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Autor: mh

Esas balas no lo mataron, lo hicieron eterno

Las balas que segaron la vida de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, apasionado periodista de investigación y padre de familia amoroso, no lograron asesinar sus ideas ni la siembra de valentía y verdad que logró forjar a lo largo de sus 59 años de vida. Más bien fueron la cruda confirmación de lo que él había denunciado por más de 15 años.

Ese 9 de agosto, el país y el mundo constataron horrorizados la verdadera cara de las mafias y su poder. Los sicarios hicieron lo impensable en un país como Ecuador: mataron a un candidato presidencial, en la capital de la República, haciendo gala de crueldad y desnudando las falencias de la institución policial, encargada de su seguridad.

Sin embargo, el atroz asesinato de Fernando, también ha colocado bajo los reflectores el origen del problema: el pulpo de narcotráfico, la corrupción y la impunidad, que se venía agigantando sistemática y premeditadamente frente a las narices de gobiernos autonombrados de “manos limpias”.

Así este crimen también se convirtió en una línea roja de clara advertencia: ahora más que nunca la encrucijada es la Patria o la mafia. Ya no se puede ceder más espacio o no habrá vuelta atrás.

Fernando con su capacidad visionaria, lo tenía claro: “Lo peor que pueden hacer es matarme, pero ese día se darán un tiro en el pie”, había dicho. Esas balas no lograron matarlo, lo hicieron eterno.

“Fernando iba a ganar la Presidencia y por eso lo mataron”, aseguró hace pocos días Cristian Zurita, su mejor amigo, compañero investigador y quien fuera su sucesor para la lid electoral.

Pero Fernando ya había ganado, porque logró desmantelar parte de esa corrupción con sus investigaciones periodísticas como Arroz Verde (Caso Sobornos), la trama de Odebrecht, los sobreprecios en la fallida repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, las obras chinas mal hechas… Y con ello condenar a los responsables a la cárcel o a huir en calidad de prófugos.

¿Quién mandó a matar a Fernando Villavicencio?

Los autores intelectuales siguen en las sombras. En cambio, los gatilleros a quienes se los identificó y apresó – gracias a los registros que dejaron en cámaras, desde el Coliseo del Colegio Anderson hasta la zona oriental del valle en Quito- se han acogido al silencio.

Sin embargo, existen elementos suficientes -como la información de sus teléfonos y sus contactos en Colombia- para armar algunas hipótesis. Al momento existen señales de que la hermética investigación del FBI podría dar certezas. Se espera conocer los detalles en los próximos días.

En todo caso, lo que sí se conoce es que Fernando Valiente puso a temblar a muchos, quienes seguramente pensaron que si siendo un periodista coartó la fiesta de varios corruptos, él frente al Gobierno significaría un enemigo invencible.

Es que con sus denuncias apuntó a todo aquel envuelto en la estructura de corrupción, de los sobornos, especialmente en los sectores petrolero, minero, de telecomunicaciones y de la clase política que se asoció al narcotráfico.

Así, una foto de “Los Tetas”, como los bautizó la picardía popular, en la piscina de Miami fue una de las que más incomodó a sus participantes, tanto o más que la advertencia que hiciera Fernando sobre los posibles vínculos del narcotráfico con políticos de la Revolución Ciudadana.

Una de las últimas referencias sobre este tema, fue en relación al rol que jugó Raisa Vulgarín dentro del entramado de corrupción que se destapó por el financiamiento del narcotráfico en la campaña del presidente colombiano Gustavo Petro, a través de su hijo Nicolás.

«En Ecuador no falta dinero, sobran ladrones»

Él lo explicaba sin tapujos a sus colegas de oficio, en los medios de comunicación, con el convencimiento de la importancia de la libertad de expresión y sabiendo que así ampliaba su mensaje de manera exponencial. Relataba frontalmente  por ejemplo, que el narcotráfico se instaló en el Estado y contaminó sus sistema sanguíneo desde el 2007, cuando el gobierno de ese entonces tenía como consigna y acuerdo sacar la Base de Manta, pues esta era el instrumento de combate conjunto con EEUU contra este mal.

Con una memoria infalible, Villavicencio ataba cuidadosamente los cabos y había mapeado las rutas de los dineros en las que se entremezclaban nombres y apellidos: Jorge Glas, Ronny Aleaga, Leandro Norero, Xavier Jordán y una serie de abogados que defienden a narcotraficantes. Denunció que solo en las elecciones seccionales hubo 24 candidatos relacionados al narcotráfico, en su mayoría correistas.

Había asegurado que el país fue tomado por las mafias del narcotráfico tanto de México, Colombia y la albanesa. Uno de sus planes inmediatos era la militarización de los 10 puertos por donde, aseguraba, sale la droga.

Planteaba construir una cárcel de máxima seguridad para que los capos del narco en Ecuador queden totalmente recluidos, sin opción de seguir ordenando desde la cárcel. Iba a fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para examinar a los delincuentes de cuello blanco, léase políticos y jueces presuntamente involucrados en enriquecimiento ilícito, a través de la industria del soborno.

Proponía renegociar los contratos petroleros y su última denuncia ante la Fiscalía involucró el perjuicio económico que presuntamente había causado la empresa Schlumberger, en complot con funcionarios del correísmo, al fijar de manera antitécnica tarifas que afectaban las arcas fiscales.

Durante la campaña también recordó el capítulo de los presuntos nexos entre dineros de Odebrecht transferidos a Glory International que terminaron en cuentas de las empresas de Tomislav y Jan Topic.

Todo ello, convencido de que a este país “no le falta dinero, sino que le sobran ladrones, y por ello hay que encarcelar a los ladrones”.

Así, las amenazas de “quebrarle si no callaba” se empezaron a multiplicar. Fernando lo sabía y lo advirtió. No tuvo empacho en presentar denuncias ante la Fiscalía sobre un presunto plan para acabar con su vida mediante sicariato que se fraguaba a lo interno de la Asamblea, por parte de ciertos colegas legislativos.

Escribir es la Victoria

Estaba convencido, sin embargo, que “escribir es la victoria”, que no callar es la victoria, pero aferrarse a este derecho básico de exponer ideas y luchar, le costó la vida.

Como si el asesinato de un hombre valiente que combatía la corrupción no fuera suficiente vergüenza para el país, hemos sido testigos de otros capítulos que muestran la miseria humana de quienes parecía que ya no podían caer más bajo, pero lo hicieron. Así, los que persiguieron, allanaron, amenazaron y denostaron a Fernando, ahora se autoproclaman “los más afectados” por el crimen.

Resulta también inverosímil el grosero papel jugado por el árbitro electoral y su presidenta Diana Atamaint, quien será recordada por haber liderado las elecciones más violentas y desiguales de la historia del país.

Y lo más reprochable, algunos que se decían amigos o cercanos, e incluso parte de los familiares, tejen una serie de elucubraciones que calculándolo o no, generan cortinas de humo que entorpecen la investigación. Estas declaraciones antojadizas son eufóricamente respaldadas por José Serrano y el propio Rafael Correa. Ya lo dice el dicho: Dime quién te respalda y te diré quién eres.

En este contexto, honrar el legado de Fernando Eterno es una obligación para quienes apoyaron su lucha y creyeron en ese camino posible. Ahora mismo, millones de ojos están sobre la actuación de los asambleístas de Construye y Gente Buena, quienes tienen que estar a la altura de esta deuda histórica, llevando a buen puerto los proyectos emblemáticos de Villavicencio: como la Ley de Extinción de Dominio para que por fin se recupere lo robado y por supuesto vigilar la investigación del crimen.

El pensamiento de Fernando permanece ya en los casi dos millones de ciudadanos que creyeron en su propuesta y que ahora se reconocen como árboles de esa semilla de valentía, que podrán tomar las riendas de su destino y transformar la realidad desde su propia trinchera.

Dos de estos árboles, que han dado luz y esperanza en tiempo de oscuridad, son justamente Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Eterno. Gracias por eso.

El periodismo nacional también debe reinventarse para enfrentar una tarea titánica que es continuar destapando la alcantarilla de la corrupción, a través del periodismo de investigación, ahora en ausencia, pero con la inspiración, de su adalid.

Fernando Eterno: «Aquí lo que hay es dignidad»

Fernando fue un hombre sencillo, del campo. Nació el 11 de octubre de 1963 en Sevilla, una parroquia rural del cantón Alausí. Ahí, viviendo en el páramo y las terrazas de trigo, aprendió desde pequeño a labrar y respetar la tierra y hermanarse con los más humildes.

En defensa de la justicia, desde adolescente, Fernando se vinculó a organizaciones sociales indígenas y de trabajadores. A los 18 años, Fernando ya trabajaba en la legendaria Radio Tarqui en Quito, incluso antes de ingresar a la Universidad Central, trabajaba como reportero y tenía su propio programa, así comenzó su camino en el periodismo. En 1996,  trabajó como comunicador social en Petroecuador, y después en 1999, fue líder sindical de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec) hasta octubre de 1999.

Un investigador nato, experto en encontrar las triquiñuelas de los corruptos en miles de documentos. Amante de la verdad, entre 2009 y 2014), reveló e investigó los casos de corrupción más polémicos del correísmo.

Fernando desde el principio supo identificar al enemigo de su pueblo y de la democracia: la delincuencia de cuello blanco. Su valentía para revelar los negociados con dinero público provocó una feroz persecución política y judicial por parte del correísmo durante casi una década.

Correa lo enjuició por el delito de injurias cuando hizo pública una investigación sobre el 30S donde lo acusó de delitos de lesa humanidad. Fernando y su familia incluso soportaron un allanamiento en diciembre de 2013, cuando un escuadrón del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía invadió su casa ilegalmente y confiscó su información. En marzo de 2014, Fernando, junto a Jiménez y el médico Carlos Figueroa fueron sentenciados por las cortes de Correa a 18 meses de prisión.

Empezó una auténtica cacería de brujas. Fernando y su familia vivieron años de angustia y persecución. Entonces, buscó protección en el territorio del pueblo indígena de Pastaza, Sarayaku, un hermoso pueblo en constante resistencia que lo acogiócomo a un hijo más, salió de ahí cuando entendió que esa poderosa comunidad que lo había recibido con tanto amor, estaba ahora en riesgo por la persecución voraz que iba detrás de él.

Después Fernando fue asilado político en Perú donde continúo investigando el caso Petrochina y los negocios de la intermediación petrolera. Volvió a Ecuador en septiembre de 2017.

Fernando nunca dejó de escribir, ni siquiera en el exilio. Es autor de diez libros potentes que ponen luz en los casos así escabrosos de la corrupción de estado.
Como periodista ha colaborado con varios medios de comunicación ecuatorianos y del mundo.

Las potentes investigaciones de Fernando y su equipo, por ejemplo, el caso Sobornos (Arroz Verde), Refinería de Esmeraldas, Petrochina, Ina Papers y otros, han provocado la reacción de la justicia ecuatoriana y de Estados Unidos. Gracias a sus publicaciones los líderes del correísmo hoy están prófugos, presos o procesados por delitos contra la administración pública.

En 2021, el pueblo ecuatoriano decidió sentar a Fernando en el Parlamento; representó a la Alianza Honestidad. Como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea luchó contra la corrupción de ayer y de ahora, presentó al país al menos diez informes de fiscalización y presidió 16 juicios políticos y dio cátedrade lo que es un verdadero parlamentario.

Incansablememente, Fernando soñó con un país de valientes, donde ser feliz sea nuestro derecho y denunciar la corrupción nuestra obligación. Con el ideal de erradicar la impunidad de nuestro amado Ecuador se forjó un camino victorioso que le devolvió la esperanza a nuestra gente.

Creímos en que había la posibilidad de algo mejor, pero no fue suficiente, y un fatídico 9 de agosto su cuerpo fue asesinado por los mafiosos y corruptos que tanto persiguió.

Ecuador, La Vida ya cambió

Desde ese día se desató una vorágine indescriptible de abusos y violencia que sólo han hecho más inclemente el dolor de su partida. Sin embargo no podrán silenciar sus ideas, su lucha ni su pasión por construir un Ecuador digno. Nuestro presidente valiente entregó su vida por algo más grande que él mismo, entregó su vida para que nuestros hijos puedan volver a soñar con una Patria libre de mafias.

Este hombre valiente, es mi padre. Siempre lo será, Amoroso, generoso y salvaje como yo. Lo amo y lo veo con honor en mi, me veo en él, nos amo. La última vez que estuve con él la pasamos increíble, fue mágico, lleno de mensajes sorprendetes y ternuras inexplicables, recuerdo cada cosita de ese día. Lo que más me impresiona hasta ahora, es el momento en que le pregunto:

Papi ¿qué has aprendido en la campaña?, me responde; que el Ecuador es Valiente y que hay esperanza y yo le digo, sí pero ¿qué has aprendido sobre ti? , el tiempo se detuvo y cambió hasta el sabor del aire, me miró en el alma, yo miré la suya.

Lo que más me llenó el corazón fue mirar la dulzura de un niño cumpliendo sus sueños, sabiéndose capaz de sostener a un país que a veces no se quire levantar, y con asombro y humildad me dice: me doy cuenta que soy mucho más de lo que pensaba. Ese mensaje de autovaloración, serenidad, entendiendo la gratitud a la vida, es lo que me acompaña a sostener la vida con alegría. Mi extraña forma de extrañarle es trabajando duro para seguir con su legado de lucha contra la impunidad, desde mi propia trinchera, porque al final soy mucho más de lo que pensaba.  Que no se trata de tener grandes riquezas, sino de tener dignidad.

Ahora me doy cuenta de que somos muchos los que nos sentimos así, cada vez que cuento esta historia, veo como la gente se identifica y tienen ganas de creer, en sí mismos y al final es qué de eso se trata, de iniciar esta transformación cultural desde el autocuidado y la autovaloración, pero no como un fin, sino como un medio para servir a nuestro mundo. Todos tenemos la posibilidad de ser ese valiente que se atreve a dar ese paso que a veces nos da miedo, porque como dice mi ñaña Tami «me da más miedo quedarme como estoy y no hacer nada» .

Asi voy a luchar, voy a servir a mi gente, a mi país, haciendo arte, artes marciales y educando, así vamos a llevar amor donde solo hay violencia, llevaremos ideas frescas y amorosas donde hay descuido y abandono, llevar esperanza donde hay desolación, nunca he necesitado de puestos burocráticos o políticos para servir, esa es mi propia forma de hacer política, la buena política, esa que hacemos en el cotidiano, cuando somos honestos, cuando elegimos con conciencia, cuando somos responsables de nuestras acciones.

Queda mucho por hacer pero quiero agradecer el camino de mi padre amado, que nos ha traído hasta aquí, ahora nos toca a cada uno de nosotros, hacernos cargo. Gracias papito valiente por ser el fuego que enciende otros fuegos, por la potencia de tu voz y la claridad de tu mirada. Ahora sabemos que somos mucho más de lo que pensamos y podemos soñar con un mundo mejor. Gracias por tu vida y tu muerte, eres eterno.

Fernando Vive

Fernando Villavicencio: La Flor de Loto que siempre emergerá

Florecer en la adversidad

Papi nació en Alausí, con el trigo en el pelo, las montañas más lindas como guías, y un corazón amable y gentil. El “Coco de Oro”, como le decían los vecinos de la zona, nació para ser grande.  Y aunque sus ojos siempre vieron poesía y belleza en la vida, tuvo grandes pérdidas que delinearon el carácter de este gran Titán de la justicia. Creo que la primera sería cuando le arrebatan a su torito colorado, su amigo, fiel compañero de un niño campesino al que la injusticia se le aparece como una motivación. Mirando al monte Cisarán entiende que su único camino es hacia la verdad y la luz.

Fernando creció en un entorno hostil y, a menudo, tuvo que buscarse la vida por sí mismo. A pesar de ello, conservó su corazón compasivo y su deseo de compartir y ayudar a los demás, siendo generoso y desinteresado sobre todo con sus parientes, incluso cuando la vida también era difícil para él. 

Fernando demostró desde muy joven su valentía y determinación. Debió migrar a la capital, y allí se dedicó a trabajar y estudiar. Una de las historias más interesantes era la de que Papi se subía a los buses a compartir su «Prensa Obrera», un periódico armado de manera artesanal en el que él mismo y otros compañeros escribían, con convicción en su propia rebeldía y en su capacidad para marcar la diferencia. 

A lo largo de su vida, enfrentó desafíos y luchó por lo que creía que era justo, siendo a menudo incomprendido por aquellos que no compartían su corazón compasivo y sus valores virtuosos.

Una familia que se extendió más allá de la sangre

El camino de buscar y compartir la verdad puede resultar ingrato y solitario, con suerte Fernando fue encontrando amigos artistas y activistas que desde su trinchera fueron parte de una permanente formación social y política que lo ha acompañado en toda su trayectoria. A sus 26 años, nació Amanda, su primera hija, y finalmente encontró un corazón como el suyo. La llegada de Amanda marcó un cambio significativo, y ya no volvería a enfrentar al mundo en soledad. Se convirtió en padre, le nacieron raíces y se hizo gigante. 

Seis años después, nací yo, Tamia, y dieciséis años después de mi nacimiento, llegó Martín para completar esta poderosa descendencia que ahora llevará su legado con orgullo. Sin embargo para Fernando, su familia no se limitaba a su propia sangre, se extendía más allá de los lazos biológicos, abrazando a todos aquellos que compartieran sus valores y su deseo de justicia.

La entrega por la Patria

Fernando Villavicencio dedicó su vida a una causa más grande que él mismo: la Patria. Con alegría recuerda mi ñaña cuando en una de sus aventuras por los derechos de los trabajadores, mi papi junto a algunos de sus compañeros de lucha, hicieron una campaña que se llamaba “Por la patria hasta la vida”, en esa ocasión, una Amandita de 4 años, con un trajecito tricolor era la Niña Patria, esa por la que seguro, lo daría todo.  

Desde siempre Papi estaba incomodando gobiernos y corruptos, que en muchas ocasiones es lo mismo, así que las amenazas y violencia política la conocimos desde muy pequeñas. Todos buscaban silenciarlo de una u otra forma, pero él siempre encontró el modo de ser valiente y denunciar la corrupción desde el periodismo, el activismo social y la participación activa en la política. 

Papi siempre supo que su compromiso con la justicia y su lucha contra la corrupción y la impunidad eran una parte fundamental de su papel como padre y ciudadano. Recuerdo sus conversaciones cuando nos hablaba de su firme creencia en que mientras existiera injusticia, él debía hacer ruido y tomar medidas. Nunca se calló y aunque enfrentó allanamientos, persecución, y la separación obligada de la familia, se mantuvo firme en su ideal de “Escribir en la Victoria”.

Su legado como padre no se basó en posesiones materiales, sino en principios sólidos y una dedicación incansable a la causa de la justicia; enseñarnos a confiar en que nuestro corazón es la brújula para cuidar, cada vez mejor, la gran patria, la humanidad. Cultivar la idea de que cada uno de nosotros es mucho más de lo que pensamos, que somos capaces de soñar con un mundo sano y en constante evolución. Donde la corrupción debe ser limpiada desde el corazón, con arte, educación y justicia social. 

La pérdida y la traición

La partida de Fernando Villavicencio deja un vacío en nuestras vidas. Pero lo que duele aún más es presenciar cómo algunas personas quieren aprovecharse de su nombre y su legado para sus propios intereses.  

Lo más grotesco e hiriente ha sido ver cómo por parte de la familia ha habido abuso de poder, machismo, y violencia. Ahora sentimos que algunos parientes y ciertos “amigos” buscan su propio beneficio. Me duele porque ni pasando un día de su muerte, ya estaban buscando feriar su cuerpo, su nombre y las poquitas cosas que tenía. 

Donde esperábamos encontrar consuelo, una red de apoyo y un espacio seguro para transitar esta gran pérdida, hallamos atropello, dolor e indignante  re victimización. Sin embargo no nos sorprende, lo vemos como un patrón recurrente que estas personas perpetuaron sobre la vida de mi padre. Realmente ver que ahora estas personas están intentando tomar poder es graciosamente patético. 

Fernando siempre nos enseñó que la confianza se construye a través de acciones, no de palabras vacías. Él confiaba en unas pocas personas de manera inquebrantable, y nosotras aprendimos esa lección. Ver cómo algunos se aprovechan de su nombre y su legado es una afrenta a su memoria y a todo lo que él representa. Pero no tendrán éxito, las palabras de mi padre fueron muy claras.

“Cualquiera que intente tomar poder en mi nombre, para sus propios intereses, va a caer”. 

La lucha por la justicia

La partida de Fernando Villavicencio no solo deja un dolor profundo en nuestras vidas, sino que también desencadenó una serie de eventos que nos llevaron a enfrentar la verdadera naturaleza de la injusticia en el mundo. 

Ni las miserables balas podrán silenciar su potente voz, sus ideales ni su hermosa mente. Lo irónico es que el gatillero resultara muerto poco después, demostrando las fallas en los procesos de seguridad de la Policía Nacional, esta incoherencia y la injusticia que la rodea son difíciles de comprender y de aceptar. Por esto permaneceremos vigilantes para llegar a la verdad y responsabilizar a los culpables, entendiendo que esto es una carrera de resistencia que seguiremos hasta el final.  

Sin embargo, lo que consuela nuestra rabia es la certeza de que aquellos que participaron en este acto vil no podrán volver a dormir con tranquilidad y que el legado de Fernando ya caló profundo en millones de ecuatorianos que no descansaremos hasta encontrar la verdad. Dentro de toda esta vorágine, poder sentir el amor desinteresado de gente que fue tocada por el sueño de nuestro padre nos motiva a continuar. 

La memoria de Fernando y su búsqueda incansable de justicia continúan vivas en nuestros corazones y en la conciencia de todos los que lo conocieron y pudieron volver a soñar con un Ecuador sin mafias ni miedo, un Ecuador Valiente. 

El legado de Fernando Eterno

A pesar de la oscuridad y la turbulencia que rodean su partida, Fernando Villavicencio renace como la Flor de Loto. Su legado perdurará en los corazones de sus hijos y en todos aquellos que lo consideraban una inspiración. Su vida fue un ejemplo de valentía, compasión y dedicación a una causa mayor que él mismo.

Fernando Villavicencio fue la voz de millones que estuvieron en silencio y nos mostró el camino a seguir; un faro de luz en medio de las tinieblas de la corrupción y la impunidad; un niño del campo que siguió su corazón hasta el infinito. 

Si debiera escoger una de sus frases para resumir su legado sería: «Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir», que nos recuerda que la memoria de Fernando y su compromiso con la justicia vive en cada uno de nosotros.  Su Flor de Loto seguirá emergiendo, y su influencia continuará moldeando un mundo más justo y compasivo para todos. 

Gracias Fernando, papito eterno, por ser esa flor valiente en medio de tanta oscuridad. Gracias por sembrar en nosotros la valentía de seguir más juntos que nunca en este sueño de justicia y compasión, ya somos árboles, fuertes y enormes que cuidarán tu legado para siempre.

Revelando la Verdad y Construyendo una Sociedad Transparente  

Es en este contexto que surge www.periodismodeinvestigacion.com, un referente en el Periodismo de Investigación, respaldado por la Fundación Mil Hojas, que se ha convertido en un laboratorio constante y objetivo de investigación periodística.

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El portal web www.periodismodeinvestigacion.com es el resultado de años de esfuerzo y dedicación, con el objetivo de brindar a la sociedad una ventana hacia la verdad. A través de esta plataforma, ofrecen información precisa y verificada, basada en investigaciones rigurosas y sustentadas en un compromiso inquebrantable con la honestidad y la transparencia.

 

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Massuh, el «turco» que va por la aduana

 Se escuchó en uno de esos audios decir a Hernán Luque -entonces director de la Empresa Coordinadora Empresas Públicas- lo siguiente: “En otro tema Nahim yo ya te conté que prefería que me des 150 mil mensuales”. Se refiere a Nahim Massuh alias “el turco” operador de Rubén Cherres, Hernán Luque, Javier Jordán, Leonardo Cortázar. En esa conversación Hernán Luque le pide a Massuh que le entregue 150 mil dólares mensuales y cuando sigan operando se aumente el pago.

La Posta, cuando transcribe el audio, de manera intencional omitió el nombre de Nahim Massuh, porque el turco era la fuente de ese medio. El modo de operación de Massuh era acudir donde aquellos que han perdido la reputación por denuncias y pedirles dinero a cambio del silencio. Cuando La Posta entendió que habían filtrado un audio donde se menciona al turco lo editaron y lo circularon, esta vez sin que se escuche el nombre de Naihm.

Naihm Massuh, con un prontuariado de turbios negocios, gestionaba en las aduanas, con el vicealmirante Carlos Vallejo, la obtención de recursos para la mafia de los Tetones, aquellos de la piscina. Massuh, a través de su amante, quien lo acompañó a la casa en Miami de Javier Jordán, tomó las fotos que mostraron a los miembros de esta banda ¿Cuánto dinero levantaron Massuh y  el almirante Carlos Vallejo para la mafia de la piscina mientras se mantuvo la administración de Carlos Vallejo en la SENAE? Estos recursos financiaban los negocios de Javier Jordán, Leonardo Cortázar y por su puesto de Hernán Luque.

Las relaciones de Naim Massuh eran amplias como el horizonte, gestionaba y coordinaba encuentros con el patrón Leandro Norero, líder criminal asesinado brutalmente en la cárcel de Cotopaxi, así como también con Jordán, Leonardo Cortázar, Carlos Vallejo.

En ese mismo tiempo La Posta empezó a cuestionar la gestión de Ralph Suástegui, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, por la firma de contratos que parecían “sospechosos”, según las palabras de Andersson Boscán, pero luego llegó la pauta de la mano de Naihm Massuh, amigo y socio del gerente de la estatal, que pactó un contrato con CNT por publicidad. Se volvió entonces a olvidar los nombres de Naihm Massuh, Ralph Suastegui y de los contratos raros de la telefónica estatal, incluso aquellas operaciones de software pirata desarrolladas supuestamente por el turco.

El “turco”, cuyo domicilio fue allanado por la fiscalía hace pocos meses, hizo sociedad en otros tiempos con personajes como Carlos Pólit, Jorge Glass, José Serrano, Tomislav Topic, el padre del candidato Jan Topic. Gestionó además en la administración de Ralph Suástegui en CNT operaciones de software.

En la coyuntura actual estos nombres vuelven a tener relevancia y no es casual en los negocios. Luego del decretó de la muerte cruzada, el primer cambio en el gabinete del presidente Lasso  fue el de Ralph Suastegui para al aduana, amigo de Jan Topic y del operador Naihm Massuh. El 22 de mayo de 2023, el presidente Lasso cerró una pinza de negocios que a través de Suastegui favorecerán al turco y su línea de amigos.

Silencios e indiferencias que matan

Cifras de la Fiscalía General del Estado señalan que desde 2014 hasta abril de 2023; tomando en cuenta únicamente los días domingos entre las 00:00 y las 05:59, y entre las 18:00 y las 23:59 tuvieron lugar el mayor número de muertes de mujeres en un contexto delictivo: 114 y 126 muertes respectivamente.

Aunque en un momento específico de la historia del Ecuador si existió una política pública para erradicar el machismo a escala nacional, actualmente el Estado no contempla este tipo de cifras perturbadoras al momento de elaborar políticas públicas. Hoy en día, una serie de eventos siguen siendo considerados como «normales» en lo que tiene que ver con mujeres; resultado de esta omisión.

Para ejemplificar este tipo de eventos, en los cuales se justifica la existencia de “sentimientos en una relación entre hombre y mujer”; la creencia general es que lo que suceda debe ser calificado como «normal» o como “asuntos de pareja”. En los ejemplos que serán descritos a continuación se puede notar que las circunstancias expuestas siguen generando silencios que tienen el potencial de permitir el ejercicio de diversas formas de violencia, y que lamentablemente terminan con el asesinato de mujeres:

Cuando un compañero de trabajo que, bajo la excusa del enamoramiento, acosa e insiste sobre el uso del vínculo laboral para forzar una relación de pareja, sin tomar en cuenta una o varias respuestas negativas de su contraparte. Cuando el mismo compañero de trabajo que, al recibir una negativa cambia el proceder y ejerce violencia; en primera instancia psicológica, pero que puede evolucionar en violencia laboral o física, bajo la justificación de que «es una mujer frívola y mala porque no acepta mi amor”. Cuando una Institución pública o privada permite el acoso laboral hacia las mujeres al no tener ni el conocimiento ni los instrumentos legales necesarios para el tratamiento de éstos casos, olvidándose de su responsabilidad de prevenir cualquier ultraje hacia su dignidad.

Cuando un esposo que, por cualquier motivo descalifica, grita, denigra o miente a su esposa y, posteriormente la convence de “estar loca” cuando ella busca desprenderse de un rol artificial en el ser convierte en propiedad de su marido; un tipo de rol que la sociedad tradicionalmente ha otorgado y permitido.

Cuando un esposo que ejerce violencia en contra de una mujer bajo el criterio de que “el cuidado de los hijos y del hogar son asuntos de mamás y que los padres o esposos únicamente se dedican a proveer”; cuidado con que el proveedor se entere que la esposa o madre de sus hijos gane más dinero que él, pues su capacidad proveer se minimiza, convirtiéndose en un “incapaz” frente a su grupo de amigos y la sociedad.

Su “virilidad” se ve amenazada pues esto va en contra del rol que le asignó una sociedad machista. Cuando la misma Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación en su artículo 82 permite que la mujer casada pueda agregar a su apellido el de su marido, precedido de la preposición “de”, se legitiman leyes que visibilizan el hecho de que las mujeres seguimos siendo cosas y que podemos “elegir” a nuestro dueño.

Esto ha determinado que en muchas ocasiones incluso que el hombre a quien una mujer ama pueda lograr convencerla de ser insignificante sin él, de ser intelectualmente incapaz, de ausencia de valor como ser humano y que, “lo justo» es que es que el hombre la pueda violentar de cualquier manera, porque incluso ante la ley, la mujer es de su propiedad.

Cuando cada 25 de noviembre funcionarios públicos publican fotos disfrazados de morado para ingresar al juego de que su institución vela por los derechos de las mujeres, cuando en la realidad ni siquiera es capaz de proveer baños diferenciados para las mujeres que desempeñan su jornada laboral en zonas alejadas de la ciudad.

En la academia, en los foros o en las entrevistas también se observan estas violencias cuando en un evento de diez ponentes nueve son hombres, y apenas una es mujer (y eso cuando hay suerte), como si no existieran mujeres expertas en las diferentes materias, consiguiendo, una vez más, ausentar nuestras voces.

Se podría continuar poniendo ejemplos de situaciones cotidianas que, horrorosamente continúan siendo consideradas normales, aunque sepamos que terminan causando el asesinato de seres humanos, cuya muerte se normaliza en la sociedad solo porque se trata de mujeres.

El principal efecto de la normalización de las diversas formas de ejercicio de la violencia de género que existe en la sociedad ecuatoriana es este silencio que asesina. Un proceso de normalización en el que la sociedad hace que las víctimas de la violencia se queden calladas, porque en el momento de sacar a la luz los hechos violentos deben enfrentarse primero a que nadie les crea y que además sean juzgadas por su propia muerte. Las mujeres se ven obligadas a escuchar y leer frases de revictimización todos los días, que les culpan por su propia muerte y se apiadan de los asesinos y sus cómplices.

Las mujeres víctimas de violencia psicológica, física y patrimonial deben persuadir a su círculo de familiares y amigos, a la policía, a fiscales y jueces de sus casos, porque la violencia machista se encuentra tatuada en el mal llamado “sentido común” de las ecuatorianas y los ecuatorianos.

Existe una mirada patriarcal que ha cegado históricamente al Estado ecuatoriano y sus instituciones frente a las violencias que se ejercen hacia la vida de las mujeres. El asesinato de María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Rodríguez Gallo, donde el principal sospechoso oficial de policía e instructor confesó haberla matado sin ayuda de otros es evidencia de esta ceguera. El efecto de que, en la formación de los miembros de la Policía Nacional del Ecuador no se considere el género como eje transversal tiene efectos tales como el hecho de que, aunque el 11 de septiembre del 2022 funcionarios estatales, poseedores o en entrenamiento de habilidades para detectar delitos la escucharán gritar pidiendo ayuda y aun así no hicieran nada; ni estudiantes, ni autoridades, porque al fin y al cabo los ruidos de golpes y pedidos de auxilio que se escuchan, consecuencia de la pelea de una pareja, son considerados «normales» y lo único que cabe es el silencio.

Cuando el peso de los hechos indicó que algo sucedió en la habitación del instructor policial, la primera unidad contactada por la autoridades fue inteligencia policial y no la DINASED, lo que dejó evidenciado desde un primer momento un espíritu de cuerpo. La indiferencia, e insensibilidad latente ante estos temas permitió que un aparente asesinato fuera tratado como problema de segunda categoría, porque a pesar de que legalmente se derogaron normas penales que legitimaban la muerte de una mujer a manos de su cónyuge, aún hoy en día la vida de las mujeres continua siendo de segunda categoría para el Estado, incluso a perjuicio de comparar la importancia de los efectos institucionales que tuvo que los hechos hayan llegado a conocerse a nivel nacional, y como producto directo de la presión mediática que logró la madre y el hijo de María Belén, a quienes, posteriormente se unieron organizaciones de la sociedad civil, debido a las múltiples omisiones estatales que cada día seguían apareciendo.

Lo que no ve el Estado es que la violencia machista no tiene como víctimas únicamente a mujeres, ésta se extiende a sus hijos porque también les quita la vida. Así por ejemplo, en abril de 2022 en Ibarra se cometió el sicariato de Zoe, una bebé de siete meses, a manos de su padre. El ahora ex policía Luis Andrés L. T., y su esposa quien no es la mamá de Zoe; por  José L. y Ufredo B , quienes fueron sentenciados con una pena privativa de libertad de 34 años.

Otra mujer que se suma al listado de víctimas de femicidio es Katherine Cingaña, quien fuera asesinada por su pareja: el cabo Jonathan Través el 3 mayo de 2023, y con quien compartía un hijo de dos años.

Es hora de ponerle los ojos de género al Estado y a sus instituciones. Basta de complicidad para normalizar el pensamiento machista arraigado y las muertes que esto provoca. Basta de permanecer impávidos e indiferentes. No podemos esperar que más eventos nos sigan mostrando todo lo que está mal con respecto a la visión de género en el Estado ecuatoriano y sus instituciones. ¿Cuántas muertes más de mujeres y sus hijos tenemos que presenciar? ¿Cuántos policías más van a cometer femicidios con sus parejas?

Necesitamos que el Estado sea quien nos de éstas respuestas y deje de mirar a otro lado, pues hechos como los narrados no serán olvidados. Basta de la complicidad estatal al no reconocer oficialmente los efectos de la violencia estructural que ejercen sus instituciones. ¡Es hora de que el Estado se haga responsable por nuestras muertas!

Carolina Andrade, la persecutora

El nuevo alcalde de Quito Pabel Muñoz tiene el derecho de escoger su equipo de confianza y construir el nuevo liderazgo que requiere la ciudad y su corriente ideológica pero está demostrando que no puede separarse de la pesada cruz del pasado y vaya de qué forma nos lo hace saber.  Andrade Quevedo tiene una gran formación académica pero esta poco importa porque sirvió a los peores esquemas de persecución y corrupción que se constituyeron en el Ecuador desde 2008. Andrade Quevedo fue la cumple órdenes del secretario nacional de inteligencia (Senain) Pablo Romero y luego Ronny Vallejo, quien fuera hombre duro de la inteligencia de Correa y que debería rebautizarse con el nombre de Secretaría Nacional de Persecución del Estado.

Carolina llegó a la Senain y fue escalando posiciones. Para 2013, cuando Pablo Romero Quezada asumió esa secretaría, ella ya tenía el cargo de coordinadora general de inteligencia. Desde esa posición construyó un prontuariado vergonzoso que no ha incluido en su hoja de vida (hablaría mal de su vida secreta) y el alcalde Muñoz o no lo sabe o lo olvidó. Su participación pasa por casos como el seguimiento al premio Nobel de la Paz Oscar Arias, del exinformático del CNE Nelson Marroquín,  el caso 30S, Gran Hermano, Yasunidos, Exiliados, Caminito, el exalcalde de Riobamba Juan Salazar, el fomento de la Ley de Comunicación o el cierre del portal BananaLeaks, este último que hizo públicos los títulos profesionales fraudulentos de los hermanos Alvarado Espinel.

La master Andrade, con formación en la Sorbona de París, también fue parte de informes vergonzantes e hilarantes por decir lo menos porque no servían para nada y solo fomentaban la torpe narrativa de la intervención de la CIA en el Ecuador como el Informe de supuesta implementación de tecnología de radio frecuencia de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos ¿Pruebas? Aquí vamos.

El viejo cuento de la CIA

Y aquí las grandes conclusiones de la master Andrade:

Investigaba títulos académicos de autoridades de Alianza PAIS

De locos, para conocer sobre la condición de un título universitario solo se requiere ingresar a la página de la Secretaría de Educación Superior, pero Andrade creía que debía levantar un informe sobre los títulos académicos de Fernando Bustamante, Rolando Panchana, Rosana Alvarado y Mariangel Muñoz ¿para qué? Solo ella lo sabe.

 

Seguimiento a ONGs

El correísmo hizo un extenso seguimiento a las Organizaciones No Gubernamentales porque consideraba que eran un motor desestabilizador de su gobierno. La Senain y su super inteligente coordinadora general levantaron un informe.

Ley de Comunicación

No podía ser de otra manera, Carolina Andrade ansiaba una ley mordaza, ¿es posible que en el Municipio intente lo mismo?

Bananaleaks

Existe un informe ordenado por Andrade para determinar los peligros que implicaba para el correísmo el portal bananaleaks y la forma en que el gobierno de entonces lo sacó del aire. Debe enterarse señora Andrade que de esta experiencia nació el portal MilHojas.is que dio origen al presente portal pi, que hoy desnuda su calidad ética.

Exiliados

Luego del 30S era necesario perseguir a sus enemigos por eso se continuó con las investigaciones a los abogados quiteños Pablo y José Luis Guerrero Martínez que abandonaron el país para no ser encarcelados, acusados de terrorismo por la toma de Ecuador TV. Ellos se radicaron por muchos años en República Checa, pero Andrade consideraba que era una buena idea hacerles seguimiento.

 

Movilizaciones

Pi entrega este documento por completo, ordenado por Andrade, que centra a los actores de las manifestaciones de 2014 porque  vale recordar qué y con qué recursos lo hicieron. Queda preguntar a Carolina Andrade si su mirada de la seguridad de la ciudad pasa por su torpe experiencia de persecución en la Senain y si expondrá a largos procesos de inteligencia y seguimiento a los cansados agentes de tránsito o los servidores de recolección de desechos de la ciudad para lograr sus metas. Tal vez nos sorprenda.

 

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El lobby de Amazonas Tankers en la Comisión de Mireya Pazmiño

Las escandalosas declaraciones han pasado desapercibidas por todos los protagonistas a excepción de dos de ellos: Mireya Pazmiño y Fernando Villavicencio. La primera por doble vía al ser proponente del juicio contra el presidente pero además por haber impulsado y aprobado un informe favorable a Amazonas Tankers, en la Comisión Permanente de Régimen Económico, el 31 de octubre de 2022. El segundo por conocer a profundidad el caso y relacionar a las empresas y los protagonistas, Villavicencio le restregó en la cara el conflicto de intereses ante el silencio cómplice de los abogados del presidente y de la misma Pazmiño.

No guarda ningún sentido racional y ético que Mireya Pazmiño, como presidente de la Comisión de Régimen Económico, impulse y apruebe un informe favorable para defender el contrato de Flopec y Amazonas Tankers y cuatro meses después sea proponente del juicio político al presidente, por el mismo contrato que ella defendió en su informe aprobado en la comisión con cinco de nueve votos.

El lobby de Amazonas Tankers se metió en el despacho de Pazmiño y eso quedó despejado el pasado 21 de abril. Ese día fue llamado por la Comisión de Fiscalización a comparecer quien fue el principal asesor de la Comisión de lo Económico, Juan Pablo Jaramillo Ramón; pero en una carta firmada el 19 de abril se negó asistir y confirmó que no fue el autor del informe: “solo puedo declarar que NO he participado en la elaboración de dicho informe debido a que no fue una de las tareas que la presidenta de la Comisión Asambleísta Mireya Pazmiño me haya delegado, dicha responsabilidad recayó sobre los otros miembros del equipo asesor”.

Sino fue Jaramillo, ¿Quién hizo el Informe No Vinculante sobre la situación de FLOPEC? La respuesta llegó de otra compareciente, que al momento de recibir ese documento tenía la función de secretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda Camacho: “El informe me llegó por Mario Naranjo a través del sistema Zimbra porque yo les había solicitado a todos los asesores que de acuerdo al reglamento me tienen que enviar por memorando firmado  la persona que realiza el informe”, dijo.

La abogada Poveda comentó además que Wilson Nicolás Naranjo Borja (hermano de Mario) le llamó a pedido de Mireya Pazmiño a solicitar que interceda en la Procuraduría General del Estado frente a un arbitraje sobre un contrato de Flopec relacionado al transporte de petróleo de Amazonas Tankers. La abogada Poveda dijo que nunca hizo una gestión de ese tipo.

Pazmiño quedó en silencio. Solo entonces se configuró la presencia de los hermanos Mario y Wilson Naranjo Borja y sus intereses. Los dos son o fueron accionistas de Constructora Ares, empresa de la que fue también parte José Agusto Briones, ex ministro de energía en el gobierno de Lenín Moreno, relacionada a los sobornos del caso “las torres y el caso “Gunvor”, este último directamente ligado a los hermanos Antonio y Enrique Peré que son delatores del caso en un juicio federal en la Corte de Nueva York que ya involucra a 16 personas y otras 16 empresas.

En el caso Gunvor el canadiense Raymond Kohut, que desempeñaba un alto cargo ejecutivo, dijo que hubo pagos a José Agusto.

Además Wilson Naranjo Borja fue apoderado de una de las empresas off shore de los hermanos Peré: Laminar Capital Assets Inc, creada en 2015 por Mossack Fonseca. El caso fue profundizado por los periodistas Mónica Almeida y Paúl Mena del Universo y de ello existe un completo informe publicado el 10 de noviembre de 2022 que detalla las relaciones de sobornos y coimas en Petroecuador

¿Qué tiene que ver con Flopec? Todo, porque Gunvor es el corazón del consorcio Andes Tankers que posteriormente se llamó Amazonas Tankers con sus empresas Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping.

Wilson Naranjo Borja, el hombre que según la ex secretaria relatora de la Comisión de lo Económico pidió favores a nombre de la asambleísta Pazmiño fue capturado en un allanamiento a inicios de noviembre de 2022 por el caso Petroecuador. Sobre este tema la Fiscalía cerró la instrucción el pasado 18 de marzo contra Wilson Naranjo y otros 17 involucrados, entre ellos Antonio y Enrique Peré Icaza, Nilsen Arias, su esposa  Irma Romero, Javier Aguilar de Vitol y Raymond Kohut de Gunvor.

¿Quién hizo el informe sobre la situación de Flopec en la Comisión de lo Económico? Por el beneficio se llega al responsable y es claro que Amazonas Tankers, el consorcio creado por Petrochina y empresas rusas para configurar enormes ganancias, gracias a los precios del flete, es la ganadora.

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo en los que presten sus servicios dice la Constitución, esto suele ser poco para aquellos políticos ágrafos, que en palabras del escritor Jesús del Campo, cuando mayor es la carencia de conocimientos, mayor es la necesidad de ganarse el sitio a base de exabruptos que serán tenidos por arrebatos de lealtad, pero esa constante tuvo su excepción cuando declaro la abogada Poveda, entonces los cuatro proponentes del juicio expresaron un silencio conmovedor en la ex sala del senado de la Asamblea Nacional.

Adjudicaciones para asegurar hidroeléctricas y termoeléctricas sin respaldo de reaseguros

En este proceso se encuentran en juego los mayores activos del sector eléctrico del país, pues suman más de US$ 12.000 millones, que quedaron parcialmente desprotegidos por al menos 15 días debido a un proceso licitatorio en el que las autoridades no se cercioraron de que se cumplan con los requerimientos básicos exigidos en los pliegos del concurso.

Tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de iniciar el proceso de liquidación de Seguros Sucre por los escándalos de corrupción que había protagonizado esta empresa pública, se dio inicio al proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCC0-023-21 para la contratación del Programa de Seguros para los Bienes e Instalaciones de las centrales hidroeléctricas y eólica de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP». El concurso inició el 23 de junio de 2021 con un presupuesto referencial de US$ 33´115.745 de prima neta sin IVA.

Las ofertas presentadas para acceder a esta nueva póliza fueron de: Aseguradora del Sur, Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (integrado por Latina de Seguros y Seguros Alianza).                 

La vigencia de la póliza a contratar era de 365 días a partir del primero de agosto de 2021. El valor asegurado fue de US$ 500 millones, a diferencia del proceso licitatorio previo en el que se contrataron pólizas de seguro por separado: en una, solo para Coca Codo Sinclair hasta por US$ 500 millones y en otra, para el resto de hidroeléctricas, por US$ 500 millones más.

Es decir que hasta julio de 2021 todos estos activos estaban asegurados en un total de US$ 1.000 millones, con una prima de US$ 21 millones. Mientras en este nuevo concurso se unificaron ambos riesgos, pero con una suma total asegurada de tan solo US$ 500 millones y una prima de US$ 26 millones. La simple comparación de las cifras echa por tierra el discurso gubernamental del ahorro, pues en este último concurso se subió el valor de la prima en un 24% respecto al proceso previo para asegurar la mitad del valor, pues este pasó de US$ 1.000 a solo US$ 500 millones.

De acuerdo con los pliegos del concurso, las oferentes debían entregar cartas de respaldo del reaseguro por el 20% de indemnización por evento.

Aseguradora del Sur presentó ese aval del reasegurador Allianza, lo que significa que esta empresa respaldaba con hasta US$ 100 millones por evento. No obstante, en la práctica Allianza no otorgó respaldo a todas las centrales hidroeléctricas de CELEC.

Hispana de Seguros también ofertó el mismo valor y presentó una carta de respaldo del reasegurador londinense Alcor Lloyds 4612. Pero este mismo reasegurador confirmó que solo podía otorgar un respaldo hasta US$ 10 millones y no como aparentemente Hispana dio a entender en su oferta. Por lo tanto, no contaba con la capacidad requerida en la licitación y el certificado de respaldo de Alcor no era válido.

Los detalles de estas irregularidades fueron expuestos en correos electrónicos cursados, primero entre diversos actores del mercado, y luego, enviados a las autoridades de CELEC EP y del Ministerio de Energía, en julio de 2021 durante la etapa de calificación y previo a la adjudicación.

En el caso del reaseguro de Aseguradora del Sur sobresale una comunicación interna del 30 de julio de 2021, entre Allianz Global Corporate & Specialty escrita por James Wright, uno de los socios de la División de Energía y Servicios Públicos, en la que se aclara que, junto a la compañía Alesco, están actuando como reaseguradores de Seguros Sucre S.A. con una participación del 20% en el seguro de todo riesgo operacional de la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Con este antecedente señala “Alesco nos ha pedido que consideremos si deseamos suscribirnos a una participación en todo el programa Hydroeléctrico detrás de una aseguradora local…Rechazaremos la participación debido a la falta de información sobre riesgos”.

En el caso del reaseguro de Hispana, la primera comunicación se origina en Alcor el 20 julio de 2021 (a las 17:58). lan Craigs, suscriptor general de Propiedades de Alcor envía un email a Nick Burn, director internacional de P&C que es el seguro de propiedad y siniestros de Tysers lnsurance Brokers Limited, un broker de seguros londinense. En este email Craigs explica que la carta enviada por Alcor a CELEC EP no es una cotización vinculante y que no puede participar porque esta licitación no es de su interés.

Una semana después (27 de julio de 2021 a las 17:28, Craigs vuelve a escribir un correo a Nick Burn en el que le especifica: “Es posible que Howdens (corredor de seguros europeo) haya presentado esta oferta, pero en su momento dejamos muy claro que no somos un mercado proporcional y que no tenemos ese tipo de capacidad…”

Luego de este intercambio de mensajes Nick Burn, de Tysers, envió un correo a Gonzalo Uquillas, gerente de CELEC, (27 de julio de 2021 20:27), en el que le dice que “la documentación con la que se respaldan ciertas reaseguradoras en la licitación de Celec parece ser malinterpretada”. Agrega haber sido informado que Alcor ha presentado una participación del 20% como respaldo de los US$ 500 millones y que eso no es correcto, por lo que adjunta los correos electrónicos ya mencionados, confirmando que no se han ofrecido a apoyar esta licitación.

También presenta un extracto del sitio web de Alcor que muestra que su capacidad máxima de cobertura es de US$ 10 millones.

En efecto, de acuerdo con la información publicada por este reasegurador en su propia página web (https://alcoruw.com/products/all-risk-property/), se indica que cuenta con una capacidad de solo hasta US$ 10 millones.

El 29 de julio de 2021 (16:47) Burn se dirige nuevamente, vía electrónica, al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo, a Uquillas y otros funcionarios de CELEC, donde les pide que vean “un correo de Alcor aclarando su posición sobre esta licitación y demostrando que lo que ha presentado Hispana es engañoso”.  En esta comunicación, Ian Craigs de Alcor le dice a Burn que esta reaseguradora “no ha proporcionado indicación de cobertura o cotización de términos para las centrales hidroeléctricas o centrales térmicas. La participación máxima que Alcor puede ofrecer en cualquier cuenta es US$ 10m (US$ 10 millones)”.

El 30 de julio (13:18) Nick Burn, en otro email, se dirigió al ministro de Energía de entonces Juan Carlos Bermeo y a Uquillas observando que no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades en relación con sus correos anteriores respecto a la licitación y que está sorprendido “especialmente de los problemas de Alcor y Allianz porque iría totalmente en contra del interés de CELEC EP. La calificación de Allianz permite puntos más altos, lo que está distorsionando el proceso, no están respaldando todos los activos de Celec… Le recomendamos encarecidamente que considere toda esta evidencia y, aparte de esto, la oferta de Latina Seguros es mucho más favorable a Celec y su interés”.

¿Por qué son importantes estas comunicaciones? En los pliegos de la licitación se incluye la potestad de CELEC de constatar la validez de las confirmaciones que realicen los reaseguros. En la cláusula destinada para ello se señala: “CELEC EP se reserva el derecho de verificar en todo momento y por cualquier medio, la autenticidad de toda la información proporcionada por la aseguradora, en especial, en lo referente a los certificados y notas de cobertura de reaseguros, so pena de ser declarado adjudicatario fallido y de iniciar las acciones que en derecho correspondan, en caso de encontrar cualquier tipo de falsedad en la información proporcionada.”

Pese a todo esto, el mismo día en que Allianz decidió no participar en este concurso, el viernes 30 de julio de 2021 se concretó la adjudicación y la póliza empezó a regir desde el domingo primero de agosto de 2021, a las 12 horas. Pero al estar de por medio un fin de semana entre la fecha de adjudicación y la vigencia del contrato era imposible completar el 100% del reaseguro para estos bienes en tan corto tiempo y peor aun cuando la empresa adjudicada no tenía una oferta en firme, sino que solo un «desk quote» o cotización de escritorio. Fuentes del sector explicaron que una oferta en firme es cuando los reaseguradores otorgan, de manera escrita a las aseguradoras, un respaldo real en todas las condiciones y valores; mientras que la oferta de escritorio es cuando la aseguradora únicamente presenta su oferta sin contar con el aval efectivo del reasegurador.

Para conseguir un reaseguro de esta magnitud se necesitan, generalmente, unos 15 días hasta poder negociar y completar el respaldo requerido, por lo que a esa fecha dicho riesgo no debió estar colocado al 100%, lo que significa que las centrales hidroeléctricas solo tenían cobertura parcial, en caso de siniestro.

Irregularidades en proceso de evaluación inclinaron otra vez la balanza

Otro punto de controversia tiene que ver con la forma en que se otorgaron puntajes a las oferentes según la calificación de riesgo de sus reaseguros. Los pliegos de la licitación establecen que esas calificaciones debían ser otorgadas por las firmas Standard & Poors, AM Best o Moody’s y registradas en la Superintendencia de Compañías.

Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina Seguros-Seguros Alianza S.A.) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyds (grupo de aseguradoras londinenses), los cuales, de acuerdo con el registro de la Superintendencia, tienen calificación A (excelente). No obstante, al evaluar la oferta del Consorcio Celec (Latina-Alianza), la Comisión Técnica que se encargó de esa tarea, la calificó como A, mientras a Hispana Seguros la puntuó como A+.

El 27 de julio de 2021, el Consorcio Celec pidió la recalificación de su oferta. Uno de sus argumentos fue que se dio a Hispana la calificación más alta (15 puntos) pese a tener el mismo reasegurador que el Consorcio Celec (Sindicatos de Lloyds), dándole a este último oferente una calificación de 12.50 puntos, sin considerar que la compañía líder del consorcio (Latina de Seguros), por sí sola, tiene calificación de riesgo «AAA».

La comisión técnica respondió que fue el mismo Consorcio Celec el que registró la calificación de cada uno de sus reaseguradores en un formulario, donde se evidencia que 5 de ellos tienen calificación «A» y uno, calificación «AA». Al momento de aplicar las fórmulas correspondientes, esas calificaciones no alcanzan los 15 puntos reclamados por el Consorcio.

Por lo tanto, la comisión concluyó que no puede modificar las calificaciones de riesgo presentadas por el oferente para homologar con los reaseguros presentados por otros oferentes, por el solo hecho de pertenecer al Sindicado Lloyd’s.

El Consorcio Celec también pidió que se revise la evaluación hecha a la reaseguradora de Hispana, Alcor de Lloyd’s, pues esta posee una capacidad para el seguro de todo riesgo de solo US$ 10 millones, nivel insuficiente para asumir el porcentaje requerido. El Consorcio Celec solicitó también se aclare cuál fue el criterio de la valoración hecha a los respaldos de reaseguros ante una posible insuficiencia de asumir el riesgo. Y requirió la publicación de todas las cartas de respaldo de los reaseguros. Además, afirmó que esta adjudicación sería un perjuicio al Estado, pues la oferta del Consorcio Celec es la más baja.

La comisión evaluadora puntualizó que la capacidad del reaseguro no es una condición que consta en los pliegos del concurso donde se señala: a) “Los oferentes deberán presentar copia simple de los certificados de reaseguros emitidos por reaseguradores internacionales de reconocido prestigio, sobre la colocación en firme de al menos el 20% de la suma asegurada del Reaseguro, para cada una de las pólizas de manera individual y/o grupal…”

Pese a que se especifica que los certificados que deben presentar los reaseguradores están relacionados con un porcentaje requerido en el concurso, la interpretación de la comisión técnica es que “la capacidad de los reaseguradores no consta como requisito exigido en el pliego” y, por si fuera poco, admite que “el certificado emitido por Alcor, no corresponde a un retrocesionario (reasegurador)”.

En otra confusa explicación la comisión también dice que “la validación del cumplimiento de los requisitos mínimos, que sí están exigidos en los pliegos, se hizo sobre la base de la revisión de las copias de los certificados de reaseguros…” pero “el cumplimiento de los requisitos contenidos en el certificado de reaseguros, no son objeto de valoración”.

En otras palabras, la validación es solo revisar las copias, pero no lo que se afirma en los certificados.

Finalmente, el 28 de julio de 2021 la comisión desestimó todo y pese a los reclamos del Consorcio Celec y a las informaciones entregadas por los reaseguradores a la empresa pública CELEC, señalando que no fueron reales los respaldos de reaseguros de Allianz en el caso de Aseguradora del Sur y del reasegurador Alcor en el caso de Hispana de Seguros, nunca hubo respuesta de sus autoridades y la adjudicación se concretó para Aseguradora del Sur.

Seguros para las centrales termoeléctricas

El concurso para contratar el seguro de los bienes e instalaciones de las Centrales Termoeléctricas de CELEC EP funcionó casi igual al proceso ejecutado con las hidroeléctricas. Se adjudicó la póliza sin que Hispana de Seguros, la empresa seleccionada, cuente con los respaldos de los reaseguros, con un agravante: su oferta fue casi US$ 800 mil más cara que la de su competidor, el Consorcio Celec.

Se trata del proceso de licitación CELEC No. LISEG-CELCCO-024-21, iniciado por la Corporación Eléctrica del Ecuador con un presupuesto referencial (Sin IVA) de US$ 25,99 millones para la prima neta y un monto a asegurar de US$ 236 millones.

Luego de la publicación del proceso en el portal de compras públicas el 23 de junio de 2021, se presentaron 2 ofertas:

La adjudicación de este contrato se dio también el 30 de julio de 2021 al igual que en el caso de las hidroeléctricas, y entró en vigencia el primero de agosto de ese año, con un plazo de 365 días.

Los problemas alrededor de su proceso de licitación son idénticos a los de la contratación del seguro de las centrales hidroeléctricas. Es decir, la oferente adjudicada tampoco tenía una oferta en firme, sino solo una cotización. Entonces a la fecha de la adjudicación dicho riesgo no estaba colocado al 100% con el respaldo de reaseguros, por lo que si se hubiera presentado un siniestro las centrales termoeléctricas carecían de cobertura.

La oferta que presentó Hispana de Seguros fue con una carta del reasegurador Alcor Lloyd´s, de un supuesto respaldo a las centrales termoeléctricas en un 20% del riesgo. Sin embargo, hay una comunicación de este reasegurador, en la que manifiesta que nunca otorgó cotización tanto para las centrales hidroeléctricas como para las termoeléctricas. Además, confirma que solo emite avales no proporcionales, es decir, que no da el respaldo del 20% para todas las coberturas. Su capacidad máxima es US$ 10 millones, con lo que definitivamente no hubiera podido cubrir los US$ 47 millones requeridos.

Durante el concurso Hispana de Seguros y el Consorcio Celec (Latina y Alianza) presentaron respaldos de Sindicatos de Lloyd´s, los cuales, de acuerdo al registro de la Superintendencia de Compañías tienen calificación A (excelente).

Cuando el Comité de Evaluación publicó el Acta de evaluación de oferta, el 27 de julio de 2021 en donde Hispana aparecía seleccionada, el oferente Consorcio CELEC le envió una comunicación mediante la cual planteó los mismos reclamos que en el concurso de seguros para las hidroeléctricas, recibiendo la negativa de la Comisión Técnica, basada en iguales argumentos que en el mencionado proceso, es decir que el reclamo del Consorcio Celec “no es procedente por carecer de sustentos, puesto que, lo solicitado difiere de lo requerido expresamente en el pliego de este procedimiento de licitación”.

La adjudicación se concretó con una oferta de Hispana de Seguros basada en un respaldo ficticio.

Sin concurso Hispana asegurará por dos años más los activos de CNEL y CELEC

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP decidió no realizar una licitación pública sino simplemente renovar por dos años la póliza de seguros que protege sus bienes y servicios y los de la Unidad de Generación de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, con la compañía Hispana de Seguros, por US$ 21, 32 millones, hasta enero de 2023.

Para justificar este incumplimiento de la ley general de seguros se basó en informes internos que recomendaron a la gerencia no llamar a un nuevo concurso porque no hubo cotizaciones de otras compañías de seguros.

¿Por qué contratar una cobertura de seguros para los riesgos de dos empresas eléctricas? El contrato de seguros original (2019-2021) con Hispana para los riesgos de CNEL y CELEC tuvo como antecedente un convenio entre ambas empresas públicas (firmado el 1 de abril de 2015) para la administración, operación y mantenimiento de las centrales de generación eléctrica Álvaro Tinajeros y Aníbal Santos de la Unidad de Negocio Guayaquil. En este marco se determinó la necesidad de contratar un programa de seguros con coberturas de los ramos generales y de vida en grupo. La justificación que se dio en aquel entonces para una contratación conjunta fue que se conseguiría mejores condiciones para el aseguramiento del personal, bienes y operación. Así que se unificaron en el programa de seguros a: CNEL EP Distribución/ Comercialización y la Unidad de Generación.

Luego, mediante proceso No. LICS-CNELCORP-008-18, el 14 de diciembre del 2018 la gerencia de CNEL EP inició la licitación para contratar las pólizas de seguros de CNEL EP y de la Unidad de Generación de CELEC EP. Con un presupuesto referencial de US$ 21,64 millones (sin IVA), el 17 de enero la comisión técnica del proceso de contratación recomendó adjudicar el contrato a la oferta presentada por Hispana de Seguros por un valor de US$ 21´320.176 y un plazo de 730 días. Sobre esta base CNEL resolvió adjudicar la póliza a la mencionada compañía y el contrato lo firmó Wilfrido Veintimilla Terreros como gerente de CNEL EP, el 23 de enero de 2019.

Las pólizas contratadas son nueve para distribución: Multirriesgo, Equipo y maquinaria, vehículos, responsabilidad civil, fidelidad, transporte de dinero y valores, transporte interno, casco buque; Vida en Grupo. Y, dos para generación: Multirriesgo y Responsabilidad Civil.

PÓLIZAS CONTRATADAS

Pese a que la presidencia de la República había dado una clara disposición, el 30 de agosto de 2018, mediante su secretario general de entonces Eduardo Jurado (en oficio No. PR-SGPR-2018-6942-O) de que «a partir de esta fecha, se debe evitar el uso de procedimientos de contratación directa (emergencia y consultoría) y de régimen especial, con la finalidad de promover la concurrencia de más participantes y transparencia de contratación pública y optimizar el gasto público”, en octubre de 2020 CNEL inició el proceso de renovación de pólizas de seguros para el período entre 27 de enero de 2021 y 27 de enero del 2023. Para ello se requirió un informe técnico de la Coordinación de Seguros y el criterio de la gerencia jurídica de CNEL.

Las conclusiones del informe técnico de la Coordinación de Seguros se basaron en un estudio de mercado que a su vez tomó como principal referencia los estudios que la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y EMELNORTE realizaron en mayo y junio de 2020 (previo a la contratación) a las pólizas que requerían para cubrir sus riesgos en ese entonces.

Lo que se hizo fue utilizar normativa del SERCOP sobre proformas de proveedores para fijar presupuestos referenciales y se elaboró un cuadro comparativo entre las primas del contrato de seguros que estaba por fenecer y las establecidas en el estudio de mercado de CELEC y EMELNORTE. La Coordinación de Seguros de CNEL usó estas últimas, que eran más altas, para advertir que si se realizaba una nueva licitación el valor del presupuesto referencial del contrato subiría a US$ 28,75 millones (sin IVA), pero si se hacía la renovación, ese rubro sería de US$ 24,16 millones (sin IVA), por el período bianual.

Para reforzar su posición la Coordinación de Seguros advirtió también que realizar un nuevo concurso significaría revisar valores de los deducibles en los ramos con riesgos más altos y otras coberturas y rubros por la agravación del riesgo debido a la siniestralidad ocurrida en 2016 (terremoto de abril), lo cual ocasionaría un incremento de la tasa.

Resaltó también que en el portal de compras públicas no hay procesos similares a los realizados por CELEC y EMELNORTE y además estaba el hecho de no haber recibido ninguna cotización de otras compañías de seguros que le permita contar con un elemento comparativo de precios.

Otra premisa de este informe técnico fue que la aseguradora ha cumplido con la entrega del servicio en atención de siniestros y en beneficios adicionales y no hay indemnizaciones pendientes, lo cual se adecúa a la cláusula de renovación que consta en el contrato.

Finalmente, a pesar de que la Coordinadora de Seguros resaltó la intención de la presidencia de la República de promover los concursos públicos y transparentes, recomendó no hacer un nuevo proceso de licitación y mantener las pólizas con Hispana de Seguros.

Por su parte la gerencia jurídica de CNEL, el 23 de octubre de 2020 presentó los argumentos que justificarían la renovación de la póliza con Hispana. Primero, las pólizas no están reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSCP), sino por la Superintendencia de Compañías. El Reglamento de la LOSCP señala que “los contratos que se rijan por leyes especiales o que respondan a formatos regulados, tales como pólizas de seguros, servicios básicos, servicios de telecomunicaciones y otros, no observarán los formatos de los modelos de pliegos obligatorios, ni cumplirán con las cláusulas obligatorias del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

En consecuencia, este caso de contratación de seguros, a criterio de la gerencia jurídica, cuenta con estipulación especial para dar paso a la continuación de las pólizas por dos años más.

Segundo, la renovación de las pólizas se sustenta en la contratación de seguros y en los pliegos del proceso original (Nro. LICS-CNELCORPO-008-18). Además, se afirma que la renovación no es el inicio de un proceso precontractual y no requiere la autorización del directorio para ejecutarse.

Finalmente se dio la renovación del contrato con Hispana, pese a que no se evidenció en el portal del SERCOP la falta de respuesta de otras compañías de seguros para cotizar en este proceso, como afirman las autoridades.

Si no hubo interés de otras aseguradoras ¿por qué no se actuó como en la licitación anterior hecha para contratar los seguros del período 2018-2020? Ahí CNEL EP tampoco obtuvo respuestas del mercado para poder establecer un presupuesto referencial. Solo Seguros Sucre, que era la contratista vigente en ese proceso, presentó su oferta, otras se abstuvieron de cotizar porque requerían más tiempo y otras dijeron que lo harían cuando haya un proceso de licitación subido al portal de compras públicas, lo cual se concretó y se lanzó el concurso.

BIESS: dos aseguradoras deben proteger sus riesgos crediticios, solo hispana tiene la póliza

Al margen de la ley el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mantiene las pólizas para cubrir los riesgos de los créditos hipotecarios únicamente en manos de Hispana de Seguros cuando deberían ser al menos dos aseguradoras las calificadas para emitir todas las pólizas.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene la facultad de emitir las políticas y regulaciones crediticia y financiera, incluyendo la política de seguros. En la normativa expedida por este cuerpo colegiado mediante Resolución (No. 072-2015-F) de 28 de mayo de 2015 y reformada (con Resolución No. 220-2016) el 11 de marzo de 2016, en su artículo 4 sobre la selección del seguro de desgravamen obligatorio para los créditos hipotecarios establece: “El seguro de desgravamen será contratado por el deudor, considerando lo siguiente: a. en forma directa con cualquier empresa de seguros autorizada para operar en el Ecuador en este ramo; y, b. con las empresas de seguros que individualmente las entidades del sistema financiero nacional y los fondos complementarios previsionales hayan seleccionado para el efecto. Estas entidades deberán seleccionar por lo menos dos empresas de seguros (…)”

El 19 de julio de 2019 se realizó la convocatoria para el concurso de “Selección de empresas proveedoras de pólizas de seguros de Vida-Desgravamen, Incendio y Líneas Aliadas (catástrofes naturales) y todo riesgo contratista para los préstamos hipotecarios del Biess” por un valor asegurado de US$ 7.083´470.532.

Las compañías seleccionadas fueron Seguros Sucre e Hispana de seguros. Esta última se quedó a cargo de todas las pólizas de incendio, Todo Riesgo Construcción y Desgravamen, desde junio de 2021, luego de que Seguros Sucre entró en liquidación forzosa.

El BIESS realizó tres concursos, en diciembre 2021, febrero de 2022 y marzo de 2022, los cuales fueron declarados desiertos. Como resultado de estos intentos fallidos Hispana se mantuvo como la única aseguradora para cubrir todos los riesgos de las operaciones crediticias.

El último gerente del BIESS en ratificar a esta aseguradora al frente de las pólizas de vida, desgravamen, incendio y líneas aliadas fue Iván Tobar. Pero esa decisión de Tobar le significó su separación del cargo, pues esta gestión no contó con la aprobación previa del Directorio, conforme lo requerido por la Contraloría General del Estado, “exponiendo al BIESS a riesgos legales y reputacionales”.

A pesar de esta resolución del directorio Hispana continúa como la única aseguradora del BIESS. El monto total de valores asegurados asciende a más de US$ 9 mil millones, con el consecuente riesgo de que una sola compañía de seguros tenga la responsabilidad del 100% de la cobertura de estos activos que generan mensualmente primas descomunales.

Radiografía de la Ley de Economía Violeta

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Tejedora Manabita, el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente y Fundación Desafío, con el patrocinio de la jurista Johanna Romero, plantearon ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, una norma que se promociona como oportunidad para mejorar la inserción laboral de las mujeres, reducir brechas salariales y fomentar la corresponsabilidad en los cuidados; pero que, en suma, afecta derechos irrenunciables e intangibles de las trabajadoras y de las niñas y niños como las licencias de maternidad y lactancia y mantiene el régimen diferenciado de permisos para mujeres y hombres, lo que profundiza la exclusión laboral de las mujeres y personas con posibilidad de gestar en edad reproductiva.

Esta es la segunda demanda que se ha presentado para suspender los efectos de una ley inconsulta y regresiva y expulsarla del mundo jurídico.

La Ley de Economía Violeta tiene una visión de precarización laboral y centrada en los intereses de la parte empleadora. Se aprobó en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un uso abusivo de la etiqueta “violeta” y ha entrado en vigencia con el apoyo del Ejecutivo vulnerando derechos de las niñas y niños y sus madres.

Daniel Noboa Azín

Su defensor principal, no por casualidad, es el asambleísta Daniel Noboa Azín, hijo del hombre más rico del país, el magnate bananero Álvaro Noboa. Como en otros sectores productivos, la explotación laboral en la agroindustria es una muestra de discriminación por motivos de género. Las mujeres son asignadas a las labores peor pagadas, cobran menos por los mismos trabajos y no se reconocen sus derechos a la maternidad y lactancia. Una vez que el trabajo pesado las ha consumido físicamente, han sufrido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, son descartadas sin indemnizaciones y sin posibilidad de cobrar una jubilación patronal.

El peligro más grande de la Ley de Economía Violeta es que permite, como supuesta medida para facilitar la “corresponsabilidad” la posibilidad de “trasladar” permisos de maternidad y lactancia de las mujeres y personas con posibilidad de gestar, al padre, en lugar de ampliarlos y equipararlos. En nuestro país los permisos vigentes no cumplen con el estándar mínimo de la propia Organización Internacional del Trabajo (Art. 4 C/183) que es de al menos catorce semanas; ni con las recomendaciones de UNICEF de licencias para el padre y la madre de seis meses. La licencia actual de maternidad es de doce semanas (Art. 152 del Código del Trabajo), la de paternidad es de diez a quince días; y la de lactancia implica una jornada legal de trabajo de seis horas en los doce meses posteriores a la conclusión de la licencia por maternidad; es decir, hasta que el bebé cumpla quince meses. Esta fue una disposición de la Corte Constitucional para equipar los permisos de las madres del sector público y el sector privado, que la Ley de Economía Violeta olvidó recoger.

La Ley de Economía Violeta, en lugar de otorgar a los padres permisos más largos para que puedan participar de la crianza de sus hijas e hijos, abre la posibilidad de reducir los derechos de las madres.

La Recomendación 191 de la OIT sobre Protección de la Maternidad únicamente prevé la transferencia de licencias cuando la madre está en situaciones como internación, muerte o enfermedad. Sólo su ausencia temporal o definitiva justifica su uso por parte del padre. Vale decir que en los países con mejores indicadores de género la tendencia es igualar los permisos de paternidad y maternidad para fomentar la corresponsabilidad, pero, en ningún caso, abrir la puerta para la disminución de las licencias maternas.

En resumen, el cuidado y la lactancia son derechos compartidos de las madres y sus bebés. El traslado de estos permisos atenta contra la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de las trabajadoras. Mientras el mandato expreso de la Corte Constitucional en su sentencia fue el de ampliar la licencia por paternidad, la Asamblea Nacional incumplió con sus términos e instauró un régimen de traslados que vacía de contenido derechos fundamentales de las madres y sus hijos.

Esta situación no ha mejorado con la Ley de Régimen del Derecho al Cuidado Humano, que se encuentra en el despacho del presidente Guillermo Lasso para su veto o aprobación.

El único avance de esta ley es aumentar de diez a quince días el permiso de paternidad remunerado. Sin embargo, con su expedición se desperdició la oportunidad histórica de avanzar como país en el fortalecimiento de un Sistema Nacional e Integral de Cuidados públicos y gratuitos. Esta ley, según el análisis de la abogada Johanna Romero, es insuficiente porque no reconoce el derecho de trabajadoras informales, no remuneradas, sin dependencia profesional ni los cuidados debidos a personas adultas mayores, enfermas y con discapacidad. Es decir, sólo se vincula con la clase trabajadora en relación de dependencia y los recién nacidos. Esta ley también continúa profundizando permisos desiguales para madres y padres, pero no amplía los de las madres. La corresponsabilidad que se reconoce es parental y no alude la gratuidad de servicios públicos ni incluye a las familias y parejas de las disidencias sexuales y de género. No modifica, tampoco, los errores de la Ley de Economía Violeta.

Los peligros de compartir permisos

Se deben considerar los factores sociales, económicos, culturales y de relación de poder entre los géneros para la aprobación de nuevas leyes. En el Ecuador 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia. Gran parte de las familias ecuatorianas son monoparentales. Existen familias homoparentales a las que se invisibiliza en la ley, que parte de un modelo de familia nuclear y heterosexual. Asimismo, los permisos por maternidad y lactancia se desprenden de la relación laboral y el empleo formal, situación excepcional por el avance feroz de la flexibilización y la precarización en el mundo del trabajo.

Sólo 3 de cada 10 personas trabajadoras cuentan con contratos de trabajo y beneficios de ley en nuestro país. Es decir, también se deja por fuera a las madres y lactantes autónomas y por cuenta propia o que realizan labores de cuidado y domésticas no remuneradas. Por el contrario, proyectos de ley como la de Argentina “Cuidar en Igualdad” consideran la pluralidad de familias incluyendo las monoparentales y homoparentales, la diversidad de la clase trabajadora y derivan la política de las necesidades de cuidado de niñas y niños, personas con discapacidad, enfermedades y adultas mayores; no derivan el derecho al cuidado de la relación laboral ni lo supeditan a los intereses económicos de las empresas. Esta debería ser la orientación de toda ley que aborde los cuidados cuando el programa constitucional establece que están por encima de los mandatos del mercado.

Si bien “trasladar” permisos es opcional en el proyecto de Ley de Economía Violeta, se ignora que las relaciones de género son relaciones de poder y que esta norma podría ser utilizada por violentos o agresores para interrumpir o impedir el ejercicio del cuidado y la lactancia por parte de las madres; o también podría utilizarse por empleadores inescrupulosos y abusivos para presionar a las mujeres a volver más rápido al trabajo. De hecho, históricamente, tanto la licencia de maternidad como la de lactancia se derivaban de una prohibición de trabajar.

Eran normas con un trasfondo, hoy impugnado, ciertamente tutelar, como lo fue en su momento la prohibición de trabajos nocturnos para las mujeres con la idea de protegerlas. Sin embargo, las razones para imponerlas por la fuerza de la ley, resultaban, paradójicamente, más beneficiosas por resultado, que el mito de la libre elección detrás de leyes que brindan hoy supuestas opciones a las mujeres, en un contexto donde la necesidad económica y la violencia pueden viciar el consentimiento.

Anteriormente he explicado, de manera amplia, por qué este proyecto de ley atenta contra las madres trabajadoras. En resumen, es osado que se haya mostrado como un avance en derechos de las mujeres, cuando su premisa, en la inicial exposición de motivos de la propuesta, fue considerar a la maternidad como “un obstáculo a la productividad”. El mandato constitucional es la protección a la maternidad, a la lactancia y a la primera infancia a través del cuidado y la lactancia; y la creación, a partir de leyes y de políticas públicas, de condiciones amplias para poner el cuidado de la vida en el centro.

Una verdadera ley de promoción de la autonomía económica de las mujeres debería implicar la provisión de servicios públicos, gratuitos y profesionales de cuidado a niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad y enfermedad. Sabemos que la causa de la feminización de la pobreza y de las brechas de desigualdad en el ámbito económico tienen su raíz en la división sexual del trabajo y en la asignación estereotipada del cuidado y del trabajo doméstico única o predominantemente a las mujeres; y a la par, la desvalorización y gratuidad de ese trabajo.

En este artículo me centraré en el motivo principal de la preocupación de las organizaciones de mujeres y feministas que apoyamos las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Economía Violeta, por su ataque a las licencias por maternidad y lactancia que, aun insuficientes, son logros de la lucha de las mujeres y de las niñas y niños, que peligran.

La lactancia en el centro

La lactancia materna es una práctica biosocial mirada y gestionada de formas distintas a lo largo de la historia. Como institución política y de género, no es neutral, sus significaciones varían y son objeto de disputa constante; pero finalmente los imaginarios acerca de ella recaen en los cuerpos de las mujeres y personas gestantes.

La lactancia es muy compleja en el entorno actual, donde los discursos acerca de la crianza correcta, el apego y la nutrición infantil apuntan hacia su práctica exclusiva e intensiva; pero el contexto es absolutamente adverso porque la configuración familiar y de género ha cambiado y no existen en todos los estratos socioeconómicos las condiciones objetivas para su realización.

Las familias son más cortas, ya no existen prácticas comunes hasta hace pocos años como el modelo de servidumbre previo al empleo doméstico considerado como un trabajo; las mujeres han ingresado en el sector productivo masivamente y muchas crían solas, sin apoyos; y en general, las exigencias en torno al cuidado son cada vez mayores y más costosas. Lo que sí existe y me preocupa, es un consenso tácito, no escrito, acerca de que todo lo relativo a la lactancia debe recaer exclusivamente sobre los hombros de las madres. De ser un problema político, su duración, intensidad y desarrollo se convierten en “elecciones” individuales. Se recomienda y se fomenta culturalmente como mandato, pero no se garantizan los entornos legales y políticos para su ejercicio, al alcance de las mujeres y personas gestantes en toda su diversidad.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus órganos de interpretación y aplicación coinciden en la importancia de crear las condiciones para que se pueda desarrollar la lactancia por el mayor tiempo posible, porque es de beneficio mutuo para la madre y el bebé. Esto no implica, desde mi punto de vista, que no existan mujeres que por motivos de salud o de decisión personal no puedan o no deseen practicarla. No comparto las visiones esencialistas sobre la maternidad y entiendo que dentro del feminismo hay posiciones ideológicas distintas, que se han transformado a lo largo del tiempo, influidas por intersecciones como la clase social, la racialización y la posición económica, acerca de la manera de alimentar a los bebés y de practicar (o no) la lactancia.

La institución de las nodrizas, antaño, fue un beneficio histórico de las mujeres de las clases acomodadas que delegaban esta práctica a mujeres pobres y racializadas en condiciones de servidumbre, a partir de la naturalización de la dinámicas coloniales, clasistas y racistas de despojo y explotación. Posteriormente, el biberón y la leche de fórmula fueron impuestos por considerarlos la mejor manera de precautelar la salud de los recién nacidos, debido, entre otras cosas, al desarrollo científico del momento y a los intereses económicos de las empresas productoras de sucedáneos de la leche materna; o representaron una solución práctica que liberó a las madres de cargas de cuidado y les permitió conciliar y compartir con sus parejas la alimentación de sus bebés. Hoy se reivindica un modelo de maternidad donde la madre es la principal cuidadora, de crianza con apego, incluida la lactancia exclusiva como promesa de salud y bienestar; justo en un momento histórico de avance de las políticas neoliberales, con un contexto económico adverso y una crisis de cuidados en una sociedad empobrecida y desigual, como denuncia Beatriz Gimeno, feminista española, en su ensayo “La lactancia materna. Política e identidad”.

Por tanto, la lactancia exclusiva o extendida en el tiempo, siendo un derecho, una recomendación de salud pública y un mandato cultural, se convierte en un privilegio de pocas mujeres, lo que crea presiones psíquicas muy poderosas y culpas en las madres que no tienen las condiciones económicas o fisiológicas para practicarla de acuerdo con las recomendaciones internacionales, de los organismos de salud y de los entes gubernamentales que la promueven sin facilitarla. Esta situación en los últimos años se ha recrudecido con una serie de proyectos y de medidas que tienen a la lactancia en el centro de su preocupación, en el sentido de presionar a las mujeres a darla, sin que esto altere las ganancias de los empresarios; porque “pagar” licencias de las madres se mira siempre como pérdida económica. El sostenimiento de la vida no es una “inversión” ni está en discusión que las empresas compartan su “costo”.

En 2016, en una entrevista, el expresidente Rafael Correa decía con horror que, si hacía caso a la “ideología de género”, más temprano que tarde habría que reconocer derechos de lactancia a los hombres. Esta pesadilla del expresidente está cobrando forma por extraños caminos, pero por motivos alejados de los terrores de Rafael en torno a algo necesario y básico como ampliar los derechos de las personas de las diversidades sexuales y de género. En la tradición conservadora que su figura representaba, hace algunos años, promovió una reforma para extender hasta por nueve meses más la licencia por maternidad, pero sin remuneración. El motivo de esta reforma fue, precisamente, “promover la lactancia” para paliar los vergonzosos índices de desnutrición infantil. En cierta medida culpaba a las madres empobrecidas y precarizadas por este flagelo. Desde la visión esencialista y estereotipada del expresidente las mujeres, a su juicio, no sólo eran las mejores educadoras, sino “irremplazables” en la crianza y el “beneficio” sería aplicable únicamente si demostraban que se hacían cargo exclusivamente del cuidado y lactancia del bebé, desde una mirada de control de los cuerpos de las madres como mero medio para la crianza.

La recientemente aprobada Ley de Régimen del Derecho al Cuidado Humano, en la misma tradición de alargar las licencias sin remunerarlas (convirtiendo su uso en excepcional, a la par que en un privilegio de pocas madres y personas gestantes) permite su extensión hasta quince meses después de concluida la licencia remunerada. Este proyecto cae en la paradoja de establecer, como obligación a “las personas que ejercen el derecho al cuidado humano” “brindar las condiciones y promover la nutrición de las personas recién nacidas mediante lactancia materna exclusiva durante los seis (6) primeros meses”; cuando las licencias pagadas siguen siendo de doce semanas, a lo mucho durante los tres primeros meses de vida del bebé. Entonces, ¿quién pone el cuerpo y el dinero?

Evidentemente, el costo de esta política se traslada a la madre o persona lactante y en el mejor de los casos a la familia, sin responsabilidad alguna para la empresa, más que la obligación de reincorporar a la trabajadora una vez concluida la licencia, aspecto difícil de cumplir en un país donde existe la costumbre de obligar a las mujeres a firmar hojas en blanco o a abandonar sus trabajos como consecuencia de la maternidad, a pesar de las garantías legales y judiciales que prohíben su despido. Como consecuencia, el beneficio redundaría en un privilegio de poquísimas mujeres, las que tienen condiciones económicas como familia o pareja proveedora, para poder extender su licencia sin remuneración. La gran mayoría de mujeres de clase trabajadora, sin embargo, necesita retomar sus labores, porque crece la jefatura de hogar femenina y las madres continúan siendo el pilar afectivo y económico de sus hogares; o la supervivencia en ellos no es posible con un solo ingreso.

Esta obsesión con promover la lactancia, pero sin crear las condiciones objetivas para su desarrollo en paz, típica de las agendas neoliberales, tuvo otra expresión grave en el proyecto de Código Orgánico de la Salud que pretendió restringir la comercialización de la leche de fórmula, otra vez para “incentivar la lactancia”; poniendo trabas a las mujeres trabajadoras o a las madres que por cualquier motivo no podían dar de lactar a sus bebés. Así, las medidas para favorecer la lactancia se convirtieron en privilegios o presiones, con costos para las vidas y los cuerpos de las mujeres, sin corresponsabilidad alguna. Desde esta perspectiva, el ser una buena madre depende de sacrificios que lo serán en mayor o menor medida dependiendo de los niveles de exclusión o privilegio de cada mujer o persona con posibilidad de gestar.

Estas leyes y políticas, desde la perspectiva de género, son nocivas. Incentivar la lactancia no se logra con prohibiciones o traslados; sino se logra con corresponsabilidad, con licencias pagadas más amplias para los padres y madres, con flexibilidad horaria en los trabajos, con espacios adecuados para su despliegue, con fomento de grupos de apoyo a la lactancia y reducción de la violencia ginecoobstétrica, con entornos de colectivización del cuidado de niñas y niños y apoyo en el autocuidado, cuidado y bienestar de la madre lactante, desde una visión interseccional y de pertinencia cultural. Fomentar la lactancia pasa por políticas integrales y entornos protectores.

Las trabajadoras, en efecto, deseándolo o no, deben conciliar sus labores productivas con las domésticas y de cuidado y frecuentemente no lo logran y enfrentan dobles o triples cargas. El equilibrio casi nunca es posible. Generalmente, porque crían sin el apoyo de sus parejas, no tienen el dinero para pagar cuidadoras profesionales o no pueden trasladar la carga del cuidado a sus propias madres o familiares de manera gratuita, para salir a trabajar. Así, el cuidado y la lactancia prolongados se vuelven impensables y se convierten en privilegios de pocas.

Una constante en los últimos proyectos de ley promovidos por sectores de oposición en la Asamblea Nacional es retroceder en derechos reconocidos con mucho esfuerzo por la lucha histórica del movimiento de mujeres. Por ejemplo, un proyecto de ley de adopción desde el vientre que previó “detectar” casos de mujeres embarazadas sin desearlo para que entreguen en adopción, en un proceso de seis semanas, a sus hijos e hijas con el plazo de un mes para arrepentirse. Es claro que ese prematuro desvínculo desconoce los procesos biológicos, psicológicos, emocionales y el dolor del cuerpo de una mujer que ha dado a luz. En esa misma tradición la eliminación de la preferencia materna en los procesos de tenencia de niños y niñas con el pretexto de promover la corresponsabilidad en los cuidados, ignora el contexto de violencia contra las mujeres y cómo son presionadas por exparejas agresoras para no demandar pensiones o no actuar con autonomía por la amenaza de “quitarles” a sus hijos e hijas. De la misma manera la posibilidad de reducción y traslado de permisos de maternidad minimiza, hasta esfumarlos, los procesos del embarazo, el parto y la lactancia que ocurren en los cuerpos de las mujeres y personas gestantes que también necesitan recuperarse y descansar.  Se defiende como finalidad la corresponsabilidad, pero sin considerar las condiciones de profunda desigualdad y violencia que hacen, para muchas mujeres, imposible, compartir los cuidados.

¿Quién piensa en los cuerpos gestantes?

Es innegable, como derecho compartido, que la lactancia beneficia el cuidado y la crianza de los bebés. Por ese motivo debe ser apoyada, incentivada y promovida, pero no forzada y sitiada por el contexto opresivo de pobreza, discriminación, falta de recursos y condiciones para desarrollarla; y en caso de no ser posible su práctica, no debe culparse a las mujeres que no pueden ofrecerla. De esto se trata la autonomía como uno de los pilares de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

En no pocas ocasiones, tratándose de situaciones que aluden al binomio madre-hijo, se ha visto a las mujeres como medios para la supuesta realización de los derechos de los niños y las niñas. En el corazón de esa ideología antimujeres y “proniños”, por decirlo de alguna manera, están la propia penalización del aborto y el embarazo forzado, como prácticas que borran la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos para un bien superior que es la “vida”, o los programas de supuesta protección a la infancia que en lugar de incentivar la autonomía de las mujeres profundizan roles de género estereotipados o sostienen situaciones de injusticia de género como la precarización o gratuidad del cuidado. Los derechos de las madres y sus hijos e hijas son de igual jerarquía e interdependientes.

Es no sólo posible, sino obligatorio, precautelarlos al mismo tiempo. Pero los discursos típicos de la misoginia presentan la figura de la mala madre como enemiga de la infancia y profundizan narrativas sobre la maternidad sacramentada como una ética de sacrificio, abnegación y disolución de la vida propia.

La Ley de Economía Violeta mira a las mujeres, en su lenguaje empresarial, competitivo, moderno y dinámico, como cuerpos que pueden reproducirse y recuperarse por arte de magia de procesos complejos como el embarazo y el parto. Si para dicha ley la maternidad es un obstáculo, los permisos de maternidad y lactancia son “discriminatorios” y los derechos de las trabajadoras son, como dijo alguna asambleísta, provenientes de “ideologías caducas” y “privilegios de un sector ínfimo de la población” (según su lógica, habría que igualar a la baja) la respuesta estatal debe ser convertir a las mujeres y nuestros cuerpos en máquinas que sigan reproduciendo la vida y la fuerza de trabajo, pero que, al mismo tiempo, releven al empresariado y al propio Estado de los costos de esta reproducción; o que tengan la capacidad de recuperarse instantáneamente para seguir siendo útiles al sistema capitalista.

O que se paguen la recuperación con sus fondos de cesantía o el patrimonio familiar. Se olvida el derecho de la madre o persona gestante al autocuidado y a ser cuidada para adaptarse al nacimiento, la crianza y la lactancia.

¿Quién piensa en la niñez?

Desde la perspectiva de los derechos de niñas y niños, es indispensable ampliar las licencias remuneradas de maternidad y paternidad para compartir sus cuidados. La reducción de las licencias de maternidad y lactancia y su “negociación” y traslado ponen en riesgo la salud y la vida de los recién nacidos al reducir el tiempo en que son cuidados por sus madres, por la importancia del apego en la primera etapa. Además de inconveniente y lesivo, no haber incrementado las licencias por paternidad, como he dicho, es un incumplimiento del legislativo a la sentencia de la Corte Constitucional 3-19-JP/20 que exhortó a la Asamblea Nacional a ampliar las licencias por paternidad hasta hacerlas equiparables con las de la madre.

Por otro lado, la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Economía Violeta argumenta que la lactancia es “el período de tiempo en el que se alimenta de distintos modos a una niña o niño recién nacido y que constituye la piedra angular para la supervivencia y salud de los niños y podría brindarles un mejor comienzo en la vida. De este modo, la lactancia materna no debe ser entendida únicamente en favor de la madre, sino del niño o niña recién nacido, debido a que requiere de los cuidados especiales en sus primeros meses de vida. Y la propia Corte Constitucional la ha reconocido como fundamental para el ejercicio de derechos y es una etapa que tiene que ser promovida y protegida desde el Estado a través de políticas públicas adecuadas (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 3-19-JP/20).”

Asimismo, la demanda se fundamenta en argumentos científicos relevantes de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que han recomendado a los Estados fomentar la exclusividad de la lactancia materna durante los seis primeros meses de vida; y extenderla con alimentos complementarios hasta dos años o más.

Este período es de especial importancia para favorecer un crecimiento saludable, al reducir la mortalidad y morbilidad infantil. Las recomendaciones de la OMS indican además que la mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar de las madres. Reduce el riesgo de cáncer de ovarios y de mama y ayuda a espaciar los embarazos. La lactancia favorece la salud infantil, el desarrollo intelectual y motor y la prevención de riesgos importantes.

En la demanda planteada por las organizaciones de mujeres y feministas de las que formamos parte se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 24 y 25 de la Ley de Economía Violeta, la suspensión provisional de sus efectos y el salto de orden cronológico para atenderla de manera inmediata, por tratarse de derechos en riesgo de mujeres embarazadas y niños y niñas, grupos de atención prioritaria y especializada por parte del Estado.

Esperamos que esta demanda sea atendida a la brevedad posible y que en los controles a que está sujeto el quehacer público en un estado democrático, se corrijan los errores del Legislativo y el Ejecutivo.

Las mujeres organizadas rechazamos el uso de nuestros emblemas y colores en la elaboración de leyes inconsultas que en lugar de ampliar nuestros derechos los vulneran y que ponen en riesgo la propia supervivencia y salud de las niñas y niños a quienes dicen proteger.

Esperamos respuestas inmediatas de la Corte Constitucional en armonía con sus propios precedentes. Rechazamos la profusión de proyectos de ley inconstitucionales que pretenden la regresividad de derechos que pensábamos conquistados.

Gracias a la persistencia de la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas y a su alianza estratégica con las mujeres conscientes y feministas en cargos de decisión logramos importantes protecciones para las madres y las niñas y niños que hoy peligran. Nuestra esperanza está en la justicia constitucional.