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Etiqueta: Christian Zurita

Fernando Villavicencio: La Flor de Loto que siempre emergerá

Florecer en la adversidad

Papi nació en Alausí, con el trigo en el pelo, las montañas más lindas como guías, y un corazón amable y gentil. El “Coco de Oro”, como le decían los vecinos de la zona, nació para ser grande.  Y aunque sus ojos siempre vieron poesía y belleza en la vida, tuvo grandes pérdidas que delinearon el carácter de este gran Titán de la justicia. Creo que la primera sería cuando le arrebatan a su torito colorado, su amigo, fiel compañero de un niño campesino al que la injusticia se le aparece como una motivación. Mirando al monte Cisarán entiende que su único camino es hacia la verdad y la luz.

Fernando creció en un entorno hostil y, a menudo, tuvo que buscarse la vida por sí mismo. A pesar de ello, conservó su corazón compasivo y su deseo de compartir y ayudar a los demás, siendo generoso y desinteresado sobre todo con sus parientes, incluso cuando la vida también era difícil para él. 

Fernando demostró desde muy joven su valentía y determinación. Debió migrar a la capital, y allí se dedicó a trabajar y estudiar. Una de las historias más interesantes era la de que Papi se subía a los buses a compartir su «Prensa Obrera», un periódico armado de manera artesanal en el que él mismo y otros compañeros escribían, con convicción en su propia rebeldía y en su capacidad para marcar la diferencia. 

A lo largo de su vida, enfrentó desafíos y luchó por lo que creía que era justo, siendo a menudo incomprendido por aquellos que no compartían su corazón compasivo y sus valores virtuosos.

Una familia que se extendió más allá de la sangre

El camino de buscar y compartir la verdad puede resultar ingrato y solitario, con suerte Fernando fue encontrando amigos artistas y activistas que desde su trinchera fueron parte de una permanente formación social y política que lo ha acompañado en toda su trayectoria. A sus 26 años, nació Amanda, su primera hija, y finalmente encontró un corazón como el suyo. La llegada de Amanda marcó un cambio significativo, y ya no volvería a enfrentar al mundo en soledad. Se convirtió en padre, le nacieron raíces y se hizo gigante. 

Seis años después, nací yo, Tamia, y dieciséis años después de mi nacimiento, llegó Martín para completar esta poderosa descendencia que ahora llevará su legado con orgullo. Sin embargo para Fernando, su familia no se limitaba a su propia sangre, se extendía más allá de los lazos biológicos, abrazando a todos aquellos que compartieran sus valores y su deseo de justicia.

La entrega por la Patria

Fernando Villavicencio dedicó su vida a una causa más grande que él mismo: la Patria. Con alegría recuerda mi ñaña cuando en una de sus aventuras por los derechos de los trabajadores, mi papi junto a algunos de sus compañeros de lucha, hicieron una campaña que se llamaba “Por la patria hasta la vida”, en esa ocasión, una Amandita de 4 años, con un trajecito tricolor era la Niña Patria, esa por la que seguro, lo daría todo.  

Desde siempre Papi estaba incomodando gobiernos y corruptos, que en muchas ocasiones es lo mismo, así que las amenazas y violencia política la conocimos desde muy pequeñas. Todos buscaban silenciarlo de una u otra forma, pero él siempre encontró el modo de ser valiente y denunciar la corrupción desde el periodismo, el activismo social y la participación activa en la política. 

Papi siempre supo que su compromiso con la justicia y su lucha contra la corrupción y la impunidad eran una parte fundamental de su papel como padre y ciudadano. Recuerdo sus conversaciones cuando nos hablaba de su firme creencia en que mientras existiera injusticia, él debía hacer ruido y tomar medidas. Nunca se calló y aunque enfrentó allanamientos, persecución, y la separación obligada de la familia, se mantuvo firme en su ideal de “Escribir en la Victoria”.

Su legado como padre no se basó en posesiones materiales, sino en principios sólidos y una dedicación incansable a la causa de la justicia; enseñarnos a confiar en que nuestro corazón es la brújula para cuidar, cada vez mejor, la gran patria, la humanidad. Cultivar la idea de que cada uno de nosotros es mucho más de lo que pensamos, que somos capaces de soñar con un mundo sano y en constante evolución. Donde la corrupción debe ser limpiada desde el corazón, con arte, educación y justicia social. 

La pérdida y la traición

La partida de Fernando Villavicencio deja un vacío en nuestras vidas. Pero lo que duele aún más es presenciar cómo algunas personas quieren aprovecharse de su nombre y su legado para sus propios intereses.  

Lo más grotesco e hiriente ha sido ver cómo por parte de la familia ha habido abuso de poder, machismo, y violencia. Ahora sentimos que algunos parientes y ciertos “amigos” buscan su propio beneficio. Me duele porque ni pasando un día de su muerte, ya estaban buscando feriar su cuerpo, su nombre y las poquitas cosas que tenía. 

Donde esperábamos encontrar consuelo, una red de apoyo y un espacio seguro para transitar esta gran pérdida, hallamos atropello, dolor e indignante  re victimización. Sin embargo no nos sorprende, lo vemos como un patrón recurrente que estas personas perpetuaron sobre la vida de mi padre. Realmente ver que ahora estas personas están intentando tomar poder es graciosamente patético. 

Fernando siempre nos enseñó que la confianza se construye a través de acciones, no de palabras vacías. Él confiaba en unas pocas personas de manera inquebrantable, y nosotras aprendimos esa lección. Ver cómo algunos se aprovechan de su nombre y su legado es una afrenta a su memoria y a todo lo que él representa. Pero no tendrán éxito, las palabras de mi padre fueron muy claras.

“Cualquiera que intente tomar poder en mi nombre, para sus propios intereses, va a caer”. 

La lucha por la justicia

La partida de Fernando Villavicencio no solo deja un dolor profundo en nuestras vidas, sino que también desencadenó una serie de eventos que nos llevaron a enfrentar la verdadera naturaleza de la injusticia en el mundo. 

Ni las miserables balas podrán silenciar su potente voz, sus ideales ni su hermosa mente. Lo irónico es que el gatillero resultara muerto poco después, demostrando las fallas en los procesos de seguridad de la Policía Nacional, esta incoherencia y la injusticia que la rodea son difíciles de comprender y de aceptar. Por esto permaneceremos vigilantes para llegar a la verdad y responsabilizar a los culpables, entendiendo que esto es una carrera de resistencia que seguiremos hasta el final.  

Sin embargo, lo que consuela nuestra rabia es la certeza de que aquellos que participaron en este acto vil no podrán volver a dormir con tranquilidad y que el legado de Fernando ya caló profundo en millones de ecuatorianos que no descansaremos hasta encontrar la verdad. Dentro de toda esta vorágine, poder sentir el amor desinteresado de gente que fue tocada por el sueño de nuestro padre nos motiva a continuar. 

La memoria de Fernando y su búsqueda incansable de justicia continúan vivas en nuestros corazones y en la conciencia de todos los que lo conocieron y pudieron volver a soñar con un Ecuador sin mafias ni miedo, un Ecuador Valiente. 

El legado de Fernando Eterno

A pesar de la oscuridad y la turbulencia que rodean su partida, Fernando Villavicencio renace como la Flor de Loto. Su legado perdurará en los corazones de sus hijos y en todos aquellos que lo consideraban una inspiración. Su vida fue un ejemplo de valentía, compasión y dedicación a una causa mayor que él mismo.

Fernando Villavicencio fue la voz de millones que estuvieron en silencio y nos mostró el camino a seguir; un faro de luz en medio de las tinieblas de la corrupción y la impunidad; un niño del campo que siguió su corazón hasta el infinito. 

Si debiera escoger una de sus frases para resumir su legado sería: «Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir», que nos recuerda que la memoria de Fernando y su compromiso con la justicia vive en cada uno de nosotros.  Su Flor de Loto seguirá emergiendo, y su influencia continuará moldeando un mundo más justo y compasivo para todos. 

Gracias Fernando, papito eterno, por ser esa flor valiente en medio de tanta oscuridad. Gracias por sembrar en nosotros la valentía de seguir más juntos que nunca en este sueño de justicia y compasión, ya somos árboles, fuertes y enormes que cuidarán tu legado para siempre.

Renegociación de contratos de preventa de crudo, prueba de fuego para el gobierno de Lasso

El gobierno de Guillermo Lasso se apresta a renegociar dos contratos de preventa de crudo a largo plazo que garantizan parte de la deuda con Petrochina. La negociación de los contratos 2011-203 y 2016-279 (cada uno por $2000 millones) se cocina por meses y se prevé que las autoridades de Petroecuador firmen los nuevos acuerdos a finales de agosto en Beijing.

El volumen original de los contratos es de 177,48 millones de barriles. Hasta junio del presente año el contrato 2011-203 entregó 162 millones de barriles y el remanente, que es parte de la nueva negociación representa 15,39 millones. El llamado 2016-279 fue por 129,48 millones de barriles y el pendiente de entrega desde julio de este año es 60,95 millones.

El objeto del acuerdo es que al menos 192 cargamentos de crudo que están pendientes de entrega hasta 2024, se extiendan hasta 2027. Ello implica reducir la entrega del número de barriles a Petrochina, por eso se requiere un nuevo contrato en el que se compense con mas cargamentos a la empresa china a fin de que pueda cumplir las obligaciones previamente adquiridas con sus usuarios finales.

La reprogramación, según información de las autoridades petroleras, implica liberar 32 cargamentos para que Petroecuador los venda en el mercado spot. Pero no parece un buen negocio cuando Petroecuador se encargaría de dotar de 80 cargamentos adicionales a Petrochina, para que cubra sus obligaciones, ¿bajo qué condiciones?, nada está claro aún.

Este nuevo acuerdo solo puede ser posible si se constituye una nueva fórmula que establezca el precio del crudo a valores del mercado, entiéndase bajo precios de una venta spot; mantener las fórmulas de precios bajo los contratos del pasado sería sacramentar la corrupción de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. De firmarlo en esas condiciones el correísmo será el primero en felicitar a Lasso y su gobierno.

Este medio pudo conocer que el nuevo acuerdo implicaría considerar el promedio del mercado actual de Platts y Argus para establecer la tarifa del diferencial. Intentaría además mejorar en 40 centavos el factor flete y sacar beneficio en el precio de transporte; se agrega el pago directo 15 días posterior al levante del crudo. Se estima un beneficio mensual de $20 millones para Petroecuador. Pero nada es seguro hasta que el contrato se firme y se conozca su contenido públicamente. Si es que acaso lo hacen público.

Todo lo relacionado a la deuda china lleva el manto de poca transparencia y corrupción. En Estados Unidos se llevan adelante dos juicios federales por sobornos a autoridades ecuatorianas en los contratos de preventa de crudo y derivados; se investiga el reparto de 90 millones de dólares en los casos Vitol y Gunvor.

Los contratos además tienen condiciones draconianas, por ejemplo la cuenta de Petroecuador en el Banco de Desarrollo de China es controlada por Petrochina, la liquidación y manejo de cuentas está bajo legislación china, ademas hay un protocolo impuesto por el prestamista por montos insatisfechos para cobrarse valores en disputa. De hecho al momento que se negocia hay un valor en las cuentas de ese banco por 270 millones en favor de Petroecuador que no se han repatriado.

Las condiciones del nuevo contrato propuesto a largo plazo se respalda en la resolución Petro-PGG-2022-0007-RLS de 19 de enero de 2022 que delega al gerente de Comercio Internacional autorice los procesos precontractuales y las modificaciones o renovaciones y suscriba todos los contratos que se requieran.

Cuando las negociaciones finalicen se deberá contar con la autorización del directorio para el inicio del proceso de contratación directa para lo cual el Gerente General  emitirá un informe motivado que tendrá además el informe de la gerencia de comercio internacional.

Manabí albergaba red internacional de pederastas

Matheus Hendrick (Marthijn) Uittenbogaard de 50 años, uno de los líderes del Partido Amor Fraterno, de la Libertad y de la Diversidad (PNVD por sus siglas en holandés), que por el 2006 buscaba que en Holanda se legalicen las relaciones sexuales entre adultos y menores de 12 años, además de la posesión libre de pornografía infantil y el sexo con animales (zoofilia), se paseó hasta junio último por las costas ecuatorianas: Manabí era su centro de operaciones.

Lo hizo hasta el pasado 23 de junio, cuando, luego de una investigación previa de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado, fue detenido a las 16h30 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil. Sucedió minutos antes de abandonar Ecuador, abordo de un avión de una aerolínea europea. El día anterior, esto es el 22 de junio, su esposo, el también holandés Lesley Gerardus Servaas (34 años), había sido aprehendido en la parroquia Canoa del cantón San Vicente, en el norte de Manabí.

Aquel día se allanó un inmueble de tres plantas, que se ofertaba como hostal, pero que por esta época lo que menos recibía eran turistas. Lo que sí había ahí a diario era el paso libre y a toda hora de niños, según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional que actuó, junto a la Fiscalía, de oficio, ante una serie de alertas recibidas sobre lo que sucedía en aquel inmueble de construcción mixta, una de las pocas estructuras que no sucumbió del todo al terremoto del 2016, tragedia que destruyó casi el 90% de viviendas de esa parroquia manabita.

En aquel sitio, desde hacía al menos dos años, según indagaciones realizadas por pi., “varios ciudadanos ‘gringos’” llegaban al hostal.  En el sitio, refiere uno de los documentos emitidos por los investigadores, estaban “reclutando menores de edad, de escasos recursos económicos, para obtener material visual con representación de desnudos y semidesnudos (reales o simulados) de niñas, niños y adolescentes en actitud sexual, el que habría sido difundido a través de diferentes aplicaciones”.

Con la aprehensión de Uittenbogaard y Servaas se busca determinar cómo operaba en Ecuador la red que por el año 2006, en Holanda, anhelaba la desestigmatización de la pederastia. En el país europeo, el líder de la agrupación era Uittenbogaard, según publicaciones generadas entonces por diferentes medios de comunicación. Además de la pedofilia, también aspiraban la legalización del bestialismo o sexo con animales. No obstante, pese a ser legalizado por un Tribunal, cuatro años más tarde la ambición de sus miembros se enfrío frente al rechazo mayoritario de la sociedad holandesa y el partido se disolvió.

Las acciones

En nuestro país, las investigaciones iniciales de la Policía Nacional y la Fiscalía han determinado que la red, liderada por Uittenbogaard y Servaas, actuaron en varios cantones de Manabí, como San Vicente, Portoviejo, Manta, Pedernales, Rocafuerte y Bahía de Caráquez. Al menos cinco personas diferentes habrían permanecido en distintas épocas en la parroquia Canoa, recoge el proceso que permanece en etapa de instrucción fiscal.

Ahora, se busca determinar la relación de ambos detenidos con el también holandés Nelson Maatman, otro aliado del Partido Amor Fraterno, de la Libertad y de la Diversidad (PNVD), que habría estado en Ecuador y que fue aprehendido el pasado 5 de junio en Ciudad de México, en posesión de 4 terabytes de pornografía infantil, según los reportes de la policía azteca, que además le incautó un arma de fuego y drogas. Dos años antes, en el 2020, Maatman habría sido arrestado en Holanda con más de 10 mil imágenes pornográficas protagonizadas por niños, por lo que fue juzgado por pedofilia.

Tanto la Policía como la Fiscalía de Ecuador, además, buscan esclarecer quiénes eran los amigos que el holandés Lesley Gerardus Servaas halló en la parroquia Canoa de San Vicente a su arribo al Ecuador, en septiembre del 2021. Poco tiempo después de vivir en Manabí, según las primeras declaraciones que ha dado a conocer a los investigadores, adquirió (vía compra-venta) la edificación del hostal donde residía y fue hallado el día de su detención. Ahí, además, permanecían dos niños sin sus padres, quienes supuestamente habían ido a atender una emergencia suscitada en un sitio cercano. La construcción, que fue restaurada tras el terremoto del 2016, había pertenecido a un ciudadano español, quien ya no reside en nuestro país.

En Canoa, Uittenbogaard y Servaas se mostraban como hombres buenos, que atraían a los niños al hostal ofreciéndoles dulces, horas y horas de videojuegos, lo que para los padres de familia no era nada malo. La actitud de los europeos tampoco les habría despertado sospechas, pese a que los menores de edad también recibían dinero, se conoció. Incluso en estos días, mientras los ciudadanos europeos permanecen presos en la cárcel de Bahía de Caráquez, existe inconformidad en cierto grupo de ciudadanos de la parroquia Canoa, sobre todo, de los más allegados que hoy hacen de “guardianes lejanos” del hostal que fue allanado por Policía y Fiscalía. Los niños afectados serían al menos una docena, dijo un policía.

Vínculos a otros casos

Mientras los holandeses permanecen en prisión, tanto en Ecuador como en Perú se han detectado otros casos de pornografía infantil. En San Isidro, localidad del cantón Sucre, en Manabí, la semana pasada la Policía detuvo a una pareja que es investigada porque habría estado distribuyendo material de menores de edad. Investigadores dieron a conocer que desde inicios de año fueron alertados por la Interpol desde Australia (Oceanía) sobre el hecho, en el que la mayoría de víctimas son chicos de entre 10 y 15 años de edad, amantes de los deportes.

Aunque no se ha confirmado, existe la sospecha de que los aprehendidos tienen vínculos con la pareja de ciudadanos holandeses, que residían en Canoa.

Otro detalle que se busca determinar es si las actividades ilícitas de Uittenbogaard, quien en su país ha dicho libremente que “a los niños les gusta que alguien se comunique con ellos a su nivel. Eso también tiene que ver con la sexualidad, los sentimientos y el erotismo”, tienen relación directa con un hecho internacional desarrollado en Perú el pasado 20 de julio, donde se detuvo a 53 personas que serían parte de una organización criminal de generación y distribución de pornografía infantil, que estaba siendo dirigida desde Ecuador, Estados Unidos y Europa, indicó el fiscal del caso Jorge Chávez, según información difundida por la prensa peruana.

Un investigador de la Fiscalía, además, detalló que los 53 sospechosos, que fueron aprehendidos durante allanamientos realizados en 15 regiones del país vecino y 14 distritos de Lima Metropolitana, son parte de un grupo de 255 criminales sexuales, que operan desde 17 países del mundo, 77 son de nacionalidad peruana, de los cuales ya están identificados 71.

Marthijn Uittenbogaard también mantenía un blog https://bit.ly/3S8GIHQ, en el que de entrada salta una alerta: “Es posible que este sitio web sea prohibido por el sistema de ‘Justicia’ holandés…” Su último post lo tituló ‘Falleció Gert Hekma’ y lo publicó en abril. Ahí rinde homenaje póstumo al antropólogo y sociólogo holandés Gergardus “Gert” Hekma, conocido por sus investigaciones y publicaciones sobre la sexualidad; y quien defendió y expuso estudios sobre gays y lesbianas, en su natal Amsterdam.

En su post, Uittenbogaard escribe: “Conocí a Gert Hekma hace unos 25 años. Fue durante un debate sobre la pedofilia y los límites de edad en la ley de moralidad… Habló sin vergüenza de la abolición de estos límites de edad. De una manera que nadie en la sociedad tendría ningún problema con eso, tan libremente. Quería lugares especiales, una especie de centro juvenil, donde los jóvenes y los niños pudieran tener sexo libremente con quien quisieran…”. Similares pensamientos de los actos ilícitos por los que hoy se lo investiga, junto a su esposo…

Uittenbogaard tuiteó desde la cárcel

El pasado 17 de julio, a través de la red social Twitter, Uittenbogaard, quien en el perfil de la cuenta @MHUittenbogaard, se describe como un “luchador por los derechos humanos: jóvenes y mayores. Luchador por la libertad de expresión”, tuiteó varios mensajes pidiendo ser auxiliado porque se considera víctima dentro de la investigación abierta en el Ecuador.

En la serie de tuits y respuestas publicados, escritos en su idioma natal, el holandés, él dice:

  1. “No quiero morir a los cincuenta. Soy totalmente inocente. Los presos no hay problema excepto los M que están a cargo aquí”. https://bit.ly/3PJKYwa

“La mitad de los presos aquí tienen teléfonos celulares”. https://bit.ly/3cANLsE

Mujer descubre quién soy. Inventa una historia de fantasía en Facebook sobre la piscina. El edificio ni siquiera tiene piscina. Niños encontrados en el mismo edificio pero en un apartamento diferente. Solo vivía allí. https://bit.ly/3zzQ34r

Encerrado sin cargo. Sin ver a un juez. Sin llamar a un abogado durante semanas. Inocente fijo. @amnestynl no hace nada. https://bit.ly/3zDlUBe

Holanda comenzó a criminalizarme por citar estudios científicos. Decir la verdad es un crimen. @amnestynl no hace nada. Subsidio binoculares devoradores (sic). https://bit.ly/3z5lORq

En sus tuits, publicados hasta hace pocos días, también indica que está preso junto a su esposo. Cuando cita a @amnestynl, Uittenbogaard se refiere a una entidad defensora de los Derechos Humanos con sede en Amsterdam Holanda, país en el que tanto él como Maatman han sido investigados por pedofilia y posesión de pornografía infantil.

Entre 2016 y 2021, análisis de entidades internacionales que luchan contra la pornografía infantil, como la organización británica Internet Watch Foundation (IWF) han dado cuenta de que desde Holanda se ha generado la mayor cantidad de sitios web con publicaciones de esa índole https://bit.ly/3S3TdVf (informe de la IWF, 2021).

De 117.544 casos detectados en el 2020 llegó a 102.676 hechos en el 2021, el 41% del total. Pero en lo que va del 2022 las cifras han sufrido un cambio: Ahora los Estados Unidos de América pasaron a liderar la generación de contenido pedófilo, que ha crecido en el mundo debido a la crisis originada por la pandemia del Covid_19, pues tanto depredadores como menores de edad permanecen más tiempo online, dicen expertos. Con esa situación también ha ido en aumento el material pornográfico “autogenerado”.

No obstante, expertos de la misma IWF, han explicado que ese cambio drástico en las cifras puede radicar en que varias webs que generan contenido de pornografía infantil han migrado los servidores desde Holanda hacia América, centrándose en los Estados Unidos, especialmente.

En Canoa a Lesley Gerardus Servaas se le incautó 1 tablet, 2 laptops, 4 video cassette, 2 flash memory, 1 tarjeta de 4 GB, 1 disco duro de 1x terabyte, 3 teléfonos celulares, 1 disco duro de 500GB, 1 cartola de cuenta de ahortos de la Cooperativa Calceta a nombre de los detenidos, 1 pasaporte y 1 cédula de identidad, 760 dólares en efectivo. En Guayaquil: A Matheus Hendrick Uittenbogaard se le halló 1 teléfono celular, 1 maleta color rosa, 1 CPU ,1 teclado, 1 play station 5, 1 disco duro, 2 flash memory, 1 web cam.

Entregar un medicamento atrasado es acelerar la muerte

Los centros hospitalarios tienen hasta este 21 de julio para presentar un informe con pruebas documentales de que están entregando medicinas a los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, según una sentencia de abril de 2022.

Todos los días a las 7 de la noche, Darly Pozo, conecta su frágil cuerpo a una máquina de diálisis. Si durante la noche necesita ir al baño, se levanta y se desplaza solo hasta donde una manguera de metro y medio le permite. La niña duerme así, conectada a esa máquina hasta las 7 de la mañana del día siguiente. 

Siempre será una molestia este proceso, sabe que es parte esencial del tratamiento que debe seguir para sobrevivir, aunque es incierto durante cuánto tiempo más.

Darly nació con insuficiencia renal crónica y se encuentra en fase terminal.

            Darly Pozo, paciente con insuficiencia renal crónica

Desconectada del equipo, Darly trata de tomar actividades propias de los niños. Va a la escuela, comparte con sus compañeros, pero a la hora de jugar hay varias limitaciones: debe evitar caídas y golpes en el área donde se ubica el catéter de diálisis, sabe que es imposible hacer rodar una pelota. Además debe usar pañal porque su vejiga no funciona normalmente.

En los últimos años Darly ha tratado de sobrellevar su padecimiento sin que sus compañeros de aula lo sepan.  Solo sus maestros conocen su estado y le ayudan con su aprendizaje que por cierto tiene retrasos debido a la condición de la niña. Hoy tiene 11 años, pero parece una niña más pequeña. La enfermedad ha limitado su crecimiento.

Su madre, Evelyn Espinoza, dice que Darly requiere un trasplante de riñón, necesita una cirugía llamada ureterostomía que consiste en desviar la evacuación de la orina mediante un orificio en el vientre, pero los médicos aún evalúan qué procedimiento usar y si ese este sería compatible con el trasplante de riñón.

A Darly le atienden en el Hospital del Niño Francisco De Icaza Bustamante y la experiencia en los últimos tres años ha ido para peor. Evelyn, la madre, dice que luego de muchos esfuerzos hoy recibe los insumos para diálisis, pero no eso no sirve si no hay medicinas. Al no contar con los dos elementos los pacientes se descompensan.

Evelyn cuestiona que en el hospital no existe ni lo más básico: paracetamol y vitaminas que debe tomar Darly como calcitriol, hierro, complejo B; peor aún otras medicinas más específicas como Sevelamer que sirve para bajar los niveles de fósforo en pacientes renales. “Son pastillas muy costosas y me toca comprarlas porque no hay en el hospital ni tampoco hay convenio para obtenerlas por fuera”.

Evelyn calcula un gasto mensual en medicinas de unos $300. El frasco de 100 pastillas de Sevelamer cuesta $80, cuando está en oferta, de lo contrario puede subir a $120. “Mi hija toma 6 pastillas diarias. Por lo tanto, me toca comprar hasta 2 frascos al mes, aparte de otras medicinas”. 

Evelyn, quien es también representante de padres de niños y adolescentes con insuficiencia renal crónica terminal, asegura que la falta de medicinas se agudiza en pacientes que están hospitalizados, pues tienen que comprar antibióticos e incluso insumos como gasas, jeringuillas, agua destilada, catéteres, etc. “Son personas de bajos recursos y si no tienen en ese momento ¿qué hacen? Parecemos farmacias ambulantes”.

Pie: Evelyn Espinosa cuestiona la rotación de autoridades en el Icaza Bustamante. Dice que los cambian para lavarse las manos sobre las falencias del hospital.

Como Evelyn hay pacientes y otros padres de familia que han perdido la esperanza de acceder a una atención de salud digna. “Ganamos una acción de protección para los pacientes con enfermedades catastróficas, pero hasta ahora no hay resultados. Pienso que fue una burla. No se ha hecho valer la palabra de la jueza porque seguimos igual”.

Evelyn se refiere a la sentencia emitida el pasado 14 de abril del 2022 por la jueza de la Unidad Civil de Guayaquil, Lissette Reyes Cantos, en la que al haber comprobado que no existe stock suficiente de los medicamentos reclamados por los pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas declaró la vulneración de los derechos a la salud, al buen vivir, a una vida digna y al derecho de los grupos de atención prioritaria.

La jueza Reyes dio un plazo de 15 días a los hospitales del sistema de salud pública para que adquieran 65 fármacos:

Fuente: Portal Función Judicial

La sentencia estableció también que para evitar que estos medicamentos se agoten deberán implementarse acciones para abastecerse de forma oportuna y suficiente, “a fin de que no vuelva a repetirse el desabastecimiento”.

Pero la escasez de medicinas en los hospitales públicos sigue afectando a los pacientes. Los niños con cáncer figuran entre los más vulnerables. Imagínense el drama que viven los infantes que provienen de familias con predisposición genética a esta enfermedad, como es el caso de Elenita, que tiene leucemia linfoblástica B común. Esta niña ya perdió a su hermana víctima de otra variedad de leucemia y tiene otro hermano con el mismo padecimiento. 

La propensión al cáncer proviene de la familia materna de Elenita. Su madre, Beatriz Flores, relata que su abuela murió de cáncer de útero y a su mamá la han operado tres veces de un tumor cancerígeno en el estómago. 

Los 3 hijos de Beatriz se han atendido en el hospital Francisco Icaza Bustamante. En el caso de Elenita desde 2018, cuando ingresó a este centro de salud, ha tenido que comprar absolutamente todas las medicinas e insumos. “No quería que mi hija se atrase en su tratamiento porque un medicamento atrasado es como acelerar su muerte”.

Elenita tiene 6 años, a su corta edad, con las molestias propias de la quimioterapia, debió someterse a una intervención para extraerle un catéter debido a complicaciones en su implantación. Permaneció 10 horas en quirófano y logró salir. A ello se suman las crisis asmáticas que sufre sobre todo en las noches o cuando camina mucho. Se trata de un tipo de asma no especificado que, según han explicado los médicos puede ser un efecto secundario de la quimioterapia. 

Elenita se encuentra en fase de mantenimiento, es decir concluyó un período de quimioterapia, pero debe tomar medicinas para afrontar las secuelas del tratamiento. Algunos de los fármacos que utilizan son: Magaldrato (protector gástrico), Sabutamol spray (para el asma) y Alegra (para sus alergias en la piel).

Ya sea porque no le entregan estos medicamentos o porque le dan genéricos, Beatriz se ha visto obligada a comprarlos porque no quiere arriesgar la recuperación de Elenita porque asegura que nunca le ha hecho bien los genéricos.

A pesar de los anuncios oficiales de que la provisión de medicinas mejorará para los pacientes de la red pública de salud, Beatriz se muestra escéptica porque asegura que en el Hospital Icaza Bustamante ya le advirtieron que esta situación no cambiará. 

La situación de quienes ya perdieron la batalla 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En Ecuador, la situación es similar. En 2020 se diagnosticaron 29.273 casos nuevos y de ellos, 1.199 corresponden a cáncer infantil, de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer (OMS). En el caso de niños y adolescentes menores de 15 años, la leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el cáncer más frecuente. Representa entre el 75 y 80% de todas las leucemias. Esta patología afecta a la médula ósea y a la sangre. Sin embargo, si se manejan protocolos terapéuticos apropiados, el 85 o 90% de casos se curan.

Rafael Palacios, presidente de la Asociación de padres de niños y adolescentes con Cáncer (APNACC) concuerda con que en otros países hay altas tasas de sobrevida por la atención temprana pero lamenta que nuestro país esté lejos de esos estándares. Para empezar, no existen estadísticas oficiales actualizadas e integrales sobre los pacientes con cáncer. No se cuenta con un estudio genómico que es como un censo completo de las enfermedades crónicas, catastróficas o raras, lo que permitiría contar con un mapeo de la realidad de estos pacientes en el Ecuador.

Del seguimiento hecho por ASPNAC, Palacios refiere que solo en Guayaquil, hasta el 2021 había 2.000 pacientes de cáncer atendiéndose en el Hospital Abel Gilbert. En el Hospital Icaza Bustamante alrededor de 240; en la unidad Oncopediátrica de Solca unos 250. Asegura que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es alta y que solo dentro de su organización, que agrupa a más de 550 padres, ya suman más de 60 niños que han fallecido.

Otra debilidad del sistema de salud hacia los pacientes con cáncer es la falta de presupuesto que se evidencia en hechos como la constante falta de pago del Estado a Solca por las derivaciones de pacientes a ese centro hospitalario. “Nos ven como un rubro que infla el presupuesto del estado”, lamenta Palacios.

En el sector público, solo hay 2 hospitales para atender a los niños con cáncer: Baca Ortiz e Icaza Bustamante. Pero Palacios precisa que no cuentan con un servicio integral, dice que hay apenas 17 médicos oncopediátricos en todo el país.  

Nunca se podrá conocer en cuánto disminuyó la esperanza de vida de los pacientes que no han recibido sus medicinas a tiempo y cuántos murieron por no haber tenido acceso a los fármacos debido al desabastecimiento. Y es que no le conviene al Estado mantener y transparentar un registro de los efectos en las tasas de mortalidad de esta grave crisis de falta de fármacos.

Hospitales siguen incumpliendo acción de protección

Pese a haber transcurrido casi 90 días desde que se dictó la acción de protección que ordenó a los hospitales del sistema de salud pública a abastecerse de medicinas para los pacientes catastróficos, un análisis realizado por la Defensoría del Pueblo del Guayas revela que las farmacias y bodegas de las principales casas de salud todavía no cuentan con al menos 26 medicamentos para 7 tipos de enfermedades que padecen los usuarios.

Fuente: Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento de este tema y luego de varios pedidos a la jueza Lissette Reyes para que haga cumplir su sentencia sobre la acción de protección (Nº 09332-2021-161009), este 13 de julio el delegado de la defensoría del Guayas, Francisco del Pozo Villamil planteó 4 exigencias a Reyes: que ordene a los hospitales demandados que en 24 horas le presenten un informe con pruebas de haber adquirido todos los medicamentos referidos en la sentencia y que sean suficientes para el período de tratamiento; una actualización de todos los medicamentos, insumos y reactivos que se encuentran en las bodegas y farmacias de cada unidad hospitalaria; la realización de inspecciones en los hospitales para que constate la falta de provisión de muchos fármacos. 

Si persiste el incumplimiento le solicitó iniciar las acciones administrativas y judiciales que prevé la ley de Garantías jurisdiccionales, es decir que la jueza determine si la responsabilidad es estatal y esta violación de derechos implica un delito, deberá remitir el expediente a la Fiscalía; así como a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones administrativas.  

El Defensor del Pueblo del Guayas incluso pidió a la jueza que disponga la intervención de la Policía Nacional para que se ejecute la sentencia, que evalúe el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares y de ser necesario modifique dichas medidas de reparación (potestades previstas en el artículo 21 de la Ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional).

Pese a estos pedidos de la Defensoría, el 14 de julio pasado la jueza resolvió dar un nuevo plazo de cinco días hábiles a las instituciones de salud para que le presenten un informe completo junto con pruebas documentales que sustenten el cumplimiento de la sentencia de abril de 2022.

Las acciones del gobierno y la realidad paralela de la ex ministra

Al sinnúmero de denuncias de pacientes que no han podido acceder a medicinas se unieron las voces de los médicos reclamando también la falta de material para operar y los problemas con el mantenimiento preventivo de equipos; el Colegio Médico de Pichincha pidió que se declare en emergencia el sistema de salud.

A día seguido de estas declaraciones, el 27 de mayo pasado la respuesta de la entonces ministra de Salud, Ximena Garzón, fue desestimar la necesidad de la declaratoria de emergencia, insistiendo que en Quito hay un 70% de abastecimiento de medicamentos y que en otras jurisdicciones se están tomando medidas para abastecer a la red de salud. Pero el mes siguiente firmó la declaratoria de emergencia sustentándose en un informe que no solo contradice sus declaraciones de mayo, sino que incluye un mea culpa sobre la problemática de las medicinas.

Ximena Garzón, ex ministra de Salud

“El desabastecimiento no es una percepción, sino un hecho, por lo que la presente situación de emergencia es objetiva”, consta en el ´Informe Situacional sobre la realidad actual del desabastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para operar en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP)´.

Este informe (No. MSP-DNMDM-GIMEG-IT0071-2022) fue uno de los principales sustentos de la declaratoria de emergencia del 22 de junio.

Si bien la emergencia en el sector rige desde el 17 de junio cuando el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 454, la cartera de Salud publicó 4 días después la Resolución Nro. MSP-MSP-2022-0012-R debido a que cada institución de la Red Pública Integral de Salud (IESS, ISSFA e ISSPOL) está obligada a declarar su emergencia.

En el mencionado informe situacional que sustenta la emergencia se identifican las causas del desabastecimiento. Si bien no lo menciona entre los primeros factores, el MSP señala que la salida progresiva de medicamentos del catálogo electrónico ha generado procesos de compra pública poco eficientes. Otro elemento que afectó a los niveles de inventarios, son los procesos de adquisición declarados desiertos, pues entre 2019 y 2021 en el 70% de los casos no se presentaron ofertas al procedimiento de contratación de medicinas. Un ejemplo de la baja participación de oferentes: en el proceso de compra por emergencia declarada en septiembre de 2021 se adjudicaron solo 42 procesos (el 30%) de 123 ítems, y en el Régimen Especial se adquirieron 149 fármacos de una necesidad de 299, es decir se entregó únicamente el 73% del contrato. 

Cuando se declara desierto un proceso, el retraso en la firma del contrato puede ser de dos meses o más.

El Informe situacional del MSP concluye que los medicamentos del catálogo electrónico corresponden a una cantidad ínfima respecto a los que integran el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), “por lo que este mecanismo de adquisición se vuelve insuficiente para superar la problemática …”

Y como ha sido evidente la baja participación de oferentes sobre todo en los últimos dos años, en este informe se identifican las limitaciones de los procedimientos de régimen común de compras públicas sobre todo por los tiempos requeridos para su realización que podrían generar un desabastecimiento inmanejable. Otro factor que ha incidido en el desabastecimiento, a criterio del Ministerio, ha sido el efecto del Plan FENIX (monitoreo de la pandemia) aplicado durante 18 meses, pues generó un represamiento de la atención de otras patologías no Covid y hasta su complicación en algunos casos. De marzo a mayo de 2020 el total de atenciones se redujo en 60% aproximadamente para ubicarse en 1.144.384 pacientes por mes. A partir de julio de 2021 se incrementaron las atenciones clínicas y quirúrgicas a 1.198.943 pacientes por mes con lo cual también aumentó la demanda de medicamentos e insumos médicos para otras enfermedades. Y hasta mayo de 2022 se alcanza una cifra de 1.202.504 pacientes por mes. 

El documento señala que al 31 de mayo de este año el nivel de abastecimiento de medicamentos es de 69% y de dispositivos médicos, del 71%, afectando las atenciones a los pacientes porque el indicador de Disponibilidad de Medicamentos Esenciales para 2022 debería ser del 90% para evitar un riesgo de ruptura del stock. De hecho, según el Informe, algunos establecimientos de salud se encuentran en ruptura y riesgo de ruptura de stock, sobre todo desde el último semestre de 2020 hasta el primer semestre del 2022.

Entre las conclusiones del Informe se admite que el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que se acrecentó desde 2021 no pudo ser previsto, pues en el documento se afirma que el Ministerio de Salud tomó las precauciones para afrontar la situación de pandemia en 2020. Pero no se dice nada sobre su planificación para afrontar las demandas de salud, luego del previsible descenso de contagios por Covid19.

También la poca participación de proveedores en las compras públicas de medicamentos y las declaratorias de desiertos a los concursos estaba sucediendo desde 2021 y tampoco se tomaron las previsiones necesarias para 2022.

El Ministerio de Salud ha ofrecido contar con todos los fármacos del cuadro nacional básico y ha explicado que las gestiones que realice para las adquisiciones bajo la emergencia se articularán más adelante con el plan de externalización de farmacias denominado ´Medicina Cerca´.

Sin embargo, los tiempos en los que ofrece cumplir con estos objetivos no son claros. En un comunicado del 20 de junio pasado, se publicó que con la emergencia en el sector salud “se logrará el 100% de abastecimiento para seis meses”.

Mientras que en otro comunicado del 25 de junio en el que se informa sobre el trabajo de las mesas técnicas para analizar el nivel de abastecimiento en las coordinaciones zonales de salud, se dice que “durante los 60 días de emergencia se prevé gestionar la compra de medicamentos para tres meses”.

El MSP ha dicho que dispone de $80 millones para comprar más de 600 tipos de medicinas en el período de emergencia. Mientras tanto ¿quién va resarcir los costos que han debido asumir los usuarios del sistema de salud en los últimos años por el desabastecimiento?

$132 millones saldrán del bolsillo de los usuarios por falta de medicinas en 2022

Las consecuencias de las limitaciones presupuestarias para adquirir medicinas, insumos y equipos, de la falta de planificación y de la corrupción en los procesos de compras públicas han golpeado las economías de los pacientes y sus familiares que han tenido que sacar de sus bolsillos para pagar desde los medicamentos más básicos.

En el Informe Situacional del MSP se admite que una de las implicaciones del desabastecimiento es que el costo se traslada directamente al usuario final o paciente y es lo que se denomina el gasto de bolsillo en salud (GBS). 

Debido a que las compras de medicamentos e insumos que realizan los ciudadanos se dan al por menor y no se benefician de factores de ahorro a los que tiene acceso el Ministerio de Salud por comprar a nivel corporativo, el impacto financiero para los pacientes es grande. 

El MSP proyecta que con los niveles de abastecimiento actual de 69% y 71% en medicamentos y dispositivos médicos respectivamente, el gasto de bolsillo de los ciudadanos podría ascender a $132,12 millones hasta finalizar 2022.

En 2021 las estimaciones del impacto económico para la ciudadanía fueron mayores. El “Informe Técnico Justificativo para el abastecimiento de Medicamentos y Dispositivos Médicos aprobado   por el Ministerio de Salud, al 12 de agosto de 2021, estableció que el abastecimiento era tan sólo del 52% para medicinas y del 65% para dispositivos médicos. Estos indicadores de stock de medicinas e insumos de 2021 se calificaron como críticos y para la ciudadanía se tradujeron en un gasto de $257 millones, niveles superiores a los registrados hasta el momento en este año. De hecho, el 12 de agosto de 2021 se declaró la emergencia del Ministerio de Salud por 60 días.

El desabastecimiento también genera un aumento en los costos de compra de los medicamentos y dispositivos médicos en déficit. De acuerdo con el Informe situacional de 2022, si no hay volumen suficiente de productos a adquirir para alcanzar descuentos, las compras directas o las de ínfima cuantía incrementan los precios. “En base a la experiencia de diferentes unidades de salud durante la pandemia, estos incrementos pueden oscilar entre 30 a 800% más”.

A esto se suma un costo estimado de $ 19,1 millones que los hogares y la economía dejarían de percibir por la pérdida de productividad en los establecimientos del Ministerio de Salud para atender enfermedades crónicas no transmisibles. 

Comisión Anticorrupción vigilará los procesos de contratación de la emergencia

Si bien a los pacientes les urge acceder a medicinas en los centros hospitales del sistema de salud, eso no puede significar una nueva oportunidad para que se comentan atracos en contra del fisco.

Una de las primeras entidades en anunciar que estará vigilante de los procedimientos de contratación que realice el Sercop en el marco de la emergencia es la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), pues considera que la declaratoria de emergencia en salud «no puede convertirse en patente de corso» para que se seleccione con discrecionalidad a proveedores de insumos y medicinas para entregar sus productos al IESS o al Ministerio de Salud con sobreprecios.

Esta organización ha advertido que «en tales procesos no deben intervenir quienes, mediante subastas inversas amañadas, suscripción de convenios de pago, entre otras cosas, han asaltado los dineros de los ecuatorianos».

Ricardo Ramírez, coordinador de Comisión Anticorrupción del Guayas considera que el desabastecimiento de medicinas e insumos es parte de un esquema premeditado y advierte un atraco en el sistema de externalización de la provisión de medicinas.

“Hay una deliberada estrategia de boicotear al sistema de salud para alimentar la idea de que hay que darle al sector privado cada vez más áreas del sector público”, asegura Ramírez, pues son millones de recetas las que se despachan anualmente y que ya no se comprarán a los laboratorios productores o a los importadores de medicinas, sino a intermediarios que son las cadenas de farmacias. Eso implica gastar más y comprar menos.

¿Por qué no se logra destrabar este conflicto?

Son varios los nudos críticos que están impidiendo la provisión de medicinas e insumos para los pacientes en general, de acuerdo con las conclusiones de las mesas de trabajo realizadas bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, en las que han participado los directores y gerentes de los principales hospitales de la red pública de salud, así como representantes del SERCOP, de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y hasta la Fiscalía.

La Defensoría está realizando una evaluación integral de la red de salud pública. Y luego de varias reuniones en las que han participado delegados de los hospitales: Andrade Marín, Baca Ortiz, Eugenio Espejo, Militar, de la Policía Nacional, de Quito; así como también del Teodoro Carbo, Ceibos, Francisco Ycaza Bustamante, del Guasmo, Universitario, de la Armada, además del hospital de Portoviejo, se han identificado los siguientes problemas: 

  • En contratación pública .-  algunas empresas oferentes no se presentan a los concursos a pesar de tener los precios requeridos, lo que incide para elevar lo valores o para que los procesos se caigan. En muchos casos son las únicas empresas que distribuyen determinados productos por lo que tienen el poder sobre determinados medicamentos. Entonces podrían existir problemas en el ámbito de competencia.
  • Las dificultades en los procesos de contratación pública se deben a que varios aspectos del sistema están caducos, por lo que se requieren reformas legales.
  • Las asignaciones presupuestarias desde el Ministerio de Economía para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos han ido decreciendo cada año en relación a las necesidades de las instituciones de salud. (Esto se corrobora en un Informe Técnico del   MSP, de agosto de 2021 en el que menciona una reducción presupuestaria a 2021, de $117 millones en comparación con lo asignado para medicamentos en 2018, lo que significó un decremento del 77%) 
  • Los gerentes de los principales hospitales sostienen que la Contraloría hace auditorías sin suficiente criterio técnico para analizar los contextos de crisis que ocasionaron la compra de determinados medicamentos. Muchos funcionarios responsables de estas adquisiciones temen que si no aplican todos los largos procesos del sistema de compras públicas pueden enfrentar glosas hasta después de siete años de haber concluido sus gestiones
  • El catálogo electrónico no incluye los medicamentos para las enfermedades catastróficas y el plan de externalización tampoco incorpora los fármacos para estas patologías

Frente a este panorama la Defensoría del Pueblo presentará varias recomendaciones a todas las autoridades involucradas en estos temas:

  • La Superintendencia de Control de poder de Mercado debería vigilar y/o regular la participación de las comercializadoras de fármacos e insumos en los procesos de adquisición que hace la red de salud integral
  • Debe ampliarse el catálogo electrónico para que las unidades de salud adquieran lo que necesiten.
  • Establecer procedimientos directos de compra de medicinas e insumos cuando existan sentencias judiciales de por medio
  • Capacitaciones generales en línea y semipresencial a personal de los hospitales, pues debido a la pandemia la última acreditación para los responsables de compras públicas se hizo de manera electrónica.

HIDALGO E HIDALGO, LA CONSTRUCTRA VITALICIA EN LA VÍA ALÓAG-SANTO DOMINGO

La Constructora Hidalgo e Hidalgo ha monopolizado las obras y contratos en la vía Alóag-Santo Domingo por al menos un tercio de su existencia, llevándose contratos por USD 387 millones desde 2002 a la fecha, únicamente en esa carretera. Esto en medio de escándalos de corrupción, sobreprecios, retrasos y un proyecto a medias que está paralizado debido a su disputa legal con otra mimada del correísmo: la empresa china Sinohydro.

Apadrinados por la prefectura de Pichincha, Hidalgo e Hidalgo se consolidó como la única contratista en 20 años de la conexión más importante entre las regiones Costa y Sierra. Por esta vía circulan cerca de 13.000 vehículos cada día y un 50% de estos son de carga pesada.

Para tener una idea de la importancia de esta conexión basta recordar los últimos días de la reciente protesta indígena, pues una vez comenzaron los bloqueos de la vía, también comenzaron los problemas de desabastecimiento en Pichincha y en parte de la Costa. El 29 de junio de 2022, por ejemplo, quedó registrado cómo centenares de camiones quedaron varados en el tramo de la parroquia San José Alluriquín, sin poder entregar sus cargas en Quito y otras ciudades.

La vía Alóag- Santo Domingo es por demás clave para el eje logístico nacional; y, en contraste, también es una de las más peligrosas del país, porque ocupa el sexto lugar de siniestralidad.  Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), solo en 2021 se registró 175 accidentes en esta vía. Allí los derrumbes son frecuentes y a lo largo de sus 101 kilómetros de extensión es común tropezar con baches, material suelto, maquinaria abandonada y obras inconclusas.

Desde mayo de 2017, dos prefecturas comparten la responsabilidad de esta vía. Pichincha, el tramo de 72,5 kilómetros Alóag-Unión del Toachi; y, Santo Domingo, los restantes 28,5 kilómetros, desde del tramo Unión del Toachi hasta el Redondel de los Sueños de Bolívar.

La zona con más baches y obra inconclusa está bajo responsabilidad de la prefectura de Pichincha que, irónicamente, todavía mantiene deudas y responsabilidad contractual con HeH. El descuido se debe, según la prefecta Paola Pabón a que no cuentan con los recursos para pagarle a la constructora. Risible.

Es por esto que en diciembre de 2021, a las puertas de un año electoral y luego de casi tres años a la cabeza de la prefectura, Pabón ofreció al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una alternativa para financiar parte de las deudas pendientes con HeH: devolverles la delegación de la carretera para que sea la Cartera de Estado la que administre la vía y solucione sus problemas. Eso sí, condicionando el pago de una restitución en favor de la prefectura por USD 66,7 millones.

“Conociendo las dificultades financieras, estaríamos abiertos a que el Gobierno Nacional pueda entregarnos una parte en bonos o podamos asumir un plan de pagos. Lo que nos interesa es que el proyecto sea financiable y sostenible”, explicó la prefecta Pabón, en enero de 2022, ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional.

En esa ocasión, Pabón expuso cinco propuestas de “viabilidad económica para el contrato de 2015”, con la Constructora HeH. Las otras cuatro, además de devolverle la vía al MTOP, apuntaban a recaudar de USD 1,50 a USD 2 por cada vehículo que pase por los dos peajes ubicados en Alóag y en el Km. 56. Tras la comparecencia en la Asamblea, el MTOP aceptó el cobro de USD 0,50 en el peaje del Km. 56, en donde hasta esa fecha solo existían casetas vacías y sin uso.

Las cuentas de HeH, un balón que la prefectura patea desde 2007

Aumentar la recaudación por el cobro de peajes servirá en un inicio para saldar apenas una parte de las deudas de la prefectura con HeH. Tras la respuesta del MTOP, la Prefectura  señaló que lo que se cobre en el peaje del Km. 56 (USD 0,50) permitiría retomar el contrato firmado en 2015, pues lo que ya se cobra del peaje en Alóag (USD 1 ) se utiliza para pagar otro contrato anterior, firmado en el 2007.

En total son cuatro los contratos adjudicados a HeH en la vía Alóag Santo Domingo. Tres de estos firmados por la prefectura de Pichincha; y, un cuarto firmado por la de Santo Domingo en 2019, que hasta la fecha no puede ejecutarse a causa de un conflicto de intereses que desató una pelea entre dos grandes empresas de la Construcción (los detalles más adelante).

El primero de los contratos del gobierno pichinchano se firmó en 2002, durante la administración del ex prefecto Ramiro González – actualmente prófugo de la justicia- por un monto de USD 17,8 millones, para la reconstrucción y mantenimiento de la vía.

Los siguientes dos contratos se firmaron en 2007 y 2015, por la administración de Gustavo Baroja, que en esos mismos años dio el camisetazo de la Izquierda Democrática a la Revolución Ciudadana junto a su compañera de militancia Paola Pabón. Ambos contratos, por USD 92 millones y USD 252,9 millones, respectivamente, se hicieron para ampliar la vía a cuatro carriles.

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública. Portales SOCE y Datos Abiertos.

Únicamente el contrato de 2002 está terminado. Del contrato firmado en mayo de 2007 queda un pendiente de USD 4,7 millones. Suman otras deudas por USD 7,7 millones por las ampliaciones de la vía en abril de 2019; y USD 5,4 millones, por trabajos de mantenimiento.  En total, en este momento la deuda de la prefectura de Pichincha con HeH es de USD 17´768.251,92, pero podrá aumentar pues la Constructora sigue a cargo de los mantenimientos básicos de la vía y de brindar apoyo en situaciones de emergencia. Pabón alega que son compromisos adquiridos por por administraciones anteriores a la suya; y, ofreció saldar la deuda hasta finalizar 2022.

El cobro de peajes

Solo en 2020, la prefectura recaudó USD 12,7 millones por el cobro de peajes; y, en 2021, recaudó otros USD 13,5 millones. Esta cifra corresponde al cobro de peajes en las carreteras Alóag-Santo Domingo, Rumiñahui e Intervalles.

De esos USD 26 millones, se destinó cerca del 4% para mantenimiento vial en dos años (USD 989.283). A la CAF se pagó otros USD 12 millones por una deuda ligada al programa vial para el Valle de los Chillos; USD 11,4 millones, para deudas con la Constructora HeH; y, USD 1,91 millones, al pago de una empresa fiduciaria encargada del fideicomiso usado para los dineros del peaje Alóag-Santo Domingo.

HeH y Sinohydro se pelean el tramo de Santo Domingo

Existió un cuarto contrato por USD 26’387.453 millones, que el ex prefecto de Santo Domingo Geovanny Benítez (Alianza País) le adjudicó al Consorcio Multinacional Tsáchila, conformado por la firma ecuatoriana Eufratesinvest, que ya ha tenido otros contratos de vialidad en Santo Domingo; y, la empresa china Sinohydro, responsable de la construcción de la polémica y sobre preciada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en la que se hallaron graves fallas estructurales (unas 7.600 fisuras y daños irreversibles en los sistemas de generación) y cuyo funcionamiento causó problemas geológicos en la cuenca del río Coca como es la erosión regresiva.

El asunto es que el ex prefecto Benítez entregó  la obra “a dedo”, usando la figura de la Contratación Directa, a menos de dos semanas de dejar su cargo, el 26 de noviembre de 2018, pero el acuerdo se fue abajo una vez dejó la Prefectura y asumió en el cargo Andrea Maldonado, que apenas llegó tumbó el contrato de forma unilateral y anticipada, para después entregar la obra a la constructora Hidalgo e Hidalgo, en las mismas condiciones: vía contratación directa.

Maldonado entregó el contrato por 24’190.152,35 el 23 de abril de 2019. La Constructora HeH no perdió el tiempo y ese mismo día comenzó con los trabajos en el tramo de la vía delegada a Santo Domingo.

Aquí inició una batalla legal entre dos gigantes de la construcción antes aliadas y  con una historia en común: ambas han sido investigadas y señaladas por separado en diferentes entramados de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa; y, también fueron investigadas en conjunto por pagar sobornos para llevarse el millonario contrato de la Hidrovía en la Amazonía peruana.

El Consorcio Tsáchila (Sinohydro) no estuvo de acuerdo con dejarle el contrato a la Constructora HeH y presentaron una acción de protección contra el gobierno provincial. Resultado de esto, el 26 de septiembre de 2019, el juez del caso dejó sin efecto todo el proceso de terminación unilateral del contrato. El fallo fue ratificado el 17 de diciembre siguiente por la Sala de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Para entonces Santo Domingo ya tenía una nueva prefecta: Johana Nuñez. Hidalgo e Hidalgo no tuvo más opción que suspender los trabajos; y, el 28 de junio, la flamante prefecta dispuso la terminación del contrato con HeH. En respuesta, HeH interpuso una acción de protección y solicitó una indemnización de USD 4,8 millones por los gastos que efectuó en los primeros trabajos de ampliación. El 13 de septiembre de 2019, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas dejó sin efecto las decisiones de la autoridad provincial.

Desde entonces  y hasta que la justicia ecuatoriana resuelva la disputa, ningún avance de obra será posible en un tramo de 15 km., desde KFC hasta la Unión del Toachi. “Ambas empresas han amenazado con destituirme desde el momento en que asumí la prefectura de Santo Domingo”, cuenta Nuñez. “Yo no puedo decidir a qué empresa le entrego el contrato, eso lo determinarán los jueces”, agrega y asegura que mientras esto sucede, es el gobierno provincial el que asume los gastos de mantenimiento en los 28,5 kilómetros de la vía bajo su delegación.

Nuevos contratos en Guayaquil y Cuenca

La reputación de Hidalgo e Hidalgo no le impide llevarse nuevos contratos públicos. Pese a su vinculación con escándalos de corrupción, entre 2015 y 2019 se llevó con cuatro contratos estatales: dos de estos con la Empresa de Agua Potable de Guayaquil, uno con la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y el antes señalado contrato con la prefectura de Santo Domingo. Estos contratos suman USD  en total 47’487.224,07, según detalla la base de datos abiertos del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública. Portales SOCE y Datos Abiertos.

H&H ha sido investigada y sentenciada por la justicia ecuatoriana porsu participación en la red de corrupción del Caso Sobornos 2012-2016. La investigación periodística fue publicada por este medio digital y reveló cómo la mencionada empresa obtuvo contratos estatales a cambio de aportes para las campañas presidenciales de Alianza PAIS entre 2012 y 2017, para binomios Rafael Correa-Jorge Glas y Lenín Moreno-Jorge Glas.

Usando ese mecanismo, entre 2008 y 2016 obtuvo al menos 16 contratos, por USD 814 millones. Uno de ellos es la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo por USD 252 millones, otorgado por la prefectura de Pichincha, a cargo de Gustavo Baroja.

Como resultado de esta relación, el costo inicial de la vía se incrementó y superó los USD 100 millones. Es decir, que a los USD 54 millones del presupuesto inicial se sumaron otros USD 15,9 millones, por mantenimiento rutinario; USD 21,6 millones por mantenimientos periódicos; y, USD 13,6 millones, por contratos complementarios.

¿Seguiremos construyendo monstruos? A propósito de Coca Codo Sinclair y Proyecto Río Santiago

Como se diría coloquialmente, a la CELEC le cayó el veinte.

Si bien se agradece el despertar, hay algunos puntos críticos en lo planteado por CELEC y unas serias ausencias en el debate acerca de lo que ha ocurrido (y sigue ocurriendo) con el proceso erosivo del Río Coca. Estas ausencias se notaron en las Jornadas Académicas que organizaron a propósito de la erosión a principios de agosto. Expositores del Ministerio, de la CELEC, de la empresa auditora, de la empresa contratada para las obras civiles que se están construyendo para frenar la erosión, entre otros reiteraron el problema desde una visión de ingeniería hidráulica. No se habló de las afectaciones sociales y ambientales y peor aún de cómo enfrentarlas. Una ausencia inadmisible en unas jornadas de reflexión académica. El proceso erosivo del Río Coca es un fenómeno de proporciones inéditas, cómo lo subrayó un miembro de misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano, y así de inéditas serán las consecuencias ambientales y sobre los medios de vida de la población.

Toda la Cuenca y sus tributarios, esto es ríos como el Napo sufrirán efectos por el mayor aporte en sedimentos debido a la magnitud de la erosión. A esto se suma los efectos en el régimen hidrológico debido a la crisis climática. Una mirada a los impactos socio económicos y ambientales (e.g. pérdida de diversidad de especies) es urgente.

El desastre no puede ser tratado sólo desde una perspectiva de ingeniería y de mitigación de impactos. Se requiere investigar las pérdidas socio económicas de la población afectada y el impacto en sus medios de vida. Además, necesitamos conocer la calidad ambiental actual de los ríos de la Cuenca. Identificar los cambios, modelar las medidas de restauración e implementarlas. Pero de esto no se habló.

Otro elemento preocupante es el anuncio de CELEC EP de llevar adelante el Proyecto Hidroeléctrico Río Santiago, ubicado en Morona Santiago.[1]  El proyecto es una obra gigantezca que, según los análisis desarrollados durante el gobierno de Correa, tiene un potencial de generar 6000 MW, o sea 4 veces la producción de  la CCS. El anuncio de este monstruo pareciera ser un presagio, pues nos quedaremos sin un 30% de la energía que proporciona la Coca Codo Sinclair por efecto del proceso erosivo.

Ahora bien, el anuncio de Río Santiago realizado por la CELEC EP,  no detalla mucho, sólo que la obra se desarrollará en dos etapas hasta lograr 3.649 MW, o sea un monstruo menor, pero que igual es doble de la Codo Sinclair.  Frente a esta generalidad me asaltan algunas preguntas: ¿De donde plantean obtener el financiamiento para tal obra? ¿Tienen acaso estudios y modelos del comportamiento hidrológico de la Cuenca, para así no cometer los errores de la Coca Codo Sinclair? ¿Es que nos vamos a embarcar en un nuevo monstruo sin interiorizar los errores de la Codo Sinclair?

Ya desde el informe  “Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones”, realizado por la Comisión Mundial de Represas (World Commission on Dams) en el 2001[2], los organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF) habían detenido financiamiento para mega hidroeléctricas por el costo social, económico y ambiental en las poblaciones locales. Es así que el BID no otorgó el préstamo al Ecuador para construir la Coca Codo Sinclair. Pero si encontró financiamiento Chino. Un financiamiento otorgado en un esquema de EPC que en inglés signifca – engineering-procurement-construction- o sea contratos de ingeniería, vía compra pública para la construcción.  Donde las empresas chinas solo es responsable de la construcción de la obra y en su ejecución se apegan a los estándares nacionales en aspectos sociales y ambientales. Dicho de otro modo, los estándares son más laxos y menos rigurosos que en el financiamiento de los multilaterales. Como evidencia nos quedan los estándares que se aplicaron en la construcción de la Coca Codo Sinclair, que si bien pueden apegarse a los vigentes  tanto en China y Ecuador, son claramente deficientes.

¿Por qué el gobierno se empecina en llevar adelante esta obra? ¿Por qué en su lugar no establece una estrategia seria para analizar los escenarios energéticos del país, considerando las lecciones internacionales y las recomendaciones emitidas por la banca multilateral?

En gran parte hay una explicación geopolítica. La relación del Ecuador con China es ciertamente gravitante. ¿Será que Río Santiago otra vez se desarrolla con financiamiento Chino? Propongo esa opción pues luego de lo ocurrido en la Coca Codo Sinclair dudo mucho que un multilateral esté dispuesto a financiar este monstruo que ya me parece un godzilla. Un probable financiamiento Chino me causa mucha alerta.

China, desde el 2000, año en el que entra a la Organización Mundial del Comercio (OMC) afirmó su liderazgo en la inversión de proyectos hidroelécticos a nivel global. China reemplaza a los organismos multilaterales en el financiamiento de este tipo de proyectos, luego de una campaña contra estos por sus enormes efectos socio ambientales, como mencioné anteriormente.  Producto de la agresiva campaña del gobierno Chino de invertir en obras bajo el esquema EPC, el Ecuador está entre los países más endeudados con ese país en América Latina. Además de ser muy cara es  una deuda muy  enredada, pues el crédito se vincula con otras formas de pago (por ejemplo la venta anticipada de petróleo). En otras palabras una deuda poco clara, y en ese sentido complicada de renegociar.

Como lo dije antes, el escueto anuncio de la CELEC EP sobre Río Santiago no dice nada al respecto. Estas son mis especulaciones. Mientras escribo esto, sin embargo, me encontré un artículo del portal Bloomberg Green del 14 de agosto[3]. Bajo el titular:  China Has Thousands of Hydropower Projects It Doesn’t Want (China tiene miles de proyectos hidroeléctricos que no quiere), leo que de los 24,000 proyectos hidroeléctricos en el Yantzé, el río más importante de China, casi el 4% de éstos no contaron con estudios de impacto socioambiental. Y eso se repite alrededor de las principales Cuencas del país. Ahora con los efectos del cambio climático es evidente el severo impacto que estas mega obras tienen sobre el sistema hidrológico. En julio, debido a las inundaciones en la provincia de Hubei, el gobierno demolió una presa hidroeléctrica que amenazaba con mayor devastación.[4]

Frente a la revisión de su política doméstica ¿será que China también evalua su estrategia de inversiones a nivel global? Quizás. Pero lo importante es que nosotros reveamos nuestra política energética. Financiamiento enredado para un godzilla me parece que no es una buena opción.  Deberíamos analizar otras opciones energéticas: meso y micro proyectos hidroeléctricos, energía solar, eólica.  Así tendríamos un mejor norte y no estaríamos como muñeco porfiado repitiendo los errores anteriores.

En fin, en la próxima entrega les comentaré más sobre los aspectos técnicos de Río Santiago, y continuar con el debate sobre si es una buena opción o no.

[1] Recuperado en: https://www.celec.gob.ec/celecsur/index.php/42-bienvenidos/460-gobierno-nacional-impulsa-la-concesion-de-la-construccion-del-nuevo-proyecto-hidroelectrico-santiago [2] Recuperado en: https://plataformaenergetica.org/energia/represas-y-desarrollo-un-nuevo-marco-para-la-toma-de-decisiones-informe-de-la-comision-mundial-de-represas-2000-en-ingles/ [3] Recuperado en: https://www.bloomberg.com/news/features/2021-08-14/china-wants-to-shut-down-thousands-of-dams [4] Recuperado en: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/250092-china-destruyo-una-presa-mientras-suben-los-muertos-por-las-inundaciones-internacionales.html

Audio revela soborno del Prefecto de Pastaza en Contraloría

Días antes, el Contralor Pablo Celi, en su oficina le había dicho a Cumandá Guevara: “Jaime Guevara está ejerciendo ilegalmente la Prefectura, ya están preparando el documento”. Cumandá Guevara, Vice prefecta de Pastaza, está hasta ahora, un año y pico después, esperando el informe de la Contraloría que nunca llega.

La pandemia de la Contraloría es el soborno

En la Contraloría General del Estado (CGE) también se cocina Arroz Verde. Existe una estructura de sobornos que no es nueva, que alcanza a directores y mandos medios, tiene emisarios sin poder de decisión que son quienes cotizan ofertas.

Christian Emilio Aguilera Carillo es el hombre rana de la Contraloría, se reunió al menos dos veces, acompañado de su padre, con amigos de la Vice prefecta de Pastaza. Nunca habló a nombre propio sino de “5 directores”, en la certeza de entregar informes que ratifiquen la doble destitución que fuera objeto Jaime Guevara en el año 2013.

Christian Aguilera, el funcionario de los contactos en Contraloría

– ¿Pero de cuánto hablaríamos?, le preguntaron al diligente Christian aquel 3 de septiembre de 2019.

– “Ellos ven sus intereses. Yo creo que no menos de 200 (mil), para los 5”, respondió. La cotización del soborno da por hecho que los recursos que se manejan en la prefectura de Pastaza, permitirán recuperar la “inversión”. Christian les dijo: “Ellos calculan lo que puede generar una prefectura” y agrega “por uno o dos meses del sueldo de ellos, no les va a interesar”.

Christian Aguilera, en la reunión de contactos

Quien sí tenía conciencia de “cuanto se maneja en la Prefectura”, según Christian Aguilera, fue el actual Prefecto Jaime Guevara. Primero confiesa haber “participado directamente en este tema…” y continúa, “por ejemplo, para Jaime fue más complicado, porque él estaba con niveles medios, estaba con operativos.

Por eso el tema para él fue más complicado, porque tuvo que repartir dinero a más personas, es más fácil darle un monto a un director que darle un monto más bajo a 10 operativos, es totalmente entendible”. El emisario ofreció certezas, “un director es un director, la palabra de un director sobre los operativos es ley y tiene que acatar.

Por ejemplo, si Jaime estaba atacando con los mandos medios, uno ataca con los mandos altos y ya no va a tener cabida”. Con los “200”, Cumandá Guevara sería Prefecta en un mes y diez días ofreció, “ellos dicen que eso tiene que salir, y así se aprueba”, el resto… “se anula definitivamente”.

Ratificación de la Contraloría, era el último paso

Desde su triunfo electoral en 2019, el Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara Blaschke, duerme con un ojo abierto. Cumandá Guevara, como viceprefecta y consejera, fiscaliza los actos del ejecutivo provincial.

Decenas de oficios llegaron a la Procuraduría, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Gobierno y hasta al Presidente Lenin Moreno, solicitando respuesta del Estado sobre la aplicación del Art. 15 de la LOSEP, que prohíbe a cualquier funcionario público que haya sido destituido regresar jamás a la institución de la cual fue destituido.

El Contralor Pablo Celi conoce las multas y destituciones del Ing. Jaime Guevara; la primera con el número 3056 de 13 de noviembre de 2013, por nepotismo. Guevara contrató como asesor de la Prefectura al hermano de una consejera provincial.

La segunda destitución fue a través de la resolución 3096 de 20 de noviembre de 2013; por haber celebrado contratos con una consejera provincial en funciones y por haber desviado recursos provenientes del 25% del impuesto a la renta transferido como aporte voluntario desde las empresas para obras específicas de infraestructura, que fueron desviados para pago de dietas, inseminación de ganado y hasta para presentaciones artísticas.

La multa en ambos casos de destitución fue de 20 salarios mínimo vitales vigentes a la fecha.’

En razón del Art. 15 de la LOSEP, Jaime Guevara Blaschke en 2017, no pudo trabajar como asesor de Raúl Tello, su coideario asambleísta, porque aún no cumplía la primera parte del mismo artículo, es decir, el impedimento de trabajar en el sector público por dos años.

Gestiones de la Viceprefecta

Para que el Contralor Pablo Celi obligue a cumplir las resoluciones de destitución dictadas en 2013, le llovieron los oficios: de Cumandá Guevara en dos oportunidades, de Henry Moreno, Asambleísta de Pastaza en varias oportunidades y de delegaciones ciudadanas que incluso lo visitaron personalmente, hasta el día en que decidió prácticamente echarlos de su oficina, en noviembre de 2019.

En esa audiencia a la que asistieron dirigentes políticos y gremiales invitados por la viceprefecta, le comunicaron a Pablo Celi que ahí trabaja en la dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de la Contraloría, un ciudadano que pretendió sobornarlos para que la Contraloría General del Estado aplique la ley: Christian Emilio Aguilera Carillo.

 “Yo lo puedo encarar al señor Contralor” nos dijo uno de los asistentes que por el momento prefiere el anonimato. Pablo Celi aseguró en esa reunión que Aguilera “no trabaja más en la contraloría”. Es por ello que nosotros podemos afirmar que el Contralor sí sabía del tráfico de informes, sabía de la reunión con Aguilera, confirmó Marco Vargas, esposo de la Vice prefecta, también asistente a dicha reunión.

Celi conoce de la operación de una red de sobornos dentro de su institución, pero Christian Aguilera Carillo continúa siendo funcionario de la Contraloría, hasta la fecha. Hubo altercados en esa cita de la cual fue testigo también Marlon Santi, director Nacional de Pachakutik.

El mecanismo

En ese sinuoso trajinar, el Prefecto aún no se sienta tranquilo en el escritorio de la Prefectura, lo único que le sostiene es su endeble mayoría y el silencio de la Contraloría. Desde cuando Christian Aguilera no logró “cuadrar” con la delegación de Pastaza que buscaba la ratificación de la sanción que ya pesaba sobre Jaime Guevara, la Contraloría refundió más los documentos del caso.

Ellos, los Directores, según persuadía Christian Aguilera, estaban dispuestos a sacar de la veda, los documentos del caso Jaime Guevara: “Si se dice que se va a hacer tal cosa, ese es un tema que se debe cuadrar”.

Christian Emilio Aguilera Carillo debía conseguir una mejor oferta que la pagada por Jaime Guevara entre los mandos medios de la Contraloría para que Cumandá Guevara asumiera la Prefectura. Aguilera debía dar todas las garantías: 

“No es la primera vez que se maneja así”, insistía al referirse a una persona de altísima jerarquía en el ente de control: “realmente, él no se apersona, tiene tanta carga, y tantos temas. Es por eso que existen las direcciones. Como Contralor no lo va a hacer. No va a suceder. Por eso hay cada dirección, y cada una presta su contingente”.

En aquella reunión de septiembre del 2019, el emisario Christian Aguilera reveló con detalle cómo opera una especie de tráfico de informes en la Contraloría. Aquí, el mecanismo:

“Lo que pasa es que de todos modos previo a la reunión con el Consejo ya se fijan plazos. De este día a este día llega una contestación de la dirección provincial de Pastaza. De aquí a acá mandamos el equipo de control. Sabemos qué va a buscar el equipo de control, no va tener que revisar miles de procesos, ya sabe lo que tiene que ir a buscar en específico.

Regresa con el IRP, se legaliza, procede la Fiscalía y ya no hay más. O sea, una vez que se entrega la consignación, se entrega el compromiso de la situación culminada. No es que se va a ir 6 meses 8 meses, una vez que ellos ya sacaron la situación, ellos no dan largas, ellos ejecutan. Sabes hay que hacer esto, y mandan uno de tu unidad, uno de tu unidad y una de la tuya, vayan allá y hagan lo que tienen que hacer, vuelvan y le aprobamos.

Lo que pasa es que ellos tampoco tienen ninguna garantía de que cuando se ejecute, y legalmente ellos no pueden recuperar valores. Está clarísimo para ellos. Yo puedo tener otra apreciación de la situación a futuro, yo puedo decir bueno a futuro ver qué situación podemos hacer. Ellos hacen un trabajo por cada cosa, no por todo”.

El objetivo de Aguilera era cotizar el pago que Cumandá Guevara debía hacer si quería llegar a ser prefecta de Pastaza. Ella debía pagar mínimo 200 mil dólares, no podía regatear ni dar en partes, porque los 5 directores de la contraloría están acostumbrados a este tipo de exportaciones y cobran bien:

“Tengo que agregar que ellos están acostumbrados a eso”.

Pasó entonces a relatar un caso ocurrido en Petroecuador

“Entró una comitiva de Petroecuador, hace un año, pedían cada 3 meses con 9 informes de responsabilidad penal.  ¿Cuánto pagaban por informe? 500 mil, traían de 9 de 7 informes. O sea, son directores acostumbrados a temas de ese tipo. Por ejemplo, realmente es jugar con ellos, decirles ese tipo de situaciones. No lo aceptan, realmente”.

Y prosigue, “Yo no quiero engañarles, ellos trabajan de ese modo. Vuelvo y repito, yo nada más soy un emisario, yo vengo a recabar información, a recabar propuestas, a recabar todo lo que sea pertinente para este tema. Pero ellos no trabajan así. Ellos dicen: es tanto, entonces que sea tanto y lo ejecuta.

Una vez que los explicó todo, Christian fue concluyente: 

“A ellos les da un poco igual que sea un tema de legalidad, ellos lo que piensan es cuánto genera una prefectura, en el período.  En base a eso cuantifican. Ellos cuantifican. A ellos no les importa mucho que sea legítimo”.

 “Ellos ven sus intereses”. (Por eso:) “Yo creo que no menos de 200, para los 5”.

Cumandá Guevara y su comitiva comprobaron, en las entrañas de la Contraloría que una Prefectura pequeña como la de Pastaza está cotizada en “mínimo 200”. Christian Emilio Aguilera Carillo, sigue ahí, del pasillo al ascensor con los resultados de las conversas realizadas en cualquier restaurant de Quito o Ambato; es el hombre que cotiza, negocia, tranza y acuerda lo que le dicen sus jefes…

Guevara siempre estuvo enredado, incluso antes de ser candidato

Con el impedimento legal de por medio, el primer escollo que pasó el Ing. Jaime Guevara fue mentir en el documento que el CNE obligaba a los candidatos a declarar bajo juramento que no posee impedimento legal.

Guevara no tuvo ningún problema, porque su aliado de partido y asambleísta, Raúl Tello, se había adelantado ante los cuestionamientos de ciudadanos locales, que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, que “todo se definirá en el Tribunal Contencioso Electoral”.

Y así fue, Jaime Guevara se inscribió como candidato a la Prefectura de Pastaza en 2019 y lo impugnaron. La Junta Provincial Electoral, resolvió en votación 4 a 1, que Jaime Guevara no puede ser candidato arguyendo que si gana, no podrá ejercer la dignidad por el impedimento legal del art. 15 de la LOSEP. Pasó al CNE por apelación y luego al Tribunal Contencioso Electoral, donde decidieron “como jueces ideológicos y no legales”, calificar la candidatura del Ing. Jaime Guevara.

Luego del triunfo electoral, Jaime Guevara fue conminado ante la Fiscalía a responder por el perjurio en la inscripción de su candidatura y por ejercer la Prefectura estando impedido por el Art. 15 de la LOSEP.

Se interpuso acción legal en contra de los Consejeros Provinciales, al inicio de la administración Guevara. Lamentablemente, nunca se dio seguimiento a esta denuncia que también duerme en algún escritorio del aparato de justicia.

A una solicitud de Cumandá Guevara, el Ministerio de Relaciones Laborales, con fecha 13 de agosto de 2019, se ratifica en la resolución de 8 de noviembre de 2018, donde se concluye que el citado Ing. Jaime Guevara, por así disponer el Art. 15 de la LOSEP, y los artículos 13, 89 y 100 del Reglamento General de la misma Ley, no podrá regresar a la misma institución del Estado de la que fue destituido.

Cumandá Guevara buscó en la Contraloría la ratificación de la destitución de Jaime Guevara, en la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento legal; y, en el BDE que se aplique la Ley. Todos al final la hicieron largas, las nuevas fechas dadas por las propias instituciones, también se han cumplido y no hay respuesta posible.

En principio, el Contralor Pablo Celi, dispuso al director Provincial de la Contraloría de Pastaza, Ec. Marco Tulio Restrepo, con fecha 26 de junio de 2019 que haga una “verificación preliminar”, en el segundo semestre de 2019, en torno a la solicitud realizada por Henry Moreno, quien había pedido que se verifique la acción u omisión de los consejeros porque a su criterio, no cumplían con la tarea de fiscalizar y hacer cumplir el status de destituido que tiene Jaime Guevara.

Esta disposición del Contralor fue semanas antes de la reunión con Christian Aguilera, (3-9-19). El ente de control no tenía ningún apresuramiento en dar respuesta a Cumandá Guevara, hasta hoy. Entre tanto, el prefecto se hizo de una mayoría de consejeros provinciales, hoy demandados ante la contraloría y ante la fiscalía de la provincia de Pastaza.

Nepotismo continúa en GADPPz

Una de las dos destituciones del Prefecto en 2013 fue por nepotismo. Jervis Arboleda, Alcalde del Cantón santa Clara, ha firmado con su cuñado el Prefecto algunos acuerdos que incluyen inversiones.

A Jervis Arboleda, lo han cuestionado por dos razones; la primera, no podría actuar como consejero provincial puesto que es pariente en primer grado de afinidad con el prefecto, (cuñado); y otra, su concejo cantonal no respetó la equidad de género al elegir como vicealcalde a Nicolás López cuando esa dignidad le correspondía a Rosa Alexandra Cali Palacios.

La Defensoría del Pueblo de Pastaza interpuso una Acción de Protección para que se respete el derecho de Rosa Alexandra Cali. Luego del trámite, los jueces ordenaron al Concejo Cantonal nuevas elecciones de vicealcalde donde se respete la paridad de género. Arboleda decidió ponerle faldas a Nicolás López, a quien volvieron a elegirlo, por encima de la disposición judicial, (sin el perderían la mayoría en el Consejo Provincial).

Nuevo resbalón del Prefecto

El Prefecto Jaime Guevara necesita de un asambleísta para sostenerse en el puesto. La disposición legal que impide a las instituciones públicas participar en campaña electoral, no le llegó a esta autoridad.

Utiliza todo el aparato de la Prefectura: Patronato Provincial y Brigadas médicas, personal del GADPPz, eventos deportivos e inauguración de obras para promocionar a Elías Jachero, su candidato. El mismo recorre la provincia y se pronuncia abiertamente como prefectura en favor de dicha candidatura.

En 2019, el Prefecto Provincial de Sucumbíos, Guido Vargas fue destituido por algo mucho menor de lo que ahora hace el Prefecto Jaime Guevara; lo destituyó el Tribunal Contencioso Electoral, en aplicación del artículo 276, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

Ese artículo hace referencia a las infracciones electorales, particularmente a la prohibición que autoridades o servidores públicos usen bienes o recursos públicos con fines electorales, según una información publicada en Diario El Comercio.

El Prefecto de Pastaza, Jaime Guevara, siempre necesitó donde arrimarse: para ser candidato, para legalizar su candidatura, para posesionarse como Prefecto, para ocultar documentos o retardarlos, para todo.

Al político intocable, invencible, que está por sobre la Ley y tiene a Pastaza a sus pies, ahora lo “pescaron” infraganti. En un discurso de 12 minutos en la Parroquia San José, Cantón santa Clara, Guevara llegó a ofrecer “caramelitos para los niños y  zapatitos para los adultos mayores; serán regalos de navidad del organismo provincial.

Es el cariño del Patronato, (Provincial de Pastaza), del alcalde (Santa Clara), de doña Narcisa (Arboleda, Presidenta del Patronato Provincial), y de toda la gente de la 61. La Prefectura apoya solo a Elías Jachero, Carolina Villegas, nuestros futuros asambleístas”.

Como se puede testificar en el video, El Prefecto ofrece entregar, (minuto 8 con 30 segundos), «zapatitos y caramelos». Tanta diligencia del señor Prefecto para entregar ahora, en campaña electoral, una donación que fue hecha, en abril de 2019 a la prefectura por parte del Miss World  Ecuador.

La Prefectura de Pastaza, sin explicación alguna, guardó estos donativos durante un año y nueve meses, hasta este 14 de enero de 2021 en que, la ya mentada en su discurso, doña Narcisa Arboleda, Presidenta del Patronato, comenzó la entrega de las bicicletas y los «bultos» que fueron recibidos en abril de 2019. Justo en campaña electoral.

Son los documentos que reposan en la Prefectura de Pastaza y que dan cuenta de la entrega recepción de bicicletas, bultos cartones de zapatos como parte de la campaña «belleza con propósito», que impulsó la Prefectura. Será por este tipo de evidencias que la Prefectura, mediante sendas comunicaciones a los directores departamentales de la Corporación, les dispuso que nadie puede publicar ninguna fotografía, ni videos adjuntos, sin la aprobación de la sala de comunicación de la Prefectura.

La comunicación está firmada por la Lic. Angélica Mejía, Jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Prefectura de Pastaza, dirigida a los Jefes Departamentales y Directores. Les dice: «Está prohibido publicar fotografías de las actividades que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en las redes sociales, (facebook, instagram, wasap, twitter). El único filtro de comunicación es la dirección de Comunicación Social…», etc. Solo se permite reproducir de la página oficial, una vez que ya sean publicadas.

Esta cernidera de información, lo hacía justamente, cuando empezaron a llover las denuncias de actividades del Consejo Provincial en beneficio de su candidato el Ing. Elías Jachero Robalino.

Por estos evidentes motivos, aunque siempre interpretados por la prefectura como legales y posibles, se han presentado varias demandas de ciudadanos de Pastaza ante del Tribunal Contencioso Electoral, entidad que sentó jurisprudencia con el Caso de Sucumbíos, (diario El Comercio). Ahora, se conoce que la audiencia será el 1 de febrero y que ahí prevalecerá una de las 4 denuncias, la que esté mejor fundamentada.

Publicado originalmente en ninaradio.com

Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador

Fernando Villavicencio y Christian Zurita
El informe y sus anexos, al que este portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa -Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013.

En 2017 se conoció un audio en el cual José Santos de Odebrecht le decía al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo, que Jorge Glas, le había solicitado dinero para la campaña del movimiento Alianza PAIS. Hasta ahora no se había revelado evidencia de lo expuesto por el ejecutivo de la constructora brasileña.

Arroz verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado, tal como Lava Jato, pero con particularidades a la ecuatoriana.
De la misma forma que el caso Lava Jato, con la receta Arroz verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción, por ejemplo: (Líder 1 Jorge Glas JG) (Líder 2 María de los Ángeles Duarte MD) (Líder 3 Walter Solís WS). Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán.

Walter Solís – fotografía tomada del catálogo de fotografías que Odebrecht publicó para proporcionar sus obras.
Quienes se encargaron de negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes «voluntarios» al movimiento Alianza PAIS, fueron Jorge Glas Espinel, vicepresidente (L1 JG); Walter Solís Valarezo (L3 WS), Secretario Nacional del Agua y María de los Ángeles Duart(L2 MD). Con ellos participaron María Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael Correa), María Augusta Enríquez Argudo (mano derecha de Roldán Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade.


Se trata de un caso sin parangón en la región porque las coimas, bajo el esquema de donaciones, llegan a 11,6 millones de dólares, que en nada se compadece con los casos de Lula da Silva en Brasil, sentenciado porque se probó que era el beneficiario de un apartamento de $189.000, pagado por Odebrecht, o los $3 millones de dólares que llevó a la cárcel a Ollanta Humala en Perú.
Las empresas que entregaron los aportes voluntarios, usando el sistema de códigos son: Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9). Además, se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca y Sanrib Corporation (V10), esta última propiedad de Bolívar Sánchez Ribadeneira, uno de los mayores lobistas hasta ahora oculto, vinculado al capital chino.


El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez Loayza, con ayuda de Laura Terán Betancourt. El sistema reporta dos mecanismos de aportes: en efectivo $4,6 millones y a través del modelo de  cruce de facturas una cifra de $7 millones, donde las empresas multinacionales cancelaban los comprobantes de los proveedores de la campaña de Alianza PAIS.
Los principales líderes de Alianza PAIS contaron con el apoyo de varios coordinadores: C1-OM, que aún no ha sido identificado, C2-ME que se refiere a María Augusta Enríquez Argudo y C3-PM, que es Pamela Martínez, ambas asesoras de la Presidencia de la República.
Martínez Loayza habría sido quien distribuía el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Jorge Glas-L1 y María Duarte-L2.
Valores en efectivo registrados en el informe Arroz verde como donaciones de grandes empresas a favor de Alianza PAIS.
Como hemos señalado, el informe Arroz verde establece un monto total levantado por 11’670.000 dólares de un total de 14.1 millones de dólares proyectados, dividido en $4’680.000 en efectivo, tal como detalla este cuadro y $7’010.000 a través del método de cruce de facturas.


Odebrecht, citada como V7, entregó 2.5 millones de dólares en efectivo, dinero gestionado por Jorge Glas (L1), esos recursos se desembolsaron en partes: el 9 de septiembre de 2013, $500.000; el 21 de octubre de 2013, $500.000; el 12 de noviembre de 2013, $150.000; el 21 de noviembre de 2013, $300.000 y el 2 de diciembre $100.000. Además, el 16 de diciembre de 2013 dio $939.900 y el 18 de diciembre de 2013 U$10.100en total 2´500.000 dólares. El contacto fue Geraldo Pereira de Souza, ejecutivo de la firma constructora. Geraldo de Souza fue investigado en la trama de corrupción que llevó a prisión a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, se lo acusó de recibir más de $9 millones en efecto, dinero transportado en camiones blindados, pero ninguna pista se encontró entonces respecto a la receta Arroz Verde 502.


El ex vicepresidente (L1), también pidió $1´500.000 a V8SK Engineering & CO, por intermedio del CEO Mateo Choi, el empresario negoció su aporte mediante un cruce de facturas, quien además solicitó a Martínez enviar a la compañía surcoreana cuatro facturas semanalmente, incluyendo la de los servicios legales de los diferentes proveedores de Alianza PAIS.
El CEO señaló que los detalles de las facturas deben ser distintos y estar acorde a la descripción que ellos extendieron con antelación. Al 3 de febrero de 2014 SK cumplió con su aporte, posterior a la entrega del anticipo de uno de los contratos firmados con el Estado (repotenciación de Refinería Esmeraldas), según detalle del 2 de enero de 2014.


La receta Arroz Verde, reporta también la relación de Jorge Glas-L1 con el ex embajador Cai Runguo, representante de Sinohydro CorporationCO-V14, que aportó el 14 de enero de 2014, la suma de  $500.000, de los cuales $400 mil fueron entregados en efectivo y $100 mil en la modalidad cruce de facturas. También se constata que Iván Wuyu y Hu Ning- Beatriz eran los nexos con esta constructora. Beatriz es la misma empleada de Sinohydro relacionada en el caso Ina Investment.
Con la receta ademas se cocinó la negociación de Jorge Glas Espinel con William Phillips Cooper “Bill Phillip”, esposo de la entonces asesora presidencial Mónica Hernández Vásconez y representante del GRUPO AZUL (V12). El informe señala que el 9 de diciembre de 2013, el grupo Azul entregó $20 mil en efectivo.
Arroz Verde incluye en su menú la relación entre Jorge Glas- L1 y Tomislav Topic Granados, gerente de TELCONET (V11), quien se comprometió a entregar el monto de $500 mil en efectivo, de los cuales, el 03 de enero de 2014 se concretó un pago de $100 mil, posteriormente, el 10 de enero $250 mil y el 15 de enero, $150 mil.
La estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), a través de su representante José Alvear Icaza, se comprometió con Jorge Glas-L1 a cancelar $1’000.000 como aporte al movimiento político. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013 Juan Carlos Wang, director de CWE y José Alvear, indicaron que aportarán cuando reciban la adjudicación del contrato ofrecido. En la base de datos de voluntarios se encontró la empresa Lagerfeld S.A, cuyo gerente general es el hijo de José Icaza, Ricardo José Alvear Zenck, y como nexo a la organización estaba Myrian Elizabeth Sáenz Capovilla.
La compañía china CWE en consorcio con la rusa Inter Rao,  fue contratista del proyecto Toachi Pilatón.


Según el informe, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, recibió $265.000 por concepto de “servicios jurídicos verdes”, repartidos en tres partes: el 23 de septiembre de 2013, $85.000; el 2 de diciembre de 2013, $80.000 y el 7 de enero de 2014, $100.000.
De acuerdo con el documento revisadoViviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, se le asignó $320.000 para apoyar de campaña de los comicios seccionales del 23 de febrero de 2014, de los cuales se entregó $100.000 a Gustavo Xavier Bucaram Loaiza, funcionario del ministerio de coordinación de la política y $220.000 dólares a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez, dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013 y $60.000 en dos ocasiones, el 21 y 25 de diciembre de 2013.
Consultamos al exasambleísta Viteri respecto a este informe y señaló que todos los gastos fueron justificados, aunque demostró extrañeza por los aportes en efectivo que realizó la dirección nacional de Alianza PAIS, incluso nos facilitó esos reportes depositados en una cuenta del banco de Fomento.
El 2 de diciembre de 2013, Diego Patricio Endara Erazo, asesor del gabinete de la alcaldía de Quito, por seguridad civil de ese mes, se le canceló $5.000.

Odebrecht también financió los viajes de placer


El informe Arroz verde no solo anexó los ingresos logrados por Jorge Glas con diversas empresas, además incluyó información de la relación personal que mantuvo Odebrecht con la asesora presidencial Pamela Martínez.
El 20 de febrero de 2013, tres días después del triunfo electoral de Rafael Correa en una sola vuelta, Martínez Loayza, recibió un correo electrónico del ejecutivo, Geraldo Luiz Pereira de Souza, apoderado especial de Odebrecht y además encargado de la administración y finanzas de la empresa en Ecuador.


El mensaje para la asesora de Correa dice: “Abajo algunas opciones de vuelos, para una primera evaluación suya, de acuerdo con eso vamos ver hoteles, etc.”.
Se trataba de un itinerario de viaje entre el 14 y 23 de junio de 2013 y no precisamente de trabajo. Pamela Martínez respondió diciendo que nueve días de viaje era mucho tiempo y que siete eran suficiente. La respuesta de Geraldo Luiz Pereira de Souza fue que debía considerar dos días de viaje.
Odebrecht tambien realizó transferencias a la empresa NexoGlobal, vinculada a la familia de Martínez Loayza, como se detalla en el siguente cuadro.


En medio de esa correspondencia se evidenciaron otros comunicados que dejaban en claro pagos de Odebrecht mediante contratos con terceras personas y siempre consultado a Pamela Martínez.
Es el caso del 21 de febrero de 2013, Laura Terán Betancourt, la asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República, envió un comunicado a Manuel Castilla Fassio que dice: “Por instrucción de la doctora Pamela Martínez, cumplo en enviarle la siguiente información…”
Eran los datos de la empresa Odebrecht con su dirección y teléfonos en Quito. El 5 de marzo de 2013 Manuel Castilla envió un mensaje a Geraldo Luiz Pereira de Souza con copia a Pamela Martínez que decía: “Estimado Geraldo: …hice las correcciones al borrador del contrato en lo referente a los servicios, pero no hice el cambio del representante legal ni del valor mensual, por lo que te pido que lo hagas. La próxima semana debo ir a Quito y podríamos aprovechar para firmarlo si estas de acuerdo, por favor confírmamelo…”


Ese mismo día Pereira de Souza le envío un mail con un “borrador de contrato sin pauta 2013”.


Llevaban las cuentas en matrices de Excel
El 28 de enero de 2013 una funcionaria del Ministerio de Justicia, ex asesora del ministerio del Justicia, indica a Pamela Martinez que le envía la matriz de los proveedores que conversaron “el día de hoy”, esta matriz la realizó con los valores máximos a facturar y que ya tiene las facturas en blanco, por lo que le solicita le indique cuándo le hace llegar. A esto, Martinez le indica que de proveedores directos “no tengo”, que ya le escribió a MAE (María Augusta Enriquez Argudo), asesora presidencial, para que les envíe.
En la matriz se detallan dos facturas, la una con Nº 824 y la otra s/n, perteneciente a Guido Germán Arcos Acosta. Los pagos se realizarán por consultorías legales, ambientales, administrativas, mercantiles y financieras por $78.400 cada una, ($156.800 en total). Existen otras facturas con números 1662-1663-1664-1665, para la empresa Indura Importadora Comercial Pérez por venta al por mayor en artículos de ferretería por un monto de $ 67.200 cada una,  por un total de USD 268.800.


Viviana Bonilla y FOPECA
Según el informe Arroz Verde, la empresa FOPECA pudo haber aportado $240.000, utilizando algunos códigos registrados al costado de los valores tales como MAE, VB Corcho. Estos códigos posiblemente correspondían a María Augusta Enríquez (ex coordinadora presidencial en 2013), Viviana Patricia Bonilla Salcedo? y a Fernando Cordero Cueva, ?con el objeto de cubrir gastos relacionados al movimiento Alianza PAIS.

El 9 de diciembre de 2013 se entregó a Cristian Alejandro Orozco Taco $1.904 correspondiente al pago de la factura de No. 43 por concepto de servicios profesionales. El 7 de enero de 2014, se canceló 952 dólares por la factura No.45 (prestación de servicios alquiler de autos). La encargada era María Augusta Enríquez.
El 12 de diciembre de 2013, se entregó a José $4.054,40 por la factura No.1293 por publicidad. La encargada era Viviana Bonilla.
El 13 de diciembre de 2013, a la agencia de publicidad Creacional S.A. cuyo presidente y accionista es Roldan Vinicio Alvarado Espinel, se facturó $60.480 por honorarios profesionales, marketing publicitario, con la factura No. 41513. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013 posiblemente se canceló $18.816 por la factura No. 1013 de Presentaciones Tafur por servicio de estampado de uniforme. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013, por pistas publicitarias se canceló a Wendy Vanessa Vera Flores la cantidad de $6.720 con la factura No. 272. Encargada, Viviana Bonilla.
El 10 diciembre de 2013 por la factura No.1685 se canceló a LUZIN, por servicios de publicidad $5.096,00. Encargada, Viviana Bonilla.
El 12 de diciembre de 2013 el Instituto Latinoamericano de Comunicación, solicitó el pago mediante la factura No.2 por honorarios profesionales del estudio de marketing por $19.734,57. Encargada, Viviana Bonilla.
El 12 de diciembre de 2013, el IMASEN facturo $19.600 con comprobante No. 150 por estudio de mercado. De acuerdo a una publicación de El Telégrafo, Giovanna Peñaflor Guerra, fundadora de la encuestadora IMASEN del Ecuador realizó la encuesta de intención de voto para Viviana Bonilla quien fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil. La encargada fue Viviana Bonilla. https://goo.gl/9Z35QZ
El 12 de diciembre de 2013 con factura No. 135, PUBLIELITE S.A. por pauta digital y redes sociales cobró $22.400. Encargada, Viviana Bonilla.
El 11 de diciembre de 2013, INNOVAPLUS S.A. con factura No. 4922, cobró $11.200 correspondiente a brandeo de carro, incluye instalación de vinil y microperforado para carro. Encargada, Viviana Bonilla.
El 9 de enero de 2014 la empresa PROPRAXIS cuyo presidente es María Verónica Moreno Vega facturó $60.000 por la elaboración de encuestas para la prefecta del Azuay. Encargado, Fernando Cordero Cueva?.
Cuenta librería
El 26 de julio de 2011, Pamela Martínez, alias Esmeralda del Mar, elaboró un registro denominado “Librería” en el que se detallan fechas y cifras. Martínez escribió que el 11 de junio de 2011 tenía en la librería un monto de $88.873,60 y al 20 de julio de 2011 $186.388,45.
De acuerdo con el reporte, del monto total se desembolsó a:

  • Vicky posiblemente Victoria Andrade (Asistente Nexoglobal) $ 950
  • Mónica Cordones $ 2.719,39, accionista de Jurisglobal S.A.
  • Gastos bancarios $ 30Se destaca además un registro que dice: “Del monto destinado para el caso 30S se destinó $54.561,65, sin embargo, se efectuó un egreso de 4.500 sin mencionar el concepto, quedando $ 50.061,65”

Además, Martínez describe el nombre de algunas empresas junto con varias cifras, probablemente se refería a los montos que se descontaban de la contribución que las empresas entregaban a Pamela Martínez, como a Sk Engineering & Construction, $25.412,36.
El 1 de julio de 2011, Laura Terán, asistente de presidencia entregó un reporte a Pamela Martínez, con los débitos efectuados por la compañía CONECEL o Claro de la cuenta No.000-172071-7 del banco Bolivariano por un total de $2719,39, cuya propietaria es Mónica Cordones Cadena, accionista de Jurisglobal.

Al parecer Mónica Cordones Cadena prestó su cuenta bancaria para los manejos financieros de Pamela Martínez, por cuanto el 1 de julio de 2011, Pamela Martínez, solicitó a Laura Terán que revise si Mónica Cordones realizó los depósitos.

Presencia de Sanrib en la trama de corrupción

Un personaje clave en esta trama es Bolívar Sánchez Rivadeneira, a través de sus empresas Sanrib Corporation de Ecuador y Panamá. Esta empresa actuó como puente entre las multinacionales y los proveedores de Alianza PAIS, su propietario Bolívar Sánchez, mantiene una larga vinculación con empresas chinas, en especial con Gezhouba, contratista de la central hidroeléctrica Sopladora y del proyecto Bulubulu, también con China Machinery Engineering Corp, CMEC, proveedora de equipos y servicios a Gezhouba.
SEMAICA
En la receta constan registradas otras empresas aportantes, como Semaica que colaboró con el pago de servicios para la campaña, como se desprende de la siguiente comunicación a través de la cual se dispone facturar a favor de la empresa Vértigo Films de propiedad de Vinicio Alvarado.


Operativo Escuadrón Verde
Con el objetivo de garantizar la seguridad de los líderes del correísmo y la realización de avanzadas a los lugares en los que se desarrollarían los eventos de AP utilizó el «ESCUADRÓN VERDE OPERATIVO – EVO», nombre acuñado por el entonces presidente Rafael Correa. En los documentos revisados se constata que el responsable de EVO fue Ítalo Centanaro Villacís, gerente de Coca Codo Sinclair. Entre el 04 de diciembre de 2013 y el 05 de febrero de 2014, para este concepto se destinó $16.000, de los cuales se pagó  $4.000 mensuales a Francisco Xavier Noboa López.

Topic asegura no tener negocios con el tío de Jorge Glas

Tomislav Topic, principal accionista de Telconet, asegura que la carta difundida por Mil Hojas en su reportaje “El tío de Glas esconde millones de dólares en empresa vinculada a contratos estatales” es adulterada en varias partes y no obedece a la realidad. Topic se entrevistó con este portal pocas horas después de la publicación del informe y aseguró que el documento, ahora público, es parte de un complejo proceso de divorcio con su esposa Tamar Verduga. En esa carta, del año 2011, se aseguró que en la cuenta bancaria internacional que Telconet mantiene en Merril Linch, existió dinero del tío de Glas, Ricardo Rivera. Según el documento “Rivera colocó de su plata US$3M en la cuenta de Merryl Linch. Esa plata es de él y debemos devolvérsela. Javier Galarza conoce del tema”.
Ricardo Rivera Arauz es un empresario que ocupó el puesto de intendente de telecomunicaciones a inicios del gobierno y luego mantuvo un bajo perfil público hasta fines de 2016, cuando su nombre fue ligado a las actividades de Tomislav Topic.
Este último asegura que no es verdad ya que la carta fue adulterada: “Hay cosas que no están bien como permitir que salga a la luz este documento adulterado, del que me enteré hace poco y pedí una medida cautelar para impedir su difusión.  Por ese documento fui amenazado por el abogado de mi esposa, Xavier ´Chiqui´ Castro”.
Topic dice que ese documento fue tomado por su esposa en un momento en que el matrimonio se encontraba ya en situación delicada y fue ella quién lo adulteró para beneficiarse: “Nosotros no sabíamos de este documento hasta diciembre de 2016 cuando fui amenazado por Chiqui Castro, el puso en Twitter: señor Topic, no se olvide que tengo su testamento. No se trata de un testamento sino de un conjunto de instrucciones en el mes de mayo de 2011, me puse a investigar y solicitamos la medida cautelar y mi percepción es que fui extorsionado”.
Agregó: “No es verdad que en la cuenta de Merryl Linch haya existido dinero de Rivera, como tampoco es verdad que las acciones de Telconet de mi hijo estén endosadas a mi nombre y que use una empresa para encarecer los costos del servicio”.

Topic es un ingeniero de la politécnica del litoral que parece mas un técnico que político, ocupó mucho de su tiempo en asegurar que no tiene relación alguna con el vicepresidente Jorge Glas: “no lo he visto mas de 4 horas en mi vida, mi madre murió hace tres días y me llamaron todos los candidatos a vicepresidentes menos Glas”.
Buscó además mostrar la diferencia de sus empresas con otras beneficiadas en el correísmo:  “El 90% de nuestra facturación es privada y apenas el 10% es pública. Telconet y Telcodata son empresas de trayectoria, tienen 2300 empleados que subsisten de esto y  han pasado 15 gobiernos. Aquí no hay de por medio empresas que se crean de la noche a la mañana con capital de 800 dólares y obtienen sendos contratos.  Debe considerarse que el nuestro es un tema privado que busca extraporlarse a lo público con fines no lícitos, es un divorcio en que cada una de la partes tiene derecho a defender su parte de la historia”.
En la entrevista Topic pasó por alto explicar su relación con el tío de Glas, se limitó asegurar que se probará judicialmente que no existió dinero de Rivera en sus cuentas nacionales e internacionales.
Este domingo 12 de febrero el candidato a la presidencia Dalo Bucaram realizó una larga intervención sobre la corrupción del gobierno de Correa y en los minutos finales se refirió al tío de Glas: “Rivera recibe depósitos por mas de 27 millones de dólares, estas son las transferencias que recibe el señor Rivera a través de sus empresas con el señor Alvear…gran parte de estos depósitos son hechos a través del Banisi en Panamá, propiedad de Guillermo Lasso”.
 Bucaram no brindó mas detalles sobre estos datos, tampoco parecieron contundentes pero dejó abierto el camino para buscar información sobre el misterioso Ricardo Rivera. Pocas horas después las cuentas troll pagadas por el gobierno en redes sociales denunciaron una agresión contra Rivera, provocada por la seguridad de Bucaram.  Entonces se exhibieron imágenes del empresario que ha pasado oculto y en silencio los diez años de revolución ciudadana.

 

El tío de Glas esconde millones de dólares en empresa vinculada a contratos estatales

El divorcio del mayor empresario de las telecomunicaciones de Ecuador dejó en evidencia la gran fortuna que amasó Ricardo Rivera Arauz, tío del vicepresidente Jorge Glas Espinel, gracias a la Revolución Ciudadana. La disputa judicial por los bienes y las empresas entre Tomislav Topic, principal accionista de Telconet (la empresa de transmisión de datos más grande del país) y su pareja Tamar Verduga demostró la existencia de un testamento redactado por el mismo Topic en el que aseguró mantener tres millones de dólares del tío de Glas en una de sus cuentas bancarias del exterior.
La polémica ha llegado al punto de interponer medidas cautelares sobre este testamento, (en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, el pasado 7 de diciembre),  tras denunciar su supuesto robo y falsificación.  En los argumentos de Topic para pedir las medidas cautelares se señala que “el uso del documento con su contenido puede conducir a Telconet “a un despeñadero comercial inevitable”. Y como los productos de conectividad que brinda Telconet son un servicio público, Topic se amparó en el derecho constitucional a la comunicación y pidió al juez evitar “un daño a la colectividad integrada por los consumidores ecuatorianos”.
El juez Andrés García aceptó estos argumentos y concedió las medidas cautelares que impiden a Tamar Verduga o cualquier otra persona usar y difundir ese documento “o cualquier otro que guarde similitud” con él. Por cualquier vía: periódicos, revistas, redes sociales, radios, canales de televisión…
Gracias a Ecuador Transparente, Mil Hojas tuvo acceso al correo electrónico de dicho testamento que el poderoso empresario de las telecomunicaciones, Topic, envió a su ex esposa, Tamar Verduga el 30 de agosto del 2011.
A Tomislav Topic se le ha visto en varias ocasiones junto a Jorge Glas. Uno de los actos más importantes ha sido la inauguración de un sistema de fibra óptica submarina que une Ecuador con la Florida-Estados Unidos, por $300 millones, a cargo de Cable Andino, subsidiaria de Telconet, empresa de su propiedad. Aunque, según información que este empresario hizo llegar a diario el Telégrafo, que se publicó el 10 de noviembre del 2016, este fue “un proyecto privado en el que participamos junto con otras grandes empresas como Telefónica, Setar, UTS y Cable and Wireless”.
En Durán, Topic volvió a aparecer y hasta dio entrevistas en la apertura de la primera fábrica de cables de fibra óptica del país, que lo convirtió en uno de los más importantes proveedores autorizados de este servicio para los proyectos de telecomunicaciones del Estado.
Rivera en cambio es un fantasma, su rostro no aparece por ningún lado. En el buscador de Google apenas se identifica una sola imagen luego de los cambios estéticos a los que se sometió.
La publicación de este testamento es por demás relevante para la vida pública y la moral ciudadana. Primero porque denota acuerdos internos entre el empresario, el tío del vicepresidente y el propio Jorge Glas, hoy en el ojo del huracán de corrupción de la Refinería Esmeraldas, así como por el caso Odebrecht. Pero también porque el propio Topic manifiesta la forma de sortear a la justicia y los mecanismos de lograr mejores ingresos burlando al Servicio de Rentas Internas, al usar mecanismos como el de precios de transferencias.
EL TESTAMENTO
Escrito el 12 de mayo del 2011, Topic detalla su patrimonio personal y las decisiones estratégicas en Telconet y el resto de sus compañías en caso de su ausencia definitiva. Es en la página 4 de este documento donde aparece el nombre del tío de Glas y bajo el título de “Pendientes Telconet”, dice: “Ricardo Rivera colocó de su plata US$3M en la cuenta de Merryl Linch. Esa plata es de él y debemos devolvérsela. Javier Galarza conoce del tema”. Añade: “Hasta el 2011 debemos comprar los otros 16 STMls de Telefónica, US $ 4.8M”.
https://ecuadortransparente.org/doc/doc/otros/3.html


Otra muestra más de la estrecha relación de negocios de Topic con Ricardo Rivera se evidencia en otra parte del documento titulado: “Compromisos con negocios puntuales” que señala: “En el Consorcio Systor, TN  (Telconet)  tiene el 40% de acciones, sin embargo la mitad de los ingresos que recibamos por este porcentaje accionario le corresponde a Ricardo Rivera. Systor no espera tener utilidades significativas dados los bajos niveles de portabilidad en el país.
En los proyectos Edufuturo y Otavalo, el 50% de la utilidad operativa neta también le pertenece a Ricardo Rivera. Ya se la hemos entregado íntegramente.
No tengo otros compromisos que no estén documentados en TN”.
La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) eligió al consorcio Systor para administrar el sistema de portabilidad para la telefonía móvil. El 31 de marzo del 2009 este conglomerado, conformado por: Systor (Noruega) Telconet ( Ecuador ) JR Electric Supply (Ecuador), firmó el contrato para este servicio con Conacel, Otecel y CNT. En abril del 2014 se renovó el contrato al mismo Systor por cinco años más, con la aprobación de la Senatel.
En la Superintendencia de Compañías Rivera Arauz no está registrado ni como accionista ni como administrador de Telconet ni del consorcio mencionado, por lo que no está claro por qué el tío de Glas tiene derecho, según este testamento, a la mitad de los ingresos que genere la participación accionaria de Telconet en Systor.
Mientras Edufuturo consta en el portal del Ministerio de Telecomunicaciones como un proyecto que desarrolló Telconet a través de su empresa filial Megadatos para la instalación, puesta en operación, mantenimiento y provisión del ancho de banda del proyecto senatel-edufuturo 434-megadatos. Su objetivo es que exista conectividad entre el Gobierno Provincial de Pichincha y 434 centros educativos fiscales. El contrato fue suscrito el 30 de marzo del 2010. En la  información oficial del proyecto no consta referencia alguna sobre Rivera Arauz, sin embargo, Topic indica en su testamento que se ha destinado ya la mitad de la utilidad del proyecto al tío de Glas.
Pese a las constantes negativas púbicas hechas por Topic sobre sus relaciones con autoridades de Gobierno, el mismo delata en este testamento, cómo quienes queden al frente de su fortuna pueden servirse de los contactos que él ha mantenido al más alto nivel del régimen para resolver problemas puntuales de sus negocios con instituciones del Estado. Así queda en evidencia en el siguiente acápite de su testamento: “Juicios pendientes”: “Tenemos un juicio presentado por el SRI en contra de TN por supuestos ingresos no declarados. Este lunes 13 de septiembre Jorge de la Torre nos va a informar de cómo obtener una sentencia favorable”.
Más adelante en las disposiciones sobre su herencia Topic detalla cómo usa a Amicorp, una de sus empresas, no solo para maniobras contables alrededor de las ganancias de Telconet, sino para conducir recursos a una cuenta en el extranjero en la que también hay recursos de Rivera.
“Amicorp”:  “Usamos a Amicorp para aumentar nuestros costos en TN y poder sacar la utilidad operativa del País. Debemos enviarle la cantidad de US $6M aproximadamente este año. Estos dineros terminan llegando después de 2 semanas a la cuenta de Merril Lynch. Actualmente tenemos US $3M en esa cuenta que pertenecen a Ricardo Rivera. Carlos Pazmiño conoce también del manejo de Amicorp”.
Amicorp es una empresa de fibra óptica que tiene su sede en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, registrada en septiembre del 2008, siendo uno de sus directores Marion Tomislav Topic Granados.
No solo que a  través de Amicor, Topic enviaba dinero a la misma cuenta en Merril Lynch, donde están depositados recursos de Rivera, sino que el empresario usaba a Amicorp para sacar divisas del Ecuador a un destino considerado paraíso fiscal en las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
En una publicación de diario el Comercio del 9 de mayo del 2016 referente a una de las revelaciones de los ‘Panama Papers’, “se señala a Nueva Zelanda como uno de los principales lugares utilizados por las grandes fortunas, en especial latinoamericanas, para ocultar su riqueza.  Mossack Fonseca, especializada en la gestión de capitales en paraísos fiscales, utilizó a Nueva Zelanda como una de sus nuevas jurisdicciones en 2013, junto con Belice, para aprovechar su alto grado de confidencialidad, exención fiscal y seguridad legal. Mossack Fonseca estableció una filial en la ciudad neozelandesa de Auckland en diciembre de 2013 y buscó captar clientes, especialmente en México, además de Venezuela, Uruguay, Chile, Brasil y Ecuador”.
Estos son algunos de los detalles del testamento del dueño de Telconet que evidencian su relación de negocios con Rivera Arauz, el tío del vicepresidente Glas.
Relación de los parientes y socios Rivera-Glas
Rivera Arauz ha sido destinatario de utilidades y divisas que Topic mueve a través de Telconet y otras empresas relacionadas en el Ecuador pero sus declaraciones de Impuesto a la Renta son más bien modestas. Entre 2000 y 2015, el monto más alto de este tributo fue de $7.976,34,  en 2007. Luego están las cifras de 2012 y 2013, con $1.475,09 y $2.616,00, respectivamente.
La actividad económica que Rivera Arauz reporta en el país es la de venta al por menor de aparatos y equipo de comunicación. No aparece como accionista de ninguna empresa registrada en la Superintendencia de Compañías. Pero sus hijos, Mauricio y Adriana Rivera Ponce, sí están registrados como accionistas de TV Satelital y como presidente y gerente de esta empresa, respectivamente.
Es decir, los parientes más cercanos de Rivera Arauz se mantienen en cargos de dirección de la empresa en la que Glas fue fundador y presidente en el año 2000 y su tío Ricardo Rivera Arauz fue gerente entre 1999 y 2000.
Durante los últimos 8 años Rivera Arauz ha procurado mantener un bajo perfil. Pero su nombre ha estado en la palestra pública de forma intermitente y salpicado de cuestionamientos. En el 2007, con el ascenso al poder de la Revolución Ciudadana, fue nombrado Intendente general de Telecomunicaciones, mientras Glas era presidente del Fondo de Solidaridad. En marzo del 2008 Rivera fue removido de este cargo, luego de publicaciones de prensa sobre la relación del Superintendente de Telecomunicaciones de entonces, Paúl Rojas, con la firma Advicom, dedicada a la venta de equipos de telecomunicaciones. En las investigaciones de prensa también se evidenció que Rivera mantenía vinculaciones con TV Satelital, Raloin, Trasmidatos, IP Telecomunicaciones, etc. y que a pesar de ello, Rojas lo nombró como su asesor y luego como intendente.
Mientras Rivera se desempeñó en ese alto cargo directivo fue representante legal de TV Satelital S.A. T.V. SAT, concesionaria de frecuencias para televisión y proveedora de servicios para las sabatinas en 2007.  Todo esto en medio de denuncias de las empresas Intelsat y Satmex que sostenían que el canal TV Satelital estaba interfiriendo a sus satélites.
Desde su salida de la Supertel Rivera desapareció de la tarima pública y política, pero tras bastidores siguió conectado a los negocios de las telecomunicaciones y a su sobrino.


Por ejemplo, en julio del 2009, el vicepresidente Glas no tuvo empacho en intervenir, defendiendo a Rivera, en una demanda presentada en su contra. Glas interpuso un recurso de casación en favor de TV Satelital, Trasmidatos S.A. y Raloin CIA. LTDA. , en un juicio laboral iniciado por Freddy Romero Celi en contra de estas empresas y de Rivera.
Aquí la reolución de la Corte Nacional de Justicia: http://www.edicioneslegales-informacionadicional.com/edle/dic/ee-110204-115.pdf
Por qué lo hizo si Glas no es accionista de estas firmas y según la Superintendencia de Compañías ejerció los cargos de presidente y gerente, pero entre los años 1994 y 2002?
Un año más tarde, sin ostentar ningún cargo público Rivera viajó a China, en representación del entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas. Supuestamente el periplo era para lograr un tema prioritario de la agenda de Glas: el financiamiento para la Refinería del Pacífico. Pero nunca se informó sobre los resultados de dicha visita. Lo que trascendió en la prensa fueron reclamos de las autoridades y empresarios chinos, debido a la arrogancia del delegado de Glas.
No obstante, en enero del 2015, justo antes de que el presidente Rafael Correa viaje a China, Andrés Páez, hoy candidato a la vicepresidencia por CREO, denunció 27 transferencias por $22,8 millones, de los cuales $17, 4 millones constan en 13 transferencias autorizadas por Ricardo Rivera Arauz a la cuenta del banco HBSC de Hong Kong, a nombre de la empresa Glory International Industry Company Limited, compañía que en su juicio de divorcio en Miami, el empresario Tomislav Topic, aceptó haber constituido en el estado de La Florida.
Al pedido de investigación hecho por Páez sobre este tema, Glas respondió con amenazas de iniciar acciones legales que nunca se concretaron. No obstante, la  cercana relación de negocios entre Topic y Rivera y el enlace con Glas se puso en evidencia en el mencionado juicio de divorcio iniciado en diciembre del 2014 por Tamar Verduga, ex esposa del empresario Topic. En este proceso salió a relucir que la empresa Glory International Industry Company Limited fue creada para “no hacer negocios, para traer cosas de China y embarcarlas hacia el Ecuador”.  Es decir, una empresa de papel. También quedó en evidencia que el holding Telconet es parte de Tech Data International Inc., domiciliada en 12363 Northwest, 77th Lane, Miami Florida, la misma dirección de Rivera Arauz, tío de Glas.


De todo su conglomerado empresarial, Telconet es la joya de la corona. En documentos a los que accedió Mil Hojas, solo Telconet (sin tomar en cuenta sus subsidiarias y empresas relacionadas) aparece como proveedora de servicios de telecomunicaciones con diversas entidades públicas con cientos de contratos por decenas de millones de dólares.
Pero uno de sus más recientes contratos es el que se reviste de especial importancia dada la coyuntura político-electoral y los nexos de su dueño Tomislav Topic con Glas y su tío. Se trata de aquel en el que Telconet será responsable del servicio de enlaces de datos para el proceso electoral del 19 de febrero, por un monto de $4´450.000.
En la cuenta de twitter @TelconetEcuador, el conglomerado empresarial publicó en diciembre del 2016 un pedido al CNE de “que un comité de expertos internacionales audite nuestros bienes y servicios prestados para las elecciones 2017… en vista de los comentarios infundados de ciertos medios”.
Pero ha sido el propio Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien ha mencionado al tío de Glas en el contexto de investigaciones que supuestamente realiza el Ejecutivo sobre temas de corrupción, específicamente sobre el escándalo de los sobornos hechos por Odebrecht para asegurarse millonarios contratos en distintos países de la región.
En rueda de prensa el pasado 19 de enero,  Mera aseguró: “hemos hecho una investigación por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, en Suiza, en Hong Kong  y en Panamá…, sobre el Ing. Jorge Glas, sobre el Ing. Esteban Albornoz, actual candidato (a asambleísta por Alianza País AP) del Azuay, sobre cuyas obras había contratos con Odebrecht…Y en estos cuatro países la institución de revisión de lavado de activos ha determinado que no hay ninguna investigación de lavado contra ellos y también contra el tío del vicepresidente de la República porque como ustedes saben, tras bastidores y en la redes, siempre se habla de que dizque el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada…”
Mera aseguró que las investigaciones continuarán. En condiciones de una justicia independiente sería de esperar que los documentos que Topic se ha empecinado en esconder (cuentas bancarias en EE.UU. y su testamento) así como las contradictorias cifras que arrojan las actividades económicas de Rivera Arauz en el Ecuador frente a las denuncias sobre millonarias transferencias autorizadas por él a bancos y empresas en el exterior,  bien podrían ser objeto de las investigaciones que debe realizar la Fiscalía General del Estado para aclarar las conexiones entre este empresario.
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