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Jorge Glas: Sus procesos penales, denuncia de acoso y hasta una pensión impaga por alimentos

Dieciséis meses y siete días pasaron antes de que Jorge Glas retorne a prisión para cumplir los casi tres años que le faltan para completar su sentencia por los delitos de asociación ilícita y cohecho y afrontar una nueva investigación fiscal por peculado y una demanda por acoso e intimidación.

Desde el 6 de abril de 2024, el dos veces vicepresidente de la República, ocupa una celda de máxima seguridad en la cárcel La Roca en Guayaquil, a donde llegó tras la irrupción de fuerzas especiales en la Embajada de México en Quito, que lo detuvieron para evitar que huyera en un avión militar mexicano para reencontrarse con sus compañeros de partido y de ideología que están asilados y exiliados en ese territorio y que también han sido procesados unos y sentenciados otros en el Ecuador.

Glas llegó a esta delegación diplomática el 17 de diciembre de 2023 bajo la figura de ‘huésped’. El Gobierno del presidente Daniel Noboa declaró persona no grata y expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur, en respuesta a los comentarios del presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La reacción de México fue conceder asilo a Glas y exigir la entrega de un salvoconducto que fue negado.

El 6 de abril, fuerzas especiales de la Policía ingresaron a la embajada de México para detener a Jorge Glas. – El Universo

Con la convicción de que faltaba casi nada para concretar su huida a tierras mexicanas, horas antes de su detención en la sede diplomática, Glas publicaba triunfante en sus redes sociales: “No se puede vencer al que nunca se rinde”.

En sus últimas entrevistas, durante su periodo de libertad provisional, el exvicepresidente repetía desafiante que “la justicia debe ser sagrada y la libertad mucho más”, en alusión a su pelea por lograr la libertad, pues se autocalificaba como “un perseguido político y víctima del ‘lawfare judicial’ (persecución judicial)”. Ese era el discurso que intentaba posicionar en las intervenciones que pactó con medios locales y extranjeros, así como desde su espacio radial al que llamó ‘Glas en línea’. Sin embargo, en la práctica, para Glas, la justicia no fue sagrada. Cuando entró a prisión se rodeó de abogados que mientras recurrían a polémicos recursos legales y estrategias para ponerlo en libertad, como la compra de votos y conciencias de operadores de justicia, policías y fiscales, litigaban con estas mismas prácticas para liberar a los narcotraficantes y cabecillas de bandas narcodelictivas como Jorge Zambrano, alias Rasquiña de los Choneros y Leandro Norero Tigua de Los Tiguerones.

CASO ODEBRECHT

El 13 de diciembre de 2017, el exvicepresidente fue sentenciado por asociación ilícita a seis años de prisión, por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht mientras fue ministro de Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa. El mismo dictamen fue para su tío Ricardo Rivera, quien estaba relacionado con el sector de telecomunicaciones y dos exfuncionarios más del mismo régimen. Según la Fiscalía, los sobornos llegaron a estos personajes a través de empresas intermediarias.

Y así lo corroboró el pasado 10 de abril, el exejecutivo de Odebrecht José Conceicao Santos, en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde señaló que él sobornó a Jorge Glas y le entregó entre “USD $ 17 y USD $ 18 millones tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias”.

En la investigación de la trama de Odebrecht realizada en Ecuador, Tomislav Topic, propietario de la empresa Telconet, apareció en la ruta del dinero de sobornos. En 2019, en una de sus intervenciones públicas, Harrison Salcedo, entonces abogado defensor del exvicepresidente Glas, aseguraba que Tomislav Topic, nunca entregó aportes económicos para Alianza País, movimiento político del correísmo que auspició al binomio Lenin Moreno y Jorge Glas para llegar a la presidencia en el 2017.

En ese entonces el Tribunal de la Corte Nacional dispuso que, Glas y su tío, restituyan al Estado $16,1 millones, pero se restaron dos millones porque Topic dijo haber entregado a la justicia esos recursos, asegurando que “alguien” depositó en las cuentas de esta compañía los dos millones y los tenía inmovilizados desde el 2010.

CASO SOBORNOS

El 7 de abril de 2020 Glas recibió su segunda sentencia por corrupción, pero esta vez junto con su líder y
expresidente de la República Rafael Correa. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) compuesto por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, dictó ocho años de prisión para estos dos políticos como autores del delito de cohecho pasivo en el caso que la Fiscalía lo tituló como Sobornos
2012-2016, donde se revelaron los aportes de compañías multinacionales, entre ellas, Odebrecht, Sinohydro y Telconet, al movimiento político de Rafael Correa y también para lograr contratos con el Estado.

Como coautores sentenciaron a otros funcionarios del correismo: Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; los ministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri y Pamela Martínez. En total fueron sentenciadas 19 personas.Harrison Salcedo intentó nuevamente en mayo, con una acción constitucional de habeas corpus la liberación de Glas, argumentando problemas de salud y para cuidar su integridad física. El recurso fue negado.

Jorge Glas y Rafael Correa fueron sentenciados a 8 años de prisión como autores del delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. – El Universo

En agosto, Glas contrató al estudio jurídico FandeT  Law Firm para que lo represente en su recurso extraordinario de casación  y que en una codefensa con su abogado Harrison Salcedo lograr su  libertad. El director principal de este bufete Cristian Romero Moya se encargó de la estrategia de defensa que no fue efectiva, porque el 8 de septiembre, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de prisión para Glas y los 18 involucrados en diferentes grados del delito de cohecho.Dos meses antes, Salcedo había logrado la prelibertad de Jorge Zambrano, Alias Rasquiña, cabecilla en ese entonces del grupo narcodelictivo Los Choneros. Pero para acceder a este recurso, antes el juez Luis Tamayo Arana, le redujo la pena que cumplía por asesinato de 20 a 8 años de cárcel. Este juez es tío de Xavier Novillo, mano derecha de otro de los líderes narcos, Leandro Norero.

CASO SINGUE

El 25 de enero de 2021, Glas fue sentenciado a 8 años de prisión junto con el ex ministro de Energía Carlos Pareja Yannuzzelli y otros cinco exfuncionarios por el delito de peculado en la contratación irregular de servicios de exploración y explotación del campo petrolero Singue que se adjudicó al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda y la firma Gente Development LLC, durante el gobierno de Rafael Correa.  “Como máximas autoridades del sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado en beneficio propio y de terceros”, sentenció el tribunal de la CNJ.

Con tres sentencias a cuestas, en abril de 2022, Diego Moscoso, juez de Manglaralto, ordenó la liberación inmediata de Glas mediante el recurso de habeas corpus, lo que le permitió dejar la cárcel de Latacunga. Pero la decisión fue anulada por una apelación del gobierno de Guillermo Lasso.

Antes de ingresar nuevamente a prisión Glas estaba seguro de que recobraría su libertad: “no voy a huir, yo me quedo, me he entregado por dos veces a la cárcel y aquí sigo, porque tengo que limpiar mi nombre… pero volveré a salir”,

En mayo de 2022 el exvicepresidente volvió a entregarse a la justicia y esta vez logró quedarse en la cárcel 4, en Quito, donde enseguida recibió una demanda de alimentos para que junto con sus dos hermanos (Heriberto y Silvia) se hagan cargo de la pensión alimenticia del hijo de su padre, Jorge Glas Viejó, quien murió en febrero de ese año. Glas Viejó, fue declarado culpable del delito de violación a una niña de 12 años, quien tuvo a su bebé. La justicia ordenó que el padre del exvicepresidente debía pagar una pensión alimenticia de $ 300.  En noviembre de 2021, fue la última vez, que el niño que hoy tiene 13 años recibió pensión.

Pasó poco tiempo para que se activara una agresiva acción de la defensa de Glas con la presentación de acciones constitucionales. En agosto de 2022, el estudio jurídico FandeT Law Firm actuó para Glas y paralelamente con habeas corpus para su otro cliente, Leandro Norero. El abogado Jonathan Aguinda Shiguango, experto en derecho penal y constitucional presentó en audiencia del 5 de ese mes, el recurso de habeas corpus para la libertad de Glas. El juez Banny Rubén Molina, de Manabí, lo aceptó y ordenó la liberación de Glas y de paso de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria que hoy es procesado en el caso Metástasis.

Este tema fue de interés del capo Norero, procesado por lavado de activos e investigado por narcotráfico, que llegó a la cárcel de Latacunga en mayo de 2022 y fue asesinado en octubre de ese año por otros internos. Según los chats que se extrajeron de sus cinco teléfonos celulares y que constan en el caso Metástasis, Norero estaba interesado en entregar dinero para la libertad de Glas y se propuso un monto de $ 250.000 que no se concretó, según Hélive Angulo, testigo protegido y administrador de los bienes del narco.

El 9 de agosto, según esos chats, Norero conversó con Xavier Jordán, otro de los procesados en Metástasis por delincuencia organizada y vinculaciones con el narcotraficante, sobre la posible salida de Glas de la cárcel de Latacunga.

Jordán: El habeas corpus de Glas ya está en el registro judicial.

Norero: Si ya tienen las boletas mañana salen.

Jordán: 50 lucas me costó esto porque es una jugada maestra. Jg sale hoy.

Norero: Ese loco que salga y se vaya de una del país.

Las boletas a las que se refiere el narco Norero en este diálogo periciado fueron alteradas. Según el Consejo de la Judicatura, los abogados Edison Loaiza, Hugo Lara Olmos y Jonathan Aguinda (estos dos últimos procesados en el caso Plaga) presentaron las boletas de excarcelación de Glas y de Daniel Salcedo en la cárcel 4 de Quito sin formato, sin código QR y la de Jorge Glas tenía error en uno de los diez números de su cédula de identidad. En el sistema de la Judicatura, nunca encontraron las boletas. Además, se acusó a Banny Molina de emitir esos documentos cuando se le suspendió en sus funciones de juez.

Si bien Glas y Daniel Salcedo no salieron de la cárcel en ese entonces, hace pocos días (el pasado 26 de marzo) se conocieron detalles inéditos de cómo se habría coordinado los planes, entre un poderoso personaje político y narco delincuentes, para liberar a Glas. En su testimonio anticipado, Marcelo Lasso Saavedra, compañero de celda de Norero, relató que fue testigo de varias conversaciones entre el expresidente Rafael Correa y Norero sobre “la libertad de Jorge Glas”.

“Leandro y Salcedo, estaban invirtiendo en la libertad del señor Glas con fines políticos, sabían que eventualmente algún día les iba a servir. Yo ví las video llamadas, yo escuché, vi su cara (de Correa), yo pasaba en la celda con Norero. Le decía Mashi”, según el testigo Lasso Saavedra.

Meses después, los esfuerzos por liberar a Glas volvieron al terreno de sus abogados. El 10 de noviembre de 2022, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, nulitó el caso Singue y dejó sin efecto la sentencia por la “caducidad del caso” y el exvicepresidente y quienes llevaban su defensa legal: Cristian Romero, Jonathan Aguinda y Hugo Lara, reactivaron el pedido para que la sentencia de ocho años (caso Sobornos) absorba a la de seis años (caso Odebrecht) y pueda acceder a la prelibertad. Se presentó un nuevo habeas corpus y medidas cautelares que fueron negadas.

El 26 de noviembre, según Álex Palacios, director nacional de asesoría jurídica de la Judicatura, acompañó al presidente de ese entonces Wilman Terán a Santo Domingo de los Tsáchilas y se hizo la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glas a la abogada Anabel Torres para que el juez Emerson Curipallo falle a favor de Glas. “La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán en su computadora y le entregó en un pendrive”, relató Palacios investigado en el caso Metástasis y que hoy forma parte del programa de Víctimas y Testigos dirigido por la Fiscalía.

Y así pasó, el 28 de noviembre de 2022 el juez Emerson Curipallo, ordenó la liberación provisional de Jorge Glas. Al momento Curipallo, quien perdió condición de juez, está procesado en el caso Metástasis por liberar a sicarios alias ‘Madrid’ y alias ‘Cuyuyuy’, que estaban al servicio del narcotraficante Leandro Norero.

En enero de 2023, la justicia decidió que Jorge Glas cumpla solo 8 de los 14 años que sumaba en condenas de corrupción y la Fiscalía anunció que lo procesará por el presunto delito de peculado por el mal uso de recursos recaudados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016 que devastó extensas zonas de la provincia.

Los abogados volvieron a actuar y presentaron recursos para dilatar la instalación de la audiencia de formulación de cargos y el 18 de diciembre de 2023 Glas se refugió en la Embajada de México. Ese mismo día, recibió la noticia de la negativa a su pedido de prelibertad y se ordenó que el exsegundo mandatario vuelva a prisión para cumplir los casi tres años que faltan por sus sentencias de corrupción.

CASO RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ

El 1 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado anunció la investigación del caso Reconstrucción de Manabí y por tres ocasiones intentó formular cargos contra Jorge Glas, Carlos Bernal, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción y Pablo Ortiz, el exgerente de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, hasta que el 5 de enero de 2024 se logró la instalación de la audiencia y el juez dictó prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas.

La Fiscalía solicitó la vinculación de otras seis personas al proceso y este 12 de abril, pidió prisión preventiva para Walter Solís, exministro de Transporte. Él está refugiado en México desde 2021 por su sentencia en el caso Sobornos. Para otros cinco involucrados en la investigación se solicitaron medidas cautelares.

El sustento del caso es por un supuesto desvío de $ 367 millones que se recaudaron con la vigencia de la Ley de Solidaridad para beneficio de terceras personas naturales, contratistas y fiscalizadores que ejecutaron otro tipo de proyectos que no cumplían los requisitos de la emergencia por el terremoto del 2016.  Jorge Glas era el presidente del Comité de Reconstrucción.

Entre el 2019 y 2020, la Fiscalía recibió de la Contraloría General del Estado los resultados de un examen especial a los contratos suscritos para la construcción del parque Las Vegas ubicado en Portoviejo y la construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento, $68 millones, salió de los fondos de la Ley de Solidaridad que eran recursos para enfrentar las consecuencias del terremoto.

Además, recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre 584 proyectos que el Comité para la Reconstrucción priorizó “sin sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción”.

CASO SOLEDAD PADILLA

La ex funcionaria demandó a Jorge Glas por acoso. La Fiscalía inició la investigación previa hace seis meses – El Universo

El exvicepresidente Jorge Glas enfrenta desde octubre de 2023, una denuncia por acoso e intimidación presentada por su excolaboradora Soledad Padilla. Desde 2008, Padilla, trabajó con Glas, en el Ministerio de Sectores Estratégicos, Ministerio de Telecomunicaciones, el desaparecido Fondo de Solidaridad y finalmente en la Vicepresidencia de la República con Rafael Correa (2006 a 2016) y con Lenin Moreno (2017).

Esta denuncia en la que Padilla acusa a Glas de “hostigamiento, amedrentamiento y amenazas”, se encuentra en investigación previa. La Fiscalía ha practicado diligencias para reunir elementos antes de la formulación de cargos. Esta fase se encuentra en reserva.

Glas hizo lo mismo y presentó una denuncia en contra de Padilla por extorsión.

ÚLTIMO INTENTO PARA SALIR EN LIBERTAD

A pesar de que el 29 de febrero de 2024 la Corte Constitucional revocó las medidas cautelares a Glas y otras dos decenas de personas con sentencias ejecutoriadas por salir en libertad de manera irregular, el exvicepresidente a través de sus defensores presentó nuevamente un habeas corpus que le fue negado este 12 de abril de 2024.

Última audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Jorge Glas para buscar su libertad. Sala especializada de la Corte Nacional de Justicia, negó este pedido. – Diario Expreso

Aunque la Sala Especializada de la Niñez y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, en su resolución final dijo que la “detención (de Jorge Glas) en una misión diplomática fue ilegal y una arbitrariedad, no dio paso al mencionado recurso constitucional.

“…Correspondería disponer la libertad, no obstante, como se ha justificado en la audiencia, existen sentencias condenatorias y causas juzgadas, cuyas penas están unificadas y este Tribunal no puede modificar las condenas, por ello no es procedente conceder la libertad”, concluyó la Sala que se negó a pronunciarse sobre la legalidad del asilo diplomático entregado por México al sentenciado Glas, porque “eso es cuestión de competencia diplomática y autoridades de cada país”.

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¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?

«Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo”, así reaccionó el presidente Lenín Moreno, frente a la investigación Arroz Verde 502 publicada por los portales La Fuente y Milhojas, según la cual, contratistas multinacionales y nacionales financiaron las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS, los años 2013 y 2014. La difusión de Arroz Verde provocó un impacto judicial y político sin precedentes, uno de los personajes poderosos e intocables del correísmo, Alexis Mera Giler, se encuentra en prisión tras la delación de la exasesora de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez, apresada horas después de difundido el reportaje periodístico. Un informe elaborado en agosto de 2017 deja entrever que el mecanismo de financiamiento electoral de 2013 y 2014 se extendió a la campaña presidencial de 2017, bajo similares formas y códigos que identifican a aportantes y recaudadores. Aquí una nueva entrega de Arroz Verde.

La estructura de donaciones y financiación irregular para gastos electorales de Alianza PAIS, que evidenció los informes de Arroz verde 502, también se extendió a la campaña presidencial del binomio Moreno-Glas en 2017.

Documentos revisados por nuestro equipo de investigación evidencian que para la última elección presidencial no sólo se captaron recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje de dineros públicos que se entregaron a través de las prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha.
Una parte de esos recursos públicos salieron también del fondo de reconstrucción del terremoto que golpeó Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. Otro hallazgo importante es la entrega de recursos de gastos reservados que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) direccionó en favor de la campaña de Moreno-Glas.

Los detalles de las donaciones se encuentran en un informe llamado “Lucas Majano”, el nombre de una calle secundaria al norte de Quito, donde se encontraba la oficina en la que se concentró y gestionó el dinero.


Vecinos del sector aseguran que la vivienda era frecuentada por altos dirigentes de PAIS, reconocen en particular a Gustavo Baroja y Paola Pabón. La zona permanecía llena de vehículos oficiales y personas que llegaban a cobrar por sus servicios a la campaña. La casa de tres pisos hoy está desocupada, aunque hasta pocas semanas fue local de campaña de la lista 5 que auspició a Paola Pabón a la prefectura de Pichincha.

Baroja, Pabón y Glas, los líderes
Los aportes de empresas privadas, nacionales y extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 7’720.000. El proceso de recaudación se efectuó entre la primera y segunda vuelta electoral y al igual que en Arroz Verde 502, tres líderes: Gustavo Baroja (L1), Paola Pabón (L2) y Jorge Glas (L3)- se encargaron de solicitar, gestionar y recaudar los aportes voluntarios para Alianza PAIS.

Completaban el equipo de recaudación los “coordinadores” Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1) y Patricio Beltrán Vinueza (C-2). El informe Majano dice que fueron supervisados por Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP.

En 2016, Diego Espinosa, era el gerente general de la empresa pública Hidroequinoccio y Beltrán Vinueza el gerente financiero de esa misma entidad.

Según el reporte, ellos recibieron $ 7’360.000 en efectivo, que fueron entregados en las oficinas ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los “líderes” antes descritos negociaron y gestionaron directamente con las empresas e instituciones. Espinoza y Beltrán se encargaron del seguimiento hasta la obtención del dinero. Este distribuía a los miembros del equipo de campaña con autorización de Baroja, Pabón y Glas.

El documento señala que “no existen registros de empresas petroleras, debido a que, según informa, mediante correo electrónico, Patricio Beltrán (C-2) a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C-1): “a las empresas que fuimos ya está recolectado por Jorge Glas y Edwin Moreno” (sic).

Según el informe, todos los recursos gestionados y obtenidos por los líderes, eran repartidos, en efectivo, por Patricio Beltrán, en las oficinas del área financiera de la campaña, ubicadas en la Av. Brasil y Pasaje Lucas Majano.

Los detalles
El líder 1, Gustavo Baroja, a la fecha prefecto de Pichincha, tenía a su cargo nueve organizaciones, codificadas así: V1-La Fabril, V2-Hidalgo & Hidalgo, V3-Ripconciv Construcciones Civiles, V4 –Prefectura de los Ríos, V5 – Prefectura de Manabí, del Fondo de Gastos Especiales, V7-Secretaría de Inteligencia, V8 –Servicios de Seguridad Armiled, V12-Vip Cevipsa y V14-Secretaría Técnica de Reconstrucción.

Las reuniones se concretaron con Carlos González Artigas, dueño de La Fabril (V1), en el hotel Oro Verde de Manta, provincia de Manabí y fue Patricio Beltrán (C2) quien recolectó $1.5 millones en efectivo, entregados en tres partes de $500.000 cada una. El informe no establece las fechas de entrega de los recursos.

Hidalgo & Hidalgo S.A. (V2), al tener participación societaria con la cadena hotelera Holiday Inn, usaba esas instalaciones, ubicadas en la avenida Orellana y Reina Victoria en Quito, para negociar con Gustavo Baroja (L1) y Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) aportaciones voluntarias.

Según el reporte, en esos encuentros se comprometieron a la ampliación de la vía Aloag – Santo Domingo, la conclusión del pago del canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, la devolución de las concesiones y la construcción del Túnel Bombolí. El documento indica también que se hicieron dos entregas de $450.000 cada una, en las oficinas de Hidalgo & Hidalgo, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos.

El contacto con la empresa fue Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. (V3), hizo, según el documento, dos entregas en efectivo de $ 300.000 cada una, en las oficinas de la avenida República y Pradera en Quito. Allí se reunieron Francisco Peña, fundador de Ripconciv Construcciones, Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt.

Esa empresa se ha adjudicado grandes obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en las provincias de Manabí y Pichincha, como el mantenimiento de la autopista General Rumiñahui, en el sector del cerro Ilaló.

Baroja y Beltrán se reunieron con Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos (V4), en las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Gestionaron la entrega de $ 350.000 en efectivo, valor que se entregó en cuatro partes: dos de $80.000, una de $60.000 y una final de $130.000.
A Troya Fuertes le ofrecieron nombrarlo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, según el informe. Mariano Zambrano Segovia, entonces prefecto de Manabí (V5), fue contactado por Gustavo Baroja y Diego Espinosa D’ Herbécourt para la entrega de los aportes voluntarios, a través de su hijo Mariano Zambrano Vera. Según el documento, él organizó dos reuniones en Quito con Baroja, en las Torres de Suites, ubicada en la Av. Orellana y Av. Amazonas. Allí se entregó en efectivo 800.000 en dos pagos iguales a Diego Espinosa D’ Herbécourt (C1) y Patricio Beltrán (C2).

La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) (V7), entregó, con autorización de Rommy Vallejo, su titular, $ 1.5 millones a Baroja, “quien personalmente recibió en las instalaciones de dicha institución en Lumbisí estos valores, en un solo desembolso entregado en billetes de denominación de cien dólares, provenientes del fondo de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.
La Secretaría Técnica De Reconstrucción (V14) entregó a Baroja, a través de su titular Carlos Bernal, la suma de $350.000 dólares en las oficinas de RTS, dice el informe Majano.

También se identifican varias reuniones de Baroja y Beltrán con Danny Walker, Munir Abedrabbo y el grupo Wright (sin identificar quién) en las que acordaron aportar $320.000 en efectivo.
El dinero fue entregado en tres pagos, dos de $130.000 y uno de $60.000, a través de la compañía Servicios de Seguridad Armiled Cía. Ltda. (V8). Los encuentros tuvieron lugar en las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la calle Pedregales N35-115.

“Se les ha ofrecido nombrar al titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, dice el informe.

El reporte señala que Gustavo Baroja y Patricio Beltrán “contactaron y gestionaron con Karla Semanate, VIP Cevipsa S.A. (V12) la entrega de aportes voluntarios para insumos y logística” de la campaña del binomio Moreno-Glas.  El dinero ($350.000) se entregó a Beltrán en efectivo, en la ciudad de Quito, en tres partes: dos de $150.000 dólares y una de $50.000 dólares.

La líder 2, Paola Pabón (L2), entonces secretaria de Gestión de la Política, gestionó los aportes de V9–Reylacteos y V10– Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. A través de Segundo Wong, de Reylacteos, obtuvieron $120.000 y por medio de Carlos González, de Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, lograron $280.000, dice el informe.

Al líder 3, Jorge Glas, le asignaron tres organizaciones codificadas para la gestión de recursos: V6-Sinopec International Petroleum Service Ecuador, V11-Tele Cuatro Guayaquil C.A. Red Telesistema Rts (propiedad del fantasma Ángel González) y V13-Grupo Azul.

En agosto de 2016, en uno de los chats filtrados por #InaPapers el entonces asesor de Lenín Moreno, Andrés Michelena, informaba sobre la visita a Ginebra de Carlos Mantilla, presidente de diario El Comercio y de Carlos Lorefice Lynch, representante del magnate de la comunicación Ángel González (el Fantasma). El mensaje de Michelana decía: “Hola Lenín. Buen día. Te comento que está listo el viaje para visitarte con El Comercio. A partir del 8 de agosto cuando tú digas. Iría Carlos Mantilla, Carlos Lorefice Lynch (maneja todos los medios de la región) y un asesor del grupo”. A esa fecha ya estaba vigente un informe de la Contraloría del Estado que ordenaba la reversión de varias frecuencuencias de radio y televisión adjudicadas ilegalmente al grupo controlado por González. Dos años después de posesionado Moreno como Presidente de la República, nadie se atreve a ejecutar el informe.

Con Sinopec obtuvieron $150.000, el contacto aparece “sin registro” en el documento revisado por este medio. De Tele Cuatro Guayaquil, a través del contacto Eduardo Mangas, consiguieron $600.000. El Grupo Azul, por medio de su dueño William Phillips, les entregó $80.000.

Una mochila llena de fuerza y convicción

El informe Lucas Majano identifica posibles líneas de uso de esos recursos de campaña. Por ejemplo, señala a “Homero Arellano, Stalin Basantes, Paola Escobar, como encargados de la logística de las caravanas presidenciales y vicepresidenciales”.

También se identificaron desembolsos a nombre de María Augusta Enríquez, asistente de Vinicio Alvarado Espinel para el pago de publicidad relacionada a la campaña electoral”. Vinicio Alvarado, hoy prófugo de la justicia por haberse identificado su participación en Arroz Verde 502, diseñó la estrategia de campaña que llevó a Moreno y Glas al poder.

Según el informe, el entonces candidato Moreno conoció el presupuesto que se necesitaba para cada salida de campaña. El documento hace alusión a “comunicaciones mantenidas entre Lenín Moreno y Homero Arellano, embajador de Ecuador en Chile, a través de la aplicación Telegram.
En una de ellas, se adjunta un archivo denominado “logística.pptx”, enviado por Arellano a Moreno, indicándole que lo lea y que tiene algunas dudas que necesita sean absueltas.

Por su parte Moreno contesta: “me parece bien Homero, hay que conversarlo con Ricardo Patiño y/o Gustavo Baroja, ellos ya saben que vos vas a manejar el tema”, puede leerse en una captura del chat, del 31 de agosto de 2016.

Arellano le responde: “Perfecto! Voy a Ecuador, hoy noche, justo para reunirme con Ricardo y Gustavo, voy con la mochila llena de fuerza y convicción, amigo!!”.

Según el informe, el archivo “logística.pptx” contenía la organización y costos del “Plan Nacional de Logística” para el binomio. “Se debe señalar que mensualmente se realizaba al menos una comitiva presidencial en la Sierra, Costa, Amazonía y una de las “ciudades grandes”, por lo que el valor mensual oscilaba en los USD 349.920 dólares mensuales”.

Las comitivas vicepresidenciales que se realizaban mensualmente, al menos una vez, fluctuaron en $ 243.420 mensuales, según el detalle:

La información revisada incluye un documento denominado “Liquidación de fondos 1ra. Vuelta”, en formato Excel, de finales de 2016, de Alianza País. Señala que, a esa fecha, el movimiento tenía un total de ingresos por $1.376.330,42, repartidos en los siguientes rubros: Numerarios (Recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $1.376.330,42. Especie (recursos privados personas naturales ecuatorianas y extranjeras residentes en el Ecuador) $75.457,00 y Otros Ingresos (intereses cuenta corriente) $48,85.

De esta información no se cuenta con mas referencias de cuentas, entidades financieras y personas a cargo. El informe Majano agrega un balance contable, titulado “campaña electoral 2017, presidente y vicepresidente de la Republica, movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana, listas 35, ple-cne-perm-5-20-11-2016”, que señala que los gastos de campaña sumaron $1.219.330,89 y se repartieron en movilización y transporte, arriendos, “otras campañas electorales”, “elaboración de artículos promocionales, imprenta, reproducción y similares”.

Al final del documento, en el apartado de “Certificación”, se dice que “los abajo firmantes certificamos, que la presente LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ha sido elaborada de conformidad al balance general, estado de resultados y demás documentos de soporte contable, los mismos que fueron discutidos y aprobados, el 03 de mayo de 2017”. Se adjuntan los nombres de Gabriela Rivadeneira, en calidad de representante legal de Alianza País, Patricio Beltrán Vinueza, responsable del manejo económico y Verónica Castro M, contadora.

Los aportes a la campaña electoral de Alianza PAIS del año 2017, contenidas en el informe Lucas Majano, son adicionales a aquellas contribuciones investigadas por la Fiscalía General del Estado, en el marco de la indagación previa abierta en marzo de 2019, en contra del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, quien confirmó a un medio de comunicación, que él canceló de su bolsillo los hororarios del asesor internacional Jordi Segarra, rubros no reportados al Consejo Nacional Electoral. Según información entregada a la fiscalía, Cuesta Caputi, gestionó recursos económicos adicionales para la campaña de Lenín Moreno.

Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador

El informe y sus anexos, al que este portal tuvo acceso, dan cuenta de aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral del binomio Rafael Correa -Jorge Glas y las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en 2013.

En 2017 se conoció un audio en el cual José Santos de Odebrecht le decía al excontralor Carlos Pólit, actualmente prófugo, que Jorge Glas, le había solicitado dinero para la campaña del movimiento Alianza PAIS. Hasta ahora no se había revelado evidencia de lo expuesto por el ejecutivo de la constructora brasileña.

Arroz verde 502 revela las claves que usaron los principales líderes del correísmo para gestionar esas contribuciones al partido de gobierno. En nuestro poder reposan decenas de facturas, reportes contables y comunicaciones que denotan un sistema de corrupción estructurado, tal como Lava Jato, pero con particularidades a la ecuatoriana.

De la misma forma que el caso Lava Jato, con la receta Arroz verde 502, se cocinó un sistema de claves que ocultó a los responsables de esta trama de corrupción, por ejemplo: (Líder 1 Jorge Glas JG) (Líder 2 María de los Ángeles Duarte MD) (Líder 3 Walter Solís WS). Similar como sucedió en el Perú con el fallecido Alan García, que tenía el código AG y se atrevió a bromear diciendo que se refería a la cantante Alejandra Guzmán.

Walter Solís – fotografía tomada del catálogo de fotografías que Odebrecht publicó para proporcionar sus obras.

Quienes se encargaron de negociar, gestionar y recaudar el dinero de aportes «voluntarios» al movimiento Alianza PAIS, fueron Jorge Glas Espinel, vicepresidente (L1 JG); Walter Solís Valarezo(L3 WS), Secretario Nacional del Agua y María de los Ángeles Duarte (L2 MD). Con ellos participaronMaría Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael Correa), María Augusta Enríquez Argudo(mano derecha de Roldán Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia Laura Terán Betancourt y Victoria Andrade.


Se trata de un caso sin parangón en la región porque las coimas, bajo el esquema de donaciones, llegan a 11,6 millones de dólares, que en nada se compadece con los casos de Lula da Silva en Brasil, sentenciado porque se probó que era el beneficiario de un apartamento de $189.000, pagado por Odebrecht, o los $3 millones de dólares que llevó a la cárcel a Ollanta Humala en Perú.

Las empresas que entregaron los aportes voluntarios, usando el sistema de códigos son: Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9). Además, se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca y Sanrib Corporation (V10), esta última propiedad de Bolívar Sánchez Ribadeneira, uno de los mayores lobistas hasta ahora oculto, vinculado al capital chino.


El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez Loayza, con ayuda de Laura Terán Betancourt. El sistema reporta dos mecanismos de aportes: en efectivo $4,6 millones y a través del modelo de  cruce de facturas una cifra de $7 millones, donde las empresas multinacionales cancelaban los comprobantes de los proveedores de la campaña de Alianza PAIS.

Los principales líderes de Alianza PAIS contaron con el apoyo de varios coordinadores: C1-OM, que aún no ha sido identificado, C2-ME que se refiere a María Augusta Enríquez Argudo y C3-PM, que es Pamela Martínez, ambas asesoras de la Presidencia de la República.

Martínez Loayza habría sido quien distribuía el dinero a los miembros del movimiento político con la autorización de Jorge Glas-L1 y María Duarte-L2.

Valores en efectivo registrados en el informe Arroz verde como donaciones de grandes empresas a favor de Alianza PAIS.

Como hemos señalado, el informe Arroz verde establece un monto total levantado por 11’670.000 dólares de un total de 14.1 millones de dólares proyectados, dividido en $4’680.000 en efectivo, tal como detalla este cuadro y $7’010.000 a través del método de cruce de facturas.

Odebrecht, citada como V7, entregó 2.5 millones de dólares en efectivo, dinero gestionado por Jorge Glas (L1), esos recursos se desembolsaron en partes: el 9 de septiembre de 2013, $500.000; el 21 de octubre de 2013, $500.000; el 12 de noviembre de 2013, $150.000; el 21 de noviembre de 2013, $300.000 y el 2 de diciembre $100.000. Además, el 16 de diciembre de 2013 dio $939.900 y el 18 de diciembre de 2013 U$10.100, en total 2´500.000 dólares.

El contacto fue Geraldo Pereira de Souza, ejecutivo de la firma constructora. Geraldo de Souza fue investigado en la trama de corrupción que llevó a prisión a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, se lo acusó de recibir más de $9 millones en efecto, dinero transportado en camiones blindados, pero ninguna pista se encontró entonces respecto a la receta Arroz Verde 502.


El ex vicepresidente (L1), también pidió $1´500.000 a V8, SK Engineering & CO, por intermedio del CEO Mateo Choi, el empresario negoció su aporte mediante un cruce de facturas, quien además solicitó a Martínez enviar a la compañía surcoreana cuatro facturas semanalmente, incluyendo la de los servicios legales de los diferentes proveedores de Alianza PAIS.

El CEO señaló que los detalles de las facturas deben ser distintos y estar acorde a la descripción que ellos extendieron con antelación. Al 3 de febrero de 2014 SK cumplió con su aporte, posterior a la entrega del anticipo de uno de los contratos firmados con el Estado (repotenciación de Refinería Esmeraldas), según detalle del 2 de enero de 2014.


La receta Arroz Verde, reporta también la relación de Jorge Glas-L1 con el ex embajador Cai Runguo, representante de Sinohydro CorporationCO-V14, que aportó el 14 de enero de 2014, la suma de  $500.000, de los cuales $400 mil fueron entregados en efectivo y $100 mil en la modalidad cruce de facturas. También se constata que Iván Wuyu y Hu Ning- Beatriz eran los nexos con esta constructora. Beatriz es la misma empleada de Sinohydro relacionada en el caso Ina Investment.
Con la receta ademas se cocinó la negociación de Jorge Glas Espinel con William Phillips Cooper “Bill Phillip”, esposo de la entonces asesora presidencial Mónica Hernández Vásconez y representante del GRUPO AZUL (V12). El informe señala que el 9 de diciembre de 2013, el grupo Azul entregó $20 mil en efectivo.

Arroz Verde incluye en su menú la relación entre Jorge Glas- L1 y Tomislav Topic Granados, gerente de TELCONET (V11), quien se comprometió a entregar el monto de $500 mil en efectivo, de los cuales, el 03 de enero de 2014 se concretó un pago de $100 mil, posteriormente, el 10 de enero $250 mil y el 15 de enero, $150 mil.

La estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), a través de su representante José Alvear Icaza, se comprometió con Jorge Glas-L1 a cancelar $1’000.000 como aporte al movimiento político. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2013 Juan Carlos Wang, director de CWE y José Alvear, indicaron que aportarán cuando reciban la adjudicación del contrato ofrecido. En la base de datos de voluntarios se encontró la empresa Lagerfeld S.A, cuyo gerente general es el hijo de José Icaza, Ricardo José Alvear Zenck, y como nexo a la organización estaba Myrian Elizabeth Sáenz Capovilla.

La compañía china CWE en consorcio con la rusa Inter Rao,  fue contratista del proyecto Toachi Pilatón.


Según el informe, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, recibió $265.000 por concepto de “servicios jurídicos verdes”, repartidos en tres partes: el 23 de septiembre de 2013, $85.000; el 2 de diciembre de 2013, $80.000 y el 7 de enero de 2014, $100.000.

De acuerdo con el documento revisadoa Viviana Patricia Bonilla Salcedo, ex candidata a la Alcaldía de Guayaquil y actual asambleísta del correísmo, se le asignó $320.000 para apoyar de campaña de los comicios seccionales del 23 de febrero de 2014, de los cuales se entregó $100.000 a Gustavo Xavier Bucaram Loaiza, funcionario del ministerio de coordinación de la política y $220.000 dólares a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez, dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013 y $60.000 en dos ocasiones, el 21 y 25 de diciembre de 2013.
Consultamos al exasambleísta Viteri respecto a este informe y señaló que todos los gastos fueron justificados, aunque demostró extrañeza por los aportes en efectivo que realizó la dirección nacional de Alianza PAIS, incluso nos facilitó esos reportes depositados en una cuenta del banco de Fomento.

El 2 de diciembre de 2013, Diego Patricio Endara Erazo, asesor del gabinete de la alcaldía de Quito, por seguridad civil de ese mes, se le canceló $5.000.

Odebrecht también financió los viajes de placer


El informe Arroz verde no solo anexó los ingresos logrados por Jorge Glas con diversas empresas, además incluyó información de la relación personal que mantuvo Odebrecht con la asesora presidencial Pamela Martínez.

El 20 de febrero de 2013, tres días después del triunfo electoral de Rafael Correa en una sola vuelta, Martínez Loayza, recibió un correo electrónico del ejecutivo, Geraldo Luiz Pereira de Souza, apoderado especial de Odebrecht y además encargado de la administración y finanzas de la empresa en Ecuador.


El mensaje para la asesora de Correa dice: “Abajo algunas opciones de vuelos, para una primera evaluación suya, de acuerdo con eso vamos ver hoteles, etc.”.

Se trataba de un itinerario de viaje entre el 14 y 23 de junio de 2013 y no precisamente de trabajo. Pamela Martínez respondió diciendo que nueve días de viaje era mucho tiempo y que siete eran suficiente. La respuesta de Geraldo Luiz Pereira de Souza fue que debía considerar dos días de viaje.
Odebrecht tambien realizó transferencias a la empresa NexoGlobal, vinculada a la familia de Martínez Loayza, como se detalla en el siguente cuadro.


En medio de esa correspondencia se evidenciaron otros comunicados que dejaban en claro pagos de Odebrecht mediante contratos con terceras personas y siempre consultado a Pamela Martínez.
Es el caso del 21 de febrero de 2013, Laura Terán Betancourt, la asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República, envió un comunicado a Manuel Castilla Fassio que dice: “Por instrucción de la doctora Pamela Martínez, cumplo en enviarle la siguiente información…”

Eran los datos de la empresa Odebrecht con su dirección y teléfonos en Quito. El 5 de marzo de 2013 Manuel Castilla envió un mensaje a Geraldo Luiz Pereira de Souza con copia a Pamela Martínez que decía: “Estimado Geraldo: …hice las correcciones al borrador del contrato en lo referente a los servicios, pero no hice el cambio del representante legal ni del valor mensual, por lo que te pido que lo hagas. La próxima semana debo ir a Quito y podríamos aprovechar para firmarlo si estas de acuerdo, por favor confírmamelo…”


Ese mismo día Pereira de Souza le envío un mail con un “borrador de contrato sin pauta 2013”.


Llevaban las cuentas en matrices de Excel

El 28 de enero de 2013 una funcionaria del Ministerio de Justicia, ex asesora del ministerio del Justicia, indica a Pamela Martinez que le envía la matriz de los proveedores que conversaron “el día de hoy”, esta matriz la realizó con los valores máximos a facturar y que ya tiene las facturas en blanco, por lo que le solicita le indique cuándo le hace llegar. A esto, Martinez le indica que de proveedores directos “no tengo”, que ya le escribió a MAE (María Augusta Enriquez Argudo), asesora presidencial, para que les envíe.

En la matriz se detallan dos facturas, la una con Nº 824 y la otra s/n, perteneciente a Guido Germán Arcos Acosta. Los pagos se realizarán por consultorías legales, ambientales, administrativas, mercantiles y financieras por $78.400 cada una, ($156.800 en total). Existen otras facturas con números 1662-1663-1664-1665, para la empresa Indura Importadora Comercial Pérez por venta al por mayor en artículos de ferretería por un monto de $ 67.200 cada una,  por un total de USD 268.800.

Viviana Bonilla y FOPECA

Según el informe Arroz Verde, la empresa FOPECA pudo haber aportado $240.000, utilizando algunos códigos registrados al costado de los valores tales como MAE, VB y Corcho. Estos códigos posiblemente correspondían a María Augusta Enríquez (ex coordinadora presidencial en 2013), Viviana Patricia Bonilla Salcedo? y a Fernando Cordero Cueva, ?con el objeto de cubrir gastos relacionados al movimiento Alianza PAIS.

El 9 de diciembre de 2013 se entregó a Cristian Alejandro Orozco Taco $1.904 correspondiente al pago de la factura de No. 43 por concepto de servicios profesionales. El 7 de enero de 2014, se canceló 952 dólares por la factura No.45 (prestación de servicios alquiler de autos). La encargada era María Augusta Enríquez.

El 12 de diciembre de 2013, se entregó a José $4.054,40 por la factura No.1293 por publicidad. La encargada era Viviana Bonilla.

El 13 de diciembre de 2013, a la agencia de publicidad Creacional S.A. cuyo presidente y accionista es Roldan Vinicio Alvarado Espinel, se facturó $60.480 por honorarios profesionales, marketing publicitario, con la factura No. 41513. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013 posiblemente se canceló $18.816 por la factura No. 1013 de Presentaciones Tafur por servicio de estampado de uniforme. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013, por pistas publicitarias se canceló a Wendy Vanessa Vera Flores la cantidad de $6.720 con la factura No. 272. Encargada, Viviana Bonilla.

El 10 diciembre de 2013 por la factura No.1685 se canceló a LUZIN, por servicios de publicidad $5.096,00. Encargada, Viviana Bonilla.

El 12 de diciembre de 2013 el Instituto Latinoamericano de Comunicación, solicitó el pago mediante la factura No.2 por honorarios profesionales del estudio de marketing por $19.734,57. Encargada, Viviana Bonilla.

El 12 de diciembre de 2013, el IMASEN facturo $19.600 con comprobante No. 150 por estudio de mercado. De acuerdo a una publicación de El Telégrafo, Giovanna Peñaflor Guerra, fundadora de la encuestadora IMASEN del Ecuador realizó la encuesta de intención de voto para Viviana Bonilla quien fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil. La encargada fue Viviana Bonilla. https://goo.gl/9Z35QZ
El 12 de diciembre de 2013 con factura No. 135, PUBLIELITE S.A. por pauta digital y redes sociales cobró $22.400. Encargada, Viviana Bonilla.

El 11 de diciembre de 2013, INNOVAPLUS S.A. con factura No. 4922, cobró $11.200 correspondiente a brandeo de carro, incluye instalación de vinil y microperforado para carro. Encargada, Viviana Bonilla.
El 9 de enero de 2014 la empresa PROPRAXIS cuyo presidente es María Verónica Moreno Vega facturó $60.000 por la elaboración de encuestas para la prefecta del Azuay. Encargado, Fernando Cordero Cueva.

Cuenta librería

El 26 de julio de 2011, Pamela Martínez, alias Esmeralda del Mar, elaboró un registro denominado “Librería” en el que se detallan fechas y cifras. Martínez escribió que el 11 de junio de 2011 tenía en la librería un monto de $88.873,60 y al 20 de julio de 2011 $186.388,45.

De acuerdo con el reporte, del monto total se desembolsó a:

  • Vicky posiblemente Victoria Andrade (Asistente Nexoglobal) $ 950
  • Mónica Cordones $ 2.719,39, accionista de Jurisglobal S.A.
  • Gastos bancarios $ 30Se destaca además un registro que dice: “Del monto destinado para el caso 30S se destinó $54.561,65, sin embargo, se efectuó un egreso de 4.500 sin mencionar el concepto, quedando $ 50.061,65”

Además, Martínez describe el nombre de algunas empresas junto con varias cifras, probablemente se refería a los montos que se descontaban de la contribución que las empresas entregaban a Pamela Martínez, como a Sk Engineering & Construction, $25.412,36.

El 1 de julio de 2011, Laura Terán, asistente de presidencia entregó un reporte a Pamela Martínez, con los débitos efectuados por la compañía CONECEL o Claro de la cuenta No.000-172071-7 del banco Bolivariano por un total de $2719,39, cuya propietaria es Mónica Cordones Cadena, accionista de Jurisglobal.

Al parecer Mónica Cordones Cadena prestó su cuenta bancaria para los manejos financieros de Pamela Martínez, por cuanto el 1 de julio de 2011, Pamela Martínez, solicitó a Laura Terán que revise si Mónica Cordones realizó los depósitos.

Presencia de Sanrib en la trama de corrupción

Un personaje clave en esta trama es Bolívar Sánchez Rivadeneira, a través de sus empresas Sanrib Corporation de Ecuador y Panamá. Esta empresa actuó como puente entre las multinacionales y los proveedores de Alianza PAIS, su propietario Bolívar Sánchez, mantiene una larga vinculación con empresas chinas, en especial con Gezhouba, contratista de la central hidroeléctrica Sopladora y del proyecto Bulubulu, también con China Machinery Engineering Corp, CMEC, proveedora de equipos y servicios a Gezhouba.

SEMAICA

En la receta constan registradas otras empresas aportantes, como Semaica que colaboró con el pago de servicios para la campaña, como se desprende de la siguiente comunicación a través de la cual se dispone facturar a favor de la empresa Vértigo Films de propiedad de Vinicio Alvarado.


Operativo Escuadrón Verde

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los líderes del correísmo y la realización de avanzadas a los lugares en los que se desarrollarían los eventos de AP utilizó el «ESCUADRÓN VERDE OPERATIVO – EVO», nombre acuñado por el entonces presidente Rafael Correa. En los documentos revisados se constata que el responsable de EVO fue Ítalo Centanaro Villacís, gerente de Coca Codo Sinclair. Entre el 04 de diciembre de 2013 y el 05 de febrero de 2014, para este concepto se destinó $16.000, de los cuales se pagó  $4.000 mensuales a Francisco Xavier Noboa López.

El retorno de Odebrecht: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON

Repetir los pecados del pasado es común en la política ecuatoriana, olvidamos con facilidad, perdonamos a los responsables y nos quedamos con el ingrato recuerdo de los hechos. Periodismo de Investigación publica por primera vez cómo fueron las negociaciones para el retorno de la empresa y quiénes son los responsables de los hechos posteriores, prohibido olvidar.

ACTUALIZACIÓN 10 JULIO 2020

ABOGADO DE ODEBRECHT DEMANDA A FERNANDO VILLAVICENCIO, COAUTOR DE ESTE REPORTAJE

Un nuevo intento por criminalizar la opinión y atacar al Periodismo de Investigación se está reeditando por parte de la justicia ecuatoriana. Fernando Villavicencio, periodista de este portal, ha sido llamado a audiencia de juzgamiento para el 13 de julio de 2020, dentro de una demanda instaurada por Juan Falconí Puig, abogado de la multinacional Odebrecht, por presunto daño moral.

La investigación periodística titulada “EL RETORNO DE ODEBRECHT: CÓMO, QUIÉNES Y POR CUÁNTO NEGOCIARON”, publicada el primero de agosto de 2019, fue la que despertó la iracunda reacción de Falconí Puig, ex embajador de Ecuador en Reino Unido, durante el gobierno de Rafael Correa.

En esta nota se exhibe cómo se negoció el convenio del “perdón” a Odebrecht, firmado en julio de 2010, a través del cual se liberó a la corporación brasilera de sus responsabilidades civiles y penales y se desvanecieron glosas en su contra por $80 millones. A cambio, el Estado recibió $20 millones por indemnización. Odebrecht contrató a Falconí Puig, quien percibió honorarios por $1,3 millones por liderar las conversaciones con altos funcionarios del correato que permitieron la firma del mencionado convenio.

Fernando Villavicencio nunca fue notificado de esta demanda en el plazo que determina el Código Integral Penal. Recién el 9 de julio pasado se enteró del tema mediante mensajes difundidos por Falconí Puig y Correa en la red social Twitter. No obstante, la jueza, Yadira Proaño, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, siguió tramitando la causa, con lo que se está vulnerando el derecho a la defensa del periodista.

El retorno triunfal de Odebrecht en 2010 puede repetirse en 2019

Fue hace nueve años, el 8 de julio de 2010, que el gobierno de Rafael Correa acordó el retorno de Odebrecht al Ecuador, luego de ser expulsada en 2008 por los problemas de construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. La negociación se hizo en seis meses y tuvo todos los ingredientes del delito de colusión.

Funcionarios de Hidropastaza, del fondo de Solidaridad y la Presidencia de la República, junto a los ejecutivos de la empresa construyeron el acuerdo para permitir el retorno de Odebrecht en condiciones favorables a esta. Con el convenio, la empresa se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de $20 millones de indemnización.

De parte de Ecuador, se archivaron glosas por $80 millones, una demanda internacional por $250 millones por el crédito otorgado por el BNDES, se enterraron los procesos penales y se olvidaron del lucro cesante por al menos 100 millones.

Periodismo de investigación hace un recorrido de esas negociaciones en las que participaron José Santos Filho, Juan Falconí Puig y Sergio Ruiz por parte de la constructora y Alexis Mera, Ciro Morán Maridueña, Rafael Poveda, Vicente Peralta y Jorge Glas como supuestos defensores del Estado.

En los primeros años de este siglo, Falconí Puig defendió los intereses de Cervecería Nacional en un juicio comercial con una competidora. Alexis Mera también participó en la defensa de cervecería en calidad de socio de Juan Falconí y años después se reencontraron en el gobierno de Correa. Falconí en 2008 estuvo al frente de las incautaciones de los bienes de los banqueros Roberto y William Isaías.

El 4 de febrero de 2010 Juan Falconí Puig, le presentó a Odebrecht la propuesta de costos profesionales para representar a la constructora en el proceso de negociación del acuerdo de retorno. Los honorarios marcados fueron de 1,3 millones de dólares pagados en tres cuotas: $200 mil iniciales, otros $100 mil a los tres meses del proceso y $1 millón al finalizar el acuerdo.

La negociación y correspondencia

Los insumos jurídicos y documentos del acuerdo fueron escritos originalmente en los computadores de Odebrecht y se presume en el estudio Falconí Puig. De la información a la que este portal tuvo acceso no se desprende documento alguno que haya sido originalmente trabajado en la Procuraduría General del Estado, Hidropastaza, el Fondo de Solidaridad o la Presidencia. Al parecer esos documentos llegaron del lado de la constructora, ellos se encargaron de socializar sus insumos con los funcionarios del Estado. Documentos a los que accedió este portal dan cuenta que el convenio final y el decreto presidencial, firmado por Rafael Correa, no se elaboraron en ninguna entidad estatal. Fueron trabajados en las oficinas de abogados de Falconí Puig.

El intercambio de correos dejó en evidencia que para inicios de 2010 Falconí identificaba a Jorge Glas como Vidrio, es decir dos años antes que se registre ese código en los cuadernos de sobornos del Caso Caminosca.

La desesperación de los funcionarios por acordar el retorno de la constructora y solucionar los problemas de San Francisco les llevó a jugar en la cancha de la empresa y beneficiarla. Hay pruebas de ello: El 7 de febrero José Santos escribió a Falconí, desesperado y asustado por la posible notificación a los ejecutivos de la corporación en Brasil, del arbitraje que se llevaba en la Cámara de Comercio de Ambato le escribió a Falconí: Juan, Cómo podemos confiar en este gobierno? Mientras estamos negociando y esperando el informe de Procuraduría el propio gobierno sigue intentando citar al consorcio?

La respuesta de Falconí fue: Correcto José, ya no es posible que el Procurador quiera poner más condiciones, mas aún si su informe es bien flojo. Les escribí a Alexis y Jorge porque eventualmente ellos no quieran esperar hasta el lunes y llamen antes a discutir y aclarar ese tema.

Ese mismo el 7 de febrero de 2010 José Santos desde su mail corporativo, le escribió a Ciro Morán Maridueña, gerente de Hidropastaza (pariente político de Vidrio), con la siguiente instrucción:

“El Consulado de Ecuador en Sao Paulo acaba de llamar el personal de Andriz solicitando datos de los directores y indicando de que en la próxima semana van hacer la citación. No podemos dejar que esto ocurra. Tu tiene que llamar a Jorge Glas inmediatamente y pedir a el que hable con Patiño para mandar a suspender estas acciones en Consulado de Brasil. No podemos dejar que esto ocurra. En el aguardo de tus acciones saludos, José Santos” (sic).

Ese mismo día Ciro Morán dirigió un escrito desesperado a Alexis Mera y Jorge Glas con copia a Vicente Peralta y Juan Falconí para evitar que se cite a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, explicando temas técnicos. “Los tiempos son inaceptables”, dice Morán porque la central estaría parada dos meses y medio y pide la presencia de Mera en una audiencia para lograr un compromiso con la Procuraduría y les conceda el informe final, antes del cierre de la instrucción fiscal y para poder mantener las fechas y tiempos de trabajo acordados por el consorcio para arrancar con operaciones antes de la época de estiaje.

El 12 de marzo de 2010 Guillermo Solis de Odebrcht dio a conocer a Ciro Morán, Fernando Chávez de Hidropastaza y otros funcionarios del ministerio de telecomunicaciones (donde ya despachaba Vidrio) que el documento final estaba listo. En el mensaje se incluyó a otro grupo de abogados de la empresa y ejecutivos del consorcio constructor de San Francisco. El mensaje decía: «Adjunto el Convenio de Transacción  (y sus anexos) que sería el documento definitivo a ser enviado a la Procuraduría General del Estado para sus comentarios y observaciones. Para conocimiento del grupo, hemos trabajo en la mañana de hoy en dicho borrador conjuntamente con los Drs. Ciro Camilo y Fernando Chávez. Saludos, Guillermo Solis»

Pero la Procuraduría no estaba dispuesta aceptar la propuesta tan fácilmente. Los tropiezos en el acuerdo y la tensión de Odebrecht se denota en la presión que José Santos ejerció en Falconí; también se deja en claro que Morán Maridueña, estaba mas con Odebrecht que con Hidropastaza. A fines de marzo de 2010 un nuevo mail decía:

El personal de la Cámara de Comercio de Ambato ya contestó la carta de Hidropastaza enviada ayer. O sea de nada sirvió la carta enviada de HP… Yo creo que tu deberías llamar a Glas e indicarle que esta situación no puede continuar. Tenemos un Acuerdo de Caballeros de no hacer gestiones mientras estamos negociando el acuerdo y Ciro tiene que enviar una carta para el Cámara de Comercio de Ambato.

Falconí le responde: «Tengo claro el tema. Mañana reclamo verbalmente y muy fuerte. Deben presentar un escrito pidiendo a la directora que congele el trámite, pues es estúpido que después de un año, cuando estamos negociando y así se aclaró traten de impulsar ese juicio. JFP»

La prueba mayor que establece que el Estado nunca preparó o construyó el proyecto de acuerdo para el retorno de Odebrecht se dio en ese mismo mes; se identifica con claridad que incluso en esas condiciones la constructora brasilera sobrevaloró los trabajos a su favor en perjuicio del país. Alexis Mera, desde su correo de la presidencia escribió a Juan Falconí el siguiente mensaje:

“Estimado Doctor: En el proyecto que me pasaron no dice nada de los riesgos adicionales. Tampoco dice que Odebrecht pagará los estudios técnicos para las obras adicionales. El soporte de esta operación está evidentemente sobrevalorado, ya que un técnico por bimestre no puede costar 4 millones

En mayo José Santos le hizo saber a Falconí su preocupación por el posible acceso de la revista Vistazo a la demanda de Hidropastaza contra la empresa, la creencia de Santos es que cualquier publicación podía entorpecer la negociación. La correspondencia del 17 de marzo decía: Juan, Acabo de mirar el email enviado a un ex funcionario nuestro (Esteban Michelena) que era la persona responsable por el contacto de la empresa con la prensa. Gustaría saber cómo proceder. Yo creo que si sale este reportaje va a complicar nuestras negociaciones con el Gobierno. Yo no pretendo dar ninguna información o entrevista mas como tu puedes observar la reportera indica de que tiene la demanda de Hidropastaza.

Otra correspondencia de julio, enviada por Juan Falconí a Alexis Mera se expresa las dificultades de la empresa para llegar al acuerdo y pide que desde el mas alto nivel se presione a la Procuraduría para aceptar una salida. El mail dice: Estimado Alexis: Le informo la preocupación de José Santos de Odebrecht, por el estado actual del trámite del convenio transaccional…. en la Procuraduría sostienen que no hay transacción porque no se termina todo de una vez… Parecería que hace falta algún tipo de gestión de gestión política, que transmita directamente al procurador la urgencia del propio Gobierno  en este tema por efectos del próximo estiaje.

El 8 de julio el Procurador Diego García cedió a las presiones y entregó el aval para la firma del convenio, previo al retiro de todas las demandas existentes contra la empresa, ese mismo día se firmó el acuerdo con Hidropastaza. Luego vino el pago de la empresa y el caso quedó saldado.

Apenas se firmó dicho acuerdo el mismo grupo empezó a programar el convenio para que el Estado retire la demanda internacional que inició contra el Banco de Desarrollo del Brasil, BNDES, que financió la obra por un valor de $600 millones

El 21 de julio de 2010 Ciro Morán era el mayor defensor de Odebrecht y delineó el plan para salvar al BNDES: “ESTIMADOS Jorge y Sergio, tal como le comenté a Sergio, como ya está aquí José Santos , solicité una reunión con él para establecer los planes que corrijan el rumbo del convenio. A continuación tres planes:

a) Que el Contralor se convenza de emitir el informe, esto implica que no se debe modificar nada (idea de del Dr.Mera).

b) Que el procurador se convenza que puede emitir un informe de autorización de Transacción (así sea condicionado), para lo cual le presentará un proyecto definitivo que implique que ellos entran hacer todo , que nosotros desistimos inmediatamente después de la firma  (incluido el tema penal) y que y que contra los desistimientos presentados o la aprobación de estos se cobran los 20 millones. En este plan no se incluye nada de la Contraloría, simplemente se establece que los 20 millones son imputables a cualquier valor que el contralor confirmase  y sino queda como compensación a las paralizaciones (este es el plan que prefiere Odebrecht)

c) Si Contralor o Procurador no quieren colaborar en el tema, se puede realizar un adendum que no requiere de informe de ninguno de ellos y que consisten en que ellos acepten ingresar.

Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los $800 millones que tenía en contratos, entes de la expulsión, debió sumar otros por $3.500 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los $4.100 millones y de acuerdo con investigación periodísticas, suma un sobrecosto de $853 millones, cifra en la que no se incluyen los sobreprecios en los contratos de la Ruta Viva y del Metro de Quito.

En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EEUU emitió un informe según el cual la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de América Latina y África. Sobre Ecuador los documentos señalaron que entre 2007 y 2016 la multinacional pagó sobornos por $35,5 millones a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa Delgado, lo que le generó beneficios de más de $116 millones. En las páginas 19 y 20 del citado informe se establece que parte de esos pagos se hicieron a un intermediario y a un oficial del gobierno de Correa, para negociar el regreso de Odebrecht a Ecuador, expulsada del país por las graves fallas en la central hidroeléctrica San Francisco. La información actual, obtenida por nuestro equipo de investigación, debe ser cotejada con los documentos del Departamento de Justicia de EEUU, respecto a quiénes negociaron la firma del convenio en julio de 2010.

Como hace 9 años, el gobierno de Lenín Moreno prepara el escenario para un segundo retorno de Odebrecht. El país estará atento a identificar el costo de este nuevo perdón.

Fiscalía vincula a Correa y a 21 personas en caso Arroz Verde

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas fueron parte fundamental de la decisión de Diana Salazar de vincular a Rafael Correa y otros funcionarios de su confianza al caso Arroz Verde.

Los nuevos datos que recabó fiscalía dentro de este caso confirman la precisión y profundidad del trabajo periodísticos de nuestros portales. Hoy, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de vinculación para 22 personas en el caso Arroz Verde. Las revelaciones de los dos portales siempre apuntaron al ex presidente Correa como el personaje clave de la gestión y administración de los sobornos para las campañas de Alianza País.

Fiscalía argumenta que han aparecido datos de los que se presume la participación de los delitos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita a las siguientes personas: Lidera la lista de los nuevos vinculados Rafael Correa, Jorge Glas, Maria Augusta Enriquez, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Walter Soliz, Christian Viteri, Yamil Massuh. Italo Centenrao, Francisco Noboa Lopez, Alberto Hidalgo, Victor Fontana (FOPECA), Ramiro Galarza (CONSERMIN), Edgar Salas (CONSERMIN), William Phillips (GRUPO AZUL), Pedro Verduga (EQUITESA), Napoleon Sanchez (SANGUIB), Rafael Cordoba (METCO), Cai Runguo (SYNOHIDRO), Teodoro Calle y Jose Verdu Rodriguez.

Las investigaciones de La Fuente y Mil Hojas coinciden con las nuevas declaraciones ante la Fiscalía del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Gerardo Pereira De Souza. Así mismo el abogado de Pamela Martínez, Edgar Molina, confirmó que el exejecutivo de la empresa brasileña entregó dinero en sobre cerrado a Martínez, ex asesora de Rafael Correa. Esta información también consta en la página 15 del cuaderno de recepción de pagos de Pamela Martínez: “Recibo disposición de entregar sendos sobres del Ing. De Souza a Galo Mora. Estos sobres deben ser recibidos de inmediato pues la “campaña apremia”.

Fiscalía ha procedido a notificar a los nuevos implicados de Arroz Verde, la mayoría parte del buró político de Alianza País, ex ministros y funcionarios de alto rango de la Revolución Ciudadana. Los demás, algunos de los empresarios que sobornaron funcionaros y financiaron las campañas de AP desde 2011. Todos los ecuatorianos esperamos probidad y celeridad en la actuación de los jueces que llevan el caso.