Autor: mh

Embelesada en el diálogo propuesto y en la mano tendida por el presidente Lenín Moreno, la mayoría de ecuatorianos aún no dimensiona el irremediable impacto que tendrá para todo tipo de organización, la aprobación del Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (COSPCCS).
Líderes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) analizaron con MILHOJAS.IS esta propuesta de la asambleísta Johanna Cedeño, del gobernante movimiento Alianza País (AP), y evidenciaron su preocupación, pues la propuesta implicaría elevar al estatus de ley los polémicos decretos 16 y su reforma a través de decreto 739.  
La Corporación Participación Ciudadana y Fundamedios elaboraron la “Guía sobre riesgos de los Decretos 16 y 739 y medidas preventivas de las organizaciones de la sociedad civil frente a los mismos”. En el documento se destaca que los contenidos de estos decretos son coercitivos y sancionadores.
Para Mauricio Alarcón, subdirector de Fundamedios; Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), e Isabel Vargas, principal en Pichincha del Frente Popular, varios aspectos y disposiciones del proyecto de Código de Participación Ciudadana, en análisis en la Asamblea Nacional desde el 31 de marzo de 2017, violan el derecho a la libre asociación consagrado en la Carta Política y leyes nacionales, así como en tratados internacionales de los que el Estado ecuatoriano es suscriptor.
Advirtieron que, de ser aprobado, el Código (de 64 páginas y 199 artículos) no solo afectará a oeneges, fundaciones o sindicatos sino incluso a estudiantes, amas de casa, ligas estudiantiles, barriales y demás, cuyo accionar también deberá someterse a la nueva normativa.
“El momento en que un grupo de estudiantes, de amas de casa o de dirigentes comunitarios hagan algo o digan algo que moleste al gobernante de turno o a cualquiera de sus ministros o legisladores, les aplicarán el Código y les amenazarán con sancionarles o cerrarles. Tal como ocurre con la Ley de Comunicación y la prensa independiente. Así de grave es este asunto”, enfatiza Alarcón. 
A mediados de abril, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), con el auspicio de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), interpuso una acción de protección y una medida cautelar para detener el trámite del proyecto de ley que -según denunciaron- no fue sometido a consulta prelegislativa, redactado, ni socializado con los pueblos y nacionalidades indígenas, como manda la ley. No obstante, la jueza Silvana Velasco negó el pedido pues, según ella, no se evidencia ninguna violación de derechos.
Uno de los temas del proyecto de Código que más preocupa es el concepto de licitud que evidencia dos rasgos fundamentales del Correato: el obsesivo afán de control y el desconocimiento de la dinámica social, caracterizada por la existencia de organizaciones de hecho que, pese a no cumplir requisitos legales como el registro en instituciones estatales, llevan adelante actividades que contribuyen al empoderamiento ciudadano y al desarrollo local, regional y nacional.
El jurista Vladimir Andocilla, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas, en un análisis del Proyecto de Ley, identificó otra alerta: el texto pone más trabas a las iniciativas legislativas ciudadanas al establecer nuevos mecanismos que restringen -por ejemplo- la capacidad de proponer leyes y demandar su aprobación. Eso no es todo, también deja su admisibilidad en manos de una comisión de calificación que deberá estar integrada por representantes de las dos fuerzas políticas más votadas, es decir que AP entra seguro, y uno de las minorías.
También dificulta la realización de la consulta popular, pues dispone que dentro del 12% de las personas inscritas en el registro electoral -requisito mínimo para solicitarla- haya inscritos no solo en el padrón nacional sino del exterior.
Y el Correato no podía dejar fuera de esta norma la revocatoria del mandato, trámite de por sí complicado. Mientras la Constitución dispone que la solicitud debe ser respaldada por al menos el 10% del registro electoral, el proyecto de Código crea una tabla que va del 10% al 25% de la población de la circunscripción respectiva.
Este nuevo Frankenstein jurídico es el último golpe del Correato a la sociedad civil, pues fue propuesto dos meses antes de que Rafael Correa deje el poder. Sin embargo, pese a los riesgos que supone para la democracia y el ejercicio de derechos y libertades individuales y colectivas, la reacción social se ha limitado a pocos analistas, entidades y organizaciones no alineadas al régimen.
Alarcón, Vargas y Palacios enfatizan que una respuesta coherente de Moreno sería solicitar el archivo del proyecto de Código Orgánico y derogar los decretos 16 y 739, pues consideran complicado que las OSC puedan seguir operando bajo sus ambiguas normas.
Para Isabel Vargas, lo que se busca con este proyecto es acelerar la disolución de las organizaciones críticas de las políticas del Gobierno, tal como ocurrió con la Fundación Pachamama, disuelta por pedido del Ministerio de Ambiente, y con la UNE a la que, en agosto de 2016, por disposición del entonces ministro de Educación Augusto Espinosa -hoy asambleísta de AP y presidente de la Comisión de Educación- se le quitó la personería jurídica.
Esta problemática pone al nuevo mandatario contra las cuerdas y le obliga a trazar un parteaguas en la historia del Ecuador para demostrar coherencia entre su discurso y su accionar. 
¿Podrá Lenín Moreno archivar el proyecto, derogar los decretos y poner fin a 10 años de criminalización de la protesta social?
Alarcón, Vargas y Palacios coinciden en que si Moreno da oídos sordos a estos pedidos, además de terminar de asestar la puñalada a la participación ciudadana, dejará en evidencia que su apertura al diálogo no pasa de ser una estrategia política engañosa.

Rosana Palacios: “Si aprueba el Código Orgánico, Alianza País firmará la sentencia de muerte de toda forma de organización social”.

¿En el plano internacional, qué resultados destaca de las acciones emprendidas para restablecer el derecho a la libre asociación, violentado por los Decretos 16 y 739?
El Estado ecuatoriano ha sido convocado por varias ocasiones a instancias internacionales, no solo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el examen periódico universal, luego de varias recomendaciones planteadas tras la aprobación del Decreto Ejecutivo 16 en junio de 2013. Rafael Correa lo firmó con el pretexto de hacer un registro de las organizaciones sociales, debido a que, de 98.000, apenas 18.000  tenían personería jurídica. Tras cuatro años de vigencia del D16,  eso no ha cambiado y prueba que lo que en realidad Correa buscaba  era instaurar un mecanismo de control de nuestras organizaciones. Para noviembre, Lenín Moreno debe presentar una memoria de sus acciones en esta materia en la reunión anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver con qué sale.
¿Qué recomendaciones hicieron los organismos internacionales?
Desde el 2010, la OIT ha expresado su preocupación y ha hecho recomendaciones sobre la libertad de asociación, de sindicalización, de expresión y sobre la independencia de la justicia. Recordemos que la OIT, que es única en el mundo sobre gobernanza tripartita, ha advertido sobre la violación del Convenio Internacional, que tiene categoría constitucional en el Ecuador. En el  lenguaje diplomático de la OIT, decir que están preocupados es porque hay una violación sistemática de la libertad de asociación y de contratación colectiva, que son derechos fundamentales de los trabajadores en el mundo. Delegados de estados como Suiza y Canadá y de Estados Unidos han advertido esta situación en las conferencias de la OIT, lo que para nosotros es una vergüenza y muestra de la mediocridad de nuestras autoridades que no han tenido la capacidad para responder a esas recomendaciones.
¿Qué otros países han sido observados por la OIT?
El Salvador y Honduras son dos de los que tienen doble pie de página junto con Ecuador. Eso quiere decir que tiene un asterisco que muestra una elevada preocupación debido a que el gobernante no responde. Es vergonzoso que asambleístas fanáticos de Correa, como Marcela Aguiñaga, digan que no responden porque tenemos soberanía y autonomía. Eso es mediocridad y manejar un doble discurso y una doble moral. 
¿En el día a día, cómo afecta que Ecuador tenga el estatus de un país que no respeta los derechos de libre asociación y de expresión?
Es lamentable pero en nuestro país las libertades públicas y los derechos de asociación o de expresión no son concebidos por la opinión pública y los sectores populares como parte de su vida cotidiana. Son vistos como una concesión del gobernante de turno. Eso complica el empoderamiento social e inmoviliza a los ciudadanos.
¿Tienen una estrategia para revertir esa indiferencia social?
Estamos trabajando con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con personalidades como Martha Roldós y organizaciones como la UNE, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Fundamedios, con las que hemos conformado una plataforma de Derechos Humanos y Democracia. Hemos hecho una serie de investigaciones para promover el empoderamiento. Un primer resultado es la lucha desde el  FUT para lograr la derogatoria de los decretos 16 y 739. También exigiremos el archivo del Proyecto de Código Orgánico de Participación. Es hora de que el Gobierno de Lenín Moreno acoja las recomendaciones de organismos internacionales que advierten que un decreto ejecutivo no puede estar sobre la ley, sobre la Constitución ni sobre los convenios internacionales.
¿Cuál es el riesgo si el Gobierno continúa la hoja de ruta marcada por Rafael Correa?
Si se aprueba el Código Orgánico, que hábilmente Correa logró que lo proponga Johana Cedeño, una de sus fanáticas seguidoras, Alianza País firmará la sentencia de muerte para toda forma de organización social. El oficialismo pretende hacer creer que peleamos por intereses gremiales, por la UNE o Pachamama, cuando en verdad conculca el derecho a la libertad de asociación. Agotaremos todas las instancias hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo importante que el Gobierno de Moreno debe tener en cuenta es que acaban de firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, para la que es clave la tranquilidad en las organizaciones sociales y sindicales.
¿Qué plantea el acuerdo con la UE?
El respeto a la libertad de asociación. Por eso, en junio pasado en Ginebra, el delegado de la UE instó a la representación ecuatoriana conformada por delegados del Ministerio del Trabajo, a respetar la libertad de asociación. La represión ha sido una característica del Gobierno de Correa, pero hay que estar atentos porque la conciliación, el diálogo y la mano extendida pueden resultar más peligrosos si no se traducen en cambios efectivos.
¿Teme que eso ocurra con Lenín Moreno? 
Claro, ya lleva más de dos meses su gobierno y no hay claridad sobre estos temas. De tener la voluntad política, el diálogo debe ser con todos. Nosotros hemos tenido acercamientos con voceros como el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, pero nada en concreto logramos aún. Ya es hora de que por lo menos nos reciba para analizar la situación de la UNE, de Pachamama y discutir la problemática de la educación y de los polémicos decretos 16 y 739. Si eso no se da, nos corresponderá entonces retomar las estrategias de movilización y protesta.
¿Es una advertencia para Moreno?
Si los docentes no recuperamos la vida jurídica de nuestro sindicato, venceremos el temor y reclamaremos. Atravesamos una crisis de abandono en la educación, de violación de derechos, estamos en el desempleo, el pueblo reaccionará si no hay soluciones. Lenín  Moreno debe tener claro que le toca amainar al movimiento social. En el 2015,  el propio Rafael Correa cedió ante las movilizaciones y, a la fuerza, pero dialogó. En este mes de agosto junto con la Comisión Anticorrupción vamos a realizar una convención de las organizaciones sociales, en Guayaquil, que busca  generar propuestas para salir de las crisis. Para entonces esperamos un pronunciamiento claro del Presidente.

Mauricio Alarcón: “Lo que más preocupa es la falta de conocimiento de la propia sociedad civil respecto de esta amenaza”

¿El Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social es una puñalada mortal para las organizaciones sociales?
No es solo eso, hay dos proyectos en debate en la Comisión de Participación de la Asamblea. El uno, propuesto por legisladores de Alianza País (AP), es una propuesta de ley orgánica que plantea la extinción de personas jurídicas vinculadas a fundaciones y organizaciones sociales. Este tiene algunas falencias, pero es un mejor proyecto de ley, mientras que el proyecto de Código Orgánico es más peligroso porque no solo se enfoca en el trabajo de las organizaciones, sino que apunta incluso a la estatización de la participación ciudadana y del control social, que son derechos constitucionales que los puede ejercer cualquier ciudadano de manera libre.
¿De qué manera se coarta su libre ejercicio?
Nosotros sostenemos que los derechos fundamentales se deben regular a través de una ley orgánica, como dice la Constitución. Al elevar a categoría de ley los Decretos 16 y 739, lo que buscan es quitarnos un argumento.
De cualquier forma, ¿lo que se busca es implantar mayores controles sobre la sociedad civil?
Exactamente. El código es para tener mucho más controlada a la sociedad civil.
La sociedad civil somos todos: niños, jóvenes, adultos, profesores, estudiantes, trabajadores, profesionales, empresarios, mujeres, indígenas. ¿Por qué no hay una reacción generalizada si están en riesgo sus derechos y libertades?
Ese punto es muy interesante. Debemos entender que la sociedad civil no son solamente las fundaciones y corporaciones sino el Comité de Padres de Familia de un colegio; la sociedad civil es el equipo de fútbol de un barrio, el comité de mejoras de un barrio… Quieren controlar toda forma de participación.
¿Eso evidencia etemor del partido gobernante a la reacción social en época de crisis? ¿El Código es un blindaje?
Es posible porque la propuesta nace de un grupo de asambleístas del partido de un gobierno que durante los últimos 10 años ha utilizado un sistema de premio-castigo con las organizaciones sociales. Si son afines, no solo les dan recursos sino que les dejan hacer lo que les da la gana. Incluso les permiten participar en actos de proselitismo político. En tanto, a quienes cuestionamos las políticas restrictivas de derechos y libertades nos amenazan con el cierre, como ocurrió con Fundamedios. Más radicales fueron con la Fundación Pachamama a la que clausuraron por oponerse a la explotación del Yasuní y con la UNE a la que le arrebataron su personería jurídica.
El Gobierno argumenta que las acciones contra Fundamedios, Pachamama, la UNE y otras organizaciones se deben a que no han cumplido la ley.
Son normas y medidas que responden a resentimientos, a taras y temores del gobierno de Rafael Correa.
¿Por qué la ciudadanía no ha dimensionado el impacto de los Decretos 16 y 739 y, si llegara a ser aprobado, del Código de Participación Ciudadana?
Porque la gente no conoce el tema y piensa que no le afecta, que no es cosa suya. Pocos ciudadanos se involucran en el trabajo legislativo y pocos entienden la dinámica de la sociedad civil y su importancia en un sistema democrático. El momento en que la ciudadanía entienda que con este proyecto de ley se pretende regular hasta a los grupos barriales, probablemente reaccione y cuestione. Ojalá no sea demasiado tarde.
¿Fundamedios y otras organizaciones tienen un análisis sobre el impacto de los Decretos 16 y 739, cuántas oeneges han sido cerradas o han desaparecido desde su aprobación en 2013?
El debate público se ha centrado en los casos de Pachamama, la UNE, Fundamedios y Acción Ecológica pero, con datos de los propios ministerios, descubrimos que hay decenas de organizaciones disueltas por la autoridad y auto disueltas. En este país se puede crear una compañía en pocos días y con 400 dólares de capital, mientras crear una fundación toma meses y se necesita 4.000 dólares. Una compañía designa gerente, e inscribe su nombramiento y listo, pero cuando una oenege elige directiva la someten a una serie de trámites burocráticos, cambios y preguntas absurdas. ¿Acaso somos Satanás?
¿Cuál es la solución?
Sería bueno, por ejemplo, que a las organizaciones de la sociedad civil nos asimilen como personas jurídicas sin fines de lucro para que nos diferencien de las compañías, y punto. Sería bueno que agiliten el trámite de constitución y lo reduzcan a pocos días. No pedimos operar fuera de la ley, pero es indispensable mejorar las condiciones y garantizar, de verdad, la participación ciudadana, para que deje de ser un membrete propagandístico.
Uno de los argumentos para defender los decretos 16, 739 y el proyecto de Código de Participación es la necesidad de regularizar a las OSC, pues de unas 90 mil que habría en el país, menos del 10% operan legalmente.
Eso es parte de la realidad mundial. El gobierno no puede desconocer la dinámica social. Es más, vendió su proyecto político promoviendo la participación ciudadana, pero en la práctica hizo lo contrario. Es incomprensible ver cómo funcionarios del Gobierno de Rafael Correa, que provienen de la sociedad civil, han satanizado a las organizaciones.
¿A quiénes se refiere?
Por ejemplo a Omar Simon, exsecretario particular de Correa y expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Él se formó en Participación Ciudanana, organización de la sociedad civil que recibió fondos de Estados Unidos. Otro ejemplo es el de Gustavo Jalkh, también exsecretario de Correa, exministro de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Acaso su proyecto ProJusticia no fue financiado con fondos de la USAID? Estos son apenas unos pocos casos, hay decenas de personajes del Gobierno. Eso se llama hipocresía y actuar contra la sociedad a la que dicen defender.
¿Es hora de que Lenín Moreno pase del diálogo a medidas que demuestren un cambio real, o hay que darle más tiempo?
El diálogo tiene que ser concretado en acciones, no es cuestión de pasarnos la vida dialogando sin resultados.
¿Hay algún acercamiento con el Gobierno para analizar estos temas?
Respecto a la normativa de la sociedad civil se ha mencionado algo, pero formalmente no ha habido un diálogo. Esperamos que en los próximos días haya apertura en el Ejecutivo y en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, en cuyas manos está el proceso de aprobación del código.
¿Qué pasó con la demanda de inconstitucionalidad que Fudamedios presentó contra el Decreto 16?
No espero nada de la Corte Constitucional. En agosto del 2013, en cuanto entró en vigencia el Decreto 16, presentamos la demanda. Hace pocas semanas empezó a tramitarse, es decir cuatro años después. Otras organizaciones han presentado acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 739, pero no creo que pase nada. Más bien es posible que sean elevados a ley, si la mayoría gobiernista aprueba el Código Orgánico.
¿El Código es una sentencia de muerte  de las organizaciones de la sociedad civil?
Más que hablar de acta de defunción o sentencia de muerte, ese código será la principal herramienta contra la sociedad civil, similar a lo que ocurre con la Ley de Comunicación contra los medios independientes, que se aplica al antojo del gobernante o la autoridad de turno para librarse de las voces críticas, de quienes les resultan incómodos. Al elevar a categoría de ley orgánica esos decretos restrictivos, simplemente terminarán de ahorcarnos.
¿Qué están haciendo para ser escuchadas?
Presentimos que pocas organizaciones se han dado cuenta de la gravedad del asunto, pocas organizaciones conocen, están informadas y tratan de hacer algo. No he sabido de acciones con la misma fuerza de las que se realizaron cuando fueron aprobados los decretos 16 y 739.
¿Qué expectativa tiene de que el presidente Moreno apoye el archivo del proyecto y la derogatoria de los decretos?
Si Alianza País le falla una vez más a la sociedad y aprueba el Código, esperamos que el presidente Moreno vete esa norma que contradice la Constitución, las leyes nacionales y estándares internacionales que garantizan el pleno ejercicio del derecho a asociarse libremente para fines lícitos. Espero que pasemos del diálogo y el discurso romántico a las acciones concretas.
¿Si eso no ocurre, el código puede llevar a la gente a organizarse y a trabajar desde la clandestinidad, como en una dictadura?
Ese es el riego y sería nefasto para un país que pregona la democracia plena. Las organizaciones jurídicas y las de hecho tienen derecho a funcionar en paz y, si cometen actos ilegales, deben ser sometidas a la normativa penal vigente, que es suficiente para sancionarlas. Eso es lo lógico en un Estado de derecho, nadie quiere operar al margen de la ley.
¿En el plano internacional, cómo afecta a la imagen del país estos decretos y la posibilidad de que se apruebe el Código Orgánico?
Por este tipo de leyes y decretos Ecuador tiene llamados de atención en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A Lenín Moreno le toca, en noviembre próximo, en la reunión anual de la OIT, definir con claridad hacia dónde van sus políticas en esta materia. Y la primera señal nos preocupa porque el Gobierno no envió un representante al período de audiencias realizado en Perú hace pocos días.
 ¿Qué funcionario o institución son los directamente responsables de enviar delegados?
Eso le corresponde al Presidente de la República como principal garante de los derechos fundamentales, él es la cabeza del Estado y el principal responsable que debe velar porque los derechos se respeten. Por lo menos es un grave descuido que hasta el momento no ha sido explicado ni aclarado por ningún funcionario de este Gobierno.
¿Cree en el diálogo promovido por el Jefe de Estado?
Hasta el momento nos están endulzando con caramelitos; sin embargo, quiero ser positivo y espero que haya un cambio real. No podemos los ecuatorianos conformarnos con ofrecimientos cuando de lo que se trata es de recuperar nuestras libertades.
¿Ve avances en ese sentido?
En el tema de comunicación el diálogo está abierto, han ido periodistas a reunirse con el Presidente. Esperemos que el diálogo se abra al tema de las organizaciones, tiene que ser en varios frentes. Es de esperar que la Secretaría de Gestión de la Política, que lidera el diálogo, si se quiere actuar responsablemente, sugiera al presiente Moreno que derogue los decretos 16 y 739 y promueva una ley orgánica que garantice la libertad de asociación.
¿De no dar paso a esos cambios, cuál es el escenario para la sociedad civil?
Aunque quiero ser optimista y mantener la esperanza, me preocupa la inacción oficial porque, en cuestión de derechos, un día cuenta. Hay acciones urgentes que debieron haber tomado en los primeros días si es que hay un compromiso real con los ciudadanos. Lo que más me preocupa es la falta de conocimiento de la propia sociedad civil respecto de estas amenazas. 

Isabel Vargas: “Si Moreno no cumple, será el Caballo de Troya que ofrece la paz, pero en realidad mantiene la represión del Correismo”

¿Qué derechos se ven afectados por el Código de Participación?
Se coarta la libertad sindical puesto que se establece como causal de disolución de una organización alterar el orden público, algo que ha sido manejado discrecionalmente durante estos 10 años de Correismo. Justamente, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Fundación Pachamama fueron disueltas con el Decreto 739, que contradice el Convenio 87 de la OIT firmado y ratificado por el Ecuador. Nosotros acogemos la apertura de Lenín Moreno y esperamos que escuche las demandas de las organizaciones  sociales.
¿Han tenido alguna respuesta del Ejecutivo u otra instancia gubernamental?
Aún no. Esperamos que nos inviten a dialogar para exigir que la reforma incluya, por ejemplo, mecanismos para que el Consejo de Participación Ciudadana investigue y denuncie los actos de corrupción, algo que no ha hecho en estos 10 años. Las veedurías ciudadanas no han servido para sancionar a los responsables de la corrupción. Al contrario, en el caso de los contratos de Fabricio Correa, hermano del expresidente, los veedores llevan años siendo perseguidos por el Gobierno. Tenemos el caso de otra veeduría que investigó el proceso de recategorización. Tres veedores determinaron un perjuicio de más de 200 millones de dólares a los maestros. Cada profesor que optó por la recategorización habría perdido alrededor de 7.000 dólares debido a la mala aplicación. Al respecto nada han hecho el Ministerio de Educación, la Asamblea ni la Justicia. El pueblo sigue siendo perjudicado porque este llamado Quinto Poder se centró en servir a los intereses del Gobierno de Correa y es una herramienta más para la criminalización de la lucha social.
¿En términos prácticos, si el Gobierno no da paso a esas demandas, cómo afectaría la vida de todos los ciudadanos? 
El Decreto 16 exige que las organizaciones sociales de hecho tengan personería jurídica. Eso significa que casi todas serían ilícitas. Los estudiantes secundarios tampoco tendrían derecho a organizarse porque para tener una personería jurídica necesita ser mayor de edad. Se está coartando ese derecho. El caótico trámite también ha impedido que la Federación de Barrios de Quito inscriba a su directiva y podría correr la misma suerte de la UNE, a la que le quitaron la personería jurídica. Es preocupante esta situación.
¿El objetivo es desmovilizar a la ciudadanía, quitarle su derecho a protestar y a cuestionar al poder político?
Ese es el objetivo. Para ello han introducido conceptos tan regresivos y ambiguos como la afectación de la paz social si hay una protesta. Eso es legislar de espaldas al pueblo. 
Desde el 24 de mayo se respira un ambiente menos tenso con Lenín Moreno, hay diálogo con diversos sectores, pero estructuralmente nada ha cambiado todavía. ¿En ese contexto, lo que ocurra con los decretos 16 y 739 y el Código de Participación será crucial para pasar del dicho al hecho en lo que a la sociedad civil se refiere?
Lenín Moreno ha tendido su mano pero, hasta el momento, parece que solo le esta funcionado la mano derecha. Vamos a estar vigilantes de lo que haga, pero no nos agrada que diga que Correa no le ha dejado la mesa tendida sino deudas y deudas, pese a lo cual mantiene a los mismos funcionarios de hace 10 años. Si Moreno no cumple, se convertirá en el Caballo de Troya que ofrece la paz y en realidad mantiene la represión del Correismo.
¿Es posible que la UNE recupere su personería jurídica?
La Unión Nacional de Educadores nació con el voto de sus miembros, pero fue anulada de manera autoritaria e ilegal por el Gobierno de Correa que fomentó el paralelismo y creó, en las faldas de Carondelet y con dirigentes escogidos a dedo, un movimiento paralelo, violentando convenios internacionales y la Constitución.  A los maestros que no nos hemos alineamos al régimen, nos han quitado la carga horaria, nos han perseguido. Sin embargo, tenemos la esperanza de que la UNE, que es una organización legal, recupere ese estatus, que es reconocido hasta ahora por la OIT.
¿En tanto la UNE sigue operando?
Nos mantenemos como una organización de hecho. El proceso de disolución estuvo cargado de irregularidades, de ilegalidades. El asalto a los edificios se hizo sin orden de un juez. Eso tiene que ser revisado.
¿Eso exigen del Gobierno de Lenín Moreno?
Claro, y también lo ha hecho la OIT. El año anterior hizo una recomendación sobre la libertad de asociación; este año fue más directa y pidió por escrito que se le devuelva la personería jurídica a la UNE.
¿Confían en que el ministro de Educación Fander Falconí acoja esa sugerencia?
Fander Falconí es uno de los ideólogos del proceso anterior. Queremos hablar directamente con Lenín Moreno pues, como presidente, es él quien debe dar las directrices para resolver la situación.
¿Dónde se reúnen, cómo han logrado mantener activa a la UNE?
Los gremios de trabajadores nos prestan sus oficinas para reunirnos, nuestros maestros vienen con temor, se cuidan de las fotos porque temen salir públicamente, pero en este nuevo momento están menos temerosos. Esperamos que los 73 años de lucha de nuestra organización sean reconocidos por el Gobierno. No solo hemos protagonizado paros y huelgas, también hemos peleado por la calidad de la educación, por el laicismo y la gratuidad. Por lo tanto, no hemos liderado una lucha reivindicativa solo de los derechos de los maestros. 
¿Han fijado un plazo para que el Gobierno acoja sus demandas?
Pedimos una audiencia con Lenín Moreno,  estamos esperando su respuesta. Hace tres semanas presentamos al Ministro de Educación la resolución OIT en la que se solicita la restitución de la personería jurídica de la UNE. Todavía no tenemos respuesta de Fander Falconí. Mantendremos la presión desde las bases.

Por Investiga Lava Jato y Convoca /Traducción: Milagros Salazar / Foto: Folha de Sao Paulo
Estado de Paraná, Curitiba.− Hace menos de tres semanas, el juez Sergio Moro publicó una sentencia que dio la vuelta al mundo como parte del monumental caso de corrupción Lava Jato: la condena de nueve años y seis meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero a Luiz Inácio Lula da Silva, el primer expresidente de Brasil condenado por corrupción.
Esta vez, el célebre juez del caso Lava Jato que no suele declarar para la prensa, abrió las puertas de su oficina en Curitiba, Brasil, para conversar en exclusiva luego de su histórica sentencia a Lula, con los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’, proyecto colaborativo coordinado por Convoca y Folha de Sao Paulo, con la participación de reporteros de medios y organizaciones de periodismo de investigación de 11 países de América Latina y África.
“Esta entrevista es una forma de incentivar el trabajo de periodistas investigativos. Creo que es loable el trabajo conjunto y cooperativo entre periodistas de varios países, sobre temas universales que interesan en forma particular a América Latina”, aseguró Moro al inicio de este diálogo que se prolongó durante casi dos horas y en el que participaron los periodistas Flávio Ferreira y Estelita Hass Carazzai, del diario Folha de Sao Paulo; Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción; Milagros Salazar, del portal de periodismo de investigación Convoca, de Perú; Adérito Caldeira, del Jornal Verdade de Mozambique; Lisseth Boon, de El Pitazo de Venezuela; Emilia Delfino, del diario Perfil de Argentina y los periodistas de ColombiaCheck.
En esta entrevista, Moro habla sobre los retos de la investigación Lava Jato en Perú, México y otros países del continente donde las empresas brasileñas pagaron coimas millonarias para adjudicarse obras y financiaron campañas electorales de manera ilegal.
También hizo hincapié en el papel que jugaron las empresas nacionales en cada país donde se impuso la coima como parte del sistema de corrupción, no solo en manos de las constructoras brasileñas.
Para Moro "el derecho no es una ciencia exacta” pero hay principios fundamentales que deben respetarse para llegar a la verdad y garantizar la justicia. Aquí publicamos la primera parte de este amplio diálogo.
Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo): Hay sentencias en Lava Jato que no se basan solo en documentos sino también en otros tipos de pruebas. Un ejemplo es la condena del expresidente Lula, que en su fundamentación apunta que los beneficios concedidos al expresidente tienen como "única explicación" la corrupción en Petrobras. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de presunciones de este tipo en casos complejos?
Sobre el expresidente, todo lo que yo quería decir ya está en la sentencia. Teóricamente, en cualquier proceso penal, se tiene un conjunto de pruebas, y el juez decide en base a este conjunto. Una clasificación que se hace dentro del proceso penal es la prueba directa y la prueba indirecta, que constituye la prueba indiciaria. Para dar un ejemplo clásico: usted tiene un testimonio que vio un homicidio. Es una prueba directa.

Una prueba indirecta es alguien que no vio el homicidio pero vio a alguien dejando el local del crimen con un arma de juego. Esa persona no presenció directamente el hecho, pero vio un hecho del cual se infiere que un sospechoso es culpable. El juez va a evaluar todas las pruebas que existen, sean directas o indirectas, y va a preferir un juzgado. No hay un proceso en el que sólo exista un tipo de prueba, es un conjunto de pruebas. No es nada extraordinario en relación a lo que sucede cotidianamente con cualquier caso criminal. (…)
Estelita Hass Carazzai (Folha de Sao Paulo): Ese tipo de decisión sobre beneficios a reos, pruebas indiciarias, prisiones preventivas, ¿no forman parte de una inflexión que Lava Jato está trayendo al derecho penal
No, de ninguna forma. Lo que Lava Jato revela es que la impunidad en crímenes de corrupción en Brasil no es más una regla. La corrupción siempre va a existir. Pero se espera que, con el fin de la impunidad, disminuya. Lo importante es que la impunidad no sea más una regla para este tipo de criminalidad tan dañina para la economía, los recursos públicos y la propia democracia.
Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo): En algunas sentencias, usted comentó sobre la divulgación de las escuchas que envolvieron a los expresidentes Lula y Dilma Rousseff, que el problema fue el contenido que revelaba intentos de obstruir las investigaciones con gran poder político. ¿La divulgación de ese contenido que usted hizo tenía como objetivo proteger Lava Jato?
La elección que se adoptó desde el inicio del proceso, a partir del momento en que eso no era perjudicial en las investigaciones, era hacer todo público. Dar más publicidad a las acciones penales, las pruebas, el juicio. Primero, porque la Constitución brasileña así lo determina: el juicio tiene que ser público. Segundo, porque forma parte de las libertades democráticas que las personas tengan conocimiento de que lo que hacen sus gobernantes. Si tenemos procesos que envuelven delitos de corrupción, que básicamente es el abuso del poder para el beneficio privado, nosotros comprendimos desde el inicio que era necesario la publicación.
Un efecto indirecto de la publicación de esos casos fue proteger las investigaciones contra las interferencias indebidas. Al final de cuentas, son procesos que envuelven personas poderosas, política y económicamente. Claro que la ley no permite que haya obstrucción, pero en la práctica puede haber tentativas. Entonces, hacer todo público también acaba funcionando como una especie de protección contra cualquier obstrucción de justicia. Creo que eso es muy importante. Dentro de una democracia liberal como la nuestra, es obligatorio que esas cosas salgan a la luz pública.
Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo): En Lava Jato, hay más de 150 acuerdos de delación premiada y muchos de los colaboradores van a permanecer presos por dos o tres años. De ahí ellos van a volver a las calles. ¿Cuándo eso sucede, no puede emerger en un futuro próximo, una sensación de impunidad, de que el crimen compensa?
La colaboración de los criminales viene con un precio: no colaboran sino es por la obtención de un beneficio. Eso forma parte de la naturaleza de la colaboración. Mucha gente no tiene ningún acuerdo y continúa respondiendo a los procesos, algunos fueron condenados, están presos. Esas personas también van a salir de la prisión algún día. Es parte del sistema. Lo que yo creo es que tiene que ser comparado que, en el pasado, como regla lo que había era la impunidad. Las personas ni siquiera sufrían las consecuencias de sus actos criminales. En muchos casos, ellas ni siquiera eran descubiertas. La sensación de impunidad era todavía mayor. Aunque las personas tal vez no sabían detalles, tenían una noción de que sucedía dentro de los gabinetes de algunos agentes públicos.
Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción): En México estamos muy preocupados porque no hay ningún efecto, ninguna acción visible en el caso Lava Jato. ¿Cuál es su opinión sobre un país donde la corrupción está muy arraigada y pareciera que no ocurre nada mientras que en otros países hay un sismo político?
Es difícil evaluar lo que ocurre en otros países, no tengo detalles de todo. La globalización también termina ocasionando un fenómeno de transnacionalización del crimen. De hecho, fue constatado que las empresas brasileñas eventualmente pagaron ventajas indebidas, o coima, para autoridades públicas en otros países. Si el crimen es transnacional, el enfrentamiento de la criminalidad también tiene que ser transnacional, y tiene que envolver mecanismos de cooperación. Las autoridades brasileñas, como regla, han estado dispuestas a compartir esas pruebas. Cabe a los otros países intentar extraer de ellas lo mejor, estableciendo sus propias investigaciones y responsabilizando a los eventuales culpables si son identificados. Al final de cuentas, el enfrentamiento del crimen es una demanda universal, un deseo universal.

Tengo la expectativa que también las autoridades de México puedan desarrollar bien los casos criminales, utilizando esas pruebas compartidas o realizando sus propias investigaciones. No es absolutamente necesario que los casos dependan solamente de las pruebas que las autoridades brasileñas compartieron. Ellas (las autoridades) pueden desarrollar mucho más con un trabajo de investigación a partir de eso (las pruebas de Brasil).
Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción): El caso Odebrecht tocó a diversos países a través del financiamiento de campañas políticas. Sin que diga nombres o cite casos concretos, ¿hay evidencias de que esto haya ocurrido también en México?
No tengo detalles para que yo pueda hacer un comentario específico al respecto, y también no sé cómo andan las investigaciones allá. Lo que sé es lo que ya está publicado. En el ámbito del acuerdo de la colaboración de Odebrecht, fueron revelados diversos casos de soborno y corrupción en los que están envueltos otros países, tanto en América Latina y África. La intención de las autoridades brasileñas es compartir esas pruebas. Hasta había un deseo de que Odebrecht hiciera acuerdos específicos en otros países porque así, la compañía también resolvería la situación jurídica en esos países y proporcionaría las pruebas directamente a ellos.
Milagros Salazar (Convoca, Perú): A estas alturas de la investigación Lava Jato, ya es posible decir que la empresa Odebrecht financiaba las campañas electorales de los candidatos que encabezaban las encuestas no solo en Brasil, sino también en Perú, México y otros países donde la empresa pagó sobornos. Quisiera saber si usted como juez del caso y con acceso directo a la información, puede confirmar que esa era una práctica común como parte del esquema de corrupción ejecutado por Odebrecht en América Latina.
Considerando los casos ya juzgados, lo que se puede decir es que hay situaciones en las que las empresas brasileñas cometieron actos de corrupción y pagaron coimas a políticos mediante donaciones electorales. Eso sucedía tanto en donaciones informales, o sea, ilegales, no registradas, como eventualmente en donaciones legales o registradas. Entre las empresas investigadas en este caso, está Odebrecht. Ellos mismos ya admitieron públicamente en los interrogatorios que desviaban montos de sobornos mediante donaciones electorales declaradas y no declaradas. Entonces, es una forma de cometer ese crimen.
Milagros Salazar (Convoca, Perú) En las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, hay montos de dinero vinculados a campañas electorales, por ejemplo el financiamiento a la campaña electoral del expresidente Ollanta Humala que hoy está con prisión preventiva. ¿Se puede decir que todos los montos que aparecían en las planillas de este Sector iban destinados al pago de coimas y al financiamiento de campañas electorales que se hicieron en forma ilegal?, ¿es irrefutable concluir eso?
No reportaría ningún caso específico. No conozco los detalles que envolvieron al expresidente de Perú, por ejemplo. Lo que sucede es lo siguiente: en el transcurso de las investigaciones se descubrió este sector específico de Odebrecht dedicado al pago de montos que no formaban parte de la contabilidad oficial de la empresa. Parte de esos pagos eran sobornos. Por ejemplo, Odebrecht pagó millones de dólares en cuentas del exterior a directores de Petrobras por contratos de la compañía estatal. No se puede decir que todos los pagos de esa contabilidad informal son necesariamente de corrupción o sobornos. Hay que analizar caso por caso. Ahora, normalmente esos pagos, incluso por no formar parte de la contabilidad de la empresa, están envueltos en algún ilícito. Son ilegales. Si son o no corrupción, si hay una contrapartida específica a un agente público, es algo que necesita ser profundizado en la investigación.
Milagros Salazar (Convoca, Perú): En Perú se cuestiona que los expresidentes considerados políticamente más débiles son los que están enfrentando la justicia como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y que no necesariamente se está investigando con la misma profundidad a otros expresidentes o excandidatos presidenciales como Keiko Fujimori. Cuando la justicia tiene información importante de diversos exmandatarios y candidatos presidenciales, ¿por dónde se debe empezar a investigar? Hay una demanda de los ciudadanos de que todos deben ser tratados por igual (…) y hay la sensación de que a algunos se les investiga y a otros no.
No tengo condiciones de evaluar el trabajo de la justicia y el Ministerio Público de Perú. Uno, por la distancia, y dos, porque también no sería apropiado. Yo estuve, no obstante, recientemente en el país, invitado por una asociación de magistrados. Tuve la oportunidad de conocer a varios magistrados y miembros del Ministerio Público, y me pareció que había un deseo muy profundo por parte de ellos de indagar esos hechos y llevar esos casos a la justicia, que espero que suceda.

Aquí en Brasil, a veces, una crítica muy equivocada, de que la justicia estaría actuando de manera selectiva, siendo más dura en relación a determinadas agrupaciones partidarias o a políticos de determinado perfil que en relación a otros. Una crítica muy similar fue hecha a la Operación Manos Limpias, en Italia. El trabajo de los magistrados acabó alcanzando más fuertemente la democracia cristiana y el Partido Socialista Italiano, y se criticaba a los magistrados diciendo que estaban protegiendo a miembros del Partido Comunista.
Pero allá como aquí, las investigaciones y los procesos se llevan a cabo sobre la base de hechos y pruebas. El foco aquí en Brasil, al menos aquí en Curitiba, siempre fue Petrobras. El esquema criminal en Petrobras implicaba pagos de sobornos a agentes de la estatal y agentes políticos que sostenían a esos ejecutivos en sus posiciones. Y esos agentes políticos eran del gobierno, de los partidos que formaban la base del gobierno. Entonces, es natural que el caso se incline a esos partidos.
No obstante, existen partidos de ciertos perfiles que no siempre fueron aliados (del gobierno). Por ejemplo, a pesar de las críticas de que hay una intensidad mayor en relación a agentes del PT (Partido de Trabajadores, de Luiz Inácio Lula da Silva), hemos arrestado y condenado a un ex parlamentario, el ex presidente de la Cámara (Eduardo Cunha), que era considerado como enemigo del PT. Entonces, a mi juicio, las críticas son equivocadas. Es evidente que la justicia tiene que basarse en las pruebas y en la ley, y ser ciega para esas cuestiones partidarias.
Milagros Salazar (Convoca, Perú) La condición para recibir las pruebas de Odebrecht es que los fiscales de otros países no las usen para procesar civil o penalmente a la empresa o sus directores por los acuerdos de leniencia y de delación premiada firmados con la Procuraduría de Brasil. Hace pocas semanas hubo un impasse entre los fiscales de Brasil y Perú porque un fiscal peruano habría incumplido el acuerdo. ¿Desde su experiencia cuánto puede afectar transgredir estos acuerdos en la búsqueda de la verdad y la justicia?
Nosotros tuvimos un caso muy interesante en el pasado con una serie de doleiros brasileños (traficantes de divisas) envueltos en la operación de lavado de dinero, que mantenían cuentas secretas en una institución financiera en los Estados Unidos. El caso implicó investigaciones aquí (en Brasil) y en Estados Unidos. Y, en nuestro caso, acabamos escuchando el testimonio del gerente del banco. Era una persona que también tenía responsabilidad criminal porque había dado abrigo a aquellas cuentas facilitando operaciones de lavado de dinero. No obstante, esa persona había hecho un acuerdo de colaboración con las autoridades y acordó dar su testimonio con la condición de no ser procesada en Brasil por esos mismos hechos. Eso fue respetado. Entonces, es importante que haya observancia en la colaboración internacional sobre las condiciones que son colocadas.
La comprensión que se tiene (en el caso de Lava Jato) es que esos crímenes fueron revelados en el ámbito de una colaboración con las autoridades brasileñas. Interesan a los otros países. Pero si esos colaboradores fueran procesados sin cualquier límite en esos países, eso coloca en riesgo los propios acuerdos aquí en Brasil, de ahí la necesidad de tener una cierta protección. Normalmente Brasil ha compartido las pruebas con ese condicionamiento, lo que no impide que los otros países desarrollen su investigación sin acceder a las pruebas de la colaboración, rechacen esa condición y procesen a todo el mundo. Pero si las pruebas vienen de los colaboradores de Brasil, normalmente tiene que colocarse esa condición para preservar los propios acuerdos en Brasil.

Milagros Salazar (Convoca, Perú) Existe la sensación en la sociedad peruana de que las autoridades se están sometiéndo (por el acuerdo de colaboración) a no procesar a los empresarios y directivos que pagaron por la corrupción. Es complicado manejar esta situación…
Cada caso es un caso. Tiene que verificarse lo que puede ser hecho sin la cooperación. Ahora, lo ideal sería que esas empresas que pagaron coima en otros países entraran en acuerdo con las autoridades de esos países, resolviendo la cuestión de una forma más directa, sin necesidad de intermediación por parte de las autoridades brasileñas.
Quisiera dejar bien en claro lo siguiente: el pago de soborno es algo terrible, reprobable y tiene que ser reprimido. Pero por otro lado tiene que resaltarse la actitud de las empresas cuando deciden colaborar. Eso es digno de elogios y de beneficios, si la ley así lo establece. No solo porque hay una expectativa de que esos acuerdos signifiquen no solo la revelación de los crímenes pretéritos, sino por un cambio de postura de las empresas. Lo que no me parece razonable es que cuando ellas pagaban coimas y lo hacían en secreto, eran tratadas de manera muy favorables por las autoridades, y de repente, cuando resuelven revelar sus delitos y cambiar sus prácticas, pasan a ser tratadas de manera más rigurosa. No está bien ese camino.
Otra cosa que creo que es importante, aprovechando la pregunta, es que lo que hicieron las empresas brasileñas fue terrible, reprobable, pero ciertamente no fueron las únicas que pagaron ventajas indebidas por el mundo, inclusive en otros países. Hay una gran posibilidad de que así lo hacían en un ambiente corrupto, para el que ellas contribuían, pero en la cual no son la única causa. Estas investigaciones también son una oportunidad para expandir las indagaciones e identificar otras empresas extranjeras y nacionales de esos respectivos países, que también pagaron ventajas indebidas y estuvieron envueltas en esas prácticas. Lo que fue constatado en las investigaciones en Brasil es que la corrupción era una regla de juego y eso envolvía no a una o dos empresas, sino a varias. Y también las empresas extranjeras pagaron coima a agentes brasileños de Petrobras.
Es importante investigar las responsabilidades, pero desde mi punto de vista también no es correcto vilipendiar a las empresas brasileñas como si fueran las únicas empresas en el mundo que pagan coimas. Ciertamente, si se busca, va a encontrar hechos que envuelven a otras empresas, y eventualmente empresas del mismo país de las autoridades que recibieron esos montos de dinero.
(Como se sabe, las constructoras peruanas que operaron con las empresas brasileñas son Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratitas, entre otras. Precisamente, estas compañías conformaron el consorcio Conirsa con Norberto Odebrecht S.A. para construir los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur por la que la empresa brasileña confesó el pago de cerca de 20 millones de dólares en sobornos para el expresidente Alejandro Toledo. Odebrecht también construyó el tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima con Graña y Montero, otra obra por la que la compañía reveló haber coimeado a funcionarios durante el gobierno de Alan García).

Argentina
Por Emilia Delfino (Diario Perfil)
Odebrecht admitió haber pagado al menos 35 millones de dólares en Argentina, pero aún no se conoce oficialmente quiénes fueron los destinatarios de los pagos. Tres de las obras de la compañía están en la mira judicial por presuntos sobreprecios, cartelización y coimas: la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas, la ampliación de los gasoductos de 2006 y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El caso toca de lleno a exfuncionarios del matrimonio Kirchner, entre ellos el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, y al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, exsocio de Odebrecht.
El principal obstáculo para probar los sobornos es que la legislación argentina no permite un acuerdo de colaboración en los mismos términos en los que se realizó en Brasil.
Camargo Correa es investigada por otra planta potabilizadora. Techint es blanco de una causa por el caso Angra3. Contreras Hermanos afronta un expediente por presuntos sobornos.
Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue acusado de recibir dinero del doleiro Leonardo Meirelles. Ninguno de los jueces de la causa permitió que se investigara.
Julio de Vido, exministro de Planificación e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Política Judicial.

Brasil
Por Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo)
Hasta el momento, la condena del expresidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, a nueve años y seis meses de prisión por el juez federal Sergio Moro es la principal decisión judicial de la Operación Lava Jato en Brasil.
El caso también llevó a la presentación de la denuncia penal contra el presidente de la República Michel Temer, acusado de corrupción pasiva. La Procuraduría General de la República alega que Temer actuó para favorecer los negocios del empresario Joesley Batista, de la empresa JBS.
Ahora la Procuraduría negocia una posible delación premiada con dos grandes constructoras brasileñas que operan en varios países de América Latina y que también son investigadas en el caso Lava Jato: OAS y Queiroz Galvão.
Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño y hoy condenado a 9 años y medio de prisión por caso Lava Jato. Foto: Reuters.

Colombia
Por Colombiacheck
El escándalo de Odebrecht en Colombia ha dejado hasta el momento ocho personas en la cárcel o con medida de aseguramiento y a otras trece se les imputan cargos por varios presuntos delitos. El funcionario de más alto nivel que está en la cárcel y que confesó su culpabilidad es Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte en el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. El excongresista Otto Bula Bula también está preso aunque éste se declaró inocente.
La Fiscalía colombiana compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al congresista Bernardo Miguel Elías Vildal y al excongresista Plinio Olano.
La Procuraduría colombiana, entidad encargada de investigar las actuaciones de los funcionarios, también ha vinculado formalmente en un proceso disciplinario a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.
Según las confesiones de Odebrecht, publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre último, la multinacional brasileña pagó sobornos en Colombia por más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. La compañía obtuvo beneficios que superaron los 50 millones de dólares.
Respecto a información que han dado funcionarios de Odebrecht a la Fiscalía colombiana sobre ilícitos de la multinacional en el país, el ente acusador solo ha revelado que han colaborado en el contrato Ruta del Sol.
Los representantes de Odebrecht solo han revelado información de estos hechos ilícitos sobre el contrato de Ruta del Sol, de acuerdo con información de la Fiscalía colombiana.
Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y uno de los involucrados en caso Lava Jato en Colombia. Foto:Revista Semana.

Ecuador
Por Christian Zurita (Mil Hojas)
El vicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel ha repetido incansablemente que en 2008 estuvo a punto de sacar a patadas de su oficina a Marcelo Odebrect. El conflicto sucedió porque la constructora se negó a ejecutar arreglos de importancia en una central hidroeléctrica. Por esa razón la empresa fue expulsada del país, pero en 2011 Odebrecht regresó con fuerza y logró firmar 4 mil millones de dólares en contratos, la mayor parte bajo la responsabilidad de Jorge Glas.
Hoy se sabe que las obras fueron sobrefacturadas por más de 500 millones de dólares y que el principal implicado hasta el momento es Ricardo Rivera Arauz, tío materno y hombre de confianza del vicepresidente Glas.
El Ministerio Público de Ecuador acusó a Rivera de haber recibido el 1% de cada contrato y adenda firmada por la empresa en el país. Se han abierto siete investigaciones, existen siete detenidos y un prófugo: el Contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, la máxima autoridad en la vigilancia de los recursos del Estado hoy acusada de recibir dinero de Odebrecht.
Jorge Glas no ha sido involucrado en la investigación penal pero la oposición parlamentaria intenta llevarlo a juicio político y destituirlo.
Ricardo Rivera Arauz, tío del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, investigado por caso Lava Jato. Foto: El Universo.

El Salvador
Por Jimmy Alvarado (El Faro)
La Fiscalía General de la República – de El Salvador- confirmó el 13 de junio comunicaciones con la justicia brasileña para intercambiar información sobre los aportes monetarios de Odebrecht que fueron gestionados para la campaña de Mauricio Funes, quien fue elegido presidente en marzo de 2009.
El fiscal general Douglas Meléndez dijo ante las preguntas de la prensa que no podía confirmar el monto todavía, pero aseguró que según algunos testimonios de “criteriados” brasileños podía concluirse que se trataba de varios millones de dólares. Funes negó en redes sociales que su campaña se nutriera de aportes de Odebrecht.
"Publicistas (brasileños) aseguran que recibieron 3 millones de dólares para producir la campaña de Mauricio Funes (expresidente salvadoreño)."
De acuerdo a las confesiones de Joao Santana y Mónica Moura –los publicistas que hicieron la campaña de Mauricio Funes–, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intercedió para hacer llegar aportes a la campaña de Funes debido a la amistad que mantenía con Vanda Pignato –quien en ese entonces era la esposa de Funes– porque ella es brasileña y había militado en el Partido de los Trabajadores (PT).
En una planilla de la División de Operaciones Estructuradas que registra una cuenta mantenida entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores, figura la siguiente anotación: “Evento El Salvador vía Feira: 5.3”. Según las confesiones de Marcelo Odebrecht, Fernando Migliaccio y Hilberto Silva, ese apunte hace referencia a un aporte de la campaña de Mauricio Funes.
Los publicistas aseguran que recibieron 3 millones de dólares –5.3 millones de reales brasileños según el tipo de cambio en 2008– para producir la campaña de Mauricio Funes, quien en septiembre de 2016 se exilió en Nicaragua en medio de una investigación en El Salvador por un incremento patrimonial injustificado, no relacionado al caso Odebrecht.
En la misma planilla de Odebrecht también aparece otro monto equivalente a 3 millones de dólares que fueron destinados a la campaña electoral de otro expresidente de América Latina: Ollanta Humala de Perú, hoy con prisión preventiva junto a su esposa Nadine Heredia.
Mauricio Funes, expresidente salvadoreño e involucrado en caso Lava Jato. Foto: El Nacional.

Guatemala
Por Daniel Villatoro (Plaza Pública)
Nadie ha sido acusado. En Guatemala no se han revelado los pagos de coimas de Odebrecht a políticos y funcionarios.
La investigación está a cargo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), financiada por Naciones Unidas.
Según Juan Francisco Sandoval, jefe de dicha fiscalía, la investigación se encuentra en reserva por lo que no da más detalles excepto que Guatemala sí tiene un convenio con las autoridades brasileñas para compartir información.
En un operativo del caso Petrobras, en diciembre de 2014, en la oficina del presidente de OAS se encontró un papel con el nombre del entonces ministro de obra pública y futuro candidato a la presidencia: Alejandro Sinibaldi, prófugo y acusado de aceptar sobornos de proveedores durante su gestión.
El papel escrito a mano también incluía menciones al entonces presidente, Otto Pérez (en prisión por defraudación aduanera), posibles pagos a su publicista español, Antonio Solá, y presuntos pagos a 105 diputados por un monto de 40 mil dólares cada uno.
Odebrecht llegó a Guatemala en 2012 cuando el Congreso aprobó dos préstamos para la ampliación de una carretera que empieza en la frontera con México; uno con BNDES de 280 millones de dólares y otro con un banco centroamericano por 119 millones de dólares. La vía fue diseñada con una extensión de 140 kilómetros que a pesar que terminó reducida en 48 kilómetros fue construida por el mismo precio inicial.
Alejandro Sinibaldi, exministro guatemalteco e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Plaza Pública.

México
Por Raúl Olmos (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
Las autoridades de México han decidido imponer una estrategia de silencio en el caso Lava Jato para evitar que el escándalo de corrupción internacional haga eco en la opinión pública.
Además, la investigación va muy rezagada. La Procuraduría General de la República abrió un expediente del caso apenas el pasado 17 de enero de 2017, casi un mes después de que ejecutivos de la constructora Odebrecht confesaron en una corte de Estados Unidos que habían pagado 10.5 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014 a funcionarios mexicanos a cambio de contratos de obra.
La petrolera mexicana PEMEX decidió reservar por tres años (hasta el año 2020) todos los contratos asignados a Odebrecht, mientras que la Procuraduría argumenta que está impedida legalmente para dar a conocer avances de la investigación y para informar los nombres de los políticos o funcionarios públicos involucrados en la red de corrupción internacional. La reserva de información se extendió a 20 años en el caso de un contrato asignado por PEMEX para suministrar gas etano hasta 29% más barato, para que Odebrecht lo procese en una planta petroquímica que instaló en el estado de Veracruz.
Lo poco que se ha logrado saber del caso Odebrecht en México ha sido por investigaciones periodísticas, principalmente de la revista Proceso y de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha difundido sus reportajes en alianza con los sitios AristeguiNoticias, Animal Político y el periódico El Financiero.
Gracias a estas investigaciones independientes, hoy se sabe que Odebrecht recibió un trato privilegiado durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (del partido conservador Acción Nacional), quien permitió incumplimientos, autorizó ampliaciones de contrato y pagos ilegales en la modernización de la refinería de Minatitlán, en el estado de Veracruz, lo que provocó que el costo de la obra creciera en 80% (equivalente a 450 millones de dólares). Pese a graves irregularidades en las que incurrió Odebrecht, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de México, el gobierno del actual mandatario Enrique Peña Nieto (del oficialista Partido Revolucionario Institucional) otorgó por asignación directa más contratos millonarios a la constructora brasileña. En todos los casos se otorgaron ampliaciones o adendas a los contratos.
En total, entre 2006 y 2015 Odebrecht obtuvo en México contratos por alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, además de obtener el suministro de gas etano a precio preferencial para un negocio que representa ventas anuales por otros 2 mil 500 millones de dólares y la concesión para la explotación del servicio de agua en la zona metropolitana de Veracruz. El contrato más cuantioso corresponde a la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, en el norte de México, el cual se asignó en forma directa en 2014 a través de una red de empresas de papel que PEMEX creó en paraísos fiscales.
Las investigaciones periodísticas también han podido confirmar un soborno por 383 mil dólares para la ejecución de una presa hidroeléctrica en el estado mexicano de Michoacán y la transferencia de 3 millones 754 mil dólares a una empresa fantasma ligada al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. En ambos casos, los fondos fueron transferidos por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a través de empresas offshore.
Emilio Lozoya Austin, director de la petrolera mexicana PEMEX e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Pemex.

Panamá
Por Investiga Lava Jato
En Panamá, el Ministerio Público creó la Fiscalía Especializada Anticorrupción para investigar el caso Odebrecht.
El 24 de enero, formuló cargos a 17 personas por blanqueo de capitales, entre ellos exfuncionarios y empresarios. Aunque no revelaron las identidades, en la lista aparecen dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares. También figuran los socios de la firma Mossack Fonseca, conocida en el mundo por los Panama Papers, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack. Hasta el momento, se han abierto 24 investigaciones y hay 36 personas procesadas.
La procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, se reunió en dos oportunidades con sus pares de la Fiscalía de la República Federativa de Brasil. El primer encuentro fue el 16 de febrero de 2017, cuando con otros fiscales de la región suscribieron la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción. El segundo fue el 9 de junio con la finalidad de coordinar los mecanismos mediante el cual se atenderán las asistencias internacionales solicitadas por Panamá en el caso Odebrecht.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha logrado un acuerdo con las autoridades de Brasil que permita tener acceso a los testimonios brindados por los ejecutivos de la empresa en las delaciones. Esto ha ocasionado un aluvión de críticas en el país y hasta denuncias contra Porcell, quien no acepta el compromiso de no usar esa información para procesar a Odebrecht y sus colaboradores brasileños.
Las administraciones de dos expresidentes y el actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, otorgaron contratos millonarios a Odebrecht y hoy la sociedad pide que sean investigados.
Juan Carlos Varela, presidente de Panamá e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Acento.

Perú
Por Óscar Libón (Convoca)
El equipo especial del Ministerio Público a cargo del caso Lava Jato en Perú tiene 40 investigaciones en proceso a nivel nacional relacionadas a la presunta corrupción de empresas brasileñas en el país, durante los tres últimos periodos presidenciales.
La carpeta fiscal principal se abrió en junio de 2015 debido a presuntos pagos de sobornos entregados por la compañía brasileña Camargo Correa a funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, como fue revelado por Convoca en alianza con la plataforma Brío. Tiempo después se iniciaron investigaciones por las coimas vinculadas a la constructora OAS y recién en noviembre de 2016 por el caso Odebrecht.
Entre los investigados del caso Lava Jato en Perú figuran los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como exministros, un viceministro, exaltos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades públicas, además de autoridades municipales y regionales, empresarios y abogados.
Hasta el momento, el Poder Judicial ha ordenado la prisión preventiva para ocho personas bajo la acusación de haber recibido sobornos de parte de Odebrecht para beneficiarla con contratos de obras y concesiones, una de ellas es el exmandatario Toledo que está prófugo en Estados Unidos.
La semana pasada, el expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia fueron recluidos, en diferentes penales, por un caso de presunto lavado de activos relacionado a los 3 millones de dólares supuestamente entregados por la constructora brasileña para la campaña electoral del Partido Nacionalista en 2011. Este monto aparece en una planilla de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa y fue destinado a Humala, según confirmó Marcelo Odebrecht, a pedido del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado coimas por US$29 millones en Perú, pero las pesquisas fiscales indican que hubo más sobornos. El caso Lava Jato también se investiga en el Congreso desde hace seis meses y su función fue ampliada hasta julio de 2018.
Ollanta Humala, expresidente peruano y hoy con prisión preventiva por un pago de Odebrecht para su campaña presidencial. Foto: Andina.

República Dominicana
Por Investiga Lava Jato
República Dominicana es uno de los países cuyas autoridades cerraron el acuerdo de delación premiada con la empresa Odebrecht pocos meses después que la compañía firmara los términos de la colaboración con Brasil, Suiza y Estados Unidos, donde admitió el pago de sobornos en 12 países.
La medida tuvo como resultado llevar a prisión en mayo último al ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, y otras siete personas acusadas de recibir sobornos de Odebrecht.
El último domingo, miles de dominicanos protestaron contra la corrupción y exigieron que el presidente Danilo Medina sea procesado por obstruir la justicia.
Exministro dominicano Juan Temístocles Montás, procesado por caso Lava Jato. Foto: El Viajero Digital.

Venezuela
Por Lisseth Boon y Jesús Alberto Yajure (Runrunes y El Pitazo)
Conocer los nombres de los funcionarios e intermediarios en Venezuela que cobraron 98 millones de dólares en sobornos para obtener y mantener megacontratos de la constructora Odebrecht, podría depender de una sola persona: la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien desde el Ministerio Público se encarga de investigar el capítulo local del caso de corrupción más grande de la historia de Brasil que involucra a otros 11 países de América Latina y África.
La fiscal Ortega Díaz ya había solicitado meses atrás la detención del brasileño Euzenando Praceres Azevedo, director de la constructora Odebrecht en Venezuela, quien se acogió a los acuerdos de delaciones premiadas y colabora con las autoridades brasileñas en el caso Lava Jato, que involucra no solo a Odebrecht sino a otras cuatro empresas que pagaron millones de dólares en sobornos en al menos 21 países.
Sin embargo, las recientes imputaciones a María Eugenia Baptista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Dias son las primeras que realiza el Ministerio Público a ciudadanos venezolanos. Baptista, de 39 años, y Zacarías, de 64, son esposa y suegra, respectivamente, de Haiman El Troudi, actual diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido del presidente Nicolás Maduro.
El Troudi también ocupó la cartera de Planificación y Desarrollo, fue ministro de Transporte y Obras Públicas y presidente hasta septiembre de 2015 de la empresa estatal Metro de Caracas.
Antes de conocerse las imputaciones, la fiscal Ortega Díaz anunció el inicio de las citaciones a personas vinculadas a funcionarios con responsabilidad sobre obras o contratos otorgados por el Estado venezolano a la constructora Odebrecht. Aseguró además en una entrevista en radio que funcionarios vinculados a las obras habían recibido comisiones. “Incluso estos [funcionarios] que recibieron comisiones las depositaron en el extranjero, en algunos casos a nombre de familiares. Todo eso nosotros lo tenemos bien organizadito”, aseguró.
En enero de 2008, como ministro de Planificación y Desarrollo, El Troudi designó a su propia esposa, María Eugenia Baptista Zacarías, en el cargo de Directora de Relaciones Institucionales, según consta en la Gaceta Oficial Nº358.932 del miércoles 9 de enero de 2008. Baptista es además militante del PSUV y también trabajó para el Servicio Autónomo de Protección al Niño y Adolescente (Sapranan) del estado Monagas. Baptista aparece como directora de la sociedad Publicicorp, SL. registrada en el número 8 de la calle Alcántara en Madrid, España. Las sociedades las crearon un mes antes de que se difundiera un vídeo en el que se veía a El Troudi y a su familia volver desde Francia en primera clase vía Guadalupe.
Pero esta no es la única sociedad levantada por la familia de la esposa de El Troudi. Su suegra, Elita del Valle Zacarías Dias, constituyó en julio de 2016 tres sociedades inmobiliarias en París. Zacarías también trabajó en Sapranam, según el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Estas sociedades se registraron entre el 6 y 11 de julio de 2016 con los nombres de Saint Mathis 238, Saint Claire 230 y Saint Marie Sasa 238. Cada una tiene un capital de 1.000 euros y tienen por objeto la compra y venta de bienes inmobiliarios.
Haiman El Troudi, diputado venezolano e involucrado en caso Lava Jato. Foto: Runrunes.
Ambas mujeres deberán comparecer el próximo 27 de julio ante las autoridades. Una fuente portavoz del Ministerio Público aseguró a El Pitazo que son investigadas por delitos de legitimación de capitales.
La diligencia ha causado revuelo en Venezuela. La Fiscal Ortega Díaz no mencionaba a la constructora desde febrero de 2017, cuando firmó en Brasil un convenio de cooperación para investigar las empresas del caso Lava Jato con la Procuraduría General de ese país, a pesar que ya en mayo se conocía que el propio Maduro —entonces en el cargo de canciller— pagó al menos 11 millones de dólares en efectivo provenientes de las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez a Mónica Moura, esposa del publicista João Santana, estratega y asesor de la campaña presidencial de Chávez en 2012.
Como parte de la serie de reportajes de Investiga LavaJato, Runrunes y El Pitazo revelaron que Odebrecht pagó vía “Caja 2” al menos 13 millones de dólares de un total de 98 millones de dólares en sobornos en 2014 por cuatro obras que aún no se han construido. La fiscal todavía no se pronuncia al respecto.

Angola
Por Rafael Morais (Maka Angola)
Mientras los principales ejecutivos de la empresa Odebrecht contemplan sus días en la cárcel, en Brasil, y enfrentan a la justicia en la mayoría de los países0 donde operan, en Angola la multinacional está en el paraíso de la impunidad.
Las revelaciones recientes, según las cuales Odebrecht aportó 50 millones de dólares, en 2012, para la campaña de reelección del presidente José Eduardo dos Santos y de su partido, MPLA, fueron recibidas con indiferencia institucional. A nivel de la sociedad, se volvió a confirmar lo que desde hace mucho tiempo es de dominio público. Odebrecht y el Presidente duermen juntos en la misma cama de la corrupción.
Desde la independencia, en 1975, los angoleños no conocen otro poder. El Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) gobierna hace 41 años y José Eduardo dos Santos hace 37.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en diciembre último que entre 2006 y 2013, Odebrecht corrompió gobernantes angoleños con unos 50 millones de dólares para obtener beneficios por 261 millones de dólares. Odebrecht se reconoció culpable de estos actos ilícitos cometidos en Angola. Sin embargo, las autoridades del país ignoraron esa admisión.
La mayor indignación causada por Odebrecht en Angola se debe a las declaraciones de Emilio Odebrecht como parte de la delación en Brasil, en las que señaló que no había condiciones para vivir en Angola porque sus pobladores usaban el inodoro como “florero”.
La corrupción en Angola es generalizada como lo revela el escándalo del estatal Banco de Poupança e Crédito. Un diputado del MPLA, Monteiro Pinto Kapunga, se hizo multimillonario al recibir un crédito de 687 millones de dólares. Otro, Elías Chimuco, se ganó 435 millones de dólares. El hijo del Presidente, que también dirige al Fondo Soberano de Angola, obtuvo 324 millones, mientras el sobrino, el general Bento Kangamba, recibió 318 millones de dólares. Kangamba es el mismo general acusado en Brasil de tráfico internacional de mujeres y denunciado como jefe de una red internacional de prostitución. A su vez, la hermana del presidente, Marta dos Santos, a través de su empresa Marsanto, obtuvo un préstamo de 13 millones de dólares. Como no podía ser de otro modo, Odebrecht también obtuvo un crédito de ese banco, aunque sólo de 357 mil dólares.
Las investigaciones en Brasil y en Portugal, destinos internacionales predilectos para el blanqueo de capitales angoleños en complicidad con las élites políticas y empresariales de esos países, han estrechado el cerco al régimen de José Eduardo dos Santos. Y quedan cada vez más expuestos a un día de revuelta popular.
José Eduardo dos Santos, presidente de Angola y vinculado a caso Lava Jato. Foto: The Cable.

Mozambique
Por Adérito Caldeira (Jornal @Verdade)
La justicia de Mozambique optó por ignorar la revelación de que Norberto Odebrecht pagó sobornos a altos funcionarios del gobierno para poder obtener términos favorables en la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Nacala.
En un acuerdo de reducción de pena firmado en diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña admitió haber pagado sobornos por 900 mil dólares a funcionarios del gobierno de Mozambique entre 2011 y 2014.
Las coimas incluían aproximadamente 250 mil dólares en pagos para funcionarios de alto nivel del gobierno de Mozambique a cambio de obtener términos favorables en la construcción de un proyecto gubernamental. Odebrecht efectuó los pagos en dos cuotas de 135 mil dólares y 115 mil dólares a través de su División de Operaciones Estructuradas mediante una compañía con sede en un paraíso fiscal, según el informe de Estados Unidos. La única obra que ejecutó Odebrecht en Mozambique es el aeropuerto de Nacala.
En febrero pasado, el Gabinete Central de Combate a la Corrupción (GCCC) mozambiqueño afirmó que estaba investigando el caso de sobornos, aunque aguardaba al 1 de junio, día en que venció el plazo de sigilo de seis meses previsto en las delaciones de Odebrecht.
Al término del plazo, la Procuraduría General de la República brasileña informó cuáles eran los países que habían solicitado documentos y testimonios de ejecutivos de la constructora, y Mozambique no era uno de ellos.
Desde entonces, @Verdade contactó al GCCC así como a la Fiscalía General de Mozambique, sin obtener hasta el momento respuesta alguna. Como parte del proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’, el portal Convoca, de Perú, preguntó si Mozambique solicitó información a Brasil al fiscal Vladimir Aras que está a cargo de coordinar desde la Procuraduría de Brasilia la entrega de las pruebas de Odebrecht a los países de América Latina y África. El fiscal Aras respondió que la información aún se mantiene en reserva.
El aeropuerto de Nacala comenzó a ser construido en el norte de Mozambique en septiembre de 2001, con un costo inicial de 110 millones de dólares y después de dos agregados a la construcción original, quedó concluido y fue inaugurado en diciembre de 2014 con un costo que superaba los 210 millones de dólares, de los cuales 125 fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (BNDES) (Ver el aplicativo ‘VíaSobrecosto’). El resto lo desembolsaron dos bancos mozambiqueños.
A pesar de que no estén identificados los funcionarios de “alto nivel” que fueron sobornados, @Verdade averiguó que por el Gobierno de Mozambique, que en esos días estaba dirigido por Armando Guebuza, lideraron las negociaciones el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Paulo Zucula, y el de Finanzas, Manuel Chang, y que en ese momento el Consejo de Administración de la Empresa Aeropuertos de Mozambique estaba a cargo de Manuel Veterano.
El aeropuerto puede recibir aviones de gran porte en vuelos intercontinentales directos, funciona apenas dos días por semana, cuando recibe un vuelo de la compañía aérea mozambiqueña.
Paulo Zucula,exministro de Transporte y Comunicaciones de Mozambique y uno de los funcionarios que lideró las negociaciones en el aeropuerto de Nacala. Foto: Trademark
El aeropuerto de Nacala comenzó a ser construido en el norte de Mozambique en septiembre de 2001, con un costo inicial de 111.753.087,16 dólares. Después de dos agregados a la construcción original, quedó concluido y fue inaugurado en diciembre de 2014, con un costo final de 216 216.288.261,08 dólares, de los cuales 125 fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (BNDES). El resto lo desembolsaron dos bancos mozambiqueños.
A pesar de que no estén identificados los funcionarios de “alto nivel” que fueron sobornados, @Verdade averiguó que por el Gobierno de Mozambique, que en ese momento era dirigido por Armando Guebuza, lideraron las negociaciones los entonces ministros de Transportes y Comunicaciones, Paulo Zucula, y Finanzas, Manuel Chang, y por el presidente del Consejo de Administración de la Empresa Aeropuertos de Mozambique en ese momento, Manuel Veterano.
El aeropuerto, cuyo costo aumentó en 63 millones de dólares y puede recibir aviones de gran porte en vuelos intercontinentales directos, funciona apenas dos días por semana, cuando recibe un vuelo de la compañía aérea mozambiqueña.

LA VERSIÓN DE ODEBRECHT
La empresa Odebrecht señaló en comunicaciones anteriores que está colaborando con las investigaciones de Lava Jato y que no sobrefacturó las obras.
La empresa informó que suscribió un acuerdo de leniencia en Brasil, Suiza, República Dominicana, Ecuador y Estados Unidos y que “está comprometida en presentar los esclarecimientos necesarios para dilucidar todos los hechos”.
Según la constructora, los sobornos que confesó fueron pagados para garantizar la adjudicación de las licitaciones y el cumplimiento regular de los contratos.
En junio último, los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ publicamos una investigación en la que revelamos que 50 obras en siete países tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación a los valores iniciales entre 2001 y 2016.
De este número de obras con saltos presupuestales en Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y Mozambique, 31 se encuentran investigadas por el Ministerio Público o la Contraloría de estos países. Es decir, el 61 por ciento del número total. Mientras que siete de estas obras, el 23 por ciento, aparece en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht conocida como la “Oficina de sobornos”, de acuerdo al análisis de los documentos realizado por los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’ hasta el 15 de junio.
La mayoría de los incrementos de presupuesto fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de ingeniería, que en varios casos se encuentran bajo investigación por la justicia. Estas operaciones extras no pasaron por concursos públicos y se mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socias mediante reiteradas modificaciones a los contratos o normas especiales que se saltaron las leyes de contrataciones.

MilHojas.is

Imagine a un hombre planificando paso a paso la seducción de una niña. Sucedió en el liceo La Condamine de Quito desde en el año 2010. El profesor de matemáticas Jean Damien Toulouse entabló una fuerte y estrecha relación con Victoria, entonces de 11 años. A fuego lento, con los días y los años, levantó una relación que en principio parecía paternal pero con el tiempo consolidó otros deseos.
Él era un capacitado maestro, casado, valorado en la sociedad, incapaz de un acto inapropiado. Pero fuera de esa condición pública el profesor le escribió en secreto miles de mensajes. Victoria encontró en él un refugió a sus necesidades afectivas, fue una relación construida por correspondencia con mensajes que iniciaron con frases como “Te quiero como un padre” pero al final le escribía “me contengo para no tocarte”.
El caso fue descubierto por la madre de Victoria cuando notó que la adolescente presentaba un notable malestar emocional: “fue un día que lloró y mencionó que no quería vivir, hasta entonces no había dado muestras de ese tipo de comportamiento y decidí saber qué pasaba”.
La madre, Laura, compartió sus temores con amistades que le recomendaron acceder al teléfono de Victoria. Entonces ideó un plan para conocer las contraseñas del equipo y le retuvo una semana el teléfono como castigo. Envió a la niña unos días a la casa de su mejor amiga y fue entonces cuando accedió a miles de correos del profesor.
Descubrió que el maestro le incitaba a lacerarse. Supo que la llevaba hasta el extremo de la fragilidad y luego la rescataba con mensajes reconfortantes. Victoria se había provocado cortaduras por amor y él las promovía. En uno de esos mensajes Touluse le dijo: “He hablado con Dios y dice que está bien lo que haces”. Touluse era su timón y en los límites de la desesperación él estaría para rescatarla.
El 13 de febrero de 2015, Laura denunció a Touluse a las autoridades del colegio La Condamine. Entonces Victoria tenía 16 años y el profesor 39.  La madre presentó como evidencia un extenso informe con los mensajes enviados entre la alumna y el profesor.
El colegio recomendó no intervenir, lo hizo el ministerio de Relaciones Laborales que, con pruebas en mano, ordenó el visto bueno. Días después, el 25 de febrero fue arrestado por la policía especializada para niños, niñas y adolescentes, acusado del delito de contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos.
Sin embargo La Condamine montó un discurso que no favoreció a Victoria y a su madre. Dijo que era imposible que en el colegio un profesor pudiese estar a solas con un alumno: “El funcionamiento de la escuela hace realmente imposible que un hecho de esta naturaleza haya sucedido en el interior del establecimiento”.“La seguridad en La Condamine no permite ninguna anormalidad”, fueron expresiones de maestros que defendieron al colegio cuando se inició el juicio penal. Las autoridades actuaron bajo la premisa de que un caso de violación o acoso no era posible porque ellos laboraban con un riguroso sistema de organización y vigilancia.
Fue una forma de cerrar ojos y oídos a los hechos. Antes ya lo hicieron en el caso de El Principito: en febrero de 2014, la madre de Lukas, un niño de cinco años, estudiante de maternal, fue víctima de abuso sexual por parte de su profesor de natación. “Las medidas de seguridad para los niños son muy rígidas y adecuadas”, dijo entonces La Condamine.
Ese esquema motivó a que la palabra de las víctimas pierda validez. En el proceso judicial el colegio permitió que maestros, padres de familia y estudiantes acudan libremente a rendir declaraciones sobre el caso. En su mayoría no sabía que sucedió pero se inclinaron a defender al maestro.

Anne Malherbe defendió abiertamente al acusado por la violación de Lucas, El Principito. José V, fue sentenciado a 22 años de prisión, la presencia de Caupolican Ochoa como abogado del demandado no fue suficiente

Colegas de Touluse dijeron que era una persona respetuosa, seria, responsable de sus actos. “Tenemos el testimonio de nuestros hijos quienes certifican dicho comportamiento, además de habernos manifestado que nunca han visto o han sentido ningún comportamiento inapropiado para con ellos de parte del señor”, escribieron decenas de padres en un certificado de honorabilidad, expedido el 10 de marzo de 2015, también  firmado por Anne Malherbe Gosseline, quien a la fecha era profesora de la institución.
A Malherbe nunca les interesó ser primera dama de la nación, pero no tuvo empacho de usar su apellido e influencia al momento de defender abusadores que consideró sus compañeros.
Dos maestros señalaron que el profesor era una “persona honesta en todas sus acciones, eficiente en su trabajo”. Los testimonios señalaron a Victoria como la acosadora, según ellos, era ella quién buscaba al profesor: “Yo le dije a ella que era un hombre casado”, “desde que llegó ella le perseguía”, “ella salía del aula para ir tras de él”.
Para los maestros la responsable era la niña porque siempre la veían detrás del profesor: “era un acoso permanente de ella hacia el profesor”, dicen parte de los testimonios.
Para maestros y padres de familia, que en buena medida representan a la sociedad media alta de Quito, la posibilidad de que una adolescente de 16 años haya sido seducida por un hombre de 39, aprovechándose de su inexperiencia y posición, no existió. Ella fue la entregada, la provocadora, la que incitó el maltrato y la destrucción de la reputación de un hombre respetable.
Cincuenta profesores declararon en contra de la adolescente, 40 estudiantes hicieron lo mismo, sin embargo todo quedó demostrado en el proceso judicial. La  contundencia de las pruebas, 150 páginas de mensajes traducidos del inglés al español y obtenidos del teléfono celular de la adolescente y más de 6.000 mil páginas de mensajes enviados vía correo electrónico por su profesor, sumadas a la decisión y valentía de una madre aguerrida y una adolescente admirable, se impusieron por sobre el descrédito y el influjo político y personal. El pasado abril el caso terminó en tercera instancia y sentenció al profesor a cuatro años de prisión por el delito de acoso por medios digitales.
Touluse guarda prisión domiciliaria y es recomendado para dictar clases particulares desde su casa. Victoria terminó este mes el bachillerato, triunfó sobre quienes la ofendieron y estigmatizaron. Se mantuvo unida a un grupo de amigos leales que nunca se abandonaron. 
 

La verdad

En el expediente se establece que el profesor fue confrontado y dijo que la relación existente entre él y Victoria era una “relación de familia” porque la menor lo quería como a un padre; según Touluse “la chica estaba mal y él, como maestro, había intentado ayudarla y fue la razón por la que ella se encariñó.
El informe de la fiscalía dijo que al preguntarle si él, como padre, aceptaría que alguien se comunique con su hija con frases explícitamente sexuales, respondió que no. Ese momento, dijo que “se estaba dando cuenta que estaba en una relación equivocada”.
El profesor aceptó los hechos, “expresando que su error fue no contener las comunicaciones a tiempo”. Las conversaciones con Victoria se dieron desde el año 2012. Era una chica que buscaba identificarse con un padre, y yo estuve presto para conversar con ella y darle mi atención, así como mi afecto. En las conversaciones encontraron términos como “mi vida, mi amor, my love”, “yo me contengo por no tocarte”.
La evaluación psicológica realizada al profesor por fiscalía, en los primeros días de marzo de 2015, señaló que tiene “labilidad afectiva acentuada”, es decir facilidad para cambiar de estado de ánimo; fuertes inhibiciones personales que le producen ansiedad, angustia flotante, depresión, inseguridad. Indicó además -y  como hecho relevante- que tiene “falta de control consciente sobre los propios sentimientos e impulsos”. 
Los psicólogos evidenciaron que “en el acusado existen pautas de impulsividad y excitación con rasgos de agresividad”. En cuanto a la interrelación social hallaron que había una “importante afectación, ya que pudo encontrarse que el contacto humano está seriamente alterado”. Determinaron, además que había “pobreza empática, incapacidad para aceptar e identificarse con las otras personas, incapacidad para establecer contacto humano profundo”. “Su relacionamiento con los demás tiene características de una persona egocéntrica, quien considera las propias opiniones como irrefutables y trata de imponerlas a toda costa”, rezó el informe.
En marzo de 2017, varias organizaciones de defensa de los derechos de los niños, entregaron una carta al entonces ministro de Educación, Freddy Peñafiel. Pidieron al funcionario intervenir en el caso de El Principito ya que a su criterio La Condamine “no actuó como un buen agente de protección, pues no solo que tomó partido a favor del presunto agresor, sino que además decidió reubicarlo en sus funciones”.

Freddy Peñafiel, entonces ministro de educación, nunca se pronunció al respecto. El es sobrino de la directora del colegio, Silvia Oña.
El caso del principito fue anterior al de Victoria y el comportamiento del plantel fue simirlar. La institución manifestó -al igual que en el caso de Victoria- que no era posible que un hecho de tal magnitud hubiese ocurrido.
Los compañeros del profesor actuaron igual: defendieron a su colega. Dijeron que era “una persona “correcta, cordial, buena, noble, solidaria, eficiente en su trabajo y de “grandes cualidades humanas”, y que Lucas, la víctima, era un “niño problema” con “gran imaginación”, que tenía un “comportamiento de fantasía” y era agresivo con sus compañeros. “Hay ocasiones en las que inventa cosas”. “Es un niño al que le encanta construir cosas, es muy bueno en esta área, dice el testimonio de una maestra.
Los exámenes psicológicos realizados al acusado establecieron que a nivel afectivo presentaba “infantilismo, inmadurez emocional, falta de control de impulsos, inaccesible, defensas paranoides, dependencia dirigida hacia su madre y desarrollo afectivo a nivel de adolescencia”.
La defensa del acusado se basó en asegurar que él era inocente y que los padres de Lucas inventaron la historia a fin de esconder o justificar el comportamiento sexual del menor: “Lo que sucedes es que los padres no quieren aceptar lo que hace su hijo, porque les parece bochornoso y quieren decir que en el colegio una persona le ha molestado sexualmente”, dijo en su momento.
La Fiscalía concluyó que el procesado trató de “endilgar una conducta -por demás inusual- a un niño de tan corta edad, según él los padres tratan de tapar esa inconducta de su hijo culpando a un profesor”.
Mucho se rumorò que el padre de Lucas es quien abuso de él, hoy se sabe que fue una vileza que pretendió desvirtuar la negligencia con la que actuó el colegio al reubicar en funciones a José V., al no haber denunciado el hecho al Ministerio de Educación y peor aún al haber tomado partido a favor del profesor.
El 22 de noviembre de 2016, el profesor de natación fue condenado a 22 años de prisión por el delito de violación. El lunes 13 de febrero de 2017 fue la audiencia de apelación de sentencia por parte del condenado, en la Corte Provincial de Justicia. Ese día, estuvo presente Anne Malherbe Gosseline quien -al igual que en el caso de Victoria- mostró su apoyo al profesor sentenciado.

Fernando Villavicencio Valenciay Christian Zurita Ron
Reporte especial de Focus Ecuador, Milhojas, PlanV
(Con la colaboración de IDL-Reporteros, de Perú)
La coima del millón de dólares se pactó en julio de 2007. No fue ni en la oficina de Odebrecht, ni en el ministerio de Electricidad, ni siquiera en la notoria suite 156, con entrada reservada, que tenía Odebrecht en el Swisotel en Quito.
La reunión fue en la oficina privada de un importante empresario, que sirvió de intermediario para la negociación del inminente soborno y sus condiciones.
Según han confesado los hoy delatores corporativos Fábio Gandolfo y Fernando Fernandes Bessa, la reunión con el entonces ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, tuvo lugar en una casa a pocas cuadras de la oficina de Odebrecht. El anfitrión de esa reunión fue el empresario Rubén Rodríguez, concesionario de Volvo en Ecuador.
Rodríguez era amigo de Fernandes y de Mosquera y tenía importantes negocios con Odebrecht.
Cuando, después de algunos prolegómenos, hablaron sobre el proyecto Toachi Pilatón, el ministro Alecksey Mosquera dijo que él no solo podía ayudar a que se firme rápidamente el contrato que pese a haberse adjudicado el 2006 no se había firmado todavía, sino también a financiar, incluso con adelanto, el proyecto con los fondos públicos del FEISEH.
A cambio, pedía un millón de dólares de coima para él.

Fernandes Bessa, entonces director de operaciones de Odebrecht en Ecuador, aceptó en principio la oferta, incluso antes de informarle a Gandolfo.
Establecido el pacto entre sobornador y sobornado, se realizaron luego unas reuniones más entre ellos en la suite de Odebrecht en el Swisotel para precisar los detalles del proceso. En esas reuniones, Mosquera le reportó las conversaciones con el entonces presidente Rafael Correa sobre las acciones planificadas para financiar el proyecto con los fondos del FEISEH.
La única  entrevista que Fabio Gandolfo brindó a la prensa fue a Expreso de Guayaquil en Agosto de 2008 por el tema de San Francisco 
Mosquera cumplió con lo ofrecido. En agosto de 2007, el FEISEH aprobó financiar el proyecto. En noviembre, Hidrotoapi S.A. autorizó la firma del contrato con el nuevo financiamiento. El 27 de diciembre se firmó el contrato. Y el 5 de marzo de 2008, Odebrecht recibió $112 millones de dólares de adelanto para la realización de una obra que solo estuvo en condiciones de empezar siete meses después.
Todo ese proceso se realizó a una velocidad vertiginosa para los estándares gubernamentales en Ecuador. El plazo usual entre la firma del contrato y el desembolso del adelanto es de dos años o más. Aquí tomó dos meses.
Después del pago de 112 millones de dólares a Odebrecht, Alecksey Mosquera tuvo una reunión con Fernandes Bessa y Fábio Gandolfo, entonces Superintendente en Ecuador. Él había cumplido con todo y ahora pedía que cumplan con él.
Gandolfo entonces consultó con el jefe de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, quien autorizó el pago que, a través del “Sector de Operaciones
Estructuradas”, se hizo mediante varios depósitos a la cuenta de Tokyo Traders, en Andorra. La cuenta, como se sabe, perteneció a Marcelo Endara, tío de Mosquera.
Este fue, probablemente, uno de los sobornos más lucrativos realizados por Odebrecht. Encima, sin haber movido una piedra. Las autoridades estadounidenses calcularon que por cada dólar que Odebrecht pagó en sobornos ganó normalmente cuatro dólares.
En este caso, el millón pagado a Mosquera le sirvió no solo para la firma del contrato sino para recibir una inyección (más bien una inundación) de $112 millones de dólares por los que no pagó un centavo de intereses. No solo eso, cuando se fue del país, luego de ser expulsada por Rafael Correa, presentó facturas por supuestos gastos de 13 millones de dólares. Luego, en un arbitraje obtuvo $5, 6 millones adicionales por la rescisión unilateral del contrato.
Es importante recordar que ese dinero entregado con tal abandono y a cero interés (menos cero más bien) era dinero público, es decir, de todos los ecuatorianos. ¿Y qué recibieron los ecuatorianos a cambio de eso? Ni un solo kilovatio, hasta hoy. Ni para cargar un celular.
Ya se sabe qué pasó después. Expulsado Odebrecht, por graves problemas en otra central hidroeléctrica, el ex presidente Rafael Correa entregó la obra a un consorcio chino-ruso, aquí con financiación de fondos de la seguridad social (IESS) y del Eximbank de Rusia. Poco antes de terminar su mandato, Correa otra vez rescindió unilateralmente el contrato, dejando el proyecto abandonado. Lo que se pensó que iba a costar $336 millones de dólares en 2005, acabó costando más de $600 millones de dólares y no sirvió ni para prender un foco.
¿Tuvo Mosquera la autoridad, la autonomía suficiente como para poder poner a toda velocidad la firma del contrato y disponer la cuantiosa financiación de más de cien millones de adelanto a Odebrecht, sobre un total comprometido de $470, 6 millones?
Bueno, ya se sabe que la máxima autoridad del Fondo Petrolero, el FEISEH, era el presidente de la República, Rafael Correa.
Estas publicaciones contactaron al empresario Rubén Rodríguez, quien, a contramano de los delatores de Odebrecht, negó haber sido intermediario o anfitrión de la reunión entre Fernandes Bessa y Mosquera, aunque reconoció haber sido amigo de los dos.

La  encuestadora Cedatos ha pedido el pronunciamiento del Secretario General de la OEA, sobre el proceso penal que enfrenta en los juzgados ecuatorianos por presunta falsificación y uso de documento falso. Junto a esta comunicación, dirigida a Luis Almagro el 21 de junio pasado, se enviaron los documentos de respaldo del caso. Almagro ha manifestado ya a autoridades del Gobierno que lo que está sucediendo con Cedatos, es una persecución que no debería continuar, según afirma, Polibio Córdova, representante legal de la encuestadora.
El 29 de marzo pasado la entonces vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, y actual ministra de Justicia del gobierno de Lenin Moreno, interpuso una denuncia penal en contra de Cedatos por presunta asociación ilícita y falsificación documental. La funcionaria acusó de un supuesto acuerdo de Cedatos con el ex candidato presidencial de la oposición, Guillermo Lasso, con el fin de presentar resultados alterados de las encuestas electorales para la segunda vuelta del 2 de abril de 2017. Los sustentos de esta denuncia son un video de un informante anónimo que detalla cómo, según él, se modificaban los resultados de las encuestas, con documentos que habrían sido obtenidos del sistema informático de Cedatos; e información que circulaba en enlaces y redes sociales.  En mayo también fue vinculado a esta demanda penal, Polibio Córdova.
Antes de la denuncia de Alvarado, Cedatos presentó el 20 de marzo, una denuncia por robo y divulgación de documento privado, debido al hackeo de sus sistemas informáticos, que se evidenció en los documentos exhibidos en el mencionado video. 
Polibio Córdova resalta las marcadas diferencias con que han operado los órganos de justicia respecto a la demanda presentada por Alvarado y la planteada por Cedatos. 
En qué fase se encuentra el proceso penal iniciado en su contra por Rosana Alvarado por presunta falsificación y uso de documento falso?
En marzo pasado fuimos objeto de un hackeo, que parece que comenzó desde hace muchos meses atrás de nuestros correos, de documentos privados, de información proveniente de estudios privados, pero que fueron utilizados para un video de un supuesto ex empleado nuestro que nunca existió. De toda esa información se valió la Sra Alvarado y planteó una denuncia diciendo que habíamos falsificado un documento. Se utilizó todo el video, todas las acusaciones de este supuesto ex empleado. De esa denuncia no se supo qué pasaba hasta después de la segunda vuelta electoral donde nuevamente tomó forma y de inmediato fuimos objeto de un allanamiento bárbaro.
Qué ha pasado desde el allanamiento?
Esta denuncia no ha podido ser comprobada. Hasta el momento no se sabe cuál es el documento falso. Realmente fuimos sujetos de 3 allanamientos durante el 7 de abril. Uno a las 12:50, otro a las 24h00 y otro en nuestras oficinas de Guayaquil . Se llevaron de aquí (de la oficina matriz en Quito) computadores, archivos institucionales, archivos privados, hasta álbumes de fotos, recibos, facturas. He tenido hasta que sacar nuevos documentos personales. La empresa fue invadida por policías, por encapuchados, por personal civil que ha sido identificado como gente de las oficinas de la Presidencia de la República y de algunas secretarías de Estado. Todas las calles fueron rodeadas por patrulleros, policías apostados con ametralladoras al frente del edificio. Después se trasladaron a rodear mi residencia.
Usted estaba en las oficinas cuando fue el allanamiento?
Estuve en las oficinas desde las primeras horas de la mañana y salí a las 10:00 a una reunión en el CNE pero ya no pude regresar porque fue imposible ingresar. Pero el acoso, la persecución, la insidia no se quedaron ahí. Todos los días mi vivienda fue objeto de cobertura policial, con elementos que se mantenían con armas y binoculares. Fue un verdadero atropello a nuestros derechos humanos
Luego de los allanamientos qué diligencias se han ejecutado?
La fase de indagación previa, durante la cual la Fiscalía, en forma reservada, obtiene información, puede durar hasta dos años de acuerdo a la ley.  Pero en el caso nuestro duró 22 días, algo inusitado, una gran velocidad. Enseguida entramos en la fase de instrucción fiscal en que la fiscalía hace la recopilación de pruebas y siguen las declaraciones. De nuestra parte estamos presentando pruebas sobre nuestro trabajo honesto en Ecuador a lo largo de 42 años más 10 años fuera del país. 
Qué clase de pruebas?
Sobre cómo se hacen los estudios, los diseños de muestra, el cálculo probabilístico de errores, niveles de confianza, modelos para medir la consistencia de la información, etc. Hemos pedido que se haga un peritaje y después de varios meses ha sido aceptado. El perito está trabajando a partir de toda la información que obtuvieron de nuestro sistema informático.
En su denuncia, la actual ministra Alvarado afirma que Cedatos cambió los datos de su encuesta, hecha en febrero pasado, para que la candidatura presidencial de Guillermo Lasso no se viera tan desfavorecida respecto a los reales resultados obtenidos. Está también el video donde un supuesto ex empleado de la empresa exhibe documentos que avalarían la supuesta alteración. ¿Cómo explica usted estos cambios de las cifras?
Esa es una demostración de total desconocimiento. Se tiene que hacer un verdadero análisis de la información y su consistencia, de la identificación de datos que causan lo que en matemáticas se llama ruidos. Si se observa que dentro de una tendencia el candidato o cualquier otro objeto de estudio, tiene resultados que van más allá de lo que podría ser permisible, eso se somete a un proceso de evaluación y corrección de las inconsistencias.

Y eso amerita hacer otras mediciones o encuestas?
Se hacen nuevas encuestas, se hacen correcciones siempre y cuando sea necesario, dentro de lo que es la matemática. Eso nosotros llegamos a ubicar y un ex colaborador nuestro, quien ahora es testigo de la Fiscalía, participó de una identificación de problemas que se habían dado a lo largo del año y que los verificamos en febrero al establecer que había un grupo de personas infiltradas
En dónde?
En nuestro personal entrevistador. Había sectores donde a un candidato le daban, de acuerdo a la población, 95 puntos y a otros candidatos 5 puntos, en tanto que en los sectores vecinos habían diferencias entre candidatos de solo 5 o 6 puntos. Es decir, donde hacían las encuestas estos señores había diferencias de 90 puntos entre un candidato y los demás. Entonces cuando se observan ese tipo de cosas, eso no se puede aceptar. Enseguida se salen de los niveles de aceptación
Por qué no pueden darse esas diferencias tan marcadas entre candidatos?
Por ejemplo un alcalde recibe un nivel de aprobación de entre 40% y 45%, pero en algunos sectores de la misma ciudad recibe una aprobación de 95%. Eso debe volverse a revisar. Es decir entra en la fase de análisis de consistencia de la información. Eso es universal en las instituciones que saben hacer este trabajo. Estamos entregando a la Fiscalía las metodologías de revisión de inconsistencias, donde los peritos se darán cuenta que se han hecho siempre ese tipo de análisis. 
También la denuncia de la entonces asambleísta Alvarado señala que Cedatos habría trabajado para el ex candidato Guillermo Lasso y que a eso obedecería la alteración de datos en sus encuestas?
Eso es lo que tienen que probar. Nosotros hemos trabajado con toda decencia y honestidad. Trabajo hecho, trabajo pagado, con la factura respectiva, con el pago de los impuestos. Tenemos innumerables suscriptores para los cuales servimos y si una entidad privada nos pide un dato o un estudio, le hacemos con la reserva del caso. Como ya lo he dicho, no soy encuestador de nadie, soy investigador, tengo mi doctorado, tengo mi especialidad. Yo no vendo. De esta empresa he tenido que mandar sacando a candidatos de otras épocas que vinieron a querer comprarme y nadie me puede decir que estoy diciendo algo falso. 

La demanda que ustedes interpusieron por un supuesto hackeo de su sistema informático cómo se está desarrollando?
Presentamos una denuncia a la Fiscalía antes de la planteada por la Sra. ex vicepresidenta de la Asamblea para que se investigue la forma en que se obtuvo la información institucional y privada de Cedatos, ya que ingresaron a los balances de bancos, estados de cuenta, hasta los correos de mis nietas, las fotografías y mensajes de mis nietos. Estamos expuestos totalmente ante quien quiera saber qué hemos hecho, cuánto pagamos, cuánto nos han pagado, a quién hemos escrito, qué documentos han llegado a nosotros y han salido de acá. Prácticamente las vidas de las familias Córdova Calderón y Córdova Leguísamo están puestas en vitrina.
Qué implicaciones tiene eso para su seguridad?
No tenemos una vida privada. Cualquier persona puede hacer uso de nuestra información. En cualquier momento pueden haber malas interpretaciones, malos manejos.
Su denuncia se mantiene en indagación previa?
Sí. Se han hecho mínimas diligencias. Nosotros, incluso hemos presentado indicios de dónde podían provenir esos hackeos, sin embargo nuestra denuncia ya va casi 4 meses en indagación previa, mientras la denuncia hecha por la Sra. Alvarado duró apenas 22 días en esa etapa
El presidente Moreno dice que no cuenten con él para el odio. La denunciante de Cedatos es ahora la ministra de justicia. Qué tan adversa puede seguir siendo su situación legal en este contexto?
Primero la población, en general, nos ha dado demostraciones de solidaridad extraordinaria. Nos hemos sometido a todo lo que han exigido las autoridades aunque, según nuestros abogados, no se ha seguido el debido proceso, pues al ser una denuncia fundamentada en mensajes de redes sociales es nula y lo primero que se debió hacer es declarar su nulidad. 
Cuando Cedatos presentó sus resultados de la segunda vuelta, el CNE les cuestionó o identificó presuntas violaciones al Código de la Democracia?
Jamás. No hay ni una sola notificación. El Sr Juan Pablo Pozo (presidente del CNE) hizo una exposición en la XI Cumbre Mundial de Comunicación Política realizada en Cartagena (en junio pasado), con referencias totalmente negativas en contra de Cedatos y mía, como que en la primera y segunda vueltas nos habíamos equivocado. Nosotros tuvimos en la primera vuelta 99,3% de precisión, sin embargo en su intervención (en Cartagena) Pozo publicó mi fotografía y a Cedatos como una institución que había transgredido los principios de las investigaciones. Yo no le he seguido ninguna acusación y no lo haré. Tampoco voy a demandar a un empleado nuestro que fue gerente y permaneció en nuestras oficinas durante más de un año y que de forma inesperada dio declaraciones el día del allanamiento en contra nuestra. Este sí fue funcionario de Cedatos y ahora se hace denominar testigo protegido de la Fiscalía. 
El entregó la información de sustento de la denuncia de Alvarado?
No puedo afirmar eso. Pero todo lo que está presentado en esa denuncia es sacado de nuestras oficinas. 
A qué atribuye que esta persona haya desempeñado este papel en contra de Cedatos?
No tengo explicación alguna. El desempeñaba funciones en la empresa hasta el día del allanamiento, gozó de total confianza, ingresaba a todas las oficinas, podía hacer uso de los documentos y desde luego había información reservada porque como institución de estudios, en nuestro reglamento interno hacemos constar que las personas tienen que firmar un certificado de confidencialidad.
Ustedes enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) qué expectativas tienen al respecto?
En abril enviamos esa solicitud con el fin de preservar nuestros derechos a la libertad personal, garantías y protección judicial, no solo mía sino de mi familia y de los empleados de Cedatos. Los fundamentos fácticos que presentamos son la preocupante situación de la administración justicia, el uso del derecho penal como mecanismo para silenciar a los ciudadanos y la ineficacia de eventuales acciones emprendidas en el plano interno para tutelar nuestros derechos. 
Por qué este pedido que realizan lo plantean de manera urgente?
Temíamos que este proceso se lleve de una forma que no corresponde y en efecto se lo está haciendo porque la denuncia se fundamenta en información ilegal. También teníamos temor de ser privados de nuestra plena libertad, como es mi caso que estoy prohibido de salir del país y tengo que presentarme cada 15 días en la Fiscalía. Osea tengo una libertad a medias. Estamos planteando también la situación en que se encuentra nuestra empresa
Es verdad que algunas instituciones públicas terminaron los contratos que mantenían con Cedatos?
Si bien estamos en actividad, hemos tenido que superar disposiciones del sector público de dar por terminados contratos que nosotros obtuvimos de forma totalmente legal
Se podía dar por terminados esos contratos de forma unilateral?
Hemos tenido que demostrar la ilegalidad de esa pretendida actuación, unas han retrocedido y otras sí los han dado por terminados
Cuáles han sido las consecuencias económicas de esto?
La incidencia económica es sumamente grande. Hemos tenido que recurrir a créditos bancarios para poder pagar a los empleados y enfrentar los costos de los abogados. 
Entablará demandas por daños y perjuicios?
Los daños y perjuicios sí tienen que ser reclamados. No soy solo yo, hay una  institución y otras personas en ella que sí consideran que se tiene que reclamar aquello que ha sido menoscabado. No descartaría que personas de la organización inicien acciones de este tipo
Por todas las acusaciones del ex presidente Correa y otras autoridades, las acusaciones hechas en redes habría un linchamiento mediático en su contra?
Lógico. Somos objeto de mensajes negativos que menoscaban nuestra integridad personal y empresarial. Se ha llegado al colmo de un acoso a mis nietos que son menores de 12 años
En dónde y en qué contexto?
En sus colegios. Mis nietos son objeto de bullying de parte de algunos compañeros que se pertenecen a familias que trabajan en el Gobierno. Lo denunciamos oportunamente.
La denuncia qué respuesta tuvo?
Se hizo la denuncia en los colegios. Llega a tal punto el sufrimiento, la inestabilidad emocional que dos de mis hijos se han visto en la obligación de cambiar su residencia fuera del país. Se van a fines de este mes con sus hijos para que continúen su educación con normalidad porque son objeto de un acoso que no se puede aceptar. Mi otro hijo mayor vive en Estados Unidos. Nos vamos a quedar con una hija que trabaja como vicepresidenta de la empresa. Ella se va a sacrificar para acompañar a sus papás.
Confía en la justicia? Qué expectativas tiene?
Es un daño irreparable el que se ha producido sobre derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana. Este momento no tenemos cómo protegernos para prevenir las amenazas y el perjuicio irremediable que se trata de hacer a nuestra integridad. Cómo puedo reparar la intimidad de nuestra correspondencia. Aquí tengo más de 20 mil hojas que son parte de los cuerpos del proceso en la Fiscalía. Me sorprendo cada vez que abro y encuentro comunicaciones de personas que me pedían consejos de tipo personal, ex alumnos míos a quienes contestaba, ahora eso ya no es reservado, está a la luz pública. ¿Se podrá reparar eso alguna vez?.  Estamos en una etapa de nuestra vida en que ya merezco un descanso. Aquí se jubilan a los 75 años, yo tengo esa edad, ya debo retirarme. Pero sabe lo que me dicen los que me mandan los mensajes? “Te retirarás pero acabarás tu vida en la prisión”.
Hay antecedentes de demandas similares que se hayan seguido en contra de encuestadoras en otros países del mundo?
En ningún país del mundo ha habido una organización de encuestas que haya sufrido lo que estamos sufriendo nosotros. Tengo mensajes de no menos de 20 organizaciones mundiales que se unen a nosotros. Aquí en el país ha habido organizaciones que repetidamente han dado resultados con 15 y 20 puntos por sobre el resultado electoral oficial. Con semejantes datos han hecho bailar al presidente y a todos sus seguidores y qué les ha pasado? Están presos?

Por Rocío Carpio, Fundamedios
El término prófugo de la justicia puede tener distintas interpretaciones, dependiendo de qué lado esté la balanza. Mientras Pedro Delgado, sentenciado por peculado, gasta sus días en Miami, varios indígenas y campesinos han tenido que pasar en la clandestinidad, lejos de sus familias y en condiciones difíciles. ¿Por qué? Por protestar.
La aplicación discrecional de la justicia durante el régimen anterior no solo generó acusaciones insólitas como aquella de terrorismo y sabotaje a un grupo de defensores de sus derechos, sino que avaló la utilización de instrumentos legales para criminalizar a quienes disentían con el poder.
Los recientes indultos entregados por el presidente Lenín Moreno a cinco luchadores sociales del caso “Los siete de Pastaza” sientan un precedente, sin duda. Pero hay que recordar que en el 2008 —durante el proceso constituyente— fueron amnistiadas e indultadas 357 personas procesadas por defender los derechos humanos. Sin embargo, el régimen que entonces empezaba volvió a criminalizar de forma aún más agresiva a por lo menos 700 personas durante los restantes nueve años, según datos de la CONAIE.
Uno de los casos que recibieron el indulto en ese año, fue el de Dayuma, Orellana, comunidad que en 2007 había paralizado la vía principal de acceso en demanda de obras básicas como agua potable, alcantarillado y electrificación. Por los enfrentamientos que se dieron debido a la represión de la fuerza pública, fueron procesadas 25 personas por terrorismo y sabotaje. No obstante, a la prefecta de la provincia de ese entonces, Guadalupe Llori, se le negó el indulto por haber sido acusada de peculado, según dijo ella, como parte de una persecución política.
Peculado. Este fue justamente el delito por el cual el 16 de mayo pasado, el ex presidente Rafael Correa indultó a Antonio Buñay, ex presidente del banco estatal COFIEC, quien fuera hallado por la justicia como uno de los responsables directos de la entrega en diciembre de 2011 de un crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, pese a que no contaba con las garantías necesarias y en medio de varias irregularidades.
Este es de uno de los mayores entramados de corrupción durante el régimen anterior, por el que Buñay junto a cinco personas más —entre ellas, Pedro Delgado, primo del expresidente y hoy prófugo— fue sentenciado a 8 años de reclusión mayor por el delito de peculado.
Delito que le fue indultado por el ex mandatario, por haber demostrado un “arrepentimiento profundo”, ocho días antes de que entregara el mando. Curioso resulta que el mismo Correa firmaba el 23 de mayo el Decreto 1440 para indulto presidencial con rebaja de pena, en el que establecía que quienes hubiesen cometido peculado no podrían acogerse al beneficio.
Una semana después, y ya posesionada la nueva Asamblea, el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, presentaba un proyecto de resolución para rechazar dicho indulto, pues según dijo, con ello se estaba “generando un lamentable antecedente de impunidad en el Ecuador, un país en donde se indulta a la corrupción y se persigue a quienes la denuncian”. La moción fue negada por la mayoría oficialista con 71 votos en contra, versus 58 afirmativos y dos abstenciones.
Entre los decretos que Correa firmó días antes de terminar su mandato estuvo también el 1430, en el cual indultaba a Stalin Jiménez, el primero de “Los siete de Pastaza” favorecidos con esta disposición, quienes fueron sentenciados a seis meses de prisión por el delito de ataque y resistencia. Esto por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015. No obstante, el perdón llegó tarde: le faltaba menos de un mes para cumplir la pena.
Ataque y resistencia. Por este delito, de reiterada utilización en la criminalización de la protesta social, también fue indultado en mayo pasado bajo decreto presidencial Adrián Morocho Palta, campesino del Azuay sentenciado a 10 meses de prisión por protestar en 2015, junto a su comunidad, por la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de retirar la tasa solidaria de los requisitos para la matriculación vehicular, la cual se invertía en el mejoramiento de las vías rurales.
Hasta fines de mayo eran 194 los casos que esperaban el indulto o la amnistía por delitos relacionados con la protesta y la defensa de los derechos humanos. Hoy el número ha disminuido en cinco, pues Patricio Meza, quien fuera detenido el pasado 6 de junio, recibió el indulto por parte de Lenin Moreno ocho días después. Lo propio sucedió con Elvis Guamán, Segundo Pilataxi, José de la Cruz y José Tubón, quienes fueron indultados el pasado 23 de junio. Todos pertenecientes al caso de “Los siete de Pastaza”.
Kathy Betancourt, esposa de Meza y coordinadora de CONAIE Mujeres, cree que un indulto no es suficiente. “El Estado a través de sus autoridades debe rectificar y reconocer que hubo un abuso en la aplicación de las normas, que los jueces no debieron actuar sobre esos delitos porque eran improcedentes, menos aún las sentencias”.
Y es que el recurso del indulto es, según quienes consideran injusta su pena, una forma de aceptar la culpabilidad y pedir disculpas por un delito que no cometieron. Con ello coincide Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE, quien cree que el Estado no debería perdonar, sino que “debe dar una indemnización a los afectados y reconocer públicamente su inocencia”.
Pero va aún más allá: “el nuevo gobierno quiere mostrar lo benevolente que es sin reconocer lo que se ha cometido los últimos 10 años. El Estado debe reconocer la falta de independencia de justicia en este país, la indebida utilización del derecho penal para criminalizar defensores de derechos humanos, la política de criminalización que se ha desarrollado y fortalecido los últimos 10 años, los abusos por parte de la fuerza pública a las poblaciones campesinas, rurales, mestizas, indígenas, y que se han iniciado juicios infundados y se ha sentenciado a personas inocentes”.
Y es que con la solicitud de perdón presidencial se reconoce la culpa. Así como Buñay tuvo que demostrar su profundo arrepentimiento por el delito cometido, los criminalizados por la protesta social han tenido que hacer lo mismo, pues el arrepentimiento expreso es un requisito para obtener el indulto, según señala el Decreto 461 de septiembre de 2014, el cual establece el reglamento para otorgamiento del indulto presidencial. Este decreto, a diferencia del 1440, no incluye como impedimento el peculado, sino varios delitos de lesa humanidad.
El indulto inconstitucional
Cuando se conoció la noticia de que Antonio Buñay había sido indultado por el expresidente Correa, la opinión pública se preguntaba ¿cómo se mide el arrepentimiento profundo en un sentenciado por peculado? Es probable que la pregunta quede inconclusa pues el artículo 147.18  de la Constitución que establece las atribuciones del Presidente de la República, señala que este puede “indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley” y no establece ninguna excepción.
Ello en contraste con el artículo 120.3, en el que se señalan las atribuciones de la Asamblea Nacional y en lo referente a indultos establece que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública”. El peculado está tipificado como un delito en contra de la eficiencia de la administración pública, según el art. 278 del Código Orgánico Penal (COIP).
El jurista Joffre Campaña cree que si se hace una interpretación sistémica de la ley, “¿cómo es que la Asamblea no puede otorgar indultos por delitos contra la administración pública y el presidente sí? La Constitución debe ser entendida de manera global”. Para el abogado, existe una evidente contradicción, por lo cual, el Presidente no está facultado para conceder indultos por peculado.
Según Ramiro García Falconí, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no es que haya una contradicción entre estos dos artículos, “simplemente que si ya está delimitado el indulto en el artículo 120 no podemos decir que el artículo 147 es una institución diferente, por lo tanto está sometido a las mismas limitaciones”.
Y por ello es que considera que el indulto otorgado a Buñay es inconstitucional.
Para el jurista Juan Pablo Albán, este indulto es inconstitucional pero por otros motivos. Al no existir una ley que establezca las condiciones del indulto presidencial, sino que está regulado vía acto administrativo, como lo es un decreto, esto vulnera el principio de reserva legal, incluido en la Constitución. “Cuando se trata del ejercicio de derechos, en este caso el derecho al indulto por motivos fundados, la reglamentación del ejercicio de derechos debe hacerse por ley”, explica.
Sin embargo, Albán cree que pese a que el indulto es una potestad presidencial y que en teoría puede otorgársela a cualquier persona que haya cometido un delito, el tema no es justificable dentro de otros puntos de vista, más allá de lo jurídico.
“Algún tipo de explicación debería existir para otorgar un perdón a alguien, ahí es donde la cuestión se complica, pues si usted otorga un indulto por razones humanitarias, por razones de persecución política, es una cosa, pero si usted otorga un indulto en razón de que un amigo está en la cárcel por haber cometido alguna trapacería, ya políticamente y moralmente no es justificable”, explica.
Para García Falconí, los decretos presidenciales para aplicación de indulto “desconocen las limitaciones que establece la Constitución y eso nos demuestra que el poder manejado arbitrariamente hace lo que le da la gana”.
Similares observaciones hizo el asambleísta Esteban Bernal durante su intervención en la Asamblea para rechazar tal indulto. “A esta Asamblea la Constitución nos limita, y qué bien que lo haga, a que el indulto sea solo para casos humanitarios y no para casos de corrupción, pero le da al Presidente todas las libertades”. Por ello, dijo, presentará un proyecto de enmienda del artículo 147 numeral 18 de la Constitución “para que en el Ecuador del futuro nunca más un presidente indulte la corrupción”.
Respecto a la solicitud de indulto de Antonio Buñay, se hizo una petición de información al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que entregue dicha solicitud y el informe que, según el reglamento para otorgar indultos, detallado en el Decreto 461, debe ser realizado por tal ministerio pues es el encargado de recibir la petición y de emitir una recomendación acerca de la pertinencia del otorgamiento del indulto presidencial. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
También se consultó con el abogado de Buñay, Juan Carlos León, quien dijo desconocer el documento, pues aseguró que su defensa llegó hasta el pedido de casación en la Corte Nacional de Justicia, y que se enteró del indulto a través de los medios. Ello pese a que anteriormente dio declaraciones sobre los detalles de la salida de Buñay de la cárcel, en las que aseguraba que se había reunido con la familia del beneficiado para resolver el pago de la sanción pecuniaria que no le fue perdonada.
El expresidente Correa ya había otorgado con anterioridad otro indulto a un sentenciado por peculado, en septiembre de 2016. Se trata de Luis Xavier García Blandín, quien fue acusado de perjudicar al Estado por 702 dólares, y haberse beneficiado con 120 dólares del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Por este delito fue sentenciado a ocho años de reclusión mayor en 2012.
El COIP como instrumento de criminalización
Por la misma fecha en la que se concedió el indulto a Buñay, organizaciones como la CONAIE e Inredh iniciaron una campaña pública a modo de petición de indulto para 20 personas con sentencias en su mayoría por delitos asociados a protesta social y defensa de sus derechos, y la amnistía para 174 con procesos penales por causas similares.
“La mayoría han sido procesadas por defender sus derechos de educación, como el libre ingreso a la universidad, o sus derechos territoriales, pidiendo que se realice consulta previa libre e informada en sus comunidades antes del inicio de actividades extractivas, o exigiendo que no se cierren sus organizaciones”, explica Wilson Ordoñez, abogado de la CONAIE.
Ordoñez añade que no han podido abarcar todos los casos, pues se trata de  un proceso tan amplio que les ha desbordado en logística. No obstante, aunque están los casos del ex asambleísta Cléver Jiménez, acusado de divulgar documentos protegidos, y el de varios miembros de una comunidad del Cañar que fueron sentenciados por secuestro extorsivo por, según dijo su defensa, haber impartido justicia al interior de su comunidad, la mayoría de esa lista son indígenas y campesinos procesados por delitos relacionados con la protesta social.
Estas figuras penales, en su mayoría, están establecidas en el COIP como “Delitos en contra la estructura del Estado constitucional”, tipificados dentro las reformas que se hicieron al Código Penal en 2014. Entre ellos están las figuras de paralización de servicio público, asociación ilícita, sabotaje, terrorismo, rebelión, usurpación y retención ilegal de mando, e incitación a discordia entre ciudadanos.


Una de las figuras más utilizadas desde la aprobación de tales reformas es la de ataque y resistencia, tipificada en el artículo 283 del COIP, la cual está dentro de los “Delitos en contra de la eficiencia de la administración pública”, el mismo grupo en el que se encuentra el peculado.
Se trata de una figura ambigua que básicamente dice que la persona que se resista o ataque con violencias o amenazas a un empleado público será sancionada con prisión de mínimo seis meses. Además, describe varias agravantes que van aumentando la pena hasta llegar a los 26 años, si se produce la muerte.
Para Ordóñez, se trata de un tipo penal demasiado amplio, que deja abierta la interpretación. “Cualquier persona que se resista o se oponga es un delincuente, cuando sabemos que es un derecho oponerte a algo que te perjudica”. También cree que su tipificación dentro de los delitos en contra de la administración pública fue parte de una estrategia de criminalización bastante pensada, pues, como se explicó anteriormente, la Asamblea está vetada para otorgar indultos para este tipo de delitos.
La otra figura más utilizada es la paralización de servicio público, lo cual, según Ordoñez, es una forma de quitarle a los indígenas su principal forma de protesta: la toma de carreteras. “Con ello, formas históricas culturales de manifestación se convierten en delitos penales”.
Según Juan Pablo Albán, “lo más fácil en un contexto en el que se busca silenciar al que piensa diferente y enviar un mensaje disuasivo al resto de personas que podrían ejercer su derecho a protestar, es utilizar los instrumentos del derecho penal y convertir esos actos legítimos de protesta en actos ilícitos, y caracterizarlos como terrorismo, sabotaje, desobediencia a la autoridad, etc.”.
Antes de que se reformara el Código Penal, el delito de sabotaje y terrorismo fue la figura utilizada para perseguir a los defensores de sus derechos. En 2011, la revista Vanguardia informaba citando a la fiscalía que en ese año “se produjeron 994 denuncias por terrorismo y sabotaje, siendo Guayas la provincia donde más casos se presentaron con 188. Asimismo, sólo entre enero y febrero de este año (2012), ya se presentaron 128 denuncias similares”.
Los  célebres casos de Mery Zamora, ex presidenta de la UNE y “Los 10 de Luluncoto” fueron precisamente procesados o sentenciados –en el caso de los últimos- por esta polémica figura penal que, supuestamente, fue cambiada debido a presiones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
En noviembre de 2012, durante la audiencia temática de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos de la naturaleza, la delegación de Ecuador aseguró que las reformas legales incluirían la eliminación del Código Penal la tipificación de terrorismo y sabotaje.
Aunque este artículo en efecto fue desechado, ambas figuras no fueron eliminadas del COIP, sino que se tipificaron por separado y además, se incluyeron nuevos delitos como la rebelión, la usurpación y retención ilegal de mando, la destrucción de registros o la incitación a discordia entre ciudadanos, varios de los cuales han sido usados desde 2014 para perseguir y criminalizar a activistas de DDHH y de la naturaleza.
Esto a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, el cual incluye también el derecho a la protesta:
Art. 98: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
Tanto Ordoñez como Albán señalan que el derecho a la protesta es, además, el ejercicio de tres derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que son la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, los cuales han sido vulnerados durante el pasado régimen, como una forma sistemática de acallar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales.
Organismos internacionales como la CIDH recomendaron al Estado ecuatoriano que “se archiven los procesos judiciales en contra de defensoras y defensores de derechos humanos que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a defender los derechos humanos” (CIDH 2015, 163).
Así también lo hizo el Consejo de DDHH de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado en mayo pasado, donde se emitieron 20 recomendaciones a Ecuador sobre evitar la  criminalización de  la protesta social, el abuso de la fuerza pública en las manifestaciones indígenas y el enjuiciamiento a sus líderes y organizaciones de base.
¿Por qué? Por protestar
Según los decretos 32 y 51 firmados por Lenín Moreno, se otorgan los indultos por “la herencia histórica de las luchas de liberación”. De las 19 solicitudes de indulto enviadas, 12 están directamente relacionadas con la protesta social. De estas, las de los hoy indultados Siete de Pastaza estaban en estatus urgente pues eran las únicas con sentencias ejecutoriadas y orden de prisión, por lo cual los imputados estuvieron en la clandestinidad desde septiembre de 2016, cuando la Corte Nacional de Justicia les negó el recurso de casación. No obstante, venían de un proceso de dos años, en el que algunos ya estuvieron detenidos ilegalmente, afirmaron sus abogados.
Estos ciudadanos fueron sentenciados por haber participado en el levantamiento indígena de agosto de 2015, el cual dejó un saldo de 98 procesados penalmente por delitos como ataque y resistencia, sabotaje, paralización de servicio público, e incitación a la discordia ciudadana, según un informe de la CONAIE e INREDH.
La agenda política de estas movilizaciones incluía demandas al gobierno sobre temas laborales, reformas al Código del Trabajo, enmiendas constitucionales, derogatoria de la Ley de Aguas, Decreto 16, archivo de la Ley de Tierras, recuperación de la educación intercultural, rechazo a la política extractivista en los territorios, entre otros.
Varias violaciones a los derechos humanos y al debido proceso fueron denunciadas por diversos organismos sociales y de DDHH; ello no impidió que se sentenciaran 27 personas de las provincias de Pastaza, Cañar, Cotopaxi, Azuay Orellana, Morona Santiago y Loja (Saraguro). Este último reconocido como uno de los casos en los que hubo más abusos por la violenta y desproporcionada represión de la fuerza pública. Por el caso Saraguro hoy esperan el indulto cinco personas, a quienes les dieron 4 años de prisión, pese a que el delito de paralización de servicios públicos tiene una pena máxima de tres. Sus sentencias se encuentran a la espera de casación en la Corte Nacional.
Otro de los casos más cuestionados fue el desalojo forzoso en agosto de 2016 de Nankints, poblado shuar en Morona Santiago, para darcriminalización de líderes y dirigentes indígenas está el del ex asambleísta Pepe Acacho, acusado de terrorismo organizado por supuestamente ser el responsable de la muerte del indígena shuar Bosco Wisum en 2008, durante la toma del Río Upano en Morona Santiago, en el que la policía reprimió violentamente la manifestación por la Ley de Minería y la Ley de Aguas.
También están los tres procesos del presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, acusado por los delitos de paralización de servicio público, ataque y resistencia, e incitación a la discordia entre ciudadanos, en el marco del levantamiento indígena de 2015, así como el caso de  El Pambilar en Esmeraldas, en el que varios pobladores están acusados de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, por sus lucha de varios años en contra de la maderera Botrosa.
Estos son apenas una parte de los casos con procesos penales que hoy buscan la amnistía de la Asamblea o el indulto presidencial.
¿Por qué? Por malversar fondos públicos
La respuesta al por qué fue indultado Antonio Buñay por el caso Duzac la dio el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a los pocos días de conocida la noticia: “Fue un tonto útil”. Y agregó que el verdadero culpable es Pedro Delgado, quien lleva prófugo desde diciembre de 2012, y cuya extradición fue solicitada el 29 de mayo pasado por el fiscal general Carlos Baca Mancheno pese a haber sido sentenciado a ocho  años de prisión por la Corte Nacional de Justicia, junto con los otros cinco imputados, en abril de 2015.
Como presidente del Banco Central y del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, Delgado presionó para el otorgamiento del crédito por $800.000 al ciudadano argentino Gastón Duzac, según determinaron las investigaciones. Para los jueces de la Corte Nacional que llevaron el proceso, Delgado “generó la idea criminal y convenció deliberadamente a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de dineros públicos”.
No obstante, según la justicia, la responsabilidad de Buñay estaría al mismo nivel que la de Delgado, pues como presidente ejecutivo de Cofiec “dispuso que sea aceptada la solicitud de préstamo para Duzac sin cumplir con la normativa interna del banco. El fiscal Galo Chiriboga demostró que Buñay ejerció abuso de autoridad a sus subalternos, a sabiendas de que esa solicitud no contaba con sustento legal, y cuando las ex gerentes de crédito y de riesgos se negaron a firmar la operación de crédito, fue Buñay quien las sumilló en su lugar”, reza un boletín de la Fiscalía.
Patricia Sandoval, exgerente de crédito, y Jackeline Jiménez, exgerente de riesgos de Cofiec declararon, en efecto, haber recibido presiones del expresidente ejecutivo del Banco Cofiec, Antonio Buñay y de Francisco Endara, representante del Fideicomiso AGD No Más Impunidad. No obstante, ambos aseguraron haber sido presionados a su vez por Delgado.
El caso se dio a conocer en el 2012 cuando se iniciaron las indagaciones por la mora en el pago de dicho crédito que tenía como plazo seis meses. Por entonces, una investigación de revista Vanguardia destapó toda la trama de corrupción dentro de la entidad financiera estatal. Se supo de toda la serie de irregularidades que iniciaron con la aprobación en 24 horas del crédito que Duzac había solicitado para un proyecto de billetera móvil, una especie de plataforma de dinero electrónico para pagos de servicios.
La solicitud de crédito se había hecho antes de que Duzac abriera una cuenta en dicha entidad. Luego se supo que las garantías que presentó eran de Seguros Rocafuerte, una empresa administrada por el Estado. Dos días antes de que venciera el plazo de pago, se cambiaron esas garantías por las de Agrícola Las Mercedes, administrada por el fideicomiso AGD-CFN No más impunidad.
El dinero fue transferido a dos cuentas en los EEUU, a nombre de dos ciudadanos argentinos a quienes nunca se investigó, pese a que nunca fue cancelado el préstamo en su totalidad. Antes de que se venciera el plazo de pago, Duzac salió del país y desde entonces está prófugo en su natal Argentina. Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 2013, se hicieron dos pagos en agosto y diciembre de 2012 por $90.000, a través del abogado de Duzac, pero, según la propia UAF, “sin explicación razonable del origen de los fondos”. Es decir, no se sabe quién canceló ese dinero.
En el 2014 se hace otro abono con un cheque por 380.908,50 dólares, el cual sumado al anterior, dan 470.908,50 dólares. Ese fue el último pago que se hizo, y no se conoce que se haya buscado la cancelación del resto del dinero en todo este tiempo. El entonces fiscal Galo Chiriboga declaró que inició una investigación para conocer el origen de los fondos, por un posible lavado de activos, pero nunca se conoció el resultado.  Ese mismo año se había iniciado el proceso de extradición de Duzac, el cual nunca se llevó a término.
Según la investigación del exasambleísta Andrés Páez, detallada en el libro Duzac: Atraco e impunidad, el argentino habría llegado al país por las gestiones de su compatriota Pedro Elosegui, antiguo compañero de la Universidad de Ilinois del expresidente Correa. “Elosegui comenzó a moverse en Ecuador para concretar algunos negocios, como la instauración de la billetera móvil y varias propuestas para el banco incautado Cofiec”, vinculación que el exmandatario siempre ha negado.
En el 2014, Delgado enviaba una carta desde Miami en la que responsabilizaba a su primo de todo: “Como lo indiqué en el escrito presentado a la Fiscalía, nunca he negado que pedí al señor Antonio Buñay se reúna con Gastón Duzac, Pedro Elosegui y otros empresarios argentinos, ya que dicho pedido correspondía a instrucciones directas que recibí del Presidente de la República, a partir de la visita de un grupo de empresarios argentinos a Ecuador, los cuales tenían varios proyectos, solicitándome atenderlos”. Posteriormente en una entrevista dada en marzo de este año, lo calificó de traidor.
Correa al respecto dijo que su primo es un “delincuente y farsante” que busca hacerle daño y rechazó cualquier tipo de responsabilidad. En otra ocasión calificó a la entrega del crédito como simples “pillerías”.
Además de Buñay, fueron declarados culpables por el delito de peculado y sentenciados a ocho años de reclusión, Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado y exsecretario técnico del fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, quien fue capturado en marzo del 2014, y hoy en día el único que cumple la sentencia. Pedro Delgado y el argentino Gastón Duzac, que están prófugos. Los otros dos inculpados, Marcelo Ordoñez, ex gerente de finanzas de COFIEC y Pedro Zápac, expresidente de Seguros Rocafuerte, interpusieron una acción extraordinaria de protección, la cual hasta el día de hoy no ha sido resuelta, por lo que continúan libres.
Según Juan Carlos León, abogado de Buñay, existió una mala aplicación del artículo 257 del COIP que refiere al peculado, pues según él, su defendido no tenía la capacidad de autor. “En algún momento increpé al Fiscal General y le dije que me indique en qué momento Antonio Buñay otorgó el crédito, pero aquella circunstancia jamás se determinó. Entonces, de alguna u otra forma el caso resultó un tanto político y a la final los resultados son evidentes, que concluyeron incluso con un indulto”. Para León, los verdaderos culpables son los miembros del directorio de COFIEC, por lo que Buñay sería una especie de cómplice. No obstante, pese a que fueron llamados a juicio, los cuatro miembros del directorio fueron sobreseídos.
Antonio Buñay, quien fuera detenido en noviembre de 2015, en total pagó un año y medio de su pena. Se intentó conseguir una entrevista con él, sin embargo, su abogado aclaró que él no quería dar declaraciones y que quería disfrutar de su libertad y mantenerse bajo perfil.

Fernando Villavicencio
Christian Zurita Ron
A partir de la liberación de nueva información en los tribunales brasileños y con la firma del acuerdo entre la Fiscalía de Ecuador y Odebrecht, se tuvo acceso a varios expedientes, emails, audios, transferencias bancarias, declaraciones de detenidos, delaciones premiadas, entre otras evidencias, que conducen a identificar responsabilidades al más alto nivel del poder político de Ecuador. El país andino espera ver esta historia completa, “caiga quien caiga“, como ha ofrecido el presidente Lenin Moreno.
La primera figura del gobierno de Alianza País en caer por el escándalo de corrupción Lava Jato, fue el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera Rodríguez (abril de 2017), acusado de haber recibido U$1millón de Odebrecht, para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Toachi — Pilatón, según delación de Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernandes Meias Bessa, ejecutivos de Odebrecht. Sin embargo, algo no revelado hasta ahora era que, la negociación de ese contrato se inició con Rafael Correa Delgado, cuando fue ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio, en 2005, según consta en uno de los cables de Itamaraty hasta ahora desconocidos en el país, que esta publicación pudo conseguir.
De acuerdo con el informe del Embajador de Brasil en Quito, Sérgio Augusto de Abreu e Lima, en reunión del 16 de mayo de 2005 entre Rafael Correa y ejecutivos Odebrecht, se convino en la construcción de la central hidroeléctrica Toachi — Pilatón; en una modificación del aeropuerto del Tena; y, en un crédito de 40 millones de dólares. Según lo manifestado por el diplomático, el acuerdo con Correa garantizaba que Odebrecht participaría, como “primer oferente“ y que la oferta brasileña sería sometida a un modelo “swiss challenge”. El referido cable tiene tres páginas y en uno de los párrafos se destaca la prioridad que le dio al proyecto el entonces ministro Correa y el afán de viabilizar Toachi — Pilatón “en el más breve plazo posible“.
“El ministro Correa confirmó las prioridades que atribuí al proyecto, dio señales positivas en cuanto a la participación brasileña en la construcción y determinó qué asesores acompañarán el desarrollo de los acontecimientos para viabilizar la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, en el más breve plazo posible“.
Alecksey Mosquera con Rafael Correa y Baroja firmando el contrato.
Tres meses después de esa reunión el prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González (entonces aliado de Correa), adelantaba una resolución dejando en el camino a la competidora Impsa y abriendo paso a la constructora brasileña. La firma del contrato solo se pudo realizar en 2007 una vez posesionado Rafael Correa, como Presidente, y mientras Alecksey Mosquera ocupaba la cartera de Electricidad.
En defensa de Alecksey Mosquera salió el expresidente Rafael Correa: se trata de un “pago entre privados“ dijo, señalando que la transferencia del millón de dólares se hizo en 2011, cuando ya no era ministro, lo cual fue desmentido con los informes de la policía de Andorra. En efecto, según el referido informe policial, el pago del millón de dólares fue realizado en 2008 mediante transferencias de la offshore Klienfeld (Odebrecht) a la cuenta de Tokio Traders y, de esta, en 2011 a Percy Trading, dos empresas de Marcelo Endara, tío político de Alecksey Mosquera. Finalmente, con ese dinero supuestamente se adquirió maquinaria que acabó el 2012 en la empresa Truenergy, de propiedad de Alecksey Mosquera y Santiago Játiva, operador del contrato de la autopista Ruta Viva, suscrito con Odebrecht en la administración del alcalde de Quito, Augusto Barrera (Alianza País).
Jorge Glas dice que casi sacó a patadas a Marcelo Odebrecht de su oficina. Odebrecht no ha dado su versión de las escena.
Tras la ruptura de 2008 por los problemas en la central San Francisco ( en el centro del país), vino un período de negociación hasta la firma del acuerdo de retorno en 2010, siempre bajo la tutela política de Lula y Correa. Aunque en el plano empresarial, las figuras descollantes fueron las de Luiz Antonio Mameri, el poderoso rostro de Odebrecht que, luego de salir de Ecuador, ya como vicepresidente de la empresa supervisó el sector de operaciones estructuradas — el área encargada de organizar, administrar y ejecutar el gigantesco programa de sobornos de la corporación; y Jorge Glas Espinel, el responsable de los sectores estratégicos del gobierno de Alianza País.
Sin duda, muchos servidores públicos que ocuparon cargos relevantes, tiemblan al escuchar el nombre de Luis Antonio Mameri. Tiemblan porque fue el ejecutivo que labró su carrera en Ecuador y conoce tan cerca el país que lleva en su memoria los nombres de todos los sobornados.
Mameri forjó su historia en Ecuador, en la primera década de este siglo logró concretar importantes proyectos como centrales hidroeléctricas, sistemas de riego y control de inundaciones, trasvases de aguas y un aeropuerto en la Amazonia, todos por no menos de 800 millones de dólares hasta antes del retorno. Luego del conflicto, Mameri retornó a Brasil con un cartel de amplia experiencia y que le encaminaron a la presidencia de operaciones en la región. Desde su nuevo cargo debió seguir con detenimiento la negociación para el retorno de Odebrecht a Ecuador que, paradójicamente, tuvo como contraparte a Jorge Glas Espinel, el hombre con el que no llegaron a un acuerdo en 2008.
Para entonces Glas tenía más poder y a inicios de 2010 se hizo cargo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos que controla la generación de energía y los recursos no renovables como agua, minería, petróleo. Todos los contratos en las áreas estratégicas cuentan con el visto bueno de Jorge Glas, quien fuera delegado por Correa a los directorios de las empresas petroleras. En esa condición, Glas aprobó la firma de tres contratos, dos en la refinería del Pacífico por un monto superior a U$ 600 millones y en Petroecuador el contrato del poliducto Pascuales — Cuenca, por un monto que llegó igualmente a U$ 600 millones.
Jorge Glas en el poliducto Pascuales Cuenca, otra obra cuestionada por su costo final.
Ciro Morán Maridueña es pariente político de Jorge Glas. Con su firma, se concretó el regreso de Odebrecht, que recibió una bienvenida recargada de contratos del Estado
Parentesco confirmado. La relación de Ciro Morán Maridueña con los Glas viene del lado de su hermana por el lado materno.
El 8 de julio de ese año el acuerdo estaba firmado. Para eso Glas delegó a Ciro Camilo Morán Maridueña, gerente de la empresa pública Hidropastaza, que manejaba la deteriorada central San Francisco. Hace siete años nadie sabía que Morán Maridueña estaba ligado familiarmente a Jorge Glas. El caso es que su primo hermano, Pablo Heriberto Glas Rodríguez, está casado con Marianela Salazar Maridueña, que es media hermana de Ciro Camilo Morán Maridueña. Jorge Glas nunca hizo relación alguna al hecho de haber permitido el regreso de Odebrecht (luego de toda la corrupción denunciada por la prensa) con la firma de alguien cercano a su entorno familiar. Luego de firmar el acuerdo con Odebrecht Morán Maridueña estuvo al frente de Ecuador Estratégico e Hidrolitoral, empresas públicas bajo el mando de Jorge Glas.
Por el lado de Odebrecht, el acuerdo fue asumido por José Santos Filho, un ejecutivo que actuó basado en la experiencia de Mameri y que recibió sendos poderes para representar a la empresa en Ecuador. El ejecutivo brasileño grabó videos con políticos ecuatorianos y los presentó ante la justicia para reducir su pena, los cuales fueron ya entregados a la Fiscalía de Ecuador. (desplegar documento)    
U$ 857 MILLONES EN SOBRECOSTOS
Luego de la firma del convenio de regreso en 2010, Odebrecht se comprometía a reparar las fallas en San Francisco y al pago de U$ 20 millones de indemnización. Así se archivaron glosas por U$ 80 millones y una demanda internacional por U$ 250 millones quedó en amenaza. Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los U$ 800 millones que tenía en contratos, antes de la expulsión, logró sumar otros por U$ 3.300 millones. Hasta la fecha Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los U$ 4.100 millones y de acuerdo con investigaciones periodísticas los sobrecostos llegan a U$ 857.115.578,51. Esta cifra no incluye incrementos en los contratos de la Ruta Viva y el Metro de Quito.
A raíz de la firma del acuerdo con Ecuador el 8 de junio de 2017, Odebrecht hizo público un comunicado en el que ofrece disculpas y confirma la entrega de información sobre los sobornos. Casi de forma simultánea se practicaron allanamientos a varias propiedades, se extendieron órdenes de prisión y se ejecutaron detenciones. La principal fue la captura del exintendente de Telecomunicaciones del régimen de Correa, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, acusado de recibir U$ 13 millones en sobornos, cuyo proceso fue declarado bajo “reserva de estado“. La vivienda del reelecto Contralor del Estado, Carlos Pólit, también fue allanada, pero el funcionario había salido del país horas antes y luego desde Estados Unidos presentó la renuncia al cargo. Se emitió también un boleta de captura en contra del exministro Walter Solís, cuyo paradero se desconoce.
Un ambiente de nerviosismo se vive en Ecuador en especial al interior del movimiento de gobierno, cuando se sabe que decenas de nombres de altos funcionarios y exfuncionarios públicos constan en la información entregada por Odebrecht y en las delaciones y videos de ejecutivos como Luis Antono Mameri y José Santos Filho, entre otros, aún por revelarse.
El flamante fiscal general Carlos Baca Mancheno (ex asesor del ex presidente Correa), aseguró que Odebrecht conseguía los contratos a través de una “aparente legalidad“ y desarrolló un esquema en el que la mayor parte del dinero no pasó por el sistema financiero ecuatoriano, por eso no se pudo rastrear, precisó. Sin embargo, información obtenida por nuestro equipo de investigación, pudo identificar por el momento, al menos 1 millón de dólares presuntamente transferidos desde Ecuador, cuyo destino fue una cuenta en el Multibank perteneciente a Constructora Internacional del Sur, la offshore de Odebrecht en Panamá.
Los documentos identifican cuatro transferencias, entre marzo y septiembre de 2007 por un monto total de U$1076.610,16. Las acreditaciones se efectuaron desde la cuenta 0816–04730 del Produbanco en Panamá y fueron ordenadas por el cliente Livro S.A., una empresa localizada en Quito en las calles Reina Victoria y Cristóbal Colón, aunque no se determinó un piso ni número de oficina. El cliente beneficiario fue Constructora Internacional del Sur en su cuenta 10012106877 del Multibank.
Las transacciones se canalizaron en marzo ($260.826,73) como aporte inicial para capital de operación; en abril ($315.776,19) como aporte de capital; en agosto ($300.127,91) y septiembre ($199.879,33) como reembolso de gastos. Livro S.A., que no está registrada en la Superintendencia de Compañías de Ecuador, tampoco es conocida en la dirección que establece el Multibank para las transferencias internacionales.
De la información revisada hasta el momento, al menos cuatro empresas domiciliadas en Suiza, República Dominicana, España y Ecuador, realizaron transferencias a cuentas de la offshore Constructora Internacional del Sur, por una cifra superior a U$ 9 millones: Smith anda Nash Engineering Co. Inc (Suiza)., por U$ 4 millones 775 mil; Townbu Corporation por U$ 1 millón 800 mil; Livro SA/Ecuador, $ 1 millón 76 mil 610; Ludingdale Inve/República Dominicana por U$ 512 mil 820.
La offshore Constructora Internacional del Sur registró dos cuentas en el Multicredit Bank. La una se creó en 2007 y se cerró en 2009, la segunda se abrió en 2008 y se cerró en junio de 2010. Las transferencias internacionales que realizó Constructora Internacional del Sur tenían como destino islas del Caribe como Antillas, Cayman, Curacao Netherlands, pero también a otras partes del mundo, como Andorra, Perú, Estados Unidos y ciudades de China. El firmante de la cuenta principal es Olivio Rodríguez Junior, así como su “beneficiario final”, según este declaró al banco.
Estas operaciones financieras con entidades offshore; los incrementos en los costos de las obras (U$ 857 millones); la participación de Rafael Correa, Jorge Glas y altos mandos políticos en la negociación para el retorno de Odebrecht y en la firma del contrato de Toachi — Pilatón, revelados en esta investigación, exigen respuestas del poder judicial y político de Ecuador.

Tomado de https://ecuadortransparente.org/correosmera/
Sendos correos electrónicos filtrados de la cuenta de Alexis Mera Giler, el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, revelan que influyó sobre Carlos Pólit, el contralor general del Estado y los funcionarios de esa entidad que examinaban los procesos de terminación de los contratos de Fabricio Correa en el caso llamado El gran hermano.
Se trata de una serie de correos electrónicos que intercambiaron Jorge Tapia, patrocinador jurídico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Alexis Mera, entre junio y diciembre de 2013. En ellos Tapia le informa de la situación y avance de los juicios de Cosurca, Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías.
A uno de los mails Jorge Tapia le anexó documentos jurídicos de esos juicios y, además, los nombres de los jueces a cargo de cada causa. Evidencia además cómo Tapia pidió la intervención de Mera contra Margoth Flores, auditora jefe de la dirección de auditoría de sectores estratégicos de la Contraloría General del Estado porque hacía demasiadas preguntas al investigar la legalidad de la terminación de los contratos de Fabricio Correa
Tapia le pidió a Mera hablar directamente con CP, se sobreentiende Carlos Pólit, entonces contralor. Mera responde escuetamente los correos, pidiendo más información, y al seguir avanzando cronológicamente, se sobreentiende que ya resolvió la situación. Todo ello comprobado pues, Fabricio Correa, en efecto, perdió todos los juicios  que interpuso en contra el estado.
En la correspondencia se encuentran mensajes como este: “Preocupa que esta señora siga fregando en el MTOP y que el informe (adjunto) siga vigente, porque podría ser una bola de nieve con el tiempo. Esa señora es un peligro, pero mucho mas el informe mientras ella misma no lo deje sin efecto”.

Otros correos en los que Jorge Tapia y Marcos Iván Caamaño Guerrero, abogado coordinador general jurídico de MTOP, le comentan a Alexis Mera que la auditora Margoth Flores volvió a pedir un examen. Tapia le dice que al parecer Flores no le hizo caso a CP (Carlos Pólit) o este no hizo caso al pedido que él (Alexis Mera) le hizo.
En septiembre de 2009, luego de conocerse la serie de contratos ilegales que Fabricio Correa tenía con el Estado, el hermano del expresidente declaraba que Alexis Mera estaba presionando para liquidar a Cosurca, una de las empresas que se comprobó le pertenecían y que tenía contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, pocas fueron las miradas que se posaron sobre el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia.
Por esos días se había destapado, gracias a una investigación publicada en junio de 2009 por Diario Expreso, la adjudicación de cuatro contratos a Fabricio Correa, a través de dos compañías: Cosurca y Megamaq, y las alianzas de empresas Consorcio Amazónico y Consorcio Puentes y Vías, a las que pertenecían las dos empresas antes mencionadas. Tales contratos claramente contravenían el artículo 62.2 de la Ley Orgánica Nacional de Contratación, el cual prohíbe celebrar contratos públicos a quienes guardan relación de parentesco por consanguinidad con el Presidente de la República o funcionarios del Estado.
Aunque el expresidente Correa trató de defender en primera instancia a su hermano, expresando frases como “que me demuestren qué de ilegal tienen estos contratos y en qué se ha perjudicado al país”, más tarde se viró en su contra, como parte –según varias voces y los propios periodistas que hicieron la investigación- de una estrategia de cortina de humo para tapar el fondo verdadero de la adjudicación de tales contratos que nunca fueron investigados a fondo ni por la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Asamblea.
Como una manera de paliar el escándalo que se había generado tras la investigación periodística de Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, el MTOP decidió terminar los contratos unilateralmente y así dar por concluido el tema. Y es aquí en donde empieza el entramado de manipulación de la justicia que gracias a un documento entregado por fuentes confidenciales ha revelado la forma en la que actuaba Mera para influenciar sobre juicios, jueces y sentencias.
Fabricio Correa tenía razón respecto a los intentos de Mera de liquidar una de sus empresas –de las que posteriormente su representante negaría inútilmente cualquier vinculación- pero lo que quizás no se conoció públicamente es que el ex Secretario Jurídico de la Presidencia movió las fichas en la mayoría de juicios que el hermano del expresidente, a través de las empresas contratadas por el MTOP, interpuso en contra de dicho ministerio por incumplimiento de contrato, y por daños y perjuicios por la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento de los contratos;  además de otra demanda al INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas) por su inclusión en el registro de contratistas incumplidos.
Fueron diez en total los juicios que se ventilaron en los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo de Quito y Loja, por los contratos para la rehabilitación de la vía El Empalme-Celica, la reconstrucción plan Milagro-Gualaquiza, la reconstrucción de la vía Alamor-Lalamor, la edificación del puente sobre el río Paute y por la carretera Arenillas puente Puyango-Alamor-Zapotillo-Lalamor.
De ellos, los dos primeros juicios en tener sentencia ejecutoriada a favor del MTOP fueron los juicios 215 y 230 de Cosurca y Consorcio Amazónico, respectivamente, a los cuales les fue negado el recurso de casación.  El intercambio de correos incluye un pasaje al respecto, del 10 de octubre de 2013, en el que Mera le escribe a Rafael Correa con copia a Fernando Alvarado lo siguiente:
“La Corte Nacional de Justicia ha declarado en definitiva instancia que Fabricio Correa no podía contratar con el Estado, a través de Cosurca y que no tiene derecho a indemnización alguna por la terminación unilateral. Con esto la teoría del “tongo” para beneficiarlo que decía Pinoargote y los periodistas que hicieron el libraco, se tumba… Te felicito…”
 Rafael Correa le responde: “Para redes y Recordando las mentiras”, a lo que Fernando Alvarado contesta: “Copiado presidente”.
Aquí las capturas de pantalla de tales correos, en orden cronológico inverso:

Con estos correos claramente se devela la estrategia de cortina de humo y propagandística con la que se manejó el caso Fabricio Correa y sus contratos con el Estado. Según tales comunicaciones, aquellos fallos de la Corte Constitucional servirían para despejar todas las suspicacias de la prensa alrededor de los contratos, al referirse a Alfredo Pinoargote y a los “periodistas que hicieron el libraco”, que se sobreentiende, son Calderón y Zurita, quienes publicaron El Gran Hermano, libro en el que detallaron todo el caso. Además, Correa pide a Alvarado una estrategia en redes con esa información, y que se la incluya en el segmento de la sabatina “Recordando las Mentiras”, consigna que se puede apreciar en estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=gLjZIwKHaMQ
https://www.youtube.com/watch?v=zJDooCK1In4
https://www.youtube.com/watch?v=s4FYgkjVT6c
Los juicios de las empresas de Fabricio Correa no fueron los únicos que fueron influenciados por el ex secretario jurídico. Un último intercambio de correos entre Tapia y Mera devela que este también incidió en los fallos de la Corte Nacional de Justicia, respecto al recurso de casación que presentó el INCOP por haber perdido el juicio que le interpuso Constructora Carvallo, una de las dos empresas que formaba parte del Consorcio Amazónico (la otra era Cosurca).
El fallo de este juicio fue a favor de la constructora, por lo cual se le impuso al INCOP el pago de una indemnización a la empresa y que la borrase del registro de contratistas incumplidos. Con ello, la el Tribunal Contencioso Administrativo no.3 de Cuenca se convertía en la primera instancia judicial que fallaba a favor de una de las empresas demandantes, pero no por mucho tiempo.
En los correos, Mera le pide a Tapia que le envíe tal sentencia y con ello concluye el documento que se adjunta a esta nota. No obstante, las gestiones de Mera rindieron frutos: la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de casación del INCOP y con ello se desechó la demanda presentada en marzo de 2013 por Manuel Arturo Carvallo Estrella, representante de Constructora Carvallo. Esta resolución fue emitida junio de 2015.
A día de hoy la Constructora Carvallo consta con estatus de activa en la Superintendencia de Compañías, mientras que Cosurca registra inactividad desde agosto de 2012 y Megamaq registra disolución en marzo de 2016. Ni Consorcio Amazónico, ni Consorcio Puentes y Vías constan en tal superintendencia. Fabricio Correa no figura como accionista de ninguna de estas empresas.