Autor: mh

POR FUNDAMEDIOS
De los nueve años del llamado gobierno de la “Revolución Ciudadana”, más de 158 días,  completos fueron dedicados exclusivamente a imponer la “verdad oficial” en los medios de comunicación radiales y televisivos ecuatorianos, a través de cadenas obligatorias.
Estos mensajes del gobierno se traducen en un total de 22 841 minutos, o un aproximado de 3792 horas que salieron al aire de manera gratuita en los medios.

Desde el 2007 a diciembre de 2016 -durante la gestión del presidente Rafael Correa- Fundamedios contabilizó la transmisión de al menos 5584 cadenas que fueron difundidas a nivel nacional, siendo el 2016 el año de mayor difusión de los productos comunicacionales del gobierno con un total de  2405 cadenas de radio y TV que suman 5874 minutos, solo en ese año.
Si tomamos de referencia el primer año de gobierno de Rafael Correa, en donde se difundieron 156 cadenas, el incremento es exponencial y representa un aumento del 1441% frente al total de cadenas difundidas el año pasado. Un bombardeo mediático casi diario que se ha ido tomando los espacios informativos y de entretenimiento.

*Las 632 cadenas correspondientes a 2007,2008 y 2009 fueron contabilizadas por Fundación Ethos
**Para la presente investigación, no fue posible conseguir las órdenes de cadenas de septiembre a diciembre de 2012.

El artículo 74 de la LOC, establece que: “Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general: Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público”.Las órdenes de cadena son enviadas a los medios a través de oficios o correos, a veces informales, remitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM), entidad que se sustenta en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en vigencia desde junio de 2013. Antes de la vigencia de esta Ley, las cadenas se ordenaban en aplicación de la Ley de Radiodifusión y Televisión que fue derogada.
Un instructivo de la SECOM, que consta en su portal web, se refiere al enfoque político que deben tener las cadenas, en donde se establecen parámetros como:
– “No buscarán destacar una figura pública sino posicionar un tema de interés ciudadano, esclarecer tergiversación informativa y difundir alertas en casos de emergencias por desastres naturales o conmoción social”.
– La cadena “fortalecerá el apego a la Ley, la normativa y representará una fuente directa de acceso a la información entre las entidades de Estada y los ciudadanos”.
– Las cadenas “son piezas audiovisuales que tienen el propósito de garantizar y promover los derechos de los ciudadanos a recibir información exacta, veraz, verificada y contextualizada acerca de hechos, acontecimientos y procesos de interés ciudadano”.
Pese a ello, esta herramienta, además de posicionar los mensajes oficiales, ha servido para atacar a la prensa independiente y sectores de la oposición, enviar “réplicas” que no lo son y hasta campañas gubernamentales sin tener que pagar a los medios por ese espacio, . Es así que en estos años, se ha vuelto una práctica común la interrupción de espacios informativos de medios no alineados al gobierno, para descalificar y rebatir información, o comentarios vertidos por entrevistados que han cuestionado al gobierno en distintas materias.
De los registros que lleva Fundamedios anualmente, el total de cadenas nacionales destinadas con fines descalificadores suman 178, desde el 2008 hasta enero de 2017. En todas ellas, se atacó, desprestigió y cuestionó la opinión de personajes, por tener criterios o pensar distinto al oficialismo.

De qué tratan las cadenas?
La primera alerta que emitió Fundamedios respecto al abuso de cadenas fue en diciembre de 2008. En ese entonces se reportó que el 17, 18 y 19 de diciembre, el gobierno interrumpió el programa matutino “Contacto Directo” de Ecuavisa para transmitir un espacio en el cual se criticaba abiertamente a Carlos Vera, quien para ese entonces, era considerado uno de los personajes de la televisión más críticos con el gobierno.
Desde esa fecha, ya se alertó que la transmisión de ese tipo de cadenas no se ajustaban a los reglamentos en vigencia en ese momento -como la Ley de Radiodifusión y Televisión que manejaba el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), en cuyo artículo 19 del Capítulo de la Obligaciones Sociales de la Ley de Radiodifusión y Televisión, se especificaba que los espacios del Gobierno deben ser transmitidos como cadenas nacionales en un mismo horario por las redes televisivas en general-. Este tipo de cadenas interurmpían un programa en específico, incumpliendo con la normativa citada. Esta práctica se volvió común en el correísmo, convirtiendo a las cadenas en mecanismos para imponer una verdad oficial y descalificar a quienes pensaban distinto, como si se tratara de un “blanco” al que hay que apuntar y combatir.
Entre el 2007 al 2009* de la administración del gobierno de Rafael Correa, se difundieron un total de 632 cadenas, mientras que entre el 2010 al 2012, el número de cadenas sumó un total de 732, y eso, tomando en cuenta que en 2012, solo se pudo recabar información hasta el mes de agosto de ese año**. Sin embargo, con estas cifras se puede ver claramente el aumento en el uso y abuso de este recurso comunicacional del Estado.  Entre el 2010 al 2012, se utilizaron 138 cadenas nacionales para difundir mensajes del “Gobierno”, que representó 1464 minutos gratuitos en más de 200 estaciones radiales y televisivas del país. En ese mismo lapso de tiempo, se contabilizaron 137 cadenas (1.029 minutos) para difundir mensajes bajo el tema “interés general”, según se especifica en las órdenes de la Secom.
Un hecho que cabe recordar en esos años fue la cadena de radio y televisión “indefinida e ininterrumpida” del 30 de septiembre de 2010, cuando el país vivió una jornada de violencia generada por una sublevación policial, que el Gobierno calificó como “intento de golpe de Estado”. Aquel día, todas las estaciones del país tuvieron que enlazarse obligatoriamente a la señal de Ecuador TV , llamado medio público que constituyó un acto de censura a la información, donde no se permitió a los medios privados informar de lo que sucedía y donde se le privó a los ciudadanos de obtener información de distintas fuentes. También vale señalar que en 2011 se utilizaron 17 enlaces para informar sobre el proceso de la Consulta Popular y Referéndum, celebrado el 7 de mayo de ese año.
En 2013, año en el que entró en vigencia la LOC, las órdenes de cadena empezaron a citar esa normativa, pero, además, se ordenó este tipo de herramientas comunicacionales como “réplicas” obligatorias. Un ejemplo de ello se dio el 1 y 2 de agosto de 2013, cuando dos cadenas ordenadas por la SECOM interrumpieron durante cinco, y dos minutos y medio, respectivamente, el programa de entrevistas Contacto Directo,de Ecuavisa. Estos espacios de gobierno se difundieron pese a que la reciente aprobada Ley de Comunicación establece, en su artículos 23  y 24, un procedimiento muy claro para ejercer el derecho a la rectificación y réplica, y no como una cadena obligatoria.
En el primer caso, la interrupción se dio para aclarar “las grandes mentiras” dichas por el asambleísta de oposición Andrés Páez , por haber cuestionado una resolución del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y el segundo caso, la cadena fue para afirmar que Estefanía Espín, presentadora de ese espacio “intentó vincular a altas autoridades gubernamentales con supuestos desprecios e insultos a las mujeres ecuatorianas”.
Pero ese es solo un pequeño ejemplo del total de las 840 cadenas que fueron difundidas en 2013 y que representaron un total de 4390 minutos. De ellas, el 53% se destinaron para informar “Actividades del Gobierno Nacional”; el 35% para divulgar temas de “interés general” y el 12% para actividades de la Asamblea Nacional.  En ese año se dio un incremento importante en el número de cadenas, en parte porque el Ecuador vivió, al igual que en 2011, un proceso electoral, cuando el 17 de febrero se reeligió como presidente a Rafael Correa en una sola vuelta.
En 2014, el total de cadenas disminuyó y se pudieron contabilizar un total de 292, que representan 847 minutos al aire. En ese año se divulgaron 70% de cadenas bajo la premisa de “Acontecimientos de interés general”, mientras que el resto se destinó para el programa de oficialista denominado “El Gobierno a sus mandantes”, versión nacional y provincial; e informe de la Asamblea. En ese año, también se destinaron espacios oficiales para atacar a medios y periodistas. Por ejemplo, tres cadenas se destinaron para atacar a diario Expreso y en cuya orden de difusión constaba como título: “análisis de un caso de diario Expreso”.
El 14 de julio de 2014, Fundamedios reportó que una cadena ordenada por la SECOM interrumpió los espacios informativos y de opinión de las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas para descalificar a diario Expreso y afirmar que el medio de comunicación “engaña a sus lectores”. Es así que Durante tres minutos, la Secom arremetió contra el medio de comunicación por la publicación de una nota, el pasado 9 de mayo, bajo el título “El IESS deja de otorgar anticipos a las clínicas”.  Al respecto, la Secom aseguró que “Diario Expreso además de no contrastar omitió información para mentir a sus lectores”.
En ese año y desde julio, la SECOM también se valió del mecanismo de las cadenas para difundir una campaña anti medios denominada “La ciudadanía le habla a los medios”, que consistía en la emisión, en horario rotativo, de una serie de cadenas de aproximadamente 50 segundos de duración, en las que ciudadanos criticaban la labor periodística de un comunicador o entrevistador en concreto. Las cadenas arremetieron en contra de personajes de pantalla como María Josefa Coronel, Estefani Espín, Hugo Gavilánez o Vito Muñoz. También se emitieron una serie de cadenas para atacar y desprestigiar la labor periodística de los medios de comunicación privados como diario El Comercio y las estaciones televisivas Ecuavisa y Teleamazonas. Estas cadenas, cuyo encabezado común tenía la leyenda que dice: “Por un periodismo de calidad”, interrumpieron los espacios noticiosos de los canales mencionados durante dos minutos en promedio.
En 2015, se divulgaron 683 cadenas que representan 499,2 minutos al aire. De estas, el 72% se destinó para la difusión del programa de gobierno “Ecuador Noticias” y el resto para temas de “interés general”, “actividades de la Asamblea”, entre otros. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en el 2015 se difundieron en mayor medida cadenas para reafirmar y convencer sobre temas que el oficialismo quiso posicionar dentro de su discurso.
Es el caso del tema de  las salvaguardias, sobre el cual se emitieron siete cadenas de televisión en marzo. Todas ellas para reafirmar que el impuesto a ciertos artículos importados era una buena decisión. Asímismo, se destinaron seis cadenas de más de quince minutos para atacar a la Unión Nacional de Educadores y referirse al tema del feriado bancario, o enmiendas constitucionales, manifestaciones, entre otras. En otros tópicos, ocho cadenas de televisión de más de dos minutos y medio cada una se emitieron para referirse a una visita oficial del Presidente a Estados Unidos y otras dos por una visita oficial a Ginebra. En ese año también se divulgaron cadenas por la Cumbre de Periodismo CUPRE, el Cotopaxi, información del Fenómeno del Niño, entre otras.
Un ejemplo de ello ocurrió con una cadena de cinco minutos difundida la noche del 16 de agosto de 2015 para deslegitimar las protestas sociales ocurridas en los últimos días y acusar a medios privados como Teleamazonas y diario La Hora de ser abastecedores de alimentos y transportadores de los manifestantes. El espacio de gobierno acusó a los dirigentes de la violencia generada y de las agresiones contra policías. Se dijo que tras la orden de los dirigentes de “cercar Carondelet” se dio paso a la violencia extrema.
Otro ejemplo ocurrió con una cadena divulgada el 1 de diciembre y que interrumpió el informativo estelar de Ecuavisa para descalificar a su presentador y Vicepresidente de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros, por comentarios vertidos por el periodista respecto a una de las reformas constitucionales que el oficialismo presentó como enmiendas y fueron aprobaron en la Asamblea. El periodista se había referido a la necesidad de que la Contraloría sea un organismo independiente.
El 2 de diciembre, otra cadena de cuatro minutos y medio ordenada por la Secom interrumpió los espacios informativos matutinos de Ecuavisa y los medios incautados TC y Gama para defender la tesis del gobierno respecto a los supuestos beneficios que tendría para los ciudadanos la aprobación de las reformas a la Constitución.
Finalmente, en 2016, se difundieron 2405 cadenas y fue el año de mayor uso y abuso de estos espacios. El incremento se evidenció, sobretodo, en los últimos cuatro meses, donde el bombardeo mediático por parte del gobierno tomó mayor fuerza con el objetivo de enaltecer la gestión del Vicepresidente Jorge Glas, quien se perfilaba como uno de los favoritos para postularse a la candidatura presidencial del  19 de febrero del 2017, siendo así que los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año pasado se transmitieron 1371 cadenas con 1948 minutos, cuyos temas de relevancia fueron la difusión de la propaganda denominada  “Década Ganada” y el informe de interés a la ciudadanía referente a la vicepresidencia y la agenda vicepresidencial.
El denominador común de las cadenas
1. Interrupción de espacios noticiosos.
2. Transmisión exclusiva en medios privados: para “desmentir”, “aclarar”, desacreditar, a juicio del gobierno, imprecisiones de información u opiniones vertidas en esos espacios noticiosos
3. Este enlace se ordena como “cadena”, cuando existe la disposición de que ninguna estación contraria a la dispuesta, se enganche a esta señal.
4. Son utilizadas para defender la postura oficial: proyectos de ley, juicios, etc.
5. La duración de este tipo de enlaces oscilan entre los 3 y 15 minutos.
6. Generalmente el material que se emite en forma de “cadena”, es el utilizado en los enlaces sabatinos del presidente Correa.
Cadenas y censura
“La propaganda intenta forzar una doctrina sobre la gente… La propaganda opera sobre el público general desde el punto de vista de una idea y los prepara para la victoria de esta idea.” Adolf Hitler escribió estas palabras en su libro Mein Kampf (1926)

Con estas cifras y estos ejemplos, es notorio que el fin primordial de las cadenas es imponer la verdad oficialista por sobre todos los criterios. En ese sentido, poco importa si se interrumpen espacios noticiosos o de opinión. De hecho, de todas las cadenas reportadas como alertas -por haber atacado o descalificado a alguien- han sido difundidas en medio de algún espacio de estos.
Tampoco es es una coincidencia que el discurso del Presidente desde sus enlaces sabatinos esté alineado con las cadenas y que a su vez, muchas de estas también sean usadas en los Enlaces Ciudadanos o viceversa.
Si bien por un lado -y dentro del debate democrático y cuando de asuntos de interés público se trata- se exige que las autoridades estatales actúen con mayor transparencia y rindan periódicamente cuentas a la ciudadanía de cómo desarrollan sus gestiones, en ese sentido la Corte Interamericana ha indicado que no solo es un derecho, sino un deber de todo funcionario público pronunciarse públicamente sobre tales asuntos, y para ello es legítimo que empleen los mecanismos comunicacionales del Estado, y por la misma razón las cadenas nacionales son el medio tradicional por el cual las autoridades estatales comunican a la ciudadanía sobre asuntos de especial interés para el país. Sin embargo, la utilización de esta potestad que tiene el Gobierno ha degenerado en un abuso constante.
Al respecto los órganos del Sistema Interamericano han venido alertando en años recientes sobre un uso abusivo que algunos estados estarían dándole a su facultad de emitir enlaces y cadenas nacionales, pues ello se ha convertido en la práctica, en un mecanismo de restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, y en ciertos casos ha dado cabida a que se menoscaben otros derechos fundamentales de particulares.
En repetidas ocasiones, la Relatoría Especial ha alertado sobre el uso excesivo y discrecional de las cadenas nacionales. En particular, ha hecho referencia a que la excesiva frecuencia de tales mecanismos en la práctica conlleva a que los medios de comunicación que deban interrumpir su programación para dar paso al enlace nacional, se ven impedidos de ejercer su derecho a difundir la información que deseen en el marco de su ejercicio a la libre expresión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al respecto, ha indicado que “este mecanismo, utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir una forma de censura”.

MIL HOJAS

El pasado 20 de febrero, un día después de las elecciones de primera vuelta, decenas de policías y fiscales ejecutaron la operación Península, que desarticuló una red de narcotráfico que buscaba enviar  736 kilos de cocaína a Europa. Las autoridades incursionaron en seis viviendas en Guayaquil, Samborondón,  Salinas; capturaron a seis personas, tres vehículos y cerca de UD$200.000.
A diferencia del resto de operativos antinarcóticos que el Ministerio del Interior promociona fuertemente como resultado de su lucha contra el crimen organizado, este fue manejado con bajo perfil. No hubo presencia de la prensa pública o privada y sólo el diario oficialista, El Telégrafo, se atrevió a publicar una pequeña reseña informativa sobre el caso el martes 21 de febrero, a partir de la información que ese ministerio publicó  en su cuenta de Twitter.
El operativo Península es de extrema importancia porque entre los involucrados y capturados por la Policía Nacional se encuentra uno de los hermanos del director general de operaciones de la Policía Nacional,  general Ramiro Mantilla Andrade.

Mantilla Andrade en este momento es el responsable de la cadena de custodia de todo el material electoral. Es la autoridad y sus órdenes serán ejecutadas por todos los policías que se encuentren a cargo de proteger los kits electorales y posteriormente los resultados de las votaciones del 2 de abril.
El destino de su hermano depende ahora de una justicia secuestrada por el ejecutivo. Que un individuo bajo esta presión tenga la responsabilidad del material electoral resulta por demás preocupante. El general Mantilla no puede esconder estas investigaciones que arrancaron el 26 de noviembre del año pasado. Información a la que Mil Hojas tuvo acceso, desde el interior de la policía, informó que su hermano, Patricio Mantilla Andrade, esta siendo investigado por la fiscalía junto a otro grupo de personas. 

Imagen: En la página web de novedades de la Fiscalia General del Estado se informó en el mes de noviembre del año pasado sobre la investigación contra los ahora implicados en el caso Península

Su sistema de operación fue el llamado “gancho ciego” o “RIP OFF” que contamina  contenedores con mercancías lícitas en buques mercantes, mediante el cambio o clonación de candados en el puerto de Guayaquil. El sistema requería la colaboración al interior del puerto, desde allí les ofrecían líneas de ingreso seguras para colocar las sustancias ilegales.
La policía determinó claramente las funciones de cada uno de los miembros de esa banda y estableció que el líder de la organización fue el ciudadano albanés Alina Altin. Junto a él operaron ecuatorianos y colombianos. El hermano del general Mantilla está acusado de brindar seguridad al grupo. La investigación permitió conocer que tenían previsto enviar 640 kilos de cocaína  en un contenedor de banano de la Cooperativa de Producción Bananera El Pajonal. El destino era la empresa Days Fruit Vegetables B.V., en el puerto Antwerp en Bélgica.
La droga fue localizada en el buque Minerva de la naviera HapangLloyd,  debía zarpar el 16 de febrero a las 5 de la mañana. La cocaína había sido acomodada en 54 cajas de banano y en los paquetes se hallaron los logotipos USA, DUCE, 1BE y H.

El ambiente que se vivió antes, durante y después del proceso electoral del 19 de febrero pasado fue de hostigamiento e intimidación hacia miembros de organizaciones no gubernamentales e incluso de agrupaciones de la oposición, así como también de obstáculos para determinadas misiones de observadores electorales. Y ese panorama podría repetirse en la segunda vuelta electoral.
Esto se colige del Informe Ejecutivo de cinco páginas, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto CASLA de la República Checa, sobre las elecciones celebradas en el Ecuador hace casi dos semanas.
Por qué? Ante las irregularidades registradas en todas las etapas de la organización de los comicios, el Instituto CASLA, que se dedica sobre todo a la promoción de los Derechos Humanos en los países de América Latina y que siguió el proceso electoral ecuatoriano con observadores independientes, formuló varias recomendaciones a las autoridades que van desde dar garantías para que el equipo de control electoral del candidato presidencial de oposición, Guillermo Lasso, pueda hacer su tarea, hasta que se permita la participación de delegados de la Unión Europea como observadores de la segunda vuelta electoral, pues esto fue impedido en las votaciones de febrero pasado.
Entre las observaciones previas a la contienda electoral, en el documento firmado por Tamara Suju, Directora Ejecutiva del Instituto CASLA, se destacan las inconsistencias que presentó el Registro Electoral, donde aparecieron personas fallecidas como habilitadas para votar, ciudadanos que poseen dos o más números de cédulas, personas domiciliadas en el exterior que aparecen como votantes, nombres de personas que pertenecen a movimientos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que constan como electores.
También se enfatiza que el padrón electoral, entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los partidos de oposición en octubre del 2016, no tenía registradas las cédulas de identidad ni la fecha de nacimiento de los votantes. 
Por si esto fuera poco, de los 2.875 observadores “nacionales” acreditados por el gobierno, 1.200 fueron funcionarios del propio Estado ecuatoriano, es decir de instituciones donde el Ejecutivo tiene representación directa como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacional de Discapacitados, etc.
En cambio, las condiciones impuestas por las autoridades ecuatorianas para la participación de parlamentarios europeos en los comicios del 19 de febrero impidieron su presencia. Así lo sostiene Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, quien agrega que desde el 2016 realizó gestiones para que representantes de la coalición de los partidos políticos de oposición, denominada “Acuerdo Nacional para la Observación Electoral en Ecuador”, pudieran acudir a Bruselas a solicitar, tanto a representantes de la Unión Europea como al Parlamento Europeo, la observación electoral para los comicios de febrero pasado. Estos organismos aceptaron la solicitud. No obstante, Sujú narra que solo faltaba la autorización e invitación de las autoridades ecuatorianas. El 22 de noviembre de 2016, el CNE invitó oficialmente a 3 expertos electorales de la Unión Europea (UE), pero bajo la modalidad de “Observación conducida”, los días 14 al 20 de Febrero. De acuerdo con el CNE, la observación conducida es un procedimiento que se cumple con el acompañamiento de funcionarios del organismo de sufragio. 
“Esta invitación fue rechazada por dicha Instancia (UE), por no cubrir los estándares mínimos estipulados para una Observación Electoral, tal como lo requieren sus reglamentos internos”. 
Suju instó a los representantes del Acuerdo Nacional Para la Observación Electoral a que invitaran a parlamentarios europeos a participar como observadores del proceso electoral ecuatoriano. Pero debido a las condiciones impuestas a los 3 representantes de la UE, los europarlamentarios consideraron que había una falta de reciprocidad del gobierno ecuatoriano, pese a que días antes se había firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y este país. Por lo que decidieron no ir a las elecciones. 
Tampoco tuvo éxito la gestión del Observatorio para que las autoridades invitaran a senadores españoles a estar presentes en las elecciones. El senador Dionisio García Carnero, de manera personal, aceptó la invitación de la coalición de oposición y actuó como observador independiente en los comicios. 
No obstante, según publicó diario El Telégrafo, el mismo día de las elecciones, el presidente Rafael Correa rechazó las declaraciones del senador español que criticó la no aceptación de una misión de observadores de la UE. El mandatario también fustigó las declaraciones de Ana Mercedes Díaz, exmiembro del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
"Cuántas veces la Unión Europea ha aceptado la presencia de observadores latinoamericanos, es una pena que algunos no logren superar todavía su mentalidad colonialista" dijo Correa y agregó que cualquier observación es aceptada, pero siempre que sea oficial, no por cuenta propia y "quizás con oscuras intenciones".
La reacción contra Díaz no se quedó solo en el contrapunto de Correa. Las declaraciones dadas por la venezolana, dos día antes de las elecciones le obligaron a suspender una conferencia magistral que tenía prevista en Quito y debió acudir a la embajada de Estados Unidos para buscar refugio, ya que gozaría de doble nacionalidad. “Díaz aseguró que llegó a la embajada luego de que Leonel Fernández, jefe de la misión de observadores electorales de la OEA, le indicara que habría una orden de detención en su contra.”
Horas antes, en entrevista con la cadena NTN24, la venezolana había asegurado que “el registro electoral de Ecuador está viciado y que "el fraude electoral está preparado". http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/titular-del-cne-rechaza-version-de-observadora-independiente-en-comicios-de-ecuador
En cuanto al Informe del Instituto CASLA se registran también varias alertas en los días previos al 19 de febrero. La primera tiene que ver con la entrega de al menos 8 sobres bomba por parte de Correos del Ecuador, según información de la policía ecuatoriana. Uno de los paquetes fue dirigido a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, el 15 de febrero. Un día después las destinatarias de otro sobre bomba fueron las periodistas Janeth Hinostroza y Estéfani Espin.
Luego, el 18 de febrero, se dio un intento de desalojo de las instalaciones donde iban a observar los comicios y recibir los resultados, los miembros del Partido CREO que lidera Guillermo Lasso en Guayaquil, situación que fue resuelta en las primeras horas de la mañana siguiente. 
El lugar donde la organización Participación Ciudadana haría el monitoreo de las elecciones para su trabajo de conteo rápido amaneció cerrado el día de las elecciones. “Los representantes de esta organización pudieron acceder poco a poco en el transcurso de la mañana, bajo la vigilancia policial”.
Todo esto se da en un contexto de falta de imparcialidad en la selección de los integrantes del CNE por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues todos sus miembros son afines al partido oficialista Alianza País, de acuerdo con denuncias de la oposición presentadas al Observatorio del Instituto CASLA.
LAS IRREGULARIDADES
El Observatorio también describe las anomalías durante la jornada en la que 12,8 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para elegir presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Igualmente registró las alertas ocurridas en el proceso de escrutinio.
Si bien, la delegación de CASLA pudo constatar que, en general, en centros de votación de Quito, el ejercicio del sufragio y la labor de la fuerza pública en cuanto a la custodia del material electoral fueron normales, desde numerosas provincias del país le fueron reportados hallazgos de papeletas y actas, que correspondían a juntas receptoras del voto, en depósitos de basura. Este material fue presentado como prueba a las diferentes delegaciones provinciales. 
Además, un importante número de urnas que contenían papeletas y actas que correspondían a distintas circunscripciones electorales de todo el país, llegaron a sus respectivas delegaciones provinciales, pero no custodiadas por la fuerza pública como determina la Ley de Elecciones, sino por personas particulares y en vehículos particulares.
No se permitió que los partidos de oposición tengan delegados para observar el sistema informático de escrutinio. 
Otra observación es que la demora de tres días para anunciar los resultados electorales, aunque sólo faltaba un 10% para completar el escrutinio, generó especulaciones y la presencia masiva de la población en la calle, exigiendo prontitud en el anuncio final. “Durante este lapso, hubo tensiones, pronunciamientos inadecuados por parte de los distintos candidatos atribuyéndose el triunfo, cosa que causó gran crispación en la sociedad ecuatoriana”. 
Con estos antecedentes y con miras a la segunda vuelta entre los candidatos Guillermo Lasso y Lenin Moreno, “el Observatorio de DDHH del Instituto CASLA, insta al gobierno a no hostigar, intimidar o acosar a miembros de Organizaciones no Gubernamentales cuya labor es garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales para la realización de elecciones transparentes y justas.
También recomienda la facilitación, vigilancia y seguridad para que el candidato de oposición pueda tener centros de recepción y monitoreo de votos el día de las elecciones, sin que sus miembros sean acosados o intimidados de forma alguna.
En vista de que para la contienda electoral de abril ya se ha anunciado la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UNASUR, el Observatorio solicita nuevamente al gobierno ecuatoriano que también permita la presencia de delegados de la Unión Europea, parlamentarios y organizaciones no gubernamentales, invitándolos oficialmente “para que, de acuerdo a los artículos 173 y 174 de la Ley Electoral Ecuatoriana, puedan observar el buen desenvolvimiento de las elecciones y que complementen a las organizaciones que volverán a estar presentes en la segunda vuelta”.    
En las recomendaciones del Observatorio del Instituto CASLA asimismo se hizo un llamado a que los medios de comunicación oficiales garanticen a Lasso, el mismo tiempo y oportunidad que a Moreno, para exponer su programa de gobierno y sus puntos de vista, sin censura ni discriminación. 
QUIÉN ES TAMARA SUJU
Quien suscribe el Informe del Observatorio del Instituto CASLA es su directora ejecutiva, Tamara Suju, una abogada venezolana especialista en Derechos Humanos y disidente política, con protección diplomática en la República Checa desde noviembre de 2014, después de abandonar su país debido al temor “por su integridad física y libertad”.
El instituto CASLA es una de las principales plataformas checas para los estudios de América Latina, y sus analistas e investigadores proceden de la esfera política, diplomática, académica, informativa, a la vez que están muy involucrados en la promoción de los derechos humanos.
Suju ha sido galardonada por la Fundación Nacional por la Democracia con el premio Democracy Award 2015 en reconocimiento a su trayectoria como defensora de derechos humanos en Venezuela.  
http://caslainstitute.org/tamara-suju-recibe-premio-democracy-award-2015/
“Mi tarea es abrir un poco los ojos a los países europeos sobre lo que está pasando en América Latina, enfocada sobre todo en derechos humanos”, ha dicho Suju.
La directora ejecutiva del Instituto CASLA ha interpuesto ya a favor de personas de su país 13 denuncias en organismos internacionales, tanto en los sistemas iberoamericanos de protección como en el sistema europeo y de la ONU.
Además de fundadora de las Damas de Blanco de Venezuela y la organización de derechos humanos Nueva Conciencia Nacional, Suju es directora internacional de la ONG Foro Penal venezolano, que cada año hace una informe sobre torturas y tratos crueles.
http://dosmundos.cz/?p=6115&lang=es

Christian Zurita Ron

Mil Hojas
La mañana del 19 de febrero Nicolás Saavedra descubrió que había sido removido del cargo de secretario de mesa por órdenes de dos coordinadores  electorales de nacionalidad cubana y venezolana. Sucedió en el colegio Letort, en una zona residencial del norte de Quito. El estudiante de la Universidad San Francisco, que llegó hacer su trabajo antes de las 7 de la mañana, afirmó en una declaración para Radio Centro, que su mesa se había instalado a las 6.30 am. “Los dos coordinadores, uno venezolano y otro cubano, habían cerrado las mesas sin que lleguemos los vocales principales, las mesas las llenaron suplentes y no nos dejaron firmar nuestra asistencia e incluso quisieron impedirnos la votación”, dijo.
Muchos de los cubanos y venezolanos habían sido identificados días atrás en el centro de control electoral que el CNE posee en la Avenida de la Prensa, frente a la base aérea del norte de Quito, entonces se hablaba de una partida presupuestaria especial que cubría los gastos de seguridad a cargo de extranjeros.
Eran preocupaciones que se sumaron a la serie de denuncias de fraude que se habían posicionando desde mediados de enero, con los muertos registrados para votar pero sobre todo por las miles de cédulas falsas presentes en el padrón (números de cédulas inexistentes en Registro Civil pero registradas para votar).
Para entonces se conocía la estrategia: el exit poll de Santiago Pérez sería anunciado a las 17h00 en los cuatro canales que maneja en gobierno y luego sacramentar los datos a favor del Lenin Moreno, con los resultados del conteo rápido que contrato el Consejo Nacional Electoral. Todo funcionó a la perfección hasta las 19h30 cuando los matemáticos de la Escuela Politécnica Nacional estabilizaron la muestra de su conteo rápido. La Politécnica fue contratada por el Consejo Nacional Electoral por $90 000 para ese trabajo y levantaron sus datos sin restricciones. A esa misma hora cientos de voluntarios de Participación Ciudadana luchaban contra delegados del CNE, la policía y el ejército que les decía no podían estar presentes en los conteos de votos. Pese a que obtuvieron la autorización del CNE esa organización civil era impedida de trabajar y fue la única con independencia para llevar resultados certeros.
Eran las horas críticas, los resultados del conteo rápido de la politécnica no beneficiaban a Lenin Moreno como ganador en primera vuelta, no daban los números para alcanzara el 40% de la votación para ser presidente y por esa razón Pozo no hizo públicos. Se sabe que hubo una lucha por ajustar las cifras de la politécnica con el exit poll de Santiago Pérez que daba ganador a Lenin Moreno.
El conteo rápido de la EPN fue un misterio. El matemático Luis Horma, quien estuvo a cargo, explicó a sus colegas, de forma reservada, de una cláusula de confidencialidad en el contrato, una práctica común del CNE que en nada se compadecen con la transparencia a la que está obligado.
Horas antes de los resultados los matemáticos de varias organizaciones académicas, políticas y sociales habían solicitado permiso para una auditoría del sistema de escrutinio, del software que procesa las actas y saca resultados. Se trata de siete archivos que nadie  los pudo examinar y conocer si su sistema de conteo era el correcto.
El CNE se lavó la cara asegurando que ese control se había realizado en la mañana del domingo, pero el pedido de auditoría era para el mismo momento de conteo en la tarde ¿En qué momento entonces se puede probar el correcto conteo de votos si no es in situ? El objetivo era comprobar que el programa no modifique el conteo y fue el propio Diego Tello, jefe  nacional de procesos electorales, que les negó la auditoria. Él escribió un correo que les dijo: “Considerando que no es recomendable interrumpir el proceso de escrutinios,  el requerimiento de “Control de calidad de la autenticidad del hash, aleatorio a partir de la 17h00, del servidor y una visita a un Recinto de Transmisión y Publicación de Actas”, solicitado, no es pertinente realizarlo, evento que sería ejecutado como una revisión post electoral”.
Enrique Mafla, matemático de la politécnica y experto electoral, sostiene que las auditorías al sistema de transmisión de actas y escrutinios son una burla. “El equipo auditor está conformado por empleados del CNE y el jefe es Diego Tello, que es el brazo ejecutor de las maniobras en los procesos electorales. El día 19 a las 11h00 se acordó con el auditor del CNE realizar un control de la integridad y autenticidad del software de escaneo, escrutinio pero a partir de las 17h00 Tello prohibió dicho control”.
Tello es el hombre clave y solo rinde cuentas a sí mismo.
Mientras intentaban cuadrar  las cifras de votos con los datos de Santiago Pérez llegaron los resultados de Participación Ciudadana y así martillaron el primer clavo en la cruz del CNE. El anuncio del  38.8% (con el 1% de error) a favor del Lenin no le alcanzaba para la presidencia. Ruth Hidalgo, directora de esa organización, fue enfática en asegurar una segunda vuelta. Sus datos seguramente impidieron le impidieron a Moreno entrar a Carondelet por la puerta trasera.
Ya eran las 21h00 y Alianza Pais, con Rafael Correa y Lenin Moreno, decidieron usar los votos faltantes de Manabí para ganar en primera vuelta. Mientras el conteo nacional cada provincia estaba en el 80% de escrutinio, las actas de la provincia de Manabí venían rezagadas y estaban contabilizadas apenas el 20%.
¿Por qué se atrasó el ingreso de los votos en Manabí? ¿Ajustaban los resultados?
A las 6h00 del lunes 20 de enero el escrutinio continuaba detenido cerca del 90% pero media hora después la página web del CNE redujo el  porcentaje al 88%. Ninguna autoridad explicó la razón de ese cambio, se desconoce si sacaron actas impugnadas, además no existe un sistema de registro público sobre estas anomalías. El CNE carece de un sistema de open data que permita realizar análisis inmediatos de las actas digitalizadas por parte de académicos, organizaciones políticas y sociales. No hay manera de saber cuándo ponen o quitan algo del sistema.
De hecho la página del CNE no permite opción alguna de bajar la información  y para evitar obtener cualquier tipo de filtración colocaron el sistema anti spam llamado recaptcha, que genera frustración e incomodidad. Todos los interesados en revisar los datos deben someterse a la prueba de no ser robots, cuando justamente lo que se requiere son aplicaciones de software para bajar con agilidad los datos y analizarlos.  En las elecciones del 2014 muchos técnicos lograron descargar las actas para su análisis, ahora eso fue imposible.
Las acciones de control empeoraron por la falta de entrega de lo que se llama “archivo plano”,  que es un fichero con todas las actas digitalizadas de todas las mesas electorales del país de forma detallada. Es decir, si el CNE no entrega esa información todo reclamo se hace prácticamente a ciegas ya que no hay forma de contrastar las actas que constan en el sistema.  El CNE les dio una tarea imposible a los actores políticos y esa opacidad solo puede llamarse fraude.
El tema fue denunciado por César Monge, dijo a todos los medios el 20 de febrero: “Estamos preocupados porque lo que me ha entregado (el CNE)  basura, me ha entregado un archivo donde en ciertas celdas donde deben estar los votos están ingresado fechas, es decir, es un archivo inservible”.
Sin esa información no se permite realizar control electoral. Sin ella no puede analizarse qué pasó en las juntas receptoras del voto, no puede conocerse las tendencias que generan las cifras de las actas escrutadas.
Sin embargo la sociedad podía jugar con los números que el CNE fue entregado a cuenta gotas luego de escrutados más del 90%. La Universidad Espíritu Santo lo explicó con claridad meridiana: contados el 95,7% de los votos la tendencia a favor de Moreno era como máximo 4 de cada 10 votos y para llegar a más del 40% (en el último tramo)  requería cambiar la tendencia a 6 de cada 10 votos, una tendencia imposible de lograr.
Contado los votos en Manabí nada cambió a favor de Moreno, entonces intentaron ir a las actas con inconsistencias, hasta entonces se había informado que el 10% de ellas tenían problemas y que serían contadas manualmente en cada junta provincial. Es curioso que siendo un proceso controlado por Rafael Correa, con un Consejo Nacional Electoral nombrado por Rafael Correa. Con un presidente seleccionado a dedo por el propio Rafael Correa. Con  un presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que es parte del círculo íntimo de Correa, cuestione la idoneidad de los comicios.
El mismo grupo de técnicos que previamente a los comicios analizó con milhojas.is  la calidad del padrón, a partir del día 19 analizaron el conteo de votos e  identificaron una anomalía en la tendencia de crecimiento de Lenin Moreno. Esta se dio a las 22h00 del lunes cuando se había escrutado el 90% de votos y Lenin pasaba del 39.08% a 39.18%. “Colocamos en una tabla en Excel el porcentaje total escrutado y el porcentaje de votación de cada candidato. Luego se pone en un grafico de líneas y se calcula regresión lineal, el resultado es que se observa un cambio drástico en la tendencia de crecimiento de Lenin Moreno. “Se mira como una grada y es totalmente anómalo porque debía ser una transición más suave”, explicaron.

¿Razones para ello? Tal vez escrutaban sectores con baja votación  y de repente ingresó información de zonas más pobladas o simplemente observaron que la tendencia de crecimiento empezó a bajar y decidieron compensarla de alguna manera.  
Pero la auto convocatoria a las sedes del CNE desde la noche del domingo en Quito y luego Guayaquil pudo cambiar cualquier estrategia. Si el régimen calculó que era fácil bloquear la segunda vuelta no tomó en cuenta que cientos de miles de ecuatorianos en calles y redes sociales convirtieron en su tarea personal el luchar contra lo que consideraron un fraude. Al reclamo de la ciudadanía se debieron sumar todos los integrantes de las tiendas políticas sin distingo de ideología.
El martes a las 2 pm fue el propio Juan Pablo Pozo que aceptó indiscutiblemente una segunda vuelta electoral, luego de ese anuncio fue reprendido públicamente por los militantes de PAIS. El primero fue Moreno, que en su cuenta de tuiter le dijo: “La posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. EL CNE no está para elucubrar con tendencias…”. La cereza del pastel la puso José Serrano que criticó a Pozo con dureza por haber aceptado la irreversibilidad de la tendencia a la segunda vuelta, entonces salió con documentos y actas que demostraban el perjuicio de su candidato en el exterior.
En otras palabras denunció fraude, aunque en la mañana del martes había asegurado que el proceso fue transparente. José Serrano  dijo que se encontraron actas distintas a las subidas al sistema de control del CNE en el exterior como Alemania, China, Japón Austria, Albania que perjudicaron a Moreno.  Pero es en el exterior donde ellos, Alianza Pais, mantienen mayor control del sistema electoral. Pueden hacer y deshacer con los sufragios. Sucedió en Qatar, el capitán Esteban González, piloto de Boeing 777 de Qatar Airways denuncio que él y otros pilotos consignaron sus votos por Lasso en la embajada de la ciudad de Doha. Su sorpresa fue que sus votos no estaban. “Esta trafasía en Qatar se ha repetido en varios países europeos pues no había inspectores de mesa. El embajador en Qatar es el  libanés, Kabalan Abisad íntimo amigo de Correa y Lenín” contó González.
Las historias de actas alteradas perjudicando al candidato de oposición son demasiadas; el hallazgo de actas en basureros y olvidados en recintos electorales como lo denunció el cuencano Julio Cabrera en el recinto Herlinda Toral o Giselle Zarlenga que denunció papeletas de doblemente marcadas.
Los audios de veedores ciudadanos y delegados de mesa se multiplicaron en redes sociales junto a fotos y videos, fue un ejército de indignados, ganaron una batalla el miércoles 22 de febrero cuando el presidente del CNE anunció que habrá segunda vuelta. Afuera del CNE de Quito una multitud en vigilia y a la intemperie entonó la primera estrofa del himno nacional.

Milton Jijón es uno de los genetistas más reconocidos del Ecuador. Durante 35 años de servicio en la salud pública y particularmente como Director de Docencia y Director General del Hospital Baca Ortiz, su principal aporte han sido múltiples investigaciones clínicas y libros publicados.
En 2010 aceptó una invitación del entonces vicepresidente Lenín Moreno para ejecutar la Misión Solidaria Manuela Espejo, el mayor estudio sobre las discapacidades realizado en Ecuador, del que Jijón fue la contraparte nacional. La primera fase de la Misión consistió en el Estudio Clínico-Genético de las Discapacidades y concluyó con el diagnóstico de 300 mil personas en esa condición. La fase inmediata debía ser el tratamiento.Jijón insistió una y otra vez en completar el proyecto pero, lejos de ser escuchado, a fines de noviembre de 2011, junto con otros 109 médicos de carrera, fue abruptamente despedido del Baca Ortiz.
En diálogo con MILHOJAS.IS Jijón asegura que las personas discapacitadas por causas de origen genético están abandonadas a su suerte. Relata el drama de quienes padecen enfermedades raras, a quienes el Gobierno ha desatendido. Advierte también que Lenín Moreno, como parte de su campaña, ha prometido construir un Centro Nacional de Genética, obra que ya ofreció cuando era vicepresidente, pero la dejó en el olvido.

Usted que realizó el Estudio Clínico-Genético de la Misión Solidaria Manuela Espejo ¿considera que cumplió el objetivo para el que fue creada?
La Misión es el proyecto de Salud Pública de mayor envergadura y alcance realizado en el país. Se involucraron muchas instituciones públicas y privadas como Ministerios, Institutos de Informática, Municipios y sobre todo contamos con la patriótica y sacrificada labor de las Fuerzas Armadas que sustentaron de diferente manera el desarrollo de la Misión. Su nombre oficial es Estudio Clínico Genético de las Discapacidades en el Ecuador. Su propósito esencial fue determinar cuántos ecuatorianos adolecían de una discapacidad y luego establecer el origen de esa discapacidad.
¿Cuánto tiempo duró y cuánto le costó la Misión Manuela Espejo al Ecuador?
El estudio fue realizado entre julio de 2009 y noviembre de 2010. El costo total de la Misión Manuela Espejo no ha sido revelado. Debe tratarse de decenas de millones de dólares, pues diariamente se movilizaban entre 700 y 800 misioneros. Esto ameritaba choferes, autos, alimentación, hoteles que nunca fueron suficientes, puesto que en muchas ciudades no había la capacidad hotelera por lo que se ocupaban desde las pensiones más económicas hasta los hoteles más caros, por rigurosa necesidad. Desconozco cuánto le pagó el Ecuador a Cuba para que el personal cubano se traslade al país a trabajar de esa manera, pero supongo que debe haber sido muy significativo. Fue un convenio de Gobierno a Gobierno.
¿Cuál es su balance de la política de atención a las personas con discapacidad tras 10 años de Gobierno de Rafael Correa y en particular ahora que la Misión Manuela Espejo es la principal carta de presentación en la campaña electoral de Moreno?
La Misión tuvo un quiebre que le restó valor. En primer lugar es importante aclarar que el programa y su metodología no fue escrito por nadie en Ecuador; fue ciento por ciento hecho  en Cuba y diseñado para que sea ejecutado por personal cubano, debido al tipo de trabajo y dedicación exclusiva, siete días por semana y sin remuneración salarial. Se recibía una bonificación, como en mi caso que me entregaban aproximadamente $400 mensuales. Pero, más allá de eso, una vez que realizamos el diagnóstico clínico-genético, debió emprenderse inmediatamente la fase subsecuente y lógica: el tratamiento.
¿No se dio el tratamiento a esas personas?
Solo un mínimo número de casos ha recibido tratamiento específico. La mayor parte de ellos se encuentra realizando interminables gestiones para ser atendidos clínica y quirúrgicamente.
¿Cuántas personas están en esas circunstancias?
No hay un número determinado porque hay que sumar síndromes y patologías raras para cuantificar. En resumen, la Misión hizo un fabuloso diagnóstico que no tuvo tratamiento.
¿Dónde está la exitosa, inédita y tan publicitada política gubernamental de atención a las personas con discapacidad sobre la que se proyecta la candidatura presidencial de Moreno?
La Misión Manuela Espejo no fue escrita en la Vicepresidencia del Ecuador. Ningún personero, empezando por el ex vicepresidente Moreno, tuvo que ver con la génesis de la Misión. La Vicepresidencia actuó a partir de un decreto presidencial que dispuso que se haga cargo de la Misión. Antes, este programa fue efectivizado tal cual en Cuba, luego en Venezuela y simultáneamente en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Las Granadinas. En realidad, este estudio fue concebido políticamente para los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
¿Tuvo algún beneficio?
En primer lugar visibilizó una patología escondida que afectaba a miles de ecuatorianos que permanecieron carentes de todo tipo de atención médica y social.  Contribuyó a la acumulación de datos biológicos y sociales que caracterizaron a esta población afectada por discapacidades de origen ambiental y genético. A muchos se les ha dotado de silla de ruedas, bastones, colchones anti escaras y otras ayudas técnicas. Incluso una parte de ellos ha recibido ayuda económica como el bono Joaquín Gallegos Lara. Pero el problema de los pacientes y familias afectados genéticamente persiste tal como estaba antes de la Misión.
¿Qué enfermedades sufren y cuáles son las consecuencias de no recibir tratamiento?
Por ejemplo, los pacientes que son discapacitados por mucopolisacaridosis han tenido que demandar judicialmente al Ministerio de Salud para obtener su tratamiento. Los pacientes con Ictiosis, Paraparesia Espástica hereditaria, Neurofibromatosis y muchos otros síndromes están abandonados a su suerte. En algunos casos se les ha conferido el bono Gallegos Lara, que si bien es una ayuda económica significativa, no resuelve ningún problema en su base.
¿Cómo es posible que se haya gastado tanto dinero en el diagnóstico y en la publicidad del programa y que no se haya dado el tratamiento para curar o al menos aliviar a esas personas?
En Ecuador hay poblaciones que tienen una frecuencia de síndromes de manera inusitada. Por eso son foco de estudio mundial. Uno de estos casos son las personas con el síndrome de Larón (pacientes con una estatura promedio de un metro). Muchos de ellos pudieron haber recibido la hormona del crecimiento, pero por su alto costo no la tienen, salvo poquísimos casos. El 95% de pacientes está abandonado. Así mismo hay pacientes que necesitan trasplantes de piel, injertos óseos, como en el caso de quienes padecen Exostosis Múltiple y Síndrome de Mariposa. No lo han logrado.
¿Le dijo a Lenín Moreno esto que cuenta a MIL HOJAS.IS?
El reporte clínico-genético entregué a la Vicepresidencia por escrito, además de que la información general del trabajo la transferíamos al final de cada día, de manera computarizada. Toda esta información la tiene la Vicepresidencia y al final de la Misión entiendo que la transfirió al Ministerio de Salud, como debía ser. Otro asunto importante que el país debe saber, es que Lenín Moreno está ofreciendo ahora la creación del Centro Nacional de Genética, cuando ese fue un compromiso que lo asumió como condición para que me integre a la Misión. Hasta la fecha esta obra importantísima no se ha realizado.
¿Cuáles son los beneficios de tener un Centro Nacional de Genética?
Es una obra vital porque permitiría hacer diagnósticos certeros, no solamente de personas con discapacidad de origen genético, sino con trastornos que tienen base genética como el cáncer. Estas enfermedades catastróficas se pueden diagnosticar mucho antes de que se presenten los síntomas. Además, en este centro se haría el seguimiento de los pacientes y sus familias y se desarrollarían estudios de diagnóstico prenatal para evitar que se repitan o aparezcan nuevos ecuatorianos afectados por enfermedades genéticas que pueden ser diagnosticados incluso antes de la concepción. Es insólito que Ecuador esté entre los pocos países del Continente y del mundo que no tienen un Centro de Genética.
¿Cuánto costaría construirlo?
Si me permite la comparación, con el gasto efectuado para algunas sabatinas ya estaría pagado. Un centro de genética súper moderno, con secuenciación génica y dependiendo del equipamiento en general, costaría alrededor de $3 millones. Debió haber sido construido durante la Misión Manuela Espejo. Fíjese que las pruebas genéticas, muestras de sangre y otras biológicas tuvimos que enviar a Cuba para que se realicen los análisis en el Centro Nacional de Genética de la Habana, con todo el trámite de envío, embalaje y otros requisitos para el transporte de estas muestras orgánicas.
¿Le dio Lenín Moreno alguna explicación sobre su incumplimiento?
Ninguna. Para el Ecuador es un bochorno tener que admitir la carencia de este Centro de Estudios Genéticos. De modo que, si ahora lo han convertido en un ofrecimiento de campaña electoral, es de abrigar la esperanza de que por fin se lo construya y se llene este vacío inmenso en materia sanitaria en el país.
¿Cuáles son las consecuencias de no tener un Centro Nacional de Genética?
Además de que no reciben el tratamiento adecuado, no contar con ese centro especializado provoca que los fármacos para los pacientes con enfermedades raras sean sometidos a procedimientos manejados por gente no calificada. Es decir, un centro nacional de genética debe contar con muchos especialistas de diversas ramas médicas, obviamente con la genética a la cabeza. Lo que quiero decir es que los fármacos y los tratamientos de los pacientes discapacitados por causa genética deben depender del centro de genética.
¿Cómo se los ha manejado hasta ahora?
Como no hay un centro específico, no hay quien se haga cargo de manera sistemática de estos pacientes. Ejemplo: Una enzima de sustitución en un síndrome de mucopolisacaridosis hay que administrarla en terapia intensiva, en goteo, con súper vigilancia de una enfermera técnica y un médico intensivista que velen por los signos vitales del paciente durante el suministro de la enzima. Son fármacos que no se los pueden vender en farmacia. Eso debe ser manejado por un cuerpo técnico.
¿Esas personas están muriendo?
Muchos se están muriendo, otros están en la lucha porque no hay un organismo que se haga cargo de ellos. En el Ministerio de Salud estos pacientes se enfrentan a trámites burocráticos interminables que les impide su oportuna atención.
¿Cuántas personas con discapacidad de origen genético diagnosticaron en el país?
Cada día hay más pacientes con enfermedades raras que discapacitan a la gente. Cuando hicimos la Misión Manuela Espejo se estableció en números redondos que había cerca de 300 mil personas con discapacidad. Los pacientes sometidos a estudios cromosómicos obtuvieron diagnósticos definitivos, pero en gran número los estudios genéticos y de otro tipo quedaron pendientes. Eso es indispensable para corroborar el diagnóstico clínico. En términos de diagnóstico, la Misión fue el acto más grande y representativo de salud pública que ha realizado el Ecuador. Sus datos deben ser ampliamente difundidos en la ciudadanía y particularmente en las instituciones relacionadas para que establezcan proyectos de tratamiento clínico y seguimiento farmacológico evolutivo de los pacientes.
¿Hubo médicos ecuatorianos dispuestos a cumplir esa misión?
Las condiciones para reclutar a médicos ecuatorianos eran complicadas. Pretender que un otorrinolaringólogo, un neurocirujano o un pediatra trabajara durante un año, 24 horas al día y siete días de la semana por una bonificación que a duras penas llegaba a $400 mensuales es imposible; sin embargo, a lo largo de la Misión, en cada provincia o cantón se adherían médicos ecuatorianos, sobre todo para tratar cuadros clínicos derivados o a consecuencia de la discapacidad.
¿Entonces la Misión Manuela Espejo fue una decisión política diseñada para justificar la traída de médicos cubanos a Ecuador?
El único médico genetista ecuatoriano en la Misión fui yo. El estudio sindrómico lo compartí con otros once genetistas cubanos que se desempeñaron magníficamente. Los otros médicos pertenecían a la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana y se complementaba con especialistas ecuatorianos que se vincularon momentáneamente para establecer el diagnóstico, no solo de personas con discapacidad, sino en otras condiciones. Yo dejé la Dirección del Hospital Baca Ortiz para realizar la investigación genética durante un año. La Misión se encontró con muchos pacientes que ya tenían diagnóstico, porque yo los había visto hace 5, 10 y 15 años. Ellos tenían una gran expectativa de una solución que nunca llegó. Por ejemplo, hay pacientes con patologías cuyo tratamiento consiste en la amputación de miembros deformados. Cuando eso ocurre, el paciente inmediatamente piensa en su prótesis. Esto se ha cumplido en pocos casos. Los tratamientos que se han dado han sido parciales. Por eso insisto en que solo el Centro Nacional de Genética, concebido técnicamente y con un pulcro afán de servicio médico, es indudablemente una de las máximas aspiraciones de la nación.
¿Lenín Moreno no hizo nada por esos niños?
Después de la Misión, una vez que se hizo el diagnóstico, yo perdí contacto con él. Luego me separaron del Baca Ortiz porque reclamé por los niños con piel de pescado y los que necesitaban la hormona del crecimiento. En la Presidencia hicieron el cálculo de cuánto costaba tratar a 50 pacientes que necesitaban la hormona del crecimiento y cuántos casos de paludismo se podían tratar con ese mismo dinero. Entonces dijeron no. Esta situación se aplica en términos de gasto-beneficio y como las enfermedades raras en general no tienen curación definitiva, no se compra los medicamentos. El Centro no debe ser convertido en una oferta de campaña porque es un asunto que tiene que ver con los derechos en salud de todas las personas, de todas las familias, dado que todos estamos en riesgo de tener descendencia con patología rara.
¿Si Moreno hubiera cumplido su promesa de crear el Centro Nacional de Discapacidades tendríamos menos personas padeciendo ese tipo de enfermedades?
No solo eso, se podría hacer diagnóstico de cánceres, de personas con predisposición a enfermedades como el Alzhéimer. Genéticamente es posible detectar personas con probabilidades de sufrir un infarto o aquellas que pueden desarrollar obesidad y hasta diabetes. Todo esto se puede evitar con el Centro de Genética porque la mayoría de estos síndromes afecta a hijos de padres sanos, al revés de lo que piensa la gente. Desde hace varios años, en especial desde que soy profesor de Genética, he solicitado la construcción del centro. Varias veces lo hemos hecho de manera conjunta con otros genetistas. La ejecución de la Misión Manuela Espejo fue una coyuntura especial porque fue el estudio clínico-genético de las discapacidades. Lamentablemente, las principales autoridades del Ministerio de Salud han sido personas, en unos casos no formadas en Medicina, en otros casos desconocedoras de la Salud Pública y, en buena parte, improvisadas. Por eso no le dieron importancia a esta obra.
¿Es posible todavía aprovechar la información de la Manuela Espejo?
La información que tiene la Misión es valiosísima. Es conveniente que el nuevo Gobierno, de una manera responsable, recupere esos datos para hacer programas serios de atención a los pacientes en cada patología.
¿Es decir que esa base de datos genéticos no prescribe?
No prescribe. Los datos que obtuvo la Misión Manuela Espejo pueden servir como una línea de base para acciones concretas por patologías, por tipo de pacientes y, sobre todo, para establecer programas de atención integral continua en Salud, que no hay en el Ecuador.
Mientras tanto, cuánto dinero han gastado en publicidad, cuánto le ha costado al país la estadía de Lenín Moreno en Ginebra. Eso no es coherente con la calidad de vida de estas personas. ¿Qué opina?
Yo trabajo con muchas asociaciones de personas con enfermedades raras. A ellos les ha ocurrido algo insólito, hay pacientes que tienen enfermedades hereditarias enzimáticas que son brutalmente agresivas y han iniciado juicios contra el Ministerio de Salud porque a algunos pacientes que exigen medicamentos ya ni siquiera les reciben.
¿Usted puede dar a conocer esos casos para que el nuevo Gobierno asuma la responsabilidad de velar por la vida de esas personas?
Claro. Yo tengo los datos ciertos y el respaldo humano y vivencial de las familias porque vivo con ellos. Me puedo presentar mañana en la televisión con 10 síndromes diferentes, con 10 familias diferentes y decirle al país que esas personas en 10 años no han recibido la atención que les corresponde por derecho. En suma, la Misión Manuela Espejo es una epopeya diagnóstica que se quedó sin tratamiento.

El pasado 6 de febrero, la audiencia de apelación de la sentencia de 22 años de prisión contra José V.L. por la presunta violación sexual de Lucas-nombre protegido-, su alumno de natación en el Colegio La Condamine, no se realizó porque uno de los tres jueces que integraban el Tribunal Provincial de Justicia no estaba habilitado para actuar en esa diligencia.
El viernes último, la defensa de Lucas fue convocada por segunda ocasión para hoy a las 14:30, una vez que el Tribunal estaba completo con la jueza Mónica Bravo, quien retornó el caso tras unos días de ausencia. Bravo es la misma que ratificó el llamamiento a juicio a los cuatro veedores que investigaron los contratos de obra pública entre empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa. Esta jueza también ratificó la sentencia de 15 días de prisión para el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo,del movimiento opositor CREO, por afectar el buen nombre y la honra del jefe de Estado en una entrevista radial el 10 de junio de 2016.Pero, lo que en realidad preocupa a Gisela Vaca, abogada titular de Lucas, es que el defensor principal del profesor ya sentenciado sea Caupolicán Ochoa, abogado personal de Rafael Correa.Ella advierte que en el proceso judicial han ocurrido muchas irregularidades, algo que atribuye al hecho de que la pelea, más allá de ser contra el presunto agresor, se libra contra algo superior: un colegio de élite de Quito, donde es maestra Anne Malherbe, esposa del presidente y en el que estudian sus tres hijos.

¿Es verdad que Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa, abandonó la defensa del profesor José V.L., bajo el argumento de que el caso se ha politizado?
Escuché en un medio de comunicación que habían llamado a pedirle una entrevista y dijo que había comunicado a la familia del profesor que ya no tomaría el caso. Pero hasta el momento no se ha presentado en la Corte Nacional de Justicia un documento en el que se informe que Caupolicán Ochoa ha dejado la defensa.
¿Qué puede pasar este lunes en la audiencia de apelación planteada por Caupolicán Ochoa?
Tres cosas: Que ratifiquen la sentencia condenatoria. Pero el asunto no termina ahí porque el acusado puede recurrir y cazar, siempre y cuando haya violación de derecho, porque la Corte Nacional no analiza prueba.  Es un asunto estrictamente procesal.La segunda opción es que lo declaren inocente, si hay duda, en cuyo caso apelaremos. Sin embargo, cabe recordar que la sentencia contra el acusado la dictaron tres jueces de manera unánime. Otra opción se da cuando la Corte estima que se ha violentado el debido proceso y el derecho a la defensa y resuelve anular la audiencia de juicio. Eso implicaría hacer borrón y cuenta nueva.
¿Es decir que, bajo cualquier escenario, la pesadilla jurídica de Lucas y su familia continúa?
Así es. El proceso es largo y complicado, pero jurídicamente tiene sustento y argumento. Seguiremos peleando. 
¿Hay un plazo para tener resultados?
No hay un plazo determinado. El juicio ya lleva dos años. Paulina –nombre protegido- denunció el caso Principito en abril del 2015. Hago un llamado de atención a la comunidad pues el caso dio un salto mediático porque fue demasiado evidente la presencia de alguien que no tiene por qué intervenir en este proceso, no tiene por qué tomar partido.
¿A quién se refiere?
A la razón por la que está Caupolicán Ochoa en la defensa del acusado y los intereses que ha defendido públicamente en diferentes procesos. A ello responde la connotación mediática que ha tomado este caso y debe ser un llamado a los colegios para que mejoren las políticas en este tipo de casos en extremo sensibles porque no es el único. Hay muchos Lucas, muchos Principitos, pero los colegios los ocultan porque afecta su imagen. Como sociedad somos hipócritas, tibios, mediocres, tenemos miedo y preferimos ver al otro lado. Si esto ha pasado ahora, que sirva de experiencia para que los colegios endurezcan procedimientos y protejan el bien superior: nuestros niños.
¿Cuáles son los argumentos que expondrá en la audiencia para exigir que se niegue la apelación y se ratifique la condena de 22 años?
No conocemos los argumentos del Dr. Caupolicán Ochoa y de sus otros dos abogados, los hermanos Luis y Fabián Borja Maldonado, porque presentaron un escueto escrito de apelación en el que no hay fundamentación. A breves rasgos señalan que no están de acuerdo con la sentencia y apelan, nada más.
¿Tenían que haber argumentado  la apelación?
Debieron hacerlo por respeto al principio de lealtad procesal y presentar un escrito fundamentado en el que establezcan punto por punto por qué no están de acuerdo con la sentencia.  Pero ese ha sido su accionar durante todo el proceso: sesgado, queriéndose ir por las ramas, por las esquinas. De esa manera nos impiden conocer sus argumentos. En realidad no sabemos con qué nos vamos a encontrar este lunes.
¿Están preparados para demostrar la culpabilidad del profesor de Lucas?
Estamos preparados en el sentido de que intervenimos en la audiencia de juicio, apoyamos a la Fiscalía en la presentación de las pruebas, estuvimos presentes cuando se actuaron las pruebas, cuando se tomaron los testimonios y cuando los peritos establecieron sus conclusiones en los informes. También constatamos que el acusado ejerció su derecho a la defensa porque contradijo cada una de las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía.
El Tribunal le dio la oportunidad de defenderse, pero no pudo desvirtuar ni generar dudas en el Tribunal Penal.
¿Quiénes son los jueces que conforman el tribunal de apelación?
Anacélida Burbano, Narcisa Pacheco, que es la ponente, y Mónica Bravo, que retorna al caso luego de haberse ausentado un tiempo.
La semana pasada, el caso se volvió mediático y las autoridades del colegio La Condamine emitieron un comunicado en el que afirman que el profesor también es víctima y que su conducta es intachable.
Durante todo este tiempo el colegio nunca dijo nada, lo mantuvo en absoluta reserva. Lo mismo hizo la madre del niño. Este es un caso reservado, tal es así que las audiencias no son públicas y las boletas que se suben al sistema no se publican. Si las autoridades del colegio se han manifestado públicamente tienen que demostrar si cumplieron los procedimientos que en este tipo de casos establece el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina). Es obvio que no los aplicaron porque no solo tenían que denunciar al acusado sino separarle del colegio y brindar apoyo a la víctima, a su entorno familiar. No hicieron nada.

Un colectivo de personal y exalumnos del colegio asegura que el profesor  no pudo haber cometido el delito y que ya fue declarado inocente.
Eso no es verdad. Procesalmente hay la etapa preparatoria a juicio, en la que la víctima, la Fiscalía y el acusado, ejerciendo su derecho a la defensa, comparecen ante un juez de la Unidad Judicial. Este juez analiza los elementos de convicción que ha recabado Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal, que son aquellos sobre los que sustenta el dictamen acusatorio. 
¿Cuáles son los elementos de convicción?
Las versiones de varias personas, la valoración técnica con profesionales, el testimonio anticipado en la Cámara de Gesell, el reconocimiento que hace el niño en persona y a través de fotografías, las investigaciones de los agentes de la Policía. Con todos esos elementos Fiscalía formaliza su dictamen acusatorio. Como víctimas hicimos lo mismo. La otra parte ejerce su defensa y presenta los argumentos por los que no está de acuerdo con el sustento del fiscal, que es contundente.
Pero José Hidalgo, quien dijo ser representante del colectivo que apoya al profesor, afirma que ya fue declarado inocente.
En este caso es que, pese a haber una acusación fiscal y a que la víctima estaba representada mediante una acusación particular, el juez resolvió un auto de sobreseimiento a favor del acusado.
¿Quién es el juez?
Jaime Bayas Machado quien, como el sistema es oral, en la primera fase de este juicio, terminó la audiencia, dictó el auto de sobreseimiento a favor del acusado y levantó las medidas cautelares, pero no notificó a ninguna de las partes. Luego de una semana, el juez fue destituido.
¿Por esa razón?
Entiendo que por varias razones. Lo cierto es que abandona la Judicatura y entra otro juez al que le dijimos que hay un auto de sobreseimiento que no está motivado y que como él no estuvo en la audiencia, en respeto al principio de negación procesal, no podía motivar algo que no dirigió. Por eso pedimos que anule la audiencia. No obstante, el nuevo juez decidió dejar en firme el auto de sobreseimiento. Junto con la Fiscalía apelamos y el caso subió a la Corte Provincial. Ésta, como órgano de garantías de la sociedad que es,subsanó lo actuado por el juez Bayas, anuló la audiencia y realizó una nueva audiencia de preparación a juicio para que el nuevo juez,Telmo Fabián Molina Cáceres,conozca la posición de Fiscalía, del acusado y la víctima y, en base a eso, resuelva. Se vuelve entonces a realizar la audiencia, se llama a juicio, los tres jueces del Tribunal Penal analizan valoran la prueba actuada, lo declaran culpable y dictan la sentencia de 22 años de cárcel.
¿Por qué  le otorgaron medidas sustitutivas que no caben en este tipo de delitos? ¿El profesor debería estar preso?
Por supuesto. No caben las medidas sustitutivas porque se trata de un delito en extremo grave.
¿Quién es el responsable de haberlo dejado en libertad?
El juez. Cuando el niño identificó a su agresor en la cámara de Gesell, la Fiscalía actuó de inmediato y lo detuvo. El señor estuvo en prisión un mes o mes y medio y salió con Habeas Corpus. En este proceso han sucedido cosas muy raras. Siempre conversamos con la familia de que nos enfrentábamos a algo muy grande. Si no hubiera habido estos movimientos por debajo, esto se hubiera acabado hace mucho tiempo. La defensa del acusado, astutamente, queriendo beneficiarse de ese auto de sobreseimiento inmotivado, plantea ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección contra el auto de nulidad del sobreseimiento que dictó la Corte Provincial de Justicia. 
¿Cómo afecta eso al proceso judicial?
En nada, el proceso sigue su curso. Estamos en espera de que se realice la audiencia del recurso de apelación, pero la acción extraordinaria de protección está en trámite, cocinándose en la Corte Constitucional. Tenemos dos frentes. Como defensa ya notificamos a la Corte Constitucional que el profesor tiene sentencia. Por tanto, tendrán los jueces constitucionales que determinar jurídicamente si dan más valor a un auto de sobreseimiento inmotivado en una etapa procesal de trámite, por encima de una sentencia condenatoria como producto del análisis jurídico realizado por un Tribunal de Garantías Penales, luego de valorar las pruebas.
¿Preocupa a la defensa el proceso en la Corte Constitucional?
Lamentablemente es de conocimiento público que la Corte Constitucional le ha fallado mucho al país en el tema de respeto a los derechos humanos. Está en entredicho la independencia judicial incluso en la Corte Constitucional.
Si a eso se agrega que Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa, sea el defensor del maestro acusado ¿qué expectativa tiene la defensa de Lucas sobre la audiencia de este lunes?
Siempre supimos que en este caso hay intereses superiores porque se trata de un colegio de élite en el que el primer mandatario, su esposa -Anne Malherbe, profesora del plantel- y sus tres hijos -alumnos de la institución- tienen relaciones y vínculos especiales. Y en este caso se juega el prestigio del colegio. Estamos preparados con argumentos jurídicos para enfrentar a Caupolicán Ochoa. Pero nos llama la atención que, teniendo dos abogados privados, una semana antes del 6 de febrero, día en que se convocó la última audiencia  (que fue suspendida), ingrese un escrito en el que agrega a la defensa a Caupolicán Ochoa. Entonces, no es difícil concluir que este tema del colegio es sensible para el presidente y es la razón por la que Ochoa asume el caso. También nos preguntamos cómo un profesor logra pagar dos abogados y los servicios de un abogado de élite como Caupolicán Ochoa.
¿Cuánto cuesta la defensa para un caso como este?
Extraoficialmente, dentro del foro de abogados se comenta que para ir a una audiencia, Caupolicán Ochoa cobra alrededor de $15 mil. ¿Cómo un profesor de categoría mediana puede pagar los honorarios de tres abogados?
¿Por qué el profesor recibe ese tratamiento especial?
En verdad, Caupolicán Ochoa no busca proteger al profesor acusado sino al colegio La Condamine porque una sentencia condenatoria que devele que un profesor cometió el delito de violación a un niño de 5 años, baja su prestigio y reputación.
El colectivo de personal y ex alumnos del colegio da a entender que el violador sexual de Lucas sería otra persona y que habría ocurrido en otro lugar, no en el colegio. ¿Qué opina?
Eso, además de ser descabellado, es absolutamente desatinado porque la Fiscalía determinó que no hay ningún otro sospechoso señalado por el niño. Como abogada respetuosa de derechos humanos, no me molesta el apoyo sino su contenido. Me llama mucho la atención que, al hacer un comunicado, no se hayan asesorado sobre el proceso penal, pues al decir que el señor cuenta con una sentencia absolutoria quieren hacer creer a la comunidad que el señor fue juzgado y absuelto. Eso no es así. Solo se ha realizado una audiencia de juzgamiento ante el Tribunal de Garantías Penales, en la que, bajo el sistema oral se presentan los testigos ante los jueces y rinden su testimonio bajo juramento, respondiendo preguntas de la Fiscalía, de los abogados de la víctima y de los abogados del acusado. Solo después de eso se puede decir que alguien ha sido sentenciado. Si la alegación del acusado fuese que debió haberse investigado a alguien más, no es procedente porque cuando Fiscalía investigó, el único sospechoso investigado y formalmente acusado fue el profesor.
¿Si hubiese habido la sospecha sobre otro agresor, lo lógico habría sido que la defensa del profesor lo argumente a su debido tiempo?
Más allá de que la defensa lo argumente, la Fiscalía, que no solo defiende los derechos de la víctima sino que, como titular de la acción penal, recabó elementos de convicción de cargo y descargo. Investigó, por ejemplo, las valoraciones psicológicas que hicieron diferentes profesionales luego de varias entrevistas al menor. Si esas entrevistas habrían arrojado que había otro sospechoso de la agresión, que fuera parte del entorno familiar del niño, las psicólogas no se venden con nadie, lo hubieran manifestado en su informe y la Fiscalía lo habría incluido en la investigación. Eso no sucedió jamás.
Si es que la justicia ecuatoriana fallara a favor del profesor acusado y no de Lucas y Paulina, ¿llevarán el caso en instancias internacionales?
Por supuesto. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- ya ha llamado la atención al Estado ecuatoriano por la falta de políticas, por la informalidad con que se maneja este tipo de casos.