Etiqueta: Odebrecht

Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar. 

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. 

Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por  tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

En 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas. 

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI. 

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

El origen del mal: la amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: «Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones». Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual. 

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo. 

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios El Pitazo,

Runrunes y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña

Odebrecht juega sus últimas cartas en Ecuador y busca evitar que un tribunal civil confirme la legalidad de un informe técnico que establece multas por más de 107 millones 164 mil dólares contra la empresa por los daños identificados en la ejecución del proyecto Pascuales-Cuenca, el poliducto de 200 kilómetros que transporta productos refinados de petróleo desde el puerto de Guayaquil hasta la ciudad de Cuenca, al sur del país. La construcción de la infraestructura fue encargada a Odebrecht por la petrolera estatal PetroEcuador. 

El caso llegó a la justicia en el 2020, en plena pandemia y es vital para el desarrollo de otros procesos judiciales que enfrenta a la constructora brasileña con el Estado ecuatoriano. De la resolución de este proceso depende el futuro de otros dos juicios adicionales que están pendientes sobre el mismo proyecto. En uno, que data de 2018, la brasileña reclama pagos a la estatal por más de 183 millones de dólares. En el segundo, también de 2020, PetroEcuador le exige una reparación por daños y perjuicios por 281 millones.

Desde entonces poco se avanzó en los tres casos, pero al fin los jueces han señalado la fecha de la audiencia que definirá si pagará o no las multas. Será desde el 15 de diciembre de este año. La constructora Odebrecht, que cambió su razón social a Compañía CNO SA, perdió en el pasado otros procesos de tipo tributario y con ello se va cerrando la posibilidad de recibir dinero del Estado a su favor. 

El caso del poliducto Pascuales-Cuenca es uno de los más pedagógicos para explicar la corrupción que relaciona a la constructora brasileña con las autoridades del gobierno del expresidente Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2016. Los errores y daños estructurales de las obras civiles son evidentes: decenas de vídeos, infografías e imágenes detallan cómo los taludes y muros construidos, tanto para permitir la apertura de terraplenes y el paso de la tubería, se han desestabilizado y están por colapsar. Esta condición podría provocar la destrucción de las grandes esferas de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo. Dado el peligro, las instalaciones se encuentran sin uso y la paralización genera millonarias pérdidas al día.  

CNO sabe que en estos cuantiosos juicios tiene todo en contra. Por ello, busca señalar a otros y evadir sus presuntas responsabilidades. 

Por ejemplo, para la demanda que PetroEcuador le inició por los daños y perjuicios en esta obra en desuso, Odebrecht pidió a los jueces incluir además a las empresas que realizaron los estudios de ingeniería, Caminosca, y a la firma internacional que realizó la fiscalización de la obra, Engil International. Además solicitó que las autoridades de Petroecuador que dieron luz verde al proyecto, en septiembre de 2013, también sean parte del caso.

La abogada de CNO, Verónica Isabel Loján Avellán, ha dicho durante dicho proceso judicial que Caminosca fue la responsable de los errores de construcción de Odebrecht, una declaración que al mismo tiempo implica un reconocimiento sobre las malas condiciones en que se encuentra la obra ejecutada. 

Asimismo, CNO argumentó que el artículo 80 de la Ley de Contratación Pública dice que el fiscalizador del contrato es responsable de tomar todas las medidas necesarias para su ejecución. “Si la acción planteada en contra de mi representada (CNO) pretende el cobro de una indemnización ocasionada por la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, quien era el encargado de hacer la fiscalización, revisión de toda la ejecución del contratos, era Elgin International”, dijo la abogada Loján.

De hecho, CNO ha manifestado de manera expresa que, como Elgin International ha sostenido que todas las instalaciones del proyecto Pascuales-Cuenca cumplieron con la figura contemplada en el contrato de construcción, la demandada (CNO) debe dirigirse también contra esta fiscalizadora que estaba obligada a controlar la ejecución del contrato.

El origen 

Desde el 17 de enero de 2020 José Agusto Briones, entonces ministro de Energía, anunciaba que el Estado iba a demandar a Odebrecht por las fallas estructurales en la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Se decía que solo faltaba afinar el monto económico a reclamar. 

Hasta ese momento la reacción del gobierno era nula ante la arremetida iniciada por Odebrecht el 9 de marzo de 2018, cuando le entabló el primer juicio a PetroEcuador por USD 183 millones 701 mil reclamando supuestas planillas no pagadas.

Agusto Briones prometió que el gobierno también golpearía. Aunque el primer movimiento se había concretado casi tres años atrás, avanzó con cierto letargo. El 27 de octubre de 2017, el gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, dispuso la terminación unilateral del contrato y anunció el inicio de las acciones judiciales por daños y perjuicios en contra de Odebrecht. Pero esto último no fue acatado inmediatamente por la oficina de procuraduría de la petrolera estatal. 

La presencia de un actor clave explicaba las demoras. Se trataba del procurador Marco Prado, quien desempeñó cargos muy importantes durante el gobierno de Rafael Correa. Fue viceministro de Justicia en 2013. Y en ese mismo 2013, Prado también desarrolló una consultoría para Petroecuador con el fin de viabilizar el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que finalmente construyó Odebrecht. Cinco años después, en 2018, este funcionario escaló al puesto de procurador de Petroecuador. Y para 2020, paradójicamente,  lideró la defensa de la estatal cuando la constructora le reclamó en los tribunales los mencionados pagos por USD 184 millones referidos a la obra que Prado antes asesoró.

En diálogo con periodistas en 2018, el ex ministro de Energía Augusto Briones advirtió que poderosos intereses impedían avanzar en la demanda que debía interponer el Estado.

¿Se trataba de alguien dentro del propio gobierno? Odebrecht contó con algunas circunstancias que levantan sospechas.

Una fue haber estado cerca de personajes influyentes que en el pasado tuvieron contratos relacionados con sus obras cuestionadas. Es el caso del ex procurador del Estado Íñigo Salvador Crespo, reemplazado en el cargo hace pocos días, quien en 2011 tuvo dos contratos de asesoría legal con la compañía estatal Refinería del Pacífico, por US$ 250 mil. Ambos servicios estuvieron relacionados con la construcción de esta nueva refinería, cuya obra fue ejecutada por la brasileña. 

Salvador incluso participó de la reunión del cierre del contrato entre Refinería del Pacífico con la compañía internacional Worley Parsons, que fue la encargada de fiscalizar y administrar el proyecto, el 21 de noviembre de 2011, para la realización de los estudios del acueducto La Esperanza, que también desarrolló Odebrecht y que era parte de la nueva refinería.

El 13 de febrero de 2019, Íñigo Salvador, ya como Procurador General del Estado, emitió un informe sobre Odebrecht y el poliducto Pascuales-Cuenca, sin determinar responsabilidad alguna pese a estos hallazgos: el presupuesto adjudicado en el contrato fue de US$ 369 millones, que era US$ 97 millones más de lo que Petroecuador fijó en su presupuesto referencial. Pero al 9 de agosto de 2017, el pago de Petroecuador a Odebrecht fue aún mayor: alcanzó los US$ 489 millones.

En el desarrollo de la obra, hubo aumentos de precios aprobados por Petroecuador y la fiscalizadora Elgin International, que también fue cliente de Odebrecht en una obra ejecutada en Colombia.

¿Qué hizo el ex procurador Salvador, quien el 9 de marzo de 2020 se quejó públicamente de que Odebrecht no se sentaba a negociar la reparación económica por toda la corrupción admitida por ella misma? “Al ser un aspecto de orden económico, y por estar fuera de las competencias de la Procuraduría del Estado, no se emite criterio al respecto”, dijo oficialmente el alto funcionario encargado de defender los intereses de Ecuador. 

Contactos al más alto nivel

Odebrecht contrató a un bufete de abogados con los mejores contactos. Es el estudio jurídico PBP, Pérez Bustamante y Ponce, que de 2010 a 2016 recibió pagos de US$ 800.000 desde la constructora brasileña y tiene como uno de sus socios a Francisco Roldán Cobo, abogado de enorme influencia en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Roldán Cobo es tío de Juan Sebastián Roldán, quien fue secretario particular y miembro de la mesa estratégica de decisiones (llamada mesa chica) del entonces presidente Moreno. 

Luego de perder en todas las instancias, el estudio Pérez Bustamante y Ponce logró un fallo de la Corte Constitucional que hizo ganar US$ 45 millones a Odebrecht, dejando como saldo para el Servicio de Rentas Internas (la administración tributaria ecuatoriana) solo US$ 10 millones, gracias a la comunicación directa con la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, que años después, tras la publicación del caso Arroz Verde en 2019, se descubrió la estrecha relación de Odebrecht y otras empresas con ella. 

Luego de quedar en evidencia, Martínez fue capturada y apresada. No tuvo otra salida que colaborar con la Fiscalía General del Estado y entregó las pruebas de cómo influenció en las decisiones de la Corte Constitucional, proporcionó la ruta de los sobornos de Odebrecht y los pagos por US$ 7 millones a la campaña de reelección presidencial de Rafael Correa en 2013. El caso Arroz Verde logró probar la participación de Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas, el secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera y seis exministros. De ellos, solo Glas y Mera mantienen prisión domiciliaria. 

Argentina se ha convertido en un lodazal para la constructora brasileña Odebrecht. Apenas mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires, no puede operar en el país y litiga contra el país por “discriminación” desde 2018 para poder volver a licitar obras. Odebrecht no termina de despedirse de Argentina y a seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país, también sostiene una demanda para cobrar una supuesta deuda de la financiera estatal Nación Fideicomisos SA mientras ningún miembro de la compañía que protagonizó el mayor caso de corrupción en América Latina ha sido sometido a indagatorias ni juicios penales en los tribunales argentinos, según los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR para el especial #ElCostodelaCorrupción, junto al equipo de Investiga Lava Jato*. 

A su vez, de las tres causas judiciales que se abrieron tras las revelaciones de 2016 sobre coimas, en sólo uno de los expedientes penales se ha avanzado contra los empresarios que actuaron como socios locales de Odebrecht y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la causa continúa en una especie de limbo judicial, sin definiciones sobre los 50 empresarios, ejecutivos, ex funcionarios y ex asesores indagados hace cuatro años. 

Argentina es el quinto país más sobornado por la empresa, según los exejecutivos que declararon ante las cortes de Brasil y Estados Unidos en 2016, hace seis años. Las coimas se pagaron por tres obras y durante el periodo 2007-2014, según surge del documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de ese año.

Soterramiento del Sarmiento 

El fiscal federal Franco Picardi se opuso recientemente a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El estudio fue pedido por la defensa del empresario Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, de acuerdo con un dictamen al que accedió elDiarioAR. 

La realización de la pericia contable dilatará aún más las definiciones sobre los acusados, ya que el juzgado deberá aguardar los resultados del informe para evaluar las conclusiones.

Además de oponerse al peritaje, el fiscal solicitó al juez que defina la situación de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, planteó el fiscal al juez en un escrito fechado el 6 de septiembre último. 

“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, afirmó Picardi, quien resaltó que “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.

El juez, sin embargo, ordenó en septiembre la realización del peritaje y aguardará los resultados para tomar una decisión, sostuvo una fuente judicial. El magistrado busca que un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analicen el estado de la obra y los puntos solicitados por la defensa, entre ellos si la documentación presentada por el consorcio empresario durante el proceso de licitación cumplió con las normas; los pagos realizados al consorcio de acuerdo al avance de obra; la oferta económica del consorcio por kilómetro de obra; entre otros.

El fiscal afirmó en su escrito que ese análisis ya había sido realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. 

En abril de 2019, el juez procesó a 26 de los acusados por dádivas, sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito. Los procesados fueron dos ejecutivos y exfuncionarios públicos, entre ellos, el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta. Las faltas de mérito fueron a favor de los empresarios y el resto de los ejecutivos, entre ellos a Angelo Calcaterra y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella.

Las faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho.

A pesar de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, el juez determinó que no existían pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso, los procesamientos a dos ejecutivos y a los exfuncionarios fueron por un delito menor: dádivas.

Tras la apelación del fiscal, en agosto de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones anuló lo que había resuelto el juez del caso, pero no ordenó procesamientos ni sobreseimientos. Devolvió el expediente al juzgado para que reevaluara la situación de todos los involucrados y los indagara por administración fraudulenta. Desde entonces, los 50 acusados permanecen en un limbo judicial. Ni procesados, ni sobreseídos, ni con falta de mérito. 

“El peritaje busca establecer el perjuicio del presunto delito de administración fraudulenta para que este caso prospere en el juicio oral”, dijo una fuente judicial ante la consulta de elDiarioAR.

Además, el juez espera una respuesta a un exhorto enviado en septiembre último a los Estados Unidos en busca de colaboración.

Los brasileños

Las socias locales de Odebrecht en la obra del soterramiento siempre han negado haber participado del pago de sobornos a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, en sus explicaciones al juez han sostenido que nunca supieron del pago de coimas y que si existieron, no participaron.

Mientras tanto, el juez Martínez de Giorgi intenta desde 2018 indagar a ocho autoridades de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y siete ejecutivos brasileños que operaron en Argentina y para América Latina entre los años investigados. 

Picardi logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, pero las defensas de los ex ejecutivos, confesores del pago de sobornos en Brasil y otros once países, vienen realizando planteos de nulidad contra la orden del juez argentino. Consideran que los acusados brasileños no pueden ser indagados por pruebas que ellos mismos aportaron como arrepentidos en su país.

El fiscal Picardi considera que están dadas las condiciones para procesar por sobornos a los implicados. Incorporó pruebas de supuestos pagos ilegales por US$5 millones a través una cuenta de una firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra. Los movimientos bancarios fueron aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2018.

Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación de AFIP. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa y uno de los indagados.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, Iecsa autorizó pagos por US$ 4.495.000 en cuotas justificados con un contrato firmado por el consorcio del soterramiento con la firma Detección De Riesgos Técnicos Control De Calidad Y Supervisión De Obras De Edificacion S.A., con domicilio en Saturnino Calleja 16, Planta Baja, Madrid. Esta misma compañía figura en investigaciones de otros países como una de las pantallas utilizadas por Odebrecht para simular contratos de servicios para transferir fondos que en realidad serían sobornos, como informó Perfil en 2018.

La pelea por los gasoductos

Un segundo expediente contra Odebrecht en Argentina es por el direccionamiento de los contratos de ampliación de los gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero sólo se enjuiciará a exfuncionarios por el delito de negociaciones incompatibles. Todos han negado los cargos. El juicio no tiene fecha de inicio, por el momento.

La investigación de la fiscalía de Federico Delgado probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Sin embargo, ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña y los exfuncionarios son objeto de una demanda iniciada por el Estado argentino en 2018 que busca resarcimiento por los daños causados por la corrupción -no se fijó monto-, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por elDiarioAR.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de US$45 millones en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez federal Daniel Rafecas, medida que ratificaron instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

“Discriminación”

En julio de 2017, el gobierno de Macri vetó a Odebrecht como proveedora de obra pública en Argentina, al suspender a la compañía del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública. En junio de 2018, tras fracasar en la vía administrativa, Odebrecht demandó al Ministerio de Interior -entonces a cargo del registro- por discriminación y sostuvo que sus socias locales -quienes niegan el pago de coimas- no habían sido castigadas de la misma manera, según consta en el expediente, al que accedió elDiarioAR. 

Luego del caso de los cuadernos de la corrupción, que comenzó en agosto de 2018, los abogados de la constructora brasileña en Argentina incluso presentaron artículos periodísticos que informaban que empresarios y ejecutivos de otras constructoras proveedoras de obra pública habían admitido el pago de sobornos a los Kirchner en la causa de los cuadernos y aún así tampoco habían sido sancionadas con su exclusión del registro.

Los abogados del Estado respondieron en un escrito: “La  finalidad  de  la  decisión -de suspender a Odebrecht del registro-  no es otra que  salvaguardar un verdadero  interés público, que es el de mantener indemne al Estado Nacional de la posibilidad  de licitar con contratistas que no posean la idoneidad moral que se requiere”.

“A la empresa no se le ha impuesto una sanción, sino que los elementos que ella  misma  aportó -para ser rehabilitada- fueron insuficientes a los efectos de proseguir el trámite pretendido”, dijeron los abogados del Estado en la contestación de la demanda ante el tribunal. 

“Mientras que la empresa dice que la comparativa de los balances presentados, en conjunto con el acuerdo de lenidad (firmado con Brasil para la colaboración de los arrepentidos) son suficientes para demostrar que la misma posee idoneidad moral, la administración concluye en contrario sentido”, agregó el letrado.

Odebrecht había sostenido que desde 2016, el Ministerio de Justicia de Estados  Unidos y el Estado Suizo, así como el brasileño, hacen una auditoría permanente sobre las acciones de Odebrecht. “Pues bien, el Estado Argentino también lo hace -le respondieron los abogados estatales-, en este caso por medio de los actos administrativos que se pretendieron impugnar. Si los Estados mencionados por la actora toleran que mediante el pago de una multa se disponga la finalización de las  investigaciones relacionadas a hechos de corrupción en el seno de la empresa, no puede pretenderse que el Estado argentino actúe en consecuencia de igual manera. Ello por respeto al principio de soberanía imperante”, agregaron.

La planta de Aysa

Un tercer caso penal es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez Sebastián Casanello del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y a exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de juicio. 

Los empresarios y ejecutivos argentinos procesados en la causa estaban a cargo de las empresas Roggio, Supercemento y Cartellone.

El expediente incluye también los procesamientos contra Carlos Wagner, de Esuco, el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.

Mientras los argentinos, que niegan los cargos, van a juicio, el juez también negocia desde 2018 con las autoridades de Brasil para indagar a los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron coimas por esta obra y al entonces presidente de Camargo Correa, Antonio Miguel Marques.  

Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. 

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú);

Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos. 

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. 

Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). 

Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2 mil 400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la empresa en dos instancias, pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones porque la constructora apeló al tribunal supremo.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe con Alicia Ortega, que forma parte del Grupo SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ocasionó, en 2021, 5 muertos y 17 lesionados tras choques contra los únicos pilares que se levantaron. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Sobornos camuflados en República Dominicana

Además del pago de los 184 millones de dólares, que representa el doble del monto de la coimas que admitió la empresa haber pagado a cambio de ser favorecida con contratos en República Dominicana, Odebrecht se comprometió a entregar a la Procuraduría información relevante y precisa para identificar a las personas sobornadas, así como el contexto y las circunstancias en que se pagaron dichos sobornos, según el acuerdo homologado por los tribunales.  

“Si lo que tenemos es lo que entregaron, ahí no está toda la información”, afirmó Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción de República Dominicana. La funcionaria aclaró que la recepción de información fue durante la gestión anterior, encabezada por Jean Alain Rodríguez, ahora investigado por corrupción y quien dirigió la procuraduría entre 2016 y 2020.

En el país, el caso penal concluyó con la absolución de cuatro de los implicados y sólo dos condenas de ocho y cinco años de cárcel, que fueron apeladas. La empresa no identificó a ninguno de los receptores de las coimas camuflados con apodos en los registros del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el área encargada de gestionar el pago de dinero ilegal.

Los únicos nombres en clave que se revelaron en el país fueron aportados por El Informe, programa televisivo que integró la investigación “División de Sobornos” encabezada en 2019 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la participación de periodistas de la red Investiga Lava Jato.

Ni un peso en México

Entre los casos analizados para este reportaje, México ha ofrecido el mejor escenario para Odebrecht. Tras la confesión del pago de sobornos por 10,5 millones de dólares en ese país, entre finales de 2018 y principios de 2019, la empresa ofreció al gobierno de México firmar un acuerdo de colaboración para aportar información documental sobre los funcionarios involucrados y pagar 18 millones de dólares de reparación por el daño causado. A cambio, la compañía pedía que las autoridades mexicanas no denuncien penalmente a sus exdirectivos y que la constructora continúe ejecutando obras en el país. 

Sin embargo, el monto de las coimas superó largamente la cifra admitida inicialmente por la empresa, como informó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, integrante de Investiga Lava Jato. La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó el acuerdo con Odebrecht y también se negó a suscribir un compromiso con la Procuraduría General de Brasil para obtener información sobre el caso de Odebrecht a cambio de inmunidad legal para la empresa y sus exdirectivos.

La Fiscalía decidió encarar una investigación por su cuenta, para lo cual realizó 50 peticiones de asistencia jurídica a 18 países, a los que ha requerido apoyo para obtener documentos y testimonios. 

“La empresa siempre ha estado dispuesta a negociar y formalizar acuerdos que permitan la presentación inmediata de información y documentos para colaborar con procedimientos de investigación”, pero “en algunos países, como México, las autoridades incluso declararon que no harían acuerdos con la empresa, y en otros nuestra manifestación no fue respondida. No sabemos las verdaderas razones de esto”, afirmó Odebrecht ante la consulta de Investiga Lava Jato.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República han mostrado que una parte de los sobornos de Odebrecht en México se usó para pagar campañas electorales del PRI en los estados de Tamaulipas y Veracruz, así como la del candidato presidencial de ese partido en 2018, Enrique Peña Nieto.

A pesar de que hay documentos y declaraciones ministeriales que comprueban que la trama de corrupción de Odebrecht en México se extendió entre 2006 y 2014 e involucró a distintos gobiernos locales y federales, la Fiscalía ha centrado su acusación en torno a los señalamientos que ha realizado Emilio Lozoya, un exdirector de Pemex, a quien le ofreció beneficio procesal a cambio de información.

El resultado fue la aplicación de una justicia selectiva, pues el caso se ha dejado de lado o ha minimizado el posible involucramiento de personajes que colaboran en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Leonardo Cornejo, quien firmó los contratos a favor de Odebrecht en la refinería de Tula y quien ahora es directivo de Pemex; o Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del gobierno mexicano, quien en su periodo como gobernador de Michoacán asignó a Odebrecht la obra de una represa.

Como resultado, Odebrecht fue sancionada en México con multas equivalentes a 81,6 millones de dólares de los que finalmente no pagó ni un peso: la autoridad fiscal mexicana le canceló sanciones económicas por 54 millones y además la compañía busca que le anulen otras multas por 27 millones de dólares. 

Odebrecht tampoco enfrentó consecuencias penales en el país y contraatacó con su propia demanda contra Pemex en diciembre de 2018 por 99 millones de dólares por supuestos pagos adeudados por obras. Además, por vencimiento de plazos y gracias a litigios contra el Estado, la constructora fue retirada de la lista de empresas sancionadas y a partir de 2022 ya puede volver a concursar para obtener contratos en México. 

La compañía brasileña también ha logrado que Pemex le pague supuestos adeudos por otros 4,5 millones de dólares y que se anulen multas impuestas por otros 10 millones de dólares a un exdirectivo de la constructora y a una empresa con la que Odebrecht estuvo asociada en la trama de corrupción en México.

Sumas y restas en Ecuador

En Ecuador, la situación ha sido similar a la de México. En diciembre de 2017, el vicepresidente en funciones, Jorge Glas Espinel, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, acusado de haber recibido 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para adjudicar a la constructora contratos entre 2010 y 2012. Por este proceso, Glas Espinel aún está detenido en su domicilio. El exfuncionario se considera un “preso político” y “víctima del lawfare” o guerra judicial, al igual que el expresidente de Brasil y candidato a la Presidencia de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, absuelto por el Superior Tribunal de Justicia brasileño.

Cinco años más tarde, los procesos penales por lavado de activos o asociación ilícita quedaron atrás en Ecuador. Actualmente, el caso Odebrecht se litiga en las cortes ordinarias de Guayaquil y el objetivo es el dinero. Dos de los procesos corroborados por Investiga Lava Jato son impulsados por CNO SA (Constructora Norberto Odebrecht SA) y buscan que la empresa pública Petroecuador indemnice a la constructora con más de 290,8 millones de dólares.

El tercer caso fue iniciado por la empresa pública Petroecuador, que presentó su propia demanda contra Odebrecht.

Los tres procesos tienen un denominador común: el proyecto Pascuales Cuenca, un poliducto de 200 kilómetros que parte del Puerto de Guayaquil en el Océano Pacífico, cruza la cordillera de los Andes y finaliza en un centro de almacenamiento en la ciudad de Cuenca, en el suroeste de Ecuador. 

La empresa solicitó a la justicia que declare ilegal el término unilateral del contrato que el vicepresidente Glas aplicó en el proyecto Pascuales Cuenca en 2016, cuando el escándalo salió a la luz. El 17 de diciembre de 2021, el tribunal de lo contencioso administrativo dictó sentencia a favor de Petroecuador y resolvió rechazar la demanda presentada por Odebrecht (hoy CNO S.A.).

El 8 de marzo de 2022, la empresa interpuso un recurso contra la sentencia y la Corte Nacional de Justicia tiene pendiente resolver el pedido presentado. El segundo juicio de CNO S.A. se inició en 2020 en el tribunal de lo contencioso administrativo de Guayaquil y pretende que se declare la ilegalidad de un informe de liquidación financiera y contable del contrato de Pascuales Cuenca, que impuso multas a la constructora por más de 107 millones dólares.

La empresa pública Petroecuador presentó a su vez una demanda contra Odebrecht por 281,3 millones de dólares por incumplimiento del millonario contrato y para que se condene a la empresa al pago de las costas procesales y de los honorarios de los abogados patrocinadores que Petroecuador debió contratar para enfrentar el litigio.

La primera audiencia preliminar de este juicio se convocó el 7 de diciembre de 2021. Sin embargo, debido al volumen de pruebas que ha presentado la empresa petrolera ecuatoriana, esta primera audiencia apenas concluyó casi ocho meses más tarde: el 21 de julio último. 

El caso está a la espera del señalamiento para la audiencia de juicio, en la que se presentará y practicará la prueba aportada por las partes. Si el Estado ecuatoriano se beneficia de la sentencia, deberá pelear en dos instancias más, lo que implica no menos de dos años más de litigio.

El caso de Pascuales Cuenca es clave para entender la lógica de Odebrecht y su forma de cambiar las cifras de un proyecto: los estudios en 2012 determinaron un valor inicial en 200 millones de dólares; se adjudicó el 17 de octubre de 2013 por 370 millones de dólares; y su valor final fue de casi el doble: 600 millones de dólares. En 2020 el Estado ecuatoriano invirtió 90 millones de dólares adicionales para subsanar problemas en la construcción, especialmente en el centro de acopio que empezó a hundirse a causa de filtraciones de agua.  

En 2017, la Fiscalía General del Estado y Odebrecht negociaron un acuerdo de colaboración para que la compañía entregara pruebas de los destinatarios de sobornos por 33,5 millones de dólares pagados por la constructora en ese país durante las elecciones presidenciales de Rafael Correa, acusaciones que el exmandatario niega.

La empresa envió a Quito a un delegado, Antonio Poncioni Mérian, amigo personal de Marcelo Odebrecht, para persuadir a las autoridades del país a que se cumpla el acuerdo firmado con la Procuraduría del Brasil para la colaboración internacional que permitiría la entrega de información de los sobornos pagados a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía.

Odebrecht ofreció resarcir a Ecuador por 184 millones de dólares, pero las negociaciones fracasaron, al igual que en México. La empresa buscaba un acuerdo civil, o mejor dicho, un cruce de cuentas con el que cancelaría obligaciones pendientes con subcontratistas y de sobrar algo, entregaría el resto al Estado ecuatoriano. 

Impunidad en Venezuela

Los primeros y únicos intentos de administrar justicia sobre el caso Odebrecht en Venezuela fueron truncados el mismo año en que fueron anunciados. En enero de 2017, el Ministerio Público venezolano a cargo de la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dio a conocer la activación de las investigaciones sobre los manejos del patrimonio público y su relación con los contratos de la constructora brasileña en el país. 

Durante enero de 2017, el caso fue asignado a la fiscal auxiliar interina 55, Anamar Ravelo Labrador, quien inició la investigación por los delitos de “corrupción impropia, concierto de funcionario público con contratista y asociación para delinquir”. Ravelo solicitó cooperación internacional a Brasil para entrevistar a los delatores que colaboraban en el proceso y también pidió asistencia a Suiza, que podía aportar la información bancaria de los pagos ilegales. 

La fiscal pidió una orden de detención contra el expresidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, a quien también le prohibió enajenar bienes y le bloqueó sus cuentas bancarias mientras el ejecutivo se encontraba en Brasil colaborando con la Justicia. Además, logró los allanamientos en las oficinas de la empresa en Caracas.

En los allanamientos se encontraron carpetas con información de los contratos del Metro de Caracas y Los Teques, de los relacionados con PDVSA, el aeropuerto internacional de Maiquetía, el Tercer Puente sobre el Orinoco, entre otras obras de la empresa en el país, así como correspondencia dirigida a Nicolás Maduro y documentos firmados por Hugo Chávez y su sucesor en el poder.

El 16 de febrero de 2017, dos días después del allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Caracas, la hija y el nieto del esposo de la entonces fiscal general Ortega Díaz fueron secuestrados. Ese mismo día, la exfiscal general y el fiscal Zair Mundaray estaban reunidos con sus pares en Brasil. La primera terminó exiliada y su colega, apartado de la función pública fuera del país.

Cabe resaltar que durante la gestión de Luisa Ortega, Odebrecht estableció preacuerdos de cooperación con la justicia venezolana. Llegaron a declarar los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, que trabajaron en la campaña de Hugo Chávez. Euzenando Acevedo, gerente general de Odebrecht en ese país, incluso ofreció su colaboración, aunque finalmente desistió. A Ortega la reemplazó Tarek William Saab, quien dijo que la anterior gestión dejó solo “20 hojas” del expediente de Odebrecht en los despachos. Sin embargo, fiscales venezolanos que trabajaron en dicho caso han mostrado ante los reporteros de Alianza Rebelde Investiga más de una veintena de carpetas con detalles de la investigación.

A cinco años de los sucesos, no existieron acuerdos de reparación económica en Venezuela. Tampoco avances en las investigaciones judiciales, que no sólo están congeladas sino que sufrieron un revés cuando fue suspendida la primera imputación de dos presuntos responsables. 

El juez undécimo de primera instancia de control de Caracas, Luis Argenis Marcano Sanabria, eximió de toda responsabilidad a la esposa y suegra del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, quienes habían sido citadas por la saliente fiscal Ortega Díaz por su presunta relación con la red de sobornos del Lava Jato. Ambas eran beneficiarias de ocho cuentas bancarias con más de 40 millones de dólares presuntamente transferidos por empresas offshore vinculadas a Odebrecht, congeladas por la fiscalía suiza.

La única demanda del Estado venezolano contra Odebrecht admitida en 2018 por tribunales venezolanos fue la que interpuso la compañía estatal Metro de Caracas contra la constructora por incumplimiento de un contrato por más de 76 millones de dólares para la construcción de 2 mil 400 viviendas a edificar en un terreno de Mariche, población del estado Miranda. En este proceso se dictaron embargos contra los bienes de la empresa y la aseguradora. Según el contrato firmado en 2012, la obra debía estar lista en diciembre de 2017. Sin embargo, hasta 2015 el avance era de apenas 10%, según la memoria correspondiente de ese año. El dinero aún no fue recuperado.

En septiembre de 2021, Maduro aprobó otros $17,5 millones de dólares para terminar obras inconclusas por la empresa, entre ellas el tren Caracas-Guarenas-Guatire, que “fueron abandonados por Odebrecht de manera ilegal”, según el mandatario. Ya en marzo de 2018, Maduro había asegurado que las obras que dejó la constructora brasileña serían terminadas y solicitó al vicepresidente de ese momento, Tareck El Aissami, que las entregaran a los gobernadores para que fueran retomadas “con mano de obra social”.  

En octubre de 2021, la gestión de Maduro anunció el reinicio de los trabajos de construcción de las obras del Metro de Guarenas-Guatire, pero un año después el equipo de la Alianza Rebelde Investiga pudo verificar que nadie trabaja en la construcción de la solución ferroviaria.

Los obstáculos para investigar los casos de gran corrupción como el de Odebrecht en Venezuela fueron reconocidos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas en su segundo informe publicado en septiembre de 2021. La Misión de la ONU denunció las presiones y persecuciones que sufrieron los fiscales que investigaron el caso Odebrecht, a quienes las autoridades intentaron detener cuando regresaron de Brasil para interrogar a testigos de este caso. También el reporte alerta que en 2017, al menos 50 fiscales fueron perjudicados con medidas de prohibición de salir del país por haber trabajado en expedientes de corrupción, entre otras razones.

Reformas y litigios en Perú

Odebrecht dijo inicialmente haber pagado sobornos por 29 millones de dólares en Perú. Sin embargo, hasta la fecha se han contabilizado pagos ilegales por más de 69 millones de dólares, que involucran también a candidatos políticos y otros operadores.

Perú sólo tiene una condena judicial por el caso Lava Jato, pero las revelaciones de Odebrecht en diciembre de 2016 generaron dos reformas positivas en el país. A raíz de las evidencias sobre los aportes ocultos a las campañas electorales de distintos partidos y candidatos, en 2019 se incorporó al Código Penal peruano el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas; y además se promulgó la ley que generó las condiciones para promover que las compañías aseguren previamente el pago de una eventual reparación civil —de ser halladas culpables— o que incluso se acojan a los beneficios de una colaboración eficaz.

A partir de esta última norma, las empresas pueden coordinar con la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato una forma de garantizar los futuros pagos indemnizatorios al Estado, a través de la creación de fideicomisos, en lugar de arriesgarse a embargos preventivos que podrían poner en riesgo la viabilidad de sus operaciones y romper la cadena de pagos con sus proveedores.

Como parte del acuerdo de colaboración eficaz que Perú firmó con Odebrecht en 2019, Odebrecht se comprometió con la Procuraduría Lava Jato a pagar una reparación civil de 152,5 millones de dólares en 15 años. Con intereses legales el pago total alcanzará los 190 millones de dólares. 

Los montos recuperados por esta procuraduría son destinados al mejoramiento del sistema de defensa legal del Estado peruano.

A la fecha, Odebrecht ha pagado tres cuotas (2019, 2020 y 2021) de la reparación civil contemplada en su acuerdo de colaboración eficaz por un monto de 124 millones de soles (31 millones de dólares). 

Al mismo tiempo, en febrero de 2020 inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el CIADI para reclamarle el pago de 1.200 millones de dólares por resolver el contrato del Gasoducto Sur Peruano. El estado de dicho proceso arbitral aún figura como «pendiente» en la base de datos pública del organismo internacional.

Si bien Odebrecht se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y OAS, ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, otras constructoras brasileñas involucradas en la trama de corrupción como Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez, han litigado intensamente contra las autoridades para evadir su responsabilidad penal. Estas empresas conforman el Consorcio Intersur y son investigadas también por presuntos sobornos relacionados a la Carretera Interoceánica Sur, que puso al descubierto Convoca.pe.

La constructora Camargo Correa, por ejemplo, batalla en los tribunales para eliminar las pruebas incautadas en el caso Castillo de Arena que apuntan a explícitos pagos de coimas en Perú, basándose en la teoría del “fruto del árbol prohibido”. Como se sabe, dichas evidencias fueron anuladas en Brasil y, según el razonamiento de Camargo Correa, por ello también deberían ser inválidas para la justicia peruana.

Los primeros intentos para hacerlo han fracasado pero aún tiene vías para seguir solicitando esta eliminación de documentos. Por el momento, debido a la falta de colaboración de las empresas, la investigación por este caso aún se encuentra en curso, sin acusación.

Argentina en punto muerto

Odebrecht admitió sobornos por 35 millones de dólares en Argentina, entre 2007 y 2014, a funcionarios argentinos para poder asegurarse tres obras públicas en el país, pero nunca logró negociar un acuerdo de colaboración. En cambio, por cada obra, se inició una investigación penal. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. 

El primer caso es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de inicio. 

El expediente incluye también los procesamientos contra el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa. 

En el segundo expediente, por el direccionamiento de los contratos de gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, sólo se enjuiciará a exfuncionarios de la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner por el delito de negociaciones incompatibles. El juicio tampoco tiene fecha de inicio.

En el caso de los gasoductos, la investigación de la fiscalía probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña fue demandada por el Estado argentino por daños, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por el equipo de Investiga Lava Jato.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de 45 millones de dólares en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez que investiga el caso penal y ratificada por instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

Un tercer caso, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales -que incluye al primo del expresidente Mauricio Macri- están procesados, a pesar de que el fiscal logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos brasileños que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, y se incorporaron pruebas sobre el supuesto rol de una de las socias locales en pagos ilegales a exfuncionarios. La causa lleva abierta seis años y medio y casi sin movimientos desde hace tres años, de acuerdo a los documentos y fuentes judiciales consultadas.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es coordinado por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortega (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).