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Etiqueta: Corrupción

Conflicto de tierras: Todos quieren Ayalán

Devastar un bosque nativo cuesta USD 2 millones en Ecuador, pagados con fondos públicos. Eso ocurrió en la hacienda Ayalán, ubicada en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil. Un amplio terreno de no muy fácil acceso al que se llega por la vía a Playas y en el que a primera vista todo parece ser una extensa zona que no está siendo plenamente aprovechada. No quedan mayores indicios de que aquí, hace apenas 9 años, todavía se podía apreciar el color verde de un amplio bosque, que además era el refugio natural de animales silvestres que ahora ya no se ven más. Las afectaciones a la naturaleza resultan irreversibles.

Y todo ese daño tuvo financiamiento del Ministerio de Agricultura, que en 2013 contrató el desbroce del bosque con un presupuesto de USD2 millones por un total de 3500 hectáreas. Un monto que no deja de llamar la atención a José Ignacio Jorgge Bejarano, quien conoce muy bien de los valores que se pagan por hectárea para dejar libre el terreno y listo para futuras siembras. «Allí hubo un sobreprecio descomunal», opina sobre lo que se pagó para eliminar los árboles en terrenos que siguen siendo de su propiedad, hasta hoy. Esto último es el segundo aspecto irregular de este tema: el ministerio de Agricultura disponiendo de los terrenos de una hacienda que todavía tiene otros propietarios, miembros de la familia guayaquileña Jorgge. El tercer punto que llama la atención es la cantidad que el Estado pretendió pagar por esta inmensa zona, en un proceso de expropiación y posterior mediación: menos de lo que canceló por el desbroce, USD1 millón quinientos mil dólares, cantidad que no ha sido aceptada por sus legítimos propietarios.

Todos estos detalles forman parte de un largo proceso en el que participan varios actores que intentan convertirse en los protagonistas principales y finales de lo que ya parece una película de suspenso que no tiene desenlace.

El ex ministro de Agricultura Javier Ponce asumió en 2015 la responsabilidad de los retrasos del proyecto Ayalán, que debió haberse puesto en marcha «hace mucho rato».

A NOSOTROS NOS OFRECIERON EN ESPAÑA

Si en algo coinciden los migrantes retornados que se reunieron en el Terminal Terrestre de Guayaquil para contar sus testimonios sobre este tema, es que todos ellos estaban por su cuenta trabajando duro en España -allá por los años 2000 al 2010- para intentar enviar algo de remesas a Ecuador, como parte de esa inmensa ola de compatriotas que salieron expulsados del país por el congelamiento de depósitos y la crisis bancaria.

Fue así que por el 2012 llegaron a Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, funcionarios del gobierno de Rafael Correa para hacerles un ofrecimiento tentador: que regresen a Ecuador para ser propietarios de tierras agrícolas. María Cisneros emigró cuando tenía 23 años y su primer trabajo fue cuidar ancianos y hacer limpieza por lo que ganaba 600 euros al mes. No era mucho, pero ella conseguía sobrevivir en la cara Europa. Después fue camarera de hotel, cajera de supermercado, niñera. Hizo de todo. Hasta que a los diez años de haber llegado a España se enteró de la oferta de retorno con propiedad incluida, tal como lo pintó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta milagreña ahora asegura que se lo creyó todo, razón fundamental que tuvo para finalmente emprender el regreso.

Así como ella, Leonardo Díaz, Jorge Ricaurte, Issac Chumbay y algunos más como Lorena Alarcón, que a diferencia de sus compañeros, migró hasta Houston, Estados Unidos, cruzando en un bote el río fronterizo al salir de México. Esta mujer de 52 años y oriunda de Naranjal, llegó con el trabajo asegurado en un chifa, como parte del paquete de servicios ofrecido por un coyotero de Quito. Lo primero que ganó fue para pagar su deuda con el traficante de personas.

Historias así se repiten con frecuencia. Pero los que regresaron convencidos con los ofrecimientos, fueron alrededor de 400. Con el paso de los años, la mayoría perdió las esperanzas y dejaron abandonada la causa; incluso unos cuantos volvieron a migrar. Ahora son alrededor de cien los que siguen pendientes para que se concrete la promesa que les hicieron hace una década. Pasó el gobierno de Correa, terminó el gobierno de Moreno y ahora tienen la esperanza de que sea el gobierno de Lasso el que los haga propietarios de las tierras de Ayalán. Aunque Lasso nunca les ha ofrecido nada.

La esperanza es lo último que se pierde. Los migrantes que retornaron con la expectativa de tener tierras ahora son menos, pero diez años después siguen buscando que les cumplan con lo que les ofrecieron.

El proyecto político «Plan Tierras» se puso en marcha el 22 de agosto de 2012 por Resolución Nº 295 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con la que resuelve declarar de interés social y de ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Ayalán, en una superficie de 4.137,40 hectáreas en la parroquia rural El Morro, cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Meses después, en enero de 2013, la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, les decía a los migrantes que la idea era que la tierra sea de quienes la trabajen: «Estamos pendientes todos en el gobierno de que este proyecto se haga en su debido tiempo», prometió.

El siguiente paso fue presentar por parte del Ministerio de Agricultura la demanda de expropiación. Eso ocurrió el 17 de junio de 2013, recayendo el libelo en el juzgado séptimo de lo Civil de Guayas, que al admitir a trámite el proceso ordenó la ocupación inmediata por parte del Proyecto Unificado de Acceso a Tierras y Productores Familiares, sobre la totalidad del inmueble materia de expropiación. Con la demanda planteada y la consignación respectiva, vía transferencia bancaria a la cuenta del juzgado, se evidenció la acreditación de USD1´521.901,00, con fondos del Ministerio, pidiendo la expropiación urgente del inmueble de 4.137,40 hectáreas de propiedad de la compañía Valoriani.

Pese a estar acreditado en el juzgado el valor determinado por avalúo catastral de estas tierras, los propietarios de la empresa Valoriani, se negaron a cobrar. Entonces se llegó a un punto muerto.

Mientras esto ocurría, ese mismo año 2013, un nuevo actor se sumó: la empresa camaronera Cofimar pagó a Valoriani USD200.000 por una promesa de compraventa de 600 hectáreas de Ayalán, que formaban parte de las 4137 hectáreas declaradas de interés social y demandadas en expropiación por el Ministerio de Agricultura. El negocio pretendido de la camaronera era por un valor total de USD1.200.000 y los USD200.000 eran un anticipo, explica el abogado de la empresa, Xavier Valverde. Desde entonces, esta empresa ocupó los terrenos y ha invertido más de USD10 millones para la producción acuícola que no ha parado, relata Valverde. El propio Ministerio de Agricultura le ha concedido vía adjudicaciones más tierra a esta camaronera, a razón de un valor de USD148 por hectárea, «que es lo que establece la ley. No hay cómo pagar más ni menos», sostiene el abogado Valverde

Vestigios de lo que un día fue. Ayalán está ubicado a una hora de Guayaquil, en la parroquia El Morro

Ya para 2014, el gobierno de Correa se preocupó de que no avanzaba la expropiación y la ofrecida entrega de las tierras a los migrantes. Fue el Canciller Ricardo Patiño el que llegó a Madrid para poner excusas y justificar «que no podemos estar en todo». Reconoció las fallas y «hablar otra vez de una hoja de ruta ya me da hasta vergüenza 》

Pero ni Patiño pudo hacer nada. El juicio de expropiación en Ecuador se fue de largo y no recibía sentencia «porque los jueces sabían que incurrirían en una ilegalidad si concretaban ese despojo», dice José Jorgge, de la empresa Valoriani, propietaria de la hacienda Ayalán.

Lo que sí ocurrió fue que mediante Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0010-CMAT-2016-QUI del 17 de enero de 2017, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la compañía VALORIANI S.A., arribaron a un consenso en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, bajo el amparo jurídico otorgado por la Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 09122 de 13 de enero de 2017. Parecía que por fin se pondría fin al conflicto de tierras en Ayalán pero eso apenas fue la expectativa. La realidad fue diferente.

La realidad fue que un mes después del acuerdo de mediación, el 21 de febrero de 2017, la Autoridad Agraria Nacional otorgó Actas de Ingreso para Labores Agrícolas sobre el predio de Ayalán a un grupo de diez Asociaciones Campesinas y una cooperativa. Quienes formaban parte de estas asociaciones comenzaron a llegar a estas tierras y empezaron a sembrar. Ellos aseguran que los terrenos son fértiles y producen desde maíz, plátanos, uvas y otras frutas. Cuentan para ello con un canal de riego que cruza la propiedad.

En marzo de 2017, el juzgado Civil de Guayaquil dispuso el archivo del juicio de expropiación debido al desistimiento de las partes. Pero el acuerdo firmado por la Mediación de la Procuraduría tampoco se ejecutó, según José Jorgge, «por incumplimientos de la otra parte». Una vez más, el Estado ha intentado pagar lo establecido en la Mediación, pero Valoriani se rehúsa a recibir el dinero.

Ayalán ya tiene un centro poblado. Y las obras de agua potable y aguas servidas están siendo ejecutadas por el municipio en este momento.

El golpe de timón lo dio en su último acto la ex ministra de Agricultura Tanlly Vera, quien renunció el 15 de septiembre de 2021 y, un día antes, el 14 de septiembre, decidió “revertir la declaratoria de interés social y ocupación inmediata del predio denominado hacienda Ayalán, realizada mediante resolución administrativa N. 527 de 08 de noviembre de 2013 y resolución administrativa 301 del 21 de julio de 2014. Disponiendo la devolución del predio de la hacienda Ayalán a favor de la compañía VALORIANI S.A.”.

Esta acción de salida de Vera tomó por sorpresa a todos. En virtud de dicha resolución comenzaron a la par procesos de revisión de adjudicaciones de terrenos de Ayalán hechas a camaroneras en el año 2021. Estas empresas se defendieron y presentaron pedidos de medidas cautelares autónomas. Un juez de Samborondón se las concedió.

En septiembre del año pasado comienza también a intervenir en este tema el asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas. Su primera acción fue pedir información al recién llegado ministro de Agricultura, Pedro Álava, quien en noviembre de 2021 resolvió dejar sin efecto la resolución de Tanlly Vera en la que revertía la declaratoria de interés social de Ayalán y ordenaba devolver el predio a sus dueños.

El asambleísta Vanegas dice que interviene en este caso porque se trata de claros intereses de «los traficantes de tierras». Ni siquiera valida que las organizaciones que buscan ser adjudicadas estén integradas por migrantes retornados, sino por aprovechadores que andan buscan terrenos para invadirlos, en una práctica recurrente. Y que no defiende a las camaroneras, sino la seguridad jurídica.

El ministro Álava estuvo hasta mayo de 2022. Desde el 4 de ese mes, se sumó otro actor, el nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien reconoce que quienes estuvieron al frente de esta Cartera antes no hicieron bien las cosas y enredaron todo en Ayalán. Ahora, con Manzano al frente, el Ministerio ha comenzado procesos de reversión de adjudicaciones hechas con irregularidades a empresas camaroneras. Un informe establece que “con base a la información remitida por la Dirección Distrital Guayas, esta Subsecretaría ha podido advertir irregularidades en los procesos de adjudicación realizados dentro del predio Ayalán, toda vez que los mismos fueron tramitados por posesión agrícola, cuando en realidad debieron tener un tratamiento como procesos de redistribución”. Adicionalmente, solicitó que se inicien los procedimientos administrativos de Revisión de Oficio contra los predios adjudicados dentro del predio Ayalán.

El propósito del ministro Manzano es que finalmente se concrete el ofrecimiento que se les hizo a los migrantes retornados y adjudicarles las tierras, una vez solucionado también el eterno conflicto con la empresa de la familia Jorgge, que sigue latente.

Por este hecho, el asambleísta Ricardo Vanegas, quien está a favor de las camaroneras, ha puesto en la mira al ministro Manzano. Y ha comenzado a recoger firmas para llevarlo a juicio político y conseguir su censura y destitución. Todo un propósito que lo justifica con la causal de incumplimiento de funciones. Manzano, por su parte, sostiene no estar amedrentado y lo toma casi como una consecuencia normal de topar fuertes intereses. Y por si no bastara todo el enredo legal, la Fiscal Diana Salazar sumó un hilo más, al abrir en agosto pasado una indagación previa por el supuesto delito de tráfico de influencias.

La familia Jorgge, por su lado, en su balance solo acumula pérdidas: «Con este cuento destruyeron 3500 hectáreas de bosque seco, guayacanes, algarrobos, cultivos, 200 hectáreas de maíz, 80 bovinos, 300 cabras, 10 hectáreas de papaya. Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge Álava.

«Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge.

 

 

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo ganará  el cálculo de la renta electoral en la respuesta que los líderes locales le otorgan y le deben otorgar a la lucha contra este tipo de delincuencia?  ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para  que alcaldes y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados tomen el lugar real que les corresponde y ejecuten de una vez una efectiva política pública preventiva?

¿Cuáles son los  motivos detrás de la omisión del CIES en formar parte del gabinete Estratégico conformado por el Decreto 536 y, con esto dejar sin análisis prospectivos al Estado, al tomar decisiones de alta relevancia en materia de seguridad?

Sabemos ya que el Estado ecuatoriano por décadas construyó una serie de condiciones estructurales de desigualdad social, que privaron de su misma presencia real a territorios importantes del país; que ese mismo Estado ejerció y sigue ejerciendo violencia estructural contra los sectores más vulnerables de la población.

Conocemos que las estructuras de delincuencia organizada llenan el espacio dejado por el Estado, y al hacerlo ganan la fidelidad de la población, pues reclutan a personas vulnerables dentro de sus filas. El resultado de estos hechos se refleja en la ausencia del imperio de la Ley en barrios, sectores y ciudades completas.

Deja ver su lado humano en aquellas personas privadas de libertad por condenas, en su mayoría, de tráfico de drogas. Hablamos de mujeres y hombres que con suerte leen y escriben, que nacieron pobres, que no rompieron el círculo de pobreza que en este país pesa más que armadura de hierro y, que condena  a generaciones completas.

Tenemos conciencia también de que bajo las condiciones actuales es alta la probabilidad de que «perdamos la batalla contra el narcotráfico»; utilizando la alegoría que se usa desde el mismo Gobierno.

No necesitamos ser expertos para intuir que: sin medidas estructurales de reforma en diferentes ámbitos, el país no experimentará mejoras en el panorama de seguridad. La violencia que sufrimos es multicausal; si la intención es solucionar la violencia de forma permanente el único camino es la prevención integral.

¿Cómo prevenir? Al mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el país, que amplíe sus posibilidades de vivir y no sólo de sobrevivir. Privilegiando en política pública todo lo referente a esta población, más aún cuando se trata de adolescentes infractores.  La fidelidad a las pandillas, el consumo de drogas, y otras conductas de riesgo se aprenden a corta edad, y con el actual sistema sólo se consolidan. Para cumplir el objetivo requerimos que todos los sectores: Estado central, GADs, sector productivo, academia, gremios, entre otros se involucren de forma directa.

Mientras se actúa en este sentido también es urgente consolidar el proceso de depuración iniciado en Policía Nacional y Fuerzas Armadas; reformar los reglamentos disciplinarios y ejecutar una reforma importante en los procesos de formación de sus miembros, que les permita tener éxito al proporcionar seguridad.

En el mediano y en largo plazo centrarse en formar el tipo de profesional necesario para el contexto de hoy. Dejar de lado los ahorros que nos generan desventajas comparativas frente a otros cuerpos de seguridad de la región, y todavía más frente a estructuras de delincuencia organizada.

Sin generar capacidad de anticipación desde el Estado, gastaremos recursos sin solucionar el problema de fondo. Necesitamos reforzar un sistema de inteligencia profesionalizado.

Requerimos analistas civiles con nombramiento, que puedan dedicar su carrera profesional a descifrar este problema y salvar vidas, con capacidad real de generar prospectiva de forma constante. Requerimos también que los tomadores de decisiones tomen en cuenta estos criterios al diseñar políticas públicas.

No podremos solventar el problema de seguridad sin antes consolidar la institucionalidad del CIES  y blindar el SNAI. Es urgente consolidar exitosamente el proceso de reordenamiento y depuración que construirá paz dentro de los centros de privación de libertad. Cada acción implementada para solucionar el problema tiene también un efecto colateral, la tendencia de subir el nivel del discurso ya nos está provocando consecuencias. No podemos esperar a llenarnos de niños y niñas muertos para empezar a tomar el problema en serio.

El Presidente Lasso tiene la oportunidad de pasar a la historia como el responsable de sentar las bases estructurales para que no sea la lógica de la delincuencia organizada la que prime en desmedro de la sociedad. Ecuador debe ser un territorio donde la vida pueda reproducirse, donde la vida se desarrolle libremente, y no esté a merced de las decisiones de los violentos.

Hunting and extinction of Isabela’s giant tortoises

In the event report presented by the GNPD, through the UTI, to the Judicial Police, the names of Klever Enrique Gil Jaramillo and Jacinto Ramón Pinargote Pomboza appear as the rangers who found that “slaughtering center”.

They were probably the ones who took the photographs of the slaughter, which went viral and reached the authorities of the National Assembly and the Ministry of the Environment, Water and Ecological Transition (MAATE, in Spanish). But for unknown reasons, in that news report there was no mention of another park ranger who, according to UTI staff, would also have been there at the time of the finding, Máximo Mendoza Yépez.

A police officer and a park ranger at the giant tortoise slaughter center in La Gorra, in September 2021.

The 15 Galapagos tortoises killed were Chelonoidis guntheri, a species listed as critically endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In chapter 20 of the book Galapagos Giant Tortoises, by James Gibbs et. al., published in 2020, it is estimated that the population density of giant tortoises should normally be 2.5 adult giant tortoises per habitat hectare.

Images of the discovery of the giant tortoise slaughter center in the La Gorra sector in September 2021.

The habitat area calculated for Chelonoidis guntheri is large, 170 km2 which comprise high and low areas around the Sierra Negra volcano and where, based on the calculation, there should be 42 500 tortoises. But, as mentioned in this chapter of this book, in the last population census of this species, carried out in 2006, only 286 individuals were found in the field and an approximate 572 tortoises was estimated throughout their habitat. After that census, done 16 years ago, currently the population size of the species is unknown.

However, as detailed in chapters 19 and 20 of Galapagos Giant Tortoises, due to the invasive species that currently prey on Isabela’s giant tortoises and their eggs, such as fire ants, rats, pigs and dogs, to those that compete for food with giant tortoises such as feral cows, and mainly due to poaching, the number of surviving Chelonoidis guntheri individuals could be very small.

It is also worth mentioning that in recent years, the theft of juvenile Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina tortoises (giant tortoises of the Cerro Azul volcano catalogued as endangered by the IUCN) from the Arnaldo Tupiza Chamaidán Breeding Center in Isabela for international species trafficking entails serious problems for conservation. These two species, emblems of Isabela and Ecuador, are a few steps away from disappearing forever and the causes are well known by scientists and also by GNPD and MAATE officials.

The authorities of these institutions know that the giant tortoises of the south of Isabela, Chelonoidis guntheri and Chelonoidis vicina, are becoming extinct mainly because of the clandestine consumption of giant tortoise meat by a minority of the Isabela Island population.

In Galapagos, the slaughter of giant tortoises has been prohibited since 1933. Currently, killing an animal of an endangered species is a crime typified in article 247 of the Integral Criminal Organic Code of Ecuador (COIP, in Spanish) as a crime against the country’s flora and fauna. However, in Isabela, unlike the rest of the Galapagos province, the slaughter of giant tortoises continues taking place in the sight of the competent public agencies.

According to the information obtained in this journalistic research, one of the possible reasons for the lack of action on behalf of the agencies may be related to the fact that there would allegedly be employees of the Isabela Municipal GAD (Decentralized Autonomous Government), the Galapagos Governing Council, the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG, in Spanish) and the Galapagos National Park Directorate (UTI-GNPD) involved in these crimes against the country’s most emblematic wildlife.

At the beginning of 2022, during a visit to the Arnaldo Tupiza Chamaidán Giant Tortoise Breeding Center in Puerto Villamil in Isabela, when asking the site guide about the consumption of Galapagos tortoise meat, he explained that in the past settlers slaughtered giant tortoises to survive on the island but that no one does it anymore due to the crime it represents and the current availability of varied foods in Isabela and throughout the Galapagos.

Then the guide spoke about a program where Isabela´s children feed and take care of Galapagos tortoises to raise their awareness and prevent them from killing giant tortoises in the future.

Going back to the subject again, the guide admitted that there are “fishermen” who, knowing that it is a crime, still capture Galapagos tortoises, even in the north of the island, for meat consumption. However, he said it was a delicate matter and stated that if you are a snitch (and turn them in) they can even kill you… for being a good citizen and denouncing them.

Last May, in a conversation between this media outlet and Att. Christian Fárez, the first prosecutor who investigated the case of the 15 Galapagos tortoises killed and slaughtered in Isabela, Fárez revealed a significant fact: the slaughtering of giant tortoises is carried out for consumption and also for illegal meat trade among a certain group of islanders.

In conversations with residents of Isabela, who for safety reasons asked Periodismo de Investigación to protect their anonymity, we found out that 10 or 12 years ago most Isabeleños, who are now tour operators, were fishers, and that several of them used to kill Galapagos tortoises, even more than 40 Galapagos tortoises a month.

Residents say that among the people currently working in showing the value of Isabela’s natural heritage to tourists are, ironically, some of the endangered giant tortoise meat eaters.

But then, who are those who make wildlife crime a way to make money?

Isabela’s residents explained that before answering that question, legalized hunting must be understood as a transcendental issue of the problem. Surprisingly, by filling in an application at the GNPD technical units and paying USD 2.00, residents of San Cristóbal, Santa Cruz and Isabela islands can get a permit that allows them to hunt introduced species of social interest such as pigs, cows and goats on their islands, for three days, within the Galapagos National Park, as a means of controlling their populations.

But, according to Isabela’s park rangers and residents, those who hunt usually enter the protected areas with or without such permit. Now, in what way is the hunting of introduced animals performed? The use of firearms is prohibited within the National Park, but to our bigger surprise this activity is carried out with packs of hunting dogs. According to UTI officials, information from the Galapagos Giant Tortoises book, and to residents of the island, these are poorly cared for and unsterilized dogs that usually run away in the countryside and are currently invading the island’s ecosystems and further affecting Isabela’s native fauna. In fact, in the 2021 and 2022 entry control sheets to Isabela’s protected areas, the number of dogs have been recorded at the hunters’ entry, but not at their exit.

After reviewing the ecological problem posed by these hunting methods to target introduced animals, we move on to the biggest problem which, according to anonymous GNPD and resident sources and based on a 2013 GNPD internal control document, many of those hunting the pigs and feral cows of Isabela are also those who are slaughtering the Galapagos tortoises of the island and those trafficking their meat.

In Chapter 20 of Galapagos Giant Tortoises, poaching is pointed out as the main cause of the current extinction process of Chelonoidis guntheri and according to the information collected for this report, the poaching of this species is closely related to the hunting of invasive species: pigs and cows. A GNPD report on poaching on the island verbatim states that: “to avoid suspicion, hunters mix tortoise meat with beef and pork, which are also hunted in the same places where these reptiles are found”. 

That is how, even when the GNPD knows about the killing of tortoises and the introduction of dogs to the natural environments of Isabela, the hunting of pigs and feral cows remains conceptualized as an ecosystem restoration activity, according to the 2005 Management Plan of the Galapagos National Park, as it is considered as the extraction of invasive fauna.

Fabricio Morocho Segura pointed out by resident sources and DPNG sources as giant tortoise meat trafficker in Puerto Villamil.

Several residents of Isabela, who are not related to each other, stated that a man named Fabricio Morocho Segura goes from house to house, offering giant tortoise meat, in Puerto Villamil. This man works as a captain of tourist boats and is the brother of Víctor Ramiro Morocho Segura.

Ramiro is a member of the Isabeleños ASSOCIATION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF INTRODUCED SPECIES, which is an unincorporated association formed by the island’s hunters. However, when Periodismo de Investigación requested information from this organization, in the response letter to the questions asked, it was explained that neither the MAATE nor the GNPD have provided the hunters with any training on the “control and management of introduced species.”

According to an anonymous GNPD source, many years ago, in the early 2000s, the institution carried out two invasive species control projects in Isabela in collaboration with invasive species hunters. At that time, some of those hunters were already known as giant tortoise killers.

Among the names that anonymous GNPD and resident sources stated most frequently as giant tortoise hunters and Galapagos tortoise meat traffickers in Isabela are those of the people who run the hunting association, Adolfo Flor Moya and Julio Tiler Flor Yepez, nephews of the former assemblywoman for the province of Galapagos and wife of the former mayor of Santa Cruz, Brenda Flor Gil.

Julio Tiler Flor Yépez a hunter pointed out by several sources and singled out in the DPNG report, as a trafficker of giant tortoise meat.

On October 6, 2021, at the 32nd Session of the Biodiversity and Natural Resources Commission of the National Assembly, after learning about the case of the 15 tortoises killed in Isabela, Galapagos assemblyman Pedro Zapata asked Environment Minister Gustavo Manrique about the actions his state portfolio would take in this regard. The Minister first replied that he “wanted” to see this matter as an issue of tortoise meat “ancestral consumption”, trying to disguise this crime as a cultural manifestation.

Then the Minister gave the floor to Danny Rueda, the Director of the National Park, who gave details about the complaint made. Nevertheless, ancestry cannot be brought to the table since the first human settlements in Isabela were in 1897 and only 36 years later the killing of giant tortoises was banned. According to the Galapagos Giant Tortoises book, those who historically exploited the Galapagos tortoises between the 16th and 19th centuries were European pirates who stopped on the islands to capture them for food.

Efrén Pomboza Gil, UTI’s park ranger, signed, in the DPNG report, as giant tortoise meat consumer.
Efrén is brother of Tony Pomboza Gil, who was signed, in the DPNG report, as a trafficker of
giant tortoise meat trafficker

According to Jacinto Gordillo in his book Relatos de 44 años en Galápagos (Stories of 44 years in Galapagos,) criminal fugitives fleeing from the Colonia Penal (the Prison) that the state established in Isabela between 1946 and 1959 also consumed giant tortoise meat.

In general, the sources consulted for this report feel discomfort about what is happening with the Galapagos tortoises and agree that tortoise meat consumers are a minority among the 2 350 inhabitants of Isabela. Island sources agree that those are people who need to value the unique and wonderful nature they coexist in. Currently, the Galapagos province lives on its natural attractions. In fact, according to the Galapagos 2030 Plan of the Galapagos Governing Council, currently 51.4% of the economically active population work on tourism-related activities, which represent 64% of the provincial Gross Added Value (GAV), thanks to the archipelago’s natural wonders. And Galapagos wouldn’t be Galapagos without giant tortoises.

According to GNPD officials, who asked not to disclose their names, knowing all the hunters registered in the hunting permits and in the entry control sheets to the National Park, does not guarantee finding all those who kill Isabela’s giant tortoises there. Residents say that there are those who by land or sea enter the protected areas without permits, sometimes even from other islands, and also kill giant tortoises.

This problem is serious because those criminals are more difficult to identify and stop. According to anonymous GNDP sources, the place in Isabela where park rangers have reported most remains of giant tortoises slaughtered is the Caleta Iguana sector, habitat of Chelonoidis vicina, near the Cerro Azul volcano.  

To the poaching problem, the neglect of the island in terms of security is added. Isabela is the largest island in Ecuador with 4 588 km2 in area. In comparison, the province of Tungurahua measures 3 386 km2. In a meeting with Homero Bucheli Robalino, lieutenant colonel of the Ecuadorian Air Force, on security, he explained to Periodismo de Investigación that, due to the island’s size, at least drones with a 25-kilometer range, long autonomy, with 200x cameras, thermal imagers and advanced command and control centers linked to all the relevant authorities would be necessary for proper protected area surveillance, however this technology is not currently being used.

On the other hand, sources from GNDP’s Isabela Technical Unit (UTI) assure that, on the island, the Environmental Police mainly fulfills urban patrol roles within Puerto Villamil, due to lack of police personnel. Moreover, based on a 2013 GNPD internal control report Periodismo de Investigación had access to, Isabela’s park rangers, UTI officials, are involved in crimes against the flora and fauna of Ecuador.

According to this report, dated December 20, 2013, entitled «Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island», which was provided to our outlet by an anonymous GNPD official, 28 citizens including hunters, fishers, several municipal employees, an employee of the Agency for the Regulation and Control of Biosecurity and Quarantine for Galapagos (ABG) and UTI officials would be consumers of giant tortoise meat. Nine of the 28 people in the report were also SINGLED OUT INDEPENDENTLY BY DIFFERENT SOURCES.

Table obtained from the Technical Report: Slaughter of giant tortoises in the south of Isabela Island, December 20, 2013 (DPNG leaked document). This table of that internal report shows the names of 28 people allegedly involved in the slaughter of giant tortoises in danger of extinction in Isabela, also shows the work activity they carry out, indicates whether they are consumers or tortoise meat traffickers and in which places in the south of Isabela they carry out the massacres. Along with the table of the document, information about the hunting permits that each one has obtained between January 2021 and June 2022 is included. It is also indicated if each one listed in the document were also indicated by this media outlet sources and if these people belong or not to the Isabela hunting association.

The document also identifies the sectors where 24 of the suspects would slaughter the tortoises. In addition, 19 of the 28 suspects are also identified as alleged Galapagos tortoise meat traffickers. The 2013 report explains that the price for each whole dead tortoise ranged from US$ 60 to US$ 100, within Isabela. According to anonymous UTI sources and anonymous citizen sources, those trafficking Galapagos tortoise meat currently also sell, by underground ways, cooked meat at a price of US$10 per serving.

This internal investigation report would have been reportedly sent to Arturo Izurieta, Director of the Galapagos National Park at the time, and the document would have been handed over from the General Directorate to the Police. However, the complaint never reached the courts, and no action was taken from GNPD against the UTI employees.

The report states that, since 2000, UTI has been keeping records of giant tortoises found slaughtered by humans in the field. An anonymous GNPD source stated that currently the number of tortoises killed in Isabela amounts to 353, since the beginning of the registry, but the figure corresponds only to the remains discovered and reported by park rangers.

The report points to areas that can be accessed by sea and land such as Roca Unión and Cazuela, near Puerto Villamil, and Caleta Iguana, near Cerro Azul, as the sites where most slaughtered tortoises have been found. 

Map of southern Isabela

GNPD sources told Periodismo de Investigación that all those people in the report’s list to this day commit the same crimes, with the exception of Alfredo Gil Ochoa, who passed away. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, and Danilo Toro Ramírez are still employees of the Municipality of Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas and Fabián Jaramillo Pomboza, both identified as Galapagos meat traffickers, keep working, the first as an inspector for ABG and the second as an employee of the Galapagos Government Council in Isabela. 

Number of Galapagos tortoises killed by humans that have been found and reported by UTI park rangers by year and location. The age of the tortoises remains from the 1990s are estimates made in the year 2000 by UTI staff according to the state of the shells.

About the GNPD officials listed in the report, Efrén Pomboza Gil, an alleged consumer of Galapagos tortoise meat and who is brother of Tony Pomboza Gil, the alleged meat trafficker, currently works as the person in charge of UTI’s Ecosystem Process and is one of the officials who approve hunting permits in Isabela.

Máximo Mendoza Yépez, who, like his brother Braulio Mendoza Yépez, is listed in the document for killing giant tortoises in the Cazuela sector, continues to work as a UTI park ranger and is one of the officials who control and register the entry of hunters to protected areas in the Sierra Negra Volcano sector.

GNPD Facebook Post from July 5, 2021, in tribute to Máximo Mendoza for Galapagos Park Ranger´s Day. Máximo and his brother Braulio Mendoza are accused, in the 2013 GNPD leaked report, of killing giant tortoises in the Muro de las Lágrimas sector.

Vicente Pinargote Pomboza, a hunter accused of killing giant tortoises at El Solitario sector and of trafficking meat, is the brother of park ranger Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. On September 24, 2021, during the discovery of the “slaughter center” of the 15 tortoises, in the La Gorra sector, very close to Cazuela, Jacinto Ramón Pinargote Pomboza and Máximo Mendoza Yépez were at the place. Great ironies and great coincidences.

Before completing this journalistic investigation, Periodismo de Investigación conducted a telephone interview with Danny Rueda Córdova, the current general director of the Galapagos National Park. One of the questions was about the actions that the GNPD would take if an official of the institution was involved in the slaughter of giant tortoises. The director said that every person is presumed innocent until proven otherwise in trial. 

This story was produced with support from Internews’ Earth Journalism Network. 

Cacería y extinción de las tortugas gigantes de Isabela

En el informe de novedades que la DPNG, a través de la UTI, presentó a la Policía Judicial constan los nombres de Klever Enrique Gil Jaramillo y Jacinto Ramón Pinargote Pomboza como los guardaparques que encontraron aquel “centro de faenamiento”.

Un policía y un guardaparque en el centro de faenamiento de tortugas gigantes de La Gorra, en septiembre de 2021.

Probablemente fueron ellos quienes tomaron las fotografías de la matanza, las cuales se viralizaron y llegaron hasta las autoridades de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Pero por razones desconocidas, en ese informe de novedades no se mencionó a otro guardaparque que, según el personal de la UTI, también habría estado presente al momento del hallazgo, el señor Máximo Mendoza Yépez.

Las 15 galápagos asesinadas eran Chelonoidis guntheri, especie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En el capítulo 20 del libro Galapagos Giant Tortoises, de James Gibbs y colaboradores, publicado en el año 2020, se estima que la densidad poblacional de tortugas gigantes normalmente debería ser de 2,5 tortugas adultas por hectárea de hábitat.

Imágenes del hallazgo del centro de faenamiento de tortugas gigantes en el sector de La Gorra en septiembre de 2021.

La superficie del hábitat calculado para Chelonoidis guntheri, es grande, son 170 km2 que comprenden zonas altas y bajas alrededor del volcán Sierra Negra y donde, según el cálculo, debería haber 42 500 tortugas. Pero, como se menciona en el mismo capítulo del libro de Gibbs y colaboradores, en el último censo poblacional de la especie, realizado en el año 2006, se encontraron únicamente 286 individuos en el campo y se estimó una abundancia aproximada de 572 tortugas en todo el hábitat. Tras aquel censo de hace 16 años, actualmente se desconoce el tamaño de la población de la especie.

Sin embargo, como se detalla en los capítulos 19 y 20 de Galapagos Giant Tortoises, debido a las especies invasoras que actualmente depredan a las tortugas gigantes de Isabela y a sus huevos como las hormigas de fuego, ratas, cerdos y perros, debido también a especies invasoras que compiten por alimento con las tortugas gigantes como las vacas ferales y principalmente debido a la caza furtiva, el número de tortugas Chelonoidis guntheri, que aún sobreviven, realmente podría ser muy pequeño.

También cabe mencionar el problema para la conservación que ha representado, en los últimos años, el hurto de tortugas juveniles Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina (tortugas gigantes del volcán Cerro Azul catalogadas en peligro de extinción por la UICN) del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza Chamaidán de Isabela para el tráfico de especies internacional.

Estas dos especies, emblemas de Isabela y del Ecuador, están a pocos pasos de desaparecer para siempre y las causas son bien conocidas por los científicos y también por los funcionarios de la DPNG y del MAATE.

Las autoridades de estas instituciones saben que las tortugas gigantes del sur de Isabela, Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina, se están extinguiendo principalmente a causa del consumo clandestino de carne de tortuga gigante por parte de una minoría de la población isabeleña.

En Galápagos, la matanza de tortugas gigantes está prohibida desde 1933. En la actualidad, matar un animal de una especie en peligro de extinción es un crimen tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP) como un delito contra la flora y la fauna silvestre del país. Sin embargo, en Isabela, a diferencia del resto de la provincia de Galápagos, la matanza de las tortugas gigantes continúa a vista y paciencia de las instituciones públicas competentes.

Y según la información obtenida en esta investigación periodística, una de las posibles razones para la inacción de las instituciones puede estar relacionada a que habrían empleados del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Municipal de Isabela, del Consejo de Gobierno de Galápagos, de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y de la propia Dirección del Parque Nacional Galápagos (UTI-DPNG) presuntamente involucrados en estos delitos contra la fauna silvestre más emblemática del país.

A inicios del 2022, durante una visita al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes Arnaldo Tupiza Chamaidán de Puerto Villamil en Isabela, al preguntar al guía del sitio acerca del consumo de carne de galápago, él explicó que antiguamente los colonos mataban tortugas gigantes para sobrevivir en la isla pero que ya nadie lo hace debido al crimen que representa y a la disponibilidad de variados alimentos que actualmente existe en Isabela y en todo Galápagos.

Después el guía contó acerca de un programa donde los niños isabeleños alimentan y cuidan tortugas galápagos para crear conciencia en ellos y evitar que en el futuro maten a las tortugas gigantes.

Al tocar el tema nuevamente, el guía admitió que aún hay “pescadores” que aun sabiendo que es delito, capturan a las galápagos inclusive al norte de la isla para el consumo de su carne, pero que es un asunto delicado y que “por estar hecho el sapo (por fisgón y soplón) te pueden hasta matar… por ser patriota” y denunciarlos.

En mayo pasado, en una conversación que este medio tuvo con el doctor Christian Fárez, fiscal que investigaba el caso de las 15 galápagos asesinadas y faenadas en Isabela, Fárez dio a conocer un dato revelador:

los faenamientos de las tortugas gigantes se realizan para el consumo y también para el comercio ilegal de la carne, entre cierto grupo de isleños.

En conversaciones con residentes de Isabela, quienes por su seguridad pidieron a Periodismo de Investigación permanecer en el anonimato, dijeron que hace 10 o 12 años la mayoría de los isabeleños, que hoy son operadores turísticos, eran pescadores y que varios de ellos mataban tortugas galápagos, incluso más de 40 tortugas al mes. Los residentes cuentan que entre las personas que hoy en día trabajan enseñando el valor del patrimonio natural de Isabela a los turistas, irónicamente, están algunos de los consumidores de carne de tortugas gigantes en peligro de extinción.

Pero entonces, ¿quiénes son los que hacen del delito contra la fauna silvestre un modo de ganar dinero?

Los residentes de Isabela explicaron que antes de responder esa pregunta hay que comprender un asunto trascendental del problema que es la cacería, pero la cacería legal. Sorprendentemente, tras realizar una solicitud en las unidades técnicas de la DPNG y pagar dos dólares americanos, los residentes de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela pueden obtener un permiso que les permite cazar, durante tres días, especies introducidas de interés social como cerdos, vacas y chivos en sus islas, dentro del Parque Nacional Galápagos, como una medida para el control de sus poblaciones.

Pero, según guardaparques y residentes de Isabela, quienes realizan cacería suelen ingresar a las áreas protegidas con o sin aquel permiso. Ahora bien, ¿de qué manera se realiza la cacería de animales introducidos?

El uso de armas de fuego está prohibido dentro del Parque Nacional, pero para mayor sorpresa esta actividad se realiza con ayuda jaurías de perros. Y según funcionarios de la UTI, información del libro Galapagos Giant Tortoises y según residentes de la isla, estos son perros poco bien cuidados y sin esterilizar que suelen escapar en el campo y actualmente están invadiendo los ecosistemas de la isla y afectando aún más la fauna nativa de Isabela.

De hecho, en las hojas de control de ingreso a las áreas protegidas de Isabela, de 2021 y 2022, se ha registrado el número de perros que han entrado con los cazadores, pero no el número que ha salido.

Tras la revisión del problema ecológico que suponen estos métodos de caza de animales introducidos, pasamos al problema mayor y es que, según fuentes anónimas de la DPNG, fuentes anónimas residentes de Isabela y un documento de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, muchos de los cazadores de cerdos y vacas ferales de Isabela también son quienes están matando a las tortugas galápagos de la isla y quienes trafican su carne.

En el capítulo 20 de Galapagos Giant Tortoises, se señala la caza furtiva como la causa principal del actual proceso de extinción de Chelonoidis guntheri y según la información obtenida para este reportaje, la caza furtiva de esta especie está estrechamente relacionada con la cacería de especies invasoras: cerdos y vacas. Citando textualmente un informe de la DPNG sobre la caza furtiva en la isla, se describe así: “para evitar sospechas, los cazadores mezclan la carne de tortuga con carne de vacunos y de cerdos que también son cazados en los mismos lugares que se encuentran los reptiles”.

Y, aun así, bajo el conocimiento de la DPNG acerca de la matanza de tortugas y de la introducción de perros a los ambientes naturales de Isabela, la cacería de cerdos y vacas ferales se mantiene conceptualizada como una actividad de restauración de los ecosistemas, de acuerdo con el Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos de 2005, por considerarse como extracción de fauna invasora.

Fabricio Morocho Segura señalado por fuentes residentes y fuentes de la DPNG como traficante de carne de galápago en Puerto Villamil.

Varias fuentes residentes de Isabela, quienes no guardan relación entre sí, señalaron a un hombre llamado Fabricio Morocho Segura de ir de casa en casa, en Puerto Villamil, ofreciendo carne de tortuga gigante. Aquel hombre trabaja como capitán de lanchas turísticas y es el hermano de Víctor Ramiro Morocho Segura.

Ramiro es un miembro de la ASOCIACIÓN DE ISABELEÑOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES INTRODUCIDAS, que es una sociedad no jurídica formada por los cazadores de la isla. Aunque cuando Periodismo de Investigación solicitó información a esta organización, en la carta de respuesta a las preguntas realizadas, se explicó que ni el MAATE ni la DPNG han impartido capacitación alguna acerca del “control y manejo de especies introducidas” para los cazadores.

Según una fuente anónima de la DPNG, hace muchos años a inicios de la década del 2000, la institución realizó dos proyectos de control de especies invasoras en Isabela en colaboración con los cazadores de especies invasivas, algunos de los cuales, para aquel tiempo, ya eran conocidos por matar tortugas gigantes.

Entre los nombres más mencionados, por fuentes anónimas de la DPNG y por las fuentes anónimas residentes, como cazadores de tortugas gigantes y traficantes de carne de galápago en Isabela están quienes dirigen la asociación de cazadores, Adolfo Flor Moya y Julio Tiler Flor Yépez, sobrinos de la ex asambleísta por la provincia de Galápagos y esposa del exalcalde de Santa Cruz, Brenda Flor Gil.

Julio Tiler Flor Yépez cazador señalado, por varias fuentes y en el informe de la DPNG, como traficante de carne de tortuga gigante.

El 6 de octubre de 2021 en la Sesión Número 32 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, tras conocerse el caso de las 15 tortugas faenadas en Isabela, el asambleísta por Galápagos Pedro Zapata preguntó al ministro de ambiente Gustavo Manrique, qué acciones al respecto tomaría su cartera de estado.

El Ministro primero respondió que él “quería” ver el hecho como un tema de “consumo ancestral” de carne de tortuga, tratando de disfrazar el crimen como una manifestación cultural. Después el Ministro cedió la palabra a Danny Rueda, director del Parque Nacional, quien dio detalles sobre la denuncia realizada.

Sin embargo, no se puede hablar de ancestralidad si los primeros asentamientos humanos de Isabela fueron en 1897 y tan solo 36 años después se prohibió la matanza de tortugas gigantes. Según el libro Galapagos Giant Tortoises, quienes históricamente explotaron a las tortugas galápagos fueron piratas europeos entre el siglo XVI y el siglo XIX, quienes se detenían en las islas para capturarlas como alimento.

Efrén Pomboza Gil guardaparque de la UTI señalado, en el informe de la DPNG, como consumidor de carne de galápago y hermano de Tony Pomboza Gil señalado, en el informe de la DPNG, como traficante de carne de galápago.

Según Jacinto Gordillo en su libro Relatos de 44 años en Galápagos, quienes también consumían carne de tortugas gigantes eran los delincuentes prófugos que huían de la Colonia Penal que el estado instauró en Isabela entre 1946 y 1959.

En general, las fuentes para este reportaje sienten malestar por lo que está sucediendo con las tortugas galápagos y coinciden en que los consumidores de su carne son una minoría entre los 2 350 habitantes de Isabela. Las fuentes isleñas concuerdan en que aquellas son personas que necesitan valorar la naturaleza única y maravillosa con la que conviven.

Actualmente, la provincia de Galápagos vive de sus atractivos naturales. De hecho, según el Plan Galápagos 2030 del Consejo de Gobierno de Galápagos, actualmente el 51,4% de la población económicamente activa realiza labores vinculadas al turismo, lo que representa el 64% del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial, eso gracias a las maravillas naturales que posee el archipiélago. Y Galápagos no sería Galápagos sin las tortugas gigantes.

Según funcionarios de la DPNG, quienes pidieron no publicar sus nombres, conocer a todos los cazadores registrados en los permisos de caza y en las hojas de control de ingreso al Parque Nacional, no garantiza encontrar allí a todos quienes matan a las tortugas gigantes de Isabela.

Los residentes cuentan que hay quienes por tierra o por mar ingresan a las áreas protegidas sin permisos, a veces incluso desde otras islas, y matan tortugas gigantes. Este problema es grave porque aquellos delincuentes son más difíciles de identificar y de detener su accionar. Según fuentes anónimas de la DPNG, la localidad de Isabela donde los guardaparques han reportado más restos de tortugas gigantes faenadas es el sector denominado Caleta Iguana, hábitat de Chelonoidis vicina, cerca del volcán Cerro Azul.

Al problema de la caza furtiva se suma el abandono de la isla en materia de seguridad. Isabela es la isla más grande de Ecuador con 4 588 km2 de superficie. En comparación, la provincia de Tungurahua mide 3 386 km2.

En una consulta sobre seguridad al teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Homero Bucheli Robalino, él explicó a Periodismo de Investigación que, con las dimensiones que tiene la isla, al menos se necesitarían drones con alcance de 25 kilómetros, de larga autonomía, que posean cámaras con aumento de 200x, cámaras termográficas y serían necesarios centros de mando y control enlazados con todas la autoridades pertinentes para una correcta vigilancia de las áreas protegidas, sin embargo esta tecnología no se usa actualmente.

Por otro lado, fuentes de la Unidad Técnica de Isabela (UTI) de la DPNG aseguran que, por falta de personal en la isla, la Policía Ambiental principalmente cumple roles de patrullaje urbano dentro de Puerto Villamil. Y respecto a los guardaparques de Isabela, un informe de fiscalización interna de la DPNG del año 2013, al cual Periodismo de Investigación tuvo acceso, indica que funcionarios de la UTI están involucrados en delitos contra la flora y fauna silvestre del Ecuador.

Según ese informe, con fecha del 20 de diciembre de 2013, titulado “Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela”, el cual fue entregado por un funcionario de la DPNG bajo condición de anonimato, 28 ciudadanos entre ellos cazadores, pescadores, varios empleados municipales, un empleado de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y funcionarios de la UTI serían consumidores de carne de tortugas gigantes. Nueve de las 28 personas del informe también fueron señaladas por las fuentes.

En el documento también se muestran identificados los sectores donde 24 de los sospechosos realizarían los sacrificios de las tortugas. Además 19 de los 28 sospechosos también son identificados como presuntos traficantes de carne de galápago.

El informe de 2013 explica que el precio por cada tortuga entera muerta oscilaba entre 60 y 100 dólares americanos, dentro de Isabela. Según fuentes anónimas de la UTI y fuentes anónimas ciudadanas, quienes trafican carne de galápago actualmente venden también, de manera muy discreta, la carne cocinada a un precio de 10 dólares por porción.

Tabla obtenida del Informe Técnico: Sacrificio de tortugas gigantes en el sur de la isla Isabela, del 20 de diciembre de 2013 (documento filtrado de la DPNG). En esta hoja de aquel informe de fiscalización interna se muestran los nombres de 28 personas presuntamente involucradas en el sacrificio de tortugas gigantes en peligro de extinción en Isabela, a su vez se muestra la actividad laboral que realizan, se indica si son consumidores y o traficantes de carne de galápago y en qué localidades del sur de Isabela realizan las masacres de las tortugas. Junto a la tabla del documento se incluye información acerca de los registros de cacería que cada uno ha presentado entre enero de 2021 y junio de 2022. También se indica si las personas enlistadas en el informe también fueron señaladas por otras fuentes y si estas personas pertenecen o no a la asociación de cazadores de Isabela.

Este informe de fiscalización interna habría sido remitido a Arturo Izurieta, Director del Parque Nacional Galápagos de aquel tiempo, y desde la Dirección General este documento se habría entregado a la Policía Nacional. Sin embargo, la denuncia nunca llegó a instancias judiciales y no se tomó acción alguna en contra de los empleados de la UTI señalados.

El informe indica que, desde el año 2000, la UTI lleva registro de las tortugas gigantes sacrificadas por humanos encontradas en el campo. Una fuente anónima de la DPNG indicó que actualmente el número de tortugas asesinadas en Isabela asciende a 353, desde el inicio del registro, pero la cifra corresponde únicamente a los restos que han podido ser descubiertos y que han sido reportados por los guardaparques.

 

Mapa del sur de Isabela

El informe señala zonas con ingresos por mar y por tierra como Roca Unión y Cazuela, cercanas a Puerto Villamil, y Caleta Iguana, cerca de Cerro Azul, como los sitios donde se han encontrado más tortugas sacrificadas.

Número de tortugas sacrificadas por humanos que han sido encontradas y reportadas por guardaparques de la UTI por año y localidad. Las antigüedades de los restos de tortugas de la década de 1990 son estimaciones hechas en el año 2000 por el personal de la UTI según el estado que presentaban los caparazones.

Fuentes de la DPNG indicaron a Periodismo de Investigación que todos los señalados en la lista del informe hasta hoy en día cometen los mismos delitos, a excepción de Alfredo Gil Ochoa quien falleció. Manuel Ortega Aguirre, Tony (Toni) Pomboza Gil, Christian Ortega Pomboza, Júber Flor Moya, y Danilo Toro Ramírez aún son empleados del Municipio de Isabela. Gonzalo Tupiza Villegas y Fabián Jaramillo Pomboza ambos señalados como traficantes de carne de galápago, se mantienen trabajando, el primero como inspector en ABG y el segundo como empleado del Consejo de Gobierno de Galápagos en Isabela.

Con respecto a los funcionarios de la DPNG señalados en el informe, Efrén Pomboza Gil quien fue señalado como presunto consumidor de carne de galápago y quien es hermano del presunto traficante de esta carne Tony Pomboza Gil, actualmente trabaja como responsable del Proceso de Ecosistemas de la UTI y es uno de los funcionarios que aprueban los permisos de cacería en Isabela.

Máximo Mendoza Yépez quien, al igual que su hermano Braulio Mendoza Yépez, está señalado en el documento por matar tortugas gigantes en el sector de Cazuela, sigue trabajando como guardaparque de la UTI y es uno de los funcionarios que controlan y registran el ingreso de los cazadores a las zonas protegidas en el sector del Volcán Sierra Negra.

Publicación de la DPNG del 5 de julio de 2021 en la red social Facebook, en homenaje a Máximo Mendoza por el Día del Guardaparque de Galápagos. Máximo junto a su hermano Braulio Mendoza son señalados en el informe filtrado de 2013 por sacrificar tortugas gigantes en el sector del Muro de las Lágrimas

Vicente Pinargote Pomboza cazador señalado de presuntamente matar tortugas gigantes en el sector de El Solitario y traficar la carne es hermano del guardaparque Jacinto Ramón Pinargote Pomboza. El 24 de septiembre de 2021, durante el hallazgo del “centro de faenamiento” de las 15 tortugas, en el sector de la Gorra muy cercano a Cazuela, quienes se encontraban allí eran Jacinto Ramón Pinargote Pomboza y Máximo Mendoza Yépez. Grandes ironías y grandes coincidencias.

Antes de finalizar esta investigación Periodismo de Investigación realizó una entrevista telefónica a Danny Rueda Córdova, el actual director general del Parque Nacional Galápagos. Una de las preguntas fue sobre las acciones que tomará la DPNG si un funcionario de la institución estuviera involucrado en los sacrificios de tortugas gigantes. El director dijo que toda persona tiene presunción de inocencia hasta que en un juicio se demuestre lo contrario.

Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews.

Renegociación de contratos de preventa de crudo, prueba de fuego para el gobierno de Lasso

El gobierno de Guillermo Lasso se apresta a renegociar dos contratos de preventa de crudo a largo plazo que garantizan parte de la deuda con Petrochina. La negociación de los contratos 2011-203 y 2016-279 (cada uno por $2000 millones) se cocina por meses y se prevé que las autoridades de Petroecuador firmen los nuevos acuerdos a finales de agosto en Beijing.

El volumen original de los contratos es de 177,48 millones de barriles. Hasta junio del presente año el contrato 2011-203 entregó 162 millones de barriles y el remanente, que es parte de la nueva negociación representa 15,39 millones. El llamado 2016-279 fue por 129,48 millones de barriles y el pendiente de entrega desde julio de este año es 60,95 millones.

El objeto del acuerdo es que al menos 192 cargamentos de crudo que están pendientes de entrega hasta 2024, se extiendan hasta 2027. Ello implica reducir la entrega del número de barriles a Petrochina, por eso se requiere un nuevo contrato en el que se compense con mas cargamentos a la empresa china a fin de que pueda cumplir las obligaciones previamente adquiridas con sus usuarios finales.

La reprogramación, según información de las autoridades petroleras, implica liberar 32 cargamentos para que Petroecuador los venda en el mercado spot. Pero no parece un buen negocio cuando Petroecuador se encargaría de dotar de 80 cargamentos adicionales a Petrochina, para que cubra sus obligaciones, ¿bajo qué condiciones?, nada está claro aún.

Este nuevo acuerdo solo puede ser posible si se constituye una nueva fórmula que establezca el precio del crudo a valores del mercado, entiéndase bajo precios de una venta spot; mantener las fórmulas de precios bajo los contratos del pasado sería sacramentar la corrupción de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. De firmarlo en esas condiciones el correísmo será el primero en felicitar a Lasso y su gobierno.

Este medio pudo conocer que el nuevo acuerdo implicaría considerar el promedio del mercado actual de Platts y Argus para establecer la tarifa del diferencial. Intentaría además mejorar en 40 centavos el factor flete y sacar beneficio en el precio de transporte; se agrega el pago directo 15 días posterior al levante del crudo. Se estima un beneficio mensual de $20 millones para Petroecuador. Pero nada es seguro hasta que el contrato se firme y se conozca su contenido públicamente. Si es que acaso lo hacen público.

Todo lo relacionado a la deuda china lleva el manto de poca transparencia y corrupción. En Estados Unidos se llevan adelante dos juicios federales por sobornos a autoridades ecuatorianas en los contratos de preventa de crudo y derivados; se investiga el reparto de 90 millones de dólares en los casos Vitol y Gunvor.

Los contratos además tienen condiciones draconianas, por ejemplo la cuenta de Petroecuador en el Banco de Desarrollo de China es controlada por Petrochina, la liquidación y manejo de cuentas está bajo legislación china, ademas hay un protocolo impuesto por el prestamista por montos insatisfechos para cobrarse valores en disputa. De hecho al momento que se negocia hay un valor en las cuentas de ese banco por 270 millones en favor de Petroecuador que no se han repatriado.

Las condiciones del nuevo contrato propuesto a largo plazo se respalda en la resolución Petro-PGG-2022-0007-RLS de 19 de enero de 2022 que delega al gerente de Comercio Internacional autorice los procesos precontractuales y las modificaciones o renovaciones y suscriba todos los contratos que se requieran.

Cuando las negociaciones finalicen se deberá contar con la autorización del directorio para el inicio del proceso de contratación directa para lo cual el Gerente General  emitirá un informe motivado que tendrá además el informe de la gerencia de comercio internacional.

HIDALGO E HIDALGO, LA CONSTRUCTRA VITALICIA EN LA VÍA ALÓAG-SANTO DOMINGO

La Constructora Hidalgo e Hidalgo ha monopolizado las obras y contratos en la vía Alóag-Santo Domingo por al menos un tercio de su existencia, llevándose contratos por USD 387 millones desde 2002 a la fecha, únicamente en esa carretera. Esto en medio de escándalos de corrupción, sobreprecios, retrasos y un proyecto a medias que está paralizado debido a su disputa legal con otra mimada del correísmo: la empresa china Sinohydro.

Apadrinados por la prefectura de Pichincha, Hidalgo e Hidalgo se consolidó como la única contratista en 20 años de la conexión más importante entre las regiones Costa y Sierra. Por esta vía circulan cerca de 13.000 vehículos cada día y un 50% de estos son de carga pesada.

Para tener una idea de la importancia de esta conexión basta recordar los últimos días de la reciente protesta indígena, pues una vez comenzaron los bloqueos de la vía, también comenzaron los problemas de desabastecimiento en Pichincha y en parte de la Costa. El 29 de junio de 2022, por ejemplo, quedó registrado cómo centenares de camiones quedaron varados en el tramo de la parroquia San José Alluriquín, sin poder entregar sus cargas en Quito y otras ciudades.

La vía Alóag- Santo Domingo es por demás clave para el eje logístico nacional; y, en contraste, también es una de las más peligrosas del país, porque ocupa el sexto lugar de siniestralidad.  Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), solo en 2021 se registró 175 accidentes en esta vía. Allí los derrumbes son frecuentes y a lo largo de sus 101 kilómetros de extensión es común tropezar con baches, material suelto, maquinaria abandonada y obras inconclusas.

Desde mayo de 2017, dos prefecturas comparten la responsabilidad de esta vía. Pichincha, el tramo de 72,5 kilómetros Alóag-Unión del Toachi; y, Santo Domingo, los restantes 28,5 kilómetros, desde del tramo Unión del Toachi hasta el Redondel de los Sueños de Bolívar.

La zona con más baches y obra inconclusa está bajo responsabilidad de la prefectura de Pichincha que, irónicamente, todavía mantiene deudas y responsabilidad contractual con HeH. El descuido se debe, según la prefecta Paola Pabón a que no cuentan con los recursos para pagarle a la constructora. Risible.

Es por esto que en diciembre de 2021, a las puertas de un año electoral y luego de casi tres años a la cabeza de la prefectura, Pabón ofreció al Ministerio de Transporte y Obras Públicas una alternativa para financiar parte de las deudas pendientes con HeH: devolverles la delegación de la carretera para que sea la Cartera de Estado la que administre la vía y solucione sus problemas. Eso sí, condicionando el pago de una restitución en favor de la prefectura por USD 66,7 millones.

“Conociendo las dificultades financieras, estaríamos abiertos a que el Gobierno Nacional pueda entregarnos una parte en bonos o podamos asumir un plan de pagos. Lo que nos interesa es que el proyecto sea financiable y sostenible”, explicó la prefecta Pabón, en enero de 2022, ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional.

En esa ocasión, Pabón expuso cinco propuestas de “viabilidad económica para el contrato de 2015”, con la Constructora HeH. Las otras cuatro, además de devolverle la vía al MTOP, apuntaban a recaudar de USD 1,50 a USD 2 por cada vehículo que pase por los dos peajes ubicados en Alóag y en el Km. 56. Tras la comparecencia en la Asamblea, el MTOP aceptó el cobro de USD 0,50 en el peaje del Km. 56, en donde hasta esa fecha solo existían casetas vacías y sin uso.

Las cuentas de HeH, un balón que la prefectura patea desde 2007

Aumentar la recaudación por el cobro de peajes servirá en un inicio para saldar apenas una parte de las deudas de la prefectura con HeH. Tras la respuesta del MTOP, la Prefectura  señaló que lo que se cobre en el peaje del Km. 56 (USD 0,50) permitiría retomar el contrato firmado en 2015, pues lo que ya se cobra del peaje en Alóag (USD 1 ) se utiliza para pagar otro contrato anterior, firmado en el 2007.

En total son cuatro los contratos adjudicados a HeH en la vía Alóag Santo Domingo. Tres de estos firmados por la prefectura de Pichincha; y, un cuarto firmado por la de Santo Domingo en 2019, que hasta la fecha no puede ejecutarse a causa de un conflicto de intereses que desató una pelea entre dos grandes empresas de la Construcción (los detalles más adelante).

El primero de los contratos del gobierno pichinchano se firmó en 2002, durante la administración del ex prefecto Ramiro González – actualmente prófugo de la justicia- por un monto de USD 17,8 millones, para la reconstrucción y mantenimiento de la vía.

Los siguientes dos contratos se firmaron en 2007 y 2015, por la administración de Gustavo Baroja, que en esos mismos años dio el camisetazo de la Izquierda Democrática a la Revolución Ciudadana junto a su compañera de militancia Paola Pabón. Ambos contratos, por USD 92 millones y USD 252,9 millones, respectivamente, se hicieron para ampliar la vía a cuatro carriles.

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública. Portales SOCE y Datos Abiertos.

Únicamente el contrato de 2002 está terminado. Del contrato firmado en mayo de 2007 queda un pendiente de USD 4,7 millones. Suman otras deudas por USD 7,7 millones por las ampliaciones de la vía en abril de 2019; y USD 5,4 millones, por trabajos de mantenimiento.  En total, en este momento la deuda de la prefectura de Pichincha con HeH es de USD 17´768.251,92, pero podrá aumentar pues la Constructora sigue a cargo de los mantenimientos básicos de la vía y de brindar apoyo en situaciones de emergencia. Pabón alega que son compromisos adquiridos por por administraciones anteriores a la suya; y, ofreció saldar la deuda hasta finalizar 2022.

El cobro de peajes

Solo en 2020, la prefectura recaudó USD 12,7 millones por el cobro de peajes; y, en 2021, recaudó otros USD 13,5 millones. Esta cifra corresponde al cobro de peajes en las carreteras Alóag-Santo Domingo, Rumiñahui e Intervalles.

De esos USD 26 millones, se destinó cerca del 4% para mantenimiento vial en dos años (USD 989.283). A la CAF se pagó otros USD 12 millones por una deuda ligada al programa vial para el Valle de los Chillos; USD 11,4 millones, para deudas con la Constructora HeH; y, USD 1,91 millones, al pago de una empresa fiduciaria encargada del fideicomiso usado para los dineros del peaje Alóag-Santo Domingo.

HeH y Sinohydro se pelean el tramo de Santo Domingo

Existió un cuarto contrato por USD 26’387.453 millones, que el ex prefecto de Santo Domingo Geovanny Benítez (Alianza País) le adjudicó al Consorcio Multinacional Tsáchila, conformado por la firma ecuatoriana Eufratesinvest, que ya ha tenido otros contratos de vialidad en Santo Domingo; y, la empresa china Sinohydro, responsable de la construcción de la polémica y sobre preciada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en la que se hallaron graves fallas estructurales (unas 7.600 fisuras y daños irreversibles en los sistemas de generación) y cuyo funcionamiento causó problemas geológicos en la cuenca del río Coca como es la erosión regresiva.

El asunto es que el ex prefecto Benítez entregó  la obra “a dedo”, usando la figura de la Contratación Directa, a menos de dos semanas de dejar su cargo, el 26 de noviembre de 2018, pero el acuerdo se fue abajo una vez dejó la Prefectura y asumió en el cargo Andrea Maldonado, que apenas llegó tumbó el contrato de forma unilateral y anticipada, para después entregar la obra a la constructora Hidalgo e Hidalgo, en las mismas condiciones: vía contratación directa.

Maldonado entregó el contrato por 24’190.152,35 el 23 de abril de 2019. La Constructora HeH no perdió el tiempo y ese mismo día comenzó con los trabajos en el tramo de la vía delegada a Santo Domingo.

Aquí inició una batalla legal entre dos gigantes de la construcción antes aliadas y  con una historia en común: ambas han sido investigadas y señaladas por separado en diferentes entramados de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa; y, también fueron investigadas en conjunto por pagar sobornos para llevarse el millonario contrato de la Hidrovía en la Amazonía peruana.

El Consorcio Tsáchila (Sinohydro) no estuvo de acuerdo con dejarle el contrato a la Constructora HeH y presentaron una acción de protección contra el gobierno provincial. Resultado de esto, el 26 de septiembre de 2019, el juez del caso dejó sin efecto todo el proceso de terminación unilateral del contrato. El fallo fue ratificado el 17 de diciembre siguiente por la Sala de la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Para entonces Santo Domingo ya tenía una nueva prefecta: Johana Nuñez. Hidalgo e Hidalgo no tuvo más opción que suspender los trabajos; y, el 28 de junio, la flamante prefecta dispuso la terminación del contrato con HeH. En respuesta, HeH interpuso una acción de protección y solicitó una indemnización de USD 4,8 millones por los gastos que efectuó en los primeros trabajos de ampliación. El 13 de septiembre de 2019, la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas dejó sin efecto las decisiones de la autoridad provincial.

Desde entonces  y hasta que la justicia ecuatoriana resuelva la disputa, ningún avance de obra será posible en un tramo de 15 km., desde KFC hasta la Unión del Toachi. “Ambas empresas han amenazado con destituirme desde el momento en que asumí la prefectura de Santo Domingo”, cuenta Nuñez. “Yo no puedo decidir a qué empresa le entrego el contrato, eso lo determinarán los jueces”, agrega y asegura que mientras esto sucede, es el gobierno provincial el que asume los gastos de mantenimiento en los 28,5 kilómetros de la vía bajo su delegación.

Nuevos contratos en Guayaquil y Cuenca

La reputación de Hidalgo e Hidalgo no le impide llevarse nuevos contratos públicos. Pese a su vinculación con escándalos de corrupción, entre 2015 y 2019 se llevó con cuatro contratos estatales: dos de estos con la Empresa de Agua Potable de Guayaquil, uno con la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y el antes señalado contrato con la prefectura de Santo Domingo. Estos contratos suman USD  en total 47’487.224,07, según detalla la base de datos abiertos del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública. Portales SOCE y Datos Abiertos.

H&H ha sido investigada y sentenciada por la justicia ecuatoriana porsu participación en la red de corrupción del Caso Sobornos 2012-2016. La investigación periodística fue publicada por este medio digital y reveló cómo la mencionada empresa obtuvo contratos estatales a cambio de aportes para las campañas presidenciales de Alianza PAIS entre 2012 y 2017, para binomios Rafael Correa-Jorge Glas y Lenín Moreno-Jorge Glas.

Usando ese mecanismo, entre 2008 y 2016 obtuvo al menos 16 contratos, por USD 814 millones. Uno de ellos es la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo por USD 252 millones, otorgado por la prefectura de Pichincha, a cargo de Gustavo Baroja.

Como resultado de esta relación, el costo inicial de la vía se incrementó y superó los USD 100 millones. Es decir, que a los USD 54 millones del presupuesto inicial se sumaron otros USD 15,9 millones, por mantenimiento rutinario; USD 21,6 millones por mantenimientos periódicos; y, USD 13,6 millones, por contratos complementarios.

Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador

El informe y sus anexos, al que este portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa -Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013.

En 2017 se conoció un audio en el cual José Santos de Odebrecht le decía al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo, que Jorge Glas, le había solicitado dinero para la campaña del movimiento Alianza PAIS. Hasta ahora no se había revelado evidencia de lo expuesto por el ejecutivo de la constructora brasileña.

Arroz verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado, tal como Lava Jato, pero con particularidades a la ecuatoriana.

De la misma forma que el caso Lava Jato, con la receta Arroz verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción, por ejemplo: (Líder 1 Jorge Glas JG) (Líder 2 María de los Ángeles Duarte MD) (Líder 3 Walter Solís WS). Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán.

Walter Solís – fotografía tomada del catálogo de fotografías que Odebrecht publicó para proporcionar sus obras.

Quienes se encargaron de negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes «voluntarios» al movimiento Alianza PAIS, fueron Jorge Glas Espinel, vicepresidente (L1 JG); Walter Solís Valarezo(L3 WS), Secretario Nacional del Agua y María de los Ángeles Duarte (L2 MD). Con ellos participaronMaría Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael Correa), María Augusta Enríquez Argudo(mano derecha de Roldán Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade.


Se trata de un caso sin parangón en la región porque las coimas, bajo el esquema de donaciones, llegan a 11,6 millones de dólares, que en nada se compadece con los casos de Lula da Silva en Brasil, sentenciado porque se probó que era el beneficiario de un apartamento de $189.000, pagado por Odebrecht, o los $3 millones de dólares que llevó a la cárcel a Ollanta Humala en Perú.

Las empresas que entregaron los aportes voluntarios, usando el sistema de códigos son: Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9). Además, se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca y Sanrib Corporation (V10), esta última propiedad de Bolívar Sánchez Ribadeneira, uno de los mayores lobistas hasta ahora oculto, vinculado al capital chino.


El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez Loayza, con ayuda de Laura Terán Betancourt. El sistema reporta dos mecanismos de aportes: en efectivo $4,6 millones y a través del modelo de  cruce de facturas una cifra de $7 millones, donde las empresas multinacionales cancelaban los comprobantes de los proveedores de la campaña de Alianza PAIS.

Los principales líderes de Alianza PAIS contaron con el apoyo de varios coordinadores: C1-OM, que aún no ha sido identificado, C2-ME que se refiere a María Augusta Enríquez Argudo y C3-PM, que es Pamela Martínez, ambas asesoras de la Presidencia de la República.

Martínez Loayza habría sido quien distribuía el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Jorge Glas-L1 y María Duarte-L2.

Valores en efectivo registrados en el informe Arroz verde como donaciones de grandes empresas a favor de Alianza PAIS.

Como hemos señalado, el informe Arroz verde establece un monto total levantado por 11’670.000 dólares de un total de 14.1 millones de dólares proyectados, dividido en $4’680.000 en efectivo, tal como detalla este cuadro y $7’010.000 a través del método de cruce de facturas.

Odebrecht, citada como V7, entregó 2.5 millones de dólares en efectivo, dinero gestionado por Jorge Glas (L1), esos recursos se desembolsaron en partes: el 9 de septiembre de 2013, $500.000; el 21 de octubre de 2013, $500.000; el 12 de noviembre de 2013, $150.000; el 21 de noviembre de 2013, $300.000 y el 2 de diciembre $100.000. Además, el 16 de diciembre de 2013 dio $939.900 y el 18 de diciembre de 2013 U$10.100, en total 2´500.000 dólares.

El contacto fue Geraldo Pereira de Souza, ejecutivo de la firma constructora. Geraldo de Souza fue investigado en la trama de corrupción que llevó a prisión a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, se lo acusó de recibir más de $9 millones en efecto, dinero transportado en camiones blindados, pero ninguna pista se encontró entonces respecto a la receta Arroz Verde 502.


El ex vicepresidente (L1), también pidió $1´500.000 a V8, SK Engineering & CO, por intermedio del CEO Mateo Choi, el empresario negoció su aporte mediante un cruce de facturas, quien además solicitó a Martínez enviar a la compañía surcoreana cuatro facturas semanalmente, incluyendo la de los servicios legales de los diferentes proveedores de Alianza PAIS.

El CEO señaló que los detalles de las facturas deben ser distintos y estar acorde a la descripción que ellos extendieron con antelación. Al 3 de febrero de 2014 SK cumplió con su aporte, posterior a la entrega del anticipo de uno de los contratos firmados con el Estado (repotenciación de Refinería Esmeraldas), según detalle del 2 de enero de 2014.


La receta Arroz Verde, reporta también la relación de Jorge Glas-L1 con el ex embajador Cai Runguo, representante de Sinohydro CorporationCO-V14, que aportó el 14 de enero de 2014, la suma de  $500.000, de los cuales $400 mil fueron entregados en efectivo y $100 mil en la modalidad cruce de facturas. También se constata que Iván Wuyu y Hu Ning- Beatriz eran los nexos con esta constructora. Beatriz es la misma empleada de Sinohydro relacionada en el caso Ina Investment.
Con la receta ademas se cocinó la negociación de Jorge Glas Espinel con William Phillips Cooper “Bill Phillip”, esposo de la entonces asesora presidencial Mónica Hernández Vásconez y representante del GRUPO AZUL (V12). El informe señala que el 9 de diciembre de 2013, el grupo Azul entregó $20 mil en efectivo.

Arroz Verde incluye en su menú la relación entre Jorge Glas- L1 y Tomislav Topic Granados, gerente de TELCONET (V11), quien se comprometió a entregar el monto de $500 mil en efectivo, de los cuales, el 03 de enero de 2014 se concretó un pago de $100 mil, posteriormente, el 10 de enero $250 mil y el 15 de enero, $150 mil.

La estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), a través de su representante José Alvear Icaza, se comprometió con Jorge Glas-L1 a cancelar $1’000.000 como aporte al movimiento político. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013 Juan Carlos Wang, director de CWE y José Alvear, indicaron que aportarán cuando reciban la adjudicación del contrato ofrecido. En la base de datos de voluntarios se encontró la empresa Lagerfeld S.A, cuyo gerente general es el hijo de José Icaza, Ricardo José Alvear Zenck, y como nexo a la organización estaba Myrian Elizabeth Sáenz Capovilla.

La compañía china CWE en consorcio con la rusa Inter Rao,  fue contratista del proyecto Toachi Pilatón.


Según el informe, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, recibió $265.000 por concepto de “servicios jurídicos verdes”, repartidos en tres partes: el 23 de septiembre de 2013, $85.000; el 2 de diciembre de 2013, $80.000 y el 7 de enero de 2014, $100.000.

De acuerdo con el documento revisadoa Viviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, se le asignó $320.000 para apoyar de campaña de los comicios seccionales del 23 de febrero de 2014, de los cuales se entregó $100.000 a Gustavo Xavier Bucaram Loaiza, funcionario del ministerio de coordinación de la política y $220.000 dólares a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez, dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013 y $60.000 en dos ocasiones, el 21 y 25 de diciembre de 2013.
Consultamos al exasambleísta Viteri respecto a este informe y señaló que todos los gastos fueron justificados, aunque demostró extrañeza por los aportes en efectivo que realizó la dirección nacional de Alianza PAIS, incluso nos facilitó esos reportes depositados en una cuenta del banco de Fomento.

El 2 de diciembre de 2013, Diego Patricio Endara Erazo, asesor del gabinete de la alcaldía de Quito, por seguridad civil de ese mes, se le canceló $5.000.

Odebrecht también financió los viajes de placer


El informe Arroz verde no solo anexó los ingresos logrados por Jorge Glas con diversas empresas, además incluyó información de la relación personal que mantuvo Odebrecht con la asesora presidencial Pamela Martínez.

El 20 de febrero de 2013, tres días después del triunfo electoral de Rafael Correa en una sola vuelta, Martínez Loayza, recibió un correo electrónico del ejecutivo, Geraldo Luiz Pereira de Souza, apoderado especial de Odebrecht y además encargado de la administración y finanzas de la empresa en Ecuador.


El mensaje para la asesora de Correa dice: “Abajo algunas opciones de vuelos, para una primera evaluación suya, de acuerdo con eso vamos ver hoteles, etc.”.

Se trataba de un itinerario de viaje entre el 14 y 23 de junio de 2013 y no precisamente de trabajo. Pamela Martínez respondió diciendo que nueve días de viaje era mucho tiempo y que siete eran suficiente. La respuesta de Geraldo Luiz Pereira de Souza fue que debía considerar dos días de viaje.
Odebrecht tambien realizó transferencias a la empresa NexoGlobal, vinculada a la familia de Martínez Loayza, como se detalla en el siguente cuadro.


En medio de esa correspondencia se evidenciaron otros comunicados que dejaban en claro pagos de Odebrecht mediante contratos con terceras personas y siempre consultado a Pamela Martínez.
Es el caso del 21 de febrero de 2013, Laura Terán Betancourt, la asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República, envió un comunicado a Manuel Castilla Fassio que dice: “Por instrucción de la doctora Pamela Martínez, cumplo en enviarle la siguiente información…”

Eran los datos de la empresa Odebrecht con su dirección y teléfonos en Quito. El 5 de marzo de 2013 Manuel Castilla envió un mensaje a Geraldo Luiz Pereira de Souza con copia a Pamela Martínez que decía: “Estimado Geraldo: …hice las correcciones al borrador del contrato en lo referente a los servicios, pero no hice el cambio del representante legal ni del valor mensual, por lo que te pido que lo hagas. La próxima semana debo ir a Quito y podríamos aprovechar para firmarlo si estas de acuerdo, por favor confírmamelo…”


Ese mismo día Pereira de Souza le envío un mail con un “borrador de contrato sin pauta 2013”.


Llevaban las cuentas en matrices de Excel

El 28 de enero de 2013 una funcionaria del Ministerio de Justicia, ex asesora del ministerio del Justicia, indica a Pamela Martinez que le envía la matriz de los proveedores que conversaron “el día de hoy”, esta matriz la realizó con los valores máximos a facturar y que ya tiene las facturas en blanco, por lo que le solicita le indique cuándo le hace llegar. A esto, Martinez le indica que de proveedores directos “no tengo”, que ya le escribió a MAE (María Augusta Enriquez Argudo), asesora presidencial, para que les envíe.

En la matriz se detallan dos facturas, la una con Nº 824 y la otra s/n, perteneciente a Guido Germán Arcos Acosta. Los pagos se realizarán por consultorías legales, ambientales, administrativas, mercantiles y financieras por $78.400 cada una, ($156.800 en total). Existen otras facturas con números 1662-1663-1664-1665, para la empresa Indura Importadora Comercial Pérez por venta al por mayor en artículos de ferretería por un monto de $ 67.200 cada una,  por un total de USD 268.800.

Viviana Bonilla y FOPECA

Según el informe Arroz Verde, la empresa FOPECA pudo haber aportado $240.000, utilizando algunos códigos registrados al costado de los valores tales como MAE, VB y Corcho. Estos códigos posiblemente correspondían a María Augusta Enríquez (ex coordinadora presidencial en 2013), Viviana Patricia Bonilla Salcedo? y a Fernando Cordero Cueva, ?con el objeto de cubrir gastos relacionados al movimiento Alianza PAIS.

El 9 de diciembre de 2013 se entregó a Cristian Alejandro Orozco Taco $1.904 correspondiente al pago de la factura de No. 43 por concepto de servicios profesionales. El 7 de enero de 2014, se canceló 952 dólares por la factura No.45 (prestación de servicios alquiler de autos). La encargada era María Augusta Enríquez.

El 12 de diciembre de 2013, se entregó a José $4.054,40 por la factura No.1293 por publicidad. La encargada era Viviana Bonilla.

El 13 de diciembre de 2013, a la agencia de publicidad Creacional S.A. cuyo presidente y accionista es Roldan Vinicio Alvarado Espinel, se facturó $60.480 por honorarios profesionales, marketing publicitario, con la factura No. 41513. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013 posiblemente se canceló $18.816 por la factura No. 1013 de Presentaciones Tafur por servicio de estampado de uniforme. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013, por pistas publicitarias se canceló a Wendy Vanessa Vera Flores la cantidad de $6.720 con la factura No. 272. Encargada, Viviana Bonilla.

El 10 diciembre de 2013 por la factura No.1685 se canceló a LUZIN, por servicios de publicidad $5.096,00. Encargada, Viviana Bonilla.

El 12 de diciembre de 2013 el Instituto Latinoamericano de Comunicación, solicitó el pago mediante la factura No.2 por honorarios profesionales del estudio de marketing por $19.734,57. Encargada, Viviana Bonilla.

El 12 de diciembre de 2013, el IMASEN facturo $19.600 con comprobante No. 150 por estudio de mercado. De acuerdo a una publicación de El Telégrafo, Giovanna Peñaflor Guerra, fundadora de la encuestadora IMASEN del Ecuador realizó la encuesta de intención de voto para Viviana Bonilla quien fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil. La encargada fue Viviana Bonilla. https://goo.gl/9Z35QZ
El 12 de diciembre de 2013 con factura No. 135, PUBLIELITE S.A. por pauta digital y redes sociales cobró $22.400. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013, INNOVAPLUS S.A. con factura No. 4922, cobró $11.200 correspondiente a brandeo de carro, incluye instalación de vinil y microperforado para carro. Encargada, Viviana Bonilla.
El 9 de enero de 2014 la empresa PROPRAXIS cuyo presidente es María Verónica Moreno Vega facturó $60.000 por la elaboración de encuestas para la prefecta del Azuay. Encargado, Fernando Cordero Cueva.

Cuenta librería

El 26 de julio de 2011, Pamela Martínez, alias Esmeralda del Mar, elaboró un registro denominado “Librería” en el que se detallan fechas y cifras. Martínez escribió que el 11 de junio de 2011 tenía en la librería un monto de $88.873,60 y al 20 de julio de 2011 $186.388,45.

De acuerdo con el reporte, del monto total se desembolsó a:

  • Vicky posiblemente Victoria Andrade (Asistente Nexoglobal) $ 950
  • Mónica Cordones $ 2.719,39, accionista de Jurisglobal S.A.
  • Gastos bancarios $ 30Se destaca además un registro que dice: “Del monto destinado para el caso 30S se destinó $54.561,65, sin embargo, se efectuó un egreso de 4.500 sin mencionar el concepto, quedando $ 50.061,65”

Además, Martínez describe el nombre de algunas empresas junto con varias cifras, probablemente se refería a los montos que se descontaban de la contribución que las empresas entregaban a Pamela Martínez, como a Sk Engineering & Construction, $25.412,36.

El 1 de julio de 2011, Laura Terán, asistente de presidencia entregó un reporte a Pamela Martínez, con los débitos efectuados por la compañía CONECEL o Claro de la cuenta No.000-172071-7 del banco Bolivariano por un total de $2719,39, cuya propietaria es Mónica Cordones Cadena, accionista de Jurisglobal.

Al parecer Mónica Cordones Cadena prestó su cuenta bancaria para los manejos financieros de Pamela Martínez, por cuanto el 1 de julio de 2011, Pamela Martínez, solicitó a Laura Terán que revise si Mónica Cordones realizó los depósitos.

Presencia de Sanrib en la trama de corrupción

Un personaje clave en esta trama es Bolívar Sánchez Rivadeneira, a través de sus empresas Sanrib Corporation de Ecuador y Panamá. Esta empresa actuó como puente entre las multinacionales y los proveedores de Alianza PAIS, su propietario Bolívar Sánchez, mantiene una larga vinculación con empresas chinas, en especial con Gezhouba, contratista de la central hidroeléctrica Sopladora y del proyecto Bulubulu, también con China Machinery Engineering Corp, CMEC, proveedora de equipos y servicios a Gezhouba.

SEMAICA

En la receta constan registradas otras empresas aportantes, como Semaica que colaboró con el pago de servicios para la campaña, como se desprende de la siguiente comunicación a través de la cual se dispone facturar a favor de la empresa Vértigo Films de propiedad de Vinicio Alvarado.


Operativo Escuadrón Verde

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los líderes del correísmo y la realización de avanzadas a los lugares en los que se desarrollarían los eventos de AP utilizó el «ESCUADRÓN VERDE OPERATIVO – EVO», nombre acuñado por el entonces presidente Rafael Correa. En los documentos revisados se constata que el responsable de EVO fue Ítalo Centanaro Villacís, gerente de Coca Codo Sinclair. Entre el 04 de diciembre de 2013 y el 05 de febrero de 2014, para este concepto se destinó $16.000, de los cuales se pagó  $4.000 mensuales a Francisco Xavier Noboa López.

El laberinto offshore del círculo presidencial

Ina Investment Corporation fue constituida originalmente por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente, en Belice, un paraíso fiscal de Centro América, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. Posteriormente, en 2016, se creó una empresa similar en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina Investment debió ser registrada en España para perfeccionar la compra del apartamento. Esta es la historia.

El martes 4 de diciembre del 2018, Ricardo Alemán Alfaro, ex embajador de la República de Panamá en México, le ordenó a la abogada Laura Sinesterra, socia de la firma de abogados Mendoza, Arias, Valle & Castillo (MAVCCO), en Panamá,  proceda a la inmediata disolución de INA Invesment Corporation, constituida en Belice. En una comunicación de la citada fecha Alemán Alfaro escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”.

Al día siguiente, miércoles 5 de diciembre, Laura Sinisterra hizo lo ordenado y la respuesta a Ricardo Alemán fue: “Adjunto documentos preparados para la disolución de INA. El proxi deberá ser firmado por la Sra.  María Auxiliadora y los documentos corporativos deben ser firmados por Usted” (SIC).

El mensaje se refiere a Xavier Macías Carmigniani y su esposa María Patiño Herdoíza, hija de Conto Patiño, empresario y lobista, representante de Sinohydro, quien recibió de esa empresa china 18 millones de dólares por la firma del contrato de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La decisión de disolver Ina Investment Corporation era una acción desesperada porque 12 días antes (23 de noviembre de 2018) los tres portales digitales (Milhojas, La Fuente y PlanV) revelaron la existencia de esa offshore relacionada a Xavier Macías, María Patiño, al presidente Lenin Moreno Garcés y a su esposa Rocío González. Para esa fecha se había informado al secretario de comunicación, Andrés Michelena, la relación del acrónino Ina, con el nombre de las tres hijas del presidente (Karina, Irina, Cristina).

En el referido reportaje Ina Investment fue identificada como una empresa offshore que, en diciembre de 2015, realizó una transferencia bancaria desde Panamá por $19 342, para comprar muebles en Moinat S.A. Atiquities en Suiza, que luego fueron trasladados al departamento en que vivió Lenín Moreno, cuando se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Discapacitados.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que los muebles llegaron al departamento de Lenín Moreno, pero aseguró que no eran de su propiedad sino un encargo de sus amigos Xavier Macías y María Patiño y que serían entregados a su retorno al país, luego de cumplir sus responsabilidades diplomáticas.

La relación entre Xavier Macías y el presidente es una relación de amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra del Interior, María Paula Romo. Para esa fecha el avance en el trabajo periodístico no identificaba aún la presencia de un personaje clave.

INA INVESTMENT CORPORATION

En marzo de 2012 Edwin Moreno Garcés había constituido en Belice las sociedades Ina Investment Corporation y la Fundación Amore y gestionaba la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Documentos revisados de noviembre del mismo año, del estudio jurídico MAVCCO, establecen que Ricardo Alemán Alfaro envió un comunicado bajo el asunto “Mantenimiento Anual 2013-Ina Investment”, en el que textualmente dice: “Le informamos que hemos iniciado el cobro de las anualidades correspondientes al año 2013. En este sentido, adjunto encontrará nuestra factura y estado de cuenta correspondiente al próximo período. La sociedad Ina Investment Corp. del señor Edwin Moreno, es una sociedad en Belice cuya anualidad debe cancelarse antes del 31 de diciembre de cada año para que la misma se mantenga al día…”

Para el 13 de diciembre, Edwin Moreno, pagó $1650 por costos de anualidades con el recibo No.20121084.  A día seguido (14 de diciembre de 2012), Laura Sinisterra, escribió a Ricardo Alemán Alfaro el siguiente texto: “Estimado Licenciado Alemán, conforme conversación del día de hoy, favor tomar nota de los fondos del cliente de USD 625.00 fueron utilizados para cancelar la factura de mantenimiento anual 2013 de Ina Investment Corp”.   Añade: “Sírvase encontrar adjunto, copia del recibo 20121084 entregado el día de hoy en nuestras oficinas por el cual se cancela la totalidad de la factura 416”.
Con la documentación en regla, Ricardo Alemán y Xavier Macías, establecieron las condiciones para abrir una cuenta en el Balboa Bank de Panamá. Esto se denota en las comunicaciones que posee el estudio jurídico sobre el tema. El 24 de enero de 2013 una ejecutiva del Balboa Trust Bankescribió a Ricardo Alemán pidiéndole detalles sobre el propósito de apertura de una nueva cuenta.

Alemán le respondió a la ejecutiva del banco lo siguiente: “Hola Loretta: Disculpa que no te hubiera contestado, pero estaba de viaje y regresé anoche. La nueva cuenta de Xavier Macías, bajo Ina Investment, es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente. Lo que quiere Xavier es diversificar las cuentas, pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o recibos de pagos a terceros, se manejará de la misma manera que las otras cuentas. Es posible que Xavier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta ya abierta”.

En consulta telefónica, Edwin Moreno Garcés, confirmó que Ina fue constituida por él para realizar negocios con Xavier Macías, pero que dejó la empresa aproximadamente en 2013. Documentos del estudio jurídico Mendoza Arias Valle & Castillo, contradicen esa versión, pues señalan que apenas el 16 de marzo de 2015 Edwin Moreno, pidió ocultar su nombre y sustituirlo por el de María Patiño.
Textualmente solicitó “realizar los cambios para que mi nombre no aparezca en la sociedad” Ina Investment y Fundación Amore de Belice. Adicionalmente, autorizó en la misma misiva, que todas estas gestiones las realice Ricardo Aleman Alfaro, que además es operador de otras offshorerelacionadas a Patiño y Macías Carmigniani. En la actualidad Alemán es miembro principal del estudio panameño Morgan & Morgan y en los últimos cinco años ha visitado 5 veces Ecuador.

Un banco de preguntas sobre este tema se enviaron al primer mandatario a través de la Secretaría de Comunicación y otro similar a Ricardo Alemán Alfaro en Panamá.

Un año después, el 21 de marzo de 2016, aparecen indicios de disolución de esa empresa en Belice. Ricardo Alemán, envió el certificado de disolución de INA Investment adjuntando el nombre de Xavier Macías. Pero enseguida existe un proceso de constitución de la misma empresa en Panamá.

Así, el 20 de mayo de 2016 en la Notaría PúbIica Duodécima del circuito Notarial de Panamá se constituye Ina Investment Corporation. Sus accionistas son Ricardo Alemán Alfaro y su esposa Vivianes De Janon de Alemán.

El 25 de mayo la junta de accionistas de la flamante Ina Investment Corporation (Alemán Alfaro y su esposa) resolvió autorizar la compra de un apartamento. En esa junta de accionistas también se autorizó a María Patiño, que firme cualquier documento o escrituras que sean necesarios para la formalización de la compra del referido bien inmueble y en especial para formalizar, gestionar, tramitar y presentar declaraciones de inversiones extranjeras sobre bienes inmuebles y muebles.

Información revisada por este medio confirma que los Macías Patiño, visitan con frecuencia Panamá y en sus viajes movilizan importantes sumas de dinero en efectivo. Además, adquieren exóticas prendas y costosos regalos, como aquel viaje de noviembre de 2015, cuando les pidieron comprar una cartera de cocodrilo, para la hermana de la primer dama.

LA PLAYA

Alicante es una ciudad turística, a cuatro horas de Madrid, donde, justamente, reside Karina Moreno González, una de las hijas del mandatario ecuatoriano. Con respecto a esto,  en las primeras horas de la madrugada del 19 de febrero de 2019, este medio recibió las siguientes respuestas textuales de Andrés Michelena, Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República:

“Sobre las preguntas relacionadas a las empresas: Ina Investment Co., Fundación Amore, Reforza
Me permito manifestar que se desconoce por completo cualquier información relacionada a la  constitución legal de dichas empresas, sus accionistas o cualquier tipo de operación bancaria, corporativa o comercial, por lo que todo lo que usted manifiesta deberá ser consultado directamente a las personas y empresas que usted cita en el documento. También es importante mencionar que el Presidente Lenin Moreno Garcés desconoce cualquier tipo de relación que pudiese existir entre estas.

Respecto a facturas a nombre del Presidente de la República
Ningún tipo de compra de servicios o productos realizada por el Presidente de la Republica Lenin Moreno Garcés ha sido cancelada por Ina Investment Co. o alguna de las empresas mencionadas.  Es importante destacar que el primer mandatario jamás ha autorizado a dichas empresas que realicen compras, pagos o emitan facturas a su nombre.

Sobre fondos trasferidos entre personas y empresas que usted cita en el documento
Reiteramos que al no tener los elementos o información sobre las actividades societarias y comerciales de estas empresas, resulta imposible emitir un juicio de valor o determinar si existen indicios de actividad ilícita alguna.

Respecto a aportes en campaña
El balance consolidado, listado de contribuyentes con la determinación de los montos y sus respectivos justificativos de la campaña presidencial 2016 – 2017 fue entregada oportunamente al Consejo Nacional Electoral, tal como lo dispone el artículo 230 del Código de la Democracia.

Sobre Fondos destinados para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto.
Me permito informar que la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad fue la entidad responsable de recibir y administrar los dineros que se obtuvieron con la finalidad de aportar para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de 16 abril de 2016. Esta información detallada de los donantes y gastos realizados la puede obtener directamente en la Federación.
Si usted requiere algún tipo de información adicional que aporte a su proceso de investigación, la Secretaría de Comunicación y el señor Presidente de la República estamos prestos a facilitar la misma en caso de disponerla.”

Existen transferencias realizadas, de diciembre de 2015 y febrero de 2016, por un valor de 133,400euros que han sido avaladas en documentos del Banco Santander de España, que prueban que Ina Investment entregó ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, por la compra de un departamento de 140 metros cuadrados que incluye un porche terraza de 12,4 metros en Villajoyosa, Alicante y con vista al mar Mediterráneo.

La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2015, el ordenante es Ina Investment Corp., con dirección Urb El Río Km 2 (la misma dirección de la casa de Xavier Macías) por 92.076, 23 euros. El segundo pago sucedió el 15 de febrero de 2016 por el concepto “Pago Apartamento” por el valor de 41,323,93 euros.

Como detalle, en las facturas emitidas por MAVCCO a favor de Edwin Moreno y María Patiño, también se registra como dirección avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. En ese sitio consta domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo personal de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés.

Un comunicado corporativo de Emilio Torres fechado el 24 de abril de 2016, enviado a Xavier Macías Carmigniani ratificó esas transferencias. Bajo el asunto “Datos de banco y del apartamento” le brinda a Macías los detalles de la operación como nombre del banco, código Swift, dirección de la agencia bancaria, número de cuenta y el concepto de la transacción: “compra del apartamento Mirador de la Cala, Tramuntana 1. Alicante”.

Torres Copado, vendedor del departamento, posee una empresa en Ecuador llamada Dibeal, una importadora y distribuidora de alimentos y bebidas. La Superintendencia de Compañías lo registra como presidente y poseedor mayoritario de las participaciones. Posee una cuenta de twitter en la que difunde los mensajes del presidente Moreno.

La escritura de compra-venta definió con claridad la transacción y estableció que los pagos realizados por INA Investment Corporation se realizaron en la cuenta 0049-5138-18-221-6677515 de Torres Copado en el Santander.

Buena parte de esta información se encuentra protocolizada en una notaría en Madrid. Existe una primera escritura de otorgamiento de poder de Emilio Torres Copado y su esposa a favor de un abogado llamado José María Carcedo Muro para que se encargue de la venta del departamento del complejo ya señalado.
Existe otra escritura adicional otorgada por INA del 22 de mayo de 2017 en la que comparece en su representación María Patiño que a su vez delegó al abogado Carcedo Muro solicitar y obtener ante la Agencia Estatal Tributaria de España el correspondiente número de identificación fiscal (NIE) con el objeto de adquirir el departamento.

LABERINTO OFFSHORE


En torno al nombre de Ricardo Alemán Alfaro, socio de Morgan & Morgan, se teje un sorprendente laberinto de empresas de papel, que reeditan los escándalos de Odebrecht y Panama Papers. Alemán representa al menos once empresas vinculadas a Conto Patiño, Xavier Macías, María Patiño y el hermano del presidente de Ecuador, Edwin Moreno.

La información a la que este reportaje tuvo acceso deja al descubierto las relaciones cruzadas de representación de los mismos ciudadanos para operar cuentas bancarias de empresas que no cumplen ninguna actividad productiva, pero sí justifica la existencia de cuentas y transferencias millonarias.
Por ejemplo: Ina Investment Corp., Fundación Amore, Espíritu Santo Holdings, Inversiones Larena Ltd SA, Probata Investments SA, San Antonio Bussines Corp, Turquoise Holdings Ltd, Associated Corporation Services, Manela Investment Corp, Jugorlo Investment Corp, Valley View Bussines Corporation. Durante el gobierno de Lenin Moreno, la familia de Conto Patiño también se encuentra negociando la venta de armas a las Fuerzas Armadas a través de la empresa Miosa.










Existe una comunicación de noviembre de 2016 en que Alemán notifica a Francisco Guarderas cinco transferencias bancarias por $110.000 de la cuenta de Inversiones Larena Ltd SA en el Global Bank de Panamá.

Un reporte de operaciones financieras de la empresa Espíritu Santo Holdings en Panamá con cuenta en el Global Bank señala que al cierre del año 2016 el saldo en la cuenta de esa empresa era de un millón de dólares. Cifras parecidas se repiten en 2017, pero en 2018 los valores son inferiores.

El gobierno de Lenín Moreno es contrario a mantener relaciones con paraísos fiscales, al punto que el 2017, una consulta popular prohibió a los funcionarios públicos realizar operaciones offshore.

Coca Codo Sinclair: 1500 MW de corrupción

La presa fue inaugurada en el 2016, pese a que se tenía conocimiento de la cantidad de fallas, fisuras y problemas. La hidreléctrica más grande del país fue recibida por Ecuador con 19.000 items pendientes. Foto: Presidencia de la República

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Coca Codo Sinclair, el proyecto emblemático de la «revolución energética» del gobierno de Rafael Correa, el cual costó el país USD 3.200 millones, está operando bajo alto riesgo, debido a daños estructurales. La Contraloría General del Estado, en un informe borrador de más de 165 páginas, leído el 14 de noviembre del 2018, encontró 12 fallas graves en el proceso de construcción. Sobre todo, daños en los ocho conductos distribuidores de la casa de máquinas y en dos de las turbinas. Estos daños en los distribuidores consisten en la presencia de 7.648 fisuras en las dos tuberías de presión que conducen el agua hacia los rodetes que a su vez generan la electricidad. Estas tuberías están recubiertas de acero; las fisuras, una de ellas de 38 centímetros, están en las planchas y en las zonas de soldadura. El daño, a criterio de los técnicos consultados por estos portales, es catastrófico, estructural e irreversible.

Puerta de entrada a la casa de máquinas. Foto: Archivo El Comercio

Documento: Denuncia presentada en el 2012 en la Fiscalía, por Cléver Jiménez, que no fue tomada en cuenta por el fiscal Galo Chiriboga.

Documento: El texto de la carta a la Fiscalía.

Documento: El texto de la carta a la Procuraduría.

La Contraloría encontró que «la empresa Sinohydro Corporation, para la construcción de los distribuidores de las ocho turbinas del proyecto empleó materiales no homologados; fabricó los elementos sin efectuar un adecuado control de calidad; soldó elementos adicionales para el transporte y manipuleo; y, soldó candados para efectuar las pruebas hidrostáticas sin aplicar los procedimientos técnicos de soldadura. Asimismo, unió las partes de los distribuidores sin aplicar tratamientos térmicos pos soldadura, lo cual ocasionó que al momento de la construcción se presenten en los distribuidores fisuras de distintas dimensiones, lo que conllevó a que en el año 2015 se efectúen inspecciones y soldaduras de reparación en todos los distribuidores y en el año 2018 se realice una nueva inspección y reparación con soldadura en elementos esenciales para el funcionamiento de las turbinas de la central hidroeléctrica.

«CELEC EP invirtió en esta construcción USD 1.010’844.719,62. Sin embargo, en los primeros dos años de funcionamiento de la central hidroeléctrica, que fue diseñada para una vida útil de 50 años, la contratista ha intervenido por dos ocasiones empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono».

Documento: El texto de la carta a la Contraloría.

Documento: La boleta de notificación a Cléver Jiménez sobre la apertura de la indagación previa. Jiménez denunció a los gerentes de la Obra por un presunto peculado.

Para uno de los consultores que determinaron el valor del daño, esta cifra multimillonaria es lo que el país perdería, porque sería imposible hacerlo sin destruir la casa de máquinas y todo su sistema; pues las partes dañadas están recubiertas de concreto de alta resistencia. «Es preferible hacer otra casa de máquinas», dijo el experto.

Documento oficial a los fiscalizadores de la obra, que da cuenta de las fisuras presentadas en varias unidades, luego de las pruebas de presión. Este informe explica que la presencia de fisuras puede impedir que el agua alcance la presión de 7.5 MPa, que es la presión del diseño, para que el sistema de generación eléctrica funcione.

El organismo de control determinó que las fisuras, las cuales producen filtraciones y que pueden hacer colapsar todo el sistema, fueron provocadas unas por la calidad del material, el cual no cumplía las especificaciones técnicas, y la otra por una mala gestión en el traslado y trasportación de las planchas desde China hasta el sitio de la obra, y las malas soldaduras en los anclajes que permitían la transportación.

Los defectos fueron detectados en los cordones de soldadura, tanto en la fábrica como en el sitio de instalación. Según fuentes vinculadas a la investigación del organismo de control, una de las razones fundamentales para la mala calidad de los materiales era que en el proceso se cambiaron las especificaciones que originalmente eran para acero de fabricación japonesa para favorecer acero de fabricación china.  El uso de este acero, que no tenía la aleación adecuada ni la resistencia necesaria para soportar las presiones fue aceptada por el consorcio mexicano que actuó como fiscalizadora de la obra.
Las más de 7648 fisuras fueron encontradas en el 2015. Sin embargo, lo problemas encontrados en el transcurso de la mega obra,  que fueron ratificados por la Contraloría, fueron reportados desde el 2013, en un informe publicado por la revista Vanguardia y en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada por el entonces asambleísta de PK, Cléver Jiménez.

Las fallas encontradas en el 2015 fueron subsanadas supuestamente. Las Unidades más afectadas fueron la 2, 4, 7 y 8, con más de 1500 fisuras cada una en promedio. Las unidades 3 y 4 tuvieron hasta cuatro reparaciones.

En el 2015, en la etapa de pruebas hidrostáticas, Sinohydro Corporation, la constructora, soldó placas metálicas y candados y luego de efectuada la prueba se retiraron los elementos soldados, y fiscalización detectó, además de las fisuras de las zonas correspondientes a las zonas de soldaduras, una fisura de 38 centímetros de longitud en la brida de ingreso del distribuidor de la unidad 3, así como en sectores con la presencia de indicaciones en las soldaduras de fábrica. Las fisuras fueron reportadas, pero los documentos entregados por la contratista en la dirección de Gerenciamiento y Fiscalización no reportaron novedades en la inspección de las soldaduras, «evidenciando ausencia de supervisión en la construcción de los distribuidores y poniendo en duda la integridad de los documentos de control de calidad», dice el informe de la Contraloría.

Reacción de Rafael Correa, en el 2012, contra la denuncia de Cléver Jiménez. Hay que actuar con todo, les dice a sus remitentes, incluso con «nuestros legisladores».

Un técnico de la empresa Consulting Inspection Services, CIS, en su informe del 8 de abril del 2015, luego de detallar decenas de irregularidades sobre materiales empleados que no cumplían las especificaciones técnicas ni del contrato, señaló que «ningún tipo de fisura es aceptable; se deben revisar los procesos de soldadura para determinar la causa del agrietamiento y prevenir futuros defectos ; y que la fisuración puede conducir a la pérdida de la integridad estructural, a fugas y a la falla del equipo».

Portada del informe reservado de la Contraloría sobre el poyecto Coca Codo.

Pero el proceso de reparación también fue observado: «las normas aplicables no establecen el número de veces que un acero al carbono y de baja aleación puede ser reparado mediante soldadura», por cuanto la producción  y el material empleado tiene diferentes parámetros. Pero es práctica de la industria, dice la Contraloría, que la reparación por soldadura del material base y los cordones de soldadura se realicen una sola vez.  Ya la campaña de soldadura y reparación del 2015 incluyeron hasta tres soldaduras de reparación y si en el 2018 se está interviniendo con nuevas soldaduras de reparación, «podemos afirmar que el procedimiento de reparación de fisuras, empleado, no fue el adecuado».

El organismo de control reclama a CELC y a la Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair, que tras haber detectado las fisuras, no han recomendado ni dispuesto que se efectúe la evaluación integral de dichas estructuras.  ¿Cuál es su aptitud para el servicio? ¿Cuál es su vida útil? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál su comportamiento futuro si son recipientes sometidos a constante e intensa presión de agua? Preguntas que, según la Contraloría, aún ningún responsable contesta al país.

¿Por qué se habla de un daño estructural? La evaluación permitirá conocer si los distribuidores instalados pueden seguir operando pese a las observaciones técnicas reportadas, pueden soportar más campañas de soldadura de modo indefinido o deben ser reemplazados, a costa de Sinohydro Corporation. En este caso, CELEC EP debe contar, dice la Contraloría, con las garantías necesarias para que el costo de todos esos trabajos sea reconocido por esa empresa.

Así lo anunció estos días el ministro de Hidrocarburos y Electricidad, Carlos Pérez. Dio el nombre de una empresa alemana que hará la evaluación técnica, sin referirse a los hallazgos de la Contraloría, y dijo que la  constructora china asumiría todos los costos de ese proceso. No mostró al país un convenio o documento alguno con la firma de Sinohydro.

Si esto pasa, si se opta por detener la operación para hacer una reparación integral, tendría que considerarse la cantidad de energía generada por Coca Codo que el país dejaría de recibir. Si entre enero del 2017 y julio del 2018 (un año y medio) la represa generó, con toda su potencia, cerca de 9.600 millones de Kwh (un promedio de 505 millones de kilovatios al mes), a un precio promedio de 9,86 centavos el kilovatio-hora, se tiene que el sistema eléctrico nacional dejaría de recibir USD 49 millones mensuales. Cerca de USD 600 millones al año. A esto hay que sumar los USD 83 millones del costo de instalación de los distribuidores. Además, en caso de que sea imposible reparar el sistema de distribuidores con fisuras y sea necesario  reemplazar la casa de máquinas, esta tiene un valor de USD 1.010’844.719.

Estos daños ya han causado la paralización de tres unidades para efectos de inspección y reparación. Un reporte del subgerente de producción de CELEC EP – Coca Codo Sinclair da cuenta que entre agosto del 2016 y julio del 2018 la Unidad 4 paralizó 72 días, la Unidad 2 paró 46 días y la Unidad 3 fue paralizada el 20 de julio del 2018 hasta la fecha.

Otra de las fallas en el sistema Coca Codo se presenta en la línea de trasmisión de la subestación El Inga, a la cual llegan dos líneas trifásicas de 500 MW, con un haz de cuatro conductores por fase. En cambio, en el tramo El Inga-Tisaleo-Chorrillos se ha instalado una línea trifásica de 500 MW con un haz de tres conductores elevándose el efecto corona, e incrementando las pérdidas en la línea, la radio interferencia, el ruido y los destellos luminosos alrededor de cada fase. Esto ha provocado la protesta de las comunidades por las que atraviesa. Es, por tanto, una línea que no está operando y es una razón más por la cual la central Coca Codo no pueda evacuar toda la energía que produce. Para completar este cuadro, el cuarto conductor y convertir la línea en un haz de cuatro conductores se requiere una inversión aproximada de USD 28 millones, que se pretende pedir a… China.

La central hidroeléctrica fue diseñada para una vida útil de 50 años, pero la contratista ha intervenido en dos ocasiones, empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono y alta tenacidad; ocasionando que las soldaduras y el material base de los distribuidores se vuelvan más frágiles. La Contraloría señala que es «de total responsabilidad de la contratista, las consecuencias de dicha acción».

Para evaluar la condición de los distribuidores se hicieron varias inspecciones. Foto: Archivo El Comercio

OTROS DAÑOS ENCONTRADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

  • Los rodetes de las unidades U4 y U6 presentan áreas afectadas por abrasión y desprendimiento de la protección de carburo de tungsteno, a pesar de lo cual la contratista ha rechazado las solicitudes emitidas por CELEC EP para su reparación, lo que ha ocasionado que a la fecha de corte de esta acción de control no se hayan resuelto las afectaciones reportadas.
  • Sinohydro Corporation y CELEC EP no han llegado a un consenso sobre la aprobación de un cronograma optimizado y consolidado para atender los ítems pendientes definidos en la fase 1 y 2 del proyecto, entre estos la construcción de un campamento permanente de operación, que a la fecha de corte de este examen presenta el avance de un 76,38%, lo que ha dado lugar a que la Unidad de Negocio de Coca Codo Sinclair incurra en gastos adicionales por USD 763.560,00, para el transporte del personal técnico y administrativo desde el campamento hacia la central hidroeléctrica.
  • La empresa Sinohydro no atiende en los tiempos establecidos contractualmente ni soluciona de manera efectiva la causa u origen y defectos comunicados por Coca Codo Sinclair, por lo que al corte de esta acción de control persisten 171 defectos sin atención o solución, ocasionándose un perjuicio de USD 465.380,18 a Coca Codo Sinclair; y USD 27’779.406,57 al Estado ecuatoriano por la afectación a los ingresos que debía percibir con la comercialización de la energía producida.
  • La Segunda Junta Combinada de Disputas del contrato EP favoreció a la contratista Sinohydro con una prórroga adicional de 167 días para cumplir con la entrega de la operación inicial y la entrega de la fase 1, sin haberse impuesto una penalidad por 184 días de retraso equivalente a USD 78’200.000,00.
  • La empresa Sinohydro hasta la fecha de corte del examen no culminó con las pruebas de eficiencia del funcionamiento del modo automático a través del sistema, tampoco se reemplazó ni corrigió la calibración de las ecosondas que presentan mal funcionamiento. Además, no se capacitó al personal de CELEC sobre el equipo.
  • El representante legal de Sinohydro presentó solicitudes de reembolso por ítems pendientes no concluidos, mismas que fueron canceladas incumpliéndose además los plazos de entregas.
  • El gerente de Sinohydro no cumplió con el Plan de Capacitación y entrenamiento continuo del personal operativo, conforme los requerimientos técnicos.
  • Los gerentes de la unidad de negocio de Coca Codo Sinclair dispusieron que el equipo de supervisión del proyecto pese a sus limitaciones del personal se encargue del proceso de relevamientos de los ítems pendientes sin establecer las funciones específicas a desempeñar, lo que ocasionó que este proceso no haya sido concluido luego de transcurridos más 500 días.
  • Los responsables de la gestión ambiental de Coca Codo Sinclair no presentaron al Ministerio del Ambiente los Términos de Referencia para contratar y ejecutar las auditorías ambientales, en los periodos 2014-2016 y 2016-2018; tampoco tramitaron la emisión de la licencia ambiental para la fase de operación del proyecto.
  • La empresa Sinohydro manejó inadecuadamente los desechos generados en el campamento de operación permanente, además no cumplió las medidas de control ambiental para la distribución de combustible en los campamentos.
  • La empresa Sinohydro presentó planillas sin incluir documentos de soporte que certifiquen el control de calidad efectuado en la ejecución de los trabajos.

Los secretos financieros de los jueces constitucionales

A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el alto organismo de control constitucional pretendió limpiar su historial con un sospresivo fallo que echó abajo las cuestionadas enmiendas constitucionales aprobadas por la misma magistratura durante el gobierno de Rafael Correa.

La Fiscalía General del Estado, basada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).

Información revisada por este medio, indica que, en los movimientos financieros de los investigados, se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.

Los jueces investigados son: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.

Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.

Los jueces bajo sospecha

Francisco Butiñá Martínez: “militante activo” de Alianza País, como él mismo se define, es juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Estuvo a cargo de del pedido de referéndum impulsado por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección indefinida del ex presidente Rafael Correa. Butiñá Martínez dio paso al proceso de recolección de firmas en favor de la reelección de Correa.
Francisco Butiñá tiene una extensa carrera laboral dentro del gobierno correísta: fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En 2006, fue gerente general de la empresa Adextelecom S.A., que registra 12 participaciones en el Servicio de Compras Públicas (Sercop) y una adjudicación por USD 45.000,00 con la Empresa Pública de Transporte de Guayaquil.

Sus movimientos financieros indican que, entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares, de esta cifra USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por USD 514,00.

Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.

El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.

Su círculo cercano lo integran Alfredo Alvarado, registrador mercantil del Loja, Isidro Guamán, experto constitucional, Ximena Loyo, Vladimir Bazante, experto constitucional, el abogado Pablo Sevilla, Jairo Escobar, experto constitucional jurisdiccional y Pablo Alarcón Peña, hijo del ex presidente de la República Fabián Alarcón Rivera.

Wendy Molina Andrade: jueza constitucional desde 2012. En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según la información revisada por este medio, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.

A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.

En 2010, fue asesora del entonces presidente de la CC presidente Patricio Pazmiño. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.

En su círculo de confianza figura Ernesto Pazmiño Chávez, hijo del ex presidente de la Corte Constitucional y actual miembro de la Corte IDH, Patricio Pazmiño. También forma parte de sus allegado, Pablo Alarcón.

Pamela Martínez Loayza:  jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia.

Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. Entre 2012 y 2015, recibió transferencias por USD 3.000 del entonces cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores en Murcia, Gustavo Mateus. Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.

Según la información revisada por este portal, registra transferencias a paraísos fiscales por USD 823,00 entre 2014 y 2017. Varias fuentes señalan que, en 2015, junto a su esposo Jimmy Salazar, dirigió el programa de televisión “Es de justicia”, que se transmitía todos los domingos por TC Televisión, espacio que fue aprovechado para hacer “proselitismo político en favor del expresidente Correa”.
Su entorno más cercano lo conforman su esposo y presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, además de Daniel Burneo, experto constitucional y Héctor Carrera, actuario de la Corte Constitucional. También aparece relacionada con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, del estudio Romero & Menéndez.


Marien Segura Reascos
: llegó a la Corte Constitucional en 2016, luego de ser postulada por el expresidente Correa, para ese cargo.

Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.

En junio de 2017, Amparo Gómez, expareja de Ricardo Rivera, acusó a Segura, de cumplir “una consigna”, mientras fue Jueza de la Niñez y Adolescencia, “ella me tuvo 4 años sin pensión alimenticia, sin un centavo”, dijo refiriéndose al juicio de alimentos que planteó en contra de Rivera.

Es cercana a Francisco Albuja, experto constitucional, Miguel Tapia, experto constitucional jurisdiccional y Mariana González, actuaria de la CC.

Alfredo Ruíz Guzmán: presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”. La información revisada por este medio, señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42. 097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.

Su círculo de trabajo lo integran: Pablo Alarcón Peña, Pamela Aguirre Castro, ex secretaria técnica jurisdiccional, Carlos Aguirre, experto constitucional, Pedro Alarcón, experto constitucional, Carlos Villacreses Pincay, coordinador del despacho institucional, Jaime Pozo, secretario general, Freddy Villagrán, experto constitucional jurisdiccional; todos funcionarios de la Corte Constitucional. Igualmente, está relacionado con Alexis Mera Giler. Tambien figura como cercano Ivolé Zurita, registrador de la propiedad de Guayaquil.

Ruth Seni Pinoargote: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016. Su hijo, Luis Cevallos Seni, registra participación en dos empresas: Seniconstructora S.A., y Constructora Eskala S.A., ésta última registra 32 participaciones en el Sercop y una adjudicación con el Municipio de Olmedo para mejoramiento de vías, por USD 247.447.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques del Banco Bolivariano a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.

Forman parte de su grupo de trabajo sus hijos Homero y David Cevalos Seni, Asdrubal Homero Granizo Haro, experto constitucional, Victor Hugo Holguín Cárdenas, coordinador del despacho institucional y Nelson Alejandro Enríquez Caicedo, experto constitucional, funcionarios de la CC.

Tatiana Ordeñana Sierra: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.

Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por este medio. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.

El círculo cercano de Tatiana Ordeñana lo integran: Alvaro Diego Contreras, coordinador constitucional, Pamela Lizeth Barrionuevo Soto, experta constitucional y el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

Manuel Viteri Olvera: juez constitucional desde 2012. El Sistema Migratorio Ecuatoriano, registra una alerta de la Interpol en contra de Olvera.

Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.

Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.
Su hija, Martha Viteri Thompson es funcionaria del Consejo de la Judicatura y su hijo Manuel Viteri fue funcionario en esa misma entidad entre 2009 y 2011.

El circulo de Viteri, está integrado por su hijo Manuel Viteri Thompson, el abogado Nicolas Castro Patiño, Raúl Renato Cedeño Bonilla, experto constitucional funcionario de la Corte y Alfredo Isidro Guamán Bagua, también funcionario de la CC.

Roxana Silva Chicaiza: jueza constitucional desde noviembre de 2015.  Sus datos financieros, según la información revisada por este medio, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004, seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.

Sus egresos sumaron USD 686.135.  De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.

Según datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Cervecería Nacional con el 0,0002% de participación. A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.