Skip to main content

Autor: mh

El doble sueldo de la esposa de René Ramírez

Analía Minteguiaga es una de las académicas más eficientes de la educación superior en Ecuador. Ella ejerce a tiempo completo el cargo de vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), por ello recibe un sueldo mensual de $5.566. Su dedicación no termina allí porque además recibió un sueldo adicional de $ 3.168 por trabajar supuestamente a tiempo completo. Analía Minteguiaga es esposa de René Ramírez, ideólogo de la revolución ciudadana y secretario de Educación superior, ciencia y tecnología. 
Desde enero de este año era un secreto a voces en el IAEN este doble sueldo de ($8.734) de la vicerrectora. El rumor se esparció luego de una revisión a las remuneraciones de académicos y personal administrativo y se tomó la decisión de incluir pagos "extras" al trabajo de la vicerrectora. Por eso se le incluyó en una nueva partida presupuestaria como profesora del Centro de Administración y Políticas Pública.
Eso fue posible gracias a la liberación 11 partidas presupuestarias, derivadas del despido de 11 catedráticos entre diciembre de 2015 y enero de 2016.
Imagen: Analía Minteguiaga tiene un doble sueldo que llega a los $8.734.
El doble sueldo a funcionarios está estrictamente prohibido en el Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior, ideado por Ramírez y emitido en 2012. El numeral seis del artículo 12 del reglamento establece: “Para el rector y vicerrectores de las universidades y escuelas politécnicas se reconocerán las actividades de dirección o gestión académica, a la que deberán dedicar 40 horas semanales, de las cuales, como máximo, 3 horas podrán ser dedicadas a actividades de docencia o investigación”.
Minteguiaga, según cuentan profesores de esa universidad que conversaron con MilHojas.is, que piden anonimato para evitar consecuencias, no dedica tres horas a la docencia, tampoco dicta ninguna materia y mucho menos investiga. “No se puede tener dos tiempos completos de trabajo en ninguna institución pública ni privada. No es legal y tampoco ético cobrar más de $8.000 cuando al mismo tiempo despide gente y baja el sueldo a los que se quedan por la crisis económica”.
Los comentarios del doble sueldo fueron desmentidos por la propia Minteguiaga el pasado 24 de junio en una publicación que hizo diario La Hora. En esa declaración dijo que es prohibido recibir dos sueldos. Además: “Lo que sí estoy haciendo es cumpliendo una muy fuerte carga de trabajo”.


Minteguiaga mintió porque en los registros de remuneraciones se asegura que en los meses de febrero, marzo y abril de 2016 cobró doble sueldo


En realidad, Minteguiaga mintió porque en los registros de remuneraciones de ese centro de estudios, colgados como archivos en la página del IAEN, tal como establece la Ley Orgánica de Transparencia, se asegura que en los meses de febrero, marzo y abril (es decir, los sueldos pagados en enero, febrero y marzo) de 2016 cobró doble sueldo. 
Como paradoja, el 23 de marzo de este año su esposo René Ramírez, emitió un criterio descalificador contra el exrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora, por recibir, supuestamente, doble sueldo de ese centro académico.
Diario El Telégrafo recogió sus declaraciones, en ellas dijo que la norma del Consejo de Educación Superior establece que un rector puede trabajar solo tres horas por semana, dictando clase. “En este sentido él ha señalado que trabaja 40 horas, por lo tanto se puede decir que ha violado la norma”.  Ramírez admitió, además, con cierta hilaridad, que Ayala Mora no podría trabajar 80 horas semanales. Sin emabrgo, eso es algo que su mujer, al menos en ingresos, cumplió a cabalidad.6.
Imagen: Analía Minteguiaga es esposa de René Ramírez, secretario de Educación Superior, ciencia y Tecnología.
Los Ramírez-Minteguiaga son como los dueños de una despensa de abarrotes que con el tiempo perdió capacidad de ofrecer productos perecederos. Su influencia provocó la salida de renombrados académicos como el ecuatoriano Arturo Villavicencio, que fue el primero en anunciar una futura “consolidación de esferas burocráticas de poder”. Luego, llegó la campaña de desprestigio contra el español Carlos Prieto del Campo y otros académicos españoles que mostraron solvencia en su trabajo.
El actual canciller Guilleme Long también estuvo al frente de la entidad y su salida dio paso al nombramiento, en 2016,  de Claudio Rama, un investigador uruguayo de alta trayectoria en la región. Él fue elegido por el presidente, Rafael Correa, por sugerencia de Ramírez y del ministro de talento humano, Andrés Aráuz. 
La elección de Rama no fue acertada porque no se prestó a los designios de Analía. La confrontación fue inevitable y duró apenas dos meses en el cargo.
Hasta el momento el IAEN cuenta con 350 alumnos sometidos a un sistema llamado “eficiencia terminal”, en que reciben clases hasta de ocho horas en un día. Un sistema que no cumple ningún rigor pedagógico, pero no tiene importancia porque el objetivo es graduar lo más pronto posible a los estudiantes y lograr mayores ingresos estatales por eficiencia académica. 
Así es la revolución académica que encabeza Ramírez, que hace poco se atrevió decir públicamente en diario El Telégrafo que la oposición “irá con venganza” tras ellos, luego de que termine el correísmo, porque nunca perdonarán los cambios que lograron a favor del país”.

MilHojas.is

Post Data:
Documentos utilizados en esta investigación
Si usted busca información sobre los pagos en el IAEN, que en teoría debería ser pública, en el portal www.iaen.edu.ec, esta ya fue sacada de allí. Sin embargo, MilHojas.is pone a disposición de los lectores los documentos con los que realizó esta investigación.
Remuneracion por puesto IAEN:_enero_2016 ⇒
Remuneracion por puesto IAEN febrero 2016 ⇒
Remuneracion por puesto IAEN marzo 2016 ⇒
Remuneracion por puesto IAEN abril_2016 ⇒

Los desafortunados errores técnicos y políticos de la escuela del milenio de Pedernales

El 10 de agosto de 2012, diario La Hora dio a conocer que el ciudadano Pedro López Ramos había donado el terreno para la construcción de la escuela del Milenio de Pedernales, una obra que se le encargó a Wilson Edison Chiriboga Sandoval por un monto de $2’659.284,37. Tiempo después se requirió un contrato complementario por $930.715, 28 para terminarla. Paralelamente la fiscalización de la obra se entregó al consorcio de ingenieros Gustavo Ruiz Guzmán y César Galarza Monroy por $109.614,10 y fue necesario firmar un contrato adicional por $76.728 para completar el trabajo.
Imagen: Así quedó la escuela del Milenio de Pedernales tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Los montos de los contratos de construcción sumaron $3’776.341,75 sin IVA. Un informe del Servicio de Contratación de Obras (Secob), a diciembre del 2014, sobre las obras en Manabí, estableció que en el monto final de la Unidad Educativa del Milenio del cantón Pedernales fue $4.511.210,91. El acta de entrega-recepción definitiva de la obra se firmó el 30 de octubre del 2013, según el detalle de liquidación de varias obras, publicado por el Secob el 31 de diciembre del 2014. 
Pocos meses después, en enero de 2013, el Consejo de la Judicatura de transición le entregó a Wilson Chiriboga Sandoval un nuevo contrato, esta vez a dedo, para la construcción de la Unidad Especializada de juzgados en Pujilí, Cotopaxi, por $2.457.810,40. En menos de un año su empresa se aseguró $6047810,05 en contratos. Gozaba de las mieles de la Revolución Ciudadana y no había poder que lo saque de juego.  
Eso cambió el 16 de abril de 2016, cuando su obra de Pedernales quedó destruida; entonces su nombre pasó a ser considerado por la opinión pública y decenas de organizaciones, nacionales e internacionales, que han registrado los destrozos en ese plantel. Los técnicos que han visitado el centro coincidieron en decir que debe quedar tal como está, porque será la mejor escuela para los estudiantes de ingeniería, así podrán palpar cómo no se debe levantar una construcción.
La obra de Pedernales constituye una cadena de errores, técnicos internacionales identificaron 12 problemas de diseño y construcción  como efecto de columna corta, anclajes mal realizados, paredes sin refuerzo, baja calidad del concreto, malta técnica de hormigonado, entre otras.  
Imagen: La utilización de columnas cortas ocasionó el colapso de la construcción.
El proceso de contratación contó además con infaustos acontecimientos que se evidenciaron en un examen especial de la Contraloría de ingeniería a los procesos de contratación y ejecución de proyectos del Ministerio de Educación, a cargo del Secob. En ese informe se dijo que se adjudicó el contrato a un oferente que no obtuvo el mayor puntaje.  
El caso de Pedernale llegó al límite con las declaraciones del ministro de educación Augusto Espinosa, que justificó la no contratación de seguros para la infraestructura educativa, basado en la ley y en una “dosis de inteligencia financiera”: “imaginemos que el seguro nos devolvía los recursos por la póliza y reconstruíamos, después teníamos que contratar nuevamente seguro y entonces, ¿durante qué tiempo deberíamos haber seguido pagando una póliza de seguro? ¿Durante 20, 30, 40 años?, porque los terremotos no son cada 2, 3 años”, expresó en Ecuavisa. 
• No deje de leer: Terremoto: El exsecretario de Gestión de Riesgos mintió y se marchó
• No deje de leer: ¿Ecuador Listo y Solidario? El entuerto de la Secretaría de Gestión de Riesgos
• No deje de leer: La SGR de espaldas al riesgo
La Contraloría General del Estado determina en el artículo 5 del Reglamento General para la administración, utilización y control de los bienes y existencias del sector público (R. O 11-09-2015), determina “la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas”. 
Pero el ministro Espinosa buscó salvar su cuello interpretando esa disposición y sostuvo que “la Constitución, en su artículo 286 exige a los funcionarios públicos que manejen los recursos de manera sostenible, responsable y transparente”. Agregó que por encima de cualquier acuerdo de la Contraloría está la Constitución, después vienen las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, los reglamentos y finalmente los acuerdos. Por lo tanto lo que debe guiar de manera primaria es la Carta Política. 
El Reglamento mencionado fue emitido por la Contraloría en sujeción a su ley orgánica que a su vez se origina en el artículo 212 de la Constitución que señala que “serán funciones de ese organismo expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. En el artículo 7 de la misma ley dice que para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría adaptará, expedirá, aprobará y actualizará reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados, guías metodológicas, instructivos y más disposiciones necesarias para la aplicación del sistema”. 
Espinosa ha dicho que el Ministerio de Educación como rector de la educación, también tiene jerarquías que se deben respetar y la Contraloría no puede emitir un acuerdo que vaya en contra de la Constitución y de otras leyes como el Código Orgánico de las Finanzas Públicas, “normas que mandan a que actuemos con inteligencia, que cuidemos los recursos, no solo los bienes, los recursos del pueblo ecuatoriano y lo estoy demostrando”, decía Espinosa a los medios.


'Imaginemos que se tenían que contratar los seguros. ¿Quién tenía que hacerlo en el ministerio de Educación?'.
Augusto Espinosa, ministro de Educación


También dijo: “Imaginemos que se tenían que contratar los seguros. ¿Quién tenía que hacerlo en el ministerio de Educación?” 
Con ese razonamiento enfiló a los servidores inferiores del ministerio de educación: “si se violó alguna normativa, hay que sancionar a los funcionarios que incumplieron”. 
Mientras el ministro Espinosa expone al mundo sus asertos, la escuela del milenio de Pedernales ($4.511.210,91) deberá ser demolida.
Pero no todo queda allí. El pasado lunes, la Contraloría se fue sobre el avezado ministro Espinosa. En un comunicado difundido a través de los principales medios de comunicación escritos, la Contraloría dijo que ninguna de las reglamentaciones que había inobservado el ministro Espinosa eran ilegales ni inconstitucionales como había alegado y que pueden derivar en sanciones administrativas que inuyen "multas y/o destitución".
Aquí va la descripción gráfica de cómo no se debe construir, en detalle, explicado por ingenieros sobre lo hecho en la escuela del Milenio de Pedernales.

MilHojas.is

La ruta criminal del oro ecuatoriano

(Miami, FL) – Una investigación criminal en torno a una red de presunto lavado de activos, que movilizó centenares de millones de dólares desde Ecuador hasta Estados Unidos y otros destinos a través de operaciones con lingotes de oro, apunta al abogado personal del presidente Rafael Correa y a otros ex altos funcionarios de su gabinete, de acuerdo a documentos y fuentes familiarizadas con la pesquisa oficial.
Según indagaciones de la Policía Nacional de Ecuador, un grupo de empresarios que controlaban media docena de empresas movilizaron más de 400 millones de dólares en operaciones de compra/venta de oro, sin que pudieran justificar de dónde provenía el mineral.
La Fiscalía General de Ecuador ordenó la detención de varios empresarios implicados en la investigación policial, entre ellos los hermanos Alberto, Javier y Jordi March Game, socios de las firmas Spartan del Ecuador y Clearprocess, dos de las empresas utilizadas en las operaciones, y el accionista Gustavo Jurado. Los empresarios han sido clientes de Caupolicán Ochoa, abogado personal del Presidente Correa.
Caupolican Ochoa con uno de sus clientes, Rafael Correa
Imagen: Caupolicán Ochoa (izquierda), con uno de sus clientes, Rafael Correa..
Documentos de la investigación, a los cuales tuvo acceso exclusivo Vértice, muestran cómo el abogado Ochoa utilizó sus conexiones con el alto gobierno ecuatoriano, para favorecer judicialmente a los empresarios detenidos. Un hijo suyo, que fue alto funcionario del Ministerio de Justicia, también aparece implicado en el tráfico de influencias.
Tras un año de pesquisas en un operativo que las autoridades bautizaron con el nombre clave de “Atardecer”, la policía ecuatoriana documentó con la ayuda de intervenciones telefónicas cómo los implicados movieron los hilos para acceder a cortes judiciales y jueces, a fin de detener procesos legales en su contra, principalmente por lavado de dinero y tenencia ilegal de armas.
Las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas, en poder de Vértice, mostraron cómo los hermanos March Game sobornaron a jueces y buscaron la ayuda de al menos un poderoso ministro de la administración Correa, para sortear sus problemas judiciales.
La evidencia recabada por la policía contra la red de lavado del oro generó la semana pasada una serie de allanamientos a 21 inmuebles relacionados a las firmas Spartan y Clearprocess. Al mismo tiempo, la fiscal del caso, Diana Salazar, pidió la detención de siete personas, entre ellas los hermanos March Game, y directivos de las firmas investigadas quienes fueron acusados de presunto delito de lavado de activos.
Los millones del oro Las primeras sospechas se produjeron cuando las firmas Spartan del Ecuador y Clearprocess no pudieron justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) ecuatoriano el origen del oro cuya negociación generó ingresos cuantiosos de un año para otro a ambas empresas.
Spartan había iniciado actividades de importación y venta de productos químicos a entidades públicas y privadas, en 1979. Entre 2009 y marzo de este año, un período de siete años, Spartan recibió un total de 2,8 millones de dólares en contratos con el Estado ecuatoriano, de acuerdo al Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador.
Pero en 2013 y 2014, Spartan recibió 31 transferencias por casi 24 millones de dólares a la firma Doremetals, una empresa registrada en Ecuador en septiembre de 2012, pero propiedad a su vez de otra firma registrada en Florida, Estados Unidos, bajo el nombre de Akar Precious Metal, de acuerdo a las investigaciones policiales.
Llamativamente, Doremetals reportó al SRI ingresos de apenas 200 mil dólares, pero según las indagaciones, recibió en diversas transacciones financieras un total de 184 millones 600 mil dólares, ingresos presuntamente relacionados al tráfico de metales preciosos como el oro.
Clearprocess, otra de las firmas investigadas propiedad de los hermanos March Game y de Gustavo Jurado, abrió sus puertas en 2012 en la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, en el suroeste de Ecuador, con el objeto de “explorar, explotar, fundir y mercadear toda clase de minerales”.
Meses después Clearprocess amplió sus operaciones a la ciudad portuaria de Guayaquil, pero sin mucho éxito: entre 2012 y 2013 reportó cero ingresos. Sin embargo, repentinamente, al año siguiente experimentó ingresos por encima de los 189 millones de dólares, presuntamente derivados del negocio del oro.
Cuando las autoridades ecuatorianas le pidieron a Clearprocess justificar el origen de los ingresos, los ejecutivos de la firma presentaron notas de compra y venta de oro a nombre de 230 supuestos proveedores registrados como contribuyentes del llamado Régimen Impositivo Simplificado (RISE), un sistema creado por el SRI en 2008 para facilitarle el pago de impuestos a unos 40.000 mineros artesanales ecuatorianos.
Las autoridades revisaron los registros y se encontraron con varios casos de falsificación de documentos y suplantación de identidad. Según informes de la Fiscalía de Ecuador, existen por lo menos una decena de denuncias de suplantación de nombres en contra de los administradores y accionistas de Clearprocess.
Las investigaciones establecieron el modus operandi. Clearprocess operaba en Machala como centro de compra y venta del llamado oro bullón. A esa ciudad confluyen los miles de mineros artesanales e intermediarios del oro extraído en zonas como Morona Santiago, Zaruma, Portovelo y Ponce Enríquez, localidades emblemáticas de la minería aurífera artesanal del sur de Ecuador.
Clearprocess no solo compraba oro a mineros ecuatorianos, sino también a productores provenientes de Perú que acuden a Machala por la cercanía física y por las mejores condiciones de venta que ofrece en comparación con los mercados peruanos.
Las autoridades encontraron altamente inusual ingresos de casi 190 millones de dólares en un solo año para una sola empresa. Según las cifras de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que autoriza las ventas al exterior,  se determinó que la producción de oro, entre 2012 y 2014, ascendió a 675 millones de dólares, mientras que en estos mismos años se exportó oro por un total de 1.823 millones de dólares, según los registros del Banco Central del Ecuador. 
Intercepciones telefónicas
Para avanzar en las pesquisas los investigadores policiales lograron que el propio fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, autorizara intervenir las líneas telefónicas de los empresarios implicados en el presunto tráfico de oro.
Según los documentos en poder de Vértice, las llamadas revelaron conexiones de alto nivel y maniobras para intentar frenar procesos judiciales en contra.
De acuerdo a las llamadas capturadas, los hermanos March Game, principalmente Alberto y Javier, y el accionista de Clearprocess Gustavo Jurado, se mantenían en constante comunicación con Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa.
La notoriedad de Ochoa proviene de haber actuado como defensor de Correa en el juicio que el mandatario introdujo en 2012 contra el ex asambleista Cléver Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio por injuria, luego de que Jiménez y Villavicencio acusaran a Correa de cometer de delitos de lesa humanidad durante la sublevación policial de 2010. Ochoa logró que una corte de Quito condenara a Jiménez y a Villavicencio a 18 meses de prisión.
El abogado también ha representado a diez instituciones públicas y personalidades, entre ellas otra figura clave del gabinete de Correa: el ministro del Interior, José Serrano, en un caso similar de calumnias. Pero Ochoa no ha estado exento de polémica. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, Ochoa registra 50 procesos judiciales en su contra.
De acuerdo a las indagaciones policiales en el caso de la red del oro, el abogado está implicado en presunto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, los hermanos March Game, y al socio de ambos, Gustavo Jurado. Pero no es el único. También lo está su hijo, César Ochoa, un abogado que se desempeñó como viceministro de Justicia entre marzo y junio de 2014.
Transcripciones de las llamadas muestran que el 23 de noviembre de 2015, Jurado se comunicó con César Ochoa para pedirle ayuda, ya que la Fiscalía de Quito había emitido un informe incriminatorio contra Clearprocess y Spartan, y estaba apunto de emitir una orden de detención contra los empresarios.
La respuesta de Ochoa sorprendió a los agentes policiales: el abogado pidió a Jurado que le depositaran 50 mil dólares para moverse al día siguiente y así evitar más acciones judiciales contrarias y detenciones.
Las gestiones del hijo de Caupolicán Ochoa resultaron infructuosas. Cuatro días después de esta llamada, el 27 de noviembre de 2015, la policía le realizó un allanamiento a Jurado y lo detuvo por tenencia ilegal de armas, entre ellas dos carabinas antiguas y tres armas de alto calibre.
Tras la detención de Jurado, los Ochoa movieron sus influencias para que Jurado saliera en libertad. Según las investigaciones, Caupolicán Ochoa trató de interceder a su favor por intermedio de David Norero, asesor de uno de sus clientes influyentes: José Serrano, ministro del Interior. César Ochoa, por su lado, pidió el nombre del juez que había emitido la orden judicial contra Jurado para solicitarle una entrevista.
En otra llamada el mismo 27 de noviembre, Ochoa hijo le pide al interlocutor que necesitaba otros 10 mil dólares para pagar al juez del caso, porque en el allanamiento se habían decomisado cinco armas y que Jurado no iba a poder salir “limpiamente”.
La noche de ese mismo día, en una llamada telefónica, Caupolicán fue informado de que Jurado ya había sido puesto en libertad, luego de que el juez aceptará el pago de 8 mil dólares. En la misma llamada le informaron a Caupolicán Ochoa que el juicio contra Jurado se iniciaría en la primera semana de diciembre de 2015.
Las gestiones de Caupolicán a través de su ex cliente no dieron resultado por una razón de peso: el ministro Serrano conocía los detalles del caso y no quería que ninguno de los Ochoa interviniera porque sabía que iban a salir “más cosas”, ya que tenía toda la información de la Dirección Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado.
Tres días después de la detención de Jurado y sus gestiones para sacarlo de prisión, Ochoa sospechó que su teléfono estaba intervenido y evitó hablar del caso. Sin embargo, las autoridades seguían grabando las llamadas telefónicas que recibía el abogado de Correa.
El 1 de diciembre, por ejemplo, se interceptó otra llamada a Ochoa donde le informaban que su cliente Alberto March le había enviado un correo explicando su disposición a negociar un acuerdo con el SRI.
En la llamada le aclararon que las denuncias que estaban afectando a sus clientes estaban relacionadas a las actividades de Clearprocess, ya que un proveedor registrado en el sistema RISE lo había denunciado. También le comunicaron que Jurado estaba preocupado por un posible juicio en su contra por tenencia ilegal de armas, y que además existía otra acusación por suplantación de identidad. En la llamada, el abogado Ochoa se comprometió a negociar con el juez del caso para parar el proceso.
Los esfuerzos de Caupolicán Ochoa en favor de Jurado resultaron neutralizados por su ex cliente José Serrano. El ministro del Interior ordenó la detención de Jurado siete meses después de esas negociaciones, poco después de que Serrano fuese condecorado a principios de este mes por la DEA debido a sus logros en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador.
Vértice intentó buscar una versión de los hechos por parte de los hermanos March Game, pero no obtuvo una repuesta inmediata. Correos enviados al abogado Caupolicán Ochoa para confrontar su versión de los acontecimientos bajo investigación, no fueron respondidos al cierre de esta edición.
Fuentes consultadas en la Fiscalía General de Ecuador declinaron comentar sobre un caso en curso.
Aparentemente, Serrano no ha sido el único alto funcionario interesado en el caso, tanto a favor como en contra. Juan Carlos Cassinelli, ex asambleísta y reciente ministro de Comercio Exterior, y consuegro de Alberto March, uno de los detenidos, habría intentado lograr apoyo del bloque oficialista de Alianza País, pero la versión no pudo ser confirmada por Vértice. Y el Fiscal General Galo Chiriboga dio el aval para que la fiscal del caso, Diana Salazar, acusara a los siete empresarios y accionistas detenidos por sus vínculos en la presunta red de lavado de dinero a través del oro a pesar de las conexiones de los implicados con el gobierno de Rafael Correa.

MilHojas.is

Censura pasa de las redacciones a los foros sobre periodismo

Ahora, no solo las publicaciones periodísticas pueden ser sancionadas o por lo menos tachadas por las autoridades de Gobierno, sino también los eventos periodísticos, y lo que más llama la atención es que hasta los centros de educación superior estén cediendo en su autonomía universitaria para convertirse en brazos ejecutores de esa censura.
Este 14 de junio la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) decidió no prestar su centro de convenciones para el primer Encuentro Nacional de Periodistas y Comunicadores Loja 2016, previsto para el 22 de junio debido a que esta institución “no puede garantizar la neutralidad del evento”.
Los propósitos del encuentro son retomar el debate sobre la Ley de Comunicación y, con los insumos obtenidos de esa discusión, elaborar y entregar un manifiesto a la Asamblea Nacional sobre las reformas que requiere esa norma. Los invitados de ese encuentro son: Juan Carlos Calderón, Tania Tinoco, Janeth Hinostroza, César Ricaurte, Allen Panchana, Luis Vivanco, Martha Roldós, Xavier Bustamante, Fernando Villavicencio y Mónica Almeida.
Imagen: La página de Facebook del evento fue dada de baja.
Sin embargo, el retroceso de la UTPL en su apoyo al evento causó sorpresa en los miembros del colectivo de reporteros de medios nacionales que laboran en Loja y que son los organizadores del encuentro: Karlos Andrade, de Ecuavisa; Albita Herraes, de Canal 1, Frredy Inga, de diario Extra, y Lindon Sanmartín.
Andrade, su vocero explica que con antelación se hizo una solicitud a la UTPL para que preste sus instalaciones. El pedido fue aprobado, pero “luego de cuatro días la misma solicitud fue revisada nuevamente por otras instancias que determinaron que la Universidad no puede garantizar la neutralidad de dicho evento”. Por lo que se señala que no se podrá prestar las instalaciones de la UTPL.
El repentino cambio, sin mayores explicaciones por parte de la Universidad, genera muchas interrogantes. Los organizadores quieren saber cuáles fueron estas “otras Instancias” que revisaron nuevamente la solicitud, qué parámetros académicos se establecieron para llegar a esa conclusión, quiénes conformaron la comisión que solicitó revisar una vez más, la solicitud ya aprobada, hay alguna relación de la decisión con que en los próximos meses se anuncia una reforma a la ley de comunicación, o si hubo presiones de alguna autoridad de gobierno que tilda de opositores a la mayoría de comunicadores que asistirán al encuentro.
Imagen: Carta en la que a UTPL dice que no puede ser sede del encuentro porque "no podemos asegurar una posión neutra de la Universidad Técnica Particular de Loja".
De hecho, Andrade asegura conocer de fuentes de la misma UTPL que la gobernadora de Loja, Johana Ortiz y el secretario nacional de Comunicación, Patricio Barriga, jugaron un papel determinante en la decisión de la Universidad de negar el espacio para el evento. "(Barriga) habría llamado a la Universidad para advertirles que se meterían en problemas si daban paso a este acto", dice Andrade.
En la página de Facebook del “Encuentro Nacional de Periodistas y Comunicadores Loja 2016” se destaca que este es un acto educativo,académico que busca analizar los logros alcanzados por la Ley de Comunicación y su aplicación a favor o en contra de medios de comunicación y de comunicadores.
“Este Encuentro además, sería la plataforma nacional para dar a conocer los casos de vulneración de la libertad de expresión en nuestra ciudad, de la persecución de algunas autoridades a los medios de comunicación y periodistas”
La negación del espacio para el evento por parte de la UTPL es el corolario de otros hechos que se han enfrentado en la organización del evento, sobre todo desde la semana pasada, en que la página de Facebook creada para difundir información del encuentro y sus participantes fue bloqueada. Por lo que tuvo que rehacerse la página con los datos de los perfiles de los participantes y sus itinerarios.
“Ya estamos con página nueva y seguimos dando respuesta a la masiva demanda de inscripciones al encuentro por parte de periodistas de El Oro, Zamora y Azuay”, dice Andrade.
Imagen: Carta en la que la Universidad había ratificado, con anterioridad, el acto.
La página web elaborada también para promocionar el encuentro periodístico también desapareció, pero los organizadores están coordinando la puesta al aire de una nueva página con mayores seguridades.
Si bien los organizadores ya encontraron un sitio para recibir a los conferencistas que estaran este 22 de junio en ?Loja, en el muro de Facebook del evento se mantiene un texto que cuestiona el papel que ha jugado en esto la UTPL: “el negar un espacio en una Universidad que debería ser garantista del derecho fundamental de las personas a expresarse, SOLO DEMUESTRA Y DA LA RAZON a quienes hemos públicamente denunciado actos de persecución y atropello a estas libertades. YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES… EN DONDE LA LIBRE EXPRESIÓN NO ESTE CONDICIONADA A LO QUE LE CONVENGA A LA AUTORIDAD DE TURNO”.

MilHojas.is

Mario Ruiz: ‘Debemos estar preparados’

673 fallecidos, 9 desaparecidos, 113 personas rescatadas con vida, 6.274 heridos, 28.775 damnificados viviendo en albergues y 6.998 edificaciones destruidas evidencian la magnitud de la tragedia provocada por el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido el pasado 16 de abril de 2016 (16A) en la franja norte de la costa ecuatoriana, con epicentro en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 
Desde ese trágico 16A, según reportes del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional (IGPN), se han producido 1.570 réplicas, ocho de las cuales han sido mayores a 6 grados. Sin embargo, el 18 de mayo, dos nuevas réplicas, la primera de magnitud 6,8 se registró en la madrugada y otra de igual intensidad a las 11:46. Aunque de inmediato el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) descartó un tsunami, el pánico volvió a apoderarse de la población, que aún tenía fresco el impacto del del 16A.
En el país, solo dos sismos han sido más fuertes desde enero de 1906: En esa fecha se produjo un terremoto-tsunami de 8,8 grados frente a las costas de Tumaco, en la frontera con Colombia. Ochenta y un años más tarde, el 5 de marzo de 1987, otro terremoto de 8 grados golpeó Manabí. 
Eso quiere decir que Ecuador es vulnerable a sufrir temblores y terremotos. Establecer la intensidad de un sismo e informar a las autoridades y a la población la magnitud de cada evento es un asunto técnico complejo. 
Ante las críticas al IGPN manifestadas sobre todo en redes sociales tras las cifras preliminares y definitivas comunicadas por el organismo, MilHojas.is dialogó con su director Mario Ruiz, a fin de aportar con un análisis que permita entender su trabajo y, sobre todo, estar mejor preparados para afrontar situaciones de emergencia que se pueden presentar en cualquier momento.
Por ejemplo, tras la réplica de la madrugada del 18 de mayo, el Instituto reportó tres magnitudes: la primera de 7.1 grados a las 02:57:01, la segunda de 6,8 grados un segundo más tarde, y la tercera de 5,7 grados a las 03:00:43. 
Según el experto, los reportes del Geofísico son técnicamente emitidos dentro de un protocolo de 12 a 15 minutos después del evento establecido con las autoridades y que es uno de los más rápidos de la Región. 
También advierte que las réplicas se mantendrán seis o siete meses más y, dado que en ningún país del mundo la ciencia ha desarrollado todavía un sistema sismológico de alertas tempranas, lo adecuado es tomar medidas de precaución en la casa, en el trabajo y en todo lugar. 
De forma simultánea, es indispensable desarrollar normativas que obliguen a construir edificios sismo resistentes y establecer políticas públicas efectivas para que los servicios de protección civil actúen lo antes posible después de un movimiento telúrico para así mitigar su impacto. 
 
¿A qué se debe la diferencia entre el primero y el segundo anuncios de la magnitud del sismo del 16 de abril del 2016 y de las réplicas del 18 de mayo por parte del IGPN? ¿Cómo se mide la magnitud de un sismo en la escala de Richter?
El Instituto tiene un protocolo en base al cual hace el análisis de los sismos y el envío de la información. Dentro de ese protocolo damos una información preliminar que luego se va modificando. Eso se hace para balancear porque primero queremos tener la información rápida y luego la completa. Para en el informe rápido publicamos datos preliminares que contienen el análisis de los primeros arribos, de las primeras porciones del sismograma que llegan a las estaciones más cercanas. No esperamos que las ondas lleguen a todas las estaciones sísmicas porque eso retrasaría nuestro reporte. Apenas tenemos un número suficiente de porciones mandamos el primer informe.  
¿Cómo es el proceso desde que empieza hasta que termina un sismo? 
El movimiento primero es detectado por las estaciones sísmicas que están en el campo y en las estaciones que están más cercanas al epicentro. Apenas tres estaciones detectan un sismo, automáticamente la máquina empieza a calcular dónde está el epicentro y cuál es su magnitud. Conforme aumenta el número la máquina va haciendo cambios o ajustes. Cuando las ondas llegan a 10 estaciones y satisface un cierto criterio de calidad, se emite el primer informe al Instituto y al público. Después esa información es analizada por un analista, quien verifica que la máquina no haya confundido el ruido. 
¿Por qué puede confundirlo? 
Por ejemplo, si pasa un carro crea una vibración, si un árbol es movido por el viento crea otra vibración. La máquina se confunde, no distingue, solo registra si han un incremento importante. Si hay un sismo en un volcán, es otra cosa. La máquina solo reconoce que hay un cambio y lo localiza. El analista revisa todas esas señales. Podemos tener 100 señales de un sismo, razón por la cual no podemos emitir un informe muy rápido. El analista tiene que desplegar las 100 señales y determinar cuáles son sísmicas y el sitio en el que están localizadas. 
¿Cuánto dura este proceso? 
Normalmente siete minutos, pero es variable porque depende del número de estaciones. Si es un sismo grande llega a toda la red y podemos tener cien estaciones. 
¿En cuánto tiempo? 
La velocidad a la que se propagan las ondas normalmente es de siete kilómetros por segundo. Una vez que la computadora toma las señales y detecta los cambios de amplitud, hace correr un algoritmo que hace una búsqueda con miles de puntos y establece los residuos entre los tiempos observados y los tiempos calculados. Una vez que va comparando los residuos va encontrando dónde la solución del proceso está más ajustada. Ahí cambia a una definición con más detalle. Es decir que el espaciamiento ya no es de un kilómetro si no de 10 metros entre los puntos y comienza nuevamente a buscar la mejor solución. Ese proceso, así sea automático, toma unos dos o tres minutos y la máquina lo hace cientos de veces. 
¿Cuándo la máquina diferencia un sismo pequeño de un grande? 
Si es un sismo pequeño el analista revisa 20 señales, si es grande revisará cien. Por eso los tiempos varían. Por ejemplo, en una de las réplicas del 18 de mayo tuvimos un sismo y menos de un minuto más tarde tuvimos otro. Ahí hay que ser más cuidadosos con el procedimiento. Normalmente se puede indicar que 8 minutos después del sismo el analista manda la información y mandamos esa información con confirmado o revisado manual a las instituciones, con prioridad a la Secretaría de Riesgos y al Inocar. También podemos actualizar la magnitud que está en Facebook y en Twitter. 
¿Quiere decir que el Geofísico no puede informar directamente a la ciudadanía la magnitud de un sismo, tiene que pasar primero a esas entidades? 
No, lo hacemos simultáneamente. Luego de unos 10 minutos, cuando la mayor parte de las ondas sísmicas han sido registradas, la máquina hace un nuevo proceso en el que básicamente filtra, deja solo las muy bajas frecuencias y hace lo que llamamos la inversión de un modelo para determinar el tamaño del sismo para que genere las ondas que se observan en los componentes de toda la red. 
Según normas internacionales ¿hay un tiempo determinado o prudencial entre el momento de un sismo y el primer reporte de su magnitud por parte de organismos como el Geofísico? 
Cada país tiene sus propios tiempos de acuerdo con el tipo de red. Quizá nosotros estemos entre los más rápidos. Lo que le puedo decir es que en Estados Unidos los reportes de las primeras estaciones de servicio sismológico llegan 15 minutos después. Eso que ahora ellos están utilizando parte de la información que nosotros mandamos. 
Pero en el terremoto del 16 hubo muchas críticas porque las primeras noticias del sismo salieron por medios de comunicación internacionales. 
Claro, pero eso ocurrió porque la red de Internet, la red de telefonía celular y parte de la convencional colapsaron. Nosotros teníamos la información pero no los canales para comunicar. Algo se alivió cuando pudimos poner la información en Facebook y en Twitter. La población que estaba afuera podía acceder a la televisión por cable Después de que el Instituto capta una suficiente porción del sismograma a través de las ondas de mayor amplitud, que son las más superficiales y las más lentas, cosa que puede tomar de 10 a 12 minutos, se hace una inversión que se le llama y se busca la mejor solución para obtener la magnitud mw, que es la más confiable en estos casos. Por lo tanto, nosotros hemos establecido que a los 15 minutos podemos reportar la magnitud mw. 
¿Qué es la magnitud mw? 
Es la magnitud de momento sísmico, es un tipo especial. Esa información se actualiza y enviamos nuestros informes a la población y a las autoridades. Podemos calcular esta magnitud antes para reportar dentro de los primeros 12 minutos. Pero si hay una complicación como la del 18 de mayo, de tener dos sismos seguidos, con poco tiempo entre ellos, el cálculo matemático puede tomar un poco más de tiempo. Pero digamos que 15 minutos es nuestra propuesta de protocolo. 
¿Por qué la diferencia entre los reportes y los definitivos, al punto que el Instituto puso un boletín en el que explica esa situación? 
Eso se debe a que las primeras localizaciones se hacen con la primera parte del sismograma que puede durar 20 minutos. Si yo quiero informar solo la magnitud definitiva tengo que esperar 15 minutos, pero la población pasaría ese tiempo sin conocer la magnitud de un sismo. Sobre esto hemos conversado con las autoridades y les hemos dicho que necesitamos un protocolo porque a los tres minutos nosotros podemos tener una magnitud, pero es preliminar.
¿Por qué? 
Porque el método que calculamos, la parte del sismograma que está disponible en esos tres minutos corresponde a las primeras ondas. Por eso es que la magnitud es preliminar, porque va variando. 
¿Es decir que mientras más rápido se informe la magnitud preliminar, más diferencia puede haber con la definitiva? 
Exacto. Porque la cifra definitiva va a tardar unos 15 minutos. Yo prefiero dar una información más rápida, pero aclarando que es preliminar, para que sirva de referencia para la población y las autoridades. Al comienzo, si utilizamos solo una parte del sismograma, si se trata de sismos pequeños no hay problema pero, si son grandes, vamos a subestimar su magnitud definitiva. 
¿Qué prefiere usted, tardarse más e informar una magnitud más cercana a la realidad o dar la preliminar e irla ajustando? 
Eso les hemos explicado bien a las autoridades y les hemos preguntado si quieren una información rápida, que puede tener errores pero puede servir de referencia, o quieren que nos demoremos el tiempo suficiente para sacar un valor mucho más confiable. 
¿Han entendido eso las autoridades? 
Han entendido que se tiene que trabajar con esas diferencias: con una magnitud que es preliminar y se va ajustando. Mire, los compañeros hacen algo que demanda esfuerzo porque cada vez que la marca recibe más señales comienza a hacer un nuevo cálculo. De tiempo en tiempo los compañeros hacen ajustes y mandan esas soluciones y mandan los informes por Facebook y Twitter. A veces se mal interpreta esto y reclaman que por qué están cambiando. Lo hacemos porque es un proceso natural y van llegando más señales a las estaciones y la magnitud es un promedio de los valores obtenidos en todas las estaciones, pero el promedio es diferente si se obtiene de 5, 10, 20, 50, 80 o 100 estaciones. Va cambiando ese valor. 
¿Más estaciones es lo óptimo? 
Claro, la magnitud más confiable resulta de más estaciones, cuando el valor estadísticamente es más confiable. 
¿Cuántas estaciones hay en el país? 
Cien. 
¿Eso es lo óptimo o se necesitan más? 
Eso es como preguntarle a un médico cuántos quirófanos es lo óptimo, el médico le dirá: mientras más, mejor. Debo decirle que ahora tenemos 100 estaciones de banda ancha, hace 10 años solo una. Entonces hemos hecho un esfuerzo bien grande. Si me dice que vamos a tener mil, yo le digo excelente. 
¿Cuánto cuesta cada estación? 
Es preferible no dar el valor, pero cuesta mucho dinero 
¿Está el Geofísico bien equipado? 
Creo que somos la red sísmica más densa de América Latina. Brasil seguramente tiene más estaciones, pero es un país mucho más grande. Tenemos otra ventaja que es contar con un sistema automático que procesa la información. Es muy robusto y confiable. 
¿Ese es el que mide la escala de Richter? 
Originalmente la escala de Richter estaba calculada para determinar la magnitud ml con un tipo específico de sismógrafo: los Wood Anderson, que hacían el cálculo y daban la magnitud. Esos ya no existen en el mercado. Ahora usamos equipos mucho más sensibles para hacer una analogía con la magnitud de Richter y calculamos la magnitud ml y la mv. Con otra parte del sismograma obtenemos las ondas de cuerpo, las p y las ondas s.  
¿Qué significa cada magnitud? 
La mv es la de ondas de cuerpo, la ms la superficiales y la mw es la magnitud del momento sísmico. Entonces, determinar una magnitud no es un proceso trivial. Primero tenemos que calcular todas las magnitudes locales posibles, que pueden ser 30, 40 o 50, hacemos una estadística, sacamos los valores atípicos y promediamos los valores. Hacemos lo mismo con las mv y las ms y después sacamos un promedio de todas para sacar un valor de magnitud. Luego, cuando tenemos el mw reemplazamos e informamos el nuevo valor. 
¿Qué otros países tienen ese mismo sistema de medición magnitudes preliminares y finales? 
Varios países en el mundo, entre ellos el observatorio de los japoneses. Ellos, a los pocos minutos de un evento publican la magnitud preliminar. En el último sismo que hubo en el sur de ese país, reportaron una magnitud preliminar de 6,3, pocos minutos después la subieron a 6,6 y la final fue 7,2. Entonces eso que nos pasa y por lo que a veces somos objeto de la crítica fuerte de las personas, pero pasa también en Japón. La diferencia es que allá están mejor preparados y conocen que las magnitudes preliminares pueden ser corregidas. 
¿Hay un margen de diferencia razonable? 
Si, 0,3 es un margen común y establecido a nivel mundial. No olvidemos que con sismos grandes. Con sismos grandes se pueden dar márgenes mayores. Le invito a revisar lo que pasó en el terremoto del 12 de marzo de 2011 en Japón. Ahí primero sacaron una magnitud de 7.8 y el sismo terminó con una magnitud de 9 grados. Si eso pasa en Japón, que tiene una red de más de 4.000 estaciones sísmicas. Imagínese lo que puede pasar aquí. 
Hay que educar a la población. Por eso Mil Hojas solicitó esta entrevista, para entender y estar mejor preparados ante cualquier situación. 
Los científicos de todo el mundo buscan la forma de encontrar un método que permita dar una magnitud confiable con las primeras ondas que llegan a los sismógrafos. Esa investigación es complicada. Algún rato quizá lo logren.? 
¿Cómo está trabajando la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG)? ¿Están todos están operativos e intercomunicados? 
Tenemos varios métodos de comunicación, pero siempre hay problemas, no es fácil mantener la red funcionando al cien por ciento, porque los sismómetros van atados a digitalizadores, que en realidad son computadoras. Después pasan la información a un sistema de radio, desde donde son transmitidos. Mire los puntos que pueden haber de fallas. Normalmente, estas estaciones o computadoras están localizadas en el campo, a veces sufren variaciones de temperatura importantes. Tener una computadora trabajando a tiempo completo y en las mejores condiciones posibles no es fácil. 
¿Está o no operando bien la red y cuántos sismómetros tiene? 
Si está operando bien. La red nuestra tiene 130 estaciones sísmicas y 100 estaciones de banda ancha. 
¿Todas están operativas? 
No todas, entre el 80 y 90 por ciento, porque una computadora puede apagarse y tenemos que viajar en lancha a la estación para arreglarla. Lo que siempre tratamos de hacer es que las estaciones más importantes funcionen siempre. Otro punto delicado es la alimentación de la energía de la computadora. Normalmente tenemos un sistema de baterías que está conectado a paneles solares. Es lo más confiable que hay. A veces ocurre que no reciben carga porque hubo tres semanas nubladas, eso provoca que disminuya el voltaje y que la computadora se apague. En ese caso tenemos un sistema automático porque si la computadora empieza a trabajar con bajos voltajes, puede dañarse. Otras estaciones, en el Cotopaxi por ejemplo, pueden ser afectadas por la caída de ceniza. Ahí toca limpiar a diario, porque no podemos pasar con la estación sin funcionar. Otro problema que tenemos es que las estaciones tienen antenas que están bien sujetas, pero puede haber vientos que mueven y cambian la orientación de la antena y dejamos de recibir la señal. Entonces tenemos que enviar un equipo técnico para que revise. 
¿Qué tipo de transmisión tienen los sismógrafos que están en la costa del Pacífico? 
A fin de no depender de un solo sistema, tenemos varios tipos porque consideramos que todo puede pasar, así que diversificamos las vías. A las estaciones más importantes las tenemos con transmisión satelital, otras vienen por microonda, pero es muy cara y lo que hacemos es mandar a un nodo y de ahí utilizamos la microonda cuando mandamos paquetes de 15 a 20 estaciones. Como cada estación tiene tres componentes serían 50 trazas y las mandamos en un solo paquete. Otras estaciones las mandamos a través de fibra óptica y otras con enlaces de radio directos.
¿Cuál es la diferencia entre los modos de transmisión sugerida, satelital, transelectric, CNT, red IG y qué otro tipo de formas de transmisión tienen? 
L
o recomendable es diversificar los medios de transmisión.
¿Cuál es el rol de la red nacional de acelerógrafos? 
Tiene dos funciones. La primera a es medir el nivel de sacudimiento del terreno en las ciudades a causa del sismo. La segunda aplicación para otro grupo de acelerógrafos permite cuantificar cómo se atenúan las ondas según la distancia. Ahora usamos ecuaciones que están disponibles a nivel mundial, pero queremos obtener con nuestros propios datos y en base a nuestra sismología nuestra propia ecuación.  
¿Qué hace falta para que la obtengan? 
De que tengamos más temblores. 
Uy, entonces mejor que no la tengan… 
Esa es la realidad, porque la ecuación tiene que ser confiable a diferentes valores de magnitud. Desde que instalamos la red, el del 16 de abril es el primer sismo con una magnitud mayor a 7.1. Por tanto, tenemos que esperar más tiempo y mayor número de eventos para tener una ecuación propia. Hay que trabajar para eso. 
¿Está el IGPN preparado y equipado para lograrlo? 
Tenemos una red de 100 acelerógrafos, la mayoría está en ciudades y otros en roca, que serán destinados para realizar lo que se llamaba ley de atenuación y ahora es la ecuación de predicción del movimiento del terreno. ?  
¿Eso permite advertir que va a ocurrir un sismo?
No, eso indica cómo va decayendo la amplitud de las señales sísmicas con respecto a la distancia. Hay una tesis de grado sobre esto en la Politécnica y estamos trabajando con colegas franceses en el tema. La red fue instalada hace unos cinco años y se requiere trabajar durante algunas décadas para tener una ecuación robusta y muy confiable. La única forma de lograrlo es ir recogiendo los datos que tenemos.
En agosto del 2014, la exsecretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, anunció una inversión de $6 millones en equipos para que el Instituto Geofísico del Ecuador realice estudios sobre la sismicidad y la detección de los mismos. ¿Se concretó esta inversión? 
No se concretó. Quizá se refería a una inversión para atender el tema del Cotopaxi. La Secretaría nos atendió en unos requerimientos que necesitábamos de urgencia. 
¿Cuánto se concretó de ese monto? 
Una pequeña cantidad. Eso mejor le pregunta a ella. Lo que yo le puedo decir es que el apoyo de la Secretaría no llegó a esa cifra.
¿Qué función cumplen las 12 nuevas estaciones GPS de alta precisión instaladas en la zona costera ecuatoriana, luego del terremoto del 16 de abril pasado, con colaboración de IRD (Instituto de Investigación para el Desarrollo, por sus siglas en inglés)?
El Instituto tiene una red de GPSs de alta presión. Con ellos lo que vamos a hacer es densificar, es decir colocarlos en zonas que no tenemos cubiertas. Eso nos permite estudiar qué pasa abajo con las placas en base a las deformaciones que se puede medir en superficie. Eso es importante y nuevo, son métodos que se están aplicando en los últimos cinco años a nivel mundial. Para ello tenemos el apoyo del IRD que trabajan con nuestros colegas del Geofísico. 
¿Por qué hizo falta incrementar estos equipos, en qué ayudan? 
Por ejemplo podemos ver las zonas que están más acopladas, donde las placas están más ajustadas unas con otras. Hay estudios que dicen que las zonas donde están más acopladas son más proclives a producir sismos. Es como si tuviéramos un bloque sobre otro, mientras más les friccionemos uno con otro y más ajustados están, hay más presión.  
¿Cuáles son las zonas más proclives o con mayor riesgo en Ecuador? 
Yo no digo con mayor riesgo, ese es otro concepto. Hay varias zonas con mayor acoplamiento: una está frente a las costas de Tumaco, en la frontera con Colombia; otra frente a Puerto López y otra entre Atacames y Esmeraldas.  
¿Era posible determinar algún mecanismo de alertas tempranas sobre la ocurrencia del sismo del 16 de abril? 
No. Lo que podemos es prevenir sobre lo que puede ocurrir a largo plazo, pero no podemos establecer cuándo va a pasar. Ya hemos tenido casos desafortunados cuando los sismólogos han hecho ese tipo de predicciones. No es posible porque hay muchas variables y conocemos las principales, pero no todas.  
¿Cree usted que la ciencia creará algún día un mecanismo de alerta sismológica temprana? 
Estados Unidos lanzó un programa para el pronóstico de sismos en la falla de San Francisco, que es una zona con alta sismicidad. Después de trabajar 20 años en ese objetivo científico, la Fundación Nacional de la Ciencia de ese país dejó de apoyar ese proyecto porque consideró que no estaban en capacidad de buscar un método que permita predecir erupciones. Quizá se vayan encontrando cosas más adelante, pero no veo que en un futuro cercano eso sea posible.
¿Desde cuándo están investigando el tema de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa continental? 
Los primeros estudios vienen desde el aparecimiento mismo de la tectónica de placas, en los años Setenta. El estadounidense Peter Clomsley hizo el primer trabajo sobre la zona de subducción; luego otro norteamericano Peninton y en los Ochenta, sismólogos de fama mundial estudiaron la zona de subducción frente a nuestras costas. El Instituto Geofísico tuvo su primera red en 1988. Al poco tiempo de tener los primeros aparatos comenzamos a instalar ?estaciones de período corto en la Costa. En esa época era lo más avanzado en tecnología. Para 2008 presentamos un proyecto para poner instalaciones de banda ancha y en 2011 terminamos de instalar esta segunda generación de estaciones en la Costa, para estudiar la zona de subducción. Desde entonces trabajamos con los franceses.  
¿Qué es la subducción? 
Es el hundimiento o zambullimiento de la plaza oceánica nazca, que es más pesada, debajo una placa continental, que normalmente es liviana y tiene menor densidad.  
¿Eso causa los temblores y terremotos? 
Si, ese rozamiento es el que provoca que se acumule energía, la misma que se libera cuando se producen los sismos. 
Después de las dos réplicas del 17 y 18 de mayo, que nos pusieron los pelos de punta a todos, ¿qué escenario tenemos, puede decir usted si ese rozamiento permitió liberar toda la energía y podemos estar más tranquilos? 
No podemos decir eso todavía. Nos hace falta algún tiempo para que las placas se sigan reajustando. Lo que hemos informado es que el número de réplicas irá disminuyendo. La mayoría pueden ser de magnitudes menores a 5 grados y, en casos muy especiales, mayores a 6 grados. 
¿Cuánto tiempo pueden durar esas réplicas? 
Meses.
¿Cuántos meses? 
De seis a siete meses, debemos estar preparados.
¿Nuevas réplicas fuertes y otro terremoto como el del 16 de abril pueden ocurrir en cualquier momento? 
Podría ocurrir otro sismo pero seguramente no en la misma zona, sino en una zona cercana o aledaña. 
¿Es decir que los epicentros pueden estar en Santa Elena, El Oro, Guayas. Nada se puede descartar?
Puede ser, nada podemos descartar.
Conocemos su detallado trabajo en el tema volcánico, ¿también cuentan con un mapa de riesgo sísmico de la zona de la costa del Pacífico del Ecuador? 
El trabajo del Instituto es hacer mapas de peligro, no de riesgo sísmico.
¿Cuál es la diferencia? 
La diferencia es que el riesgo cuantifica la probabilidad de pérdidas materiales en base a metodologías especiales. El peligro es la probabilidad de ocurrencia de eventos. Nosotros hemos hecho el cálculo de la probabilidad de tener aceleraciones sísmicas en el país. Algunas generaciones de estudiantes de Ingeniería hicieron como tesis el mapa de peligro sísmico del Ecuador. (muestra los mapas elaborados por los estudiantes). 
¿Cómo es la relación del IGEPN con la Secretaría de Gestión de Riesgo y con el IRD? 
El Instituto es un organismo de apoyo científico-técnico de la Secretaría. Tenemos un convenio por medio del cual nosotros les informamos los resultados de nuestras actividades. Siempre tratamos de mantener una buena relación.

Emilio José, Victoria y Diana, los rechazados de RC

En junio de 2015, MilHojas.is contó la historia de estos tres niños con discapacidad mental, que no han recibido atención del Gobierno, pese a que viven en situación vulnerable.  Un año después, este portal vuelve a conversar con sus madres.  Anita Rivadeneira dice que Emilio José, de 9 años, necesita con urgencia  una operación de cadera. Patricia Moreno lamenta que su hija Victoria, de 24 años,  haya sufrido una regresión preocupante por falta de atención especializada. Y Diana, la niña golpeada por un policía a caballo durante las  protestas efectuadas en diciembre pasado contra las reformas constitucionales promovidas por el presidente Rafael Correa, no ha superado el trauma, dice Patricia Almeida, su madre. 
Imagen: Emilio José, de nueve años, con sus familiares, en la puerta de su casa.
Para Anita Rivadeneira y Patricia Moreno, la Misión Manuela Espejo y los bonos para las personas con discapacidad son más publicidad que realidad y lamentan que miles de ecuatorianos hayan sido engañados, pues aseguran que Lenín Moreno no instauró en el país una real política de atención para este segmento de la población.   
Cerca de $1.000 mensuales necesitan juntos  Emilio José, Victoria y Diana para sus tratamientos y  medicinas. Sus madres, dedicadas a su cuidado a tiempo completo, hacen malabares para sacar de donde sea ese dinero, pues no tienen empleo fijo. 
No deje de leer: 'Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión'
Anita Rivadeneira cuenta que su hijo,  Emilio José, era beneficiario del bono Joaquín Gallegos Lara, pero a inicios de 2014 lo eliminaron de la lista, sin justificación.  
Patricia Moreno solicitó por más de cuatro años la calificación de Victoria para recibir los bonos estatales. Nunca le dieron una respuesta favorable. 
Patricia Almeida dice que la pequeña Diana no ha recibido la vista de ninguna autoridad, pese a los ofrecimientos que le hicieron tras el incidente con el policía montado.  
Las tres madres están indignadas, no solo porque el ex vicepresidente Lenín Moreno ocupa el cargo de  Enviado Especial de la ONU para las personas con discapacidad y vive  en Ginebra, sino porque suena como el candidato con mayor intención de voto para ganar las próximas elecciones presidenciales y suceder en 2017 a Rafael Correa, de quien fue vicepresidente de 2007 a 2013. 
No hay un dato oficial sobre el salario de Moreno en Suiza, pero bordearía $250.000  por año, es decir $20.000 mensuales. Al ser un puesto ad honórem, su sueldo y estadía, así como la de su familia, no los cubre la ONU, salen del Presupuesto del Estado ecuatoriano. A eso hay que sumar los $6.744 mensuales que su hija, Irina Moreno González, percibe desde que en marzo último el entonces canciller Ricardo Patiño la nombró Consejera del Servicio Exterior en la Representación Permanente del Ecuador ante la ONU en Ginebra. 
Si hacemos una simple operación matemática concluiremos que, en lugar de mantener al ex vicepresidente y a su familia en Suiza, el Gobierno podría financiar cada mes las terapias y medicinas de 26 mil niños y jóvenes como Emilio José, Victoria y Diana. 
Cada sabatina de $22.000 equivale a terapia y medicinas para 88.000 niños especiales al mes 
Si le tomamos la palabra al presidente Rafael Correa y damos por cierto que cada enlace ciudadano, mejor conocido como sabatina, cuesta $22 mil dólares, quiere decir cada mes el Gobierno destina $88.000 dólares para ese rubro. 
Si esta cifra la multiplicamos por 12 meses, el gasto anual asciende a $1.056.00. Eso quiere decir que un número similar de niños como Emilio José, Victoria y Diana, que sufren retraso mental, autismo y otros problemas de salud derivados de su condición, podrían ser atendidos si es que el mandatario dejara de gastar en las sabatinas, que duran de tres a tres horas y media. 
De acuerdo con notas de prensa, solo para la producción de los  sketch que se presentan en las sabatinas, el Ejecutivo destina $87.600 más IVA, cada seis meses. En este enlace se puede ver el contrato publicado en la página web de la Presidencia de la República. 
Su beneficiario es el periodista Ramón Bravo Arteaga quien, además de actuar en los sketch, ocupa el cargo de productor ejecutivo de noticias en Radio Pública, de línea oficialista. 
Mientras tanto, en Esmeraldas, cientos de personas discapacitadas y de la tercera edad se quedaron sin el Bono de Desarrollo Humano.


De 53. 610 beneficiarios, alrededor del 70% por ciento no lo cobrará. La reducción se dispuso tras el último censo de selección de beneficiarios (Selben), que se inició en enero pasado con la actualización de datos y encuestas domiciliarias a discapacitados y ancianos


De acuerdo con un nota publicada el 16 de mayo por diario La Hora, de 53. 610 beneficiarios, alrededor del 70% por ciento no lo cobrará. La reducción se dispuso tras el último censo de selección de beneficiarios (Selben), que se inició en enero pasado con la actualización de datos y encuestas domiciliarias a discapacitados y ancianos. 
La nota de prensa señala que la suspensión obedece a que no han entregado documentos, algo que niegan los afectados.  
Cecilia Almendáris, directora del Ministerio de Bienestar Social y Jenny Ortega, jefa política de Esmeraldas, recopilan copias de cédulas de los afectados para remitirlas a Quito, a fin de que se revise sus casos y se autorice su reinserción.  
Anita Rivadeneira: 'Lenín Moreno es una farsa, el Gobierno nos ha dado la espalda'
“En agosto de 2013 solicité  el bono Joaquín Gallegos Lara. Enseguida le dieron a Emilio José el carnet del Conadis y desde septiembre de se año empezó a recibir el bono de $240.  
Eso me alcanzaba para cubrir una terapia. Pero, en enero de 2014  le eliminaron de la lista de beneficiarios.  
Imagen: Anita Rivadeneira, la madre de Emilio José.
He pedido explicaciones, pero la respuesta ha sido peor. “Usted no vive en piso de tierra, su caso no es tan grave como otros”. Por eso he optado por pedir ayuda a  fundaciones fuera del país. Hay una en Miami que me ayuda una vez al año para cubrir la terapia más cara.  
Lenín Moreno es una farsa, lo están utilizando. El Gobierno dice que ayuda, pero a mí me ha dado la espalda. No tengo un trabajo fijo, estoy enferma. Si dejo de hacerle las terapias principales, mi hijo se va a deteriorar, eso no lo puedo permitir. El Emilio lucha por salir adelante, por vivir. Sería muy cruel dejarle sin terapias.   
Esto es injusto, mi situación es crítica. No solo tengo al Emilito sino una hija que termina el colegio, los gastos son muy fuertes, no tengo para la educación universitaria, para las terapias de mi hijo. Un niño con discapacidad necesita innumerables cosas. 
Me he visto limitada, no le estoy haciendo la terapia de lenguaje, pero sigo con las dos terapias neurológicas para que no empeore su situación cognitiva. Las dos cuestan $450 mensuales, que yo no tengo. Gracias a mi familia pago la mitad y la otra mitad estoy debiendo a la terapista. Ella le hace las terapias porque es una gran profesional, le conoce al Emilio desde que nació y no quiere que retroceda en  su tratamiento. 
Es terrible no tener lo necesario, un niño con discapacidad necesita estar mejor alimentado, pañales, vestido,  medicinas, terapias, leches, vitaminas. Deben estar bien nutridos porque así avanzan más rápido. 
Mi hijito está esperando por una cirugía de su cadera, porque los niños con parálisis cerebral desarrollan problemas en su columna. Voy a hacerle operar en las jornadas médicas gratuitas. Tengo que esperar, porque los médicos que vienen hacen gestión comunitaria y no cobran por su trabajo. Así no me costará mucho la operación. Hice una rifa y tengo parte del dinero guardado. La otra parte tuve que utilizar en gastos de la casa, porque a veces no tenemos ni para comer. 
Con respecto a la gestión de Lenín Moreno, cuando estuvo de vicepresidente, dieron ciertos beneficios, el bono. A mucha gente nos dan un tiempito, luego nos quitan, lo hacen para decir que dan a todo el mundo. En los centros de salud no hay gente profesional ni capacitada para tratar a los niños especiales. Mi hijo tiene el carnet del Conadis, pero no está recibiendo ningún beneficio.
Creo que Lenín Moreno va a ser o quieren candidatizarlo, le están utilizando porque tuvo gran aceptación, pero no creo que esté capacitado para ser Presidente y menos por el partido que nos tiene en la crisis en la que estamos. No es cierto que haya una política de Estado para atender a los discapacitados, es pura propaganda. No es un buen candidato,  seguramente no tienen a nadie más. 
Mi esposo nos abandonó, me siento impotente porque la falta de dinero trunca la vida de un niño que quiere salir adelante. 

Paty Moreno: “Si tengo que subirme a una tarima para desenmascarar a Moreno, lo hago”  
“Este Gobierno ha utilizado a los discapacitados para su beneficio político. La prueba es que solo les han contentado dándoles cama y colchón y un bonito para contentarlos. Eso es un insulto a la pobreza. Han pasado nueve años de este Gobierno y no tenemos un centro especializado para tratar a las personas con autismo, solo para mencionar una cosa. 
Imagen: Victoria, entrando a su casa. Ella necesita tratamiento especializado.

Mi hija Victoria necesita terapias especializadas, aquí no hay terapias para autistas ni ayuda  para los padres en estado de pobreza que tenemos que llevarlos y traerlos a todos lados, porque no pueden quedarse solos. 
No tenemos a dónde acudir, el Gobierno no se ha preocupado de nosotros. Tampoco tenemos $300 o $400 mensuales para mandarles a centros privados. En Guayaquil solo presta ese servicio  la fundación Comunicar, pero  está a tope, no hay espacio. Para ayudar a algunas personas tienen medias becas,  pero todas están copadas. 
Los autistas no pueden estar junto a personas con otro tipo de discapacidad. 
Cuando acudí, hace varios años, al MIES me dijeron que iban a mandar a la visitadora social a mi casa, nunca llegó.  
Me preocupa que Victoria esté involucionando. Vivo en un primer piso alto, la escalera no es reglamentaria y se cayó hace unos meses. No le pasa el estrés, ya no quiere salir de la casa. 
El Estado no brinda ayuda psicológica. En el hospital Abel Gilbert, todos los días hay filas de 100 a 150 discapacitados en espera de atención. 
Lo del bono no existe para mí, ni para mucha gente. No es cierto, la ayuda es solo publicidad. Publican a cuatro que les han dado y ellos son el escenario hermoso. 
En La Secretaría Técnica de Discapacidades cambian de gente a cada rato porque los cargos públicos son cuotas de poder. 
A uno la ven blanca y rubia y le dicen, “usted que va a necesitar, que va a ser pobre”.  Eso de los préstamos para que los padres de discapacitados iniciemos  un negocio es ridículo, no es cierto. 
Hasta me metí en la Vicepresidencia, hace tiempo hablé  con el coordinador, de nada sirvió.


'Cada vez que veo en las noticias a Lenín Moreno, le digo que todo es mentira, que no se burle de nuestros hijos, que no somos estúpidos'


Por eso, cada vez que veo en las noticias a Lenín Moreno, le digo que todo es mentira, que no se burle de nuestros hijos, que no somos estúpidos. Me bloquean mis cuentas en las redes sociales, pero sigo diciendo lo que pienso, sigo denunciando la verdad. Si tengo que subirme a una tarima para decirle mentiroso, lo haré. Hagan un recorrido y pregunten a los familiares de las personas discapacitadas sobre los beneficios y les dirán que no hay nada. 
Victoria aprendió a leer a los cuatro años porque le enseñé yo. Conmigo aprendió el significado de los ruidos, pero no puedo hacer más, llegué al límite y no tengo ayuda especializada.  
Ella sola coordina notas y te hace en el piano una composición musical con ritmo, pero si no tiene un terapista no puede desarrollar eso que le gusta tanto. 
Ahora se pasa acostada, ya pesa 160 libras y mide 1,50, es preocupante. Aunque los autistas son solitarios, a ratos Victoria quiere cogerme la mano. Ahora habla menos, ha involucionado, pero no lloro, sigo luchando. 
He ido al dispensario Martha Roldós, en Guayaquil, pero casi no encuentro al psiquiatra, porque es itinerante y solo atiende hasta las 12. Por mi cáncer de piel tengo recaídas y me prohibieron el calor. Pero lo que sé hacer es cocinar y me he dedicado a hacer tortas de choclo, de maduro, para sacar algo para las medicinas de Victoria, en las que gasto alrededor de $160 mensuales.  
Yo no lloro, yo discuto, prefiero pelear. Por eso sostengo que no es posible que, por estar encaramado en una silla de ruedas,  tengamos que mantener a Lenín Moreno en Suiza. Que me digan qué hizo por los discapacitados. Para mí es un sinvergüenza.

MilHojas.is

Tras la línea de la razón

La Secretaria de Comunicación del Estado posee un eficaz sistema de censura para los medios digitales y las redes sociales. Se sustenta en el supuesto registro de propiedad intelectual de imágenes y fotografías que produce el sistema de propaganda del Gobierno financiado con dinero de todos los ecuatorianos. La publicación de una imagen del presidente, del vicepresidente o cualquier logotipo gubernamental, es razón suficiente para accionar mecanismos legales que tienen el objetivo dar de baja a portales como PlanV, FocusEcuador y MilHojas.is. 
MilHojas.is está nuevamente en la mira del sistema de comunicación del Estado, encabezado por Patricio Barriga Jaramillo. El pasado 2 de julio Barriga le escribió a la página de la empresa americana, CloudFlare, para decirle que este portal violó la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América, llamada Milenio Digital (DMCA en inglés). 
Imagen: El artículo por el que Patricio Barriga presentó la demanda para dar de baja a MilHojas.is.
Barriga demostró que MilHojas.is usó no menos de nueve imágenes de Rafael Correa junto a un logotipo del IESS, fotografías de un dispensario médico del seguro social y de la campaña para la consulta popular de 2011. 
En su desconocimiento, el secretario de comunicación consideró que CloudFlare podía dar de baja nuestra página, pero en realidad se trata de un servicio que esa empresa brinda a nuestro portal. MilHojas.is es beneficiario de Galileo, el programa de protección de CloudFlare, creado para medios y artistas que son perseguidos por la censura en sus países mediante ataques simultáneos al servidor para que deje de funcionar (DDoS).  
MilHojas.is es parte de ese programa después de que nuestra página sufriera un ataque DDos por publicar la ubicación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en una lujosa mansión incautada, en Lumbisí. 
El 2 de junio, Barriga envió otro correo más a CloudFlare y reclamó una infracción de marca registrada (Tredemark Infringement) por el uso del logotipo “Ecuador ama la vida”. Ese logo fue creado para promocionar los productos de exportación y el turismo en Ecuador, pero también es usado por el Gobierno como membrete en documentos oficiales sean digitales o impresos, pero también en propaganda del régimen y hasta como señalética para identificar las decenas de oficinas que tiene regado el estado en el campo y la ciudad. 
Así funciona la maliciosa lógica correísta para la censura: la presencia del logo en cualquier informe de interés periodístico condiciona su uso y por ello el Estado puede censurar el contenido de sus publicaciones sustentados en una simple imagen que posee derechos de autor. 
Pero cuando hay una figura de poder que quiere dominar en base a la fuerza, o en base a la lógica de la violencia y el abuso del poder, siempre deja rastros de lo que se podría llamar estupidez burocrática. Más bien, estupidez pura. En este caso, la información del proceso remitida a los correos de MilHojas.is señalan que el dueño de los derechos de autor de las imágenes es Vinicio Alvarado Espinel, cerebro del sistema de propaganda estatal y censura a los medios. ¿Acaso el logotipo “Ecuador ama la vida” le pertenece o simplemente aparece como el representante del Estado en el registro de las imágenes? Además, los registros de marca –cuyos números se incluyen en las cartas de protesta– no pueden ser consultados en línea en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  
El afanado intento por dar de baja a los portales críticos les hace perder la línea de la razón y, por ello, quedan nuevamente en evidencia ante los ciudadanos, y ojalá muy pronto ante el sistema judicial. Sin duda esta es una nueva arista para conocer cómo el clan Alvarado construyó su fortuna en 11 años de revolución ciudadana. Ahora necesitamos saber si las condiciones de los registros de marca pagan regalías a los Alvarado, al Gobierno o al Estado.  
El nombre de Vinicio Alvarado como aparente dueño de esos registros evidencia los abusos de estado correísta: apropiarse de la propiedad intelectual de lo que se produce en organismos del Estado es un privilegio que algún día debe ser sancionado en los juzgados. 
Es posible que los pedidos de Barriga logren ejecutarse, de hacerlo podrá agregar a su hoja de vida el de abusador de derechos humanos. En MilHojas.is no olvidamos aquel día cuando actuó como maestro de ceremonias en la rueda de prensa que brindaron varios ministros ante la denuncia de la violación de una niña por parte de Jorge Glas Viejó, no para ofrecer apoyo a la víctima, sino para solidarizarse con el hijo del victimario, el vicepresidente de la República.

MilHojas.is

La SGR de espaldas al riesgo

Cuando sucede una tragedia siempre parece que hubo señales que se dejaron pasar y medidas que se pudieron tomar.  Los individuos e incluso las instituciones no pueden estar considerando el escenario más adverso todo el tiempo, eso sería enfermizo… a no ser que ese sea su trabajo.  Para la Secretaría de Gestión de Riesgos, pensar los peores escenarios, es su trabajo.  Prevenir el riesgo, mitigarlo, reaccionar ante las catástrofes y plantear salidas, es su razón de ser. 
En el caso ecuatoriano, ello implicaba considerar los posibles riesgos de tipo natural y antrópico que amenazan al país.  Dejar pasar una amenaza cuya probabilidad fuera muy alta, implica haber incumplido su propósito. 
Por ello es sorprendente, descubrir que desde su fundación, la Secretaría de Gestión de Riesgos nunca desarrolló un Plan de Contingencia para riesgo sísmico y su impacto en los centros urbanos en la Costa del Ecuador: 

Los planes de contingencia, previos al terremoto del 16 de abril de 2016, contemplaban la prevención ante la actividad volcánica, deslaves e inundaciones, en particular aquellas originadas por el Fenómeno del Niño. No abordaban el riesgo sísmico de manera directa, sino  tangencial, relacionándolo a las erupciones volcánicas en la sierra o como precursor de los tsunamis en la costa.  
Pero las señales estaban ahí, fuertes y claras. Según fuentes internacionales y nacionales, incluso de la propia Secretaría de Gestión de Riesgos, Ecuador es un país multiamenaza, entre las que se incluye el riesgo sísmico tanto volcánico como geológico. 
 
Un antiguo documento de la OEA establecía una probabilidad del 90% de que se produzca un sismo de 7.7 en la escala de Richter en Ecuador, con epicentro en la población de Jama, en la Provincia de Manabí, una de las poblaciones más afectadas por el terremoto del 16 de abril.  Aunque ese artículo fecha la amenaza de sismo entre 1989 a 2009, dado que el origen del mismo era la subducción de la placa de Nazca bajo la placa continental, la amenaza permanecía latente.  
El riesgo que la subducción de la Placa de Nazca bajo la placa continental ha generado estudios más actuales.  En junio de 2011 el Instituto Geodésico de la Escuela Politécnica Nacional  (IGEPN) anunció que estaba realizando un proyecto de manera conjunta con el Instituto Francés para el Desarrollo (IRD), el laboratorio de “Geociencies Azur” de Niza y el INOCAR,  para colocar dos grupos de estaciones de sismógrafos, terrestres y submarinos, con el objeto de conocer mejor el comportamiento de las dos placas en la zona de subducción y conocer la existencia de fallas activas en la provincia de Manabí. 

En este caso, las señales de advertencia provenían de la voz más autorizada del Ecuador.  El Instituto Geofísico desde hace años tiene una relación con el Estado ecuatoriano y sus instituciones. El 13 de enero de 2003, mediante Decreto Ejecutivo 2593, el ejecutivo le encargó al IGEPN el diagnóstico y la vigilancia de los peligros sísmicos y volcánicos en todo el territorio nacional. Para cumplir esta tarea el IGEPN desarrolló el “Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología” SENASV. La modernización del SENASV fue financiada por la "Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnolgogía" SENESCYT mediante un programa de investigación multianual aprobado en el año 2008.  Y la propia Secretaría de Gestión de Riesgos invirtió en él, 6 millones de dólares para medir la sismicidad, según declaraciones de Pilar Cornejo publicada en agosto del 2014 en CRE Satelital.4  Sin duda la Secretaría de Gestión de Riesgos conocía la realización de estos estudios sobre la subducción de la placa de Nazca.   
Tan claro tenía el riesgo la Secretaría que en su documento ECUADOR: REFERENCIAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 2013 – 20145, menciona que los sismos más grandes de la historia del país se han registrado frente a las costas ecuatorianas, en la zona de subducción de la placa de Nazca, bajo la placa Sudamericana.   
El documento incluso enumera, las limitaciones que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y el país enfrentan ante un eventual sismo: 
“ • Alta exposición al impacto de terremotos y erupciones volcánicas, alta vulnerabilidad del Estado y de la sociedad a estos eventos y poca capacidad de respuesta del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo (SNDGR) por limitaciones de los sistemas de alerta temprana y aviso inmediato.  
• Dificultades para el funcionamiento óptimo 24/7 de las redes de monitoreo sísmico y volcánico, y limitada automatización de los procesos de análisis e información.  
• Limitada capacidad de respuesta rápida del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ante posibles efectos de terremotos en el territorio, incluyendo la potencialidad de generación de tsunamis, ante la falta de información inmediata sobre ubicación y tamaño de los terremotos, sus mecanismos de generación y su capacidad de producir daños.  
• Poco acceso del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a la información relativa al monitoreo en tiempo real de los volcanes activos y dificultad en la comprensión del significado de la actividad registrada y a las alertas tempranas emitidas.  
• Poco desarrollo y aplicación de regulaciones para la construcción sismorresistente por un limitado conocimiento de la potencialidad de generación e impacto de los terremotos en el país, y poca difusión de mapas de amenaza sísmica…”

Figura 3. Mapa de los sismos mayores registrados instrumentalmente en el Ecuador desde 1900. 
Fuente: elaboración IG-EPN  
Pero si las señales fueron evidentes y percibidas, ¿qué pasó con la respuesta? 
Más que nunca, llama la atención la limitada reacción de la Secretaría de Gestión de Riesgos frente al riesgo sísmico que enfrentaba la costa ecuatoriana.  De la revisión de milhojas.is surgen algunas medidas: una propuesta, acogida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda6, de una norma ecuatoriana de construcción que regule la sismoresistencia, la solicitud en algunos documentos de que en su evaluación de riesgo los GADs debían tomar en cuenta la amenaza sísmica, la realización de un folleto de divulgación para recomendar comportamiento ante los sismos.


Después de las escenas de destrucción que los ecuatorianos han visto/vivido a raíz del terremoto del 16 de abril de 2016 estos folletos resultan cuanto más ingenuos, casi como una tomar una aspirina para curar el cáncer. 
Entre las medidas más pertinentes estuvieron los simulacros de sismo, pero sólo se realizaron dos fronterizos en el marco de acuerdos binacionales entre Ecuador y Colombia8 y entre Ecuador y  Perú.  Ninguno de ellos incluyó las zonas más amenazadas por la subducción de la placa de Nazca. 
Guayaquil realizó algunos simulacros, el último de ellos por cuenta propia.  Y para ese evento el entonces gobernador del Guayas, Rolando Panchana, negó la cooperación gobierno.  
Nadie les dijo que en un terremoto los edificios se caen y hay que rescatar a quienes quedan atrapados 
Lo más sorprendente ante el riesgo sísmico es la nula preparación de la Secretaría respecto a la necesidad de rescate en edificaciones colapsadas.  Esto es inexplicable dado que en la zona costera amenazada por la subducción de la placa de Nazca, existen muchos centros urbanos densamente poblados.  
Las consecuencias de un terremoto en un centro urbano no se reducen a las personas heridas, muertas, desplazadas, cuyas necesidades de agua, alimento y refugio hay que evaluar y resolver. Un terremoto en un centro urbano genera cientos de personas atrapadas en estructuras colapsadas a las que urge rescatar. Y estas operaciones de rescate tienen protocolos y estándares que era obligación de la Secretaría de Gestión de Riesgos conocer y difundir al resto del Sistema. 
 Luego de una revisión exhaustiva de los planes de contingencia, informes de rendición de cuentas, resoluciones, manuales y otros documentos de la Secretaría de Gestión de Riesgos no existe evidencia de políticas, manuales, procedimientos y estándares respecto a rescate urbano.  
La omisión es más sorprendente cuando se sabe que en esta materia la Secretaría de Gestión de Riesgos no tenía que inventar el hilo negro, debía tomar lo que tenía al alcance de la mano. 
Existen protocolos y estándares para rescate urbano avalados por las Naciones Unidas.  Fueron formulados por primera vez 1991 por parte del “Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate” (INSARAG) adscrito a la “Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas” (OCHA). Desde entonces están en continua evolución.   
INSARAG incluso tiene un proceso de calificación para equipos USAR internacionales, pero en general son los cuerpos bomberos de cada país con entrenamiento de búsqueda y rescate quienes dan la primera asistencia, enmarcados en estos parámetros.  Los equipos USAR internacionales llegan a apoyar este proceso para las partes más complicadas del rescate.  Las guías y estándares de INSARAG orientan y a la vez se retroalimentan del trabajo de los “Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano”.
Toda esta información ha sido socializada por la ONU a sus estados miembros.  
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 57/150 del 16 de Diciembre 2002, instó a sus países miembros a facilitar las operaciones de búsqueda y rescate urbano en casos de desastre. El tema del Rescate Urbano y el rol de INSARAG, también fueron considerados en la Declaración de Hyogo de 2010, misma que generó el marco para la prevención del riesgo de desastres.


Ecuador ha estado en esos foros, incluso tiene varios documentos e informes respecto a las metas en materia de prevención de riesgos de desastres de Hyogo de 2010 a 2015…


Ecuador ha estado en esos foros, incluso tiene varios documentos e informes respecto a las metas en materia de prevención de riesgos de desastres de Hyogo de 2010 a 2015 y también para el nuevo marco y metas establecidas en Sendai, Japón, el 2015. Más aún, desde Enero de 2016, Ecuador representado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene la Vicepresidencia Regional de INSARAG y en 2017 le toca asumir su Presidencia. 
Pese a estos antecedentes la SGR no preparó nada sobre las operaciones de rescate urbano, conocidas como BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas), que se rigen mediante estándares y protocolos que han sido desarrolladas a través INSARAG.   Si hubiese existido un plan de contingencia, estas operaciones hubieran sido parte indispensable de él.  
El reporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador presenta una cifra de 10.506 edificaciones afectadas o destruidas por el terremoto y sus réplicas en el área urbana de Esmeraldas y Manabí, la necesidad de haber estado preparado y haber respetado los protocolos en materia de operaciones BREC (Búsqueda y Rescate en Edificaciones Colapsadas) salta a la vista.
En la Zona Cero 
Al día siguiente del terremoto del 16 de abril se vio al alcalde de Pedernales, ciudad del epicentro, rogar desesperado por el envío de maquinaria pesada para rescatar a la población atrapada en los escombros de múltiples edificios de esa localidad, sin que nadie de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del ECU 911 o de los delegados del Presidente a la zona lo corrija y le indique que eso precisamente es lo que NO se debe hacer, que es contraproducente y que pone en mayor riesgo las vidas que él quiere salvar.  
No sólo nadie corrigió al alcalde de Pedernales, sino que su contraproducente llamado fue atendido y desde el día siguiente al terremoto se introdujo maquinaria pesada para remover los escombros de los cientos de edificaciones colapsadas.  Una nota de prensa de esos días reseñó que la propia Secretaría de Gestión de Riesgos coordinó el uso de dicha maquinaria en el cantón.  Y Pedernales no fue un caso aislado.  Testimonios de rescatistas internacionales señalaron que en Ecuador se habían violado los protocolos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que señalan que se deben esperar mínimo 72 horas para introducir maquinaria pesada. El portal MilHojas.is documentó que también en Manta, Portoviejo, Rocafuerte y El Carmen se trabajó de forma continua con maquinaria pesada removiendo escombros de estructuras colapsadas desde el día siguiente a la catástrofe. 
Son los protocolos, normas y guías de operaciones BREC las que reclamaban los bomberos ecuatorianos y los rescatistas internacionales que trabajaban en la Zona Cero, como se denomina a la zona de mayor devastación en una catástrofe: El irrespeto al protocolo de las 72 horas de espera para introducir maquinaria pesada fue la culminación de una serie de omisiones: No se realizó el marcaje de la zona, ni el triage (proceso de priorizar los sitios para salvar tantas vidas como sea posible) y ni siquiera existió un Sistema de Comando de Incidentes en las Zonas.      
La inacción en materia de búsqueda y rescate por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, no es una crítica procedimental, tuvo consecuencias en la práctica. 
En ECUADOR: REFERENCIAS BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 2013 – 2014 al analizar el riesgo sísmico la Secretaría expresó:  “El siglo XXI, hasta el momento, ha sido particular y anómalamente tranquilo en lo que a la intensidad sísmica se refiere, aunque hayan pasado ya 14 años desde el último evento de características destructoras (Bahía de Caráquez). Inclusive, el último terremoto de magnitud 7.3 del 12 de agosto de 2010, a pesar de su gran magnitud no causo mayores daños, dada su característica totalmente inusual de haberse localizado a más de 230 km de profundidad en su zona hipocentral de desgarre de la placa Nazca.” 
¿Será que la Secretaría de Gestión de Riesgos en lugar de prevenir, cruzó los dedos esperando que continúe la anomalía sísmica? 
 
Postdata: 
Recién a los 13 días de ocurrido el terremoto, la Secretaria Nacional de Riesgos publicó en su portal los estados de situación del sismo. Estos reportes aparecieron en el portal de esa entidad el pasado viernes 29 de abril alrededor de las 15:00.  En cambio los Reliefs Reports de OCHA se produjeron y subieron a su página desde el día siguiente. 
 
Documentos consultados sobre la Secretaría de Gestión de Riesgos: 
-Decreto Ejecutivo 1046-A del 26 de abril del 2008, y publicado en Registro Oficial No. 345 del 26 de mayo de 2008. 
-Art. 389 de la Constitución de la República del Ecuador:  
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/PEI_SGR.pdf 
-Art. 390 de la Constitución de la República del Ecuador 
-Decreto Ejecutivo No. 42 del 10 de Septiembre de 2009 
-La Ley de Seguridad Pública y del Estado. Capítulo 3 Art. 11
-Arts 3 y 18 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado
http://www.eird.org/pr14/panelistas/tematica2/BIO-Tematica-2-Panel%201-Ma-del-Pilar-Cornejo.pdf
http://190.214.44.206:82/repositorio/Ecuador%20Referencias%20B%C3%A1sicas%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Logros-SGR_finalok.pdf 
http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2014/noviembre/code/RegistroOficialNo211-Martes25Noviembrede2014Edicio/registro-oficial-no-211—martes-25-de-noviembre-de-2014-edicion-especial 
Bibliografía consultada en la página de la Secretaría de Gestión de Riesgos: 
-Se revisaron todas las resoluciones y acuerdos que constan en la biblioteca de este portal oficial: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/biblioteca/ 
-Plan de Contingencia frente a tsunamis en Esmeraldas
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Informe_SNGR_2010.pdf 
-Informe de Gestión del período 2011 
– Informe de Gestión del período 2012 
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Acuerdo-SGR-001-2014.pdf
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/Resoluci%C3%B3n-SGR-073-2015.pdf 
http://www.cre.com.ec/noticias/2014/08/14/68973/hay-3-zonas-sensibles-ante-sismos-guayaquil-quito-y-esmeraldas-pilar-cornejo/ei 
-Manual Esfera, elaborado por ONGs internacionales, la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
-Metodología de evaluación de respuesta humanitaria en desastres en base a las normas esenciales del proyecto Esfera. 
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-terremoto-magnitud-7-8/

 

 

La batalla correísta contra el periodismo se evidencia en Twitter

Los funcionarios que han manejado las políticas públicas de comunicación del Gobierno de Rafael Correa son quienes lideran el ranking de los que más han atacado a la prensa mediante tuits, entre 2012 y 2015. 
El primero es el exsecretario de Comunicación y actual ministro de Turismo, Fernando Alvarado, el segundo es el exrepresentante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), Roberto Wohlgemuth. Mientras el presidente Rafael Correa ocupa el tercer lugar. 
Imagen: El 'Hall de la Infamia', los que atacan a los periodistas para mantener su espacio de poder.
Estos datos son el resultado del estudio “Tuitómetro: La batalla en 140 caracteres”, un monitoreo del discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado que fue elaborado por el Observatorio de Medios del Ecuador (OME) de Fundamedios. 
La muestra de este estudio fueron 27 cuentas que pertenecen a 13 funcionarios públicos, 7 asambleístas oficialistas, una alta dirigente política oficialista y 6 instituciones públicas. De cada cuenta seleccionada por el número de tuits y de seguidores, se monitorearon 3.200 tuits. 
En el análisis de los tuits de los tres personajes que lideran el ranking, Fundamedios destaca que Alvarado, con 449 tuits que desacreditan a la prensa, es el responsable de convertir las cadenas nacionales en espacios de difusión obligatoria para descalificar a quienes se expresen en contra del régimen. “Se ha convertido en un experto en imponer contenidos a través de pedidos de réplica y rectificaciones, que llegan a los medios con notas tituladas, diseñadas y listas para su publicación”. 
De Wolhgemuth, que fue representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y ahora es subsecretario Nacional Intergubernamental, se señala que sus 166 tuits contra la prensa los publicó en un período en el que protagonizó cuatro alertas de libertad de expresión, según Fundamedios.


En sus tuits se centra en desprestigiar la labor periodística, desmentir y criticar la publicación de noticias…


“En sus tuits se centra en desprestigiar la labor periodística, desmentir y criticar la publicación de noticias de temas como la revuelta policial del 30S, el proceso de comunidades afroamericanas contra el caricaturista Bonil, etc”. También ha atacado a organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que defienden la libertad de prensa y DDHH. 
Correa publicó 119 tuits en contra de periodistas y medios de comunicación, entre 2012 y 2015, con lo que se ubica en el tercer lugar de este ranking.
En el informe se resalta que el mandatario también ha sido responsable de 225 alertas de libertad de expresión, cifra que lo convierte en el personaje de la lista con más casos atribuidos. 
Los enlaces ciudadanos que dirige cada sábado han sido su principal podio desde el cual ha lanzado epítetos como: Prensa corrupta, hipócritas, cavernarios, cobardes, mentirosos, politiqueros disfrazados de periodistas, canallas, cínicos, manipuladores, mediocres, sicarios de tinta y golpistas. Además ha roto diarios por siete ocasiones, en rechazo a determinadas publicaciones.
Por este comportamiento, en el estudio se lo ha catalogado como “el funcionario que más insultos y desacreditaciones ha emitido en contra de la prensa, la oposición y los ciudadanos”. 
Luego de haber impulsado y aprobado la Ley Orgánica de Comunicación (en 2014) que avaló numerosas sanciones a medios de comunicación, en 2015 Correa usó 4 sabatinas para abanderar una batalla en redes sociales al ordenar a sus partidarios que persiguieran y descubrieran los perfiles anónimos de administradores de páginas de Facebook como Crudo Ecuador.
Imagen: 1.384 tuits fueron revisados por el equipo de Fundamedios.
Es decir, en estos últimos cinco años la estrategia comunicacional del Gobierno tomó fuerza al ser ejecutada en las redes sociales (Twitter y Facebook). En este contexto, se inauguró la página web www.somosmas.ec, a la que Correa promocionaba e invitaba a inscribirse “en la página Somos más se pueden registrar … y cada vez que haya una de estas campañas de difamación mandaremos a la cuenta que está difamando la verdadera información para que les llegue 10 mil tuits, diciendo la verdad… A través de esta página nos vamos a organizar para rebatir a esta clase de difamadores, sinverguenzas”. 
El monitoreo a 27 cuentas gubernamentales entre 2012 y 2015 ha registrado 1.384 tuits y retuits de desacreditación y descalificación a la prensa. 
Entre otros personajes que sobresalen en el tuitómetro contra la prensa están tres de los ministros más cercanos de Correa: el actual canciller y exministro de “cultura”, Guillaume Long, el ministro coordinador de la producción, Vinicio Alvarado, el ministro del Interior, José Serrano. 
También constan dos asambleístas oficialistas, María Alejandra Vicuña y Rosana Alvarado, y la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Soliz. 
En el puesto número 10 está Carlos Ochoa, Superintendente de Información y Comunicación, mientras Patricio Barriga Secretario de Comunicación y ex presidente del Cordicom, ocupa el puesto 12. 
Al analizar lo que en el estudio se denomina los recursos discursivos o las características de frases empleadas para argumentar un punto de vista de las autoridades se identificaron cuatro: verdad absoluta; la doble moral; el dónde están y el qué dirán; y los insultos y agravios. 
Imagen: El discurso de los que atacan a los periodistas se basa en la verdad absoluta del Régimen.
El primero, en el que los funcionarios se centran en desmentir continuamente publicaciones de la prensa, se encontró en 1.022 tuits y retuits. Representa el 74% de la muestra y es parte de una estrategia que busca posicionar la versión oficial sobre temas de coyuntura y de la política nacional e internacional mediante constantes pedidos de réplica, rectificaciones y disculpas de los medios privados. 
El discurso de la doble moral fue registrado en 166 tuits (12%) y acusa a la prensa de tener un doble estándar para informar acerca de hechos que los funcionarios consideran importantes. Como parte del discurso gubernamental en contra de los medios privados también se destacan los insultos y los agravios. Se contabilizaron 117 tuits con este recurso, lo que representa el 8% de la muestra. 
La categoría del dónde está y el qué dirá (registro de 15 tuits, es decir el 1,08% de la muestra) es? mencionada en el estudio porque se refiere a cómo reaccionarán los medios de comunicación, algunas organizaciones civiles y entidades privadas sobre determinados hechos: @Mashirafael: ‘¿Entienden lo que pasa? ¿Qué dirá prensa “libre e independiente”? ¿Qué dirán los políticos de siempre? ¡El pasado de evasores nunca más!’. [TUIT ORIGINAL] 
@MashiRafael: ‘…Si se detiene a alguien por insultar al Presidente es “atentado a la libertad de expresión” ¿Qué dirá Fundamedios?’. [TUIT ORIGINAL] 
Imagen: El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, es el más rabioso atacante de periodistas.
En el estudio se precisa también que de las 27 cuentas, 14 pertenecen a funcionarios públicos y en ellas se registró 1.089 tuits y retuits agraviantes contra la prensa. Pero, incluso se encontró mensajes descalificadores desde cuentas de instituciones: 98. El total de los 1.384 tuits de este tipo generó 590 alertas contra la libertad de expresión. 
El grupo con mayor número de agravios o descalificaciones contra la prensa en Twitter fue el de la Comunicación. De ellos, también en esta lista está a la cabeza el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. El segundo grupo corresponde al de asambleístas oficialistas y el tercero a la Presidencia. 
En los 1.384 tuits con agravios se encontraron 185 hashtags, que acompañaron estos mensajes publicados entre 2012 y 2015. Algunos de ellos: #EcuavisaMiente, #VendePatria, #MediosSinViolencia, #LaDobleMoralDeLaSemana, #Caretucos, #FueraGolpistasFuera. 
En su estudio Fundamedios destaca que la red Twitter es solo un eslabón más de un conjunto de mecanismos de presión del Gobierno contra la libertad de prensa como la Ley de Comunicación, las cadenas o el abuso de rectificaciones y réplicas.

MilHojas.is

¿Ecuador Listo y Solidario? El entuerto de la Secretaría de Gestión de Riesgos

A un mes del terremoto que azotó Ecuador el 16 de abril de 2016 la propaganda oficial hablaba de un Ecuador Listo y Solidario.  Pero con el terremoto no sólo se desmoronaron miles de edificios en varias ciudades de las provincias de Esmeraldas y Manabí. La edificación del promocionado Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos también quedó gravemente lesionada.
En un momento que, en medio del terror y el error, el país esperaba respuestas estas llegaron desde otros espacios y no desde la institucionalidad construida por la Revolución Ciudadana para prevenir y mitigar los riesgos o responder a las desastres. Está por verse si tal estructura puede restaurarse o debe ser demolida.  
Después de más de mil réplicas, dos de más de 6,7 grados en la escala de Richter el miércoles 18 de mayo de 2016, se evidenció que el Ecuador es un país solidario, pero definitivamente no estaba listo.
Ecuador Listo y Solidario
En el Enlace Ciudadano #475, un promocional informativo de Ecuador Listo y Solidario destacaba que en materia de rescate y atención de la crisis humanitaria “se hizo lo que se debía hacer y se lo hizo bien” que “el rescate fue efectivo” y que se “evitó pérdidas de vidas por descuido o mal manejo de crisis”. Curiosamente esa pieza mencionaba la importancia del rol jugado por el ECU911 y su coordinación con la Defensa Civil durante la tragedia.  
En ese mismo enlace, el Presidente Correa recordaba que en Ecuador la “Defensa Civil” ya no existe y fue reemplazada por una nueva institucionalidad la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 
Según el Presidente Correa “esta tragedia hace 10 años hubiera sido mucho peor”. Para él,  uno de los elementos que marcó esta positiva diferencia fue el cambio institucional que implicó la creación de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En sus palabras, mientras la Defensa Civil, manejada por militares, tenía un rol meramente reactivo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos “cumple tres tareas: prevenir, reaccionar, coordinar esa reacción y reparación después del desastre”.  Según este guion, gracias a estos cambios, el 16 de abril de 2016, el Ecuador habría estuvo listo (preparado) y reaccionó con rapidez y efectividad, a diferencia de lo que sucedía en el pasado.  
Más allá de la comparación con el pasado, la pregunta es si el sistema creado por la constitución de Montecristi estuvo a la altura de lo que enuncia.  ¿Reaccionó adecuadamente la nueva institucionalidad en materia de riesgos creada en la administración del Presidente Correa? ¿Realmente se reaccionó con rapidez y efectividad y se hizo lo que se debía hacer en la zona del terremoto?
¿Quién está a cargo de la gestión de riesgos en el Ecuador?
En su intervención al mes del terremoto, el Presidente se congratuló por la nueva institucionalidad de gestión de riesgos en el país, reduciendo el sistema a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.  Luego mencionó como puntal del manejo de la crisis al ECU911 y a continuación, el promocional informativo de ese día mencionó que varios Ministros de Estado dejaron sus carteras para responsabilizarse de la crisis en distintas circunscripciones en las provincias afectadas, por encargo del Presidente.  El grupo de Ministros entró a trabajar el 18, coordinado por el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño y el Ministro de Seguridad Interna, César Navas, con asesoría del Secretario de Gestión de Riesgos, Vicealmirante Luis Jaramillo.  ¿Quién manejó entonces a crisis?
Esta confusión grafica lo sucedido con un sistema que no termina de cuajar y que no respondió adecuadamente ante el desastre, debiendo en la práctica ser reemplazado de manera improvisada.
En 2008 la Constitución de Montecristi, Art. 389, propone la creación del “sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos” que estaría integrado por “las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional”, bajo la rectoría del Estado (que terminaría siendo el ejecutivo central) “a través del organismo técnico establecido en la ley.” 
Lo planteado por Montecristi reemplazaba, la “lógica reactiva” de la Defensa Civil, por un sistema que idealmente no sólo lidiaba con las crisis causadas por los desastres, sino que intentaba mapear el riesgo, incorporar medidas para su prevención y se planteaba el manejo de la ayuda humanitaria, la mitigación y la reconstrucción -cuando fuese necesaria- desde una perspectiva de derechos. 
Todo esto sonaba perfecto y acorde a las más avanzadas propuestas en materia de gestión de riesgos a nivel mundial. Sin embargo, después de ocho años este es aún un proyecto en construcción por razones legales y operativas. Estas fallas hacen que el peso de la preparación de la reacción recaiga, aún más de lo que plantea el esquema constitucional, en una Secretaría de riesgos que estuvo virtualmente ciega ante la amenaza sísmica.
En cuanto al marco legal del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, la propia institución rectora del sistema, la Secretaría de Gestión de Riesgos, ha cambiado su status legal tres veces desde que reemplazó a la Dirección Nacional de Defensa Civil:

Tantos han sido sus cambios, que el propio Presidente Correa se confundió en su último enlace ciudadano No. 475 y repetidamente se refirió a ella como la “Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos” pese a que él mismo la transformó en “Secretaría de Gestión de Riesgos” por Decreto No. 62 de la Presidencia de la República del 5 de agosto de 2013.  
Los cambios de status legal de la Secretaría de Gestión de Riesgos están vinculados a algo más profundo, a una suerte de limbo legal.
Según el Art.  133 de la Constitución, las instituciones creadas por esta deben ser regidas por una Ley Orgánica, lo mismo aquellas instituciones o sistemas que garanticen derechos.  Por ambas razones el Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos y su ente rector debían ser normados por una ley orgánica que debió votarse al año de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Sin embargo hasta ahora esa ley no existe, pese a los esfuerzos de algunos asambleístas y de la propia Secretaría de Riesgos.
En lugar de ello, sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y su ente rector, están enmarcados en una estructura normativa que funciona como una colcha de retazos donde hay normas que repiten algunos aspectos del mandato constitucional versus normas cuya lógica subordina el tema de la gestión de riesgos y su garantía de derechos a la lógica de la seguridad pública.
Entre las primeras están: el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” 2013- 2017.
Las segundas son las que tienen más peso: la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento, pues son las que a falta de su propia ley orgánica norman directamente el Sistema.  La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es definida en 2009 como el ente rector del Sistema por una ley que le es ajena, la de Seguridad Pública. Y es el reglamento de esta ley el que establece sus funciones y determina la existencia de los elementos del Sistema, cuya “ejecución” le corresponde.
Pero aún hay más. El marco constitucional y legal de la gestión de riesgos estuvo rezagado frente a la voluntad presidencial. 
Antes de que la Secretaría fuera reconocida como ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos por parte de la Ley de Seguridad Ciudadana e incluso antes de la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Defensa Civil  ya había sido reorganizada por decreto como Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.1 
Los subsiguientes cambios en la naturaleza de la Secretaría se hicieron también por decreto, incluso el hecho de darle a Pilar Cornejo, quien dirigió la Secretaría desde el 18 de septiembre del 2009 hasta noviembre del 2015, el rango de Ministra.
Mientras la Secretaría fue creada y reformada a voluntad del Presidente por  Decreto, el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado  se estableció mediante una decisión ejecutiva de menor nivel, la de la Secretaria de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, a través del Manual del Comité de Gestión de Riesgos emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en 2011 y reformado en 20142
Reemplazando a la ley orgánica, entre el Reglamento de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, se crea un complejo sistema liderado por la Secretaría de Gestión de Riesgos. En este sistema se supone que existen “Comités de Gestión de Riesgos”, CGR, en todos los niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) –parroquias, cantones, provincias. 
Una de las novedades del Manual del Comité de Gestión de Riesgos de la Secretaría es que a nivel provincial irrespeta el formato de que los encargados de los comités de gestión de riesgos sean los dignatarios electos (a nivel parroquial son los presidentes de las juntas y a nivel municipal los alcaldes).  El Manual establece que a nivel provincial quien estará a cargo de la gestión de riesgos es el Gobernador de la Provincia (funcionario de libre remoción designado por el Presidente en cuya representación actúa) en lugar del Prefecto Provincial, quien es electo.  Esto entra en contradicción con la COOTAD y con la propia.
En síntesis, el problema de que el marco normativo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de todo el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos este fundado en Decretos y manuales y no en su ley orgánica, es que lo deja totalmente a merced de las decisiones del ejecutivo, sustrayéndolo del debate nacional.  El mismo rango y adscripción de la Secretaría que es el ente rector lo ha evidenciado estos años.
En cuanto a lo operativo
Tenemos a la Secretaría de Gestión de Riesgos es el ente rector, da políticas, métodos y orienta la acción y a los Comités de Gestión de Riesgos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son quienes gestionan el riesgo en los territorios.
Pese a su inestabilidad legal, la Secretaría existe vía decreto incluso antes de que fuera explicitada en la Ley de Seguridad Ciudadana.  La situación de los Comités de Gestión de Riesgos de los GADs es otra.
Varios años después de que el Sistema entrara en operación tales Comités no habían terminado de estructurarse.  Según el “Plan Estratégico Institucional 2014-2017” de la Secretaría de Gestión de Riesgos, recién para 2017 se iba a contar con Unidades de Gestión de Riesgo en los 221 cantones del Ecuador.  La Secretaría citaba que al 2014 había 103 cantones con unidades de gestión de riesgo y se esperaba que entre 2015 y 2017 se crearan 38 unidades de gestión de riesgo por cada año.
¿Cuántos de esos comités habrán estado estructurados para las provincias de Manabí y Esmeraldas, sin hablar del resto de provincias que fueron parte de la primera declaratoria de emergencia el 16 de abril de 2016?
El reto de los Comités de Gestión de Riesgos no sólo era estar estructurados sino inteligenciados de cuáles son las políticas y procedimientos ante los riesgos.  Sin embargo, tal preparación no existía ni siquiera a nivel provincial, según el Plan Estratégico no todas las 24 provincias contaban con agendas de reducción de riesgos en sus territorios, y los cantones tampoco incorporaban la gestión de riesgos en sus Planes de Desarrollo ni en su Ordenamiento Territorial.  Recién para el año 2017 se esperaba contar con avances  significativos al respecto. Quien debe darles directrices para desarrollar esos instrumentos era la propia Secretaría, la misma que debía tener por lo menos un delegado a nivel provincial en caso de desastres.
Cómo debía funcionar:
Los Comités de Gestión de Riesgos, donde existen, deben reunirse periódicamente para tareas de prevención y mitigación de los riesgos en los GADs, y ante los desastres se convierten en “Comités de Operaciones de Emergencia” COE. 
Los COE convocan a todos los actores relevantes de los GADs (bomberos, policías, organizaciones de la sociedad civil) y funcionan en varias Mesas Técnicas Temáticas (MTT) para evaluar y atender la emergencia. 
En las primeras 8 horas del desastre, los COE y sus mesas deben hacer una evaluación de lo sucedido para proceder a brindar la ayuda necesaria.  
La posibilidad de que la emergencia debida al desastre supere a los municipios afectados está contemplada en el Artículo 390 de la Constitución, donde se establece que el Sistema funciona de manera desconcentrada y subsidiaria con responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su gestión, pero “cuando sus capacidades sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”.
El esquema planteado para esta operación desconcentrada y subsidiaria es  el siguiente:
En este esquema ideal, una vez ocurrido el terremoto se monitoreaba la situación, se activaban los COE y se realizaba una evaluación y se determinaba la necesidad de ayuda humanitaria y la capacidad o no del  COE de gestionarlo por sí mismo o si este la supera y debe ser respaldado provincial o nacionalmente. Pero un terremoto no respeta los cuidadosos organigramas de los burócratas, peor aun cuando estos no han terminado de colocar todas las piezas del engranaje que pretenden construir.
El ruido y la furia
En lugar de este esquema, el Ecuador post terremoto, experimentó una versión faulkneriana tipo “El ruido y la furia” de gestión de riesgos: La evaluación no estuvo lista a tiempo, se empezó a trabajar a ciegas y sin control en la zona cero, los niveles del sistema empezaron a funcionar al unísono pero sin adecuada coordinación, superponiéndose, en las primeras horas.  
La ausencia del país del Presidente de la República quien presidía el COE nacional y de su Canciller, quien debía procesar las solicitudes de ayuda humanitaria, durante las primeras horas del terremoto incrementó el caos. 
Pero incluso si todo hubiera funcionado existía un vacío fundamental: la falta de políticas, procedimientos y estándares para lidiar con fenómenos sísmicos por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos que dejaba a todos los actores públicos, desde los líderes cantonales hasta la Presidencia de la República y sus ministros delegados, huérfanos de herramientas y a merced de la improvisación. Tal situación prevaleció hasta que pudieron articular la asistencia de los expertos internacionales, sobre todo la de aquellos que tenían capacidad de interlocución con los altos funcionarios del gobierno, los expertos de Naciones Unidas.
La evaluación inicial
La evaluación que los COE debían hacer se realiza siguiendo una metodología. Esta metodología había sido cambiada recientemente en el Ecuador.   
Hasta 2014, en el país se utilizaba un instrumento llamado EDAN, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  Este instrumento de evaluación es uno de los más ampliamente utilizados en la región, con usuarios como la Organización Panamericana de la Salud, y otros.  En Ecuador fue introducido por lo OFDA (Oficina de Atención a Desastres Foráneos) de la USAID y se suspendió su uso en 2014, coincidiendo con la salida de USAID del Ecuador a pedido del gobierno nacional.
Desde entonces entró en vigencia una nueva metodología llamada EVIN (Evaluación Inicial de Necesidades) desarrollada por la Secretaría con apoyo del PMA (Programa Mundial de Alimentos). La metodología de “Evaluación Inicial de Necesidades” recién estaba siendo socializada en los GADs en 2015. 
Se suponía que, como sucedía con el EDAN, debía ser implementada en las primeras 8 horas, pero según fuentes de milhojas.is, recién al día miércoles 20 de abril se contaba con los resultados de la misma.
Es decir, que entre el día 16 de abril del terremoto, hasta el día 20, las decisiones se tomaron sin la base de información objetiva y técnica como la que proveen instrumentos probados como el EDAN o su reemplazo nacional EVIN.
Atención/Desatención
A más de la falta de un instrumento técnico que oriente las decisiones, en las primeras horas las poblaciones afectadas con más fuerza tuvieron dos escenarios: el de la atención de las autoridades locales y nacionales, con sus limitaciones y errores, y la desatención que en algunos casos fue más allá de las 40 horas.  En el primer caso tenemos los dos centros urbanos más importantes de la provincia de Manabí: Portoviejo y Manta, y el lugar del epicentro: Pedernales.  En el segundo caso, tenemos a Jama y el pueblo de Canoa en el cantón San Vicente de Manabí y Muisne en provincia de Esmeraldas, sobre todo el golpeado pueblo de Chamanga.
La atención y desatención en materia de rescate tuvo diversos costos.  En los cantones donde llegó la ayuda también llegó la maquinaria pesada, que se introdujo antes del tiempo que los protocolos establecen.  En cambio, la demora de la ayuda en otras poblaciones puso en riesgo a quienes necesitaban una ayuda mayor de la que podían brindarles sus vecinos u otros rescatistas improvisados.
La ausencia y el retorno
La ausencia presidencial llevó a que en la capital funcionara un COE N (Comité de Operaciones de Emergencia Nacional) sin liderazgo.  Cuando partió a Estados Unidos y Vaticano, para promocionar “El Royal Tour” y participar en la elaboración de una nueva encíclica respectivamente, el Presidente no dejó encargada la Presidencia a Jorge Glas.  Por lo tanto, Glas, no tenía capacidad para decretar Estado de Emergencia ni para movilizar a las Fuerzas Armadas.  Desde el avión presidencial, Correa debió enviar el decreto.  Por lo tanto, más allá del desplazamiento del Vicepresidente a la zona cero, quien lideraba el proceso era el Presidente ausente. 
Con Correa estaba también el Canciller Long, de cuya cartera dependía, junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos y el COE N, dar trámite a la ayuda humanitaria internacional que fue ofrecida al país a las pocas horas de que se conoció globalmente la noticia del terremoto.
Si el Sistema y la Secretaría hubieran cumplido su rol a cabalidad, la ausencia presidencial hubiera sido un solo un dato.  En momentos en que los COE cantonales e incluso el provincial se vieron rebasados, su rol como Presidente del COE Nacional, imposible de cubrir por Glas al no ser el Presidente encargado, significó que ciertas decisiones importantes se vieran postergadas.
Tal postergación, en esta situación podía ser costosa.
A su llegada el Presidente diseñó un manejo de la crisis que se superponía al Sistema que había inventado para desmantelar a la Defensa Civil. Designó a varios Ministros para que se encarguen de diferentes cantones en las provincias afectadas, con el Ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y el Ministro de Seguridad Ciudadana, César Navas, como coordinadores con la asistencia técnica del Secretario de Gestión de Riesgos, puesto que desde el 25 de noviembre de 2015 ocupaba el Vicealmirante Luis Jaramillo.3  
Estos cambios iban mucho más allá del apoyo subsidiario que el Art. 390 de la Constitución contemplaba.  En muchos cantones son los Ministros los que se ponen al frente de los COE, en otros, donde los alcaldes estaban más activos, se genera confusión. En los hechos, los primeros momentos la función de la Secretaría de Gestión de Riesgos como asesoría técnica es también limitada, la violación de los protocolos de búsqueda y rescate así lo atestigua. 
La incorporación de César Navas, en la gestión de la crisis humanitaria del terremoto, con el adicional rol de vocero, repetía el esquema ya utilizado por el Presidente en dos situaciones de riesgo de 2015, el fenómeno del Niño y el estado de excepción ante la actividad del Volcán Cotopaxi.  En este segundo evento, además, el rol de Navas implicó darle un giro represivo a la emergencia con la actuación de las Fuerzas Armadas en Saraguro, a gran distancia de la zona amenazada por el volcán. 
Con la movilización de los Ministros y la fuerza armada, se generó cierta noción de orden y control en la zona luego de la tragedia.  A ello también coadyuvó el rol que las Agencias Internacionales de Cooperación y Asistencia Humanitaria empezaron a cumplir en la zona en coordinación con los ministros. Pero eso nada tiene que ver con el planteamiento de un Sistema que se suponía que iba a actuar desde la prevención, la mitigación, la recuperación y mejoramiento de las condiciones del desastre con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad, citando el Art. 389 de la Constitución.

MilHojas.is