Hoy es martes / 10 de diciembre de 2019

    GOBIERNO A UN PASO DE FIRMAR MILLONARIO CONTRATO CON EMPRESA VINCULADA A ARROZ VERDE

    Publicado el | REPORTAJE

    Aurelio Hidalgo, actual ministro de Obras Públicas, tiene listo un contrato a favor de Técnica General de Construcciones, empresa con historial de sobreprecios, perjuicios al Estado y que además es investigada por la Fiscalía General por el caso Arroz Verde.

    Técnica General de Construcciones S.A. (TGC) fue una de las empresas que aportaron dinero a la campaña de Rafael Correa a cambio de contratos. Actualmente su principal, Teodoro Calle, es imputado por la Fiscalía General en el caso Arroz Verde (Sobornos 2012-2016) mientras la Contraloría acusa a la contratista por perjuicios al Estado cercanos a los $100 millones; aun así, Aurelio Hidalgo (Hidalgo & Hidalgo), ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) está a un paso de entregarle un nuevo contrato millonario.



    En octubre de 2018 el MTOP, titularizado por Aurelio Hidalgo, dispuso la rehabilitación y ampliación de carriles de la carretera Santo Domingo – Buena Fe. En el concurso público 002-2018-SDBF-MTOP se incorporaron especificaciones particulares y se aceptaron excepciones que facilitaron la participación de la empresa Técnica General de Construcciones S.A.; firma que, además, fue la única en presentar una oferta para el mencionado proceso.



    La intervención de la vía Santo Domingo – Buena Fe será en un corredor de 113 km., inicia en el anillo vial de Sto. Domingo (de una longitud de 25,3 km.), continúa en la entrada de Sto. Domingo y termina en el Cantón Buena Fe. El proyecto, por un valor estimado en $591 millones, contempla la ampliación de dos a cuatro carriles -un ancho total de la vía en 20,4 metros- la rehabilitación de los dos carriles existentes, el mantenimiento de la vía y del anillo vial.



    La convocatoria se realizó el 29 de octubre de 2018, amparado en un Régimen  de  Gestión  Delegada, en la modalidad de concesión; es decir, que el Gobierno encomienda al gestor privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento  total o parcial.



    Los requisitos del concurso



    Entre los requisitos técnicos y de experiencia para participar en este concurso, el MTOP dispuso:



    Que las empresas interesadas cuenten con experiencia en construcción de nuevas vías o ampliación de carreteras, en un mínimo de 100 kilómetros, en los últimos 15 años, en un máximo de tres proyectos. Otra exigencia fue acreditar experiencia en administración u operación de infraestructura vial en proyectos cuyo ingreso promedio anual durante los últimos cinco años sea de USD 25 millones o 100 kilómetros de vías gestionadas o administradas. En el último punto se agrega que, si el ofertante no cuenta con dicha experiencia, se puede justificar con la experiencia de cualquier integrante en un consorcio.



    También se pidió experiencia por el cierre financiero de máximo tres proyectos de infraestructura que sumen al menos USD 185 millones. Como prueba de la experiencia en construcción, TGC presentó su participación en la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido; la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.



    Lo que no detalló TGC en la propuesta es que abandonó la citada obra dejándola inconclusa, con un avance del 98%. El compromiso de terminación del contrato se firmó de mutuo acuerdo el MTOP, el 6 de mayo de 2016; no obstante, esta misma obra fue duramente cuestionada por la Contraloría y también es una de las 640 obras con falencias constructivas e inconsistencias legales, denunciadas por el mismo presidente Lenín Moreno, en 2017.



    La vía en cuestión tuvo un monto inicial de USD 18,9 millones, pero hasta hoy ya se ha pagado USD 141 millones, cerca de 800% más de lo estimado en un principio, y ni siquiera está terminada. Uno de los problemas que elevaron el costo por las nubes fue la ampliación del ancho de la vía de 7,20 metros a 9,20 m., lo que implicó contratar nuevos estudios. También se dejó inconclusa la construcción de cuatro puentes vehiculares y se cambió el material de la vía, causando enormes perjuicios al Estado, conforme se detalla el informe DNA8-0011-2019 de Contraloría.



    Esta obra se adjudicó en 2008, cuando Jorge Marún titularizaba el Ministerio de Transporte, quien, en su momento, fue acusado de entregar contratos “a dedo”. Tras su salida, en 2009, lo sucedió en el cargo María de los Ángeles Duarte, que fue detenida junto a Alexis Mera, el 31 de mayo de este año, con fines investigativos, por un presunto delito de concusión en el caso Arroz Verde.



    TGC no cumple con el segundo requisito técnico



    Una vez iniciada la fase de preguntas y respuestas, según consta en el documento del Acta Quinta de la reunión N°08 con fecha del 22 de mayo de 2019, TGC consultó al MTOP si la experiencia se puede acreditar a través de un tercero que no sea una empresa asociada, ni un consorciado, sino un socio estratégico financiero, inversionista o cualquier otra firma.



    También consultó si para acreditar a este tercer actor, bastaría con presentar una carta de compromiso en la oferta, respecto a la participación de un “compañero financiero”, durante la ejecución del contrato.



    Al respecto, el MTOP respondió que se aceptaba dicha acreditación siempre y cuando la firma asociada sea parte del consorcio o del compromiso de consorcio, para lo cual debió presentar la documentación pertinente. El MTOP  aceptó además una carta de compromiso como parte de la oferta, en donde el inversionista se comprometió con el oferente (en este caso con TGC), durante la ejecución del contrato.





    A pesar de ello y conforme al cronograma, el 30 de abril de 2019, el MTOP firmó el acta de cierre de presentación de ofertas, siendo TGC la única oferta presentada y posteriormente, habilitada.



    Cronogramas modificados por pedido de TGC



    El cronograma del proceso de contratación fue modificado por tres ocasiones, dos ocasiones por solicitud expresa de TGC, que aseguró haber trabajado con el MTOP en la revisión de los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto y del contrato.



    TGC pidió se postergue el plazo para iniciar la fase negociación con el MTOP mientras buscaba financistas para el proyecto y así calificar, conforme el segundo requisito técnico antes descrito. También pidió tiempo hasta constituir la Sociedad Gestora que debía suscribir el contrato con el MTOP.



    Dicho de otra forma, Técnica General de Construcciones no cumplía con varios de los requisitos técnicos necesarios para adjudicarse el contrato. La Comisión Técnica del MTOP, le concedió su petición a TGC y retrasó la adjudicación del proyecto hasta que la empresa resuelva sus pendientes.



    Así, tras el tercer cambio de fechas, se estableció que las negociaciones entre TGC y el MTOP iniciarán el 29 de agosto, la adjudicación del contrato se fijó para el 4 de septiembre y la firma del documento se programó para el 2 de octubre de este año.



    Paralelo al proyecto de ampliación de la carretera la vía Santo Domingo-Buena Fe, también se anunció la convocatoria pública de la ampliación de la carretera Buena Fe-Babahoyo-Jujan, por USD 726 millones. En esta obra, TGC también fue ofertante, pero fue inhabilitada por el MTOP alegando que “no acredita la capacidad financiera necesaria para ejecutar las inversiones requeridas en el proceso”según documentación oficial.



    Examen de contraloría determinó perjuicios millonarios



    Un informe de Contraloría a un proyecto vial ubicado en Loja y Zamora Chinchipe, a cargo del MTOP y adjudicado a TGC, determinó cuantiosos perjuicios al Estado por modificaciones al contrato, pagos no justificados, pagos por trabajos no realizados, incluso defectuosos.



    Se trata del informe DNA8-0011-2019, examen especial a la ejecución y fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la carretera Vilcabamba – Bellavista – Zumba – La Balsa, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.



    El Tramo 1 comprendía el corredor vial Villcabamba – Yangana – Valladolid – Palanda – Bellavista, de 101,9 kilómetros, en pavimento rígido, incluye la construcción de los puentes Sasara Uno, Sasara Tres, Quebrada Honda, Agua Dulce, Palanuma, Nanchima y Palanda, además del contrato complementario para la ampliación del corredor vial descrito.



    Mientras que el Tramo 2, abarca la vía Bellavista – Zumba – La Balsa de 52,9 kilómetros, incluye la construcción de los puentes Isimanchi, Yuncachi, Zumbayacu.



    Los hallazgos de la auditoría



    Con base al informe DIAPA-0028-2012, aprobado el 12 de febrero de 2014, Contraloría recomendó previamente al MTOP se abstenga de suscribir órdenes de cambio o trabajos adicionales para el contrato adjudicado a TGC, pues a la fecha ya se había superado el límite establecido por la Ley, “en cuyo caso deberá terminar el contrato en el estado en que se encuentre”, cita el documento.



    A pesar de esta recomendación, el MTOP suscribió un contrato complementario, dos órdenes de cambio para el Tramo 1 y un convenio de pago. Estos mismos procesos se suscribieron sin previo informe del coordinador general Jurídico, a pesar que Contraloría también recomendó al MTOP disponga la verificación la legalidad de los contratos modificatorios o complementarios.



    Modificaciones al objeto del contrato



    Estaba planificado que la carretera tendría un ancho de 7,20 metros, pero el 15 de septiembre de 2009, la entonces ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, dispuso ampliar el ancho de la vía a 9,20 m., a lo largo de todo el proyecto, lo que ocasionó perjuicios al Estado, pues fue necesario contratar nuevamente los estudios y diseños de la obra, ocasionando un primer perjuicio al Estado por USD 204.858,21.



    Duarte también dispuso reemplazar la capa de rodadura de pavimento flexible por hormigón rígido de 22 cm. de espesor del Tramo 1, pero TGC no contaba con maquinaria y experiencia adecuada para esta tarea, por lo que fue necesario subcontratar a la empresa Holcim S.A., demostrando así que TGC no estaba calificada para este proyecto.



    Así, el costo se incrementó considerablemente, pues con el presupuesto inicial no alcanzaba para la intervención de 101,7 km. de vía, sino apenas para los primeros 39 kilómetros del Tramo 1. Esto ocasionó un perjuicio económico de USD 95’600.108,35, monto que fue pagado a TGC en su totalidad, según el informe.



    Contraloría también detalla que el pago de la planilla 20 del Tramo 2 se realizó sin la debida verificación de los libros de obra, especificaciones técnicas y demás documentación de respaldo, ocasionó un desembolso no justificado por USD 3’476.434,93. Asimismo, por trabajos no ejecutados en el Tramo 1 y defectuosos en el Tramo 2, ocasionaron que el MTOP pague en exceso USD 634.907,32. En total, los perjuicios al Estado sumaron: 99’711.450.06.



    La manipulación del sistema de justicia



    Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, expuso un caso que le habría costado su destitución como jueza del Contencioso Administrativo. Ella aseguró que su destitución del Tribunal se dio tras oponerse a la anulación de un informe de Contraloría, que señalaba a un contratista del Estado: Técnica General de Construcciones (TGC).



    Actualmente, TGC y su representante, Teodoro Calle, forman parte de la lista de empresas que financiaron las campañas electorales de Alianza PAIS y que son investigados por la Fiscalía ecuatoriana. El monto que dio esta firma a ese movimiento político fue de $300 mil conforme se revela la investigación Arroz Verde, publicada por La Fuente y MilHojas. Esos recursos los gestionó María Duarte.



    “Cuando fui jueza del Contencioso Administrativo”, dijo Cadena, “conocí un proceso en el que se pretendía declarar la nulidad de un borrador de informe de la Contraloría General del Estado. Quien solicitaba eso era la empresa Técnica General de Construcciones, representada por el Sr. Patricio Villacrez Andrade”. Añadió: “Es una de las constructoras que, al cabo de los años, me percato que es uno de los financistas de Rafael Correa. Eso aparece en los papeles de Arroz Verde”.



    Cadena cuenta que las razones de su destitución fueron otras ajenas a este proceso, pero asegura que fue a partir de este asunto que se buscó la forma de destituirla del cargo. “Ese fue el origen de la trama”.



    Declararon “ilegal” un borrador de informe de contraloría



    El informe de Contraloría al que Cadena hace referencia es el DIAPA-0021-2010, aprobado el 14 de septiembre de 2010, sobre el examen especial de Ingeniería al Proceso de Construcción y Ejecución de las carreteras Hollín-Loreto-Coca-Puyo-Puente Pastaza, por el período entre el 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2010.



    Contraloría analizó el contrato suscrito por la firma TGC con el MTOP, para la rectificación y mejoramiento de la carretera Hollín-Loreto-Coca, determinando que, como resultado de la incorrecta aplicación de los rubros contractuales, el fiscalizador y el subsecretario regional del MTOP-Napo, permitieron que la contratista se beneficie a través de las planillas de trabajos de un pago en exceso, causando al Estado un perjuicio de USD 4’241.637,22.



    La empresa TGC impugnó el borrador del informe, todavía inconcluso en el que constaban valores por glosas por recuperar por más de USD 4,2 millones.  El 2 de marzo del 2015, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo: Jaime Enríquez Yépez (ponente) y Mauricio Espinosa Brito, aceptan la demanda y declaran “ilegal” el proceso, evitando que la Contraloría continúe con las indagaciones. Esto pese a la oposición y advertencia legal de Cadena, que también era jueza del Tribunal.



    En el documento del borrador de la sentencia, al que PI tuvo acceso, se muestra  el voto salvado de Cadena, en donde se habla de una “acción inoportuna” por parte del Tribunal respecto a la anulación del informe considerando, entre otras cosas, que se trataba apenas un borrador, anulando cualquier posibilidad de que las investigaciones continúen.



    “Se pretende impedir que la Contraloría ejerza privativamente responsabilidades administrativas o civiles en contra de los servidores y particulares que hubieren causado perjuicio al Estado”, cita el documento.



    La denuncia desaparece



    Este caso fue denunciado ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio(CPCCS-T) y allí permanecía bajo el código CPCCS-T.003.CA, juicio N°17811-2013-14603. Las investigaciones de la entidad apuntan a un grupo de altos mandos que planificaron la eliminación de un informe de la Contraloría General del Estado, sentando un nefasto precedente.



    En el Informe de Evaluación del Consejo de la Judicatura, en donde señala este y otros casos, el CPCCS_T concluye que autor intelectual de anular un informe de Contraloría fue precisamente el ex contralor Carlos Pólit, el ejecutor fue Gustavo Jalkh y, su cómplice, Tomás Alvear, presidente y director del Consejo de la Judicatura, respectivamente; y todo en coordinación con Jaime Enríquez, juez del Tribunal Contencioso Administrativo.



    La acción se realiza sin las facultades que la Constitución otorga a la Contraloría General, ni las disposiciones de la Ley Orgánica de esta entidad. Asimismo, aduce que los jueces Marco Idrovo Arcienegas, Bayardo Espinoza Brito y Jaime Enríquez, no observaron precedentes jurisprudenciales obligatorios respecto a este acto administrativo en firme, objeto de la impugnación de TGC.



    El informe concluye que con su actuación “sentaron un nefasto procedente, pues todos los ciudadanos pueden impugnar un Borrador de Informe de Contraloría, que no es el acto administrativo conforme a normas y doctrinas”, cita.



    ¿Qué pasó en el CPCCS con esta denuncia?



    Al igual que muchas otras, fue archivada por orden del coordinador técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social, Darwin Seraquive.  



    La resolución de archivo, al que este medio tuvo acceso, alega que no se encontraron elementos suficientes para continuar con la investigación de más de 2.000 casos y declara que el CPCCS “carece de facultades para continuar con la investigación”, por lo que dispone el archivo de las denuncias, dejándolas en la impunidad.