Autor: mh

Redacción La Fuente y Milhojas.is
A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el alto organismo de control constitucional pretendió limpiar su historial con un sospresivo fallo que echó abajo las cuestionadas enmiendas constitucionales aprobadas por la misma magistratura durante el gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía General del Estado, basada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).
Información revisada por este medio, indica que, en los movimientos financieros de los investigados, se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.
Los jueces investigados son: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.
Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.
Los jueces bajo sospecha
Francisco Butiñá Martínez: “militante activo” de Alianza País, como él mismo se define, es juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Estuvo a cargo de del pedido de referéndum impulsado por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección indefinida del ex presidente Rafael Correa. Butiñá Martínez dio paso al proceso de recolección de firmas en favor de la reelección de Correa.
Francisco Butiñá tiene una extensa carrera laboral dentro del gobierno correísta: fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En 2006, fue gerente general de la empresa Adextelecom S.A., que registra 12 participaciones en el Servicio de Compras Públicas (Sercop) y una adjudicación por USD 45.000,00 con la Empresa Pública de Transporte de Guayaquil.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares, de esta cifra USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por USD 514,00.
Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.
El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.
Su círculo cercano lo integran Alfredo Alvarado, registrador mercantil del Loja, Isidro Guamán, experto constitucional, Ximena Loyo, Vladimir Bazante, experto constitucional, el abogado Pablo Sevilla, Jairo Escobar, experto constitucional jurisdiccional y Pablo Alarcón Peña, hijo del ex presidente de la República Fabián Alarcón Rivera.

Wendy Molina Andrade: jueza constitucional desde 2012. En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según la información revisada por este medio, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.
A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.
En 2010, fue asesora del entonces presidente de la CC presidente Patricio Pazmiño. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.
En su círculo de confianza figura Ernesto Pazmiño Chávez, hijo del ex presidente de la Corte Constitucional y actual miembro de la Corte IDH, Patricio Pazmiño. También forma parte de sus allegado, Pablo Alarcón.

Pamela Martínez Loayza:  jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia.
Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. Entre 2012 y 2015, recibió transferencias por USD 3.000 del entonces cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores en Murcia, Gustavo Mateus.
Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.
Según la información revisada por este portal, registra transferencias a paraísos fiscales por USD 823,00 entre 2014 y 2017. Varias fuentes señalan que, en 2015, junto a su esposo Jimmy Salazar, dirigió el programa de televisión “Es de justicia”, que se transmitía todos los domingos por TC Televisión, espacio que fue aprovechado para hacer “proselitismo político en favor del expresidente Correa”.
Su entorno más cercano lo conforman su esposo y presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, además de Daniel Burneo, experto constitucional y Héctor Carrera, actuario de la Corte Constitucional. También aparece relacionada con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, del estudio Romero & Menéndez.

Marien Segura Reascos: llegó a la Corte Constitucional en 2016, luego de ser postulada por el expresidente Correa, para ese cargo.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.
En junio de 2017, Amparo Gómez, expareja de Ricardo Rivera, acusó a Segura, de cumplir “una consigna”, mientras fue Jueza de la Niñez y Adolescencia, “ella me tuvo 4 años sin pensión alimenticia, sin un centavo”, dijo refiriéndose al juicio de alimentos que planteó en contra de Rivera.
Es cercana a Francisco Albuja, experto constitucional, Miguel Tapia, experto constitucional jurisdiccional y Mariana González, actuaria de la CC.
Alfredo Ruíz Guzmán: presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”. La información revisada por este medio, señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42. 097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.
Su círculo de trabajo lo integran: Pablo Alarcón Peña, Pamela Aguirre Castro, ex secretaria técnica jurisdiccional, Carlos Aguirre, experto constitucional, Pedro Alarcón, experto constitucional, Carlos Villacreses Pincay, coordinador del despacho institucional, Jaime Pozo, secretario general, Freddy Villagrán, experto constitucional jurisdiccional; todos funcionarios de la Corte Constitucional. Igualmente, está relacionado con Alexis Mera Giler. Tambien figura como cercano Ivolé Zurita, registrador de la propiedad de Guayaquil.
Ruth Seni Pinoargote: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016. Su hijo, Luis Cevallos Seni, registra participación en dos empresas: Seniconstructora S.A., y Constructora Eskala S.A., ésta última registra 32 participaciones en el Sercop y una adjudicación con el Municipio de Olmedo para mejoramiento de vías, por USD 247.447.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques del Banco Bolivariano a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.
Forman parte de su grupo de trabajo sus hijos Homero y David Cevalos Seni, Asdrubal Homero Granizo Haro, experto constitucional, Victor Hugo Holguín Cárdenas, coordinador del despacho institucional y Nelson Alejandro Enríquez Caicedo, experto constitucional, funcionarios de la CC.
Tatiana Ordeñana Sierra: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.
Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por este medio. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.
El círculo cercano de Tatiana Ordeñana lo integran: Alvaro Diego Contreras, coordinador constitucional, Pamela Lizeth Barrionuevo Soto, experta constitucional y el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.
Manuel Viteri Olvera: juez constitucional desde 2012. El Sistema Migratorio Ecuatoriano, registra una alerta de la Interpol en contra de Olvera.
Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.
Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.
Su hija, Martha Viteri Thompson es funcionaria del Consejo de la Judicatura y su hijo Manuel Viteri fue funcionario en esa misma entidad entre 2009 y 2011.
El circulo de Viteri, está integrado por su hijo Manuel Viteri Thompson, el abogado Nicolas Castro Patiño, Raúl Renato Cedeño Bonilla, experto constitucional funcionario de la Corte y Alfredo Isidro Guamán Bagua, también funcionario de la CC.

Roxana Silva Chicaiza: jueza constitucional desde noviembre de 2015.  Sus datos financieros, según la información revisada por este medio, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004, seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.
Sus egresos sumaron USD 686.135.  De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.
Según datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Cervecería Nacional con el 0,0002% de participación. A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.

El seguimiento y presunto secuestro del activista Fernando Balda en Colombia no sería el único caso de operaciones encubiertas ilegales perpetradas por el correísmo, específicamente por José Serrano desde sus cargos como ministro de Estado.
Otro operativo de similares características, en el que también se habrían usado recursos públicos, y que fue comandado por Serrano, se realizó en 2012 en contra de su ex asesor Diego Vallejo, cuando el entonces Ministro del Interior ordenó que tres personas de la seguridad presidencial de Rafael Correa viajaran a Perú a espiarlo, con lo cual se revela además que esas operaciones se realizaban con el conocimiento del ex mandatario.
La información que Vallejo tenía en su poder y que hizo pública al salir del Gobierno le convirtieron en otro de los blancos de la estructura de espionaje y persecución desplegados por el correismo. Vallejo responsabilizó a Serrano de los seguimientos realizados a Balda en Colombia; así como del montaje de la teoría de golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S y el uso ilegal de la información financiera en contra del ex fiscal general Washington Pesántez. También denunció irregularidades en el proceso selección del Fiscal General, Galo Chiriboga.
Poco después de esta serie de revelaciones, en 2012 se dictó una sentencia a dos años de prisión en contra de Vallejo por asociación ilícita, basada en un montaje de evidencia falsa, según él lo ha reiterado. Tras recuperar su libertad, Vallejo consiguió asilo político en Estados Unidos. Desde allí ha reactivado sus denuncias no solo sobre la persecución que él sostiene que se realizó en su contra, sino sobre actos de corrupción de las más altas autoridades gubernamentales de la década anterior. El 9 de mayo pasado rindió su versión, vía videoconferencia desde EE.UU., sobre el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda. Su testimonio no solo colocó a Serrano en los primeros planos de esta historia, por haber sido quien planificó y coordinó la estrategia desplegada alrededor del presunto rapto al ex legislador Balda, sino que señala a Correa como la cabeza de las órdenes que se impartieron para traerlo desde Colombia a “como diera lugar”. 
Sobre su propio caso Vallejo presentó una demanda por intimidación, ante la Fiscalía el 24 de marzo de 2017, en contra de Serrano y Correa. Un año y cuatro meses después, este proceso se ha reactivado.
Cómo y por qué pasó de asesor a perseguido?
Diego Mauricio Vallejo Cevallos, ex militar en servicio pasivo, es experto en análisis financiero y en temas de lavado de activos. Fue contratado en noviembre de 2009 como asesor del ex ministro José Serrano en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión para investigar un centenar de casos de corrupción de funcionarios públicos que habían sido denunciados ante esa entidad. Casi un año más tarde ingresó a la Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN) como consultor cuando su titular era Francisco Jijón. Allí fue designado para investigar el caso 30S y actuó como el nexo entre la SENAIN y la Unidad de Respuesta Judicial, creada en el Ministerio de Justicia para llevar a instancias judiciales a todos quienes el Gobierno involucró en el 30S, como el Coronel Cesar Carrión, el Mayor Fidel Araujo y Max Marín.
Vallejo narra que supo que en la cartera de Justicia se estaba diseñando una estrategia, ordenada desde el Palacio de Carondelet, que involucraba construir la teoría del golpe de Estado alrededor de los hechos del 30S. Relata que para ello se fabricaron historias y testigos falsos, todo con pleno conocimiento de Ledy Zunig y Xavier Córdova, entonces ministra de Justicia y viceministro de Seguridad Interna, respectivamente.
Vallejo también asegura que en el Ministerio de Justicia funcionaba una unidad encubierta de inteligencia, a órdenes exclusivas del titular de esa cartera, José Serrano. El trabajo de este equipo estaba encaminado a descubrir posible ilegalidades de determinadas personas que puedan ser utilizadas políticamente por Serrano. Este grupo realizó grabaciones de audio y de video, seguimiento de personas y otras actividades de espionaje. 
Luego como consultor en el Ministerio de Justicia (desde enero del 2011) Vallejo recibió órdenes de Serrano para hacer un análisis técnico del movimiento de las cuentas del ex fiscal de la Nación Washington Pesántez y de sus familiares. Sin embargo, Vallejo solicitó la entrega de un documento por escrito para hacerlo de manera formal, ya que los expedientes tenían el formato de la Unidad de Análisis Financiero. De otra forma la obtención de esa información no era legal.
Serrano insistía en acceder al análisis financiero de Pesántez, pero nunca entregó a Vallejo el documento firmado. Para esas fechas el ex Fiscal ya sabía que Serrano investigaba sus cuentas y de acuerdo con Vallejo aprovechó las acciones realizadas por el ex ministro, en un caso de corrupción de funcionarios judiciales, para enfrentarlo. Vallejo, por disposición de Serrano, descubrió el cobro de coimas realizado por jueces del Guayas y las inconsistencias de sus cuentas. Varios funcionarios judiciales fueron detenidos por cohecho mediante un operativo que habría sido ilegal. Esa fue la coyuntura que según Vallejo permitió a Pesántez llegar hasta Serrano, pues el fiscal Pablo Encalada, supuestamente cercano a Pesántez, vinculó a Vallejo en ese proceso. El 29 de octubre del 2011, en la audiencia de formulación de cargos, el juez Luis Fernando Quiroz ordenó la prisión preventiva de Vallejo, pese que el Fiscal de entonces Galo Chiriboga no presentó acusación particular en su contra.
Como consecuencia de esto Vallejo decidió hacer públicos las operaciones de espionaje y seguimientos a Pesántez y a Fernando Balda. Lo hizo desde la clandestinidad y a los pocos días Correa en el enlace ciudadano 246 (26 de noviembre de 2011) se quejó de la actuación del juez en contra de funcionarios del Ministerio de Justicia “por denunciar actos de corrupción” y enseguida Quiroz retrocedió en su decisión inicial, argumentando haber tenido un Iapsus calami (equivocación), con lo cual Vallejo fue sobreseído de ese proceso. 
Aquí se evidencia una vez más la injerencia directa que ejerció Correa en la justicia para favorecer a sus colaboradores al menos en este punto de la historia del caso Vallejo, pues luego la situación del ex consultor se revirtió, tras su salida definitiva del Gobierno.
Vallejo se integró a la Corporación Transparencia por Ecuador como su director. Desde ese espacio continuó haciendo denuncias de corrupción en contra de varios funcionarios públicos. Por ejemplo, aseguró que en abril de 2011 personas que trabajaban con el ministro Serrano (entonces al frente del ministerio de Justicia) le entregaron documentos y fotografías de Fernando Balda en Colombia, así como un video donde el activista político se refiere a la sexualidad del ex presidente Correa. En un evento organizado por el Ministerio de Justicia, el 28 de abril de 2011 se entregó esta información al ex mandatario y días después Serrano ordenó al Viceministro, Xavier Córdova, que viaje a Bogotá para que coordine acciones en contra de Balda.

Vallejo también reveló que los miembros del comité de selección de Fiscal General de la Nación enviaron información privilegiada a Galo Chiriboga con el fin de que sea electo para el cargo; así como las irregularidades para la designación de Carlos Pólit como Contralor General del Estado. El ex consultor de Serrano sostuvo además que en el caso 30S presentó un informe indicando que el Coronel César Carrión no realizó ningún bloqueo de la puerta de acceso al hospital de la Policía para impedir el paso de Rafael Correa, acusación que fue impulsada y judicializada por el Gobierno pasado, según Vallejo mediante el montaje de testigos para incriminar no solo a Carrión sino también al Mayor Fidel Araujo.

Ya desvinculado del Gobierno de la revolución ciudadana, entre abril y junio de 2012, Vallejo viajó a EE.UU. y Perú para contactar a organizaciones vinculadas a actividades de lucha anticorrupción, con el fin de organizar una convención para septiembre de ese año en Quito. En el mismo lapso de tiempo en que el ex asesor estuvo en Lima, Perú, Serrano envió personal de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna (UGSI) de la Presidencia de la República a esa ciudad en misión de inteligencia. La UGSI fue creada por Correa en agosto de 2007 mediante Acuerdo Ministerial 144. Se activa con órdenes directas del Palacio de Carondelet con el objetivo de dar protección al primer Mandatario. Pero en más de una ocasión ha sido involucrada en seguimientos políticos. 
En el caso de Vallejo, Serrano dispuso mediante acuerdo ministerial #2974, que los agentes: Tnte. Guillermo Rodríguez, Sgto. Oscar Fierro Puente y el Cbo. Edwin Quezada Morocho viajen a Lima en comisión de servicios, entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012. Esta autorización se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 825 del 7 de noviembre del 2012.
A su retorno al país y tras un operativo policial, Vallejo fue detenido el 29 de junio del 2012. En el vehículo en el que se movilizaba se requisaron dos armas sin municiones y un croquis de la casa de Paulo Rodríguez miembro del Consejo de la Judicatura. A decir de Vallejo estas armas fueron embaladas y depositadas en una mochila, que pertenecía a Oswaldo Rivadeneira, miembro fundador, junto con Vallejo, de la Corporación Transparencia por Ecuador, y quien, según el relato del ex asesor, había dejado esa mochila en encargo para ser retirada más tarde.
Pocos meses  después Rivadeneira  fue promovido al cargo de juez penal y luego al de asesor de Serrano en el ministerio del Interior.
El 2 de mayo de 2013 el entonces asambleísta César Montúfar pidió a la embajada de Perú en Ecuador que le informe si el gobierno nacional solicitó permiso al gobierno peruano para las actividades de los servidores policiales que viajaron a Lima “o, si existió alguna coordinación entre ambos gobiernos para la actuación de policías ecuatorianos en territorio peruano. Transcurrió casi un mes desde entonces y el ex viceministro del Interior, Xavier Córdoba, acudió a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea para informar sobre las actividades de la UGSI, dependencia de inteligencia de la presidencia. Ante las preguntas de Montúfar sobre la misión que cumplieron los agentes en Lima no hubo mayores detalles. 
En una denuncia presentada ante la fiscalía de Pichincha, la esposa de Vallejo, Alexandra del Yépez  Urquizo indicó que los agentes de la UGSI ingresaron a Perú en calidad de turistas. Mediante correo electrónico del 25 de junio de 2013 Yépez pidió a la consejera de la embajada peruana en Ecuador, Roxana Castro, que la confirmación que le hizo vía telefónica de que los servidores policiales viajaron a ese país con visa de turismo y sin coordinación previa con su par peruano sea realizada por escrito. Hasta el momento eso no se ha concretado.
Como parte de su defensa legal Vallejo presentó un informe sobre 25 llamadas realizadas entre su ex colaborador Oswaldo Rivadeneira y el capitán Pablo Luna Guevara, de la UGSI, entre el 28 y el 31 de mayo, día en que Vallejo viajó a Lima. En otro reporte del informe aparecen también 14 llamadas entre Rivadeneira y Francisco Piñeiros, ex agente de los Ministerios de Justicia y del Interior, cuando estuvo al mando José Serrano. Piñeiros fue acusado de estafa en Cayambe durante el 2010 por tres personas que lo inculparon de haberles pedido dinero a cambio de adjudicarles equipos de laboratorio clínico y vehículos que la Policía iba a rematar, sin que Piñeiros sea oficial de policía.
Otro elemento que confirmaría no solo el seguimiento hecho a Vallejo en Perú sino el amedrentamiento a él y a su familia, fue un anónimo que recibió su esposa con una fotografía del ex asesor en compañía de una mujer en Lima, en la que los remitentes insinuaban un acto inmoral.
Los testimonios que se han pedido a Vallejo sobre el secuestro de Balda, en este año (el 9 de mayo pasado), han puesto nuevamente en escena no solo este caso sino la presunta persecución en contra del ex asesor de Serrano y sus otras denuncias realizadas años atrás. El asambleísta César Carrión (CREO) ha pedido a la presidencia de la República un informe “ejecutivo, concreto y específico, de la comisión de servicios realizada por los servidores Luis Guillermo Rodríguez Villegas; Oscar Rolando Fierro Puente; y Edwin Vinicio Quezada Morocho, de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República… que fueron comisionados por el entonces Ministro del Interior, José Serrano, a la ciudad de Lima entre el 30 de mayo y el 6 de junio de 2012”.
Este requerimiento presentado en oficio No. 105-CC-PDI-2018 y enviado 5 de junio de 2018 por Carrión, aún no tiene respuesta de la Presidencia de la República según confirmó a Mil Hojas el asambleísta, quien considera que hay que profundizar las investigaciones en torno a las denuncias de Vallejo, pues la SENAIN no cumplió con la Ley de Seguridad Pública del Estado. Para ello precisó que hay que pedir que se desclasifiquen los expedientes de cada tema, pues “todos los delitos se encubrieron con la clasificación de reservado o secreto”. En esa línea Carrión dijo que ha pedido la desclasificación, en todas las dependencias que hayan manejado el caso 30S, pues deben esclarecerse muchos hechos, como la muerte de Froilán Jiménez.
El 2 de julio de este año Diego Vallejo realizó el reconocimiento de firmas en la denuncia que presentó en marzo de 2017, en contra de Rafael Correa y de José Serrano, por el presunto delito de intimidación hacia el ex asesor y su familia por parte de los miembros de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia.
Jimena Mena Martínez es la fiscal de la Unidad de Investigaciones Previas que ha sido asignada para el caso.

Cientos de ciudadanos del cantón Palestina en la provincia del Guayas que se vieron obligados a recibir cocinas de inducción, presentaron el pasado 17 de mayo una acción de protección para detener los cobros que la empresa eléctrica les ejecutaba. Los campesinos acudieron a la justicia con la esperanza de evitar los pagos de facturas de un servicio que no existe porque carecen de los sistemas de transmisión de 220 voltios en sus parroquias para que funcionen dichas cocinas y porque ni siquiera poseen las acometidas domésticas para conectar las estufas de inducción.
El programa impulsado por la revolución ciudadana fue un espejismo para los sectores campesinos del país, luego de años de ejecución ese plan se ha convertido en pesadilla: miles de consumidores buscan soluciones a los altos costos de sus facturas pero el gobierno se ha empeñado en cobrar a pesar de que la mayoría aun no puede usar esas cocinas  
Se esperaba que la entidad demandada, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entienda la situación de los campesinos pero prefirió jugar a su favor y dejó al descubierto una maniobra que el actual Gobierno de Lenín Moreno usó para continuar con las mismas prácticas impositivas y de vulneración de derechos de su antecesor.
La Ley de Reactivación Económica que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional contiene una disposición que faculta a las empresas del sector eléctrico a cobrar deudas relacionadas con programas gubernamentales, mediante las planillas de servicios. El 27 de diciembre del 2017 la legislatura aprobó la Ley de Reactivación Económica que en su artículo 12 dio paso a la modificación de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, cuyo texto se mantuvo en los debates legislativos tal cual lo envió el Gobierno y que fue diseñado para pretender legalizar no solo las prácticas comerciales que se han aplicado alrededor del negocio de las cocinas de inducción, sino para garantizar a toda costa el cobro en las planillas de luz del costo de estos electrodomésticos.
El proyecto de las cocinas de inducción nació al amparo del Acuerdo Ministerial 230-2014, del 9 de septiembre de 2014, y de decenas de Convenios de Adhesión que se firmaron para la participación de las casas comerciales. Las reglas que se diseñaron para el financiamiento a los usuarios y la comercialización de las estufas fueron objetadas parcialmente por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, tras una acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo, el 13 de noviembre del 2017 en contra del Ministerio de Electricidad e ICESA, pues cadenas de electrodomésticos como Orve Hogar, Almacenes Japón del Grupo ICESA habían desplegado una amplia logística, con un ejército de vendedores y el desplazamiento de camiones a caseríos y parroquias ubicados en zonas rurales alejadas y desprovistas no solo de vías de acceso, sino hasta de la infraestructura para que funcionen las modernas cocinas.
De las 2. 407 denuncias que llegaron a la Defensoría por afectación de derechos (en el período de enero de 2015 y septiembre de 2017), 485 correspondían a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria: 328 eran personas adultas mayores, 62 tenían algún tipo de discapacidad, en 93 casos había doble condición de vulnerabilidad (adulto mayor y con algún tipo de discapacidad). También se registró a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas (241 casos), afroecuatorianos (145 casos) y personas que no cuentan con ninguna instrucción formal (61 casos). 
En su sentencia del 13 de marzo de 2018, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resolvió que el Ministerio de  Electricidad y Energía Renovable (MEER) en un plazo de 60 días (que terminó el 14 de mayo pasado) ejecute mecanismos de protección y reclamo para los consumidores sobre su derecho a la información precisa y no engañosa, para que puedan elegir con libertad. También determinó que el mencionado Ministerio realice un control efectivo de los Convenios o Contratos de Adhesión y Modificatorios en torno al proceso de comercialización que realice ICESA S.A., pues esta fue la empresa que concentró el 51% de las denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo.
En la sentencia consta además que esta compañía omitió su deber de actuar con diligencia para proteger los derechos de los consumidores, y como mecanismo de reparación debía revisar todos los casos denunciados en la Defensoría del Pueblo.
Para cumplir con la resolución de la Corte Provincial, el Ministerio debía elaborar un instructivo o reglamento interno con pautas claras que amparen a las personas que van a comprar cocinas de inducción. Pero eso implica medidas de protección a futuro. Por lo tanto, en la práctica, esta sentencia no ha servido a los afectados que denunciaron las violaciones a sus derechos, perpetradas mediante las ventas de las cocinas puerta a puerta, y su alcance tampoco protege a los miles de perjudicados que no demandaron ante la Defensoría del Pueblo.
Es más, se ha sobrepasado el plazo de 60 días que dio la Corte de Pichincha para que el MEER aplique medidas de reparación y se desconoce si esa cartera de Estado tiene listas esas garantías. Mil Hojas ha solicitado por tres ocasiones esa información a la Dirección de Comunicación del MEER, pero hasta el cierre de esta edición no ha recibido respuesta.
En cuanto a la revisión de los casos que debía realizar ICESA hasta el momento en la Defensoría del Pueblo se están buscando los mecanismos para concretar ese mandato de la Corte de Pichincha. Las interrogantes que surgen en este tramo es qué pasará si ICESA determina que los demandantes no tienen la razón, pues la sentencia no incluye un mandato de restitución integral de los derechos explícito.
La abogada Zaida Rovira ha representado la defensa de decenas de campesinos que pagan mensulamente por las cocinas pero que no tienen cómo usarlas por falta de infraestructra
Las limitaciones de la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, obligó a las víctimas a denunciar en contra de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) debido a que las empresas eléctricas les seguían cobrando, mediante las planillas, las deudas en que incurrieron por haber recibido las estufas bajo engaños o amenazas. Si no pagaban estas deudas, CNEL, no solo cortaba el servicio de luz, sino que iniciaba juicios coactivos, embargando las escuálidas cuentas de ahorro de centenares de clientes, muchos de los cuales se quedaron sin tener ni para comprar sus alimentos, pagar el arriendo y otros gastos básicos.
Entre los grupos de ciudadanos que no han declinado en sus reclamos por estas anomalías están los Comités de Usuarios de Palestina, Daule, Naranjal y Junquillal (provincia del Guayas) que han acudido ante la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas, para exponer sus denuncias y presentaron demandas ante los juzgados en contra de la CNEL EP.
120 afectados del Comité de Usuarios y Consumidores del cantón Palestina, patrocinados por Zaida Rovira, presentaron una acción de protección ante Edwin Tierra Gusqui, juez de la Unidad Multicompetente de lo Penal del cantón Daule (Guayas). El proceso # 09266-2018-00275 ingresó a esta jurisdicción el 17 de mayo pasado y fue aceptada a trámite al día siguiente.
En las audiencias de este proceso, realizadas el 24 y el 31 de mayo pasado, salió a la luz algo inédito y que pretendió ser usado por la defensa legal de la CNEL como una de sus principales estratagemas: una reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, aprobada dentro de un paquete de modificaciones a 11 leyes y 4 Códigos, introducidas por la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía.

El 5 de marzo de este año el Ministerio de Electricidad relanzó el plan de cocinas de inducción sin considerar los vicios y errores cometidos contra las poblaciones vulnerables en la primera fase del programa
HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA
Esta Ley fue enviada a la legislatura por el presidente Lenín Moreno, el 1ero de noviembre de 2017 con el carácter de urgente. Desde su cargo de consejero presidencial económico Patricio Rivera (también ex ministro de Finanzas del Gobierno de Rafael Correa) monitoreaba y coordinaba con la Comisión de lo Económico que procesó el proyecto de ley. El enlace en la Asamblea para compaginar el tema era Pabel Muñoz, presidente de la mencionada Comisión y uno de los más fervientes correístas.
El 27 de diciembre de 2017 la Ley de Reactivación Económica fue aprobada por la Asamblea Nacional. En este amplio cuerpo legal se introdujo una normativa armada a la medida de los intereses de quienes han manejado la comercialización de las cocinas de inducción: el artículo 12 que señala que a la Disposición General Cuarta de la Ley Eléctrica se agregue la Disposición General Quinta con el siguiente texto: “el cobro de créditos, cuotas o abonos para la cancelación de préstamos relacionados con programas gubernamentales podrá incluirse en la factura y ser recaudado por la empresa distribuidora, mientras permanezca en vigencia el crédito”.
CNEL se escudó en esta reforma para sostener que sí tiene derecho a cobrar, mediante las planillas eléctricas e incluso a cortar la luz, a quienes mantienen deudas con el Estado por la entrega de las cocinas de inducción.
No obstante, los alegatos de Rovira, abogada de los afectados de Palestina, apuntaron a que si bien se aumentó una disposición general a la Ley Eléctrica, no se modificaron otros artículos importantes relacionados con el tema, específicamente el artículo 60 que establece de forma explícita que en los cobros se incluirán única y exclusivamente los rubros correspondientes a los servicios que preste la empresa eléctrica. Y los servicios que detalla el artículo 7 de la mencionada norma son: distribución, comercialización, importación y exportación de energía y alumbrado público.
Otro cabo que quedó suelto y se escapó en los debates legislativos fue el artículo 40 de la Ley de Defensa al Consumidor que señala la prohibición del cobro (en planillas) de cualquier otro rubro que no sea el consumo y si hubieran recargos u otros cobros deberían estar dispuestos por ley u ordenanza. Además, Rovira resalta que si bien la Ley de Reactivación Económica es orgánica, también lo son las Leyes Eléctrica y del Consumidor y los principios legales establecen que se tiene que aplicar la que más favorezca al usuario.
“La reforma fue disparatada, aprobada entre gallos y media noche para que la gente no pudiera conocerla”, cuestiona Rovira.
Esta jugada oficial se revirtió (al menos en este juicio) en contra del Estado, pues la defensa de los afectados planteó al juez Tierra Gusqui que se tome esa reforma como prueba en favor de los demandantes, ya que con ello se reforzaba su tesis de falta de seguridad jurídica en vista de que la reforma aprobada por la Asamblea faculta el cobro de las deudas mediante planillas a partir del 27 de diciembre de 2017 y los perjudicados demandaron un proceso que empezó en el 2014.
“No nos pueden aplicar una ley que no existía a la fecha de cometida la infracción”, explica Rovira.
Por ello, el juez pidió a CNEL que presente los contratos originales de las cocinas de inducción y que señale la fecha en que fueron compradas. Con ello se terminaba por evidenciar la afectación a la seguridad jurídica de los demandantes.
Este 14 de junio el juez Multicompetente Penal de Daule, Edwin Tierra Gusqui, resolvió conceder la acción de protección a favor de los perjudicados del Comité de Usuarios de Palestina para impedir que CNEL cobre, en el próximo recibo de luz, la letra de las cocinas de inducción.
También dispuso medidas de reparación. En el caso de CNEL le dio un plazo de 30 días, a partir de la notificación de esta sentencia, para que realice un estudio que le permita “verificar los valores que cobraba a los usuarios constantes en las facturas de energía eléctrica, hasta el 29 de diciembre del 2017, en las que no podían cobrar valores diferentes a los determinados en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y los relacionados con el artículo 40 de la Ley del Consumidor, y que de existir valores distintos, se deberá proceder a realizar su correspondiente liquidación con valores únicamente determinados en la ley, a fin de respetar el derecho a la SEGURIDAD JURÍDICA de los consumidores”.
Además le ordenó a la CNEL que difunda a todos los sectores que presta el servicio sobre la vigencia de la Ley para la reactivación de la economía, desde el 27 de diciembre del 2017, de manera que los sectores más vulnerables conozcan lo que esta norma permite en relación al plan PEC.
Pero el alcance de esta sentencia incluye dos aspectos adicionales. El juez amplió el efecto de su resolución no solo a quienes firmaron la demanda, sino a todos los usuarios de Palestina que se vean afectados. Este es uno de los logros más importantes de la resolución, según Rovira, abogada del colectivo ciudadano de Palestina.
Además dispuso a la Defensoría del Pueblo que en un plazo de 30 días, contados desde la notificación de esta sentencia presente un informe al juez, sobre las investigaciones, medidas y acciones que se tomen en favor de los perjudicados de Palestina, debido a que en este proceso se conocieron posibles vulneraciones en el consentimiento de la firma de los contratos para la compra de las cocinas de inducción, los cuales deben ser conocidos y resueltos por la justicia ordinaria.
Pero la CNEL no agotó sus mecanismos de cobro solo en los cortes del servicio de luz, ha utilizado una herramienta coercitiva en contra de centenares de usuarios, muchos de los cuales se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad de diverso tipo y por tanto no tienen capacidad de pago. Debido a esta situación hay ciudadanos que han permanecido sin el servicio de luz durante tres años.
La realidad en sectores rurales de la provincia del Guayas es este: cocinas y juegos de ollas empacados por incapacidad de uso
Desde 2015 la Corporación Eléctrica inició juicios coactivos en todo el país. En las providencias de estos juicios se bloquearon y embargaron las cuentas de los demandados. La abogada Zaida Rovira relata que se trata de cuentas que se habían abierto en los denominados bancos del barrio, “donde (los afectados) tienen su plata para la comida y otros gastos básicos o algo de ahorros”.
En estas providencias se señala que las deudas son “por consumo de energía y por otros servicios relacionados con la prestación del servicio”.
Rovira puntualiza que al contar ya con una sentencia de un juez constitucional que señala que los cobros mediante planillas eléctricas estuvieron al margen de la ley, estos juicios coactivos tienen que darse de baja porque son ilegales e ilegítimos.
Debido a que estas providencias abiertas por CNEL son procesos administrativos y no judiciales, Rovira está preparando una acción de protección en contra de la institución estatal por este tema.
A partir de la sentencia del juez Edwin Tierra Gusqui de Daule, los movimientos sociales de otros cantones del Guayas van a interponer más acciones legales en contra de las prácticas de CNEL en el cobro de las deudas por la entrega de las cocinas de inducción.
Acompañados de movilizaciones y protestas, se plantearán desde demandas en contra de las políticas públicas, hasta procesos penales, pues las vulneraciones a la gente más pobre han sido de todo tipo.
La próxima semana se presentará, en la Unidad Multicompetente de lo Penal del cantón de Balzar (Guayas), una acción de protección por parte de 200 personas por falta de seguridad jurídica en los cobros que realiza CNEL a través de las planillas eléctricas en ese sector.
También se planea la demanda de inconstitucionalidad en contra de la reforma introducida a la Ley de Servicio de Energía Eléctrica que autoriza el cobro de deudas con el Estado mediante las planillas de luz.
Una vez que se resuelvan los casos relacionados con el ámbito constitucional se ejecutarán juicios individuales por la vía penal, pues entre los 120 perjudicados de Palestina por la falta de seguridad jurídica hay también decenas de casos de ciudadanos que sin saber leer ni escribir, constan con sus supuestas firmas en los pagarés u otros documentos que tienen en sus manos las comercializadoras como pruebas de las deudas.
Por estas mismas anomalías ya se interpusieron más de una decena de denuncias en la Fiscalía de Naranjal. ICESA, la comercializadora que concentró más del 50% de las denuncias que presentó la Defensoría del Pueblo, está entre los principales inculpados por estos supuestos delitos penales, según Rovira.
Por lo tanto, los cabos sueltos en el proceso de comercialización de las cocinas de inducción no solo es la falta de medidas de reparación por parte del Ministerio de Electricidad e ICESA para quienes ya fueron afectados en sus derechos humanos; la indefensión que ha quedado en evidencia en los grupos vulnerables de discapacitados y de tercera edad, ha llegado también a configurar irregularidades en contratos y pagarés firmados bajo las figuras de presuntas estafas o falsificación de firmas por parte de las comercializadoras de las cocinas de inducción.
LA GÉNESIS
El proyecto de las cocinas de inducción fue lanzado por el ex presidente Rafael Correa en 2014 como parte de la publicitada política de cambio de la matriz energética. Fue uno más de sus obstinados designios. Buscaba reemplazar más de 3 millones de cocinas que utilizan gas licuado de petróleo (GLP) y generar supuestamente un ahorro de $700 millones anuales para el fisco en la importación y subsidio a este combustible.
Una alianza público-privada fue la figura utilizada para concretar este gran negocio para las comercializadoras, pero que significó para los sectores más vulnerables de la población una masiva afectación a sus derechos humanos, como lo establece la sentencia judicial de marzo pasado, resultado de las demandas de miles de usuarios, recogidas por la Defensoría del Pueblo.
El esquema mediante el cual funcionó el programa de cocinas de inducción implicaba varios compromisos por parte del Estado: dar créditos a los usuarios para la compra de las cocinas de inducción y los juegos de ollas a una tasa de interés del 7% anual, con pagos a través de la planilla de consumo de energía eléctrica; pagar la instalación de la acometida y el nuevo medidor a 220 voltios y subsidiar hasta 80 kWh mensuales de energía. Además, mediante convenios de adhesión, que empezaron a firmarse en 2015, el Estado entregó la comercialización de las cocinas de inducción a las empresas privadas, a las que pagaba mediante efectivo y Títulos del Banco Central (TBCs) por los electrodomésticos y ollas vendidas.
Los usuarios, por su parte debían estar al día en el pago de su planilla y firmar un pagaré por la deuda que asumían.
Los incentivos tarifarios a los usuarios del sector residencial establecían que la Cartera de Electricidad (Acuerdo Ministerial 230 de septiembre de 2014) pagaría a las empresas fabricantes por las compras que realicen los consumidores de las cocinas y de los juegos de ollas para inducción.
Poco después de la vigencia del Acuerdo 230, con el argumento de que “la ciudadanía tenga una mayor oferta de cocinas a inducción”, el Ministerio de Electricidad decidió que participen casas comerciales e importadores de cocinas a inducción. Por lo tanto, mediante el acuerdo ministerial  235-2014 de 13 de octubre de 2014 se determinó que “las empresas eléctricas de distribución recaudarán a través de la planilla, en un plazo de hasta 36 meses, los valores que el Ministerio de Electricidad entregará a las empresas fabricantes… Para el efecto las empresas fabricantes, casas comerciales e importadores firmarán el convenio que viabilizará e instrumentará su participación en el Programa.”
Entre 2015 y 2017 el MEER firmó decenas de Convenios de Adhesión para la participación de las casas comerciales en el Programa PEC. Sin embargo, la práctica de la modalidad de venta puerta a puerta de las cocinas de inducción generó miles de denuncias en las que los perjudicados responsabilizaron a las empresas comerciales de inducirles con engaños de que han sido beneficiados con las cocinas que promocionaba Rafael Correa, y hasta obligarles a aceptar las estufas, con advertencias de que si no lo hacían podrían perder el Bono de Desarrollo Humano (BDH).
La Cartera de Electricidad firmó cuatro acuerdos con ICESA. Mil Hojas accedió a esos documentos y constató que en el primer Convenio de Adhesión, (suscrito el 1 de mayo del 2015), se establecieron 17 obligaciones para el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y 14 para ICESA. Sin embargo, mediante el segundo acuerdo modificatorio del 1ero de septiembre de 2016 todas estas obligaciones fueron eliminadas. Entre las responsabilidades que tenía la mencionada cartera de Estado estaban: “monitorear los procesos de logística y distribución de las cocinas a inducción y menaje de cocina para inducción”.
La Defensoría del Pueblo consideró que al suprimir todas las obligaciones de las partes, se dejó a las personas en indefensión.

Fernando Villavicencio Valencia
Christian Zurita Ron
La relación del consejero presidencial Santiago Cuesta Caputti con el intermediador petrolero Enrique Cadena Marín está sembrando tormentas en el círculo del presidente Lenin Moreno; su presencia en Carondelet representa una tensión para la frágil transición ética y democrática que requiere la Nación.
Enrique Cadena Marín constituyó en diez años de Revolución Ciudadana un coloso corporativo que lavó fortunas, similar al caso LavaJato, por su sistema off shore de captar recursos del petroleo ecuatoriano.
Entramado empresarial de Enrique Cadena Marín 
Actualmente es investigado por la Fiscalía como el principal operador de una red de empresas privadas intermediarias del crudo ecuatoriano(Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Gunvor, Core Petroleum, Ursa Shipping) que actúan tras las fachadas de las estatales Petrochina, Unipec y Petrotailandia. A las denuncias de corrupción en la intermediación petrolera, formuladas desde 2009, se sumaron en 2016 los Panama Papers, documentos en los que se reveló que las empresas Eston Trading y Livinstong Financial, vinculadas a Cadena Marín y Jaime Baquerizo, recibían al menos $1 dólar por barril de petróleo.

Investigaciones independientes, confirmadas por sendos informes de la Contraloría General del Estado, establecieron que las autoridades ecuatorianas facturaron su crudo a precios inferiores a los del mercado, a través de fórmulas ilegales propuestas por el comprador Petrochina. Las investigaciones identifican además que los intermediarios (entiéndase Enrique Cadena y otros) se beneficiaron entre $2 y hasta $4 dólares por barril en la reventa del petróleo, una actividad prohibida por el Estado.
Cifras preliminares hablan de pérdidas para el Estado ecuatoriano del orden de $ 2000 millones hasta el año 2017, solo por intermediación;los perjuicios por intereses excesivos sumarían otros $ 2 mil millones.
Todo esto es investigado por la Fiscalía General de la Nación sin embargo Lenin lo nombró como su asesor. 
Cuesta reconoce una relación de amistad de casi toda la vida con Cadena Marín: “admito la amistad de más de cuarenta años con el señor Enrique Cadena, pero no mantengo ni he tenido un vínculo comercial más allá de la relación de amistad”, señaló en una aclaración enviada a Teleamazonas.
En su aclaración Cuesta señala que no tiene ningún vínculo comercial con el zar del petróleo, sin embargo su hija Gloria Cuesta Vinueza, trabaja en Rayblue Solutions LLC, una de la empresas de Cadena en Miami, Estados Unidos.
Cuesta está ligado a Cadena mas allá de su compadrazgo: amplia información que reposa en la Fiscalía General del Estado da cuenta de esa relación. En una correspondencia del 6 de junio de 2012 Cuesta le agradece a Cadena por el préstamo de $200.000. Hubo agradecimientos mutuos : “No tengo palabras para agradecerte la ayuda que me estas brindando en estos momentos al prestarme el dinero que te solicite” (sic). 
Cuesta añade las coordenadas de su cuenta en el Bank of America para que ese dinero sea depositado. Cadena, en su respuesta del 7 de junio de 2012 le expresa su amistad y reafirma su compromiso del préstamo.
Cuesta y Cadena han conjugado negocios que van mas allá de sus declaraciones como consejero presidencial y ex encuestador del correísmo: él no puede esconder los intereses que mantuvo la empresa Denari (propiedad de Cadena, domiciliada en Miami) para lograr un contrato en el Iess, valiéndose de la relación que mantuvieron Enrique Cadena con Ramiro González, el primero investigado por la justicia de Estados Unidos y la fiscalía de Ecuador, el segundo con orden de captura internacional.
En la fiscalía también reposa un mail del viernes 27 de julio de 2012 enviado por José Sanmartín a Enrique Cadena en el que hace recuento el pedido de un renombrado abogado guayaquileño para que Cadena interceda ante Ramiro Gonzalez en el IESS: “si Enrique llama al Econ. González, creo que una orden de él termina el asunto”.
La entrañable relación entre Cuesta y Cadena se extiende al hijo mayor de Santiago Cuesta Caputti, Santiago Cuesta Vinueza, que en una comunicación del lunes 27 de junio de 2011 evidencian la injerencia que tenían sobre el IESS: “Compadre estos son los requerimientos de tu sobrino, te jodiste porque si no le das la información en tiempo récord te empezará a martirizar de forma diaria”.
Fue lo que precisó Santiago Cuesta, padre, para formalizar el contrato de captación de migrantes afiliados en el exterior. Además en otra comunicación, dirigida a Cadena, los Cuesta alertaron manejar con sigilo la información para evitar que el competidor Cronix se entere de su proyecto.
El contrato fue adjudicado a Denarii Systems por el consejo directivo del Iess en noviembre de 2011. Pero por denuncia de Cronix, empresa perjudicada, el 28 de noviembre de 2012 la fiscalía abrió indagación previa contra Ramiro Gonzalez, Maria Sol Larrea (sentenciada en otro caso de corrupción ).
En la información que reposa en la investigación sobre Petrochina consta un informe remitido por Cuesta Caputti a Enrique Cadena respecto a unos interesados a los negocios del Iess: el grupo Pronto de Venezuela a quienes se refiere: “Compadre, estos han sido peores que nosotros, son unos delincuentes, no vale la pena que los visite Ramiro (¿González?)”.
Hay que agregar que Santiago Cuesta Caputti está casado con Gloria Vinueza Urgelles, que es prima de María Eugenia Vinueza Vallarino, esposa de Eduardo Jurado Béjar, actual secretario de la Presidencia de la República y delegado del presidente a los directorios de Flopec, Petroamazonas y Petroecuador.
CUESTA EL AMIGO DE MANAFORT Y CADENA
Santiago Cuesta, tejió amistades no solo con figuras vinculadas hoy al poder económico y político local, como Lenin Moreno y Enrique Cadena, también lo hizo a escala internacional. Uno de esos personajes es Paúl Manafort, a quien contactó con Moreno, días antes de que jurara como Presidente de Ecuador. 
Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, actualmente detenido bajo acusación de lavado y conspiración por la filtración de los mails de Hillary Clinton, es considerado el nexo de las relaciones comerciales de Trump con China y Rusia, también es uno de los mayores lobistas de grandes corporaciones chinas y del Banco de Desarrollo de China (CDB) el principal prestamista de Ecuador. 
Fue en calidad de operador de intereses chinos que Manafort vino al Ecuador el 9 de mayo de 2017, a exponer a Moreno un multimillonario proyecto de privatización de los sectores estratégicos.
Las corporaciones chinas a las que representaba estaban interesadas en  “comprar las empresas ecuatorianas, CELEC, CNT, Banco del Pacífico y aseguradora Sucre”, según confesó Santiago Cuesta. La inversión total
era por 30.000 millones de dólares. El propósito de Manafort era privatizar los sectores eléctrico, telefónico y la banca púbica, con dinero chino. 
A su arribo al poder en mayo de 2017, el presidente Moreno tras reconocer la existencia de una “espeluznante” corrupción en el régimen de Rafael Correa, calificó de “leoninos” a los contratos de comercialización de hidrocarburos con empresas de China y Tailandia y dispuso una urgente investigación, orientada a determinar las pérdidas, responsabilidades y eliminar los perjuicios económicos generados por las cuestionadas contrataciones. 
Entre 2009 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador contrató $18.170 millones de deuda externa con China y Tailandia, garantizada con la provisión de 1204 millones de barriles de crudo, hasta el año 2024. Adicional a estos compromisos, el gobierno de Lenín Moreno suscribió en noviembre de 2017 un contrato por $ 150 millones con el ICBC y Petrochina, en idénticos términos. 
Las investigaciones de las entidades de control responsabilizan al ex presidente Rafael Correa y a sus autoridades de Finanzas y Petroecuador, de ser las responsables de la contratación de deuda pública onerosa (entre el 7 y 8% de interés) garantizada con petróleo; así como de haber facturado el crudo ecuatoriano a precios inferiores a los del mercado, a través de fórmulas ilegales propuestas por Petrochina, las cuales fueron validadas por el régimen. Las
investigaciones establecen que los intermediarios se benefician entre 2 y hasta 4 dólares por barril en la reventa del petróleo.
Durante el período 2009 – 2017, Ecuador suscribió 16 contratos de provisión de crudo y fuel oil, sin licitación y a largo plazo, unos considerados preventas y otros comerciales, atados a líneas de crédito, pero todos al amparo de convenios de gobierno a gobierno, llamados alianzas estratégicas. La normativa de comercialización de hidrocarburos, el crudo adjudicado en contratos de alianza estratégica, debía ser destinado de forma exclusiva a las refinerías
de los compradores, en este caso Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Sin embargo, en esos contratos se incluyeron cláusulas de libre destino, contraviniendo los convenios y las disposiciones. Casi el 100% de los cargamentos fueron desviados a la reventa en mercados de Perú, Chile, Panamá y Estados Unidos.
Varias disposiciones del directorio de Petroecuador del año 2008, ratificadas en 2010 y 2012 (DIR-EPP-01-2012-01-16), establecían la obligación de destinar al menos el 10% del saldo exportable a venta spot (corto plazo), como un mecanismo orientado a monitorear y “ajustar” los precios del mercado. Sin embargo, durante el gobierno de Rafael Correa se incumplió esta disposición: la mayor parte del tiempo se omitieron los concursos spot, y de los pocos realizados, los precios obtenidos en la licitación no fueron aplicados a los contratos de largo plazo. Según documentos revisados, los precios spot son superiores a los facturados sin licitación a las compradoras de China y Tailandia.
El tiempo de duración de los contratos de largo plazo, establecido en la misma resolución del Directorio era máximo de “dos años”, sin embargo, se suscribieron por lapsos de 4, 5 y 8 años, vulnerando la normativa. Según fuentes especializadas, el plazo contractual no debe incidir en el precio del crudo, el cual se fija cada mes en el mercado spot, la garantía principal que obtienen los compradores al firmar contratos a largo plazo, es la seguridad de contar con la provisión del crudo. Esto contradice las afirmaciones de autoridades de Petroecuador que pretenden justificar la diferencia de precios entre las dos modalidades contractuales. 
Las mayores alertas de pérdidas en la intermediación salieron a la luz tras revisar los precios de facturación de Petroperú, entre los años 2007 y 2017. Una de las novedades es que la estatal peruana adquiere el crudo de Ecuador en el mercado spot a través de las intermediarias Gunvor, Core Petroleum, Taurus Petroleum, Castor Petroleum. Es decir, Petroecuador entrega su petróleo a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, sin licitación (a precios inferiores a los del mercado), pero estas compañías lo revenden a través de sus intermediarias a precios de mercado; en el caso de Perú las diferencias llegan en algunos casos a 7 dólares por barril. 
Durante el gobierno de Lenín Moreno se realizaron dos ventas spot, ambas operaciones confirmaron la información originada en los reportes de Petroperú: el concurso spot de septiembre de 2017, ganado por Glencore, disparó el precio del crudo Oriente de Ecuador sobre el WTI, es decir, el castigo ( o diferencial) en ese entonces de – $4 por barril, se convirtió en premio de + 0,51.
La segunda venta spot efectuada en enero de 2018 ganó Repsol con un diferencial de – $0,18 por barril frente al WTI. De acuerdo con reportes oficiales de marzo de 2018, el precio facturado por Repsol supera en 4 dólares a los precios de Unipec y Petrotailandia. Las pérdidas para el Estado ecuatoriano por la diferencia de precios entre Repsol con Unipec y Petrotailandia es de $ 17.9 millones, en el mes de marzo y solo por crudo Oriente. 
En abril de 2018, las pérdidas se expresan en un diferencial de -4,85 U$/BL aplicado por Petrochina, Unipec y Petrotailandia, frente a -0,18 del concurso spot de Repsol para el crudo Oriente. Con un precio del WTI de 67,76 el día 18 de abril, Repsol facturó 67,61 U$/BL, mientras dos días después (20 de abril) Petrochina, con un WTI de 68,43 aplicó un castigo de -4,85 y facturó 63,87 U$/BL, incluyendo el premio contractual.
De acuerdo con la misma fuente, el 100 % del crudo Napo es comercializado por Petrochina, sin opción de realizar ventas spot para monitorear el mercado, el diferencial aplicado es de -10,08 U$/BL, uno de los más altos de los últimos años. Según el cuadro adjunto, el 23 de abril el precio del WTI era de 68,24 mientras el Napo fue de 57,96 U$/BL. De acuerdo con el reporte se comercializaron 7.6 millones de barriles de Napo y Oriente, considerando una pérdida promedio de 4 U$/BL, el país perdió $ 32.3 millones, solo en abril de 2018.
Otra fuente de pérdidas económicas para el Estado, hasta la fecha aún no revelada, es el perjuicio originado en el pago de tarifas a las compañías extranjeras suscriptoras de contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esas tarifas se pagan con petróleo al mismo precio de facturación de Petrochina, Unipec y Petrotailandia, es decir, con un descuento promedio de $ 4 dólares por barril. Las referidas compañías subastan ese crudo a precio de mercado y se retienen una ganancia adicional.

En abril de 2018, el Comité Nacional Demócrata presentó una demanda contra la campaña de Donald Trump, el Kremlin y Wikileaks por complot para beneficiar a Trump y afectar a Hillary Clinton, en las últimas elecciones. Hasta ahora las evidencias centrales apuntan a Nigel Farage, impulsor del Brexit y al ex presidente de campaña de Trump, Paul Manafort, procesado por lavado y conspiración. Sin embargo nuevas revelaciones obtenidas por THE GUARDIAN Y periodistas ecuatorianos, proyectan serias sospechas sobre periodistas rusos que trabajaban para medios rusos.  Assange y la embajada de Ecuador en Londres figuran en el centro de una trama de espionaje que involucra a varios países y líderes del mundo.

Investigación de: Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano
 
En septiembre de 2012, la empresa española contratada para la vigilancia y seguridad de Julian Assange – cuyo nombre mantenemos en reserva- envió los primeros reportes a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) de todo lo que el creador de Wikileaks hacía en la embajada ecuatoriana.
La firma domiciliada en Cádiz, España, fue contratada por la Senain, apenas un mes después de la llegada del hacker australiano a la embajada. El objetivo: tener un equipo de seguridad in situ para Assange las 24 horas del día y una “casa de seguridad” para vigilar en secreto todas las actividades de la sede diplomática. A esta operación se le llamó “Hotel”.
La compañía instaló un equipo de videovigilancia (CCTV, por sus siglas en inglés) en el vestíbulo de entrada y en la sala de conferencias de la embajada, estos dispositivos eran monitoreados desde un lujoso inmueble, ubicado en la zona más cara de Londres, por dos agentes que trabajaban, en turnos rotatorios, las 24 horas del día. El apartamento, ubicado en Basil Street, a media cuadra de la embajada, fue alquilado por el agente inmobiliario Chesterton Global Ltd., a un costo de $ 4.500 mensuales.
Los informes remitidos dieron muestra del registro todo lo que ocurría dentro y fuera de la embajada, desde incidentes en la calle que nada tenían que ver con Assange, manifestaciones en los exteriores de la embajada en favor del australiano, la presencia en los alrededores de una mujer identificada como Laura H. M. H Assange, sus cambiantes estados de ánimo, las reuniones del embajador, hasta cada visita que el hacker recibió.
Los agentes españoles registraron a detalle el comportamiento del huésped, por ejemplo, en febrero de 2018, durante 25 días seguidos, los agentes escribieron sus “apreciaciones de estado de ánimo”, “Día 1: El huésped se ve agitado e inquieto, Día 2: Se le ve con mal humor, Día 6: El huésped se despierta pronto y muestra nerviosismo e inquietud”, puede leerse en los reportes. Los agentes concluyeron que Assange tiene ataques de ira y tendencias depresivas que lo llevan a no ducharse durante días o a caminar descalzo y en calzoncillos por la embajada. Parte del trabajo de la empresa también era espiar a Scotland Yard, la policía británica que dejó de vigilar a Assange en 2017.

En 2014, el gobierno ecuatoriano fue informado que Assange, violando su condición de asilo y los protocolos de la embajada, tenía su propia estructura de redes y comunicación, incluso satelital. La firma española reportó que Assange “violentó el sistema de comunicación oficial – “interceptando y recolectando – información de la Embajada y de las personas que trabajan allí”.
Estos hechos fueron de conocimiento del ex presidente Rafael Correa y del ex canciller Ricardo Patiño, sin embargo, permitieron que Assange continúe en la embajada y que el país siga pagando su costosa seguridad. Es más, la reforzaron: en agosto de 2015, Cancillería envió a tres agentes encubiertos a Londres. Nuestras fuentes aseguran que, por cada uno de ellos, el país paga cerca de 10.000 euros mensuales.

Los espías españoles hicieron una lista detallada de quiénes lo visitaron estos años, Assange recibió visitas directas o a través de intermediarios mantuvo contacto con activistas, hackers, celebridades, personajes públicos y políticos. Entre ellos se cuentan: Nigel Farage, ex líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP por sus siglas en inglés) e impulsor del Brexit, el ex ministro de finanzas de Grecia, Yanis Yaroufakis, el ex asesor del ex canciller Ricardo Patiño, José María Guijarro, gente vinculada al Kremlin, Pamela Anderson, la diseñadora de modas Vivienne Westwood y periodistas de la cadena estatal de televisión  de Rusia. También se investiga la participación del lobista y ex jefe de campaña de Donald Trump, Paúl Manafort.
Para las visitas había un protocolo estricto: el equipo de seguridad consultaba a Assange sobre cada persona que quisiera visitarlo. Si él aprobaba la visita, la persona podía ingresar, para luego pasar por un filtro de seguridad y dejar su pasaporte con el personal de seguridad. Con los pasaportes los agentes crearon un perfil de los visitantes, en algunos casos, como el de Oriel Soler y Andreu Grinyó, líderes de la secesión catalana, hicieron perfiles más profundos y de análisis político. En los reportes de las visitas los agentes anotaron la fecha, el nombre, el número de pasaporte, nacionalidad, hora de llegada y hora de salida del visitante y el motivo de la reunión. En esta última se marcaron como “reunión social”, “médico”, “legal”, “VIP”.
Los agentes, además, dejaron constancia que algunas conversaciones de Assange no pudieron ser escuchadas porque lo hacía en “lugares escondidos de las cámaras”.

¿QUIÉN ENTREGÓ A ASSANGE EL PENDRIVE CON LOS MAILS DE CLINTON?
El caso que más salta a la vista fue la filtración de los correos electrónicos del Partido Demócrata, antes de las elecciones de 2016. Una suerte de acuerdos secretos entre rusos y estadounidenses, con Assange en el centro, para perjudicar la campaña de Hillary Clinton. En abril de este año, el Comité Nacional Demócrata presentó una demanda contra la campaña de Donald Trump, el Kremlin y WikiLeaks por complot para beneficiar a Trump y afectar a Clinton.
La justicia estadounidense, encabezada por el FBI, el fiscal especial Robert Mueller y los servicios de inteligencia de ese país iniciaron una investigación para determinar si hubo injerencia rusa y la participación de Wikileaks en las pasadas elecciones.
Las agencias de inteligencia de EE. UU creen que hackers rusos, que trabajan para dos agencias de espionaje de Moscú, el GRU y el FSB, accedieron a los correos electrónicos de los Demócratas y entregaron esa información a Julian Assange en Londres, los mails fueron filtrados entre julio y octubre de 2016, desde la web de Wikileaks ¿Pero cómo llegaron los correos electrónicos a Assange? Alguien lo visitó en la embajada y le entregó esa información. El ex director del FBI, James Comey declaró que Rusia estaba detrás del ciberataque y que un intermediario entregó los correos a Assange. Esa es la hipótesis más fuerte que maneja Estados Unidos, a la que ahora nuestra investigación aporta nuevas evidencias.
En noviembre del año pasado, Glenn Simpson, ex periodista y dueño de la consultora Fusion GPS, dijo ante la Comisión Legislativa de Inteligencia de Estados Unidos que Nigel Farage habría visitado a Assange en la embajada ecuatoriana y que le habría entregado un pen drive. “De alguna manera había una relación no reconocida entre la gente de Trump y la gente de UKIP y el camino hacia Wikileaks pasó por ahí. Me han contado, no lo he confirmado, que Nigel Farage hizo más visitas a la Embajada de Ecuador que la única que ha salido en los periódicos, y que entregó datos a Julian Assange”, relató Simpson.
Hasta ahora, Nigel Farage, ex líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP), que impulsó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha sido la pieza clave de la comunicación entre Rusia, WikiLeaks-Assange y Donald Trump, por sus relaciones con gente cercana a Trump y a Wikileaks.
Farage forjó vínculos con dos de los más cercanos colaboradores de Trump: Steve Bannon, estratega político y Roger Stone, su mentor político. Este último admitió que tuvo contacto con Guccifer 2.0, un hacker ruso relacionado con la filtración de los correos del partido Demócrata y al que la inteligencia estadounidense considera agente del Kremlin.
“Si se triangula a Rusia, WikiLeaks, Assange y Trump se asocia, la persona que obtiene la mayor cantidad de visitas es Nigel Farage. Él está justo en el medio de estas relaciones. Él aparece una y otra vez”, le dijo una fuente a The Guardian.
Stone, quien ha declarado ser admirador de Assange, se jactó de tener “un amigo en común” que sirvió de intermediario entre él y el fundador de Wikileaks. Ese amigo en común fue Farage.
Nigel Farage visitó a Assange en marzo del año pasado, se quedó cerca de 40 minutos y cuando fue preguntado del motivo de la visita respondió “no recuerdo”. De acuerdo con nuestra fuente, Farage regresó a la embajada el mes anterior, ingresó el 28 de abril de 2018 a las 17:10 y salió a las 19:40. Uno de sus más cercanos colaboradores, George Cottrell también visitó a Assange en 2018.
Cottrell, de 24 años, fue asistente de Nigel Farage, en 2016 fue esposado y llevado por la policía estodounidense cuando desembarcó en Chicago. Fue acusado de 21 delitos, incluidos los intentos de extorsión, lavado dinero. La visita de Cottrell fue registrada el día 21 de marzo de 2018, ingresó a las 18:00 y salió a las 19:40 pm.
Nigel Farage, polìtico del Reino Unido de extrema derecha, fue quien apalancó el Brexit
Por otro lado, la relación de Assange con Rusia es cercana, íntima. En 2012, el australiano tuvo su propio programa en el canal de televisión Russia Today (RT), llamado World Tomorrow.

El 14 de junio, el Washington Post reveló que piratas informáticos rusos habían penetrado la red informática del Partido Demócrata. Semanas más tarde, en la víspera de la convención del partido, WikiLeaks publicó 70,000 correos electrónicos.
En sus casi seis años en el interior de la embajada, las interacciones de Assange con las figuras pro Kremlin han sido un tema constante.
De la filtración de los correos demócratas se ha dicho mucho, aunque faltan cabos por atar, una tarea en la cual está empeñada la justicia de USA, pero hay algo en que todos coinciden: fueron los rusos quienes entregaron la información a Assange y éste la divulgó, y esa acción fue clave para la derrota demócrata.

Estos registros realizados por la empresa española de vigilancia, podrían ser de interés del fiscal especial, Robert Mueller, quien lleva adelante una investigación para aclarar si hubo injerencia rusa y colusión con Wikileaks para perjudicar a Hillary Clinton.
Los reportes indican que, en junio y principios de julio de 2016, Assange recibió más de ochenta visitantes. Entre esas visitas se cuentan la de Sarah Harrison, miembro del personal de WikiLeaks y partidarios de muchos años como Craig Murray, ex embajador del Reino Unido en Uzbekistán y el filósofo croata Sre?ko Horvat.
También se registraron las visitas del abogado de Assange, Gareth Pierce, y de su amigo Vaughan Smith, fundador del Frontline Club.
En noviembre de 2017, se presentó un informe "extraordinario" de 10 páginas sobre la visita de dos líderes separatistas catalanes, Oriel Soler y Arnaud Grinyo. La visita duró unas tres horas, Assange estuvo acompañado de su abogada Stella Morris, “y una vez finalizada todos se marchan de buen humor, por lo que entendemos la misma tuvo un resultado satisfactorio”, señala el reporte. Assange tuiteó el mismo día en apoyo de la secesión catalana.
En diciembre de 2017, el presidente Lenín Moreno pidió a Assange no intervenir en la crisis de Cataluña “le hemos recordado al señor Assange que no tiene por qué intervenir en la política ecuatoriana porque su estatus no se lo permite. Intervenir en la política ecuatoriana ni en la política de nuestros países amigos. No tiene derecho a hacerlo y se ha comprometido a eso”, le advirtió Moreno. Assange hizo caso omiso.
LA REUNIÓN DE ASSANGE CON AMIR TAAKI EL DESARROLLADOR DEL BITCOIN
Otro reporte indica que el 19 de mayo de 2017, Assange recibió la visita del británico-iraní Amir Taaki, uno de los principales desarrolladores de la moneda virtual Bitcoin. “Wikileaks está muy interesado en el Bitcoin teniendo varios frentes abiertos ahora mismo. La propia financiación de la organización, la recogida de fondos para la causa de Chelsea Manning, que podría ser una tapadera para autofinanciación”, comentó el equipo de informantes de UC Global refiriéndose a la visita de Taaki. El Gobierno británico le impuso a Taaki 10 meses de arresto domiciliario por haber estado 4 meses en Siria luchando con los kurdos y el PKK contra ISIS. “Su defensa legal es a través de Courage Foundation, la misma que Assange, Bradley Manning, Edward Snowden”, dicen los agentes.
 Amir Taakiel hombre duro de la moneda electrónica, bitcoin
Con el tiempo, la operación de contraespionaje de Ecuador se hizo cotidiana. En enero de 2018, los agentes registraron detalles de poca importancia: como el ingreso de una nueva señora de limpieza, las cartas y flores que le llegaban, las mismas que fueron desechadas “de acuerdo al protocolo”.
Según las anotaciones de los agentes, Assange recibió visitas del ex ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, Yanis Varoufakis, ex ministro de finanzas de Grecia. También lo visitaron la periodista estadounidense Lisa Ling, el documentalista Michael Moore, los políticos españoles, Amador Bustinduy y Miguel Ongil López, miembros de Podemos, el partido de Pablo Iglesias.
Los informes indican que, a principios de 2018, la compañera habitual de Assange, era su abogada Stella Morris. Este año también lo visitó, en dos ocasiones, la actriz estadounidense Pamela Anderson, la diseñadora de modas Vivienne Westwood y el periodista Ewen McAskill de The Guardian quien lo visitó dos veces en enero y febrero. Desde el 9 al 21 de febrero de este año, Assange no tuvo visitas.
También se conoce de reuniones con José María Guijarro (Txema), ex asesor del ex canciller Ricardo Patiño, y diputado del izquierdista Podemos, partido del cual se encargó de diseñar el programa electoral para las elecciones de 2015, en España. Guijarro fue el nexo directo entre el ex canciller Patiño y Assange. Txema, como se lo conoce, trabajó para el Gobierno de Rafael Correa desde marzo de 2010, ganando un sueldo de 4.600 euros mensuales. Antiguo simpatizante del Partido Comunista de España, Guijarro ha colaborado con los gobiernos del bloque bolivariano como Paraguay (Lugo), El Salvador (Funes) y Venezuela (Chávez).
El 18 de marzo de 2018, la Senain puso fin al contrato con la firma española. Actualmente, quien se encarga de la seguridad de Assange en Londres es la empresa ecuatoriana PromSecurity Cía. Ltda.
MANAFORT, EL LOBISTA CHINO Y EX JEFE DE CAMPAÑA DE DONALD TRUMP
El 9 de junio de 2016, el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr, Jared Kushner, su yerno y asesor y el entonces jefe de campaña, Paul Manafort, se reunieron con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, relacionada con el Kremlin. Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la abogada les prometió facilitar información en contra de Hillary Clinton. Manafort, se encuentra detenido procesado por presuntos delitos de lavado de dinero y conspiración rusa para perjudicar al partido demócrata en las recientes elecciones presidenciales.
El encuentro dejó en evidencia la proximidad de Trump con Rusia. Manafort, conocido por su amplia trayectoria de lobismo en el extranjero, fue consejero del ex presidente ucraniano y prorruso Viktor Yanukovych, de oligarcas multimillonarios vinculados a Moscú, así como operador de empresas chinas y del Banco de Desarrollo de China (CDB) el mayor prestamista de Ecuador a cambio de petróleo. La empresa que revende el petróleo ecuatoriano adjudicado a Petrochina, es la multinacional Gunvor, vinculada a Putin, según información del Departamento del Tesoro de USA.
Glenn Simpson que investigó a Trump desde 2015, apuntó a las relaciones comerciales que el ahora presidente de los Estados Unidos mantiene con los “oligarcas rusos”, especialmente en el sector inmobiliario.
En enero de 2017, el sitio web Buzzfeed hizo público un documento que contenía reportes de Christopher Steele, un ex agente de inteligencia británico y experto en Rusia, allí se menciona a Manafort como el nexo de las relaciones comerciales de Trump con Rusia y China.
Es así que, como lobista y representante de intereses chinos, Manafort vino al Ecuador para reunirse con el recién posesionado presidente Lenín Moreno. Las corporaciones chinas estaban interesadas en “comprar las empresas ecuatorianas, CELEC, CNT, Banco del Pacífico y aseguradora Sucre”. La inversión total era por 30.000 millones de dólares. El propósito de Manafort era privatizar los sectores eléctrico, telefónico y la banca púbica, con dinero chino.
ASSANGE NATURALIZADO ECUATORIANO ASILADO EN SU PROPIA EMBAJADA
La ministra María Fernanda Espinosa ha sido defensora de Assange en todo foro mundial al que asistió. Es ella quièn debe responder por todas las oscuras visitas y las acciones que emprendió Assange en la embajada
En enero de este año, la canciller María Fernanda Espinosa, en un intento por solucionar el tema Assange, aceptó la naturalización del hacker, con el fin de que Reino Unido lo considere como agente diplomático y pueda abandonar la embajada, sin embargo, la petición fue negada. La Canciller lucha a brazo partido por alcanzar la Presidencia de la Asamblea General de la ONU, desplazando a su similar de Honduras, a quien Ecuador comprometió su apoyo. En los pasillos de Carondelet se afirma que uno de los compromisos que mueven a Espinosa para llegar a tan alta representación, es la búsqueda de una solución para Julian Assange. Entre las opciones que el régimen de Correa manejó fue que el fundador de Wikileaks sea nombrado agregado diplomático de la ONU y así podría salir de la embajada sin ser detenido.
En marzo de 2018, Ecuador cortó todas las comunicaciones a Assange tras haber roto un acuerdo de finales de 2017, en el que se comprometía a no interferir en asuntos de otros países. Suspenderle el wifi a Assange fue como arrebatarle el cortaplumas a Rambo, dicen los expertos que conocen la experticia del hacker.
El presidente Lenín Moreno ha señalado en varias ocasiones que el “problema heredado” en la embajada, les ha causado “más de una molestia” y que están mirando otras posibilidades que permitan a Assange salir de la embajada para, definitivamente, “librarse del problema”.
El futuro de Assange, buscado en Estados Unidos por conspiración y espionaje, sigue siendo incierto, sin embargo, parece que el fin de su larga estadía dentro de la embajada, está cerca. En eso coincide hasta su propio anfitrión Rafael Correa, quien asegura que el ciberactivista tiene los días contados, aunque las interrogantes respecto a los favores realizados por el hacker, a cambio del asilo otorgado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, sean motivo de otra historia.
Proclamado como un ícono de la libertad de expresión y del libre acceso a la información, admirado por millones en el mundo, Julian Assange, sin embargo, guardó silencio frente a la violación a la libertad de expresión, a la corrupción del régimen de Rafael Correa, y a los abusos de otros regímenes aliados. Muy lejos de honrar sus postulados, el fundador de Wikileaks, devino en un instrumento de una presunta conspiración internacional al servicio de aquellos gobernantes del mundo que menos respetan y garantizan la libertad de expresión y los derechos humanos, personajes acusados de autoritarismo que usaron el poder de sus Estados para beneficio personal y de poderosas corporaciones multinacionales, a las que Assange dijo otrora combatir.

“ECUADOR ES INSIGNIFICANTE”, ASÍ CALIFICÓ JULIAN ASSANGE, EN NOVIEMBRE DE 2016, AL PAÍS ANDINO QUE LE OFRECIÓ ASILO POLÍTICO EN SU EMBAJADA EN LONDRES. PERO, EL GOBIERNO DE ESTE PAÍS “INSIGNIFICANTE” FINANCIÓ CON GASTOS RESERVADOS, MANEJADOS POR LA POLICÍA POLÍTICA DE RAFAEL CORREA (SENAIN), LA CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA PARA BENEFICIO DEL HUÉSPED, BAJO EL CONTROL DE WIKILEAKS (SUNSHINE PRESS PRODUCTIONS). CON TODAS LAS PROTECCIONES GARANTIZADAS POR ECUADOR, EL “HACKER” HIZO DE LA EMBAJADA UN CUARTO DE GUERRA PARA EL ESPIONAJE INTERNACIONAL. SU HABITACIÓN Y OTRAS ÁREAS A LAS QUE TIENE ACCESO FUERON CONVERTIDAS EN UN “HOTEL” DONDE RECIBIÓ VISITAS DE TODO EL MUNDO, ENTRE PERIODISTAS, LIDERES SESECIONISTAS, PODEROSOS EMPRESARIOS, PERSONAS VINCULADAS AL KREMLIN, IMPULSORES DEL BITCOIN, DEL BREXIT Y VISITAS SENTIMENTALES.
Puede leer la nota en Inglés en The Guardian

Investigación de: Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano, con la colaboración de Dan Collyns, Luke Harding, Stephanie Kirchgaessner (The Guardian)

Julian Assange permanece asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace seis años, el mismo tiempo que lleva Ecuador pagando su costosa permanencia, que incluye seguridad y agentes encubiertos para reforzarla, además de una “casa de vigilancia”, que se encuentra a media cuadra de la embajada, en Basil Mansions, en la zona de Knightsbridge, detrás de las tiendas Harrods. La contratación de este centro de operaciones clandestinas y otras actividades ilegales, fueron pagadas con recursos de “gastos especiales” (no sometidos a control) de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), a través de contratos con las empresas Blue Cell Seguridad, otra compañía española -cuyo nombre mantenemos en reserva- y PromSecurity, para vigilar todo acto relacionado a la vida del creador de Wikileaks.

El 5 de abril de 2010 Wikileaks publicó el video “asesinato colateral”, en el que mostraba a soldados estadounidenses disparando a civiles en Irak. A esas filtraciones le siguieron otras, como los cerca de 90.000 documentos clasificados del Pentágono sobre la guerra de Afganistán, información clasificada sobre la guerra de Irak, terroristas capturados en Guantánamo, Cuba; además revelaciones sobre espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos a figuras de la política mundial.
En agosto de 2010, Julian Assange, fue acusado por la fiscalía sueca de abuso sexual y violación. A inicios de 2011 un tribunal londinense dictaminó su extradición a Suecia. El 19 de junio de 2012 Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, pidió asilo político al gobierno del entonces presidente Rafael Correa. El 16 de agosto de ese año, Ecuador le concedió el asilo.
No se ha podido determinar una cifra total de dinero destinado por Ecuador a la seguridad, espionaje y demas actividades de Assange, porque esos datos fueron clasificados de “secretos” en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, nuestro equipo de investigación tuvo acceso a un reporte detallado de gastos de la Senain que indica que, en 2012, por un período de seis meses (28 de junio de 2012 -18 de diciembre de 2012), el país pagó $ 397.271 por el monitoreo y vigilancia de Assange, un promedio de 66 mil dólares mensuales. Este pago incluyó: pasajes aéreos, gastos para operaciones de inteligencia y contrainteligencia al capitán de navío César Pérez, al coronel Iván Jarrín, así como a la empresa Blue Cell Seguridad, pagos a Chesterton Global por arriendo de la “casa de vigilancia” en Londres y otros gastos no especificados para operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
Según información de la Contraloría del Estado, durante los últimos cinco años la Senain manejó $ 284.7 millones, cifra de la cual más del 80% fue destinada a gastos reservados. Un reporte detallado de gastos de la Secretaría, indica que la “Operación Hotel”, en su primer año, le costó a Ecuador $ 972.889,42. Cifras revisadas por nuestro equipo de investigación, configuran un rubro total aproximado de casi 6 millones de dólares, gastados en el huésped entre agosto de 2012 y marzo de 2018.
Pablolo Romero Quezada, ex titular de la Senain, se justificó ante la Contraloría diciendo que esas actividades se planificaron “con el fin de neutralizar las amenazas contra la seguridad interna del país”. Romero, actualmente prófugo de la justicia, fue hombre de confianza de Ricardo Patiño, ex canciller que autorizó el asilo en 2012.
Información adicional de gastos de la Senain indica que entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2012, la Senain invirtió $ 22.5 millones en 38 operaciones, entre ellas “Lumbisí”, “Centro de inteligencia”, “Vigilancia Remota Gric”, “Hotel”, “Agentes encubiertos”, “Fachadas”, “Pegaso”, “Venezuela”, “Contrainteligencia I.J.”, “Contrainteligencia” C.P., “Rayo”, entre otras.
La Senain fue creada, en 2009, por el ex presidente Rafael Correa, con el objetivo de realizar “actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional”. En el país ha sido cuestionada por espiar, intimidar y perseguir a políticos, activistas sociales, periodistas y ciudadanos críticos al régimen correísta.
 Rafael junto a Rommy Vallejo, Fernando Alvarado y un grupo de colaboradores. La Senain fue el cuerpo de persecución de correísmo y uno de los centros de mayor corrupción en ese gobierno. Lea tambien Esa torpe policía polìtica llamada Senain
LA OPERACIÓN “HOTEL”
En septiembre de 2012, dos meses después de la llegada del creador de Wikileaks a la embajada, se puso en marcha la operación “Huésped”, el objetivo: tener un equipo de seguridad in situ para Assange las 24 horas del día y una “casa de seguridad” cerca de la embajada. El entonces embajador, Juan Falconí Puig, hizo llegar una queja, en 2015, a la Cancillería -y ésta a su vez, la transmitió a la Senain- sobre facturas pendientes de pago que llegaban a la embajada por impuestos de arriendo del inmueble. Un año después Pablo Romero Quezada cambió el nombre de la operación Huésped por “Hotel”.
La compañía de seguridad y vigilancia fue creada en 2008, por exmilitares españoles, con el objetivo de “cubrir el amplio espectro de los sectores de la seguridad y defensa (nacional e internacional, pública y privada)”, según reseña su página web. En una entrevista concedida a un medio español, su gerente, señaló que son “contratistas de seguridad”, que se dedican a la protección y ejecución de actividades en zonas de peligro, además, “ofrecemos protección personal de familias presidenciales de Sudamérica que viajan a Europa, a ejecutivos importantes”.
Datos revelados a este medio, indican que, por proporcionar personal para la seguridad de Assange, en 2012, las dos compañías cobraron mensualmente $ 55.000. Para agosto de 2015, el contrato subió a $93.000 mensuales.
La compañía contratada para la vigilancia y seguridad de Julian Assange, es la misma empresa a la que Rafael Correa le confió desde el año 2014, la seguridad y custodia de su hija Sofía Correa Malherbe, mientras estudiaba en Francia, a través de un contrato por $ 76.190 mensuales, $ 914.289 anuales, pagados también con gastos especiales de la Senain.
El contrato con la empresa Blue Cell, incluyó el servicio de inteligencia, seguridad diplomática y la instalación de equipos de vigilancia para la embajada en Londres. Un reporte de gastos de la Senain, indica que, entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, el país pagó a Blue Cell más de $ 200.000 por concepto de “seguridad diplomática, alojamiento, alimentación, comunicaciones”; en enero de 2013, se registró un nuevo pago por $ 190.829 por “adquisición de equipos para actividades de inteligencia”. La Contraloría encontró que un pago por $ 17.226, hecho a esta empresa, no fue justificado; el organismo de control señaló que se “desconoce el objeto de la instalación de los equipos”.



Según la Superintendencia de Compañías, Blue Cell fue constituida en Quito, en junio de 2011, con el objetivo de “prestar los servicios de asesoría a empresas, instituciones públicas o privadas que tengan necesidades de ingeniería de riesgos”. Sus accionistas y administradores son: el estadounidense Carlos De Miguel y el ecuatoriano Israel Estibenson Flores Pallasco.
PROTECCIÓN AL HACKER Y EL ESPIONAJE A OPOSITORES
En 2013 la Senain compró paquetes de espionaje a la empresa italiana Hacking Team y contrató a la empresa colombiana Robotec, para el servicio de soporte. En una comunicación del 8 de enero de 2013, Valerio Bedeschi, CEO de la firma italiana, indicó que Robotec “es nuestro único distribuidor en su país”.
En febrero de ese mismo año, Pablo Romero Quezada autorizó a la empresa Iluminati Lab para que cumpla el papel de “representante e interlocutor exclusivo para la demostración, evaluación y contratación de los servicios que presta la empresa Hacking Team”.
A la estrategia de espionaje del gobierno de Correa también se sumó un contrato con la empresa de Singapur ST Electronics, como parte del proyecto Soberanía. La Senain adquirió en $ 28 millones una plataforma de interceptación de comunicaciones, cuyo servicio es cuestionado. El sistema es operado por la contratista con un costo adicional de $ 2,8 millones anuales.
A través de un oficio, fechado en diciembre de 2014, Rommy Vallejo, a la fecha secretario nacional de inteligencia, informa a Thiam Boon Siong Max, vicepresidente de ST Electronics, que la Senain aprobó un contrato adicional de mantenimiento por $ 2,5 millones. A la fecha se investiga si la plataforma tecnológica instalada por ST Electronics en la Senain (Lumbisí – Quito) pudo haber sido utilizada para operaciones externas.
CONTRALORÍA CUESTIONA GASTOS ESPECIALES A FAVOR DE ASSANGE
El 21 de marzo de 2013, la Contraloría de Ecuador oficio 9044 CG, solicitó al jefe de la Senain, Pablo Romero, los justificativos sobre el uso de los “Fondos Públicos Permanentes de Gastos Especiales”, del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012. El organismo de control indicó a Romero que había consumos, por $ 411.493, que no incluían ningún documento de respaldo.
En la lista que la Contraloría envió a Romero, detalló que gastaron $ 10.000 en bebidas alcohólicas y perfumes, y otros $ 10.000 de los que no hay ninguna factura; estos gastos fueron atribuidos a Ana Albán Mora, a la fecha, embajadora en Londres.
Hubo pagos que sumaron $9.536 por pasajes aéreos de los que no existe ninguna información y egresos por servicio de seguridad diplomática en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012, de los que no hay documentos de sustento que suman $ 119.988. Indicó además que hubo dos pagos en el mes de septiembre, de $ 9.000, por arriendo de un departamento en Londres y $ 224.699 para agentes encubiertos de los que no existían informes que justificasen los “pagos periódicos efectuados”.
Al respecto, Romero, en un oficio del 27 de marzo de 2013, explicó que los pagos a los agentes estaban “relacionados con los informes de actividades, que en su gran mayoría son presentados en forma verbal tanto a la Coordinación de Inteligencia y Contrainteligencia, para que estas unidades puedan planificar actividades con el fin de neutralizar amenazas contra la seguridad interna del país”.
Sobre los otros egresos aclaró que “corresponden a la Operación Hotel, relacionada con diferentes compromisos que adquirió el gobierno ecuatoriano con la seguridad del huésped”, que no podía proveer más detalles “por su alta sensibilidad”, respondió Romero.
LA BITACORA DE ASSANGE
La vida del Huésped en la embajada londinense está registrada minuto a minuto en los reportes de la empresa española, obtenidos en exclusiva por nuestro equipo de investigación: desde la visita del dentista Monik Nasan para extracción de un diente, la utilización del hueco de la escalera para atender llamadas largas, la hora en que fuma su pipa, la sospechosa acción de James, el asistente, que el 31 de enero de 2018, salió con un colgante lleno de pendrives y al regresar no los tenía, sin soslayar las visitas sentimentales.
Nuestra fuente, que prefirió mantener su nombre en reserva, señala que Assange ocupó hasta un tercio del espacio dentro del primer piso de la embajada. Además de la pequeña habitación desde la que se dirige al público, Assange ocupó dos habitaciones grandes, una de las cuales funciona como dormitorio. Las habitaciones tienen cerraduras codificadas y únicamente el personal de Wikileaks tiene acceso a ellas, en estos espacios no hay cámaras.
Los informes diarios incluyen fotos, análisis y los momentos críticos de Assange: en enero de 2013 tuvo una crisis ocasionada por el estrés, el reporte señaló que el personal de seguridad escuchó un sonido “que se asocia a un fuerte golpe que proviene del interior de la habitación de Assange, los de seguridad indican que hay un mueble partido y volcado en el centro de la habitación”.
Un reporte de los espías señala que el australiano “durante sus sueños tiende a gritar y hablar de forma incoherente”, producto del estrés, “causado en parte por el aislamiento de libertad” y la “poca relevancia mediática sobre el tema Assange” podrán “llevar al sujeto a un posible estado depresivo”, y recalca que “la naturaleza de Assange con evidentes estados de rabia y sentimientos de superioridad puede ocasionar cierto estado de estrés al personal que le rodea”.
INFORMACIÓN DE WIKILEAKS EN MANOS DE AGENTE ESPAÑOL
El 21 de agosto de 2015, Sunshine Press Production (SPR) en representación de Wikileaks, suscribió un acuerdo de confidencialidad con uno de los agentes españoles encargados de su vigilancia -cuyo nombre mantenemos en reserva- a quien se lo registra como “Receptor”.
A través del referido convenio, Wikileaks y Julian Assange, entregaron al Receptor el acceso a información altamente confidencial. “La información confidencial incluye: datos, material, productos tecnológicos, programas de computadora, especificaciones, manuales, planes de negocio, softwares, planes de marketing, información financiera, y otra información presentada y enviada, oralmente, por escrito, o por algún otro medio…”, se lee en el documento.
El Receptor se compromete a guardar absoluta reserva sobre la identidad del staff de Wikileaks, así como a garantizar la confidencialidad de la información que se genere en las reuniones que mantuviere con los miembros de Wikileaks, Julian Assange o sus familiares.
El documento señala que la información entregada al Receptor “ no se limita a comunicación electrónica, información de futuros proyectos, horarios y documentos de entrevistas, borradores de presentaciones, notas, reportes u otro tipo de escritos que pueden ser destinados para publicaciones futuras, y cualquier otra información transmitida por emails, reuniones, llamadas telefónicas y conferencias por cualquier otro medio”.
EN NUESTRA SEGUNDA ENTREGA REVELAREMOS LOS NOMBRES DE LAS SOSPECHOSAS VISITAS QUE RECIBE ASSANGE EN LA EMBAJADA DE LONDRES, MUCHAS DE LAS CUALES SON PARTE DE TRAMAS CONSPIRATIVAS INTERNACIONALES.