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Etiqueta: Santiago Cuesta

Arroz verde: la historia del sepulturero

Cuando el 3 de mayo de 2019 los portales La Fuente y Milhojas publicamos la investigación Arroz Verde 502, sorpresivamente el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi, resultó ser el más indignado; arremetió entonces contra de los periodistas investigadores.

Pocos entendían por qué el Consejero despotricó con tanta vehemencia en contra de una investigación que aparentemente no afectaba al gobierno de Lenín Moreno, sino directamente al de Rafael Correa, su adversario reciente.

Pero, Cuesta sabía que los documentos de Arroz Verde pronto lo pondrían en escena junto a Pamela Martínez, Rafael Correa y Laura Terán. En esa entrega periodística exhibimos un mensaje de 16 de noviembre de 2012, enviado por Laura Terán Betancourt a Pamela Martínez Loaiza, en el que Terán le recuerda: “Estaría pendiente la cita con el señor Santiago Cuesta”.

El poderoso consejero de Lenín sabía que ese email abriría las puertas al infierno. Nuevas evidencias que forman parte del archivo de Terán Betancourt, aún no reveladas, ubican a Cuesta Caputi en la mesa de Arroz Verde y como parte de una trama de millonarios perjuicios al Estado ecuatoriano.

“Querido Presidente. Nunca antes había recurrido a Usted, para solicitarle intervención alguna en ninguna materia, ahora recurro ante Usted, por en un litigio que mantengo con el Ex Gerente de Seguros Sucre, quien desde el 5 de Septiembre de del 2011, ilegalmente me quitó un contrato y no me canceló valores que mi empresa ya había sufragado (…) encarecidamente le solicito me dé una cita de manera urgente para que conozca de primera mano este problema, ya que cuenta con varios informes que demuestran mi honesto accionar y me ayude a que no se cometa una injusticia en mi contra”.

Con este nivel de cortesía y complacencia, Santiago Cuesta Caputi se dirigió al ex Presidente Rafael Correa Delgado el 15 de noviembre de 2012 y le solicitó que intervenga ante la justicia para que se archive la denuncia por peculado que presentó Maximiliano Donoso, Ex Gerente de Seguros Sucre en su contra.

Santiago Cuesta Caputi, desde que ostenta el cargo de Consejero pulverizó su memoria y no le ha faltado oportunidad para derrochar odio e insultos en contra del expresidente Correa, calificándolo como “el más corrupto de la historia”.

El actual Consejero Presidencial, desde inicios de esta década, acarrea un problema judicial del que no ha podido librarse. Una auditoría externa contratada por Seguros Sucre en 2011 y un informe de la Contraloría de enero de 2013, señalan a su empresa Seprofin como autora de sobre facturación y refacturación, en la prestación de servicios exequiales a ciudadanos beneficiarios del bono de desarrollo humano, lo que le valió una demanda de peculado por un perjuicio de $3 millones. Eran los tiempos en que para Santiago Cuesta, Correa no era “el más corrupto de la historia”.

Al finalizar 2012, asustado por las acciones judiciales en su contra, Santiago Cuesta imploró ayuda a su amiga Pamela Martínez, con ella intercambió correspondencia, se reunió al menos una vez, buscó la intervención de Correa y obtuvo un informe presidencial a su favor que le permitió en la Fiscalía, dirigida entonces por Galo Chiriboga, sepultar el caso Seprofin (El sobreprecio con los muertos).

El encuestador de Alianza Pais, en su carta a Rafael Correa, via correo electrónico, le informó que Pamela Martínez había emitido un informe a su favor: La Dra. Pamela Martínez, que trabaja en directa relación con usted, y tengo entendido que a petición suya también emitió un informe en donde determinó tampoco había cometido delito alguno”,(sic).

La buena relación entre Martínez y Cuesta quedó marcada en una serie de comunicaciones y en un encuentro donde no solo se desgustó yogurt con pan de yuca y café, sino que dejó en escena el manejo de dinero en efectivo, a esa fecha y en ese despacho presidencial, de una cifra cercana a 700 mil dólares, de los que, ese día, se entregó $200 mil con un recibo de 400 mil dólares.
La correspondencia entre Pamela y Santiago

Con fecha 15 de noviembre de 2012, a las 17H48, Santiago Cuesta Caputi, desde la cuenta [email protected], dirigió un mensaje a la cuenta [email protected] de Pamela Martínez Loaiza, a esa fecha asistente de la Presidencia de la República, solicitando una cita con el entonces presidente Rafael Correa Delgado. En el mensaje Cuesta le cuenta a Martínez, que le ha escrito una carta al Presidente y remitido al email que Correa le había dado para que le envíe las encuestas de su empresa CMS. “Si Usted interceder o puede hacer algo por que me den la cita, le quedare eternamente agradecido” (Sic).

En efecto, al referido email se adjuntó una carta remitida minutos antes a la cuenta personal de Correa Delgado [email protected], misiva en la que Cuesta implora “desesperadamente” ayuda presidencial frente a la investigación que realizaba a esa fecha Seguros Sucre, la Contraloría General del Estado yla Fiscalía, por presuntos delitos de peculado y sobre facturación en los contratos que la empresa Seprofin, mantenía con la aseguradora estatal.

El mismo 15 de noviembre, seis minutos después, a las 17H54, Pamela Martínez, desde su BlackBerry respondió a Santiago Cuesta: “Me parece muy acertado el texto”. A las 22H50 del mismo día, hay otra comunicación entre Cuesta y Martínez, con el asunto: “Carta solicitu de cita al Presidente Correa” (sic).
A día seguido, viernes 16 de noviembre de 2012, a las 13H03, se registra otro mensaje de Pamela Martínez a Santiago Cuesta, en el que responde: “Claro con gusto”.

En horas de la tarde del mismo 16 de noviembre, a las 18H00, Santiago Cuesta y Pamela Martínez volvieron a comunicarse a través de las mismas cuentas de email y esta vez se incluyó una copia a Laura Terán Betancourt, asistente de Martínez Loaiza. En esta ocasión Cuesta le informa a Martínez: Pamela se canceló el programa de TV, estoy viajando ahora hacia Guayaquil, cree Usted que me pueda recibir a las 4pm” (sic).

Seis meses después, en mayo y junio de 2013, se retoman las comunicaciones entre Santiago Cuesta, Pamela Martínez y Laura Terán. El 28 de mayo, a las 22H26, Cuesta envía un mensaje a Martínez, con el asunto: Carta, en la que dice: “Estimada Pamela nuevamente recurro a Usted, como tabla de salvación para que me ayude en el mismo problema…”.(sic) Cuesta se refiere a los mismos litigios judiciales entre Seprofin y Seguros Sucre, hasta esa fecha no resueltos.

Dos minutos después, a las 22H28, Pamela Martínez, respondió el mensaje de Cuesta, con copia a la cuenta [email protected], de Laura Terán Betancourt, en el que dice “Voy a incluirlo en los temas de despacho de SP (Señor Presidente), el código utilizado en la trama de corrupción Arroz Verde.
El viernes 7 de junio de 2013, a las 17H46, Laura Terán Betancourt, desde su cuenta personal [email protected] dirigió un mensaje a la cuenta [email protected], de su jefa Pamela Martínez Loaiza: “Estimada Doctora acompaño registro despacho para su revisión” (sic). Uno de los tres adjuntos era un registro completo de los chats entre Laura Terán y Pamela Martínez del día 17 de enero de 2013. El intercambio de mensajes entre Terán (Laury) y Martínez (PAM/Jesús yo confío en ti) incluyen disposiciones sobre una reunión con Santiago Cuesta Caputi.

Según la correspondencia revisada, Santiago Cuesta tenía un encuentro pactado con Pamela Martínez en el Club La Unión el 17 de enero del 2013. Ella pidió a Laura Terán retrasar 30 minutos la cita, pero, en el mismo chat se advierte que Cuesta acudió a la oficina de Pamela Martínez en el edificio Concorde en Quito, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Salazar (a una cuadra de La Unión). En el chat archivado por Laura Terán el mismo día de la reunión (17 de enero de 2013) consta un diálogo entre Martínez y Terán, en el que Pamela ordena “sáqueme doscientos mil líquido” de la caja con “clave del closet 041968”, ademas dispone que el recibo sea por $400 mil y el código “395”.


La metida de mano que benefició a Cuesta

El 24 de abril de 2014 se dictó auto de sobreseimiento en favor de Santiago Cuesta por el caso Seprofin. El fiscal Byron Granda, en acuerdo con Galo Chiriboga, se abstuvo de acusar a Cuesta, dejando de lado el contundente informe de Contraloría de enero del 2013 y los resultados de la auditoria externa realizada por Seguros Sucre, que determinaron que la empresa de Cuesta perjudicó al Estado en más de 3 millones de dólares.

En un evidente tráfico de influencias, Santiago Cuesta solicitó la intervención de Correa para salvarle de un juicio por peculado, doble facturación y falsificación de documentos. Correa medió y el caso Seprofin quedó empolvado en la Fiscalía.

La caja del muerto SÍ tiene bolsillo

Seprofin es la empresa de Santiago Cuesta que en 2011 protagonizó un escándalo de sobrefacturación y refacturación de servicios exequiales, utilizando los servicios funerarios a través de cuatro coordinadoras funerarias, la mayoría piratas.

Cuando moría un beneficiario del bono de desarrollo humano, sus familiares gestionaban los beneficios para entierro, traslado y seguro de vida del fallecido. A ellos, siempre llegaba una de  las coordinadoras para atender los servicios funerarios con el objetivo central de ser intermediarias y pasar la factura a Seprofin que al final, era la empresa que cobraba a Seguros Sucre.

Las coordinadoras se valían de los servicios que legalmente prestaban las funerarias en cualquier lugar del país, a ellas comprometían el pago, a precio de mercado, recibían la factura, copiaban los datos del muerto y le “ponían bolsillo”. Estas coordinadoras se guardaban las facturas del proveedor local (real) y enviaban otra a Seprofin, con sobreprecios desmesurados; Seprofin a su vez, utilizaba las facturas de las “coordinadoras” para cobrar a Seguros Sucre.

El proceso precontractual y contractual entre Seguros Sucre y Seprofin está plagado de irregularidades. La sobrefacturación que la empresa de Cuesta presentó a Sucre, más de 3 millones de dólares que debieron destinarse para atender a los beneficiarios fallecidos del Bono de Desarrollo Humano, terminaron en los bolsillos de Seprofin, como establecen los informes de Contraloría y MC.

Santiago Cuesta hizo negocio con la gente que moría: se aprovechó del ínfimo subsidio que el Estado entrega a las familias del Bono de Desarrollo Humano. Como representante legal de Seprofin, usó a esta empresa para lograr un contrato “a dedo” para “brindar servicios de exequias”, cuando Seprofin desde su constitución en 1999, era proveedora de Servicios de Procesamiento Contable y Asesoría en Finanzas Internacionales, de ahí sus siglas. Santiago Cuesta cambió el objeto social de la empresa a “Prestadora de Servicios de Exequias” para poder “legalizar” el contrato con Seguros Sucre. Acto seguido, creó una red fantasma con 4 coordinadoras que intermediaban con las funerarias locales, cuando un beneficiario del bono fallecía.

La Contraloría General del Estado el 13 de enero de 2013 aprueba un informe de examen especial a Seprofin, (entre agosto de 2009 y septiembre de 2011) en el que se incluye el perjuicio de Seprofin a Seguros Sucre por más de 3 millones de dólares. Esta cifra de pérdidas coincide con los resultados de una auditoria externa que Seguro Sucre contrató con la empresa Management Consultants para revisar los fraudes cometidos en el contrato a inicio de 2011.

Seprofin: de asesora contable a funeraria

Los beneficiarios del Bono de Desarrollo, junto a los $50 que reciben como subsidio del Estado desde 1998, tienen derecho a diversos beneficios, entre ellos la asistencia en caso de fallecimiento. En el marco de la atención a las familias vulnerables en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), el 5 de octubre de 2009, contrata con Seguros Sucre una póliza de vida y servicios de exequias a favor de las personas habilitadas en el Bono de Desarrollo Humano, Pensión por Adulto Mayor y Pensión para Personas con Discapacidad, llamada “Póliza de Seguro colectivo de Vida 000491”.

El 1 de octubre de 2009, Oscar Herrera, gerente de Seguro Sucre, firma un contrato de prestación de servicios con Seprofin, con vigencia al 31 de diciembre del mismo año. Seprofin firma el contrato pese a no haber ofertado; ofertó si, Fidelity Assistance en alianza con Seguros Porvenir. Pero, ¿cómo es que firma el contrato sin haber ofertado? ¿Cómo es que firma el contrato si su razón social lo impedía? Pues fácil para Santiago Cuesta.

Según el informe de Contraloría referido, Él dijo que su empresa no podía aumentar el capital de Fidelity porque el trámite llevaba entre 60 y 90 días y era Seprofin una empresa que tenía un patrimonio más cercano para lograr la contratación. Lo mismo sucedió con el otro tema, si no estaba calificada para dar servicios funerarios, cambió su objeto y razón social; ahora Seprofin era “Servicios Exequiales Previsivos Integrados, Seprofin”, y listo, Santiago tenía vía libre para su negocio.

Seprofín S.A. realizó el cambio de razón social en la Notaría 17 del doctor Remigio Poveda Vargas el 15 de septiembre de 2009. Seprofin reformó sus estatutos y agregó a su objeto social: “La prestación en forma directa o indirecta de servicios exequiales, funerarios, de sepultamiento, de cremación, velación, traslado de restos mortales, arrendamiento de sala de velaciones, y más actividades relacionadas”

Contraloría observó que Seprofin al momento de la firma del contrato tenía como objeto social una actividad económica diferente a la que consta en el contrato. Para el 1 de octubre de 2009, fecha de la firma del contrato, Seprofin no contaba con la razón social de prestación de servicios exequiales. El gerente de Seprofin, Santiago Cuesta, no informó que su razón social eran servicios contables, ni que se realizó el cambio de la razón social de la empresa. El cambio del objeto social solo se legalizó el 9 de noviembre del 2009.

No solo que Seprofin ofreció servicios que no constaban en su razón social, sino que la contrataron bajo Régimen Especial o a dedo, como era el estilo del correísmo. Seguros Sucre omitió realizar un concurso de ofertas para la previsión de los servicios de exequias, una negociación directa que no garantizó la idoneidad y capacidad de la empresa para ofrecer los servicios de manera transparente. Se terminó adjudicando un contrato millonario a una empresa de contabilidad, que a último momento se transformó en empresa funeraria.

Seprofin aumenta sus ganancias

La primera oferta de Seprofin fue un plan de seguro de vida por $1000, por el servicio de previsión de exequias de hasta $1500 y un costo de $1 mensual por afiliado. Luego de negociaciones con el MIES y los ejecutivos de Seguros Sucre, se acuerda que el valor de aporte por afiliado sea de $0,50, que se reparte así: $0,13 para Seguros Sucre y 0,37 para Seprofin por los servicios exequiales.  En el primer período, entre el 1 de octubre y 31 de diciembre Seguros Sucre entrega a Seprofin $1.842.134,18 por la atención de 1469 casos de exequias. Después, 1 de enero del 2010 el contrato con Seprofin fue inmediatamente renovado. Durante ese período Seguros Sucre pagó $8.936.144,91 por la atención de 13323 casos.
Seprofin, durante su segunda contratación, aumentó sus ingresos porque el 3 de mayo del 2010 junto con el gerente de Seguros Sucre modificaron una cláusula en la que ahora la aseguradora reconoce pagar $0,42 en vez de los $0,37 anteriores, lo que significó un aumento del 14% del contrato. Además, si comparamos el contrato de 2010, con el de 2009, en el de 2010, Seguros Sucre se compromete a pagar el 2% de comisión por la administración del servicio exequial, sobre el total del valor facturado por Seprofin.

La red de funerarias: una pantalla de intermediación

Seprofin logra una segunda renovación de la póliza y vuelve a firmar el contrato con Seguros Sucre el 28 de diciembre del 2010, con vigencia de un año. A partir del 1 de enero de 2011 Seprofin cambia su modalidad de operación. Durante esta etapa, entre enero y julio de 2011, se atendieron 10042 casos y Sucre pagó a Seprofin $6.532.177,43.

Seprofin, sin ser una empresa que brinda servicios exequiales, tenía un contrato millonario que solventar. Tal avalancha de servicios exequiales, requirieron la creación de una red de cuatro coordinadoras subcontratadas por Seprofin para que brinden dichos servicios en todo el territorio nacional.

Servicios Exequiales San Daniel, Funerarias Gonzalo Mendoza, Funeraria Terán Jiménez y Taller Funeraria Valdéz son las funerarias contratadas. Esta coordinadora intermediaba entre los servicios prestados por funerarias locales y Seprofin. La coordinadora emitía facturas a Seprofin, con sobreprecio que en algunos casos llegaba al triple de los costos reales. Ninguna de las 4 coordinadoras ofreció servicios realmente, estableció Contraloría.

El informe presentado por la auditoría de Management Consultants apunta que Funerales Gonzalo Mendoza fue la única empresa de la coordinadora que disponía de los medios e instalaciones adecuadas para brindar el servicio a Seprofin. Las otras tres funerarias constan en el SRI como personas naturales que carecían de los medios suficientes para prestar estos servicios. Esta fue la razón por la que acudieron a solicitar servicios en funerarias locales.

El bolsillo del muerto se explica de la siguiente manera: Una funeraria local, en cualquier parte del país, presta sus servicios y factura a una de las 4 empresas “coordinadoras”, creadas por Santiago Cuesta y estas, a su vez, sobrefacturan a Seprofin, empresa que nunca estuvo apta para este trabajo, pero que refacturaba a Seguros Sucre para cobrar los sobreprecios.

Santiago Cuesta, como representante de Seprofin, nunca comunicó de manera escrita a Seguros Sucre de la contratación de las 4 coordinadoras funerarias a nivel nacional, pese a que el contrato lo permitía. Pero en una comunicación del 9 de diciembre del 2011 a Seguros Sucre, Cuesta asegura que sí lo hizo vía correo electrónico. El 16 de mayo del 2012, la Directora de Operaciones Técnicas del Programa de Protección Social emite un informe técnico donde certifica que no existe la recepción del mail que el gerente de Seprofin aseguró haber enviado. Santiago Cuesta mintió a la aseguradora para sostener su negocio. Si revelaba la contratación de las funerarias coordinadoras, Sucre se hubiera enterado que no todas eran empresas, sino personas naturales. Además, dejaría al descubierto que esas 4 coordinadoras estuvieron obligadas a subcontratar con funerarias reales que sí brindaron sus servicios y pondría en evidencia la refacturación y sobrefacturación de la que se benefició Seprofin.

Seprofin y el negocio con la muerte de los pobres

¿Pero cómo funcionó le mecanismo de refacturación y sobrefacturación que realizó Seprofin según el informe de Contraloría?

Contraloría en su examen especial analizó 37 facturas de las funerarias que prestaron los servicios excequiales en diferentes provincias del país. Estas funerarias locales emitían facturas a nombre de la Coordinadora de Servicios Excequiales (intermediarias) por cada caso atendido. A su vez, la Coordinadora (intermediaria) emitía una segunda factura, ésta ya con sobreprecio, a su nombre, con Seprofin como destinatario, donde hacía constar de forma íntegra la información de los fallecidos: número de caso, nombres y apellidos, lugar, etcétera. Es decir, Seprofin tomaba la factura de su intermediaria la ponía a su nombre y presentaba a Seguros Sucre. Aquí, un claro ejemplo, el caso 23080 que tiene un 113% de sobreprecio.

Seprofin recibe las facturas de las cuatro coordinadoras y refactura cada caso con sobreprecio a Seguro Sucre para que la aseguradora pague por los servicios, en donde además incluía el 2% de comisión. Las facturas emitidas por Seprofin a Sucre nunca reflejaron costos reales de los servicios de exequias en territorio. Deliberadamente, Seprofin remitía solo las facturas provenientes de sus cuatro coordinadoras, pero ocultó las facturas de funerarias que ofrecieron los servicios reales. Seprofin en las facturas afirma que los prestadores de servicios fueron sus coordinadoras (intermediarias), lo cual es falso.

Las coordinadoras a nombre de Seprofin sí pagaron a los proveedores los costos reales (como destaca el cuadro) que no se reflejaron en las facturas que ellas entregaron a Seprofin, lo cual, según la Contraloría, constituyó un perjuicio total para Seguros Sucre de $3.074.549, 78 (Tres millones setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve dólares con setenta y ocho centavos).

Este incremento de precios fue injustificado; Seprofin generó información falsa y especulación que configura el delito de peculado. Santiago Cuesta vio una posibilidad millonaria de negocio en la sepultura y velación de los más pobres de este país de 2009 a 2011, usó a su empresa de contabilidad (Seprofin) y armó una red fantasma de funerarias para engordar sus bolsillos a costa de los recursos de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.

Funcionarios de Seguro Sucre sospecharon del fraude que realizaba Cuesta con Seprofin, así que dispuso una investigación sobre los costos por servicios de exequias en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, con una auditoria externa realizada por Management Consultants. Los resultados de la auditoria coinciden con el informe de Contraloría. El Servicio de Rentas Internas, en silencio.

Dadas estas irregularidades, Seguros Sucre suspende el contrato con Seprofin de forma anticipada el 5 de septiembre de 2011. El 8 de septiembre del mismo año, Maximiliano Donoso coloca una denuncia en Fiscalía en contra de Santiago Cuesta Caputti por el delito de peculado, 2,3 millones de dólares es el monto real que costaron los servicios exequiales a los beneficiarios del Bono de enero a junio de 2011, pero Seguro Sucre terminó pagando a Seprofin 5,3 millones de dólares. El perjuicio es de más 3 millones.

La sepultura de Seprofin

Seprofin, como empresa de asesoría contable, no había recibido contratos significativos hasta que se ganó la lotería con el contrato de Seguros Sucre cuando debió disfrazarse de funeraria. En los años 2005, 2006, 2007, 2008 Seporfin registra un pago $0,00 de impuesto a la renta, incluso aludía presentar pérdidas. Solo en 2009 cuando se firma el contrato con Sucre pagó más de 60 mil dólares de impuesto a la renta; $244.488,90 en 2010; y, $44.990,82 en 2011. Una vez suspendido el contrato con Seguros Sucre, Seprofin vuelve a declarar $0,00 de impuesto a la renta hasta la actualidad. Es decir, el único contrato de la empresa de Santiago Cuesta, fue el de los pobres muertos.

Seprofin muere después de haber hecho negocio con el dinero de los beneficiarios del Bono de Desarrollo. Es una empresa inactiva, declarada como tal en abril del 2014 por la Superintendencia de Compañías, y finalmente disuelta por la autoridad el mismo año, por inactividad.

El negocio con el dinero de los fallecidos más pobres del país engordaron los bolsillos de Santiago Cuesta, a través de Seprofin. Cuesta es públicamente conocido como encuestador, dirige la empresa encuestadora Credit Management Solutions (CMS), sin embargo, esta empresa registra $0,00 pago de impuesto a la renta de 2010 a 2014.

Una justicia cuesta arriba: La impunidad de Seprofin

Son ya ocho años que los familiares de los fallecidos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano ni siquiera han reparado que Seprofin hizo negocio con sus muertos. La complicidad no se represa en el SRI, la Fiscalía jugó un papel preponderante para sepultar en el olvido la corrupción de la empresa de Santiago Cuesta. El 24 de abril de 2014, el fiscal de Pichincha de la Unidad Especializada de Soluciones Rápidas, Byron Granda presentó un dictamen abstentivo a favor de Santiago Cuesta, frente a la denuncia hecha por Donoso desde Seguros Sucre.

La intervención de Correa y Pamela Martínez en la justicia son la explicación de la decisión del fiscal, que además sobreseyó a Cuesta, cuando había de por medio un informe de Contraloría que dejó en evidencia el millonario perjuicio que causó Seprofin a Seguros Sucre.  El fiscal Granda desconoció este informe, y no tomó en cuenta la facturación a precio de mercado de las proveedoras privadas, sino solo las emitidas por las coordinadoras, que son las que Seprofin y Santiago Cuesta forjaron para beneficiarse de este negocio.

Santiago Cuesta nunca apuesta limpio, ayer le dio lo mismo llamar a Rafael Correa “Querido Presidente” que ahora tildarlo del mayor de los corruptos. Después de haber enterrado tantos muertos con sobreprecio, recordamos al poeta español León Felipe: “No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera… menos un sepulturero”.

Todos los nombres de arroz verde

El equipo de periodistas que ha trabajado este informe confirmó que versiones de “Arroz verde 502″ están en manos de funcionarios del gobierno de Lenin Moreno. Se verificó además que entre los personajes contactados por Pamela Martínez Loayza está Santiago Cuesta Caputi. El informe arroz verde 502 evidenció cómo el equipo liderado por Pamela Martínez, ex asesora del Presidente Rafael Correa, llevó el detalle de las donaciones que Alianza PAIS recibió de empresas transnacionales y de otras compañías nacionales. Un archivo de excel llamado 03 02 14 establece que se detallaron los aportes voluntarios que recibió PAIS de diversas empresas y ejecutivos. El primero en la lista es V1 (Alberto Hidalgo) representante de la constructora Hidalgo & Hidalgo y primo del actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo.

Dos palitos

Los registros de Arroz verde señalan que Alianza PAIS le pidió a la constructora Hidalgo & Hidalgo, un monto de $2 millones. Un millón fue gestionado por María Duarte y el otro restante por Walter Solís. Según los registros de Arroz verde se dice que fueron dos palitos repartidos. Alianza PAIS instruyó para que los proveedores Diverton S.A., Thiagocorp S.A., Charly Alberty Producciones, Inmobiliaria Crisvilop, Offser Abad, Sc Films Producciones e Importadora Comercial Pérez, Indura / Cable facturaran a nombre de la constructora Hidalgo & Hidalgo. También le fueron cargados dos valores por concepto de Gastos de Campaña y “facturación País”(sic).

Entre el 9 y 30 de enero de 2014 se emitieron facturas -por las empresas anteriormente señaladas- por $626.178,00 a nombre de Hidalgo & Hidalgo. Según el registro de Arroz verde el “Saldo Disponible Hidalgo & Hidalgo S.A fue $1.373.822,00”, dice el documento. Esto quiere decir que le quedaba pendiente de pagar el valor de $1,37 millones.

Cómo pagó H&H

El reporte del 3 de marzo de 2014, señala que Walter Solís (L3) y María de los Ángeles Duarte (L2) se encargaron de gestionar y recaudar el dinero. El reporte de esa fecha posee un archivo denominado 03 02 14 en el que constan tres listas.

Una de las listas es la llamada “WS”, fechada el 6 de noviembre de 2013, que detalla qué aportantes estaban a cargo de Solís: “Pedro Verduga (1m), Alberto Hidalgo (1m), Luis Valero (400), Luis Valero (401)”.
Otra lista llamada “MD”, del 5 de noviembre de 2013, a cargo de María Duarte, señala que a Alberto Hidalgo “se le pidió un palo”. A “Manuel Fontana, Fopeca. Se le pidió medio palo”. De la empresa Midisa S.A. escribieron que “aseguró un palito. Llámalo cuando gustes. Dispuesto”, de Edgar Salas, de Consermin esperaban recibir 300.000. “Aunque a Edgar Salas lo estoy presionando por 200.000 más, cuando le pague liquidación vía Balbaneda Pallatanga”(sic).

El 14 de diciembre de 2013, se registró en la matriz que V2 (Hidalgo & Hidaldo) “no contesta el celular, pero se ha dejado mensajes con su asistente Marcia Jurado. Se pidió intervención de L2, ella ofreció interceder. Aún sin resultados”.

El 12 de enero de 2014, se escribió “al fin contestó y pide se emita una primera factura por $100 y por el resto pide reunión el miércoles 15 de enero de 2014 en Guayaquil”. El 19 de enero se escribió: “En reunión mantenida, solicita se gestione un pago a su favor, que Senagua tendría que hacerle. Se le explica que eso no es competencia. Ofrece nuevo cruce de cheque”. Desde esa fecha en adelante fue “cumpliendo”.

Hidalgo & Hidalgo se ha adjudicado un sinnúmero de obras de infraestructura (puentes, túneles, saneamiento, riego, electrificación, puertos, aeropuertos y edificaciones). Entre sus proyectos se cuentan: la rehabilitación de la carretera E-25 Baba en la provincia de Los Ríos, de 16.52 kilómetros (USD 26.2 M), Trasvase Chongón – San Vicente (USD 43 M) más un contrato complementario por USD 39 millones; la vía Aloag – Santo Domingo (60 M), la vía Vía Cuenca-Azogues (72M), la rehabilitación Zhud-Cochancay – La Troncal-El Triunfo (71M), la construcción de la carretera Baños-Riobamba (30M), el anillo vial de Quevedo, dónde aterrizaban las narcoavionetas (150M), entre otras.

H&H es propietaria de acciones de International Water Services – Interagua Cia., Ltd., contratista del Municipio de Guayaquil.

FOPECA y las firmas líquidas

El código V2 fue asignado a Manuel Fontana de la empresa Fopeca. Aportó $500.000 y su pago lo gestionó, según los documentos de Arroz verde, L2-María Duarte.

En anotación del archivo “03 02 2014” de noviembre de 2013, se señala: “No asistió a la cita convenida el lunes 11 de noviembre de 2013, pide que a su regreso de Colombia, esto es, el jueves 21 de noviembre de 2013, se lo vuelva a llamar”. En la matriz se establece que en fecha 4 de diciembre se escribió: El 21 de noviembre de 2013, él manifestó que ha pensado que serían 400 firmas, sólo podrá recaudar 300, de los cuales 60, serían líquidos. El 4/12/2013, entregó 30 y ofrece para el 9/12/2013, los otros 30. Diferencia 240 cruce.” (sic).

El 2 de enero de 2014 en la matriz “03 02 2014” se escribió: “Cumplido su valor en líquido (saldo entregado el 18/12/2014) los cheques solicitados están siendo pagados”. Desde el 9 de enero de 2014 en adelante se escribió únicamente: “cumpliendo”.

MIDISA, UN PALITO

Midisa S.A., con el código V3 “aseguró un palito” ($1 millón). El registro del 20 de noviembre de 2013 del archivo “03 02 2014”  dice: “no asistió a la cita convenida el miércoles 13 de noviembre de 2013, lo estoy llamando y no contesta el teléfono. Sigo insistiendo”. Al 12 de diciembre de ese año el mismo archivo detalla: “480, entregados el 10 de diciembre de 2013”.

El 14 de enero de 2014 se escribió en la matriz del archivo antes citado: “informa que hace 1 mes entregó la diferencia $500 directamente a un emisario de L1, por lo que se descuenta este valor por cobrar”. Cinco días después dijeron “confirmado que únicamente fueron entregados $480 de los $500”. En los registros del 3 de febrero de 2014, señalaron que “el 31 de enero de 2014, entregó $500, de los cuales 19 billetes estuvieron rotos, indicando que el inconveniente será solucionado”.

CONSERMIN

Edgar Salasde Consermin, registrado con el códio V4, aseguró la entrega de $300.000. Pago gestionado por L2. “El miércoles 13 de noviembre de 2013, ofreció que el lunes 18 de noviembre de 2013, entregaría $100 pero no cumplió. Sigo insistiendo. Pedí a L2 su ayuda, aún sin resultados. Comunica que ya habló con L2, y en el transcurso del lunes 13 de enero de 2014, informará el día cuando podrá cumplir”. Los registros de febrero de 2014 señalan: “ratifica que su apoyo vendrá en los próximos días”(SIC).

En el archivo de Excel se agrega una pestaña titulada lista MD que dice textualmente: “aunque a Edgar Salas lo estoy presionando por 200.000 mas, cuando le pague liquidación vía Balbaneda Pallatanga”(sic).

El clan Verduga

Pedro Verduga, de la empresa Equitesa, entregó 1 millón de dólares, según arroz verde 502. El pago fue gestionado por L3-Solís. El jueves 14 de noviembre de 2013 confirmó su oferta, “pero a través de cruce de facturas”. El 3 de diciembre de 2013, les ofreció que entregaría, “el martes, 10 de diciembre de 2013, $100”(sic).

El reporte del 2 de enero de 2014 dice: “entregado el 20 de diciembre el 2013, $100. A pedido una reunión para este viernes 3 de enero de 2014 en Guayaquil”. A partir de esa fecha fue “cumpliendo” (sic).

Exigentes con Valero Semaica

Luis Valero, entregó 1 millón de dólares.

El 20 de noviembre de 2013 registraron que “el martes 12 de noviembre de 2013, indicó que entregará $150.000 en efectivo dentro de 2 semanas y $350.000 mediante cruce de facturas”.“Aún no concreta oferta en efectivo. Facilitó la información de datos para facturar a nombre del Consorcio Valero – Semaica”(sic). El 9 de enero de 2014, dijeron que Valero se encontraba “Cumpliendo cruce de facturas. Falta efectivo”(sic). Cinco días después escribieron “20/01/2014, informa que el saldo también será en facturas, ha entregado $100 en efectivo a VB”. Desde esa fecha se le registró como “cumplido”.

Odebrecht

El reporte indica que la brasileña pagó “el 9 de septiembre $500, 21 de octubre $500 y 12 de noviembre de 2013 $150, está cumpliendo”.

La anotación del 4 de diciembre de 2013 señala “el 21 de noviembre $300, 2 de diciembre $100, Total. $1.550”.

El 2 de enero de 2014 dijeron: “$500 entregados el lunes 16 de diciembre de 2013.Total $2.050. El 16 de diciembre de 2013, $439,9. Total $2489,9. El 18 de diciembre de 2013. $10.1. Total $2.500. CUMPLIDO”.


SK, dando y dando
El código V8 relacionado a la empresa surcoreana SK estableció que no entregarían “aportes” hasta no tener “la adjudicación del contrato”, “que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas”. El 2 enero 2014 un reporte dice: “Ya firmó el contrato, pero pide que esperemos a que él reciba el anticipo”. “Ofrece próxima semana del 13 de enero”.

El 14 de enero de 2014 reportan que: “Autorizada la emisión de facturas con fecha 2 de enero de 2014 en adelante.  Pueden ser enviadas 4 facturas semanales incluida la de servicios legales de diferentes proveedores, los conceptos deben ser exclusivamente con las descripciones del listado entregado”. El 19 de enero dicen: “se le envió factura para cruce”. El mismo mensaje se escribió el 19 y 27 de enero y solo el 3 de febrero se escribió la palabra “Cumplido”.

El testaferro de Glas

El código V9 pertenece a la china CWE relacionada a José Alvear Icaza. Según el documento le pidieron USD 1 millón.

El 20 de noviembre de 2013 señalaron “no asistió a la reunión del miércoles 13 de noviembre, se dio una nueva reunión el 19 de noviembre de 2013 acudiendo el señor Juan Carlos Wang y Enrique, representantes de CWE que: “ratifican su voluntad de apoyar en cuanto reciban la adjudicación de contrato ofrecido”. Para inicios de diciembre de 2013 la empresa dijo que entregaría los aportes a partir de la adjudicación de contrato, “que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas”. L1-Jorge Glas, recomendó “no insistir en este tema”.

El lobista chino

Bajo el código V10, a Bolívar Sánchez le solicitaron USD 1 millón. Aporte que fue gestionado por L1-Jorge Glas. Según los registros el 2 de diciembre de 2013 ofreció, “500 cruce de facturas y 500 líquido a partir del 20 de diciembre y el líquido enero y febrero”(sic). El 13 de enero de 2014 “entregó $70”.  Desde esa fecha fue “cumpliendo”.

Sánchez figura como lobista de los proyectos Bulu Bulu y la central hidroeléctrica Sopladora. El representaba a la empresa china Gezhouba Group Company.

Tomi Topic cumplió en líquido

Uno de los archivos del reporte “03 02 2014” dice que “el 3 de diciembre de 2013 me reuní y ofreció que entregará 250 el 10 de diciembre y 250 el 17 de diciembre de 2013. Todo líquido”. Según las anotaciones “entregó $100 el 3 de enero de 2014, saldo el 10 de enero de 2014. Entregó $250 el 10 de enero de 2014 y el saldo lo entregará el miércoles 15 de enero de 2014”. El 15 de enero de 2014, dio “$150 líquido”. A partir de ahí fue “cumpliendo”.

El jefe boy scout

V12 era el código de William Phillips del grupo Azul. El 12 de diciembre de 2013 dijeron “20 entregados en 9 de diciembre de 2013”. El 2 de enero de 2014, pidió reunión con L1-Jorge Glas. El 14 de enero de 2014 se mantenía “en espera de respuesta de L1”, hasta el reporte del 3 de febrero de 2014 se mantuvo este mismo mensaje. Los registros indican que lo dejó esperando.

La mano rusa

En enero de 2018 el portal La Fuente publicó una investigación llamada “Odebrecht sacó a la luz al cajero ausente de la revolución”, en este texto apareció el nombre de Rafael Córdova, vinculado a la empresa Welsby, que hizo una transferencia a la empresa Importram, de propiedad de John Jara Merino, asesor de Jorge Glas. Córdova fue representante de  la firma rusa Interao, socia de la china CWE, constructoras del proyecto Toachi Pilatón.

El código asignado a Rafael Córdova es V12, Metco.  Esperaban de él la suma de USD 500.000.  El 2 de enero de 2014 señalaron que “ofrece 500 en facturas”. Hasta el 14 de enero de ese año se mantuvo “cumpliendo cruce de facturas”. Los siguientes mensajes fueron de cumplimiento.

El chino cumplidor

Cai Runguo, llamado V14, en reporte de 2 de enero de 2014, ofreció “500 en facturas”, el 9 de enero de ese año ofreció que “el martes 14 de enero entregará líquido y saldo cruce de facturas $100 y $400 en líquido”(SIC). En efecto, “entregó el 14 de enero de 2014, $400”. Hasta el 3 de febrero de 2014 fue registrado como “cumpliendo”.

V15

A Osier S.A. le llamaron V15. Le pidieron $1 millón. Sin embargo, todos los reportes fueron registrados con el mensaje “En espera de instrucciones de L1”.

V16

TEODORO CALLE / TGC fue registrado con el código V16.  Según las anotaciones el 13 de enero de 2014, indicó que su aporte será de $300.000; “$270 en facturas y $30 en efectivo, que serán entregados por Jackeline Piñeiros, el jueves 16 de enero a las 15h30. Muestra su preocupación por falta de proyectos. Pide ayuda a L2”. El 16 de enero de 2014, entregó $30 líquido, dice el documento. Desde el 27 de enero de 2014 en adelante se escribió únicamente: “cumpliendo”. Los aportes fueron gestionados por L2- María Duarte.

V17

CONSERMIN era V17. Le pidieron USD 200.000. Desde enero de 2014 hasta el 3 de febrero de 2014 fue registrado como “cumpliendo cruce de facturas”.

V18

A Francisco Suarez le fue asignado el código V18, según el registro, el 26 de enero de 2014, indicó que se realizaría el pago por medio de cruce de facturas. El 3 de febrero de 2014, anotaron que “ya entregó los datos para facturación”.

El millón de Galo Mora

Según el informe Arroz Verde 502, los $4.6 millones recibidos en efectivo, fueron distribuidos por la asistente de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez Loayza, a varios representantes de Alianza PAIS que constan en el reporte. Los desembolsos se hicieron previa autorización de Jorge Glas Espinel – L1, María Duarte – L2 y nueva información que vincula a Vinicio Alvarado Espinel, código VAE. El último registro de egresos correspondiente al 6 de febrero de 2014, estableció que gastaron $4.1 millones y dejaron un saldo en caja de $536 mil dólares.


A los nombres revelados en la primera entrega, se incluyen nuevos destinatarios del dinero en efectivo entregado por Pamela Martínez, recursos en los que constan los aportes de Odebrecht. En el registro de egresos aparece el nombre de Galo Mora Witt, entonces secretario de Alianza PAIS, signado con el código GM. En declaraciones públicas, Mora, dijo no haber recibido dinero de Odebrecht: “al único brasileño que conozco es a Neymar”, dijo irónicamente.

El 13 de noviembre de 2013, a través de Rolando Carrera Maya, contador de AP, se hizo la entrega de $50.000 como primer pago para la convención nacional del correísmo a realizarse en la ciudad de Cuenca. El 13 de enero de 2014 se entregó a Carrera Maya $1.05 millones para cubrir el apoyo a las prefecturas y $50.000 adicionales como segundo pago para la convención de Cuenca. En total, Galo Mora, recibió a través de Rolando Carrera la suma de $1´150.000.

Entre el 21 de enero y el 6 de febrero de 2014, se identifica otro desembolso de $1’390.000 a favor de Rolando Carrera, por diferentes conceptos administrativos del partido gobernante. Estos pagos fueron autorizados por el ex secretario de la administración del correísmo, Vinicio Alvarado Espinel VAE, según el informe Arroz Verde.

Los días 8  y 11 de noviembre de 2013, María Duarte, recibió de Yamil Massuh, $320.000 para cubrir gastos de la convención de Alianza PAIS en Guayaquil, el pago fue autorizado por Vinicio Alvarado.

El 6 de febrero de 2014, según el registro de egresos, VAE recibió de Patricio Endara, cuñado de Virgilio Hernández y ex asesor de Augusto Barrera, la cifra de $400.000 por cruce de facturas, proceso autorizado por Jorge Glas y María Duarte.

ARROZ VERDE PARTE TRES

Nuestra investigación incluirá una tercera entrega en la cual revelaremos el cuadro de testaferros de L1-JG

LOS PODEROSOS AMIGOS DE LENIN MORENO

Tres días antes de remitida la petición (7 de junio de 2016), el delegado de la ONU y entonces pre candidato presidencial por el movimiento Alianza PAIS, Lenín Moreno, recibió en su residencia de Ginebra, al intermediario de Petrochina.

El tema de la reunión no solo fue el apoyo a los damnificados del terremoto, también se incluyó el impulso a la campaña electoral del binomio presidencial Moreno-Glas. Cadena llegó a Suiza de la mano de su “compadre” Santiago Cuesta Caputi, actual consejero presidencial de Moreno.

El encuentro con Cadena Marín fue confirmado por el Presidente de la República en diálogo con el periodista Fernando Villavicencio.

Para esa fecha ya había estallado el escándalo Panama Papers, la mayor filtración de información de la historia, y en Ecuador, diario El Universo había publicado en grandes titulares que Enrique Cadena recibía comisiones de al menos 1 dólar por cada barril de petróleo que el gobierno de Rafael Correa entregaba sin licitación a Petrochina, como mecanismo de pago de los créditos concedidos por la banca asiática. Desde 2009 a 2024, el gobierno de Alianza PAIS comprometió 1204 millones de barriles como cobertura de pago de $18.170 millones de deuda china y tailandesa.

Los acercamientos entre Lenín Moreno y Enrique Cadena -de acuerdo con documentos revisados, empiezan a inicios de 2016, cuando Lenín ya se perfilaba como candidato a la Presidencia de la República y parte de la pre campaña era impulsar un plan de vivienda popular para los damnificados del terremoto de abril de 2016. El contacto fue Santiago Cuesta Caputi.

Según la información, Cuesta insistió a Moreno reciba en Ginebra a tres visitantes, “fanáticos suyos que quieren apoyar la causa”.  En abril de 2016, Cuesta le dijo a Moreno que los donantes eran Mauro Toscanini, Enrique Cadena Marín y Fernando Zambrano.

A Toscanini lo presentó como rector de la Universidad Católica, a Cadena como el que desarrolló «el sistema de envío de filmaciones al x mayor incluidos celulares no inteligentes» y de Zambrano dijo que era un «constructor de vivienda «, «todos somos amigos», aseguró.

Casi un mes después, el 9 de mayo de 2016, Santiago Cuesta envió a Lenín Moreno un listado preliminar de donantes para la construcción de casas en Manabí.  La lista incluyó a Santiago Salem, Fernando Zambrano, Peter Graetzer, Xavier Gómez, Mauro Tosca3nini, Jorge Vallejo, Otto Sonnenholzner, Patricio Coello, Napoleón Santamaría y Kepler Verduga. “Te ruego les hagas llegar tu carta de solicitud, tan pronto ellos hagan sus depósitos te informaré para que los llames por teléfono”, dice Cuesta. “Todos estos donarán como mínimo $5.000″ e insiste que tiene “tres donantes que quieren ser anónimos y un donante grande en USA, con el que después acordará cómo y cuándo donará. Consultamos con altos ex funcionarios del morenismo y todos coinciden que el donante grande de USA, fue Enrique Cadena.

Para junio de 2016 la cita presencial entre Moreno y Cadena estaba asegurada. Las ilustres visitas llegaron el 7 de junio a Ginebra. En un mensaje, Santiago Cuesta le dice a Lenín: “salimos 9:35 am ya en aeropuerto tipo 12 a 12 15 estaremos en tu casa con Mauro. Luego a la 1 va Enrique y después tú decides”.

Luego del encuentro en Ginebra, la relación entre Moreno y Cadena quedó encaminada, tanto así que tres dìas después, el 10 de junio de 2016, Moreno, en calidad de enviado especial del Secretario General de la Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, envió la solicitud a Cadena para la construcción de 185 viviendas, «deseamos someter a su consideración la primera fase del proyecto de construcción de emergencia de viviendas accesibles para personas con discapacidad, víctimas del terremoto del Ecuador», dice el documento. Pedirle a Cadena dinero para financiar viviendas para las víctimas del terremoto es como pedirle a Satanás que construya una iglesia.

Conversaciones filtradas por el portal inapapers.org, no desmentidas por el gobierno, indican que para finales de junio de 2016, Cadena, a través de Cuesta, invitó a Moreno a un concierto de Plácido Domingo, en España. “Que ponga para las casas luego hablamos, es posible que quiera Carina, veamos (…) convéncele que sean veinte casas, utiliza tu facilidad de palabra (…) faltan 98 casas”, fueron las respuestas de Lenín.

Luego de la invitación a escuchar al tenor, el 15 de julio de 2016, Enrique Cadena envió un correo electrónico a Lenín Moreno, felicitándolo por liderar la intención de voto en las elecciones «Estimado Lenín, adjunto a la presente encontrará una encuesta elaborada por nuestro común amigo Santiago. Veo que su popularidad en intención de voto garantiza que el Ecuador estará en buenas manos. Felicitaciones». Cadena se refiere a una encuesta hecha por la empresa de Santiago Cuesta, CMS Encuestadora.

APORTES A LA CAMPAÑA MORENO – GLAS

Para septiembre de 2016, las facciones de Alianza PAIS ya habían curado pequeñas heridas y acordado el binomio presidencial Moreno – Glas, entonces era hora de aceitar la maquinaria electoral. El 8 de septiembre, Santiago Cuesta envió una comunicación a Lenín para indicarle quiénes eran los empresarios que querían conocerlo y apoyar económicamente su campaña. El compadre de Enrique Cadena había preparado un gran almuerzo en Ginebra para sumar ceros a la derecha.

«Este es el listado de los empresarios confirmados que irán al almuerzo, la principal característica de este grupo es que no son contratistas del Estado y quieren conocerte y apoyar enla campaña”, dice Cuesta.

En la lista de 19 posibles aportantes constan, entre otros, Santiago Salem, dueño de Santa Priscila, Otto Sonnenholzner, a la fecha gerente General de TV Cable; Pablo Ortiz, dueño de INPROEL y Agustín Albán, rector y dueño de una Universidad en México con más de 30.000 estudiantes, «vive en México y desea contribuir en tu campaña», le dice Cuesta a Lenín.

Algunos de los nombres que figuran como posibles contribuyentes a la campaña de Moreno – Glas, terminaron siendo propuestos para  cargos importantes en el gobierno: Mauro Toscanini fue designado ministro del Interior, Otto Sonenholzner, elegido Vicepresidente de una terna propuesta por Moreno, en la que se incluyó a Agustín Albán. La mano de Santiago Cuesta, fue clave en el armaje del tablero gubernamental.

EL DÍA QUE CUESTA SE DISPARÓ EN LA CABEZA

En la misma comunicación del 8 de septiembre de 2016, Cuesta indica a Lenín que el reconocido consultor Jordi Segarra también estará presente en el almuerzo en Ginebra, «por último en este viaje me acompañará JORDI SEGARRA, español, quien es uno de los mejores asesores de campaña del mundo con quien quiero que converses unos minutos y si estás de acuerdo puede ser tu Jefe de Campaña o formar parte del equipo. Sus honorarios están pagados por un donador anónimo por ahora, si decides aceptarlo. Mira su currículum en Internet y es uno de los 5 grandes del mundo. Viaja con su socio que manejó la campaña de Peña Nieto en México. Pídele a Eduardo Mangas que reserve un lugar para unas 25 a 26 personas yo asumo los gastos del almuerzo «, dice el correo electrónico.

En una entrevista del 13 de marzo de 2019, en el medio digital La Posta, Santiago Cuesta aseguró que fue él quien pagó la asesoría de Jordi Segarra y que efectivamente no constaba como gasto electoral. Cuesta se contradice: en un inicio dijo que los honorarios de Segarra fueron pagados por un donante anónimo, ahora que los pagó él.

UN MAGNATE HECHO EN REVOLUCIÓN

Enrique Cadena Marín, es un empresario ecuatoriano que antes de la revolución ciudadana experimentaba graves penurias económicas y un juicio por estafa seguido por su cuñado Arnoldo Brigman, por manejos dolosos de Qüin Cola, empresa que hasta la fecha mantiene una deuda con el Estado de $1.2 millones. Súbitamente, con el ascenso al poder de Alianza PAIS, tras consolidarse como intermediario petrolero, ingresó al registro de los hombres más ricos del Ecuador y también a formar parte de los grandes expedientes judiciales.

Cadena es investigado en Ecuador por la operación fraudulenta y los negociados en las difuntas telefónicas Telecsa y Pacifictel, a cargo de ViaAdvisors Ecuador (Viadvi), empresa de papel vinculada a una red de compañías en las cuales figuraba Cadena Marín, sus hijos y Darwin Romero, actual gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT.

Desde 2007, Cadena está vinculado al negocio de la intermediación petrolera, a través de traders relacionados con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. La Contraloría General del Estado en su informe (DA3-0015-2012) identificó a Taurus Petroleum como empresa intermediaria del crudo adjudicado a China. Además de Taurus existen otras compañías relacionadas al cartel intermediario: Castor Petroleum, Ursa Shipping, Core Petroleum, Waterway, Gunvor S.A.

A raíz de la filtración de los Papeles de Panamá, la justicia global inició procesos penales en contra de los responsables de múltiples escándalos de corrupción. Hasta la fecha se han recuperado 1.200 millones de dólares en varios países del mundo, como efecto de esas operaciones judiciales, según reportes oficiales.

Richard Gaffey, fue el primer norteamericano procesado por evasión de impuestos, a raíz de las filtraciones, junto a Gaffey también es procesado el abogado panameño Ramses Owens, quien manejaba los negocios de fideicomisos en Mosack Fonseca y trabajó con Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar. Según El Universo, Owens intervino en el caso de la comisión de $1 dólar por barril en la preventa de crudo a Petrochina, en la que Cadena y Baquerizo fueron intermediarios.

Castor Petroleum Ltd. fue la empresa que pagó, a través de Waterway Petroleum Ltd., una subsidiaria de Gunvor, la comisión de USD 1,00 por cada barril de petróleo a las empresas Eston Trading Limited (Nevada, EE. UU) y Livinstong Financial Corp (Dubai) de propiedad de Cadena y Baquerizo.

La filtración confirmó lo publicado por el portal Focus Ecuador en 2015, que reveló que Cadena estaba vinculado a varias empresas privadas intermediarias que revenden el crudo ecuatoriano adjudicado por Petroecuador a Petrochina, Unipec y Petrotailandia. La intermediación benefició a los traders en 2 y 4 dólares por barril, parte de ese dinero llegó directamente a las cuentas personales de Cadena, así lo indican las transferencias bancarias por varios millones de dólares a Naparina Corp, Breiton Capital & Shipping y Denarii Systems, realizadas por las intermediarias Taurus Petroleum, Ursa Shipping, Waterway, entre otras.

Cifras preliminares hablan de pérdidas para el Estado ecuatoriano del orden de $2000 millones hasta el año 2017, solo por intermediación; los perjuicios por intereses excesivos sumarían otro tanto.

En 2017, la Fiscalía abrió una indagación previa por el delito de peculado en contra del ex presidente Rafael Correa, Enrique Cadena y más de una veintena de ex funcionarios y ejecutivos de petroleras privadas. Han pasado cuatro fiscales generales y el caso aún no pasa a instrucción penal pese a exitir abundante evidencia. Una mano “poderosa” protege a Enrique Cadena y Jaime Baquerizo, actualmente prófugo en Perú, pues sólo así se explica que, a pesar de los datos de información bancaria, transferencias y los documentos de Panamá Papers, que en otros casos ha servido a la justicia ecuatroriana y norte americana para procesar a funcionarios y empresarios que cometieron actos de corrupción, en este caso la investigación no avance.

En 2017 tras recibir información de las perdidas ocasionadas por el pago de la deuda pública con petróleo descontado, el presidente Moreno se comprometió a disponer una investigación del caso y poner fin a la cadena de perdidas generadas por este modelo heredado de Correa. La mejor opción era suspender algunos contratos suscritos al margen de la ley e impulsar la recompra de la deuda a China y Tailandia para liberar el petróleo. El régimen recibió varias ofertas de recompra de la deuda, con interés del 3%, incluso la administración de Byron Ojeda alcanzó un acuerdo con Petrotailandia, pero el día del anuncio del pacto, fue derrocado por disposición de Lenín Moreno.

Las ventas spot llevadas a cabo por este gobierno, como un esfuerzo de aparentar transparencia, confirmaron la pérdida gigantezca que representa la venta del crudo sin licitación a Petrochina y Petrotailandia. A pesar de esa evidencia, el gobierno no ha realizado esfuerzo alguno para mitigar el daño y ajustar los precios de dichos contratos, actitud que acrecienta la sospecha ciudadana de intereses ocultos que permiten que los intermediarios se sigan enriqueciendo a costa del país.

SANTIAGO CUESTA ASUME EL CONTROL

El triunfo de Lenín Moreno alentaba el espíritu empresarial de Enrique Cadena, además de cuidarse de los procesos penales que se alzaban en su contra. El zar petrolero no solo requería amigos políticos en la periferia, sino en el corazón del poder. Tras la caída de Eduardo Mangas, había llegado el momento para que su “compadre” Santiago Cuesta, asuma el mando de los grandes negocios estratégicos del gobierno. En mayo de 2018, Lenín Moreno, nombró a Cuesta como su consejero con rango de ministro. Así, el “compadre” de Cadena Marín, asumía el control del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería y otras áreas de la economía.

Una de las actividades que inició Cuesta con mucho empeño fue preparar los procesos de concesión y privatización de los sectores estratégicos, principalmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT, el sector eléctrico y mantener el modelo de comercialización internacional de petróleo con China y Tailandia, un mega negocio que había engordado las chequeras de los intermediarios durante la revolución ciudadana. En el aire se dejaba escuchar el mensaje: con la fortuna de la corrupción a privatizar las empresas públicas a precio de gallina enferma.

La oferta de privatización a la que este medio tuvo acceso, fue enviada por Santiago Cuesta a Lenín Moreno, en tiempos de campaña. Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia de Moreno, confirmó que el plan de privatizaciones ya lo esgrimía Cuesta durante la campaña electoral. La oferta final fue remitida desde México en 2017, por Agustín Albán Maldonado, rector de Univer Milenium, a Santiago Cuesta y este la reenvió a Lenín Moreno. El documento se refiere a la recompra de 30 mil millones de dólares de deuda externa ecuatoriana a cambio de la privatización de empresas públicas.

En diciembre de 2018, Albán integró la terna vicepresidencial, de la que se eligió a Otto Sonneholzner. Agustín Albán Maldonado es hermano de Teodoro Albán, ejecutivo de Denarii Systems, empresa domiciliada en Miami – USA, de propiedad de Enrique Cadena Marín. 

Después de la victoria electoral de Lenín Moreno, las negociaciones de la privatización y concesión de las empresas comenzaron. La primera delegación de “inversionistas” que trajo Cuesta a Ecuador, estuvo integrada por Paul Manafort, Benjamin Ng, Héctor Hoyos y Agustín Albán, la cual se reunió con el presidente Lenín Moreno y funcionarios del ministerio de Finanzas, en mayo y junio de 2017. La invitación a los inversionistas chinos fue remitida por Eduardo Mangas en junio de 2017 por disposición de Lenín Moreno.

Un reporte de la consultora Hogan Lovells, contratada por el ministerio de Finanzas para perfilar a los mega inversores, señala que las empresas que negociaban la compra de la deuda externa ecuatoriana eran empresas de papel creadas la víspera. El mismo esquema de negocio y con los mismos oferentes que pretendió implementarse en Puerto Rico, el cual fue observado por autoridades de los Estados Unidos, al tratarse de un sistema de posible blanqueo de dinero.

De acuerdo con las personas consultadas, queda claro que Santiago Cuesta es el nexo con empresarios e intermediarios de negocios con el Estado; por lo que resulta preocupante y sospechoso que Lenin Moreno le haya encargado el manejo de las privatizaciones y la injerencia directa en las empresas estatales, delegándole un rol similiar al que tenía Jorge Glas en el gobierno de Rafael Correa, incluso con una vinculación aún más directa con los personajes oscuros de las negociaciones petrolera y de telecomunicaciones.