siguen apareciendo los casos de “la metida de mano en la justicia” en los que se revela la injerencia de ex altos funcionarios del Gobierno anterior en casos de su interés.
Filtraciones de varios emails del ex Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dan cuenta de la forma en que coordinaba acciones para revertir determinadas sentencias valiéndose de dictámenes de la Corte Constitucional, mediante el uso de la acción extraordinaria de protección en favor del Estado, cuando este tipo de garantías fueron concebidas para proteger a personas y colectivos humanos y no a personas jurídicas.
Uno de los casos en que se evidencia estos manejos es el del empresario Welmer Edison Quezada Neira, acusado por la entonces Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) del delito de defraudación aduanera.
El 11 de marzo del 2009 la CAE detectó una supuesta subvaloración de mercancías importadas por parte de grupo Quezada por $ 1’663.412,66, valor que implicaba una evasión tributaria de casi $700 mil.  La autoridad aduanera denunció que Corporación Quezada, cuyo representante legal era Welmer Quezada, había cometido falsificación en sus declaraciones aduaneras.  
El juez de la causa dictó órdenes de detención en contra de Quezada, Mercedes Loaiza, Jorge Arias y Harold Esmeraldas, representantes de la empresa y de firmas relacionadas al Grupo Quezada.
Entre 2007 y 2009, en los juzgados de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil se iniciaron siete juicios, luego fueron desechados dos y los demás quedaron en trámite.  
Con la vigencia del Código de la Producción, que sustituyó a la CAE por el Servicio Nacional de Aduana (Senae) desde diciembre de 2010, los abogados de la autoridad aduanera consideraban que al acusado se le podía aplicar una pena máxima de 5 años de cárcel y cobrar una multa de $ 17’835.090, ya que la sanción prevista en esa norma es el pago de la evasión multiplicada por 10.
Quezada era uno de los mayores importadores de electrodomésticos, automóviles y tecnología durante 2007, año en el que su conglomerado era parte de los 17 grupos económicos más grandes del país. Entre sus empresas figuraban no solo aquellas relacionadas con el comercio sino también medios de comunicación como el diario ‘Opinión’ de Machala y la radio Candela, que eran consideradas de oposición por el Gobierno de Correa.
Al momento, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), la corporación Quezada, conformada por 22 empresas, ha descendido hasta ocupar el puesto número 187 en el ranking de los grupos económicos más grandes del país.
El 26 de agosto de 2014 la Interpol publicó una difusión roja sobre Quezada y en septiembre de ese año el empresario fue apresado en el aeropuerto de Lima, Perú por una orden internacional. 
La justicia ecuatoriana pidió su extradición. Pero las anomalías en los procesos judiciales seguidos en contra del empresario fueron denunciadas no solo por su abogado Jorge del Castillo; la justicia peruana determinó, más tarde, que no había garantías de independencia en la función judicial del Ecuador.
Luego de la detención de Quezada, su abogado aseguró que las acciones legales en su contra eran un claro ejemplo de la persecución política que ejercía Correa hacia los medios de comunicación que consideraba opositores. En declaraciones para diario El Comercio de Quito (en enero de 2015), Del Castillo aseguró que la solicitud de extradición era fraudulenta, pues el delito que se le imputaba había sido archivado y fue sobre esa base que se pidió a la Interpol su captura.  Y añadió que en Perú no cabe la extradición por delitos relacionados por el no pago de tributos aduaneros.
¿Por qué se cuestiona el manejo de los juicios contra Quezada?
El 3 de diciembre del 2010, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas revocó el auto de llamamiento a uno de los juicios (#178-2009, 656-2010) de Quezada y dictó su sobreseimiento definitivo.
A partir de este hecho apareció en escena un abogado de la ex CAE, Carlos Cortaza Vinueza. Sus credenciales no solo se limitaron a su experiencia en asesorías jurídicas a instituciones del Estado debido a su experticia en Derecho Penal y Derecho Penal Económico, sino que acreditaban también a su favor una amistad con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, como se verá más adelante.
El 5 de enero de 2011 Cortaza presentó una acción de protección extraordinaria en contra del mencionado sobreseimiento definitivo, la cual fue aceptada por la Corte Constitucional. 
Pero debido al período de transición de la función judicial, que arrancó en julio de 2011, los miembros de la nueva Corte Constitucional fueron posesionados el 6 de noviembre de 2012, por lo que se hizo un nuevo sorteo de la causa en enero del 2013 que recayó en la jueza Ruth Seni Pinoargote, con lo cual el trámite se inició en marzo de ese año.
En un email enviado por Carlos Cortaza a Alexis Mera, el 3 de septiembre de 2013 a las 9:14,   el abogado de la entidad aduanera le agradece “por toda la ayuda en el tema WQ (Welmer Quezada) y le dice además que “con las resoluciones obtenidas de la CC (Corte Constitucional) vamos a reactivarle todos los casos que sea posible acá en Gye” (sic). 
Tan efectiva fue la ayuda de Mera en el caso Quezada que el 25 de septiembre del 2013, mediante la sentencia # 079-13-SEP-CC,  la Corte Constitucional dejó sin efecto lo resuelto por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte del Guayas, argumentando que los derechos que se vulneraron fueron el de seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 
Es decir, todo apunta a que Cortaza ya conocía desde inicios de septiembre que iba a obtener resultados favorables sobre este proceso.
La jueza Seni fue una de los siete jueces propuestos por el Ejecutivo para integrar la nueva Corte y Patricio Pazmiño, quien firmó esta sentencia como presidente de la Corte, también fue delegado del Ejecutivo para integrar el máximo órgano de administración e interpretación de la justicia. Y en 2016 fue postulado por el Gobierno, como candidato a ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta sentencia, la Corte Constitucional también pidió al Consejo de la Judicatura que investigue la conducta de los jueces de la mencionada Sala (que dictó el sobreseimiento) “debiendo informar al pleno de la Corte sobre lo que se actúe y resuelva al respecto”. Al poco tiempo estos jueces fueron destituidos.
El 19 de septiembre del 2013, con el título de caso WQ, Carlos Cortaza dirige un nuevo email a Alexis Mera en el que reporta haber hecho acciones para mover los casos de Quito a Guayaquil como si este abogado fuese un alto funcionario judicial: “Ya hice regresar los casos de UIO y mañana lo paso al juzgado 25 penal de Guayas para que le ordenen otra prisión preventiva a WQ y compañía”.  
Tres días más tarde Mera le contesta pidiéndole que le mantenga informado del tema.  
En otro juicio aduanero (N° 09123-2010-0490) iniciado en contra de Quezada, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, el 26 de abril de 2011, decidió que se archive la causa y se levanten todas las medidas cautelares por considerar que no había delito que perseguir al haberse derogado la ley Orgánica de Aduanas y entrar en vigencia el Código Orgánico de la Producción.
Carlos Cortaza volvió a interponer una acción extraordinaria de protección en este caso. La Corte Constitucional aceptó y el 24 de julio de 2013 emitió una sentencia mediante la cual dejó sin efecto el dictamen de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas, indicando que se han vulnerado los derechos de seguridad jurídica y al debido proceso.
Pero no solo eso, la Corte ordenó también retrotraer (efecto retroactivo) el proceso hasta el punto en que se hizo el llamamiento a juicio de Quezada (en noviembre del 2010) para que continúe el trámite del proceso penal N° 0490-2010. 
Casi dos meses después de este dictamen de la Corte, bajo el título de “Info casos Senae”, en un email del 30 de septiembre del 2013, dirigido a Alexis Mera, Carlos Cortaza le informa no solo que el proceso volvió a la etapa de llamamiento a juicio, sino que “ya salió la primera orden de prisión preventiva contra WQ de los dos casos que regresaron de la Corte Constitucional”. 
Es decir, se cumplía al pie de la letra las acciones coordinadas entre Cortaza y Mera.
Cortaza informaba al ex Secretario Jurídico de la Presidencia, a detalle, los avances de todos los procesos iniciados en contra de Quezada. En un email enviado a las 15:51 del 3 de octubre del 2013 le remitió un informe, actualizado a esa fecha, con pormenores de cada juicio. Por ejemplo, daba cuenta del caso que fue archivado por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas al que califica como el más importante “porque fue un comportamiento terrible de la Sala Fiscal de ese entonces que favoreció a WQ archivando el caso también por supuesta discriminalización del fraude aduanero”.
Los jueces de la Tercera Sala terminaron destituidos, como se confirma en este email en el que Cortaza informa a Mera que puso una queja en contra de esos magistrados, la cual  fue resuelta con la separación de sus cargos.
Adicionalmente especifica que en otro de los juicios (#1094-2009) en el que la Primera Sala del Tribunal Fiscal #2 también ordenó su archivo por no existir delito, el proceso fue sorteado a la Primera Sala Penal. Pero la Senae presentó varios recursos (casación, recusación y de hecho) en contra de los jueces de esta sala, con un resultado final favorable a la autoridad aduanera.
El 28 de octubre de 2013, a las 13:22, Mera reenvía, a Pedro Espinosa y Martin Vergara, la sentencia del caso 0490-2010 en la que la Corte Constitucional dejó sin efecto el archivo de uno de los juicios aduaneros en contra de Quezada. En este mensaje Mera pide a Espinosa que le informe sobre el segundo caso WQ.
Tanto Espinosa como Vergara tenían el cargo de asesor 2 de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El primero ha sido señalado por el activista Fernando Villavicencio como el brazo ejecutor de la persecución judicial en su contra. En este link se encuentran todos los correos electrónicos entre Mera y Cortaza: https://ecuadortransparente.org/correosmera2/
El uso y abuso de las garantías constitucionales de derechos humanos en favor del Estado
La acción extraordinaria de protección, junto a figuras como la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data y el acceso a la información pública son mecanismos constitucionales de garantía de derechos humanos. Y eso supone que quienes pueden recurrir a estas acciones son personas o colectivos humanos porque solo estos son titulares de derechos. Las personas jurídicas y en particular las de derecho público no ostentan tales derechos.
La Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional sustentan esta aseveración de María Dolores Miño, docente de la UDLA y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia.
La experta explica que es un contrasentido que el Estado use la acción extraordinaria de protección porque ese tipo de figuras están diseñadas precisamente como un límite al poder público en su capacidad de restringir o incluso violar los derechos humanos. 
Califica como grave la forma en que el Estado ecuatoriano ha desnaturalizado las acciones constitucionales de protección. “Es como que alguien trate de cobrar una deuda sin ser el acreedor, es decir no tiene legitimación activa para ello”, enfatiza Miño.
Cómo entender que sea la Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación de la Constitución, el que coadyuve a desnaturalizar la acción extraordinaria de protección? 
En julio de 2012 cuando circuló un memorando (No 1605-CJT-IEM-S-2012) del entonces coordinador de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, que advertía: “en forma reiterativa se ha debido aplicar sanciones en contra de aquellos jueces que han resuelto favorablemente acciones de protección de actos administrativos, cuyo objeto de reclamación tiene que ver con aspectos de mera legalidad y que pueden ser impugnados en la vía judicial…”
A partir de entonces, a nivel de jueces constitucionales empezó a ejecutarse un patrón: el aceptar y conceder las acciones de garantía de derechos propuestas por el Estado. El caso que sentó el precedente fue la acción de protección que presentó en contra de Diario la Hora, el entonces Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Oscar Pico, en noviembre de 2012.
La causa de ello fue el haber difundido una información entregada por Participación Ciudadana sobre el gasto gubernamental en publicidad oficial. El funcionario argumentó que el mencionado medio de comunicación, “en perjuicio del Gobierno Nacional y la Función Ejecutiva, violó sus “derechos constitucionales a la información veraz y el derecho a la rectificación”. 
Organizaciones de defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión cuestionaron el uso de este recurso, pero esas prácticas han continuado, como una moneda de dos caras. La primera, por la cual se han utilizado los mecanismos constitucionales como una forma adicional de represión y la otra en la que se ha inhibido a los jueces mediante amenazas para no conceder las acciones de protección de acuerdo con el fin para el cual fueron diseñadas: proteger los derechos de las personas. 
“Parece ser que hay una cultura judicial de carácter sistemático y reiterado de utilizar los mecanismos constitucionales de garantía de derechos como herramientas de blindaje y protección de los intereses del Estado”, recalca Miño.
En la Corte Suprema del Perú el caso Quezada evidenció la falta de independencia de la justicia ecuatoriana
Tanto estas comunicaciones vía email con un alto funcionario del Ejecutivo que muestran el control directo que se ejercía sobre determinados casos tramitados en las cortes, como la práctica consecutiva de la acción de protección en favor del Estado confirman lo que hace más de dos años un tribunal peruano determinó en el caso Quezada: “que no hay una recta impartición de justicia en el Ecuador”. 
Luego de los tres meses que duró el proceso de extradición a Welmer Quezada, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema peruana emitió su pronunciamiento, destacando que según la legislación de ese país, la solicitud de extradición no procederá cuando “la recta impartición de justicia del Estado requirente no estuviera garantizada” y más adelante sostuvo que en efecto en este caso no existía tal garantía.
La providencia señaló que se ha evidenciado, incluso mediante la visualización de una videocinta durante el informe oral (sabatina de marzo del 2009), que “el Presidente de la República del Ecuador muestra desagrado por el ciudadano ecuatoriano requerido”, al punto de considerarlo como un ‘inmenso contrabandista’, contra quien ya tiene pruebas. 
La resolución del tribunal peruano se refiere a un video en el que Correa habla del caso en los siguientes términos: “Se trata de grandes contrabandistas, mecenas políticos, dueños de medios de comunicación, que siempre hacían de las suyas, estoy hablando del caso Quezada, ya tenemos todas las pruebas, pero para variar ya saltaron los abogados de siempre, para decir que es persecución política (…). Ahí están las pruebas de este inmenso contrabandista…”. 
Otro argumento de la providencia fue la aseveración de que “la justicia ecuatoriana ordinaria había archivado las causas por las que hoy se le pretende extraditar. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador revivió todos esos casos e investigaron a los jueces de la justicia ordinaria que los habían archivado… “
Para negar la solicitud de extradición de Quezada, en enero del 2015, la Corte Suprema de Justicia de Perú consideró que existió una persecución irregular y falta de imparcialidad de la justicia ecuatoriana en este caso. 
Pero el caso en las cortes ecuatorianas no terminó ahí. El Senae logró que el caso Quezada por el delito de defraudación aduanera vuelva a los tribunales para que dos de los procesados se enfrenten a un nuevo juicio. En la audiencia de apelación instalada en contra de las prescripciones dictadas en el caso Quezada, a favor de Mercedes L. y Welmer Q., los miembros del Tribunal acogieron los argumentos del Senae. 
En consecuencia, el juicio deberá continuar desde el momento en que se declaró la prescripción por el juez que conocía la causa, ratificándose que no prescribió la acción.

Pinchazos a Caupolican Ochoa dan cuenta de supuestos pagos a jueces y funcionarios del Consejo de la Judicatura

Escrito por mh en . Publicado en Impacto China, Reportaje.

MilHojas.is
Era el 23 de noviembre de 2015, a esa fecha el departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos desarrollaba una investigación de tráfico de oro y lavado de dinero en Latinoamérica y Ecuador era uno de los protagonistas. Conocían que importantes volúmenes de oro peruano eran contrabandeados al Ecuador para ser exportados a los Estados Unidos en condiciones supuestamente legales. Los responsables de esas operaciones eran Gustavo Jurado Tejada y de los hermanos Alberto, Xavier y Jordi March Game, hombres respetables de la sociedad guayaquileña y que habían contratado los servicios de Caupolican Ochoa.
Para entonces el abogado del presidente no sabía que el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trabajaba con un agente encubierto llamado Juan Granda. Él se encargó de enganchar las piezas del sistema de contrabando de oro -desde el departamento peruano de Madre de Dios hasta el Ecuador- y la supuesta compra venta del metal por las empresas de los March, usando documentos falsificados para su posterior exportación a Florida, Estados Unidos.

Cesar Ochoa no perdió tiempo y solicitó a sus clientes (Jurado y los hermanos March) $50 000 para evitar posibles detenciones. Caupolican y Cesar Ochoa no sabían que la policía había interceptado sus teléfonos como parte de la investigación del tráfico de oro internacional. Hoy MilHojas.is publica por primera vez el peritaje policial a los diálogos telefónicos de los abogados con sus clientes entre el 18 de noviembre y el 28 de enero de 2016. En estos se nombra a varios funcionarios del anterior gobierno: Fernando Cordero (ministro de defensa), Xavier Ponce (ministro de agricultura), David Norero (Ministerio del Interior), general Luis Garzón (Jefe del Comando Conjunto) y Gustavo Jalkh presidente del Consejo de la Judicatura.
Sobre este último funcionario el peritaje de voces dice textual: “C recibe una llamada de MD, MD le dice que está preocupado por lo de Guayaquil, C le dice que ya han hablado con el Consejo de la Judicatura para que se paralize un mes por que en eso corrió mucho dinero la idea es que rectifique, MD le dice que están acando a los 3ps (gente), C le dice que 4p (Gustavo JALK) cambio de juez por que el había recibido dinero, y que el hablo con 5p (Pepe) del ministerio y que ya tenían conocimiento que las cosas se habían complicado porque había mucho dinero de por medio”.
El peritaje ya fue mencionado por el portal Vértice News en junio de 2016, en un informe llamado “La ruta criminal del oro ecuatoriano” que narró los pinchazos al teléfono del abogado. Ochoa era escuchado día y noche por la relación profesional que prestaba a los March. El tema no era desconocido los Ochoa porque meses antes, en julio de 2015, el portal planv.com.ec publicó un amplio informe sobre el oro ilegal que salió desde Guayaquil hacia el estado de Florida nombrando a la empresa de los March Game como parte de los ilícitos.

Departamento amazónico de Madre de Dios al sur de Perú, de esta zona se extrae el oro que fue transportado a Ecuador y luego exportado ilegalmente a los Estados Unidos
El 24 de noviembre Cesar Ochoa llegaría a Quito a tratar de detener el proceso de fiscalía hacia Gustavo Jurado y sus socios en Clearprocess y Spartan.  En la audiencia de formulación de cargos por este caso de lavado (09281-2016-03513) se identificó que Spartan realizó transferencias por valor de US$850.000 a favor de NAPARINA CORP S.A., empresa de Enrique Cadena Marín, involucrado en los procesos de intermediación de crudo ecuatoriano. El nombre de Cadena Marín saltó internacionalmente cuando se conoció la base de datos de Panamá Papers, en esta aparece su relación con Gunvor y Castor Petroleum en la que recibieron 1 dólar por cada barril de petróleo que Ecuador entrega a Petrochina.
¿Es Naparina una empresa de lavado de oro y petróleo?
Un día después Fernando (el corcho) Cordero es mencionado en las charlas telefónicas, pero no especifica si jugó algún papel en el caso.  El 25 de noviembre Cesar Ochoa conoce que la información fue filtrada a los involucrados por un fiscal de Machala. Dos días después se conoce del primer allanamiento a la propiedad de Gustavo Jurado, en la intervención encontraron armas de fuego sin permisos y por esa razón fue detenido.
Ochoa de inmediato pidió el nombre del juez para hablar con él.  El peritaje evidenció que a Gustavo Jurado le incautaron dos carabinas antiguas y tres armas. Ochoa le dijo a Jurado que “ha mandado a David Norero, asesor del ministro del interior (José Serrano) que y va hacer muy útil. Ese mismo 27 de noviembre se intercepta una llamada de Ochoa que dice haber hablado con el juez y que “limpiamente no va a poder salir”, calcula que necesita $ 10000 para sacarlo.
Ochoa consideraba que contaría con la ayuda de David Norero pero este le dijo que por orden del ministro no se meta en el caso porque estaban cosas por salir. En el peritaje se transcribe así: “el ministro no quiere que intervengan ninguno de los dos (padre e hijo)…le ha dicho que hay un grave error y que le ha dicho ve CAPOLICAN yo tengo toda la información Dirección Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado…”.
Esas declaraciones no detuvieron a Ochoa, una llamada el mismo 27 de noviembre dice: “Karina llama a Capolican, le dice que se encuentra en el cuartel modelo esperando la audiencia le comenta además que la hija de Gustavo tiene un novio que trabaja con jueces y este a llamado a un abogado para que hable con el juez y este a aceptado arreglar por menos dinero”. Diez minutos después Ochoa hizo otra llamada que registró este mensaje: Capolican llama a Karina, le pregunta como va todo, le dice que ya salió libre Gustavo Jurado que el juez le aceptado por ocho mil dólares y el 9 de diciembre 2015 empieza el juicio”.

Caupolican Ochoa y su hijo César manejaron casos importantes para miembros cercanos de la Revolución Ciudadana, pero no tenían idea que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos invesigaba a sus clientes 
En la página de consultas del Consejo de la Judicatura se corrobora que Jurado fue encausado ese día (27 de noviembre) por tenencia de armas, que se emitió su boleta de excarcelación y que fue llamado a juicio el 9 de diciembre.
El 30 de noviembre Caupolican Ochoa recibe la llamada del general Luis Garzón y le pregunta si ya está en Quito porque ya le tiene el informe que le pidió. Ochoa le dijo que no podía hablar sobre ese tema y que se reunirá personalmente con él. Los investigadores consideraron que Caupolican posiblemente sospechaba que estaba interceptado.
El 9 de diciembre Ochoa recibió por primera vez una llamada de Javier March. Le dijo que le gustaría hacer una reunión el martes 15 de diciembre y que buscaba información para fortalecer su tema.
Dias después Ochoa presentó información de las empresas de los March en la Agencia de regulación y control minero, Arcom. La última información filtrada fue una llamada desde Guayaquil en que le manifestaron preocupación “por lo de Guayaquil”. Lo mas trascendente fue el Consejo de la Judicatura y el cambio de juez que supuestamente ejecutó Gustavo Jalkh porque llegó a conocer los hechos que se narran en este imforme, en este último pinchazo se habla de entrega de dinero pero no contextualiza a quiénes fueron los emisores y receptores. 

Se denuncia persecución en contra de Fernando Villavicencio, su defensa pide medidas cautelares a la CIDH

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Los abogados del activista Fernando Villavicencio pidieron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgue medidas cautelares para suspender la orden prisión preventiva ordenada en su contra.
Desde el medio día del 18 de septiembre pasado la Policía ejecutó un operativo de vigilancia a la casa de Villavicencio que incluyó el cierre de las calles de acceso a la vivienda, ubicada al norte de Quito.
Esto se dio luego de que el activista se presentara de forma sorpresiva en una rueda de prensa en la que anunció que demandará al ex presidente Rafael Correa, al actual vicepresidente Jorge Glas y a ocho exfuncionarios más del Gobierno anterior, por presunto peculado en la venta de petróleo a largo plazo con China y Tailandia. 
Denunció un perjuicio al país por $ 2.400 millones debido a contratos firmados con empresas de los países mencionados (específicamente con Petrochina), que dejaron a Petroecuador sin capacidad de comercializar su crudo. Esto, al amparo de la figura de alianza estratégica. 
El activista político tiene orden de prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de divulgación de información reservada, medida que fue ratificada el pasado 5 de agosto. Debido a esta situación Villavicencio solicitó asilo político a Perú, donde permaneció por más de ocho meses en espera de respuesta.
Luego de que la Policía rodeó la casa del activista, su esposa Verónica Saráuz, denunció mediante redes sociales que temía un allanamiento. “Esa es la respuesta que dan al llamado de Lenin para que denuncien corrupción @fevillavicencio tiene medidas cautelares de la @CIDH”,  cuestionó Saráuz, vía tuiter.
Enseguida se evidenciaron muestras de respaldo por parte de ciudadanos que se han movilizado hacia la vivienda de la Villavicencio y su familia, pidiendo a las autoridades que cese el hostigamiento.
“Hay una persecución sistemática en contra Fernando Villavicencio y su familia por denunciar numerosos casos de corrupción que involucran a los más altos funcionarios de Ecuador. Los constantes actos de intimidación, hostigamientos y amenazas de muerte perpetrados por el Gobierno en su contra persisten hace más de seis años”,  señalaron los abogados del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en una carta enviada al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y al Relator Especial para la Libertad de Expresión del mismo organismo,  Edison Lanza, este 19 de septiembre.
En el documento se relata que tras las denuncias de irregularidades cometidas por el Gobierno de Correa en la negociación con Petrochina, hechas por Villavicencio a su retorno a Ecuador, el Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, advirtió que la orden de prisión en su contra estaba vigente y podía ser detenido en cualquier momento.
Esa misma tarde, agentes de la SENAIN (Servicio de Inteligencia de Ecuador) acudieron a la entrada de la vivienda del activista, así como patrulleros de la Policía Nacional. 
La defensa de Villavicencio narra que los agentes policiales comenzaron a requisar a todas las personas que circulaban por las inmediaciones y los autos que salían del edificio. En poco menos de dos horas más de 20 autos sin placa del Estado rodearon la vivienda familiar. Incluso el comandante de la Policía Judicial se presentó en el lugar, pero permaneció escondido para no ser identificado.
En esta carta se enfatiza que a estos hechos hay otras circunstancias que agravan aún más la situación del periodista, pues este se vio obligado a regresar a Ecuador, a pesar de la orden de prisión preventiva en su contra debido a que “su permanencia en el Perú se tornaba cada vez más peligrosa. Su vida e integridad física se encontraban en riesgo. Empresarios vinculados a la intermediación petrolera habían comenzado a perseguirlo y acosarlo para evitar que continuara denunciando escándalos de corrupción petrolera que los involucraba la magnitud del operativo desplegado revela no solo la intención de apresar a Villavicencio sino también el propósito de intimidarlo y hostigarlo para silenciar su libertad de expresión.
Por lo tanto, los abogados del activista plantean que sean otorgadas las medidas cautelares solicitadas a la CIDH el día 2 de noviembre de 2016 y ampliadas el día 23 de diciembre de 2016, el 28 de marzo, 27 de junio de 2017 y el 9 de agosto de 2017, a fin de suspender la prisión preventiva ordenada en su contra.
También piden que el Estado de Ecuador otorgue medidas de protección efectivas para resguardar la vida de Villavicencio, su esposa y sus dos hijos y que cese la persecución y criminalización judicial y política en su contra.
Aseguraron que en este caso se cumple con los tres requisitos  señalados por el artículo 25.2 del Reglamento de la Comisión para el otorgamiento de medidas cautelares: la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño.
La gravedad del caso se explica en que "la prisión preventiva a Villavicencio producirá un efecto silenciador, pues se someterá a las personas a constante autocensura antes de denunciar, revelar, publicar o difundir algo que pueda ofender a los más altos funcionarios del gobierno. En este caso la gravedad no solo queda acreditada por la entidad de los derechos en riesgo sino también por la desprotección que tienen las víctimas ante la inacción por parte de las instituciones que debieran velar por la seguridad y resguardo de las vidas de sus ciudadanos”.
Es urgente la medida cautelar debido a que hay la amenaza inminente de que la reclusión en un establecimiento carcelario de Villavicencio puede materializarse en cualquier momento.
En cuanto a la irreparabilidad, se señala que "la decisión de privar preventivamente de la libertad al periodista tiene un efecto pluriofensivo sobre múltiples derechos y otros bienes jurídicos , que, de ser contraria a la Convención Americana, resultaría imposible reparar íntegramente con posterioridad”.
En este contexto la defensa de Villavicencio advierte también que si la Comisión no adopta estas medidas cautelares la prisión preventiva ordenada contra de Villavicencio agudizará el marco intimidatorio – ya existente – en contra de otros periodistas y de cualquier persona que quiera denunciar situaciones similares. 
En la solicitud se resalta también que en este contexto deben considerarse las medidas cautelares otorgadas el 24 de marzo de 2014 (MC 30-14) y que continúan sin ningún tipo de cumplimiento por parte del Estado, luego de más de tres años de su otorgamiento. En enero de este año las autoridades del Gobierno de Correa señalaron que no viabilizarán el pedido de medidas cautelares en favor de Villavicencio, indicando que “Ecuador lamenta la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que "con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posición de evidente injerencia política a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley". En un comunicado del Ministerio de justicia se dijo que "el Gobierno del Ecuador rechaza las pretensiones de Fernando Villavicencio de victimizarse ante la CIDH, para que esta entidad se pronuncie a su favor por una supuesta afectación a sus derechos".
Ahora, las nuevas autoridades de Gobierno han dicho que están analizando la situación legal del activista. "Nosotros damos cumplimiento a las órdenes de detención y las personas que son requeridas por la justicia. Vamos a tener una reunión con el ministro, vamos a evaluar todo lo que tenemos judicialmente… Si tiene boleta habrá que detenerlo", dijo ayer el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla. 
La tarde de este miércoles el Ministerio del Interior y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que desmintieron que el coronel Ramiro Ortega, director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, haya agredido a la hija de Villavicencio en el operativo de vigilancia que se realiza a su domicilio. En redes sociales, Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio acusó a Ortega de intentar "agredir a mi hija menor de edad porque le tomó esta foto (cuando) estaba escondido tras un basurero".

Tambalea grupo económico Eljuri, el más grande de Ecuador, por lavado y evasión

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

Un sombrío banco en Curazao con el que se pagaban sobornos de Odebrechet fue el detonante. El grupo tiene tentáculos en Colombia, Bolivia, Perú y México, entre otros.

Por Gonzalo Guillén* y Christian Zurita, Bogotá.
Colaboración con Hispanopost            

Juan Eljuri Antón, al centro de la foto, fue reconocido como el mejor industrial de Latinoamerica en 2014 y representa al grupo económico mas poderoso del Ecuador

El capítulo de corrupción de Odebrecht en Ecuador es una suerte de cueva de Alí Babá cuyos tesoros ocultos e infracciones maliciosas comienzan a asombrar al mundo. Tiene huyendo al hombre más rico de ese país, Juan Eljuri Antón –con enormes tentáculos en Colombia, Bolivia, México y Perú, entre otros– y a su hijo, Juan Pablo Ejuri Ventimilla, contra quien existe orden de captura internacional.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que los Eljuri se esconden, probablemente, en Curazao.
Los primeros visos de este caso –como en los demás países del área– brotaron en las confesiones de ejecutivos de Norberto Odebrecht, dueño de la multinacional brasilera de la construcción que poseía una división especializada en obtener contratos mediante sobornos alrededor del mundo. Las delaciones revelaron que empresarios ecuatorianos movieron dinero en efectivo para el pago de sobornos y hoy se sabe que éstos usaron el enigmático banco South American Internacional Bank –Sai Bank–, de Curazao. El principal receptor-intermediario ha sido identificado como José Terán Naranjo. Este último, al ser requerido por la fiscalía de su país, reconoció que recibió dinero de la constructora brasileña: “Se hace una suerte de remesas con ese dinero, me ponen a mí [en Ecuador] contra la cuenta de Curazao y así nunca hay una repatriada de fondos” declaró.
Terán repartía el dinero de los sobornos a través de tres empresas panameñas, de las cuales pudimos identificar a tres en fuentes oficiales (Beelvedear, Jourvet y Alesbury) y otra de Curazao, llamada Stock, todas ellas con cuentas en Sai Bank.
En el interrogatorio que le hizo la Fiscalía, Terán explicó con mayor claridad la manera como llegó a sus manos el dinero que distribuyó entre altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. A una pregunta sobre cuál fue la relación entre las firmas Alesbury y Jouvert con el Sai Bank, Terán respondió: “Se me recomendó dicho banco a través del estudio jurídico Mossack Fonseca”, la firma panameña célebre porque sus archivos secretos salieron a la luz pública bajo la denominación mundialmente conocida como Panamá Papers., cuyos nexos con el grupo Eljuri se explican más adelante.
Enseguida, una fiscal le preguntó de dónde procedían los fondos depositados en las cuentas de Alesbury y Jouvert. Terán contestó: “De la compañía Norberto Odebrecht”. Al pedirle explicación sobre cómo recibía los fondos, Terán dijo: “Se me comunicaba que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba en efectivo en la que era mi casa, en la ciudad de Quito”.
No existe información del movimiento de dinero de estas empresas relacionadas con la corrupción de Odebrechet en Ecuador, pero se sabe que el Sai Bank movió en las cuentas de ellas al menos USD $ 153,7 millones entre 2012 y 2017.

José Rubén Terán, empresario involucrado en el caso de los sobornos de Odebrecht en Ecuador, reconoció que recibió dinero de la constructora y que utilizó el Sai Bank para recibir dinero en efectivo
Sai Bank posee pequeñas oficinas en las ciudades ecuatorianas de Quito, Guayaquil y Cuenta. En esta última opera la principal de ellas.
La fiscalía ecuatoriana detuvo a un funcionario de la oficina de Quito, identificado como Juan Borja, y éste pronto reveló que el banco era propiedad exclusiva del grupo empresarial Eljuri. Su trabajo, dijo, consistía en buscar clientes interesados en abrir cuentas y pólizas en la oficina principal de Curazao y entre las ventajas que ofrece está la evasión de impuestos y, de ser necesario, el lavado de dinero. Una operación semejante a la del colapsado Fondo Premium, de Colombia, que también lavaba dinero procedente de distintas partes y ayudaba a evadir impuestos con depósitos en Curazao.
Borja declaró que las maniobras y la dirección del Sai Bank en Ecuador se ejercen desde la oficina de Cuenca, donde también está la sede central del Grupo Eljuri. La fiscalía, sin embargo, nunca ha tocado esa sucursal, a través de la cual pasa toda la documentación correspondiente a los dineros que van para Curazao.
Un empresario de la ciudad de Cuenca explicó –bajo la condición del anonimato– la manera como él mismo hizo uso de los servicios ilícitos de Sai Bank: “Me dieron un crédito y los pagos no los hacía en las oficinas de ese banco sino en otro llamado Capital, una entidad pequeña que se encarga de acreditarle a Sai Bank en Curazao, es un tema de compensación que no requiere cruzar fronteras”.
El empresario consultado expuso los pormenores de la manera como tramitó y obtuvo el crédito en Sai Bank: “El directorio del banco se reúne en la matriz de Juan Eljuri, en Cuenca, y era el propio Juan Eljuri Veintimilla el que aprobaba las operaciones de crédito”.
Al ser consultado, Sai Bank emitió un comunicado negando operaciones financieras prohibidas en el Ecuador, pero reconoció que se dedica a la “compraventa de cartera”. Sobre Juan Pablo Eljuri Veintimilla, dijo: “no ostentaba ni ostenta el cargo de Director de SAI-Bank en Ecuador, como se ha dicho, debido a que esta denominación societaria no existe”.
Hasta el momento, han sido arrestadas tres personas vinculadas al banco, el cual ya tiene frente a ellas una estrategia de defensa: “no son funcionarios del banco, pero sí prestaron servicios profesionales a través de un subcontratista domiciliado en Curazao”.
Eljuri, el marqués de Carabás ecuatoriano
Como en el antiguo cuento infantil europeo de El Gato Con Botas, en el que todas las propiedades pertenecen al Marqués de Carabás, de unos años para acá las grandes empresas y los negocios más prósperos en el Ecuador pertenecen a Juan Eljuri, un hombre silencioso y extravagante, pero desconocido, de origen libanés, que ha comenzado a sonar cada vez con mayor fuerza en Colombia desde cuando obtuvo la franquicia de Hyundai tras en un pleito multimillonario con el grupo empresarial colombiano Hyundai Colombia Automotriz.
Las pocas fotografías que se conocen de las mansiones de Eljuri y de los multimillonarios tesoros que guarda en ellas hacen recordar a ojos vista y superan las montañas de dinero, joyas y obras de arte de personajes colombianos tristemente célebres, como José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, o Pablo Escobar.
La fortuna en oro macizo y arte la guarda en su búnker de las remotas y frías montañas andinas de Cuenca, pequeña ciudad colonial de 330 mil habitantes, fundada hace 500 años y hoy capital de la provincia de Azuay.
Por su origen colonial, su entorno andino de alta montaña y el tamaño intermedio de su población, Cuenca se asemeja a Tunja, en Colombia. 
El jefe del clan familiar fue Jorge Eljuri Antón, cuya vida se apagó en cuatro minutos el 19 de julio de 2014, solía llevar en su meñique izquierdo el codiciado anillo de diamante negro que perteneció a Frank Sinatra.

Buena parte de los tesoros de Jorge Eljuri se conocieron gracias a su publicación en una revista especializada para coleccionistas
Entre la fortuna en oro que dejó en forma de joyas y lingotes, hay 300 kilos de oro prehispánico que siguen en manos de su familia, lo mismo que los mejores espejos de Nicolás II, el último zar ruso, y más de ocho mil obras de arte virtualmente certificadas como genuinas, entre ellas de El Greco, Picasso o Lichtenstein.
Esta colección posee una pieza única de plata Thomas Pitts (1765) elaborada en honor al Rey de Inglaterra, así como una mesa azul de una sola pieza de ormolu (amalgama de oro molido, mercurio y bronce) que, se dice, perteneció a Napoleón III.
Los hermanos Eljuri Antón son hijos del modesto inmigrante libanés Gabriel Eljuri Hann, quien llegó a Ecuador en los años 20 del siglo pasado, se estableció en la entonces ínfima y lejana Cuenca, donde se dedicó al comercio en pequeñas cantidades de telas, radios, cosméticos y bicicletas.
La mansión de los Eljuri en Cuenca, con cúpulas y estatuas clásicas exteriores en oro, que contrastan con los modestos tejados coloniales de dos aguas de la vieja ciudad, supera en tamaño y obras de valor a Neverland, la controvertida y escandalosa villa de Michael Jackson, en las Vegas.

Residencia de la familia Eljuri en Cuenca
 
Fortuna a toda prueba
La fortuna de Eljuri le permitió, durante la mayor parte de 2016, comprar mensualmente dos mil carros Hyundai para el mercado de Colombia que no podía vender. Su acuerdo con la casa matriz lo obligaba a hacer esas adquisiciones. Los llevaba desde Corea y amontona en puertos marítimos y almacenes sin la posibilidad de comercializarlos debido a que dos jueces se lo prohibieron hasta cuando logró liberar la franquicia en su favor, pues le pertenecía al grupo de Carlos Mattos, quien fundó la agencia comercial y la consolidó durante más de 20 años, a lo largo de los cuales importó y vendió cerca de 200 mil vehículos. En enero pasado, Eljuri debió sacar del país todos aquellos vehículos que importó en 2016, pues la legislación colombiana impide vender automotores nuevos fabricados en años anteriores.
Eljuri no solamente resistió el tren de gastos de esas importaciones y el mantenimiento de su red de exhibición y ventas congeladas por la justicia, sino que, en una reunión privada, de acuerdo con una fuente consultada por los autores de este reportaje, dijo estar en capacidad de intentar comprar al Presidente de Colombia si llegara a considerarlo necesario para conseguir que la franquicia quedara definitivamente en sus manos.
Conocedores del mercado automotriz en Colombia estimaron que debido a la prohibición que recibió para vender productos Hyundai, Eljuri perdió en este país unos cuatro y medio millones de dólares mensuales, desde octubre de 2015. Indicaron que Hyundai Colombia Automotriz vendía 1.800 vehículos por mes y que el ecuatoriano probablemente se vio comprometido con la firma matriz a vender unos 2.000. Estas cifras no las confirman ninguno de los dos grupos en disputa.
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas de Ecuador, SRI (el equivalente a la DIAN colombiana) Eljuri posee la fortuna de apariencia más creciente y bienes más deslumbrantes de ese país. Por encima, incluso, de los grandes millonarios mexicanos o colombianos cuyos patrimonios y posesiones nominales superan ampliamente a las del nuevo magnate ecuatoriano.
De acuerdo con los registros correspondientes del SRI, revisados para este reportaje, el grupo Eljuri posee 327 empresas y fideicomisos que desde 2007, cuando comenzaron los gobiernos consecutivos de la "revolución ciudadana", de Rafael Correa, han crecido como la espuma.
Las cifras oficiales que maneja el SRI indican que en 2008  ese grupo recibió ingresos totales por USD $ 1’279.043.017 y su participación en la economía del país fue del 2,23 por ciento. Cuatro años después, en 2012, subió a USD$ 2’143.053.239 de ingresos y una participación de 2,49 por ciento.
Hoy día, la vida de los ecuatorianos depende en alto grado de los Eljuri: importan y fabrican más que nadie todo tipo de electrodomésticos; operan el sistema TV Cable, que ofrece internet, televisión pagada y telefonía fija; representan las marcas de automotores Hyundai, KYA, Volkswagen, Ford, Skoda y distribuyen la marca de motocicletas Suzuki. Poseen una industria cerámica de primer orden y controlan el sistema de embotellamiento y distribución de licores y perfumes. En todos los campos en los que están metidos dominan el mercado.
El patriarca actual de la familia, Juan Eljuri Antón, es descrito por parientes y por otros empresarios de ese país como un hombre agresivo en los negocios que emplea a fondo todo su poder económico cuando se propone imponer su voluntad.
Este conglomerado familiar fue desnudado por su presencia notable en los llamados Panamá Papers. Los diarios holandeses Trouw y Het Financieele Dagblad publicaron en abril del año pasado historias sobre cómo Juan Eljuri utilizó los servicios de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca (MF) para beneficiarse con las más altas ganancias posibles en un millonario contrato que firmó con el gobierno de Ecuador para entregar 4.157 carros patrulleros marca KYA, destinados a la Policía Nacional, por un valor de USD $196,190,014.84.
En la primavera de 2015, Juan Eljuri propuso una idea que MF canalizó a través de una empresa de servicios corporativos de Suiza: pidió que las piezas de automóviles fabricadas por una de sus empresas en Brasil (Rontan) fueran enviadas a Ecuador al doble de su costo original sin que las autoridades fiscales brasileñas o ecuatorianas se dieran cuenta. 
Los diarios holandeses contaron que MF gestionó ese pedido con la firma Infintax que, a su vez, utilizó a la empresa suiza YouSee para comprar, por medio de fiducias, piezas de automóviles de Rontan y luego las vendería al doble del precio a la filial ecuatoriana de Eljuri, Pronae. Se reconocieron facturas falsificadas y documentos de embarque que le dieron aspecto de legitimidad al proceso de compra.
Uno de los diarios holandeses mencionados, informó: “Cada mes, YouSee enviaría más de medio millón de dólares a Pronae en Ecuador y pagaría a Brasil la mitad. La operación debe continuar hasta diciembre de 2017 -se trata de un total de aproximadamente US$ 15 millones. La mitad enviada a Eljuri por esa vía quedaría sin ser vista por el recaudador de impuestos. Para eso, Infintax hizo uso de la filial suiza, y la cuenta bancaria relacionada, con USD 400.000, para mantener las operaciones. Infintax reacciona e informa que el proyecto nunca se materializó en última instancia. Sobre las razones de ello, la oficina no dice nada”.
Los informes de los diarios holandeses fueron traducidos en Ecuador por el portal de investigación Planv.com.ec pero ninguna autoridad ha examinado ese contrato que celebró el Ministro del Interior con Eljuri.
Exportaciones ficticias
El grupo Eljuri, a través del Banco del Austro, de su propiedad, fue nombrado en la participación de exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador. El caso se originó con base en el acuerdo que a fines de 2008 Rafael Correa y Hugo Chávez impulsaron para la creación del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), una estructura de pagos basada en el cruce de cuentas entre bancos centrales de los países miembros de la hoy moribunda Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Este sistema movió entre Caracas y Quito exportaciones e importaciones por montos que superaron los USD $1000,000,000. No obstante, muchas de esas transacciones fueron ficticias y sirvieron para sacar millones de bolívares de Venezuela con el fin de convertirlos en dólares en Ecuador. En el trayecto final de estas operaciones fueron usados bancos privados corresponsales, avalados por centrales, con el propósito de sacar el dinero lavado a Panamá.
En Ecuador el tema se investiga y se sabe de la participación en él de entidades financieras. El portal informativo Focusecuador.com publicó, a mediados de 2016, que por ese motivo se incautaron en 2013 USD$ 57.000,000 a empresas relacionadas con exportaciones ficticias. USD$ 8.852.318.00 fueron del Banco del Austro, de los Eljuri.
Se desconoce el estado actual de las investigaciones judiciales.
Correa, aliado de Eljuri
El ex presidente Rafael Correa ha sido un leal aliado del grupo Eljuri, del que recibió apoyo económico desde cuando fue candidato a la presidencia en 2006. En la primera oportunidad que se notó la presencia económica del grupo en el apoyo a la campaña, el tesorero era el hermano del candidato, Fabricio Correa, quien después del triunfo fue descubierto como prominente contratista de grandes obras del Estado. Estas corruptelas las denunciaron en el libro Gran Hermano los periodistas Chiristian Zurita y Juan Caros Calderón. 
Fabricio Correa explicó cómo el grupo Eljuri lo ayudó en sus negocios siendo ya hermano del Presidente de la República: “Ellos quisieron introducir la línea de volquetas Hyundai, entonces me hicieron una propuesta: `¿No te interesa Hyundai?`. Fabricio asegura que preguntó por las ventajas que tendría y, dice, le respondió Eljuri: “Yo te financio. Entonces, les compramos 48 volquetas, nosotros fuimos el conejito de Indias de Hyundai de Eljuri, entonces nos da un crédito del Banco del Austro [de los Eljuri], por eso le digo que debo hartísima plata…”.
Fabricio, además, recibió un crédito-puente del Banco del Austro para iniciar las obras de construcción que el gobierno de su hermano le había adjudicado.
Ese banco de los Eljuri fue fundamental en la entrega de un crédito al primo de Rafael Correa, Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y cónsul en Miami, donde aún vive prófugo de la justicia de su país. Las publicaciones de Panamá Papers son fundamentales para entenderlo: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que en 2012  el Austrobank Panamá S.A., filial del Grupo Eljuri, "concedió una hipoteca en favor de Delgado y su esposa. La hipoteca, de USD $190.000, supuestamente fue para la compra de una casa en North Miami Beach". 
En Ecuador se ha denunciado que Delgado se benefició con créditos estatales que fueron cobrados por terceras personas no identificadas (se ha planteado que una de ellas habría sido el propio ex presidente Rafael Correa, quien lo ha negado) y el estratégico préstamo del Austrobank le ha servido para camuflar ingresos virtualmente ilegales que recibió.
En sus informes, El ICIJ informó:"Un agente de Austrobank, de Eljuri, envió un correo electrónico a Mossack Fonseca para obtener asesoramiento legal. El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca declinó procesar el préstamo con el argumento de que el prestatario se negaba a cumplir con la documentación estándar requerida para extender una hipoteca. 'Hay demasiados agujeros en esta transacción', escribió el abogado. 'Me preocupan las objeciones del prestatario. Aquí hay algo que no huele bien, en mi opinión ', agregó. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que procesó la hipoteca en Miami. Delgado ha confirmado a la cadena Univisión que era dueño de una propiedad inmobiliaria en Miami".
Los Panamá Papers pusieron de manifiesto que Eljuri es uno de los grupos económicos de Ecuador que más usa el sistema off shore. De hecho, el SRI ecuatoriano informó sobre seis empresas en Panamá; otras cinco en el Reino Unido y tres en Costa Rica. Trece más figuran en los Panamá Papers y de esas solo dos fueron registradas en Ecuador.
Eljuri y la “lista Clinton”
El espectro empresarial de Eljuri, basado principalmente en comercio exterior, posee fortalezas que parecen afianzarse en la ceguera de las aduanas. En su ciudad natural, Cuenca, existe un distrito aduanero que más parece propiedad de Eljuri que del Estado. Toda su mercadería llega a los puertos marítimos del país sin ser revisada in situ, sólo se realiza una inspección documental que certifica como cierto lo que va escrito en os papeles.
Luego, los contenedores marítimos son trasladados a Cuenca, donde las mercancías ingresan a las bodegas de Eljuri. Buena parte de embarques que llegan allí son catalogados como materia prima (bajos en impuestos), que luego de ensamblarse en productos terminados o embotellarse como licores y perfumes de marca, alcanzan altos valores que en nada se compadecen con sus declaraciones aduaneras iniciales.
Voceros de autoridades de Colombia y Estados Unidos dijeron que investigan supuestos suministros de perfumes del grupo Eljuri a la cadena de tiendas La Riviera, del colombiano de origen libanés Abdul Waked, quien en mayo de 2016 fue inscrito en la llamada Lista Clinton de personas y empresas ligadas al narcotráfico a juicio de Washington. 
Estados Unidos solicitó la extradición de Waked y la Corte Suprema de Justicia de Colombia la aprobó.   
Una nevera llena de relojes
Las revisiones aduaneras a las importaciones de Eljuri en Ecuador no parecen ser muy estrictas. 
Un par de operarios de Almacenes Juan Eljuri hace algunos años bajaron de un camión una nevera, la cargaron hasta una casa de clase media en Ecuador, la entraron, les firmaron el recibido en una planilla de control de entregas y se fueron a llevar hasta otros domicilios más artículos del hogar. En la noche, los dueños, quienes pidieron no revelar sus nombres, abrieron el aparato importado y se encontraron con que estaba lleno con una fortuna representada en relojes que el almacén vendedor nunca fue a reclamar.
En Bogotá, otra persona contó que cuando vivió en Ecuador le ocurrió algo semejante, pero con botellas de güisqui que estaban entre otra nevera que adquirió en el mismo almacén.

*Gonzalo Guillén, periodista colombiano ganador del premio Rey de España en dos ocasiones, ha escrito para el Miami Herald y fue editor general de El Universo y El País de Calí. Actualmente es columnista de Hispanopost  y revista Semana de Colombia

Perú enciende alerta de corrupción petrolera en Ecuador

Escrito por mh en . Publicado en Impacto China, Reportaje.

FERNANDO VILLAVICENCIO VALENCIA

Investigación compartida con revista Caretas de Perú
Entre enero de 2015 y junio del 2017, la empresa estatal petróleos del Perú?—Petroperú— adquirió 15.4 millones de barriles de crudo Oriente, en 42 cargamentos que salieron desde el puerto ecuatoriano de Esmeraldas hasta la refinería de Talara. La entrega estuvo a cargo de las compañías intermediarias Gunvor, Core Petroleum y Petrochina. Según información hasta ahora no revelada, esta operación dejó una pérdida de USD 51.1 millones a Ecuador, y es apenas un capítulo de la mayor trama de corrupción que salpica al gobierno del expresidente Rafael Correa.
Esta historia es así:
Tras ganar la presidencia en el 2006, Rafael Correa, enarboló un discurso contra los intermediarios petroleros a quienes calificó de mafiosos: “Ahora se acabó la intermediación de los crudos. Petroecuador es la única empresa de producción de crudo que yo conozco, que no vende al consumidor final, que es la refinería, sino al intermediario". Pero, los humos radicales solo quedarían en palabras; en la práctica, un agresivo endeudamiento con China, pagado con petróleo, resultaría en el mayor banquete para los intermediarios.
Deuda cara pagada con petróleo descontado
Entre el 2009 y el 2016, el correísmo impulsó líneas de crédito por USD 18.020 millones, con intereses del orden del 7%, garantizadas con la provisión de 1310 millones 400 mil barriles de petróleo y fuel oil, hasta el 2024. Estas operaciones con China se basan en una alianza estratégica (contratos sin licitación) y en el decreto 466 suscrito por Rafael Correa, que garantiza el pago de la deuda con la provisión de petróleo y fuel oil. Según información de Petroecuador (junio del 2017), en contratos de crudo se ha entregado a China y Tailandia 572.5 millones de barriles y resta por cubrir 536.6 millones de barriles, de un total de 1109 millones 160 mil barriles de petróleo comprometidos al pago de créditos, hasta el 2024. El petróleo no es utilizado en las refinerías chinas como lo anunció Rafael Correa, sino revendido en los mercados de Estados Unidos, Perú, Chile y Panamá.

Además de los contratos con China y Tailandia, el régimen de Correa realizó dos operaciones financieras atadas a la comercialización de hidrocarburos. Una línea de crédito por USD 1000 millones —con una tasa de interés del 7,25%, suscrita en el 2014— con la compañía Noble Américas, sujeta a la provisión de naftas; y, un crédito por USD 300 millones, con una tasa de interés del 6,85%, firmado en el 2016, con la empresa Oman Trading International,?OTI, a ser pagado con 17.1 millones de barriles de fuel oil. Estos nuevos convenios suman USD 1300 millones y proyectan una cifra total de USD 19.320 millones de deuda pública garantizada con hidrocarburos.2

Para la facturación de los crudos de Ecuador, se tiene como referencia el crudo West Texas Intermediate WTI, al cual se le aplica un diferencial (castigo) que incluye el flete en buques. Una investigación de Focus de 2016, reveló un sobreprecio de casi 2 dólares por barril en fletes, además de otras pérdidas por primas inferiores a las del mercado.

Un reciente informe de la Contraloría puso en la superficie algo difícil de creer: la fórmula de precios aprobada por el gobierno de Correa, fue elaborada por Petrochina, la compradora del petróleo. De esta forma, Petrochina, Unipec y PTT, se aseguraban un precio inferior al del mercado en el cual sería revendido ese crudo.
Caso Petroperú enciende la alerta
Según información revisada, los precios de facturación de los 42 embarques recibidos en la refinería de Talara, por Petroperú, entre el 2015 y el 2017, a través de Gunvor, Core Petroleum y Petrochina (en los que se aplicaron precios de mercado), son superiores a los facturados FOB (libre a bordo) por parte de Petroecuador a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, sin licitación, en el puerto de Esmeraldas. Por ejemplo: el 10 de agosto del 2015, el buque Chimborazo descargó 376 mil barriles de crudo. El precio facturado por Petroperú fue de USD 16.4 millones, mientras el reportado por Petroecuador del mismo embarque, fue de USD 12.7 millones. La diferencia de USD 3.6 millones, fue al bolsillo del intermediario. Esta diferencia de precios se origina en la manipulación del diferencial por parte de Petroecuador/Petrochina, en particular al haber inflado los fletes.

Durante el 2015, Petroperú adquirió 5 millones de barriles, en ese año el perjuicio fue de USD 22.8 millones. En el 2016, se comercializaron 6.9 millones, la pérdida llegó a USD 18.1 millones. En lo que va del 2017, se entregaron 3.4 millones, el perjuicio fue de USD 10.2 millones. En total, de acuerdo con la información revisada, el beneficio de los intermediarios, llámese pérdida para Ecuador, fue de USD 51.1 millones.

Si proyectamos el esquema de pérdidas en la operación con Perú, al conjunto del negocio con China y Tailandia, considerando una diferencia mínima de 2 dólares por barril, sobre un volumen de 1.310 millones 400 mil barriles, los intermediarios acumularon una fortuna no menor a USD 2.620 millones.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, resulta grave que se haya contratado crédito chino carísimo, pagado con petróleo descontado y que, además, una empresa china contratada por el gobierno de Correa, subcontrate intermediarios vinculados al propio gobierno, para revender el petróleo en los buques del Estado (Flopec) a nuestro vecino (Perú), cuando lo elemental era hacer un acuerdo con Perú y entregar el crudo directo. García anuncia la formalización de una acción penal en contra de los responsables, entre los que incluye al expresidente Rafael Correa. El delito principal sería el peculado.

Un laberinto de empresas offshore

Según el libro Ecuador made in China, a partir del 2009 se montó un entramado de reventa del petróleo, utilizando intermediarias como Gunvor, Castor Petroleum, Taurus Petroleum, Core Petroleum, que actúan en calidad de pantallas de Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Un gran manto de oscuridad esconde la operación de la intermediación con el crudo ecuatoriano, acción liderada por Petrochina; sin embargo, nueva información confirma la existencia de una máscara societaria, creada en el paraíso fiscal de Panamá y operada desde Houston, EEUU. Se trata de Petrochina International América. Esta firma offshore maniobra todos los procesos a nombre de Petrochina Beijing, la cual dispone a Petroecuador, remita las facturas y conocimientos de embarque a nombre de su supuesta subsidiaria, la cual no tiene ninguna relación jurídica con Petroecuador.
Después de revisados varios Bill of Lading (Conocimientos de Embarque) se verificó que cargamentos consignados a Petrochina fueron endosados al consumidor final por el apoderado de la empresa Taurus Petroleum, el abogado Bayardo Poveda, primo hermano de Rafael Poveda, quien fue ministro de los Sectores Estratégicos, una persona de confianza del vicepresidente de la República, Jorge Glas.

Con la filtración de los Panamá Papers se confirmó la investigación del 2013. De acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca MF, la empresa Castor Petroleum, de propiedad de Gunvor Group (vinculada a Vladimir Putin, según informe de EEUU), pagó una comisión de un dólar por barril a los ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar (detenido y luego liberado en Perú). Los pagos se hicieron desde Waterway Petroleum, subsidiaria de Gunvor, a la offshore Eston Trading, de Nevada, a solicitud de Baquerizo.


Según la misma información, el pago para la creación de Eston Trading, fue realizado por la compañía ecuatoriana Naparina Corp., cuyo titular es Enrique Cadena. Una parte de la comisión de Eston Trading (USD 0,20) se transfiere a Naparina y a otra empresa ecuatoriana, Oil Services & Solution (0SS), de Jaime Baquerizo. Los restantes USD 0,80 por barril, pasan a la firma Livingston Financial Corp., domiciliada en Dubai, la cual transfiere ese dinero a los Estados Unidos. Livingston también está relacionada con Cadena y Baquerizo, según MF. Por primera vez se publica el documento completo.

 

 

El camino de la impunidad

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.


Jorge Glas en su visita a la Asamblea Nacional el pasado 21 de junio, dijo ser el responsable político de las mega obras que Odebrecht construyó en el país. La delación del ex superintendente de esa constructora, Jose Santos Filho, dice que el vicepresidente recibió sobornos por 14 millones de dólares

EDITORIAL

MILHOJAS.IS
Hoy viernes 25 de agosto miramos con decepción la forma en la que el fiscal general del Estado ha dado un paso más para hacer de la justicia en el Ecuador una aspiración inviable. Ello porque en lugar de proceder directamente a la instrucción fiscal, como indica el artículo 589 del COIP, pidió a la Corte Nacional solicite autorización a la Asamblea Nacional para investigar al Vicepresidente Jorge Glas. Tal autorización solamente era necesaria en caso de dictamen acusatorio al terminar  la instrucción fiscal lo que implicaría pasar a la etapa de juicio contra Jorge Glas.   Secundando al fiscal Baca Mancheno, el juez Miguel Jurado Fabara –quien cuenta con el mérito de haber condenado a un ciudadano a dieciocho meses por aplaudir- dirigió a la Asamblea Nacional  un escrito pidiendo tal autorización.  El escrito trastoca el Art. 589 del COIP y reemplaza la norma expresa en él, donde se definen instrucción fiscal, evaluación y juicio como etapas separadas,  por una definición del diccionario jurídico de Cabanellas.
Es decir, contra la naturaleza de su función, deja atrás la norma expresa que es ley de la república ecuatoriana por las generalidades de un diccionario.
Lo actuado por Baca Mancheno y el juez nacional Jurado es de gravedad porque crea una barrera de protección política a favor de Jorge Glas: multiplica las ocasiones en que la asamblea debería ser consultada y votar. Es decir en vez de consultarla cuando se fuera a su juzgamiento, habría que consultarla cada vez que se lo vincule a una investigación.
En el caso Odebrecht puede estar involucrado en varios delitos ¿El fiscal pedirá permiso cada vez que Glas sea investigado? ¿La asamblea autorizará todas esas líneas o múltiples casos de corrupción, que los ecuatorianos sabemos pueden ser decenas?
Para colmo el delito que le lleva al fiscal Baca a pedir autorización de investigación es el más leve e indirecto que pudo encontrar, el de facilitar la comisión de asociación ilícita a favor de otros, cuando Odebrecht lo ha señalado inequívocamente como su hombre en Ecuador.
Hoy a los Asambleístas no les queda más remedio que votar sí.  Se trata de un Sí que no debe ser ingenuo sino demandante, acompañado de la exigencia al fiscal Baca Mancheno de que cumpla las necesidades éticas e históricas del Ecuador.

Apuntes necesarios al informe del ministro de hidrocarburos Carlos Pérez

Escrito por mh en . Publicado en Reportaje.

El pasado 15 de agosto el gobierno emitió un informe preliminar de situación de la industria petrolera. Los datos evidenciaron la crisis del sector, provocada por antitécnicas y corruptas decisiones. Ecuador ha exportado crudo a pérdida para benefició de grupos que se mantienen en la opacidad, levantó una infraestructura industrial que ahora se conoce es inservible y promovió proyectos sin contar con los recursos naturales necesarios para su funcionamiento. Presentamos a continuación unos apuntes a la situación de la industria petrolera, que se mantuvo oculta en los 10 años de correato.
 

Onerosa Deuda

El estado debe explicar por qué el endeudamiento de Petroamazonas alcanzó niveles intolerables con empresas privadas, un hecho que no se compadece con el pasado de Petroecuador. El principio de la explotación de petróleo es lograr utilidades, algo que sucede incluso en las peores condiciones de la industria, sin embargo el Ecuador ha demostrado que explota su crudo a pérdida.
Le corresponde a las nuevas autoridades explicar la estructura de endeudamiento que Petroamazonas labró con la prestadora de servicios Schlumberguer que se encargó de encarecer todos los procesos de extracción a su beneficio.  Los altos costos de producción quedaron en evidencia a fines de julio cuando las nuevas autoridades renegociaron el contrato de servicios en el campo Shushufindi, que redujo la tarifa de $ 29,85 por barril a $ 19,50 por barril. Los $10,35 de diferencia dejan en claro el perjuicio para el estado desde el inicio del contrato.

Preventas petroleras

El ministerio de Hidrocarburos no ha reportado en este cuadro el perjuicio al Estado por preventas petroleras que suma no menos de 3 mil millones, de acuerdo al análisis presentado por Fernando Villavicencio, basado en informes oficiales y análisis de expertos del sector. Hoy se conoce que desde la caída del precio del crudo ecuatoriano, en julio de 2014  a diciembre de 2015, las pérdidas  mensuales crecían en cientos de millones de dólares.
Fue por el error de haber asumido facturar el precio de crudo a futuro cuando la tendencia era a la baja. Al momento el gobierno de Lenin Moreno carece de una política o estrategia de renegociación de esos contratos de preventa, cada dìa se pierde dinero pero eso alguien se beneficia.

El caos de refinería Esmeraldas


Desde el año 2005 en adelante la empresa española Repsol invirtió mas de 2000 millones de euros en una refinería del país Vasco, que le permitió doblar su capacidad de refinación y obtener combustibles incluso de los productos mas pesados, así como generar 42 megavatios de electricidad (la central hidroeléctrica Manduriacu genera 65MW).
Pero los ecuatorianos vivimos otra historia: el proceso de repotenciación de la Refinería Esmeraldas inició en el año 2007, fue promovido por el ex presidente Correa fundamentado en un estado de emergencia. A ese año el proyecto fue valorado en 170 millones de dólares y el ministro de energía era Galo Chiriboga Zambrano. En primera instancia el plan implicaba un acuerdo con la empresa constructora de la refinería: la japonesa Sumitomo Chiyoda, por un monto aproximado a los $680 millones pero las autoridades decidieron contratar, sin licitación, a la koreana SK, que no conocía de este tipo de proyectos. Los procesos de diseño y fiscalización estuvieron a cargo de la firma internacional Worley Parsons, que en Ecuador fue manejada por el amigo del presidente William Wallace Phillips Cooper, promotor del Movimiento Scout y esposo de Mònica Hernández, asesora de Correa.
Fernando Villavicencio publicó en 2015 una parte de las ilegalidades en la contratación, los sobreprecios en los centenares de contratos y los problemas técnicos (104)  encontrados en la flamante Unidad de Crackeo Catalítico.
Luego de la multimillonaria inversión la Refinería Esmeraldas sigue produciendo los mismos combustibles de mala calidad y el mismo volumen de combustibles refinados. El ministro de hidrocarburos Carlos Pérez ratificó lo que desde hace mas de un año se conocía extraoficialmente: No se optimizó el proceso de refinación, es decir, a pesar del alto costo los procesos para obtener mejores productos no se dieron. Antes de la repotenciación era una refinería de mediana complejidad y luego de la inversión, sigue igual.
“La situación es crítica incluso en las áreas donde se realizó trabajos de rehabilitación y repotenciación. “es una inversión muy grande que se ha hecho en refinería para tener un sistema que no está funcionando como debe”.
Hasta ahora no conocemos de acciones del Estado respecto de las responsabilidades de Worley Parsons, Azul, Phillips y Mónica Hernández.

Proyecto Pascuales Cuenca

El gasoducto Pascuales Cuenca, construido por Odebrecht, tiene como principales beneficiarios a las empresas productoras de cerámicas y acabados, sobre todo ligadas al poderoso grupo Eljuri. Nadie ha justificado la obra, que debió basarse en cantidad de gas natural que se proveniente del campo Amistad y se procesa en la planta de Bajo Alto, que corre el riesgo de colapsar.
El proyecto no contaría con las reservas de gas natural para mantenerlo; tampoco se  ha mencionado el volumen de gas natural que va transportar en el futuro. En esencia se parece al Oleducto de Crudos Pesados, OCP, que fue construido para transportar 450 mil barriles de crudo pero apenas traslada 100 mil.

Petroecuador incumplió la ley al contratar firma de abogados que demandó a Fernando Villavicencio

Escrito por mh en . Publicado en Impacto China, Reportaje.

Fueron ilegales los procesos pre contractuales y contractuales realizados por Petroecuador con el estudio jurídico Vizueta &  Asociados al encargarle la denuncia penal en contra del activista Fernando Villavicencio, por presunto uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y falsedad de instrumentos privados, en su libro ‘Ecuador made in China’, donde se advierte sobre varios escándalos de corrupción petrolera. 
Así lo señala el informe de Contraloría DASE 0063-2016, en su examen especial al proceso de contratación suscrito entre la estatal petrolera y Vizueta & Asociados S.A.. 
El organismo de control determina que la mencionada firma de abogados trabajó con Petroecuador en la demanda contra Villavicencio durante 7 meses antes de su contratación. Por lo que en sus conclusiones establece que el ex gerente de la estatal, Marco Calvopiña (hoy en la cárcel por estar involucrado en la mayor trama de corrupción de Petroecuador) quien presentó la denuncia en contra del activista, no cumplió las leyes que rigen la administración pública al permitir que Vizueta & Asociados entregue sus servicios de patrocinio, sin que exista un contrato de por medio. Y se destaca que la contratación, hecha posteriormente, tampoco se justifica debido a que existían suficientes abogados en Petroecuador para encargarse del proceso legal.
En el libro ‘Ecuador made in China’ publicado en enero del 2013, el eje fundamental de las denuncias de Villavicencio apuntó a los negocios de Petroecuador con Petrochina. El activista afirmó que no había preventas petroleras a ese país, sino que eran préstamos que Ecuador recibía a cambio de la entrega de petróleo: “Se prendó el crudo nacional en operaciones de crédito público… Encubrieron (las autoridades) la violación de varias normas relacionadas con el endeudamiento público, en cuanto a autorizaciones y registros se refiere y se transgredió el Art. 130 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas… Se afectó gravemente la capacidad financiera de EP Petroecuador; se permitió pagar directamente deuda externa pública con ingresos petroleros”. Por lo que, según la investigación de Villavicencio, con estas acciones se incumplieron los artículos 315 de la Constitución, 3 y 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así como el Art. 91 Código de Planificación y Finanzas Públicas. 
También denunció a detalle casos como el presunto peculado que se habría causado al Estado por la compra de 240 mil barriles de diesel premiun por parte de Petroecuador a PMI de México, compañía que no tenía ese combustible, pues lo compró a Glencore, una intermediaria descalificada en Ecuador, que además ofertó un precio más alto que las otras oferentes. Esta compra generó un perjuicio de unos $448.800 por el buque, de acuerdo con las estimaciones de Villavicencio. 
Estas y otras revelaciones expuestas en el mencionado libro dieron pie a posteriores publicaciones e investigaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. Y con ello desataron la reacción del anterior Gobierno, especialmente del entonces vicepresidente, Jorge Glas, quien ahora funge el mismo cargo, pero sin funciones, en medio de su creciente involucramiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht. 
Glas y el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dispusieron a Marco Calvopiña, quien era gerente de Petroecuador, que inicie la acción penal en contra del activista, así consta en el informe de Contraloría.
En efecto,  el 5 de diciembre del 2013 Calvopiña presentó en la Fiscalía General del Estado la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador made in China’ con el patrocinio del estudio jurídico Vizueta & Asociados “por contener hechos fraudulentos lesivos y dañinos en el que se ha distorsionado la naturaleza de los documentos originales que reposan en los archivos generales de la empresa”. 
Pero esta firma de abogados externos ya estaba en escena dentro de la historia de este polémico caso desde fines de agosto del 2013, pues según la Contraloría, ya venía prestando el servicio de asesoramiento para atender las acciones judiciales que demandaba el tema,  sin que Petroecuador haya contratado sus servicios profesionales.
En 2015 Villavicencio pidió al Contralor que inicie una auditoría a los procesos pre contractual y contractual del citado estudio jurídico. La petición la hizo tras acceder a una proforma de honorarios profesionales que envió Vizueta y Asociados a Petroecuador por $580 mil, el 28 de octubre del 2013, señalando que por pedido del gerente de Petroecuador, ha realizado por casi 60 días el estudio y la preparación legal y procesal por los actos contenidos en el libro ‘Ecuador made in China’, “que lesiona gravemente a la empresa y sus funcionarios… que hay un uso doloso de documentos no autorizados para su publicación y hay también falsedad de instrumentos privados, por lo que es procedente el enjuiciamiento penal del autor del libro”. 
La Contraloría hizo un examen especial, analizando el período desde el primero de enero del 2013 hasta el 16 de marzo del 2016.
El gerente de comercio internacional de Petroecuador presentó a Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, como sustento para la demanda en contra de Villavicencio que éste realiza afirmaciones de ciertas operaciones comerciales realizadas por la petrolera que no están acordes a la realidad y afectan a la imagen de la empresa. Sobre esta base, el 15 de noviembre del 2013 el gerente de asuntos jurídicos de Petroecuador recomienda la contratación de un abogado externo para seguir las acciones legales en contra de Villavicencio y sugiere contratar al estudio jurídico Vizueta y Asociados. El gerente de asuntos jurídicos dijo a la Contraloría que debido al monto de la propuesta original de Vizueta & Asociados también planteó a Calvopiña negociar a la baja ese valor. 
El 15 de enero del 2014 la Fiscalía inicia la indagación por la acusación de Petroecuador hacia Villavicencio por supuestamente haber cometido el delito de uso doloso de documento falso de carácter público, tipificado y sancionado por los Arts. 339 y 341 del Código Penal. 
Para esta fecha Vizueta & Asociados continuaba dando sus servicios de asesoría en las acciones judiciales que implicaba la demanda.
Cuando la Contraloría comunica a Héctor Vizueta Rogasner, gerente de la firma privada, los resultados provisionales de la auditoría sobre la prestación de sus servicios sin que se haya realizado previamente un proceso contractual, la respuesta de Vizueta solo ratifica lo señalado por el organismo de control, al confirmar que “antes de proceder la acción pre-procesal, Vizueta & Asociados efectuó un estudio minucioso de la documentación de los archivos de Petroecuador y la información contenida en la obra “Ecuador made in China”, labor ardua llevada a cabo con funcionarios del área de comercio exterior, archivo general y de administración de Petroecuador”. Vizueta agrega que este trabajo duró aproximadamente 60 días hasta la presentación del informe para revisión de los ejecutivos de la empresa estatal.
Luego de la lectura del borrador de su informe de auditoría, Vizueta sostiene que esta firma de abogados no ha infringido ninguna ley y que “por la complejidad del caso, no podía requerir a Petroecuador la instrumentación de un contrato, mientras no se realizaran los estudios pertinentes a la documentación obtenida, para poder determinar si merecía proseguir con alguna acción penal.”
Pese a estos argumentos, el organismo de control concluye que Calvopiña, entonces gerente de Petroecuador, no observó las leyes que rigen la administración pública, al permitir que el estudio jurídico entregue sus servicios de patrocinio sin contar con un contrato de por medio. Y observa también que en estas condiciones de incumplimiento de las leyes, el ex gerente de la petrolera estatal presentó la denuncia en contra del autor del libro ‘Ecuador maade in China’.
Al cabo de dos meses de iniciada la indagación previa de este caso, Petroecuador recién contaba con los términos de referencia para iniciar la fase pre contractual del patrocinio jurídico de Vizueta & Asociados. El 21 de abril de ese año el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador, adjudica el contrato por $200 mil, bajo el procedimiento de Régimen Especial.
Los argumentos que el subgerente de Patrocinio y admnistrador del contrato dio a la Contraloría para justificar esta adjudicación fue que “dicha firma jurídica por disposición del señor gerente general de la época ya venía trabajando en el tema, tanto con la misma gerencia general cuanto con la gerencia de comercio exterior, por lo cual al realizar el requerimiento de contratación se siguió con esa disposición…”. 
Es decir, se acepta prácticamente que este contrato se asignó a dedo, sin argumentos legales y técnicos.
“No había confianza en abogados de Petroecuador”: así justifica la estatal la contratación de abogados externos
El argumento del subgerente jurídico para explicar la contratación de abogados externos para este caso, pese a contar con profesionales del derecho en la misma empresa estatal, fue que “ a la época de asumir funciones, mediados del 2013… se habían dado circunstancias por demás extrañas, como las de no presentar recursos en casos de cuantías enormes, como el de AKIRA de $49 millones, por lo que no existía la confianza necesaria en el personal, tanto así que de la Presidencia de la República, el Secretario Nacional Jurídico remitió el oficio N° T.1 C.1-SNJ-13-564 del 27 de junio del 2013… mediante el cual se hace notar tales irregularidades; todo esto sumado a la carencia de personal, por lo que se trataba de integrar un equipo de trabajo….ya que el personal existente estaba saturado y no cubría las necesidades de defensa de la empresa”. 
Luego de los informes favorables de la comisión de evaluación de Petroecuador, la Contraloría resalta que el gerente de asuntos jurídicos, al recomendar la contratación de Vizueta &Asociados no cumplió con un proceso de selectividad para la contratación,  con lo que inobservó el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública.
Además, este proceso pre contractual inicia bajo la figura de Régimen Especial, pero el jefe de adquisiciones, servicios y consultorías de Petroecuador no argumentó las razones por las cuales se estableció la necesidad de la empresa para acogerse al mencionado Régimen Especial. Por ello, incumplió el numeral 1 del artículo 92 del Reglamento de la Ley  de Contratación pública, según la Contraloría.
De todas formas el contrato Nº 2014082 con Vizueta & Asociados se suscribe el 2 de mayo del 2014, por $200 mil más IVA, es decir 7 meses después de presentada la denuncia en la Fiscalía. El plazo era de aproximadamente tres años y el monto debía pagarse en cinco partes: $60 mil más IVA, a la presentación del informe y de la denuncia en la Fiscalía; $60 mil más IVA, al abrirse la instrucción fiscal; $30 mil más IVA, al dictarse el llamamiento a juicio; $30 mil más IVA, luego de que el Tribunal Penal emita sentencia; y $20 mil más IVA, una vez que exista sentencia ejecutoriada en firme y no se haya presentado recurso extraordinario de protección o si esto se da, una vez resuelto de forma favorable a Petroecuador. 
El mismo día de la firma del contrato Vizueta envía su factura a Petroecuador por $60 mil más IVA por el primer pago, valor que le fue cancelado entre el 21 y el 28 de mayo de 2014.
El proceso de indagación continuó hasta cuando la fiscal del caso, Cecilia Garzón, solicitó al Juez de Garantías Penales de Pichincha la desestimación y el archivo de la denuncia presentada por Calvopiña, al considerar que no hay delito.
En su resolución Garzón derriba todas las imputaciones en contra de Villavicencio. Entre sus principales argumentos explica que “los hechos incorporados en la obra “Ecuador made in China “, corresponden a ideas descritas por el autor y que según la Ley de Propiedad Intelectual (Art. 10) “el derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras”.  Por lo que concluye que  “los hechos denunciados no se adecúan al tipo penal como es el uso doloso de un documento público”.
Agrega que, en su libro, Villavicencio “ha plasmado sus opiniones y críticas a los diferentes gobiernos de turno, para lo cual, si bien es cierto, se tomaron como base convenios, contratos y más documentación de Petroecuador, como empresa pública, no por eso, su obra puede considerarse un documento público, peor aún falso.
Entre los planteamientos de la denuncia de Calvopiña se señalaba que producto de la distorsión de la información del libro, “él (Villavicencio) busca alterar el equilibrio económico y financiero de Petroecuador a nivel nacional e internacional, poniendo en grave riesgo aquellas negociaciones a las cuales está sometida la estatal y lo que es más, divulgando actos irreales de los primeros mandatarios del país, afectando la credibilidad, responsabilidad y honorabilidad de los mismos”. 
Frente a ello la Fiscal explica que, según las pericias practicadas, “los convenios y contratos a los que refiere la denuncia, se encuentran en los archivos de Petroecuador y ya surtieron su efecto legal, por lo que la publicación de esta obra no ha impedido la firma de contratos o convenios y que a consecuencia de esto se haya producido una crisis petrolera y económica tanto de Petroecuador como del país”.
Debido a que gran parte de la información expuesta por Villavicencio en su libro había sido solicitada oficialmente por el ex asambleísta Cléver Jiménez, la Fiscalía General también se pronuncia por el fuero de Corte que entonces tenía el legislador y, en febrero del 2016, señala que la solicitud de información hecha por Jiménez se dio sobre la base de su atribución de fiscalizar los actos del poder público, amparado en el artículo 128 de la Constitución y el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
El 5 de abril de 2016 el juez de la Unidad Penal de Pichincha resolvió desestimar y archivar la indagación previa.
Tras el dictamen fiscal y la resolución del mencionado juez, Vizueta & Asociados presentó a ese juzgado más informes sobre el tema, consiguiendo que en el mismo mes de abril del 2016, el juez pida al Fiscal Provincial que delegue la causa a otro fiscal que continúe la investigación. Aunque esto sí se concretó, al final el proceso fue archivado.
A pesar de que nunca se llegó a la etapa de formulación de cargos con la que inicia la instrucción fiscal,  el estudio jurídico Vizueta & Asociados ya desde el 21 de septiembre del 2015 había pedido a Petroecuador el segundo pago pactado en el contrato por $60 mil. Este pago fue negado por el administrador del contrato.  
Para Villavicencio, se evidencia la persecución política en su contra debido al sinnúmero de irregularidades y violaciones a la ley que se cometieron para configurar esa persecución en este caso. 
Vizueta & Asociados y sus contratos con el Gobierno 
El representante legal de este estudio jurídico es Héctor Vizueta Rogasner. Su oficina matriz está en Guayaquil. Inició sus actividades el 6 de febrero de 1997 y está registrado en el SRI con el RUC 0991383727001.
Su relación con empresas de gobierno se evidencia en varias ocasiones. En 2007 esta firma de abogados estuvo en el ojo del huracán. La razón: Una indagación previa iniciada por el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Financieros, Abraham Cheing, el 12 de marzo de ese año por el supuesto pago de honorarios al estudio jurídico Vizueta & Asociados S.A. por la defensa de Pacifictel en el caso Nedetel.
Una publicación de diario El Universo, del 20 de marzo del 2007, informa que Carlos Reyes Izquierdo, abogado guayaquileño en libre ejercicio, denunció que “Nedetel salió favorecida en un laudo arbitral que condenaba a Pacifictel a pagar “varios millones de dólares ($ 12 millones), que eso está resuelto en última y definitiva instancia, y que por tanto, no se justifica la contratación del estudio y pagarle $ 300 mil”.
El entonces gobernador del Guayas, Camilo Samán, “quien dijo intervenir en el tema por delegación del presidente de la República, explicó que se contrató al estudio para defender a la empresa con un recurso de nulidad del laudo planteado ante la Corte de Justicia”. Añadió que el directorio de la desaparecida Pacifictel aprobó cancelar al bufete el 10% de anticipo ($30 mil) y el 90% restante, por resultados. Y  que hasta ahora no se ha pagado ni un solo centavo”.
El gerente del estudio jurídico, Héctor Vizueta, declaró a la prensa que mandó una pro forma, como se estila, que es el 2,5% del valor del laudo, pero para defender su integridad resolvieron no cobrar ni el 10%, sino el total cuando obtengan resultados positivos y agregó “el Presidente de la República ha puesto sobre los hombros de nuestro estudio esta tarea”. http://www.eluniverso.com/2007/03/20/0001/9/9A8AF18305604062BD58DC4DF594778B.html
La firma Vizueta & Asociados ha estado relacionada con otras demandas y juicios de Petroecuador, como el caso de Akira. Este bufete de abogados firmó el 9 de septiembre del 2013 un contrato con la estatal petrolera para defenderla en el juicio No. 564-2008-2 y recurso de casación No. 209-2013,  iniciados en su contra por la empresa Akira Internacional. El contrato fue por $300 mil con IVA. http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/pdfs/CONTRATOS/GER/CTR/CONTRAT%20PGER%202013108.pdf
Akira demandó a Petroecuador por haberlo incluido en la lista de contratistas incumplidos y haber retenido un valor consignado por la emisión de las cartas de crédito.
La firma Vizueta & Asociados aparece también en reuniones con funcionarios de la Refinería del Pacífico en marzo del 2016 y recientemente fue contratada por el asambleísta de PAIS, Esteban Albornoz para entablar un juicio penal por calumnias a los miembros de la Comisión Anticorrupción. http://www.fundamedios.org/wp-content/uploads/2016/03/Citaci%C3%B3n-con-la-querella-de-calumnias-Ministro-Albornoz-1.pdf