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Etiqueta: jorge Glas

Depredadores

Esta condición de grupos depredadores, que se convierten en elite política, tienen un límite marcado por el evidente conflicto de intereses y no entiendo por qué la sociedad trata de pasar por alto este obstáculo del tamaño del Chimborazo.

Gestor de negocios. Así se calificó Ricardo Rivera Arauz, tío del ex vicepresidente Jorge Glas, cuando brindó su primera versión ante el fiscal subrogante Wilson Toainga por el caso Odebrecht. La declaración de 9 páginas del fallecido empresario tiene hoy suprema importancia porque brinda todos los anclajes para entender cómo sus socios se hicieron millonarios en el correísmo: Fui yo quien introdujo la tecnología satelital así como el desarrollo de una plataforma digital interactiva que está soportada por los recursos de banda ancha que nos da Telconet,  contaba.

Se refería a su amigo personal y socio Tomislav Topic que levantó una poderosa y eficiente empresa de telecomunicaciones, que hoy es líder en la región, y del que nadie quiere saber de su pasado o escarbar la forma en que se hizo millonario.

Es un gran ejemplo de cómo nuevos grupos económicos de Latinoamérica, que crecieron y se hicieron poderosos gracias a las millonarias contrataciones con el Estado, hoy buscan el control de la política y tratan de hacernos creer que dependemos de ellos para sobrevivir y salir adelante. Esta condición de grupos depredadores, que se convierten en elite política, tiene un límite marcado por el evidente conflicto de intereses y no entiendo por qué la sociedad trata de pasar por alto este obstáculo del tamaño del Chimborazo.

Hoy, mientras sacude su fortuna promoviendo su candidatura -seguro gastará en su  campaña un valor similar al que recibió de Odebrecht – Igor Krochin Lapentty, presidente de Telconet, le exige al Ministerio del Interior el pago de casi un millón de dólares por un contrato de cinemómetros, los equipos que miden la velocidad de los autos. Un contrato firmado a finales del año pasado, cuando Jan ya era candidato.

Jan Topic, parte fundamental de esta trama, que en la campaña electoral pasada se vendió como experto en seguridad, hoy nos brinda su rostro de víctima y sabio energético mientras gran parte de la elite del país apuesta a su nombre y echa tierra sobre la historia de la corrupción de la que forma parte; hay que recordarle al país esos antecedentes y que mejor que el fallecido Rivera Arauz, que dejó escrito los hechos en piedra. Contó que un amigo suyo llamado José Alvear Icaza (al que Fernando Villavicencio lo identificó como uno de los testaferros de Jorge Glas) le ofreció a Tomislav, padre del candidato, inversión de China a través de un empresario llamado Michael  Ying, dueño de una empresa llamada Glory, allá por el año 2010.

Dos años después, en 2012, Glory recibió de Odebrecht transferencias que llegaron a una cuenta bancaria de Jan Topic en los Estados Unidos. Trece millones sumaron el valor de las coimas, con ese dinero construyeron el cable submarino y se hicieron intocables.

Hoy, mientras sacude su fortuna promoviendo su candidatura -seguro gastará en su  campaña un valor similar al que recibió de Odebrecht – Igor Krochin Lapentty, presidente de Telconet, le exige al Ministerio del Interior el pago de casi un millón de dólares por un contrato de cinemómetros, los equipos que miden la velocidad de los autos. Un contrato firmado a finales del año pasado, cuando Jan ya era candidato.

Como si fuese tierra de nadie las organizaciones políticas se han alineado a los Topic en un llamado al juego limpio, yo prefiero el titular “Grupo depredador le exige al Estado el pago de contratos para gastarlo en su campaña”.

Jueza dispuso devolución de 13.5 millones a Tomislav Topic y Telconet

El 20 de octubre de 2023, la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales Córdova, resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos, seguida en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+), tío del exvicepresidente Jorge Glas.

En su resolución, la magistrada dispuso, además, la revocatoria de la medida cautelar, impuesta en febrero de 2019, que ordenó a Telconet –la compañía de Topic– a consignar al Estado USD 13.5 millones de dólares, a través de Inmobiliar. Es decir, dispuso que el dinero sea restituido a Telconet.

La jueza Parrales señaló que se excedieron los plazos señalados para la investigación y que no se obtuvieron elementos suficientes para la formulación de cargos. “No se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”, señaló la jueza.

La investigación por lavado de activos en contra de Topic y Rivera inició en septiembre de 2017 y se derivó de la trama de corrupción del Caso Odebrecht. Inmobiliar señala que USD 13’190.492,82 fueron consignados a sus cuentas para custodia temporal. “Actualmente la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria se encuentra realizando el proceso legal para el cumplimiento de la disposición judicial de restitución”, indicó la titular de esa entidad Shirley Muñoz, en respuesta a una solicitud de información enviada desde la Asamblea.

Odebrecht, Rivera, Glas, Glory y los Topic

Según la Fiscalía General del Estado el ex vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera recibieron el dinero de Odebrecht a través de tres empresas off shore: Columbia Management, Glory International Industry Co. Limited y Cosmac. Ese dinero pasó por las cuentas de Telconet de Tomislav y Jan Topic y por ello derivó en investigación adicional por lavado de activos en contra de Topic y Rivera.
En enero de 2019, el secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el subsecretario General de Acción Política, Iván Granda, y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, anunciaron que Telconet S.A., la empresa de Tomislav Topic, se había comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13, 5 millones “producto de la trama de corrupción que involucró a las empresas Odebrecht y Glory International Industry Corp.”

Los funcionarios, citando información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), revelaron que Odebrecht hizo varias transferencias a Glory International Industry Co. Ltd., domiciliada en Hong Kong, por un total de USD 13,5 millones; compañía que utilizada por Ricardo Rivera para recibir los sobornos entre los años 2012 y 2013 de la constructora brasileña.
“Los fondos eran posteriormente depositados en una cuenta en un banco estadounidense a nombre de Jan Topic (el ex candidato a la Presidencia), hijo de Tomislav Topic, gerente de Telconet S.A.”, dijeron las autoridades. Dijeron que ese valor sería invertido en el proyecto Pacific Caribbean Cable System, un cable submarino de fibra óptica que conectaría Ecuador con el Caribe y EE.UU. utilizando a Telconet de propiedad de Tomislav y Jan Topic para esconder estos fondos”, afirmaron.

Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.

Tomislav Topic reconoció que su empresa, Telconet, recibió los USD 13,5 millones en 2012 de la offshore Glory, aunque, afirmó no conocer que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de Odebrecht a Ricardo Rivera; y “como prueba de buena fe” se comprometió a entregar la millonaria suma al Estado. En marzo de 2019, cumplió con la entrega de los USD 13,5 millones.

Esa no fue la primera vez que Topic entregó dinero al Estado, ya lo había hecho en 2017, durante la investigación del Caso Odebrecht, Topic entregó a la Fiscalía General del Estado USD 2,5 millones. “Ofrecí consignar dineros que había recibido un acreedor nuestro de remitentes no reconocidos en el 2010”, dijo.

En las versiones rendidas dentro del caso por lavado de activos derivado del caso Odebrecht, tanto Tomislav Topic como su hijo Jan, reconocieron “haber tenido relaciones con inversionistas chinos, entre ellos Michael Ying, y relaciones comerciales con la empresa Glory International Industry, siendo el contacto el señor Ricardo Rivera con la finalidad de realizar un proyecto millonario en el país de cable submarino”.

Sobre esto, Ricardo Rivera señaló en su versión libre y voluntaria que conoció a Michael Ying y al delator de Odebrecht, José Conceição Santos, a través del empresario (+) José Alvear, identificado como el cajero de Glas.

Rivera dijo además que él puso en contacto a Ying con Topic para tratar temas de la inversión del cable submarino, gestión por la cual debía recibir una comisión de USD 4,7 millones. También relató que luego fue contactado por Conceição Santos para gestionar posibles inversiones por parte de Odebrecht en el cable submarino de Telconet, por esa gestión iba a recibir USD 1 millón de dólares. En total USD 5,7 millones.

En julio de 2017, en su versión libre y voluntaria, dentro del Caso Odebrecht, Tomislav Topic señaló, que entregó USD 5,7 millones en servicios a TV Satelital, la compañía de Ricardo Rivera, como “cortesía” por las gestiones de Rivera para que Odebrecht y un grupo chino invirtieran en Telconet.

Línea de Tiempo

  • 29 de septiembre del 2017

    Inicia investigación por lavado de activos

    La Fiscalía consideró que existía un presunto hecho punible de acción pública, que estaba relacionado con los hechos que se investigaron en el Caso Odebrecht.

  • 28 de enero de 2019

    Petición

    Como parte de las investigaciones, el fiscal de la Unidad de Antilavado de Activos No.5, Richard Alvarado, realizó una primera petición de acto urgente a fin de que un juez Penal del Guayas: “…se sirva autorizar del depósito en calidad de evidencia, el monto de USD 13.500.000 millones”.

  • 12 de febrero de 2019

    Segunda petición de acto urgente

    La Fiscalía realizó, por segunda ocasión, la petición de acto urgente. Misma que fue aceptada. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, Ricardo Barrera, resolvió: “…como medida cautelar de prohibición temporal de transferir o mover los fondos consistente en trece millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, que tiene en su poder la empresa Telconet, representada por el señor Tomislav Topic Granados, y cuyo accionista es Jan Topic Feraud, dinero que debe ser depositado por los ciudadanos antes mencionados en la cuenta bancaria a nombre de INMOBILIAR – Lavado de Activos”.

  • 14 de febrero de 2023

    Solicitud de archivo

    El fiscal Carlos Alarcón solicitó el archivo de la causa, alegando que se excedieron los plazos señalados para la investigación. “Se puede establecer que han transcurrido en exceso aproximadamente 5 años 4 meses hasta la presente fecha que se dio inicio la indagación previa la misma que ha sido de conocimiento de diferentes agentes fiscales, sin que exista un pronunciamiento que nos ordena el Código Orgánico Integral Penal. De este modo y en esta investigación en particular una vez que se han observado todos estos elementos, solicito a usted señor/a Juez/a de Garantías Penales, en aplicación a los artículos 586 y 587 del COIP, se digne disponer el archivo de la causa. (…)”, dice la solicitud de archivo.

  • 20 de octubre de 2023

    Archivo de la causa

    La jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Nelly Parrales Córdova, resolvió el archivo de la investigación previa por lavado de activos que se seguía en contra del empresario Tomislav Topic y Ricardo Rivera (+) y dispuso la restitución de los USD 13,5 millones a Telconet.

    La resolución señala que se excedieron los plazos señalados para la investigación, “y no se ha obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos”, además de que “no se observa que los ciudadanos Jan Tomislav Topic Feraud, Marion Tomislav Topic Granados y Ricardo Genaro Rivera Arauz, hayan ingresado al sistema financiero nacional dinero cuyo origen sea ilícito”, (…) no consta versión alguna que los incrimine, ni pericia alguna que lo haga presumir, ni se haya indicado si quiera el origen ilícito del dinero y activos perteneciente a las personas investigadas”.

    Parrales agregó que “en los informes de movimientos financieros ampliados, y el Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas remitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en la cual no se establece ninguna inconsistencia ni anomalía registra a las personas naturales (Ricardo Genaro Rivera Arauz, Topic Granados Marion Tomislav, Topic Feraud Jan Tomislav) y personas jurídicas (Telconet S.A).”

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Jorge Glas: Sus procesos penales, denuncia de acoso y hasta una pensión impaga por alimentos

Dieciséis meses y siete días pasaron antes de que Jorge Glas retorne a prisión para cumplir los casi tres años que le faltan para completar su sentencia por los delitos de asociación ilícita y cohecho y afrontar una nueva investigación fiscal por peculado y una demanda por acoso e intimidación.

Desde el 6 de abril de 2024, el dos veces vicepresidente de la República, ocupa una celda de máxima seguridad en la cárcel La Roca en Guayaquil, a donde llegó tras la irrupción de fuerzas especiales en la Embajada de México en Quito, que lo detuvieron para evitar que huyera en un avión militar mexicano para reencontrarse con sus compañeros de partido y de ideología que están asilados y exiliados en ese territorio y que también han sido procesados unos y sentenciados otros en el Ecuador.

Glas llegó a esta delegación diplomática el 17 de diciembre de 2023 bajo la figura de ‘huésped’. El Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró persona no grata y expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur, en respuesta a los comentarios del presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La reacción de México fue conceder asilo a Glas y exigir la entrega de un salvoconducto que fue negado.

El 6 de abril, fuerzas especiales de la Policía ingresaron a la embajada de México para detener a Jorge Glas. – El Universo

Con la convicción de que faltaba casi nada para concretar su huida a tierras mexicanas, horas antes de su detención en la sede diplomática, Glas publicaba triunfante en sus redes sociales: “No se puede vencer al que nunca se rinde”.

En sus últimas entrevistas, durante su periodo de libertad provisional, el exvicepresidente repetía desafiante que “la justicia debe ser sagrada y la libertad mucho más”, en alusión a su pelea por lograr la libertad, pues se autocalificaba como “un perseguido político y víctima del ‘lawfare judicial’ (persecución judicial)”. Ese era el discurso que intentaba posicionar en las intervenciones que pactó con medios locales y extranjeros, así como desde su espacio radial al que llamó ‘Glas en línea’. Sin embargo, en la práctica, para Glas, la justicia no fue sagrada. Cuando entró a prisión se rodeó de abogados que mientras recurrían a polémicos recursos legales y estrategias para ponerlo en libertad, como la compra de votos y conciencias de operadores de justicia, policías y fiscales, litigaban con estas mismas prácticas para liberar a los narcotraficantes y cabecillas de bandas narcodelictivas como Jorge Zambrano, alias Rasquiña de los Choneros y Leandro Norero Tigua de Los Tiguerones.

CASO ODEBRECHT

El 13 de diciembre de 2017, el exvicepresidente fue sentenciado por asociación ilícita a seis años de prisión, por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht mientras fue ministro de Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa. El mismo dictamen fue para su tío Ricardo Rivera, quien estaba relacionado con el sector de telecomunicaciones y dos exfuncionarios más del mismo régimen. Según la Fiscalía, los sobornos llegaron a estos personajes a través de empresas intermediarias.

Y así lo corroboró el pasado 10 de abril, el exejecutivo de Odebrecht José Conceicao Santos, en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde señaló que él sobornó a Jorge Glas y le entregó entre “USD $ 17 y USD $ 18 millones tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias”.

En la investigación de la trama de Odebrecht realizada en Ecuador, Tomislav Topic, propietario de la empresa Telconet, apareció en la ruta del dinero de sobornos. En 2019, en una de sus intervenciones públicas, Harrison Salcedo, entonces abogado defensor del exvicepresidente Glas, aseguraba que Tomislav Topic, nunca entregó aportes económicos para Alianza País, movimiento político del correísmo que auspició al binomio Lenin Moreno y Jorge Glas para llegar a la presidencia en el 2017.

En ese entonces el Tribunal de la Corte Nacional dispuso que, Glas y su tío, restituyan al Estado $16,1 millones, pero se restaron dos millones porque Topic dijo haber entregado a la justicia esos recursos, asegurando que “alguien” depositó en las cuentas de esta compañía los dos millones y los tenía inmovilizados desde el 2010.

CASO SOBORNOS

El 7 de abril de 2020 Glas recibió su segunda sentencia por corrupción, pero esta vez junto con su líder y
expresidente de la República Rafael Correa. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) compuesto por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, dictó ocho años de prisión para estos dos políticos como autores del delito de cohecho pasivo en el caso que la Fiscalía lo tituló como Sobornos
2012-2016, donde se revelaron los aportes de compañías multinacionales, entre ellas, Odebrecht, Sinohydro y Telconet, al movimiento político de Rafael Correa y también para lograr contratos con el Estado.

Como coautores sentenciaron a otros funcionarios del correismo: Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; los ministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Pamela Martínez. En total fueron sentenciadas 19 personas.Harrison Salcedo intentó nuevamente en mayo, con una acción constitucional de habeas corpus la liberación de Glas, argumentando problemas de salud y para cuidar su integridad física. El recurso fue negado.

Jorge Glas y Rafael Correa fueron sentenciados a 8 años de prisión como autores del delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. – El Universo

En agosto, Glas contrató al estudio jurídico FandeT  Law Firm para que lo represente en su recurso extraordinario de casación  y que en una codefensa con su abogado Harrison Salcedo lograr su  libertad. El director principal de este bufete Cristian Romero Moya se encargó de la estrategia de defensa que no fue efectiva, porque el 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de prisión para Glas y los 18 involucrados en diferentes grados del delito de cohecho.Dos meses antes, Salcedo había logrado la prelibertad de Jorge Zambrano, Alias Rasquiña, cabecilla en ese entonces del grupo narcodelictivo Los Choneros. Pero para acceder a este recurso, antes el juez Luis Tamayo Arana, le redujo la pena que cumplía por asesinato de 20 a 8 años de cárcel. Este juez es tío de Xavier Novillo, mano derecha de otro de los líderes narcos, Leandro Norero.

CASO SINGUE

El 25 de enero de 2021, Glas fue sentenciado a 8 años de prisión junto con el ex ministro de Energía Carlos Pareja Yannuzzelli y otros cinco exfuncionarios por el delito de peculado en la contratación irregular de servicios de exploración y explotación del campo petrolero Singue que se adjudicó al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda y la firma Gente Development LLC, durante el gobierno de Rafael Correa.  “Como máximas autoridades del sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado en beneficio propio y de terceros”, sentenció el tribunal de la CNJ.

Con tres sentencias a cuestas, en abril de 2022, Diego Moscoso, juez de Manglaralto, ordenó la liberación inmediata de Glas mediante el recurso de habeas corpus, lo que le permitió dejar la cárcel de Latacunga. Pero la decisión fue anulada por una apelación del gobierno de Guillermo Lasso.

Antes de ingresar nuevamente a prisión Glas estaba seguro de que recobraría su libertad: “no voy a huir, yo me quedo, me he entregado por dos veces a la cárcel y aquí sigo, porque tengo que limpiar mi nombre… pero volveré a salir”,

En mayo de 2022 el exvicepresidente volvió a entregarse a la justicia y esta vez logró quedarse en la cárcel 4, en Quito, donde enseguida recibió una demanda de alimentos para que junto con sus dos hermanos (Heriberto y Silvia) se hagan cargo de la pensión alimenticia del hijo de su padre, Jorge Glas Viejó, quien murió en febrero de ese año. Glas Viejó, fue declarado culpable del delito de violación a una niña de 12 años, quien tuvo a su bebé. La justicia ordenó que el padre del exvicepresidente debía pagar una pensión alimenticia de $ 300.  En noviembre de 2021, fue la última vez, que el niño que hoy tiene 13 años recibió pensión.

Pasó poco tiempo para que se activara una agresiva acción de la defensa de Glas con la presentación de acciones constitucionales. En agosto de 2022, el estudio jurídico FandeT Law Firm actuó para Glas y paralelamente con habeas corpus para su otro cliente, Leandro Norero. El abogado Jonathan Aguinda Shiguango, experto en derecho penal y constitucional presentó en audiencia del 5 de ese mes, el recurso de habeas corpus para la libertad de Glas. El juez Banny Rubén Molina, de Manabí, lo aceptó y ordenó la liberación de Glas y de paso de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria que hoy es procesado en el caso Metástasis.

Este tema fue de interés del capo Norero, procesado por lavado de activos e investigado por narcotráfico, que llegó a la cárcel de Latacunga en mayo de 2022 y fue asesinado en octubre de ese año por otros internos. Según los chats que se extrajeron de sus cinco teléfonos celulares y que constan en el caso Metástasis, Norero estaba interesado en entregar dinero para la libertad de Glas y se propuso un monto de $ 250.000 que no se concretó, según Hélive Angulo, testigo protegido y administrador de los bienes del narco.

El 9 de agosto, según esos chats, Norero conversó con Xavier Jordán, otro de los procesados en Metástasis por delincuencia organizada y vinculaciones con el narcotraficante, sobre la posible salida de Glas de la cárcel de Latacunga.

Jordán: El habeas corpus de Glas ya está en el registro judicial.

Norero: Si ya tienen las boletas mañana salen.

Jordán: 50 lucas me costó esto porque es una jugada maestra. Jg sale hoy.

Norero: Ese loco que salga y se vaya de una del país.

Las boletas a las que se refiere el narco Norero en este diálogo periciado fueron alteradas. Según el Consejo de la Judicatura, los abogados Edison Loaiza, Hugo Lara Olmos y Jonathan Aguinda (estos dos últimos procesados en el caso Plaga) presentaron las boletas de excarcelación de Glas y de Daniel Salcedo en la cárcel 4 de Quito sin formato, sin código QR y la de Jorge Glas tenía error en uno de los diez números de su cédula de identidad. En el sistema de la Judicatura, nunca encontraron las boletas. Además, se acusó a Banny Molina de emitir esos documentos cuando se le suspendió en sus funciones de juez.

Si bien Glas y Daniel Salcedo no salieron de la cárcel en ese entonces, hace pocos días (el pasado 26 de marzo) se conocieron detalles inéditos de cómo se habría coordinado los planes, entre un poderoso personaje político y narco delincuentes, para liberar a Glas. En su testimonio anticipado, Marcelo Lasso Saavedra, compañero de celda de Norero, relató que fue testigo de varias conversaciones entre el expresidente Rafael Correa y Norero sobre “la libertad de Jorge Glas”.

“Leandro y Salcedo, estaban invirtiendo en la libertad del señor Glas con fines políticos, sabían que eventualmente algún día les iba a servir. Yo ví las video llamadas, yo escuché, vi su cara (de Correa), yo pasaba en la celda con Norero. Le decía Mashi”, según el testigo Lasso Saavedra.

Meses después, los esfuerzos por liberar a Glas volvieron al terreno de sus abogados. El 10 de noviembre de 2022, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, nulitó el caso Singue y dejó sin efecto la sentencia por la “caducidad del caso” y el exvicepresidente y quienes llevaban su defensa legal: Cristian Romero, Jonathan Aguinda y Hugo Lara, reactivaron el pedido para que la sentencia de ocho años (caso Sobornos) absorba a la de seis años (caso Odebrecht) y pueda acceder a la prelibertad. Se presentó un nuevo habeas corpus y medidas cautelares que fueron negadas.

El 26 de noviembre, según Álex Palacios, director nacional de asesoría jurídica de la Judicatura, acompañó al presidente de ese entonces Wilman Terán a Santo Domingo de los Tsáchilas y se hizo la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glas a la abogada Anabel Torres para que el juez Emerson Curipallo falle a favor de Glas. “La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán en su computadora y le entregó en un pendrive”, relató Palacios investigado en el caso Metástasis y que hoy forma parte del programa de Víctimas y Testigos dirigido por la Fiscalía.

Y así pasó, el 28 de noviembre de 2022 el juez Emerson Curipallo, ordenó la liberación provisional de Jorge Glas. Al momento Curipallo, quien perdió condición de juez, está procesado en el caso Metástasis por liberar a sicarios alias ‘Madrid’ y alias ‘Cuyuyuy’, que estaban al servicio del narcotraficante Leandro Norero.

En enero de 2023, la justicia decidió que Jorge Glas cumpla solo 8 de los 14 años que sumaba en condenas de corrupción y la Fiscalía anunció que lo procesará por el presunto delito de peculado por el mal uso de recursos recaudados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016 que devastó extensas zonas de la provincia.

Los abogados volvieron a actuar y presentaron recursos para dilatar la instalación de la audiencia de formulación de cargos y el 18 de diciembre de 2023 Glas se refugió en la Embajada de México. Ese mismo día, recibió la noticia de la negativa a su pedido de prelibertad y se ordenó que el exsegundo mandatario vuelva a prisión para cumplir los casi tres años que faltan por sus sentencias de corrupción.

CASO RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ

El 1 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado anunció la investigación del caso Reconstrucción de Manabí y por tres ocasiones intentó formular cargos contra Jorge Glas, Carlos Bernal, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción y Pablo Ortiz, el exgerente de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, hasta que el 5 de enero de 2024 se logró la instalación de la audiencia y el juez dictó prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas.

La Fiscalía solicitó la vinculación de otras seis personas al proceso y este 12 de abril, pidió prisión preventiva para Walter Solís, exministro de Transporte. Él está refugiado en México desde 2021 por su sentencia en el caso Sobornos. Para otros cinco involucrados en la investigación se solicitaron medidas cautelares.

El sustento del caso es por un supuesto desvío de $ 367 millones que se recaudaron con la vigencia de la Ley de Solidaridad para beneficio de terceras personas naturales, contratistas y fiscalizadores que ejecutaron otro tipo de proyectos que no cumplían los requisitos de la emergencia por el terremoto del 2016.  Jorge Glas era el presidente del Comité de Reconstrucción.

Entre el 2019 y 2020, la Fiscalía recibió de la Contraloría General del Estado los resultados de un examen especial a los contratos suscritos para la construcción del parque Las Vegas ubicado en Portoviejo y la construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento, $68 millones, salió de los fondos de la Ley de Solidaridad que eran recursos para enfrentar las consecuencias del terremoto.

Además, recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre 584 proyectos que el Comité para la Reconstrucción priorizó “sin sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción”.

CASO SOLEDAD PADILLA

La ex funcionaria demandó a Jorge Glas por acoso. La Fiscalía inició la investigación previa hace seis meses – El Universo

El exvicepresidente Jorge Glas enfrenta desde octubre de 2023, una denuncia por acoso e intimidación presentada por su excolaboradora Soledad Padilla. Desde 2008, Padilla, trabajó con Glas, en el Ministerio de Sectores Estratégicos, Ministerio de Telecomunicaciones, el desaparecido Fondo de Solidaridad y finalmente en la Vicepresidencia de la República con Rafael Correa (2006 a 2016) y con Lenin Moreno (2017).

Esta denuncia en la que Padilla acusa a Glas de “hostigamiento, amedrentamiento y amenazas”, se encuentra en investigación previa. La Fiscalía ha practicado diligencias para reunir elementos antes de la formulación de cargos. Esta fase se encuentra en reserva.

Glas hizo lo mismo y presentó una denuncia en contra de Padilla por extorsión.

ÚLTIMO INTENTO PARA SALIR EN LIBERTAD

A pesar de que el 29 de febrero de 2024 la Corte Constitucional revocó las medidas cautelares a Glas y otras dos decenas de personas con sentencias ejecutoriadas por salir en libertad de manera irregular, el exvicepresidente a través de sus defensores presentó nuevamente un habeas corpus que le fue negado este 12 de abril de 2024.

Última audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Jorge Glas para buscar su libertad. Sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, negó este pedido. – Diario Expreso

Aunque la Sala Especializada de la Niñez y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, en su resolución final dijo que la “detención (de Jorge Glas) en una misión diplomática fue ilegal y una arbitrariedad, no dio paso al mencionado recurso constitucional.

“…Correspondería disponer la libertad, no obstante, como se ha justificado en la audiencia, existen sentencias condenatorias y causas juzgadas, cuyas penas están unificadas y este Tribunal no puede modificar las condenas, por ello no es procedente conceder la libertad”, concluyó la Sala que se negó a pronunciarse sobre la legalidad del asilo diplomático entregado por México al sentenciado Glas, porque “eso es cuestión de competencia diplomática y autoridades de cada país”.

#JorgeGlas
#HabeasCorpus
#Asilo
#México
#Narcotráfico



Miles de cocinas chinas embodegadas y decenas de millones en perdidas

55,35 millones de dólares es el valor de los tres contratos que el Estado ecuatoriano firmó en 2015 con las empresas chinas Haier y Guandong para dotar a la población de 342 mil cocinas de inducción.

Siete años después no existe claridad en el número de cocinas de este tipo que realmente se entregaron; informes estatales establecen que apenas 62,570 llegaron a beneficiarios desde el inicio del plan y el resto debemos suponer que se encuentran al cuidado de empresas privadas que le cobran al Estado por sus bodegas en algún lugar de Guayaquil. Quiere decir que cientos de miles cocinas de inducción no han podido ser vendidas ni canalizadas a los programas sociales en tres gobiernos, mientras permanecen  guardadas a la espera de su destrucción por el olvido.

El 28 de febrero de 2015 el Ministerio de Electricidad ordenó a la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP la contratación agresiva de un millón de cocinas de inducción para entregarlas a consumidores del sector residencial en todo el país. En marzo de ese año el Subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, manifiestó que que el “Programa de Cocción Eficiente», se financiaría con $250 millones provenientes del Expor-Import Bank of China.

Con las aprobaciones de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) iniciaron  las contrataciones: el 27 de mayo de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia energética de CNEL EP y la empresa china HAIER Global Business Corporation Limited, suscribieron el contrato RE-CNELEFE-002-15 para la adquisición de 20.000 cocinas de inducción encimeras, por el monto de $2.920.000.

El 22 de julio de 2015, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., suscribieron el contrato RE-CNELEFE-0003-15 por 10.000 cocinas de inducción encimeras, valorado en $1.460.000.

Inauguración de Ecuacyclo y Midea, En ese momento Ministro Richard Espinosa
El Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, en la inauguración de la planta de producción de cocinas ‪#‎Midea‬

El 06 de agosto de 2015, la misma Unidad de Negocio de Eficiencia Energética sucribió con  Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing CO. LTDA., el contrato RE-CNELEFE-004-15 para la adquisición de 186.000 cocinas de inducción tipo encimeras y 126.000 cocinas de inducción con horno, más el servicio técnico post venta, por el monto de USD 50.970.000,00.

Del millón de cocinas que el gobierno de entonces propuso adquirir llegaron a Ecuador 342.000; de ese número algunas fueron chatarrizadas, otras vendidas, unas pocas donadas y el resto están en una bodega rentada en Guayaquil.

Feria de socialización Cocinas de Inducción Tulcán

Al año siguiente continuaron las compra de utencillos: el 12 de abril de 2016, la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la empresa Corpmunab S. A. suscribieron el convenio de pago Nro. 003-2016-CP, por la adquisición de 10.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por el monto de $293.600,00.  El 09 de mayo suscribieron un convenio adicional (004-2016-CP), por 16.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $469.760,00. El 16 de junio CNEL EP y Corpmunab S. A suscribieron el contrato de 20.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por  640.000,00.

Finalmente el 1 de septiembre de 2016 la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética y la misma empresa suscribieron el contrato (RE-CNELEFE-001-16) para adquirir 50.000 juegos de ollas para cocinas de inducción, por $ 1.468.000,00.

En la actualidad el programa se encuentra en fase de cierre desde julio de 2021 sin un horizonte sobre el destino que tendrán los equipos de inducción almacenados y con cuestionamientos desde la Contraloría General del Estado sobre los procesos contractuales celebrados para la importación de las cocinas y las ollas de inducción.

Cómo empezó todo

Como todos los programas emblemáticos impulsados por la revolución ciudadana, el primer hito para viabilizar el financiamiento, las contrataciones, las adquisiciones y otros procesos que debía cumplir el gobierno para ejecutar dichos programas es la venia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El 31 de diciembre de 2013 se emitió el dictamen de prioridad al Programa de Cocción Eficiente con oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-1408-OF. Se definió como objetivo del programa: sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas eléctricos de calentamiento en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico.

El diseño de la normativa y la preparación de la estrategia de lanzamiento tomaron su tiempo. Todos los ministerios, empresas públicas y otras dependencias del gobierno central se alinearon a la propaganda que promovía las bondades del supuesto cambio de la matriz energética. Por el lado de la oferta se ponderaban los ahorros y los aportes que significarían para la economía la construcción y puesta en marcha de ocho megaproyectos hidroeléctricos. Mientras por el lado de la demanda se publicitaban otros proyectos que apuntaban a eliminar el uso de gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial para reemplazarlo con la electricidad generada por las hidroeléctricas y como consecuencia terminar con el subsidio al gas de uso doméstico.

Respecto al consumo de electricidad, en esa época se distribuía en 39,6% para el sector industrial, 29,6% para el residencial, 22,3% para el comercial y de alumbrado público y 8,4% para la construcción.

La tendencia de la demanda de gas y electricidad era de crecimiento continuo y los programas que según el gobierno permitirían alcanzar la eficiencia energética eran el de cocción eficiente; autos híbridos y eléctricos; calentamiento de agua con electricidad, entre otros.

En este contexto el 9 de septiembre de 2014, la cartera de Electricidad estableció y reguló el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial (PEC).

Fabrica cuencana fibroacero durante la producción de las cocinas de inducción.
Fotos: Andrés Reinoso/El CIudadano.

A partir de las potestades que se establecieron en dicho acuerdo ministerial como son las de asignar, calificar y controlar todos los procesos operativos, Esteban Albornoz, titular de la mencionada cartera de Electricidad dispuso a CNEL EP, el 28 de febrero de 2015, la contratación de un millón de cocinas de inducción, con financiamiento del Estado. Pocos días después y con el fin de operativizar las actividades que demandaba el PEC, el 5 de marzo de 2015, la gerencia de la CNEL EP resolvió crear la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética (UN-EFE).

Esteban Albornoz en campaña de socialización de las cocinas de inducción.

El siguiente paso fue la suscripción de convenios entre el Ministerio de Electricidad y la UN-EFE con las Empresas Eléctricas de Distribución, Unidades de Negocio de CNEL y casas comerciales, para la venta a clientes finales o entrega gratuita de los equipos de inducción a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Luego de haberles remitido invitaciones directas a seis empresas chinas para que provean cocinas de inducción al Estado, la CNEL, amparada en el mecanismo de giro específico del negocio, adjudicó contratos para la importación a HAIER Global Business Corporation Lted., Guangdong Midea Kitchen y Suzhou Kenmec Electric.

Los contratos de mayor valor y que sumaban 322 mil cocinas de inducción fueron suscritos con Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltda.  El otro contrato RE-CNELEFE-002-15, del 27 de mayo del 2015, fue para Haier que debía entregar 20.000 cocinas de inducción encimeras por un valor de $2.920.000.

En la importación de ollas de inducción participó la empresa ecuatoriana CORPMUNAB S.A., mediante varios contratos y convenios de pago por un total de 76 mil juegos de ollas cuyo valor fue de $2,23 millones. El primer contrato que la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética de CNEL firmó el 16 de junio de 2015 con esta casa comercial para la adquisición de 20 mil juegos de ollas de inducción tuvo un valor de $US 640 mil. Al año siguiente firmó tres convenios de pago por 10 mil, 16 mil y 50 mil juegos de ollas adicionales, por $US 293.600, $US 469.760 y $US 1´468.000 respectivamente.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de la Programación Presupuestaria Cuatrienal vino también la actualización del dictamen de prioridad del PEC por parte de Senplades el 17 de agosto de 2015 (Oficio nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF). El organismo de planificación también aprobó el perfil de quienes debían beneficiarse del programa PEC con la entrega de equipos de inducción gratis. Como producto de esto el 15 de septiembre de 2015 la cartera de Electricidad (Acuerdo Ministerial No. 264)  determinó que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que se encuentren en la base del Registro Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social recibirán en forma gratuita kits de inducción compuestos por: una cocina, un juego de ollas y la instalación del circuito interno a 220 voltios.

El programa PEC nació con el objetivo de aumentar la participación de la energía eléctrica en otros usos, como el de la cocción de alimentos, y para ello el gobierno de ese entonces estableció que en un período de 10 años (es decir hasta el 2023) se incorporen 3´035.128 cocinas de inducción. En ese entonces significaban más del 90% de todos los abonados a nivel nacional. Hoy en día, si este proyecto hubiera tenido el impacto esperado, esos 3 millones de beneficiarios serían el 55% de todos quienes tienen acceso al servicio de energía eléctrica, que según estadísticas del Ministerio de Energía suman 5´505.000 abonados.

Tal objetivo no se cumplió. En un documento elaborado por el Ministerio del ramo a septiembre de 2020, al que PI. tuvo acceso, se reporta que “en aproximadamente 3 años de ejecución del programa PEC (2015 – 2018), las ventas y canjes registrados representan un total de 62.570 cocinas de inducción”. Y aún si estos procesos se reactivaran “se requeriría al menos cuatro años para despachar el inventario total de cocinas de inducción que custodia CNEL EP, con los subsecuentes costos por operación logística, servicio posventa y otros costos asociados a la comercialización”.

Es decir, en el mejor de los escenarios se podría dejar en cero ese inventario en el último trimestre del 2024, con los costos que eso significaría para el fisco, pues en este documento el ministerio advierte que hay una alta probabilidad de que en el caso de las cocinas y ollas de inducción que se logren vender los precios de venta pueden ser menores a los inicialmente establecidos por la reducción de precios de mercado, la devaluación tecnológica por año de fabricación y la pérdida de garantía del fabricante.

Tampoco los programas sociales gubernamentales han tenido un alto potencial de recepción de estos equipos de inducción, pues según la cartera de Energía, los canjes o entregas gratuitas a los beneficiarios del BDH entre los años 2015 y 2018 totalizaron solo 7.173 cocinas de inducción y juegos de ollas.

A lo dispuesto en septiembre de 2015 por el Ministerio de Electricidad que incorporó a los beneficiarios del BDH como destinatarios de los kits de inducción se agregó otra disposición cinco años después: mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2020-0005-AM, el Ministerio de Energía decidió “ampliar el segmento de los beneficiarios del Programa de Cocción Eficiente para la entrega gratuita de cocinas importadas por el Estado a otros programas sociales que impulsa el Gobierno Nacional.”

Pese a existir este marco legal para aumentar los destinos de los equipos de inducción hacia más programas sociales, los directivos del Ministerio de Energía siguen encontrando trabas para despachar los stocks de cocinas y ollas que aún permanecen embodegados, pues observan que “en reunión mantenida el 16 de junio de 2020, el gerente del programa PEC informó a la UN EFE que el plan de entrega al programa Casa Para Todos, prevé únicamente la donación de 15.000 kits de inducción”.

Otro medio de verificación del fracaso del PEC son las propias cifras oficiales que no concuerdan con la información que tiene este portal. En la última ficha informativa del programa, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, la cantidad total de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC[1] suman 595.146, al 30 de noviembre de 2022, un número oficial de cocinas superior a los establecidos en contratos que hemos accedido y detallado en los anteriores párrafos. Quiere decir que existe información que no se ha logrado consolidar con claridad.

Además, algunas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en sus reportes desde 2016 resaltan: “se observa un bajo interés de los usuarios por solicitar la instalación de los circuitos expresos en el SIPEC”. Este reporte es de la Empresa Eléctrica Quito y las instalaciones a las que se refiere corresponden a las demandadas para las cocinas de inducción.

Publicaciones de prensa también reportan que a partir de 2017 se evidencia una reducción significativa en la cantidad de solicitudes de usuarios para instalar medidores de 220 voltios, que son los requeridos por las cocinas de inducción, pues el número de solicitudes pasó de 120.267 durante el 2015, a 20.138 en el 2018 y durante los siguientes años en CNEL los valores son mínimos. La empresa pública CNEL provee de energía eléctrica a 2.5 millones de clientes residenciales, un poco más de la mitad de todos los usuarios del servicio a nivel nacional.

15 cuestionamientos de Contraloría para el PEC

El examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los bienes y servicios adquiridos y relacionados con el Programa PEC, se realizó al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), sus unidades de negocio, empresas eléctricas y entidades relacionadas (período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018).

En este informe, aprobado el 19 de diciembre de 2019, los auditores encontraron que en tres de los procesos de contratación para la compra de cocinas de inducción (RE-CNELEFE-002, 003 y 004-15) a las empresas chinas Haier Global Business y Guangdong Midea Kitchen, no se cumplieron los principios de legalidad, trato justo, igualdad, transparencia y participación nacional para precautelar los recursos públicos.

La comisión técnica de CNEL no verificó que la empresa Haier Global Business cumpla con uno de los requisitos exigidos en los pliegos de contratación, pues se le adjudicó el proceso RE-CNEL-EFE-002-15 a través del cual se adquirieron 20 mil cocinas de inducción encimeras, sin que la compañía china acredite que tiene las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO 14001 para las plantas de producción de cocinas de inducción encimeras. Además, no se encontraba inscrita en el Registro Único de Proveedores. Por lo tanto, no contaba con la documentación mínima requerida en el proceso.

El administrador de la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y los apoderados de las empresas Guangdong Midea Kitchen y Haier Global Business, el 5 y 11 de agosto de 2015, respectivamente, suscribieron los contratos para la adquisición de cocinas de inducción, incluido el servicio el servicio técnico post – venta, por $US 50´970.000 y $US 19´990.000 respectivamente. Ambos contratos suman $US 70,96 millones. No obstante, el administrador de la UN EFE no estaba autorizado a firmar contratos de estos valores. El poder especial que recibió el 8 de junio de 2015 le facultaba a contratar, sin la autorización del gerente general de CNEL, la ejecución de obras y prestación de servicios que no superen los $US 7 millones por proceso.

La Contraloría también identificó que CNEL incurrió en gastos que no se justifican por nacionalización de las cocinas de inducción importadas, pues asumió el pago de $US 401.357,96 por gastos de almacenaje, bodegaje, licencias y honorarios de agente de aduanas.La contratista demoró en entregar la documentación indispensable para el proceso de nacionalización de 25 embarques, especialmente el Certificado de Conformidad del Producto (CQC), mientras los técnicos que participaron en la revisión, verificación y aprobación de las liquidaciones económicas no tuvieron un criterio unificado y una metodología para establecer qué gastos de nacionalización de cada embarque debían ser asumidos por la UN EFE y por la contratista, según sus responsabilidades en el contrato.

Otro de los cuestionamientos de la Contraloría fue que desde la suspensión de las ventas y canje de las cocinas de inducción importadas para las empresas eléctricas de distribución y Unidades de Negocio, los funcionarios de la UN EFE no hicieron un control permanente de la administración de inventario, ni realizaron procesos de baja y chatarrización de los bienes entregados en canje. En consecuencia, “se encuentran embodegadas y sin rotación de inventario 3.014 cocinas encimeras y 81.634 cocinas con horno, además de 4.136 cocinas a gas, 2.283 cocinetas, 5.624 bombonas, 257 cocinas industriales y 476 válvulas recibidas como canje de los beneficiarios de los bonos de desarrollo humano”.

Cartera vencida de las empresas eléctricas

En marzo de 2017 el Ministerio de Electricidad identificó que en 11 Unidades de Negocio de CNEL la mora de los usuarios del PEC se ubicó en $US 6’011.480. La mayor cantidad de esa cartera vencida se concentró en las empresas eléctricas de: Guayaquil con 84.000 cocinas vendidas que significaron un monto impago de $US 1’145.000; Manabí con 34.000 cocinas que representaron una mora de $US 1’015.000; Los Ríos con 17.230 cocinas y un monto impago $US 826.000.

Frente a esto se impulsó una agresiva política de comercialización que prácticamente obligaba a los usuarios a adquirir las cocinas a inducción, provocando denuncias ante la Defensoría del Pueblo y sentencias judiciales por vulneración de los derechos de los abonados, pues muchos de ellos terminaron pagando elevadas planillas eléctricas por el costo de las estufas. Algunos incluso firmaban un documento pensando que era el recibido de las cocinas y realmente era un pagaré. En otras ocasiones las empresas eléctricas ni siquiera les había instalado la acometida de 220 voltios y los abonados no tenían a quién devolver las cocinas.

Ante este panorama las autoridades de energía decidieron empezar el desmontaje del programa PEC, aunque con pocos avances en el camino.

Con memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019, el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó a la gerencia del Programa PEC: «(…) ejecute las acciones operativas y administrativas necesarias para terminar de manera ordenada las obligaciones contraídas por este Ministerio en el marco del Programa de Cocción Eficiente”.

El estado en que inició este proceso daba cuenta de que se efectuaron ventas y canjes de cocinas de inducción por un total de 62.570 items.

Además, la Unidad de Eficiencia Energética UN EFE custodia un stock aproximado de 82 mil cocinas de inducción y 37 mil juegos de ollas para inducción, distribuidos en dos partes.

La mayoría de estos bienes se encuentran en las bodegas de la compañía de transporte LOGISTCS S.A., ubicadas en Guayaquil, lo que representa a CNEL EP un gasto mensual por operación logística (administración de inventario y bodega) de $US79.147 (incluido IVA).

La otra parte de los bienes permanece almacenada en las empresas eléctricas de distribución, unidades de negocio de CNEL EP y casas comerciales, como resultado de los convenios suscritos para este propósito. Son 771 cocinas con horno y 1.914 cocinas encimeras.

Estas últimas cantidades son referenciales y siguen siendo verificadas conforme la UN-EFE avanza en el proceso de conciliación de inventarios para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

La UN EFE se encuentra realizando la conciliación de ventas, canjes, devoluciones y transferencias de los kits de inducción de 11 Unidades de Negocio, 8 Empresas Eléctricas de Distribución y 11 Casas Comerciales. Pero persiste la demora en la revisión de los registros en los sistemas facturación y de inventarios. A criterio de la UN EFE, entre las razones de tal demora están sus “problemas de gestión documental de los expedientes físicos y digitales, correspondientes a los más de cinco años de operación de la Unidad”.

Además de la falta de expedientes organizados, la Unidad de Eficiencia Energética sostiene que la falta de personal ha imposibilitado la liquidación de obligaciones y cierre de 30 convenios tripartitos que ya han finalizado su plazo. Estos convenios fueron suscritos entre el Ministerio de Electricidad, la Unidad de Eficiencia Energética de CNEL y las empresas de distribución eléctrica para la importación de los kits de inducción. Otro efecto de la limitación de recursos humanos serían las dificultades para realizar acercamientos con entidades del sector público como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador y Juntas Parroquiales del Ecuador con el fin de conocer los proyectos habitacionales que tienen en ejecución o en planeación, alcanzar un convenio interinstitucional y así concretar la entrega de los kits de inducción.

Lo cierto es que tras las importaciones de cocinas y ollas de inducción realizadas entre 2015 y 2016, no se cuenta con datos actualizados sobre cuántas están embodegadas, cuántas ya no sirven y han sido chatarrizadas o cuántas han sido entregadas en canje mediante programas sociales.

La última ficha informativa del PEC (actualizada a noviembre de 2022) este programa permaneció literalmente congelado desde julio de 2019 mientras se resolvían temas presupuestarios y las dificultades ocasionadas por falta de personal.

[1] El SIPEC es un sistema de registro alojado en el portal web “Ecuador Cambia” en donde los usuarios ingresan sus solicitudes para cambios de acometidas y medidores, instalación de circuitos expresos (para el programa PEC), acceso a incentivo tarifario para cocción o calentamiento de agua.

Administradores de la Unidad de Negocio de Eficiencia Energética
  1. Andrés Fernando Tapia Faggioni
  2. Pablo Arturo Falconi Ayora
  3. Christian David Parra Pombosa
  4. Ana Lucía Játiva Yánez
  5. Rommel Patricio Aguilar Chiriboga
  6. Xavier Renán Zambrano Aragundi

Cocinas chatarra y el robo de cilindros de gas

En el mes de diciembre del 2020, la UN EFE dispuso el traslado de 5624 cilindros para gas licuado de petróleo, desde el Parque Industrial Sur de Quito, a la Terminal El Chorrillo EP PetroEcuador, Guayaquil, producto del convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.

En el mes de enero del 2021, de acuerdo al informe presentado por el Técnico de Administración Técnica de la UN EFE, uno de los vehículos que transportaba 1125 cilindros para gas licuado de petróleo, fue abordado en el cantón El Empalme, el mismo que fue encontrado más tarde sin los 1125 cilindros.

En el mes de enero del 2021, la UN EFE ejecutó la disposición final de 4428 cocinas de inducción en mal estado. En el mes de mayo del 2021, se dispuso la chatarrización de 614 cocinas de inducción y 14 juegos de ollas para cocinas de inducción en mal estado.

Correa financió la segunda vuelta de Lenín y Glas con dinero de la Senain

La Secretaría Nacional de Inteligencia desvió fondos de gastos especiales a la campaña de segunda vuelta de Lenin Moreno y Jorge Glas, con autorización de Rafael Correa y la operación de Rommy Vallejo. El informe de la Senain, al que accedió este portal registra millonarias cifras que incluyó pago de telefonía celular de Lenin Moreno y su familia, la entrega de cientos de miles de dólares a Santiago Cuesta para cubrir encuestas e incluso la movilización al estadio Atahualpa y el ataque al candidato Guillermo Lasso, en un partido de fútbol de la selección nacional.

El 19 de febrero de 2017, cuando Lenín Moreno y Guillermo Lasso pasaron a disputar la segunda vuelta electoral, Rafael Correa ya había ordenado a la Secretaría Nacional de Inteligencia iniciar una violenta campaña contra Guillermo Lasso usando dinero de gastos especiales. El plan fue llamado “Proyecto Especial: 1, 2 y 3 para la campaña del binomio Moreno-Glas”.

El paso al balotaje no estaba en la agenda del correísmo, que había asegurado el triunfo presidencial en una sola vuelta. Sin embargo, los resultados no jugaron a favor del oficialismo y fue el propio presidente Correa quien tuvo que reconocer una segunda vuelta entre Moreno y Lasso. «Nos quedamos a medio punto de ganar en una sola vuelta», dijo Correa. En esas condiciones y vaciadas las arcas financieras de la campaña, debió orientarse la mirada económica a una fuente segura y cercana: la Senain.

El contenido de este informe, al que Periodismo de Investigación accedió casi en su totalidad, fue ratificado por una autoridad de inteligencia de ese entonces, que pidió total reserva de su nombre.

Varios nombres que aparecen mencionados en estos documentos, también fueron identificados en el informe Arroz Moreno (financiamiento de la consulta popular de 2018), publicado en junio de 2020, por La Posta, y posteriormente cuando la fiscalía realizó allanamientos e incautó dispositivos en los que se encontró amplia información relacionada al caso. Esos documentos se calificaron como reservados por un juez de la Corte Nacional, en octubre del 2020.

Lea aquí: REPORTES DE CAMPAÑA RATIFICAN IRREGULARIDADES EN ARROZ MORENO

El Proyecto especial

Los gastos relacionados con operaciones de inteligencia y contrainteligencia deben ser conocidos y autorizados por el Presidente de la República, toda vez que la Senain depende directamente del ejecutivo.

El plan de campaña de la Senain inició el 7 de marzo de 2017, desde ese día se registraron, diariamente, desembolsos que van desde los $300 hasta $800,000. Los montos superan con facilidad los seis millones de dólares en total.

Uno de los primeros personajes en recibir esos recursos fue Santiago Cuesta para el levantamiento de tres encuestas. Fueron $225,000 en tres entregas de $75,000 los días 7, 13 y 21 marzo. El dinero llegó a manos del equipo de Jordi Segarra, el asesor que quedó al descubierto en enero de 2019 cuando este portal publicó un amplio informe sobre la ruta del dinero del presidente Lenín Moreno, que luego se llamaría el Informe Majano y que identificó la entrega de $1,5 millones de la Senain, a la campaña de primera vuelta de Moreno y Glas.

El miércoles 8 de marzo, Paulina Proaño, recibió $60,000. Ella es también identificada en el caso Arroz Verde, y se la relaciona como “Jefa de campaña”.

Desde el 2011, Proaño estuvo en los roles de pago de varias instituciones. En el Ministerio del Interior fue directora ejecutiva. En el Ministerio de Justicia, directora técnica de la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social. En el Ministerio de Salud, directora del Sistema de Pensiones del IESS, en el Centro de Inteligencia Estratégica fue coordinadora administrativa y financiera, y en la Asamblea trabajó con Gabriela Ribadeneira.

Entre el 7 y 21 de marzo se desembolsó $445,152.

Entre los rubros que se detallan en el informe de la Senain hay valores no justificados por casi un millón de dólares ($950,000) se mencionan operaciones de redes sociales a cargo de Carolina (Caro) Espinosa bajo el nombre Anonimus.

Se nombra además una llamada “Operación CNE”, que no explica en qué consistió, otra denominada “Operación control electoral CREO”, además de la “Compra de información en contra de candidatos para campaña de LM organizada por Paco, Jordi y Cotonete Suasnavas”, más la “Operación Cedatos” y pago de fuente humana “Caso Cedatos”, que según el registro se encargó a la entonces ministra Roxana Alvarado.

El 21 de marzo de 2017, Alvarado acusó a Cedatos de haber presentado encuestas alteradas para favorecer en primera vuelta a Guillermo Lasso, incluso reveló información privada de la encuestadora, la cual luego se confirmó fue obtenida de forma ilegal por el oficialismo. Las fechas de los desembolsos económicos en el caso Cedatos, coinciden con los hechos.

El informe además señala 25 operaciones de influencia realizadas para la campaña de Lenín Moreno y diez operaciones para la segunda vuelta contra el binomio Guillermo Lasso y Andrés Páez.

Ataque en el estadio

Entre el domingo 26 de marzo y el miércoles 29 de ese mismo mes, es decir en sólo cuatro días la Senain desembolsó $2,300,000.

Los principales rubros: $700 mil y otros $800,000 se entregó a Gustavo Baroja para gastos de campaña. El informe dice que él se encargaba de llevar el control propio del dinero. Baroja ya fue señalado en la trama de Majano junto a Paola Pabón.

Ese mismo día (26 de marzo) a las 23h30 otros $200,000 se entregaron a Paulina Proaño por el concepto “concentraciones de campaña y movilización de LM. Se le entregó además (a las 23h38) $30,000 adicionales por el mismo concepto.

En ese chorro de cientos de miles de dólares de fondos reservados, el lunes 27 de marzo a las 11h32, se detalla un rubro de $150,000 (sin un nombre responsable al que se haya entregado) que dice “entradas fútbol”, el partido de la selección de Ecuador frente a Colombia al que asistió Guillermo Lasso con su familia y fueron atacados por una turba, dentro y fuera del estadio.

Ese mismo 27 de marzo en la tarde se entregó $50.000 a Alejandro Álvarez, encargado de los enlaces ciudadanos, para fomentar la campaña de LM en enlaces sabatinos.

El martes 28 de marzo en la mañana se pagó a Marcelo Donoso $100.000 para armar la tarima del triunfo de Lenín Moreno, en la avenida de los Shyris en Quito.

También se enumera una serie de hechos posteriores a la posesión de Lenín Moreno el 24 de mayo de 2017 bajo el título “Falta detallar operaciones realizadas posterior al 24 de mayo” por un valor de $4,500,000.

Establece rubros como: Manejo en redes sociales Caro Espinoza para LM. Teléfonos para redes sociales de LM recibidos por Rosángela Adoum, Julio Bueno y equipo de redes. Pago de motocicleta nueva, sueldo de 3 meses, y bono de accidente de Rocío de Moreno en Honda CRV (sic). Seguridad de la esposa de LM Sra. Rocío de Moreno en Barcelona, viaje al matrimonio de la hija y pago a fuentes humanas.

Proyecto especial III

El registro de gastos de esta parte del proyecto contempla una cifra de $194 mil dólares, que incluye 4 paquetes de 20k, 1 paquete de 18K, 1 paquete de 10K y 1 paquete de 1K. Las fechas de desembolsos van desde abril de 2017, hasta septiembre del mismo año. Entre los beneficiarios constan el exministro César Navas y David Téllez, que reciben varios desembolsos para control electoral.

Además aparecen desembolsos a favor del exasesor presidencial Omar Simon para el pago de una encuestadora, así como recursos a favor de Santiago Díaz, quien funge ahora de representante de Unión por la Esperanza – UNES, el movimiento que auspicia a Andrés Arauz. También consta un rubro denominado “Pago a negritos para que hagan video de desprestigio a Guillermo Lasso por ataques a Lenín Moreno¨.

Un examen de la Contraloría General del Estado – CGE, realizada del 1 de marzo al 24 de mayo de 2017, determinó responsabilidades civiles culposas. Entre enero y noviembre de 2017, la CGE identificó tres gastos no justificados por Rommy Vallejo como secretario de inteligencia: el primero del 12 de enero por $847 000; el segundo relacionado a una llamada Operación Centinela; y, otro en noviembre de ese año por casi 3 millones de dólares.

Los documentos de la Senain desglosan además otros gastos derivados por la seguridad de Lenín Moreno, que suman $600,000 y recursos adicionales que recibió cuando desempeñó funciones diplomáticas en las Naciones Unidas. Recibió $90,000 que gastó cuando desempeñó funciones de representación diplomática en Suiza.

Ninguno de esos gastos explica cómo se devengó.

JUSTICIA DE USA TRAS “EL GORDO” DE LA CORRUPCIÓN PETROLERA

El plan de sobornos que ha develado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la comercialización internacional de hidrocarburos, abre el camino para conocer el mayor caso de corrupción petrolera en la historia del Ecuador, gestado durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. Altos funcionarios de Finanzas y Petroecuador junto a varios empresarios han sido identificados en una ruta de corrupción que los periodistas de este portal no hemos dejado de gritar en los últimos 8 años. Periodismo de Investigación le pone el cascabel al informe de la justicia norteamericana y revela los hechos con los nombres de los responsables y la dimensión real de la trama que envuelve a la petrolera Vitol, cuyo hilo delictivo conduce a desenredar la madeja de Petrochina.

Fue a las 7:30 de la noche del martes 4 de octubre de 2016. Los miembros del directorio de Petroecuador, José Icaza Romero, ministro de Hidrocarburos; Jorge Wated Reshuan, delegado del presidente Rafael Correa; Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, dieron luz verde a la negociación del contrato de fuel oil con la empresa Oman Trading International Limited (OTI). Aunque en toda la papelería aparece la supuesta firma estatal omaní, este no era sino uno más de los contratos que escondían a poderosas compañías intermediarias privadas (Vitol) y un cartel de lobistas ecuatorianos.

El siguiente paso fue la reunión del 12 de octubre de 2016 en Madrid, España, ocho días después. En la última mesa de negociación estuvieron presentes William Vásconez Rubio, subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Nilsen Arias (el gordo), gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y representantes de OTI.

La reunión de Madrid fue narrada en un informe de Carla Arellano, subgerente de Finanzas de Petroecuador, con fecha 31 de octubre de 2016 y dirigida a William Vásconez. Allí especificó que OTI solicitó el Certificado de compromiso de pasivo contingente del Ministerio de Finanzas y pidió a Vásconez entregarlo.

Vásconez fue un operador clave de las líneas de crédito durante el régimen de Alianza PAIS, tras dejar el ministerio de Finanzas en 2017 se vinculó con la firma Hogan Lovells, consultora que asesoró a Rafael Correa Delgado, en los negocios con China.

El Ministerio de Finanzas aceptó el pedido y dio paso a la constitución del compromiso de pasivo contingente (en concreto, una garantía soberana sobre lo que Ecuador iba a vender). El memorando “Análisis legal del Compromiso de Pasivo Contingente”, firmado por el coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas, Marco Almeida Costa, ratificó que el compromiso es un respaldo de la operación comercial entre Petroecuador y Oman.

Finalmente, el memorando MINFIN-SRF-2016-090 dirigido a Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento subrogante, en un análisis de solo un párrafo aseguró que Petroecuador contaba con sostenibilidad financiera para soportar el pasivo contingente.

El memorando reservado de la Subsecretaría de Financiamiento Público del 25 de noviembre de 2016, firmado por Juan Hidalgo Andrade, recomendó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera Nicolalde y a Madeleine Abarca Runruil, viceministra de esa cartera, suscribir el compromiso de pasivo contingente. Tres días después el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por Patricio Rivera, delegado del presidente Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de Senplades y Juan Hidalgo aprobaron los términos y condiciones del compromiso.

El contrato bajo esas condiciones debe entenderse como un crédito internacional contra entrega de hidrocarburos y no como un compromiso de compraventa; de hecho, tiene todas las condiciones de un crédito: establece una garantía soberana llamada “compromiso de pasivo contingente”, un interés anual y además una fórmula discrecional para fijar el precio mensual de cada lote de fuel oil 6.

Este crédito es una copia calcada de todas las denominadas preventas que el Ecuador firmó con Petrochina, Unipec y Petrotailandia y evidencia el sistema de corrupción que benefició a funcionarios y empresarios.

Omán Trading International (OTI) surgió en 2006 como una asociación entre, Oman Oil Company y Vitol Group.  Ahora OTI es propiedad del grupo OQ, del Gobierno de Omán.

Lo que hizo el gobierno de Rafael Correa es entregarle a OTI un volumen casi tres veces superior de fuel oil 6 para amortizar el adelanto de 300 millones que recibió. Además, se le entregó una garantía soberana por 17,1 millones de barriles de ese producto para que Vitol y OTI puedan titularizar en cualquier banco internacional un crédito de 300 millones de dólares y entregarlo al país.

Un negocio a futuro y grandes ganancias para los privados porque Vitol vendió ese fuel oil 6 en el mercado internacional a un valor no menor de $720,000.000, según las cifras del mercado en 2017.

El contrato de buena fe

El contrato, firmado el 6 de diciembre de 2016, por Pedro Merizalde Pavón, gerente general de Petroecuador, y Talal Awifi, director ejecutivo de OTI, le permitió a Finanzas acceder a los $ 300 millones mencionados como anticipo por la entrega de 17.100.000 barriles de fuel oil 6 repartidos en 90 cargamentos de 190.000 barriles cada uno, por un período de 36 meses, más una tasa de interés (sobre el anticipo) del 6.85%.

El acuerdo de entrega del combustible a OTI/VITOL, establece la entrega CFR (costo y flete en el puerto de destino) del fuel oil en Balboa, Panamá. Es decir, que Petroecuador asumió la entrega de los lotes de fuel oil en Panamá generando un beneficio de al menos $ 0,85 por barril a Vitol, lo que representa en todo el contrato un perjuicio a Ecuador de $14.5 millones, solo por fletes y aranceles. En ninguno de los informes que autorizó el Ministerio de Finanzas y Petroecuador se discutió las razones de entregar el combustible en un puerto internacional ¿Por qué las autoridades no negociaron con Vitol la entrega de fuel oil en Balao, como lo hicieron en otros contratos?

Se debe considerar cada uno de los ítems que significa entregar el combustible en otro puerto, como: costos portuarios en Esmeraldas, combustible (IFO) viaje Esmeraldas – Balboa, combustible (MDO) durante descarga, costos portuarios en Balboa, combustibles regreso (IFO) Balboa-Esmeraldas. A este valor debe sumarse el costo del transporte (flete), que implica $18.000 por día.

Además, el contrato establece un acuerdo que solo puede explicarse a la luz del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una negociación de “buena fe” a la que recurrieron las partes para establecer el valor del diferencial o castigo del fuel oil. No existen antecedentes de una negociación de “buena fe” cuando de por medio un centavo puede hacer la diferencia entre perder o ganar millones en contra o a favor del Estado. Se trata de una cláusula discrecional que sin duda benefició a Vitol.

Bajo similar modalidad, las mismas autoridades vinculadas al caso Vitol, adjudicaron otro contrato de fuel oil, igual para cubrir una línea de crédito, a la empresa china Unipec. Los nombres de los operadores de esta negociación se repiten en todos los contratos de comercialización de hidrocarburos suscritos en los gobiernos de Correa y Moreno, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia, Noble América, OTI.

Otro contrato que está en la mira de las investigaciones es el de Noble Américas, gestionado en 2014 bajo la dirección de Nilsen Arias y Alex Bravo (preso por corrupción). La firma extranjera entregó un crédito de $1000 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, para financiar supuestamente la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca y la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. El crédito tenía al igual que el contrato con Oman Trading, un colateral de provisión de derivados de petróleo. En 2017 las acciones de Noble Américas pasaron a control de la transnacional Vitol.

Plan de sobornos

La acusación del Departamento de Justicia puntualiza cómo se dieron los hechos y quiénes participaron en el plan para obtener el contrato de fuel oil.

Vitol les pagaría a sus cómplices, los consultores 1 y 2, una comisión por cada barril de fuel oil que obtuviesen del contrato con Petroecuador. Estos a su vez “utilizarían parte de esos fondos para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a nombre de Vitol”.

Para ello Vitol y sus conspiradores contrataron consultorías falsas, crearon empresas fantasmas, emitieron facturas ficticias y usaron cuentas de correos electrónicos con seudónimos para transferir fondos a empresas offshore involucradas en la conspiración.

El punto de partida de esta historia es el 20 de septiembre de 2016, cuando el mexicano Javier Aguilar, ejecutivo de Vitol, envió un correo electrónico al “consultor de Ecuador 2” pidiéndole que enviara cartas de parte de OTI al “gordo” o “funcionario ecuatoriano 1”.

Dados los hechos y las fechas todo hace presumir que se trata del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, que ocupó ese cargo en los años 2010-2017.

Este portal buscó un pronunciamiento de Arias a través de su abogada y se le explicó que considerábamos que el llamado funcionario ecuatoriano 1 es el exgerente de comercio internacional. Ella aseguró que respondería con la mayor información posible del tema.

La declaración de Aguilar se compadece con los tiempos porque el 21 de septiembre de 2016, Petroecuador recibió la propuesta de Talal Al Awfi para la compra a largo plazo de fuel oil.

Luego de que el contrato se formalizó el 6 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia identificó que los sobornos fueron pagados a través de facturas falsas: “el 7 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, el consultor 2 de Ecuador envió al intermediario 1 un correo electrónico adjuntando 39 facturas falsas de la empresa consultora a una empresa fantasma controlada por el intermediario 1”, dice la acusación del Departamento de Justicia.

Posteriormente, el 18 de mayo de 2018 se identificó que el intermediario 1 envió un correo electrónico a Aguilar indicando que había recibido $ 1.4 millones en facturas de Ecuador. Agrega que de eso monto $ 510.000 ya se habían pagado. Aguilar instruyó que hicieran pagos de hasta $150.000 cada 15 días.

En ese mismo esquema, entre el 28 de mayo y 25 de junio se hicieron tres pagos por € 201.306 y un pago total de $ 19.283 de una compañía fantasma controlada por el intermediario 1 a cuentas bancarias en las Islas Caimán y Curazao controladas por consultor 1 y 2.

Para el 5 de julio de julio de 2018 o alrededor de esa fecha, el Consultor 1 y el Consultor 2 enviaron instrucciones a un banco para transferir aproximadamente $ 225,000 desde una cuenta propiedad de Consultor 1 y Consultor Ecuador 2 en las Islas Caimán, a través de una cuenta bancaria corresponsal ubicada en Nueva York, a una cuenta ubicada en Portugal en beneficio del funcionario ecuatoriano 1.

Para 2014, Oman Trading International se presentó en Petroecuador como una compañía con el 30% de capital privado y el 70% estatal. Un documento entregado a Petroecuador de ese año y al que PI tuvo acceso, detalla que sus principales ejecutivos eran Talal Al Awfi en calidad de CEO y Said Al Maawali, vicepresidente.

También hace referencia a sus refinerías, al puerto Mina AL Fahal y al puerto de aguas profundas de Sohar.

El documento también señala que, a ese año, 2014, el representante en Ecuador de Omán Trading International, era el abogado Daniel Pino Arroba, que registró la dirección en el edificio La Previsora, Guayaquil. Pino figura como patrocinador del empresario Enrique Cadena Marín, investigado por la Fiscalía en la trama de corrupción que envuelve a Petrochina.

Daniel Pino además registró su nombre como representante de Core Petroleum LLC, una intermediaria de crudo, que entregó $ 10,2 millones a Fairgate Trading Corp., una compañía de Enrique Cadena, según documentos publicados por diario El Universo.

Cadena figuró en los papeles de Panamá al haber recibido la comisión de 1 dólar por barril por la intermediación en los contratos firmados con Petrochina. Documentos en poder de PI lo relacionan con autoridades de Petroecuador.

Altas fuentes de Petroecuador y del sector petrolero privado señalaron a PI que el consultor 1 sería Antonio Peré. Su nombre ya apareció en el expediente del caso Odebrecht en el que José Rubén Terán señaló que la brasileña hizo transferencias a la empresa Houston Energy Consulting de Peré, como parte de los recursos que recibió Marco Calvopiña por el poliducto Pascuales Cuenca, tal como publicó diario Expreso.

ARROZ VERDE: HAN TRIUNFADO EL PERIODISMO Y LA JUSTICIA

Luego de una larga deliberación, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador finalmente negó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Rafael Correa y el resto de procesados en el caso Sobornos 2012-2016,  ratificando la condena por el delito de cohecho con la pena de 8 años en prisión.

El antecedente de esta sentencia es la investigación periodística denominada “Arroz Verde”, publicada el 3 de mayo de 2019 en el portal de la Fundación Mil Hojas y realizada por los periodistas Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano. 

Por este trabajo de investigación, los periodistas fueron reconocidos nacional e internacionalmente con el Premio al Periodismo Ecuatoriano «Jorge Mantilla Ortega» – UDLA 2019 y galardonada con la mención honorífica en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación – COLPIN 2018, México.

La Fiscal encargada del proceso, Diana Salazar, fundamentó su investigación penal sobre la base del reportaje “Arroz Verde” y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió el 7 de septiembre de 2020 la sentencia de casación en el Caso Sobornos 2012-2016.

Durante la investigación, la fiscal llegó a determinar que durante esos cuatro años del gobierno de Rafael Correa se montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes ilegales para su partido Alianza País, por parte de empresas como SK, Odebrecht, CONSERMIN, entre otras compañías, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos.

Luego de la ratificación de la sentencia, la fiscal general escribió en su cuenta de Twitter que fueron desvirtuadas cada una de las apelaciones y que por tanto el Tribunal ratificó la sentencia en contra de 18 sentenciados, además de modificar parcialmente la condena de otros dos.

El coautor de la investigación, Fernando Villavicencio, reaccionó en redes sociales expresando: 

Es un día trascendental para el periodismo de investigación, para la justicia liderada por Diana Salazar y los jueces que actuaron en derecho. Es un día de esperanza para millones de ecuatorianos. Es el fin del tipo de la democracia de sobornos que hemos vivido, y sin duda alguna este nuevo proceso electoral será una señal de cambio, donde la honestidad será la credencial ética de los nuevos candidatos.

SINGUE, EL REGALO DE PAPÁ

La trama de corrupción del bloque petrolero Singue queda al descubierto. Utilizaron el poder para beneficio particular. Se apropiaron de información pública y armaron un laberinto offshore. Retacearon el mapa petrolero y convirtieron en bloque a un pequeño campo compartido. Generaron simulación contractual y aparentaron licitación pública. No arriesgaron en exploración, el dinero salió del mismo cuero del Estado. Tampoco descubrieron un barril nuevo de petróleo, las reservas ya estaban descubiertas. Este es un nuevo episodio de la generosidad del Estado papá.

Hace ocho años, un 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor Morris, autorizó la suscripción de uno de los últimos contratos de su larga gestión petrolera, el de exploración y explotación del bloque Singue, con el consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil (60%) y Gente Oil Development LLC (40%).

Este contrato, en el que aparece vinculada su hija, Silvana Pástor Tapia, tiene a su padre y a otras personas, entre ellas al ex vicepresidente Jorge Glas, en el banquillo de los acusados por el delito de peculado.

SIGUE EL CASO SINGUE EN ESTA LÍNEA DE TIEMPO DESDE EL 2011 

Periodismo de Investigación encontró una auténtica simulación en torno a la creación de Gente Oil, la negociación, firma del contrato y operación de Singue. Un libreto en el que las fechas y los actores se suceden como puntadas de sastre, configurando un tejido de irregularidades e ilegalidades.

LICITACIÓN PARA UN SOLO OFERENTE

La décima ronda petrolera en la que fue licitado el bloque Singue, se convocó el 16 de junio del 2011, para esa fecha aún no se había creado en Ecuador el consorcio DGC, ni siquiera la empresa Gente Oil Development LLC.

La referida compañía fue registrada en el paraíso fiscal de Delaware y luego domiciliada en California – EEUU., recién en septiembre de 2011, tres meses después de abierta la licitación.

El 26 de septiembre de 2011, tres días después de su creación, el consorcio DGC presentó su oferta, la única existente. Luego de los análisis, el Comité de Licitación Hidrocarburífera – COLH, liderado por Jorge Glas, recomendó al ministro Wilson Pastor, autorizar la firma del contrato.

La autorización la suscribió Pastor, apenas dos días después de que la empresa Gente Oil Development LLC., se había registrado en la Superintendencia de compañías (19 de enero de 2012) aunque todavía no estaba inscrita en el registro de Hidrocarburos, algo que sucedió recien el 19 de marzo de 2012. El contrato fue suscrito el 30 de abril de ese año.

LA SOMBRA DE IVANHOE Y EL LABERINTO SOCIETARIO

Gente Oil Development LLC, es propiedad de Gente Oil Exploration LLC, otra empresa creada en Delaware y cuyos socios son David Martin, Giacomo Pecorari y Mathew Martin. En calidad de representante figura David Martin, accionista de Ivanhoe, transnacional que abandonó Ecuador el 2014, luego del fracaso del contrato del campo Pungarayacu, considerado por Rafael Correa como el mejor contrato de la historia.

Giacomo Pecorari ostenta en la actualidad el cargo de Director de Gente Oil Ecuador PTE, operadora del bloque Singue.

La creación de Gente Oil en EEUU por parte de Martin, coincidió con el colapso anticipado de Pungarayacu. Es decir, la máxima autoridad petrolera (Wilson Pastor) pese a saber del engaño de Ivanhoe, le preparaba un nuevo banquete geológico, esta vez sin riesgo alguno.

El gerente de operaciones de Ivanhoe, a esa fecha, era nada menos que Santiago Pastor Morris, hermano del entonces ministro.

El 18 de septiembre de 2012, antes siquiera de que DGC inicie las actividades operativas en Singue, los representantes del consorcio solicitaron a Wilson Pastor, autorice la transferencia del 60% de participaciones de Dygoil y el 40% de Gente Oil Development LLC., a una nueva empresa, inexistente a esa fecha en Ecuador y creada apenas 24 horas antes en Singapur: Gente Oil Ecuador PTE LTD.

Dygoil ya había cumplido su papel y el siguiente paso era que Gente Oil tome el control total del proyecto. En esa dirección, el 5 de octubre de 2012, Wilson Pastor dispuso se elabore un informe orientado a autorizar las transferencias.

La retirada inmediata de Dygoil  -la empresa que aseguró la solvencia técnica, económica y legal para la firma del contrato-, dejaba en evidencia que la empresa de César Guerra, fue el comodín hasta conformar el consorcio y adjudicarse el bloque. La flamante Gente Oil no tenía experiencia ni en clavar un alfiler.

Documentos revisados por nuestro portal identifican que Gente Oil Ecuador PTE LTD, fue constituida en Singapur el 17 de septiembre de 2012 y domiciliada en Ecuador en enero de 2013. Es decir, una persona nacida en Singapur a la que le pusieron de nombre Ecuador. Esta empresa, de acuerdo con documentos de la Superintendencia de Compañías, es de propiedad de Gente Oil Global PTE LTD, creada también en Singapur en las mismas fechas.

Gente Oil Global Pte., registra nuevamente como directores a los mismos accionistas de la primera Gente Oil, creada en EEUU: David Martin y Giacomo Pecorari. Además incluye a Izeldin D. Sultan El-Saigh, Abdullah SA. Araj, Baey Cheng Song, y Yeo Poh Noi Caroline. En términos sencillos, la familia Gente Oil, tiene un mismo progenitor: Ivanhoe.

Una vez consumado todo el proceso, Wilson Pastor Morris, abandonó el ministerio. Viajó a Austria, designado por Rafael Correa como su embajador. Desde ahí manejaría hasta el final del correato, la representación en la OPEP y continuaría asesorando al régimen en materia petrolera.

El cambio de ministro en nada afectó los intereses de Gente Oil. Con acuerdo ministerial 504, de 15 agosto de 2013, suscrito por Pedro Merizalde, se autorizó la esperada transferencia de participaciones de Dygoil y Gente Oil Development a Gente Oil Ecuador PTE.

En uno de los considerandos del acuerdo ministerial, se señala que la garantía solidaria emite la empresa Gente Holdings PTE en calidad de casa matriz. Esta garantía de solvencia financiera y operativa la tenía que asegurar la propia contratista, pero Gente Oil Ecuador era solo un membrete.

Esta es la única mención que se hace a Gente Holdings en toda la información revisada. No hemos podido encontrar documentos que justifiquen la relación entre Gente Oil Ecuador PTE con Gente Holdings y Gente Oil Group, otra empresa que aparece apadrinando el proceso, pese a que el referido acuerdo ministerial sostiene que la supuesta casa matriz tiene el 70% de acciones de Gente Oil Ecuador.

El epílogo de este laberinto de simulación se escribió el 2 de septiembre de 2014. Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil Ecuador PTE e Yvonne Fabara Arias, secretaria de Hidrocarburos, suscribieron el contrato modificatorio a través del cual, la compañía singapurense asumió el 100% de los derechos y obligaciones del contrato y se convirtió en operadora del bloque, sin cumplir los requisitos de capacidad operativa exigidos en los pliegos licitatorios.

De esta forma, la empresa manejada por la hija del ex ministro de Hidrocarburos, se aseguraba el control total de Singue. Dos años después de firmado el contrato original, los verdaderos actores de esta historia presentaban sus rostros.

La firma del contrato modificatorio incluyó exclusivamente la transferencia de participaciones de Digoil y Gente Oil a la nueva empresa creada en Singapur, pero no mejoró la participación del Estado en el negocio como dispone el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, pese a que a que a esa fecha, era evidente que tanto la producción como las reservas de Singue, superaban diez veces las cifras establecidas en el contrato original.

Yvonne Fabara fue excluida del proceso penal pese a que la Contraloría determinó responsabilidades en su contra.

TIGRES DE PAPEL

El sinuoso sendero recorrido por la familia Gente Oil, representada en Ecuador desde 2013 por Silvana Pastor Tapia, es digno de incorporarse al guión de una película inspirada en los Panamá Papers.

Al ingresar al registro de identidad de Gente Oil nos encontramos con un auténtico holding petrolero: siete empresas aparentemente distintas pero con un mismo origen.

Dos creadas y domiciliadas en Estados Unidos, en la dirección de Ivanhoe, y las cinco restantes, concebidas casi en la misma fecha (2012) aparecen acomodadas en la oficina 32-01 de Land Tower de Singapur.

Al buscar los proyectos hidrocarburíferos de este gigante, representado por rimbombantes nombres americanos y árabes, nos encontramos con un solo proyecto perdido en una esquina de la depredada Amazonía ecuatoriana: el pequeño campo Singue. Así como leen, un enjambre de empresas, miles de fojas, escritura sobre escritura… puro papel.

Y un nombre que no puede escaparse de nuestro recuerdo: David Martin, el dueño de Ivanhoe, el mismo encantador de serpientes que en 2008 le regaló a Rafael Correa un barrilito de plástico en señal del “mejor contrato de la historia”, aquel contrato que con la ayuda de la tecnología Heavy to Light (HTL) haría de Pungarayacu, el nuevo boom petrolero. Seis años después hasta el barrilito de plástico se llevó Rafael.

DE CAMPO MARGINAL A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Meses antes de que se convoque a la décima ronda, Dygoil había rescindido un contrato anterior (campo marginal) suscrito en 2008 para la explotación del mismo campo Singue.

Hasta aquí Singue seguía siendo campo, no bloque. En ese contrato la firma ecuatoriana actuó asociada a la empresa venezolana Suelo Petrol, en el Consorcio Petrolero Amazónico (CPA). Un informe de la Contraloría de 2012, estableció que CPA no realizó inversiones para desarrollar el campo, además observó a las autoridades de hidrocarburos por no precautelar los intereses nacionales.

La tarifa pactada en este contrato, no superaba los 8 dólares por barril incremental, una tarifa radicalmente baja comparada con la definida en el nuevo contrato de prestación de servicios (33,50 U$/BL). ¿Por qué Dygoil y el consorcio CPA no desarrollaron el proyecto durante casi tres años?

Una tarifa de 8 dólares por barril, no era un negocio apetecido, dicen los expertos; además, estaban confiados que el ministerio de Hidrocarburos adelantaba el nuevo modelo contractual de prestación de servicios, con una tarifa muy generosa.

Así las cosas, había que dar sepultura al contrato de campo marginal para resucitarlo con el contrato de servicios, maquillado por Wilson Pastor Morris.

LA AMISTAD DE RAFAEL CORREA CON DYGOIL 

Con el cambio de la modalidad contractual resuelta en la reforma a la ley de Hidrocarburos de 2010, las compañías debieron migrar a los nuevos contratos de prestación de servicios o revertir las áreas al Estado.

Los acercamientos para negociar el contrato de Singue se dieron al más alto nivel. En una misiva suscrita por el gerente de Dygoil, César Guerra, remitida al presidente de la República, Rafael Correa, en enero de 2011, informa que mantuvo reuniones con el entonces ministro Wilson Pastor, con quien negoció las posibles inversiones que llegaban a 26.7 millones de dólares y una tarifa de 29,3 dólares/barril.

El 3 de febrero de 2011, Guerra informó a su socio de SueloPetrol, que ha comunicado a su amigo Rafael Correa su predisposición a firmar los contratos de prestación de servicios para los campos Pucuna y Singue.

En la misiva, el gerente de Dygoil señala que ha presentado la oferta en consideración a las buenas relaciones personales que mantiene con el señor Presidente.

En la carta agrega que el nuevo contrato en principio sería suscrito por el Consorcio Petrolero Amazónico, pero que luego solo quedaría Dygoil como la única accionista y operadora. Por ello, solicita la transferencia de las participaciones de SueloPetrol a favor de Dygoil.

Las razones por las que no prosperó la negociación con CPA, es algo que algún día se sabrá; lo cierto es que, una vez rescindido el contrato del campo marginal, Suelo Petrol quedó fuera e inmediatamente surgió la idea de constituir una nueva empresa. Así nació Gente Oil.

La relación documentada entre Rafael Correa y César Guerra, no fue suficiente para Fiscalía, que acabó desvinculando del proceso al expresidente, pese a que Contraloría determinó su  responsabilidad penal.

CONTRALORÍA DETERMINÓ PECULADO

Tras la denuncia publicada en 2015 por el portal Focus Ecuador, la Contraloría abrió un examen especial. Luego de dos años de investigación, en agosto del 2017, el organismo de control presentó a la Fiscalía General del Estado, un primer informe con responsabilidad penal y en febrero de 2018, un informe complementario en el que involucró al expresidente Rafael Correa, varios ex funcionarios públicos y ejecutivos privados, por el delito de peculado.

El consorcio DGC no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigían la presentación de información sobre la capacidad operativa de la oferente correspondiente a los años 2006 a 2010.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el análisis de los informes y certificaciones referentes a las fuentes de financiamiento para el proyecto, conforme a las inversiones comprometidas.

Los miembros del equipo negociador recomendaron al COLH que se apruebe la negociación con DGC a pesar de que no se contaba con el informe de la capacidad o fuentes de inversión del oferente.

En la corrida matemática contenida en el sobre 2, no existe evidencia de que la tarifa de $33,50 por barril, responda a la aplicación de las variables establecidas en el modelo de contrato.

El equipo negociador, sin argumento técnico, consideró un total de 3.015.446 barriles a recuperar en 20 años y como lineamientos el 19,2% de tasa interna de retorno (TIR) para establecer el riesgo incurrido por amortización de la inversión, costos y gastos y una utilidad razonable.

En 2011 Dygoil ofertó una tarifa de $29,3 por barril, sin embargo, la misma empresa ofertó meses después de $34,5, la que se negoció y adjudicó por el monto final de $33,5 por barril; esto es, $4,2 sobre la tarifa original. Ese incremento, según Contraloría, implicó un perjuicio de $5.2 millones para el Estado.

SINGUE, UN BLOQUE CREADO EN LA ERA PASTOR 

Singue fue descubierto por Petroecuador en 1990 con la perforación del pozo exploratorio Singue 1 y con la realización de 102 Km de sísmica 2D.

Posteriormente, durante los años 2005-2006, la estatal impulsó el proyecto de sísmica 3D denominado Lilian-VHR, con la empresa china Sinopec.

Un reporte de 30 de mayo del 2011, emitido por el Subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburifero, señaló que Geotech Group Limited (2006) estimó reservas de 4.522.196 barriles.

En 2009, Petroecuador contrató un estudio de interpretación Sísmico 3D Cuyabeno-Sansahuari, con Geotech Groups Ltd. (China), donde se determinó que la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue forman una sola y que las reservas probadas del área de Singue superan los 20 millones de barriles.

Según el reporte final presentado por Geotech, el 30 de noviembre del 2009: “No hay una separación acusada entre la estructura Cuyabeno-Sansahuari y Singue. Estas dos estructuras forman una sola”.

Esta información que ahora está en manos de la Fiscalía, no fue considerada en la elaboración de los términos de referencia de la décima ronda, tampoco en la negociación del contrato con el consorcio DGC.

Documentos en poder de Periodismo de Investigación dejan al descubierto que el consorcio DGC y los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, conocieron plenamente esta información que les fue entregada por la Secretaría de Hidrocarburos con el Data Room de la  Ronda Intracampos para el Campo Sahino Norte.

Este mismo reporte que incluía los estudios de Sinopec 2005, Geotech 2006 y Geotech 2009 -ocultados en el informe oficial de reservas de 2010- fue utilizado en septiembre de 2013 por la compañia GEOTRACE COMPANY – DENVER, contratada por el consorcio DGC para realizar una nueva interpretación sísmica.

En un informe de 2013, Gente Oil informa que la empresa contratada por ellos (Geotrace) solo utilizó la información de Sinopec – Geotech: “El Consorcio DGC no obtuvo nuevos datos sísmicos; la empresa simplemente reprocesó los datos en 3D existentes, adquiridos por Sinopec, para el Bloque Singue”, dice.

Con esta información, la misma contratista confirmó, un año después de firmado el contrato, lo que se sabía desde el año 2009: que las reservas no eran los 3.1 millones de barriles remanentes y posibles, volumen con el que se negoció la tarifa de 33.5 US$/BL, sino mucho más.

Esto ponía en evidencia que el consorcio DGC conoció esa información antes de presentar la oferta.

Pese a contar con los dos estudios (Sinopec-Geotech 2005-2006 y Geotecht 2009), el 9 de agosto de 2011, la Secretaría de Hidrocarburos, emitió la resolución 0755, aprobando el nuevo mapa de bloques petroleros del Ecuador, en el que se creaba de forma oficial el bloque Singue con el número 53, dentro del bloque 58, Cuyabeno-Tipishca.

Esta resolución fue aprobada cincuenta y cuatro días después de convocada la licitación internacional a la Décima Ronda Petrolera, realizada el 16 de junio del 2011. Es decir, la licitación se realizó sin que exista oficialmente el bloque Singue.

Hasta el 2010, Singue era un pequeño campo integrado a la estructura Cuyabeno – Sansahuari, ¿qué pasó para que le convirtieran en bloque? Geológicamente nada.

Singue debía convertirse en bloque pues de lo contrario no podía ser licitado. La reforma legal creada por Pastor habla de bloques, no de campos, un bloque puede tener varios campos. Todo estaba calculado.

En la oferta, acuerdos de negociación y en el contrato, el consorcio DGC se comprometió a perforar un pozo exploratorio para confirmar reservas adicionales por 1.1 millones de barriles o más.

El costo del pozo era de $7.9 millones. Si el resultado era exitoso se debía definir una tarifa adicional para la explotación de las nuevas reservas.

¿Por qué incluyeron un pozo exploratorio si de antemano sabían que existían más reservas? El objetivo era que la figura de riesgo exploratorio mejoraba la tarifa para la contratista, como se verá más adelante.

Cuando todo estuvo consumado, en 2015, la SH reconoció que las reservas remanentes de Singue eran al menos 15.6 millones de barriles y no los 3.1 millones con los que negoció la tarifa y el contrato.

Para esa fecha, Gente Oil ya había explotado casi la mitad de las reservas en momentos en que los precios del crudo eran inmejorables. Así las cosas, el propio Estado reconocía que había sido parte de un delito aunque este tipo de delitos siempre quedan en la impunidad. Un Estado delincuente.

Sin duda el objetivo de la creación falsa del bloque 53 estaba orientado a que, hacia el futuro, Gente Oil, reclame la aplicación de la cláusula décima tercera del contrato, relativa a campos o yacimientos unificados y se haga con la explotación de la enorme reserva contenida en Cuyabeno–Tipishca, como ocurrió con el cuestionado caso Palo Azul y la transnacional Petrobras, un proceso en el que los hermanos Pastor Morris también tienen que responder.

EL FRAUDE DE LAS RESERVAS PROBADAS 

Como se ha referido, el informe oficial de reservas de diciembre de 2010, estableció 2 millones 040 mil 556 barriles. Ese documento ocultó la información de noviembre del 2009, presentada por Geotech, que estableció 20 millones 630 mil 294 barriles. La diferencia de 18.1 millones, no fue considerada para el análisis económico financiero del bloque 53, lo que generó un perjuicio económico al país.

En el análisis económico y financiero, el grupo negociador consideró, a más de las reservas remanentes (2 millones), una producción adicional de 1 millón 113 mil 759 barriles, que se obtendría con la perforación del pozo exploratorio. En total, las reservas con las que se definió el modelo económico fueron de 3 millones 015 mil 446 barriles.

Pero, no había razón para perforar un pozo exploratorio porque el estudio de 2009 elaborado por Geotech, ya había determinado la existencia de reservas de 20 millones de barriles. La figura del pozo exploratorio solo fue otro comodín utilizado para introducir un supuesto riesgo y mejorar la tarifa para la compañía, como en efecto sucedió.

Las autoridades y la compañía sabían que, si el pozo exploratorio resultaba exitoso y se confirmaba la existencia de nuevas reservas, debía suscribirse un contrato modificatorio incluyendo una tarifa adicional, que con seguridad iba a ser inferior a la establecida en el contrato original. En esas condiciones perforar el pozo era pegarse un tiro en el pie.

Pocos meses después de asumir la operación y tras realizar mínimas inversiones con el reacondicionamiento del pozo Singue 1 ($900 mil), y la perforación de dos pozos de desarrollo, se alcanzó una producción de 2000 barriles diarios en 2013, para 2014 subió a 5000 barriles y el año 2015 se disparó a 7000.

El alto volumen de extracción cuestionaba los parámetros técnicos y económicos establecidos anteriormente. Milagrosamente, aumentaron las reservas en cerca de 18 millones de barriles adicionales, sin que la contratista haya invertido un centavo en exploración.

Ese milagro, léase eficiencia de Gente Oil, se explica con una expresión: ocultamiento de información.

MANIPULACIÓN DE TIR PERJUDICÓ EN $61 MILLONES 

Para justificar la firma de un aparente contrato de exploración y explotación, el consorcio DGC incluyó la perforación del pozo exploratorio por un costo de $7,9 millones. Era justamente la exploración, es decir el supuesto riesgo que asumía la contratista, el elemento que presionó por una tarifa más alta. Las inversiones propuestas a esa fecha fueron de $27.849.000, este rubro incluyó la inversión del citado pozo.

Para la definición de la tarifa de 33,5 US$/Bl, se reconoció una rentabilidad del 19,2%, la cual estaba condicionada justamente al éxito del pozo exploratorio. Al no haberse perforado ese pozo, la rentabilidad del 19,2% debió ser revisada, algo que nunca se hizo, sin embargo el cálculo económico se realizó contando con 1.1 millones de barriles adicionales estimadas del pozo exploratorio.

Queda claro que al definir la tarifa se mezclaron los conceptos de Tasa Interna de Retorno (TIR) para el desarrollo de actividades sin riesgo exploratorio (15%), con las actividades con riesgo exploratorio (25%), con el único objeto de beneficiar a la contratista con un TIR del 19,2%.

De no haberse incluido la presunta inversión de $7.9 millones en exploración, el monto total de las inversiones debió ser de $19.922.000, una reducción del 28% del monto comprometido en el contrato.

Sin embargo, la comisión negociadora aceptó la inclusión de la producción adicional falsa de 1.113.759 barriles, de un pozo que nunca se perforó, lo que dio un total de 3.015.446 barriles a recuperarse en 20 años.

En el análisis económico y financiero realizado por el grupo negociador, se estableció que: “el mayor beneficio para el Estado se obtiene al realizarse el pozo exploratorio y ser este exitoso. El beneficio en este caso sería de 61 millones de dólares, cumpliéndose el objetivo de esta licitación”.

En consecuencia y al no haberse perforado el pozo exploratorio no se cumplió con el objeto del contrato y se causó un perjuicio económico para el Estado de 61 millones de dólares, solo en este componente.

Si la información contenida en los estudios de 2005 y 2009, hubiese sido considerada en la licitación y en la negociación contractual, los resultados serían radicalmente distintos. Al tratarse de 20 millones de barriles y no 2, se hubiesen presentado varias ofertas, no solo DGC, y la tarifa hubiese sido más conveniente para el Estado.

TARIFA ÚNICA Y ACUMULACIÓN

Según la cláusula 14.3 del contrato, la tarifa acordada para Singue fue de $33,50 por cada barril neto, producido y entregado al Estado. Estos valores serán los únicos pagos que efectuará la SH a la Contratista…”.

Se considera tarifa, al valor que el Estado paga a la contratista por cada barril de petróleo extraído. De acuerdo con el contrato, el país se reserva como “margen de soberanía” el 25% del ingreso bruto antes de cualquier distribución.

Del valor remanente después de descontar del ingreso bruto el 25%, se cubrirán los costos de transporte y comercialización. Una vez realizadas estas deducciones y cubiertos los tributos establecidos en la Ley, con el “ingreso disponible”, se pagará cada mes la tarifa.

De no alcanzarse a cubrir toda la tarifa cuando bajen los precios del petróleo, el contrato incluye una cláusula de “Acumulación”, la cual determina que, “el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año Fiscal pertinente…”, es decir, la compañía no ha perdido esos recursos, deberá esperar que el precio del crudo se incremente para recuperarlos.

El modelo económico consideró un precio internacional del petróleo de 80 U$/BL (WTI). Si el precio del crudo llegaba a $50  o menos, el saldo faltante mensual se acumulará durante el mes o año fiscal pertinente.

En ningún caso el contrato establece que si el precio del crudo cae por debajo de los $50 el barril, el Estado no pagará a la contratista. El contrato de Singue no tiene tarifa variable, como afirman los representantes de Gente Oil, mantiene durante todo el período una sola tarifa de $33,50 por barril.

El único caso en que la contratista pierde el valor acumulado es si al término del contrato (20 años) el precio del barril de petróleo se mantiene por debajo del valor considerado para el cálculo de la tarifa.

Algunos contratos terminaban en el 2018 y el Estado ecuatoriano tenía la oportunidad de aplicar la cláusula de soberanía, es decir no pagar los valores acumulados (carry forward),  pero el gobierno anterior benefició a las contratistas extendiendo los plazos. Lo propio hizo el gobierno actual que extendió plazos de varios contratos que estaban por vencer. En el caso de Singue el contrato vence en 2032.

Entre 2013 y 2016, se extrajeron de Singue 6 millones de barriles. Gente Oil registró ingresos por $179,2 millones ($149.5 millones por pago efectivo de tarifa y $29,7 por acumulación, tarifa adeudada). Durante el mismo período, el Estado recibió $86.7 millones por concepto de margen de soberanía (25%), impuesto a la renta, leyes 10 – 40, costos de comercialización y transporte.

La compañía empezó a recibir ingresos inmediatos, semanas después de firmado el contrato (2013). Tras realizar un pequeño gasto de 900 mil dólares en el reacondicionamiento del pozo Sigue 1, cobró su primera factura. Desde entonces los ingresos de la Gente Oil fueron creciendo exponencialmente.

Entre los citados años, la empresa dirigida por Silvana Pastor ha cobrado facturas mensuales de entre 3 y 5.5 millones de dólares, lo que confirma un negocio sin riesgo, contrario a lo señalado por la compañía. Esta realidad cuestiona también las supuestas inversiones externas provenientes de los socios qataríes. Del mismo cuero salieron las correas.

Durante el mismo período, la contratista declaró inversiones por $120 millones. Revisados los rubros centrales se advierten costos inflados principalmente en perforación de pozos y otros servicios. Gente Oil contrata todo, desde catering hasta torres de perforación.

Gente Oil tiene un horizonte pintado de prosperidad, con más del 50% de reservas por explotar en 12 años adicionales de vida del contrato y con mínimas inversiones que realizar.

REPORTES DE CAMPAÑA RATIFICAN IRREGULARIDADES EN ARROZ MORENO

El informe Lucas Majano que este portal publicó hace un año y que detalló el financiamiento ilegal de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Lenín Moreno y Jorge Glas en 2017, tiene una extensión llamada “Arroz Moreno”, denunciada por La Posta, que corresponde al financiamiento irregular de la consulta popular que el actual presidente promovió en 2018. Periodismo de Investigación accedió a los gastos auditados de la campaña por el SI que el Movimiento Alianza PAIS presentó al Consejo Nacional Electoral y descubrió irregularidades que no investigó el organismo electoral.

El 21 de mayo de 2018 el Movimiento Alianza PAIS presentó al CNE las cuentas consolidadas de la campaña electoral de la Consulta Popular de febrero de 2018. El informe de cuentas fue entregado por Patricio Beltrán Vinueza y Verónica Castro Maya que fueron protagonistas del irregular financiamiento de la campaña presidencial de 2017.

Patricio Beltrán figuró como uno de los coordinadores que recaudaron dinero para la campaña del binomio Moreno-Glas y Verónica Castro, que era funcionaria de la prefectura de Pichincha, fue supervisora de ese proceso.

El reporte dice que que PAIS financió $194,071.93 en efectivo y otros $413,000.00 adicionales en donaciones de bienes y servicios, un total de $607,071.93.

Al hacer una revisión de los 64 contribuyentes a la campaña se desprende que 29 de ellos no contaban con capacidad económica para respaldar sus aportes. Se identificó además que siete aportantes, luego de los comicios, recibieron cargos públicos y contratos con el Estado.

Al igual que en el Informe Majano (que identificó aportes del Gobierno provincial de Los Ríos a la campaña de Lenín por $350.000) la prefectura de esa provincia, con Marco Troya a la cabeza, fue determinante en la campaña por el SI: 12 aportantes trabajaron en esa prefectura y contribuyeron, cada uno, con montos de $10.000 en promedio.

Los sueldos recibidos por esos funcionarios no guardan relación con los aportes de campaña.

Por ejemplo: Karem Jassenia Varas Mora asistente en la prefectura de Los Ríos con sueldo de $700,00 ($8.400,00 al año) aportó $10.000,00.

Del número total de aportantes sobresalen siete que recibieron retribuciones como contratos y cargos públicos.

Por ejemplo:  José Napoleón Pasquel Pasquel, luego de aportar electoral por un total de USD 30.000,00 es nombrado en marzo del año 2018 gerente financiero de la empresa Fabrec EP. El gerente financiero es la máxima autoridad dentro de un proceso de compras públicas.

César Alexis Recalde Pasquel realizó una contribución de $28.000,00, es accionista de la compañía Herands C.L.; otro de los accionistas de esa compañía es Herley Andrés Sánchez Valencia.

Sánchez Valencia es además accionista de otra compañía denominada Constructora Sierra Centro Construsierra S.A.  A esta constructora también pertenece Segundo Mauricio Valverde López, que realizó una aportación a la campaña electoral por un monto de $15.000,00 es decir totalizaron dos aportaciones de $43.000,00.

Carlos Miguel Vaca Viteri contribuyó con $22.000,00 es accionista de la compañía Biolegal Consultores Cia.Ltda. Otro accionista de esa compañía es Rodrigo Francisco Borja Román quién también realizó una aportación por $18.000,00.

Borja Román fue proveedor del estado, el 26 de octubre de 2017 se le adjudicó un contrato que debió cumplir hasta el 3 de febrero de 2018. Seis días más tarde el 9 de febrero de 2018 se registró su primera aportación a la campaña por $10.000,00.

En noviembre del año 2019 fue nombrado director de Planificación de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

Marx Engels Alarcón Coello que aportó $10.000 fue nombrado Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Baba. Algo similar sucedió con Pedro Eduardo Lino Solórzano que aportó el mismo valor y en 2019 fue nombrado coordinador de fiscalización y administrador de Obras del Municipio de Baba.

En los documentos reportados al CNE por Alianza PAIS aparecen además cuatro facturas del Raúl Lionel Ernst Edwards que según el Servicio de Rentas Internas no eran válidas para su emisión.

Ernst es un viejo conocido del estado de propaganda correísta. Gerenció la empresa Medaglia que recibió cuantiosos contratos, entre ellos los que implementaron los troll center que hostigaron a opositores en redes sociales.

De igual manera se encontraron otras cuatro facturas del proveedor Enrique Xavier Reina Benítez que no cuentan con los datos que permitan visualizar la validez de los documentos. El uso de esos instrumentos hacen pensar se intentó justificar las aportaciones con facturas irreales o compra de facturas que conllevan a una alteración de la documentación, tal como sucedió en Arroz Verde y el Informe Majano.

La liquidación de fondos de campaña electoral, los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes, comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso, reportados por la organización política no se encuentran en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral.

¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?

«Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo”, así reaccionó el presidente Lenín Moreno, frente a la investigación Arroz Verde 502 publicada por los portales La Fuente y Milhojas, según la cual, contratistas multinacionales y nacionales financiaron las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS, los años 2013 y 2014. La difusión de Arroz Verde provocó un impacto judicial y político sin precedentes, uno de los personajes poderosos e intocables del correísmo, Alexis Mera Giler, se encuentra en prisión tras la delación de la exasesora de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez, apresada horas después de difundido el reportaje periodístico. Un informe elaborado en agosto de 2017 deja entrever que el mecanismo de financiamiento electoral de 2013 y 2014 se extendió a la campaña presidencial de 2017, bajo similares formas y códigos que identifican a aportantes y recaudadores. Aquí una nueva entrega de Arroz Verde.

La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza PAIS, que evidenció los informes de Arroz verde 502, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glas en 2017.

Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no sólo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha.
Una parte de esos recursos públicos salieron también del fondo de reconstrucción del terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) direccionó en favor de la campaña de Moreno-Glas.

Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado “Lucas Majano”, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero.


Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de PAIS, reconocen en particular a Gustavo Baroja y Paola Pabón. La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de campaña de la lista 5 que auspició a Paola Pabón a la prefectura de Pichincha.

Baroja, Pabón y Glas, los líderes
Los aportes de empresas privadas, nacionales y extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 7’720.000. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes: Gustavo Baroja (L1), Paola Pabón (L2) y Jorge Glas (L3)- se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios para Alianza PAIS.

Completaban el equipo de recaudación los “coordinadores” Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1) y Patricio Beltrán Vinueza (C-2). El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP.

En 2016, Diego Espinosa, era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinueza el gerente financiero de esa misma entidad.

Según el reporte, ellos recibieron $ 7’360.000 en efectivo, que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los “líderes” antes descritos negociaron y gestionaron directamente con las empresas e instituciones. Espinoza y Beltrán se encargaron del seguimiento hasta la obtención del dinero. Este distribuía a los miembros del equipo de campaña con autorización de Baroja, Pabón y Glas.

El documento señala que “no existen registros de empresas petroleras, debido a que, según informa, mediante correo electrónico, Patricio Beltrán (C-2) a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1): “a las empresas que fuimos ya está recolectado por Jorge Glas y Edwin Moreno” (sic).

Según el informe, todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los detalles
El líder 1, Gustavo Baroja, a la fecha prefecto de Pichincha, tenía a su cargo nueve organizaciones, codificadas así: V1-La Fabril, V2-Hidalgo & Hidalgo, V3-Ripconciv Construcciones Civiles, V4 –Prefectura de los Ríos, V5 – Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, V7-Secretaría de Inteligencia, V8 –Servicios de Seguridad Armiled, V12-Vip Cevipsa y V14-Secretaría Técnica de Reconstrucción.

Las reuniones se concretaron con Carlos González Artigas, dueño de La Fabril (V1), en el hotel Oro Verde de Manta, provincia de Manabí y fue Patricio Beltrán (C2) quien recolectó $1.5 millones en efectivo, entregados en tres partes de $500.000 cada una. El informe no establece las fechas de entrega de los recursos.

Hidalgo & Hidalgo S.A. (V2), al tener participación societaria con la cadena hotelera Holiday Inn, usaba esas instalaciones, ubicadas en la avenida Orellana y Reina Victoria en Quito, para negociar con Gustavo Baroja (L1) y Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) aportaciones voluntarias.

Según el reporte, en esos encuentros se comprometieron a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El documento indica también que se hicieron dos entregas de $450.000 cada una, en las oficinas de Hidalgo & Hidalgo, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos.

El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. (V3), hizo, según el documento, dos entregas en efectivo de $ 300.000 cada una, en las oficinas de la avenida República y Pradera en Quito. Allí se reunieron Francisco Peña, fundador de Ripconciv Construcciones, Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt.

Esa empresa se ha adjudicado grandes obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en las provincias de Manabí y Pichincha, como el mantenimiento de la autopista General Rumiñahui, en el sector del cerro Ilaló.

Baroja y Beltrán se reunieron con Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos (V4), en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Gestionaron la entrega de $ 350.000 en efectivo, valor que se entregó en cuatro partes: dos de $80.000, una de $60.000 y una final de $130.000.
A Troya Fuertes le ofrecieron nombrarlo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, según el informe. Mariano Zambrano Segovia, entonces prefecto de Manabí (V5), fue contactado por Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt para la entrega de los aportes voluntarios, a través de su hijo Mariano Zambrano Vera. Según el documento, él organizó dos reuniones en Quito con Baroja, en las Torres de Suites, ubicada en la Av. Orellana y Av. Amazonas. Allí se entregó en efectivo 800.000 en dos pagos iguales a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) y Patricio Beltrán (C2).

La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) (V7), entregó, con autorización de Rommy Vallejo, su titular, $ 1.5 millones a Baroja, “quien personalmente recibió en las instalaciones de dicha institución en Lumbisí estos valores, en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.
La Secretaría Técnica De Reconstrucción (V14) entregó a Baroja, a través de su titular Carlos Bernal, la suma de $350.000 dólares en las oficinas de RTS, dice el informe Majano.

También se identifican varias reuniones de Baroja y Beltrán con Danny Walker, Munir Abedrabbo y el grupo Wright (sin identificar quién) en las que acordaron aportar $320.000 en efectivo.
El dinero fue entregado en tres pagos, dos de $130.000 y uno de $60.000, a través de la compañía Servicios de Seguridad Armiled Cía. Ltda. (V8). Los encuentros tuvieron lugar en las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la calle Pedregales N35-115.

“Se les ha ofrecido nombrar al titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, dice el informe.

El reporte señala que Gustavo Baroja y Patricio Beltrán “contactaron y gestionaron con Karla Semanate, VIP Cevipsa S.A. (V12) la entrega de aportes voluntarios para insumos y logística” de la campaña del binomio Moreno-Glas.  El dinero ($350.000) se entregó a Beltrán en efectivo, en la ciudad de Quito, en tres partes: dos de $150.000 dólares y una de $50.000 dólares.

La líder 2, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, gestionó los aportes de V9–Reylacteos y V10– Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. A través de Segundo Wong, de Reylacteos, obtuvieron $120.000 y por medio de Carlos González, de Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, lograron $280.000, dice el informe.

Al líder 3, Jorge Glas, le asignaron tres organizaciones codificadas para la gestión de recursos: V6-Sinopec International Petroleum Service Ecuador, V11-Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema Rts (propiedad del fantasma Ángel González) y V13-Grupo Azul.

En agosto de 2016, en uno de los chats filtrados por #InaPapers el entonces asesor de Lenín Moreno, Andrés Michelena, informaba sobre la visita a Ginebra de Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y de Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación Ángel González (el Fantasma). El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”. A esa fecha ya estaba vigente un informe de la Contraloría del Estado que ordenaba la reversión de varias frecuencuencias de radio y televisión adjudicadas ilegalmente al grupo controlado por González. Dos años después de posesionado Moreno como Presidente de la República, nadie se atreve a ejecutar el informe.

Con Sinopec obtuvieron $150.000, el contacto aparece “sin registro” en el documento revisado por este medio. De Tele Cuatro Guayaquil, a través del contacto Eduardo Mangas, consiguieron $600.000. El Grupo Azul, por medio de su dueño William Phillips, les entregó $80.000.

Una mochila llena de fuerza y convicción

El informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a “Homero Arellano, Stalin Basantes, Paola Escobar, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales”.

También se identificaron desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel para el pago de publicidad relacionada a la campaña electoral”. Vinicio Alvarado, hoy prófugo de la justicia por haberse identificado su participación en Arroz Verde 502, diseñó la estrategia de campaña que llevó a Moreno y Glas al poder.

Según el informe, el entonces candidato Moreno conoció el presupuesto que se necesitaba para cada salida de campaña. El documento hace alusión a “comunicaciones mantenidas entre Lenín Moreno y Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, a través de la aplicación Telegram.
En una de ellas, se adjunta un archivo denominado “logística.pptx”, enviado por Arellano a Moreno, indicándole que lo lea y que tiene algunas dudas que necesita sean absueltas.

Por su parte Moreno contesta: “me parece bien Homero, hay que conversarlo con Ricardo Patiño y/o Gustavo Baroja, ellos ya saben que vos vas a manejar el tema”, puede leerse en una captura del chat, del 31 de agosto de 2016.

Arellano le responde: “Perfecto! Voy a Ecuador, hoy noche, justo para reunirme con Ricardo y Gustavo, voy con la mochila llena de fuerza y convicción, amigo!!”.

Según el informe, el archivo “logística.pptx” contenía la organización y costos del “Plan Nacional de Logística” para el binomio. “Se debe señalar que mensualmente se realizaba al menos una comitiva presidencial en la Sierra, Costa, Amazonía y una de las “ciudades grandes”, por lo que el valor mensual oscilaba en los USD 349.920 dólares mensuales”.

Las comitivas vicepresidenciales que se realizaban mensualmente, al menos una vez, fluctuaron en $ 243.420 mensuales, según el detalle:

La información revisada incluye un documento denominado “Liquidación de fondos 1ra. Vuelta”, en formato Excel, de finales de 2016, de Alianza País. Señala que, a esa fecha, el movimiento tenía un total de ingresos por $1.376.330,42, repartidos en los siguientes rubros: Numerarios (Recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $1.376.330,42. Especie (recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $75.457,00 y Otros Ingresos (intereses cuenta corriente) $48,85.

De esta información no se cuenta con mas referencias de cuentas, entidades financieras y personas a cargo. El informe Majano agrega un balance contable, titulado “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la Republica, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016”, que señala que los gastos de campaña sumaron $1.219.330,89 y se repartieron en movilización y transporte, arriendos, “otras campañas electorales”, “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.

Al final del documento, en el apartado de “Certificación”, se dice que “los abajo firmantes certificamos, que la presente LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ha sido elaborada de conformidad al balance general, estado de resultados y demás documentos de soporte contable, los mismos que fueron discutidos y aprobados, el 03 de mayo de 2017”. Se adjuntan los nombres de Gabriela Rivadeneira, en calidad de representante legal de Alianza País, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M, contadora.

Los aportes a la campaña electoral de Alianza PAIS del año 2017, contenidas en el informe Lucas Majano, son adicionales a aquellas contribuciones investigadas por la Fiscalía General del Estado, en el marco de la indagación previa abierta en marzo de 2019, en contra del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien confirmó a un medio de comunicación, que él canceló de su bolsillo los hororarios del asesor internacional Jordi Segarra, rubros no reportados al Consejo Nacional Electoral. Según información entregada a la fiscalía, Cuesta Caputi, gestionó recursos económicos adicionales para la campaña de Lenín Moreno.