Autor: mh

Christian Zurita Ron
MilHojas.is
El 31 de marzo de 2016 el plan de auditoría y seguimiento al padrón electoral que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había implementado se fue al piso. Ese día el CNE se vistió con su mejor traje y la Secretaría de Comunicación del Estado (Secom) tenía todo listo para predicarle al país su propaganda de un proceso  limpio y transparente para febrero de 2017. Pero la Secom perdió el total control del evento cuando el matemático Enrique Mafla, catedrático de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, les explicó con pruebas que el padrón electoral estaba inflado con 3,5 millones de electores mas.
En el evento estaban invitados los principales funcionarios y técnicos del Registro Civil, la entidad encargada de proporciona los datos al CNE para la elaboración del padrón. Desconcertados intentaron sacar a la fuerza a la prensa y en medio del caos ensayaron respuestas de todo tipo para explicar por qué el padrón era un verdadero desastre. El siguiente día, 1 de abril, diario Expreso dio pruebas de lo ocurrido y publicó algunas de las justificaciones que dieron los técnicos del Registro Civil: según ellos el padrón electoral estaba dañado por que el llamado error del milenio Y2K, que fue una farsa mundial, dañó las bases de datos.
La realidad es que el registro electoral posee tantos errores que pone en peligro las elecciones de 2017, esas fallas son arrastradas desde la base de datos del Registro Civil que, al parecer, no ha sido depurada a pesar de los cientos de millones de dólares que el Estado ha invertido desde 2009 para la modernización. MilHojas.is realizó un análisis del padrón electoral usado por el CNE para las elecciones de 2013 y detectó graves inconsistencias. Entre los hallazgos suma 17 223 fallecidos incluidos en esos registros; 91 788 cédulas irregulares o falsas incluidas en ese padrón; 4179 ciudadanos con doble cédula.
Fue imposible realizar un estudio del registro electoral que servirá para las elecciones de febrero de este año porque el CNE nunca lo hizo público. Además el estado de propaganda de la Revolución Ciudadana tiene la capacidad de encubrir sus trapos sucios y para evitarse problemas le ordenó al CNE suspender cualquier reunión que permita conocer la verdad. Juan Carlos Intriago, representante de CREO para tratar temas electorales desde hace dos años, aseguró que esas reuniones no podían llamarse auditorias: “En realidad eran mesas de información, nunca existió un proceso de revisión o construcción del padrón, ellos (el CNE) lo hicieron solos y ahora deben enfrentar el escándalo de los fallecidos”.
Enrique Mafla solicitó, ese 31 de marzo de 2016, hacer una auditoria a la base de datos del Registro Civil, tomando una muestra al azar que permita conocer el real estado de los datos. Nunca se consideró su propuesta. “Es una base de datos dañada, no hay voluntad de sanearla y se seguirá corrompiendo”, explicó a este portal.
El silencio duró hasta fines de enero, cuando se conoció, en las redes sociales, que decenas de ciudadanos fallecidos estaban habilitados para votar en las elecciones del 19 de febrero. Entre el sin número de casos denunciados apareció el de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo Arizmendi, que se encuentran habilitados para sufragar.  El caso fue comentado en la cuenta de twitter del candidato Andrés Páez, pero el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, hábilmente le dio un giro a este caso y pasó de ser un problema técnico a uno de tipo moral, porque no se debía jugar con la tragedia y la imagen de los hermanos desaparecidos.
En términos prácticos el problema del registro electoral no se encuentra en el número de muertos habilitados para votar. Mil Hojas.is estableció que en las elecciones del 2013 existieron 17 223 fallecidos que estaban enlistados. Esa cifra apenas representó 0.144%  de los 11 931 632 que se registraron ese año. El pasado 31 de enero el presidente Juan Pablo Pozo fue consultado con esos datos en una rueda de prensa en la que estuvo presente el director nacional del Registro Civil, Jorge Troya.
Pozo aseguró que la presencia de fallecidos no alterará en nada los resultados de las elecciones. Fue el gancho para evitar responder por los verdaderos problemas del padrón. El director del Registro Civil se limitó también a explicar los procesos internos de depuración pero jamás respondió por los miles y miles de números de cédula secuenciales e ilegales que son parte del padrón electoral o temas cómo el número empadronados con doble cédula de identidad. Descargue aquí el contenido.
Los números de cédulas perdidos
Néstor Marroquín Carrera llegó al Registro Civil como director de gestión tecnológica en el año 2008, se encargó entonces de la depuración de las bases de datos y descubrió que cientos de miles de números de cédulas estaban perdidos. Luego de su paso por ese cargo presentó una denuncia en la Contraloría General del Estado en la que aseguró que existían 519 000 números de cédula que debían ser anulados porque nunca se entregaron con legalidad. Dice que ese número “significa las cédulas entregadas irregularmente por funcionarios del Registro Civil a favor de todo tipo de ciudadanos que buscaban esconder su identidad o  una situación particular como su estado civil, por ejemplo. Este hallazgo no fue examinado por Contraloría y es de extrema importancia porque se ha establecido que esas identidades forman parte del registro electoral.  

Marroquín, que se presentó en 2016 como auditor electoral del partido Concertación y luego representó a Sociedad Patriótica, es posiblemente el técnico independiente con mayor conocimiento de la condición de los registros civil y electoral. Hoy es candidato a asambleísta por Sociedad Patriótica y como tal goza de inmunidad para hablar sobre ese tema, explica que el Registro Civil tiene una forma de entregar el número de cédula: “Es un algoritmo patentado por IBM que fue adquirido por el Registro Civil con el viejo sistema AS/400. Son nueve números, se compone de dos dígitos que representan la provincia. Los siete  restantes se entrega de forma secuencial, conforme se cedulan y nos da una capacidad de cedular por provincia a 10 millones de personas, es decir en Pichincha o cualquier otra, se tiene la capacidad de cedular a 10 millones de personas. El décimo dígito es un verificador de los números anteriores. Lo que llamó la atención al hacer la depuración de la base de datos en 2009 fue que al verificar la secuencia de los números, estos faltaban y la pregunta que me hice fue ¿Por qué faltan si se entrega secuencialmente?”
Dijo Marroquín que se hizo la investigación y se acudió a los libros fotográficos: “Recordarán que antes para obtener la cédula se llevaba una fotografía que se tomaba en la calle o estudio y esta se pegaba en los libros que contaban con un espacio secuencial para  cada foto y su identidad. Al ir al archivo la sorpresa fue que había espacios vacíos, al preguntar la razón decían que eran números que se llevaron en brigadas de cedulación y que no se usaron y quedaron libres”, cuenta. Marroquín dice que “todos esos espacios secuenciales debieron ser anulados porque cabía una posibilidad que alguien ponga datos en esos registros vacíos”.  De esta forma lograron sus documentos los miembros de las Farc como Nubia Calderón,  Simón Trinidad, Rodrigo Granda, Oliver Solarte” que aún siguen en el padrón”.

Estos nombres, como otros, se hallan en este gran hueco de números secuenciales faltantes. Mil Hojas tomó todos los números de cédula de esa característica denunciados por  Marroquín en Contraloría y los cruzó con el registro electoral del año 2013.  Los resultados arrojaron  91 788 números de cédulas desaparecidos pero presentes en ese padrón. Números de cédula secuenciales denunciados y presentes en el padrón 2013 VEA AQUÍ ESA LISTA
Esto fue consultado públicamente al presidente del Consejo Electoral Juan Pablo Pozo: ¿Cuántos números secuenciales de cédulas de Identidad no reconocidas por el Registro Civil están en el padrón electoral?
Pozo no respondió la inquietud. El llamado a contestar era el director del registro civil, Jorge Troya, pero redujo todas las acusaciones a un problema de fe: “crean en nosotros”.
Mil Hojas.is además identificó 1,2 millones de ecuatorianos vivos que no constan en el registro electoral ¿Cómo explicarlo? ¿Dirán que se trata de migrantes?
Vicente Almeida, encargado del control electoral del Partido Social Cristiano, en charla telefónica con este portal ratificó que el registro electoral que les entregó el CNE para su revisión era una lista de nombres sin números de cédula.  ¿Cómo una organización política puede revisar la calidad del padrón electoral y hacer análisis si no posee el número de cédula?
Las autoridades se han rasgado las vestiduras para asegurar que el padrón está mejor que nunca y dirigieron sus críticas contra el matemático Enrique Mafla, que fue el primero en hacer un análisis basado en el censo de población.
Mafla utilizó los datos de los registros de electores utilizados en la consulta popular de 2011 más las elecciones de febrero de 2013 y 2014 con los correspondientes datos del censo electoral referencial, calculado con los datos estadísticos de población y migración que produce el Inec. Los resultados indicaron un exceso de electores del 25,4% para la consulta del 2011; 26,7% para las elecciones del 2013  y 27,3% de electores para las del 2014, esta última elección marcó en  2 179.369 electores más. (Lea el informe aquí)
Su conclusión fue: “El CNE debe presentar pruebas concretas, técnicas, objetivas y transparentes sobre el estado real del registro y padrones electorales. Estas pruebas deben incluir la auditoria de todos los  procesos involucrados en la elaboración del registro y padrones electorales, desde la entrega de la base de datos por parte del Registro Civil hasta la publicación de los mencionados registros y padrones”.
La Revolución Ciudadana cambió las dinámicas de transparencia que de a poco se imponía en el Estado hasta 2007, hoy la opacidad les provoca otro damnificado: Juan Pablo Pozo, que aun no comprende la gravedad para la democracia no contar con un padrón abierto y transparente.

MILHOJAS.IS presenta el testimonio de Paulina, madre de Lucas, quien a sus 5 años habría sido abusado sexualmente por José V.L. su profesor de natación en uno de los más caros y catalogado como uno de los mejores colegios de Quito. Tras ocho meses de investigaciones, el pasado 22 de noviembre, tres jueces lo hallaron culpable y, en una decisión unánime, lo condenaron a 22 años de prisión. No obstante, el caso tomó un giro preocupante para la familia de Lucas luego de que Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente de la República Rafael Correa, asumiera su defensa y apelara la sentencia. Este hecho llevó a Paulina a denunciar el caso a través de la prensa, pues teme que la condena quede sin efecto y continúe la pesadilla que empezó hace dos años y  quebró no solo la infancia de Lucas sino la de su hermana  que es dos años mayor que él, e incluso provocó su divorcio. Dada la cercanía de Ochoa con Correa y el control de la justicia por parte del Ejecutivo hay temor de eventuales presiones desde el poder en este caso.

Los nombres de esta historia son protegidos
Para hoy (2 de febrero) a las 10:00, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,  fue convocada una audiencia que podía marcar, positiva o dramáticamente,  la vida de Lucas,  a quien su profesor de natación ponía su pene en la boca y le obligaba a que se lo chupara. Así de alarmante es este caso.
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el agresor también habría maltratado física y psicológicamente al niño pegándole, diciéndole que es malo y  amenazando con meter a sus padres a la cárcel si cuenta lo que ocurría.
Esto pasó en uno de los colegios más prestigiosos y caros de Quito, pero ni su nombre ni el del maestro agresor puede ser revelado en este texto, pues así lo establecen el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Comunicación, y otras normas.
Paulina no ha podido establecer con precisión durante cuánto tiempo ni cuántas veces Lucas fue sometido a ese tipo de abuso. “No lograron determinar si fue una o varias veces porque los niños a los cuatro o cinco años no se sitúan en el espacio, pero, según los testimonios de mi hijo, fueron algunas veces. Él hablaba de algunas veces”.
Luego de asimilar el impacto, sobreponiendo los derechos de Lucas, quien ahora tiene 7 años, y dejando de lado los prejuicios en una sociedad que, en opinión de Paulina “calla, esconde e incluso protege al violador”, ella denunció el caso primero en el colegio. La institución lo puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). “Eso fue lo único que las autoridades del plantel hicieron en favor de Lucas. Lo demás fue proteger al agresor pues, pese a la denuncia y a la investigación, lo mantuvieron dictando clases hasta el 22 de noviembre de 2016, día en el que fue sentenciado. Incluso permitieron que continuara llevando a los niños a las llamadas clases azules, que son paseos fuera de la ciudad. Todos me dieron la espalda, las autoridades, los profesores. Para las madres de familia fue más cómodo creer la versión del colegio. Es difícil ver que la gente no tenga valores y que solo actúe por conveniencia”. 
Los ojos de Paulina se llenan de lágrimas. El diálogo se detiene un momento. Respira profundo y continúa: “Es duro recordarlo, es re victimizarme, pero lo hago por mi hijo, porque no quiero que esto quede en la impunidad y porque quiero darle respuestas claras cuando sea grande”. 
Ante la inacción de las autoridades del reputado colegio internacional, en abril de 2015, Paulina presentó una acusación particular pero, tras una serie de anomalías procesales, el caso fue sobreseído.
No obstante, esta madre angustiada destaca la labor de personal de la Fiscalía y la Dinapen que siguió el caso. Agentes de la Unidad Judicial Penal de Quito, tras ocho meses de investigaciones, informaron haber hallado evidencias de que el profesor José V.L. era culpable.  El 22 de noviembre de 2016, en la audiencia final, tres jueces, en decisión unánime, lo condenaron a 22 años de prisión.
En el diálogo con MILHOJAS.IS, Paulina saca valor para revivir los más duros episodios de una pesadilla que creyó terminada con la sentencia. “En medio de la tragedia, esa fue nuestra victoria, pensamos que al fin se hizo justicia. Eso fue tan importante porque significaba que el Estado ecuatoriano le creyó a mí hijo,  los jueces y los fiscales  le creyeron a mí hijo. Yo estoy segura, nunca dudé de que mi hijo siempre dijo la verdad. Yo no quería que esto se haga político, ellos lo han hecho político. Por eso, como madre, por responsabilidad, para que este tipo de cosas no se queden en la impunidad y no vuelvan a pasar con otros niños, recurro a la prensa para denunciar lo que está pasando. El 22 de noviembre ganamos el juicio. Ahora este señor apela y sus defensores son Caupolicán Ochoa, abogado personal del presidente Rafael Correa; César Augusto Ochoa Valarezo y Rómulo Argudo Argudo. ¿Cómo este hombre, que dice que no tiene ni un centavo, tiene esos abogados? ¿Quién les paga?
Paulina eleva su voz y advierte: “Eso es para amedrentarme, pero yo no tengo miedo, no les tengo miedo. Yo no quería hacer público mi caso, porque quiero proteger a mis hijos, pero no quiero que lo declaren inocente y que esto quede en la impunidad”, enfatiza.
La audiencia de hoy es clave para Paulina y sus dos hijos. Aunque la apelación ya no está en manos de los tres jueces que dictaron la primera sentencia, ella está convencida que los magistrados que tienen sobre sus espaldas esa responsabilidad, actuarán en defensa de Lucas y de miles de niños que a diario son víctimas de abuso sexual, y ratificarán la condena.
El hecho que encendió la sospecha del abuso
“Mi vida cambió el día que comprobé que mi hijo era víctima de abuso sexual en el colegio”.  Paulina y su esposo -extranjero- descubrieron aquello gracias a que la mamá de un compañero de su hijo, quien le había invitado a jugar en su casa, sorprendió a Lucas pidiendo a su amigo que le introdujera su pene en la boca. “Ella es una gran persona, hasta ahora somos amigas. Ella no me dio la espalda”, comenta mientras sus ojos vuelven a llenarse de lágrimas.
Otra pausa en la conversación es necesaria. Luego recuerda que en el colegio siempre les dijeron que Lucas era un niño problema, muy agresivo, que pegaba a sus compañeros, que era malcriado. “Nosotros le ayudábamos con psicopedagogas en todo, sin imaginarnos lo que estaba ocurriendo. Mi hijo volvió a orinarse en la cama. Se hacía pipi hasta cinco veces. Se despertaba en las noches gritando. Yo pensé que no se sentía bien en el colegio porque le empezaron a estigmatizar. Nunca me imaginé semejante cosa”.
Los profesores dieron testimonios en contra de mi hijo, dijeron que es un niño malcriado, que se inventa cosas. Gracias a los testimonios que Lucas empezó a dar a las psicólogas llegó a confesar quien era el agresor.
“Siempre hablaba del profesor de natación, del agua y pudimos determinar que fue el quien introdujo su pene en la boca de mi hijo. No sé qué más le habrá hecho, porque hasta ahora no he leído su testimonio. He soportado que digan  que soy una loca bipolar y mi esposo un pervertido”. 
Según Paulina, en el mismo colegio, ese mismo año (2015), otro profesor de nacionalidad extranjera fue denunciado por mandar textos sexuales a una adolescente. “A ese si lo botaron, pero está en arresto domiciliario. Los maestros dijeron que la chica también se inventó todo porque la mamá es lesbiana”.
Dos años de un tortuoso proceso legal, con testimonios y grabaciones 
La angustia ante la falta de apoyo de las autoridades del colegio llevó al padre de Lucas a grabar sus relatos sobre el tema. Como se resistía a pronunciar el nombre de su agresor, porque confesó que le pegaba y le tenía amenazado, la Fiscalía durante  las investigaciones utilizó la  cámara de Gesell para el reconocimiento de profesores. “En tres ocasiones mi hijo reconoció a José V.L Eso permitió que la fiscal determinara su detención por 90 días para la etapa de investigación”.  
“De repente, antes de cumplir ese plazo, fue liberado y hasta hoy no sabemos quién ni cómo lo sacó de la cárcel. Después fuimos a la audiencia preliminar y el juez lo declaró inocente y lo sobreseyó. A este juez a la semana lo destituyeron. Luego apelamos en la Corte Provincial porque no hubo una justificación del sobreseimiento y ganamos. Se convocó a una nueva audiencia preliminar y el 22 de noviembre lo declararon culpable, en base a la investigación de la Fiscalía y la Dinapen. 
Paulina destaca el trabajo profesional y la calidad humana del personal de esas dos instituciones, que estuvieron a cargo de la investigación. Y la actuación de quienes  dictaron la sentencia: “Son tres jueces del Tribunal que actuaron con independencia y no tuvieron miedo, porque es un caso súper grave. Mi hijo tenía 5 años, era un bebé”.
También recuerda que, en vista del temor de Lucas a dar el nombre del agresor, decidieron ponerle el código 4849. “Un día estábamos tomando helado fuera del colegio y este tipo salió. Entonces mi hijo me dijo ´mami, 4849 acaba de pasar’. Eso confirmó mis sospechas. No sé por qué, pero yo sabía que se trataba de él”.
Un padre en depresión, un divorcio doloroso, una familia rota
“Esto ha hecho que mi matrimonio se termine. Mi esposo se sentía culpable de no haber visto esto antes, de no haberse dado cuenta a tiempo. No pudo con esa culpabilidad. Los dos vivimos el caso desde diferentes ángulos. Yo desde mi lucha cotidiana porque quiero darle respuestas cuando sea grande, pero mi esposo se fue del país en agosto y no se ha comunicado desde entonces. Espero que se sobreponga y salga adelante. Mi hijo está mejor, le saqué de ese colegio. Está en otro donde me han ayudado mucho, está bien.
Todos somos víctimas, no hay una sola víctima. Mi hija también fue amedrentada por este tipo. Se metió al camerino donde se estaba cambiando y le dijo que iba a matar a su papá. Ella no supo qué hacer, llegó llorando. Hicimos una carta y pusimos la queja al colegio. Nada pasó.
“Estoy cansada, pensé que esto se acabó con la sentencia. Es una pesadilla: estoy luchando para que se haga justicia, viviendo mi divorcio porque mi esposo se fue. Está mal, está en depresión y espero que se esté curando. No tenemos contacto con él desde agosto. Para mis niños es súper fuerte porque amaban a su padre y él a ellos. Pero la depresión es lo peor. Este caso lo llevó a este estado, mi esposo no pudo manejarlo. Para mí también ha sido muy difícil porque he estado en todo con mi hijo. Escucharlo cada vez ha sido re victimizarme, es terrible, vuelvo a vivirlo, es muy duro”.
El maestro sentenciado, los nexos políticos de sus familiares y el rol del colegio
Ante la protección que el colegio daba al maestro sentenciado por violación sexual a Lucas y las anomalías durante la primera fase del proceso judicial, la familia de la víctima quiso saber quién era José V.L. Lo primero que hizo fue  revisar su página de Facebook, en donde  encontró la foto de un hermano del profesor de natación publicada el 31 de  diciembre de 2016 junto a dos figuras del movimiento gobiernista Alianza País (AP): Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y su coidearia, la asambleísta María José Carrión.
En otra foto, publicada el 13 de junio de 2013, aparece la madre del profesor sentenciado  junto al presidente Rafael Correa. “Me imagino que su familia debe tener una relación política”, comenta Paulina, y agrega un detalle. “José V.L era soltero, pero en medio del juicio, se casó y ahora tiene una hija. Son las tácticas que utilizan estos psicópatas para desviar la atención”.
Paulina está ansiosa y preocupada por lo que hoy se dictamine en la audiencia, pide que la sociedad analice el  rol de los colegios y de sus autoridades, que son responsables de lo que a los niños y jóvenes les ocurra en sus espacios.
Este es su clamor y su exigencia: “Desde hace dos años la vida se nos hizo tan difícil, principalmente  para mi hijo. El abuso, la separación de sus padres, el cambio de escuela. Le cuesta ir a clases. La psicóloga me dice que hay que lograr que vuelva a creer que la escuela es un lugar seguro, para que no tema que le puede volver a pasar algo así. La escuela es el sitio de juegos y de aprendizaje, para mi hijo se convirtió en un trauma. En el nuevo colegio han logrado ayudarle, pero no es fácil. Quiero que mi hijo vuelva a ser feliz. Estoy reconstruyendo nuestras vidas. Tal vez la mejor opción sea irme del país y empezar una nueva vida. Si declaran inocente a este tipo, para mi va a ser mucho más fácil seguir peleando y denunciando desde afuera, sin temor, con mi verdadera identidad, pero con mis hijos protegidos. Estoy cansada de esta pesadilla. Mi hijo es divino, está superando esta crisis, espero que se le olvide. En casa ya no hablamos del tema. En una de las versiones que dio, dijo que lo único que pide es que le crean. Era tan chiquito, tenía solo 5 años y solo pedía que le crean para que este malvado se vaya a la cárcel. Eso le dijo mi hijo a la perito de la Fiscalía”.
Paulina, en medio de todo este drama, agradece haber podido denunciar este caso y se resiste a darse por vencida. Ofrece esta lucha a tantas mujeres que se ven obligadas a callar este tipo de casos debido a la pobreza o a que nadie les cree. “Aquí, mucha gente prefiere ocultar o callar los abusos por temor. Pero estas cosas no se pueden quedar así, no podemos permitir que los agresores sexuales sean los protegidos”.

(Nota por la cual el portal focusecuador.com sufrió un ataque informático y salió del aire)
¿QUÉ ESTÁN COMIENDO LOS PRESOS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS? SEGÚN LO PROMOCIONADO, MENÚS DE PRIMERA. PERO ALGUNOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD SE QUEJAN Y HAN HECHO LLEGAR IMÁGENES DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMEN. LA EMPRESA RESPONSABLE HA FIRMADO CONTRATOS CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA POR USD 92 MILLONES.
Lafattoria S. A. es un nombre popular para todos los presos del país. Ellos saben que es la empresa que, diariamente, se encarga de su alimentación. Desde 2011, esta compañía provee a escala nacional el “servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad y adolescentes en conflicto”.
El portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que registra datos a partir de 2012, señala que hasta el año 2016 se firmaron 21 contratos para la alimentación de los internos. De estos, 19 fueron adjudicados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la empresa guayaquileña Lafattoria S.A., de propiedad de Richard Villagrán Freire y de Rosa Mueckay Morales; por un total de $ 92 millones de dólares.
La comida para las cárceles con esta empresa se contrata desde la época del ministro de Justicia Lenin Lara, hoy alcalde de Esmeraldas.
Solo en 2016, Lafattoria se adjudicó $ 38 millones en tres contratos. El primero firmado en abril por $ 8.8 millones más un complementario firmado en julio por $ 2. 6 millones y el último suscrito el 29 de diciembre por $ 26. 6 millones.

Adjudicacion Para Lafattoria. Zona 5. 2014.

El responsable de todos los procesos de contratación es el Ministerio de Justicia, dirigido desde marzo de 2014 por Ledy Zúñiga, pero esta secretaria de Estado ideó una regulación para evitar su responsabilidad en las contrataciones futuras: el 18 de julio de 2014 emitió el acuerdo 0456 que delegó todas las atribuciones de creación de necesidades, elaboración de términos de referencia y procesos de contratación a la Coordinación General Administrativa Financiera de esa cartera.
Contrato Copia TERCER OFICIO Administrativa Copia Comodato 1
Contrato OFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC DNA 2016 00373 of Administrativo 3 
Bajo esa condición, Zúñiga dio rienda suelta a la danza millonaria de contratos de Lafattoria. Las ganancias de este grupo se reflejaron en las declaraciones al impuesto a la renta, en los que se establece que sus mejores años fueron 2013, que pagó $511 mil dólares; 2014 en que canceló al Estado $977 mil dólares y 2015 que entregó al SRI $707 mil dólares.
Ledy Zúñiga, presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación, recorrió la cocina del CPL- Guayas, con los medios de comunicación.
Según la Superintendencia de Compañías, Lafattoria fue constituida en febrero de 2008 y se dedica a la “administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas, centros comerciales…”. Sus accionistas son la compañía Asesoría Empresarial Riasem S. A, (Riasemsa) y Richard Augusto Villagrán Freire, de nacionalidad estadounidense, quien es su actual administrador.
Riasemsa por su parte se dedica a la “compra de activos financieros, acciones o participaciones de otras compañías”. Sus dueños son Rosa Mueckay Morales y Richard Villagrán Freire, que tiene también el cargo de administrador.
Según Lafattoria el menú elaborado por un grupo de nutricionistas, ingenieros en alimentos y chefs, es variado y saludable.
Riasemsa a su vez es accionista de otras nueve empresas: Acerinox S.A, Alas Para El Agro Alpagro Cía. Ltda., Henadad S.A., Noviecua S.A, Provision De Alimentos S.A. Provisali, Quench Quenchesa S.A., Palmiecua S.A., Hacienda San Jorge Hasanjor S.A. Y Rolem S.A.

Todas estas, a excepción de Acerinox y Provisali (cuyo administrador y accionista es Arturo Ibarra Freire, primo de Villagrán), son administradas actualmente por Richard Villagrán Freire.
La empresa Provisión de Alimentos S.A. Provisali también está relacionada con el servicio de alimentación en los centros penitenciarios, de hecho, es la empresa que administra los economatos, las “tiendas” que venden productos al interior de las cárceles. En las que para acceder a productos como snacks, bebidas, pasta dental, jabón, papel higiénico, etc., los familiares de los internos deben depositar 15, 30 y 40 dólares, dependiendo si es para máxima, mediana y mínima seguridad, en una cuenta bancaria, a nombre de Provisali.
Para acceder a productos como snacks, bebidas, pasta dental, jabón, papel higiénico, etc., los familiares de los internos deben depositar 15, 30 y 40 dólares.
Internos señalan que muchos prefieren no comer lo que les sirven; en vez de ello optan por pedir ciertos víveres en el economato. “Algunos no está comiendo, más están sacando del economato atunes, y comen arroz con atún”, dice un recluso.

Una interna se queja porque el economato del centro penitenciario donde ella se encuentra, vende los productos a un valor más alto que lo que se vende afuera. La esposa de un privado de libertad indica que, en el economato, su allegado debe comprar incluso hasta ropa interior. Si un recluso necesita productos para el aseo personal, tiene la opción de adquirirlos en el economato que administra Provisali, la otra empresa de Richard Villagrán.
Otra empresa que vincula a Villagrán Freire es Logística de Alimentos y Operaciones Food Logistics Foodlog S.A. En esta además aparece como accionista Juan Carlos Acosta Duarte, ex director nacional del Instituto de Provisión de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Villagrán y Acosta son los únicos accionistas de esta empresa.
Acosta Duarte ocupó el cargo de director nacional del Instituto Nacional de Alimentos desde 2009 hasta 2013. Luego de, manera inmediata, asumió el cargo de director Ejecutivo de la misma institución hasta 2016.
Por otro lado Rosa Mueckay Morales es familiar de Luis Mueckay Arcos y de Claudio Mueckay Arcos. El primero fue director de Asuntos Culturales de la Cancillería, asesor del viceministro de Relaciones Exteriores y en febrero de 2016 fue nombrado director de la Regional 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Claudio Mueckay fue elegido en 2005 como titular de la defensoría del pueblo. Un año después, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción determinó indicios del delito de peculado al excederse en sus atribuciones.
EL CONTRASTE
En todos los contratos firmados, Lafattoria detalla que el servicio de alimentación es elaborado por un grupo de expertos que incluye a nutricionistas, ingenieros en alimentos, chefs; todos ellos, según la empresa, cuentan con títulos de tercer nivel. Señala además que el menú es variado y está basado en una dieta diaria de 2000 calorías que reúne “valores nutricionales, proteicos y calóricos”.
Según la contratista, este es el menú que los presos consumen en las cárceles de todo el país:
Según fotos que llegaron a Focus Ecuador, alguna comida que se sirve a los reclusos dista mucho de ser la ofrecida.
Desde el inicio de su mandato, Rafael Correa prometió la transformación del sistema penitenciario, “el sistema judicial es la diferencia entre la civilización y la barbarie, es el pilar en que se sostiene la fe pública y la sociedad misma”, dijo en diciembre del año pasado al recibir el reconocimiento de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia. Discurso que en estos años quienes han pasado por el ministerio de justicia tratan de reforzar. Lady Zúñiga actual ministra de esa cartera de estado en su momento dijo: “antes los gobiernos de turno nunca invirtieron en un sistema penitenciario; creo que cuando pensaban en construir cárceles, pensaban en que no daban réditos políticos y se olvidaban de la población penitenciaria. Los privados de la libertad, como vulgarmente dicen, eran la última rueda del coche…”. José Serrano, en calidad de ministro de justicia en 2011, insistía que “no es simplemente pintar los centros carcelarios y colocar un nuevo candado, es proporcionar una infraestructura adecuada con las seguridades adecuadas, es transformar el Sistema Penitenciario”
Fotografías reales filtradas, desde las cárceles del país. Desayunos y almuerzos que no guardan relación con los menús ofrecidos.
Este medio conversó con internos y ex internos de tres Centros penitenciarios del país. A quiénes se les consultó qué alimento recibían a diario. Todos coinciden en que desayunan un huevo cada 15 días.
Una interna de la cárcel de mujeres de Guayaquil, cuyo nombre mantenemos en reserva por las represalias que puede enfrentar en la prisión, señaló que el desayuno consiste en coladas de máchica, o avena en agua, o agua con una pizca de café. “Las bebidas vienen fermentadas. El pan con un pedazo pequeñito de queso. Desayunamos huevo cada 15 días. La fruta hace mucho tiempo nos la cortaron”. Recuerda que hace cuatro años, cuando ingresó al centro de rehabilitación la alimentación era variada: “había pollo, carne, mariscos, ensaladas… ahora…-me imagino- que el Gobierno no ha podido cubrir los montos que le debe a Laffatoria, porque lo que Lafattoria nos da son desechos de comida, muchas veces los pollos son apestados, dañados”.
Hasta septiembre de 2014, en el país había 26821 personas privadas de libertad, según el Ministerio de Justicia.
Y añade: “todos los días comemos agua con choclo, yuca, orégano y col. Muchas veces la comida del día anterior la mezclan con la del día siguiente. Casi a diario usted encuentra pelos en el arroz, gusanos, o gorgojos en las pastas de la sopa”.
En los centros penitenciarios de la Sierra los internos denuncian que es tan fría y sin sabor la comida que les sirven, que se han inventado sus propios métodos para volverla a “recocinar” y “darle otra vida”, otro sabor. “Ellos mismos la cocinan y la aliñan de nuevo”, dice un recluso. Focus tuvo acceso a un vídeo en el que se ve cómo un grupo de internos vuelve a cocinar sus alimentos sobre una tapa de alcantarilla, que cumple la función de parrilla.
Un privado de libertad, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil asegura que su desayuno consiste en “agua con pan”. “A veces traen un pan flaquito que parece empanada con café, pero eso es más agua negra. Aguas de hierba luisa. En la merienda es carne, o arroz con chorizo y agua de café. Y a veces unas cosas que dicen que son pollos, pero no son pollos, aquí la gente conoce el pollo…son unas comidas que la gente se va en diarrea. Ya hemos hecho huelga pero la cambian un día y al otro día sigue lo mismo”.
“A veces nos dan unas cosas que dicen que son pollos, pero no lo son, aquí la gente conoce el pollo…son unas comidas que la gente se va en diarrea”, relata un privado de la libertad
Otro ex interno, que en la actualidad se encuentra cumpliendo su per-libertad, señala que un desayuno consistía en un “pan pequeño de unos 10 gramos (que tenía más levadura porque cuando uno lo apretaba, el puño se cerraba sin ningún problema) con tapioca rosada o de coco. Unas coladas horribles. A veces café, o agua de canela o máchica. Otras veces el desayuno era chocolate con pan dulce. Huevo era cada 15 días (y no alcanzaban para todos), a veces nos variaban con una empanada pequeña de harina. Cuando llegó la Fattoria, a la regional nos llegaba un bolón de verde de unos 15–20 gramos. Nunca vi un corviche, ni una empanada de verde”.
“En el almuerzo siempre había el choclo, la col y la papa. Cuando nos daban sopa de pescado, por lo general, era una diarrea general. Y luego venía arroz con seco de salchicha cuencana, en la que se sentía claramente los huesos triturados”.
Focus solicitó una entrevista al Ministerio de Justicia para hablar sobre las denuncias de los presos en cuanto a la calidad de la comida que reciben y los contratos adjudicados a Lafattoria. El pedido se extendió a la empresa de alimentos para hablar sobre los contratos que mantiene con el Gobierno y la calidad del producto que ofrece en las cárceles del país. En ninguno de los dos casos hubo respuesta favorable.
Redacción Focus

Gustavo Texeira Belitardo, próspero y poderoso empresario, capaz de doblegar al Estado ecuatoriano a favor de sus intereses. Como representante  de Odebrecht en Ecuador tomó notoriedad cuando negoció los tres adendums finales  para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco: entre el 2 de mayo y el 27 de julio de 2006 ajustó el contrato y subió el monto en 12,7 millones de dólares. 
Pero en 2009 fue vinculado al escándalo de San Francisco, obra en la que se identificó sobreprecios y problemas estructurales de construcción, por esa razón Odebrecht fue expulsada del país y se iniciaron sendos juicios contra él y otros ejecutivos brasileros, pero esos procesos judiciales nunca prosperaron porque el presidente Rafael Correa brindó luz verde para el perdón (con olvido) y retorno de la empresa . 
A inicios de octubre de 2016 Teixeira fue vinculado al caso Lava Jato junto al  sobrino del ex presidente Lula, Taiguara Rodríguez. Hoy enfrenta la justicia penal y podría ser sesntenciado a mas 20 de años de prisión.
Pablo Romero Quezada era un desconocido hasta el año 2007 cuando Rafael Correa  tomó las riendas del Ecuador, entonces fue nombrado gerente general de Hidronación, la empresa estatal que administraba la represa Marcel Laniado de Wind. Para entonces el reinado de Odebrecht se centraba en las obras de la desaparecida Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, Cedegé; con la llegada de Correa su hermano Fabricio tomó el control de Cedegé y concretó sendos contratos con la empresa brasilera.
Romero Quezada también fue nombrado presidente del Fideicomiso Baba, que coordinaba la construcción de esa central hidroeléctrica. Es en ese contexto en que estos dos personajes, Teixeira y Romero, se encuentran  y enlazan relaciones económicas con el asesoramiento del abogado Roberto González Torre.
Según el email titulado "2008-2-11"  se puede advertir cómo Pablo Romero pide  a Gustavo Teixeira Belitardo el depósito de dinero en una cuenta a nombre de la empresa Goldman Holdings Incen Panamá. Romero Quezada ratificó que en esa cuenta “transferimos durante cinco meses las otras 500 llantas, a razón de 100 llantas por mes. Esta cuenta es super receptora así que no hay problema”, escribió.  
Roberto González, copiado en dicho email, responde a Romero a día seguido diciendo  "Pablo no mandes así, ten cuidado. Con esa copia del mail nos cagan". Roberto González  al parecer actúa a nombre de Romero. 
Este documento, junto a otros, fueron filtrados a asambleístas de oposición en el año 2013 y  que tiempo después se entregaron a pocos periodistas. Los documentos tomaron relevancia luego de la captura de Teixeira Belitardo; al hacer una búsqueda de ese nombre, saltaron los correos. En el email “2008-4-7" Romero vuelve a hacer mención al mismo tema, esta vez habla del "embarque de 190", claramente  haciendo referencia a 190 mil dólares. González le pide a Romero que le pregunte a "Garoto" si los enviaron.  Garoto es la persona de Odebrecht.

Los dos correos tienen como denominador común los depósitos en la cuenta de la empresa Goldman Holdings Inc de Panamá. Esta fue constituida por Morgan y Morgan en 2002. Este estudio jurídico panameño era utilizado continuamente por Odebrecht; el hermano del presidente Rafael Correa, Fabricio, también constituyó empresas en Panamá con ese estudio. Mire todos los correos electrónicos de Pablo Romero aquí
Esta es una de las razones por las que Pablo Romero no aparece en los papales de Panamá, que son una filtración de los documentos del estudio Mossak Fonseca.
Goldam Holdings Inc también fue utilizada para transferencias de dineros cuando Romero llegó a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senanin) de  la mano de los hermanos Patiño Aroca. Romero, gozó de una segura confianza de Rafael Correa, tanto así que el día de la posesión como máxima autoridad de la Senain, el Presidente tuvo elocuentes palabras para Romero: “Pablo fue Subsecretario Nacional de Inteligencia desde el 2011, y ha demostrado estar a la altura del desafío que supone la Dirección de esta Secretaría, donde la probidad, la ética, el sentido de Patria y los atributos profesionales de alta exigencia, son fundamentales. Adelante, querido Pablo,  el gobierno, la Revolución,  la Patria cuentan contigo“, dijo Rafael. 
En referencia a los negocios con “500 Smart Solutions”, es posible identificar una estrecha relación entre Pablo Romero y Roberto González, la cual empieza con una comunicación de Romero dirigida a González en donde le dice que quiere hacerle una propuesta de trabajo con absoluta discreción para "asegurar  un cobro". 
Durante el año 2013, la Senain realizó la contratación  de varios equipos de espionaje a la compañía “500 Smart Solutions LLC”, empresa dirigida por Gabriel Guecelevich, constituida en el estado de Delaware (EEUU), para hacer exclusivamente esa transacción. 
Como se desprende del marco normativo aplicable a la Senain, la entidad estaba en la obligación de cumplir con los procedimientos de contratación pública previstos en la LOSNCP y en su reglamento, sin embargo decidió contratar directamente con la citada empresa, como consta en varios comunicados cursados entre Romero y los proveedores. El régimen especial establecido en el Art. 2 (2). De la LOSNCP,  solo es aplicable cuando son contratos a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, marco institucional en el que no se encuentra la Senain.
Los documentos oficiales dicen que Guecelevich solicitó inicialmente un pago de 50.000 dólares por la conducción de programas piloto para determinar la operatividad de los sistemas. Después en oficio de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), con el identificador D-S-0031-2013, Romero Quezada informó a Guecelevich la decisión de la Secretaría de adquirir “el referido equipamiento” $USD 526.500 dólares. 
Guecelevich, un argentino de 50 años y ascendencia judía, está radicado en Guayaquil y  no solo representó a la empresa 500 Smart Solutions, también fue el rostro de Hacking Team, la empresa italiana especializada en vender sistemas de seguridad a gobiernos que quiere espiar a sus ciudadanos.

A través de oficio SENAIN-CINF-S-135-2012, José Miguel Delgado, Coordinador General de Infocomunicaciones y Proyectos Especiales de la SENAIN, preguntó a Guecelevich si su empresa estaba en capacidad de proveer “aeronaves UAV” (vehículos aéreos no tripulados). La partida asignada fue de 5,5 millones de dólares.
De la información se podría inducir que Pablo Romero Quezada, estuvo relacionado con varias empresas creadas en el paraíso fiscal de Panamá, las cuales aparecen manejadas por Roberto González Torre, abogado del estudio Consulegis, según se desprende de varias comunicaciones personales, en las cuales se hace referencia a empresas constituidas en el Itsmo, a cuyas cuentas bancarias se harían importantes transferencias de dinero. Es el caso de: Goldman Holdings Inc.; Kastoria Financial Inc.; Noritex SA.; Toscana Zona Libre SA.; Egan Trading Inc.; Elberton Enterprises Inc.; Rivers Finance Inc.; Bosch Holding Corp.; entre otras, creadas principalmente bajo la tutela de Morgan & Morgan.
En una serie de comunicaciones Romero le envía informes con los productos para los cuales se está buscando comprador. En uno de ellos hablan sobre la necesidad de presentar una "propuesta pedagógica" al "Presi", se entendería a (Rafael Correa). En el comunicado de fecha 10 de Mayo de 2012, que Romero copia a Elizabet León (Liz León), adjunta una planilla con una cantidad de proyectos iniciados por la Senain, los cuales necesitan de proveedores, y le pide a estas personas que consigan proveedores.
Las negociaciones e intercambios de comunicados siguen varios meses. Diferentes correos muestran como entre Romero y González invitan a diferentes  empresas  ligadas a ellos a participar de las supuestas  licitaciones.  Pero ninguna de ellas son licitaciones públicas, sino negocios previamente acordados con empresas extranjeras, en particular israelíes, las cuales luego crearon pantallas, como “500 Smart Solutions LLC” en EEUU, para materializar el proyecto. 
EI 27 de julio de 2012 Romero le dice a una persona de nombre Manuel Eduardo Fernández Palacios que hay una cantidad de equipos que aún no han sido adjudicados y luego le dice "el mensaje está claro", afirmando que salga a conseguir proveedores  que quieren pagar coimas. Fernández responde "Quieres que le diga a mi gente para que las empresas de ellos te las vendan" y Romero responde: "Entonces  para que crees que te envío? Hable serio abogado", en tono irónico.
Gabriel Guecelevich, figura como representante  de 500 Smart Solutions LLC, empresa americana  que va a intermediar en la venta de equipos para la SENAIN y pagar coimas desde bancos americanos a empresas en Panamá y EEUU. Estas comunicaciones  empiezan  el 6  de Agosto de 2012 cuando acuerdan reunirse en Israel. Hablan sobre la visita de Romero a las instalaciones  de la empresa Uvision Air para la adquisición de naves no tripuladas.  El viaje se concreta los primeros días de Septiembre  de ese año y de acuerdo con la información existente, es allí donde se realizan las primeras operaciones  ¿A cambio de coimas?
Hacia finales de septiembre  empiezan a concretar el tema de los pagos y las garantías. EI 12 de noviembre se define la forma de pago y se informa que las garantías  de Smart Solutions  las proveerá el Bank of América.
EI 13 de noviembre, Liz León le envía a Pablo Romero los datos de una cuenta a nombre de María José Dávila, en el  banco Wells Fargo. El 3 de diciembre Smart Solutions envía USD 50,000 a esta cuenta. 
EI 14  de diciembre le envían a Romero un SWIFT, por un pago de U$ 2.925.000  a la SENAIN.
EI día 19 de diciembre  Smart Solutions  realiza un giro por más de 100 mil dólares a Noritex S.A en Panamá y por 96 mil solares a Kastoria Financial en Panamá. 
EI 20 de diciembre, Pablo Romero envía a Roberto González  un email con el asunto "Fruta enviada" y luego dice "son los archivos de los envíos de frutas desde la gran comercializadora en NY hasta los supermercados que tú me indicaste".
El 2 de enero de 2013, el banco en Panamá MMG Bank Corporation  informa sobre el arribo de una transferencia de U$ 200.000 a Goldman  Holdings Inc. desde Smart Solutions, y piden información al respecto. Pablo Romero envía esta información  a Roberto González. 
El 13 de enero, Romero le pide a González que transfiera U$ 10 mil (tacos) a una cuenta en el Bank of América. 

El trabajo del colombiano Iván Velásquez es todo un suceso en América Latina. Está al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la organización dirigida por Naciones Unidas creada para superar y ayudar a juzgar los horrores de la guerra civil,  pero también para enfrentar la lucha contra la corrupción. Su labor abrió el camino para descubrir la corrupción sistémica que existe en ese país, las investigaciones de esta organización provocaron la renuncia de la vicepresidenta Rosana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, que se encuentra en la cárcel.

MilHojas.is dialogó con Velázquez en un encuentro en la Universidad de Oslo, Noruega, en el marco de un foro mundial sobre transparencia. El comisionado habló sobre la necesidad de construir una justicia independiente, el fortalecimiento de los sistemas de investigación penal y la urgencia de involucrar a la sociedad y los jóvenes en la política desde los espacios ciudadanos de auditoría social: “cuando se equipara siempre políticos con corruptos, que no necesariamente es real, se trata de desinteresar a los jóvenes y la ciudadanía en general y eso solo les sirve a los corruptos”. Reconoció que empresarios ecuatorianos visitaron CICIG con el fin de conocer su experiencia y replicar el trabajo de esa organización en Ecuador. 

En América Latina se ha mirado con esperanza las acciones de la CICIG para combatir la corrupción, ¿cree posible  replicar ese proceso en otros países?
Hay que partir del reconocimiento de la realidad de nuestros países. En el caso de Colombia y Guatemala es la falta de la independencia judicial. También está el sometimiento a poderes fácticos y estructuras criminales que impiden que la función judicial pueda cumplir su cometido. 
La justicia no puede estar ni al vaivén de las ideologías, ni de los poderes políticos: si se ataca la corrupción no es para favorecer a los amigos ni atacar enemigos, porque tan corruptos son los corruptos amigos como los corruptos enemigos. Decían de un presidente de México: “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley”. Eso no puede imponerse, por eso creo que comisiones como CICIG son útiles, pueden ser el respaldo, siempre que estén comprometidas en la lucha contra la impunidad. La CICIG ha servido como barrera de contención de esos poderes paralelos o de quienes tenían influencia sobre el ministerio público y la institucionalidad. Quiero decir que cuando se inicia una investigación buscan quién le puede llegar al fiscal o qué magistrado puede influir para evitar una investigación.
¿De qué forma se evita la intromisión que menciona? 
Nosotros en CICIG le anunciamos a la fiscalía el interés de acompañar una investigación y si lo acepta, avanzamos. Lo importante es cómo, frente a la capacidad que tienen las estructuras criminales o el poder de cualquier naturaleza que puede verse afectado por cualquier naturaleza, la presencia de una comisión como la CICIG permite que esa investigación se haga.
Es una experiencia exitosa pero la arremetida ha sido fuerte con campañas de desprestigio.
El caso de Guatemala evidenció cómo la CICIG con sus investigaciones sacó del poder al presidente y vicepresidenta de la República, ¿es difícil pensar que los poderes en otros países les interese un proyecto similar? 
Tienen que ser gobiernos probos, comprometidos en la lucha contra la corrupción y es la advertencia que hizo el presidente Pérez Molina, luego de su caída. Si un presidente tiene temor porque ha realizado actos de corrupción naturalmente que no va a patrocinar nada que enfrente seriamente la corrupción. También podría pensarse desde la perspectiva de la soberanía: yo no descalifico que se aduzca ese tema que es como si se tratara de una fuerza extranjera interviniendo en acciones propias de instituciones nacionales, pero el caso de la CICIG no es titular de una acción penal, puede hacer verificaciones del ministerio público pero si quiere presentar el caso a un juez, tiene que ser el ministerio público quien lo haga. Supone que todo lo hecho, que todos esos funcionarios presos y varios condenados, es porque la fiscalía guatemalteca formuló acusaciones, investigó, intervino en los debates para la acusación de esas personas.
¿Se refiere a un proceso de acompañamiento técnico de la CICIG a un trabajo que lo ejerce el ministerio público?
La CICIG está integrada por tres grandes secciones: un departamento de administración; la oficina del comisionado, que tiene personal que trabaja en la formulación de propuestas legales y lo que constituye la mayor fortaleza que es el departamento de investigaciones, que está integrado por unidades investigativas que tienen un abogado extranjero, un abogado guatemalteco, analistas financieros, analistas criminales, analistas financieros. Nosotros nos ponemos a su disposición de un fiscal y junto a él adelantamos la investigación. Un ejemplo es el caso La Línea. Pensamos en 2014 que debíamos investigar a profundidad el contrabando por un manejo que hubo en los gobiernos militares. Las aduanas tuvieron un fuerte control  militar, por una parte se evitaba el ingreso de armas a la guerrilla, pero también era para el beneficio económico de ellos. Así se crearon estructuras criminales alrededor de aduanas y ha sido un problema de décadas.
El trabajo de la CICIG adquiere una fuerza moral en la ciudadanía que la respalda…    
Ese es el temor que tienen muchos y anteponen el principio de soberanía, pero la CICIG no es que hace lo que quiere. Es el ministerio público el que hace lo que considera.
Todo lo ocurrido en el pasado reciente de Guatemala ha llevado a que varios grupos intenten emular su trabajo, ¿cómo ha sido el acercamiento de otros países para imitar a la CICIG?
Hay organizaciones sociales y personalidades en algunos países latinoamericanos, incluso desde sectores de oposición que piensan que es la única forma de enfrentar la corrupción. Considero que cada país tiene su institucionalidad sobre las que se debe reflexionar para encontrar el mecanismo adecuado para enfrentar la impunidad. Hay ejemplos variados como la creación de un grupo especial de investigación en México, a raíz de una medida cautelar entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los familiares de los 43 estudiantes desparecidos. El gobierno mexicano pidió un grupo de expertos internacionales que investigue, ayudando a la Procuraduría en su trabajo.
En Honduras hubo manifestaciones públicas multitudinarias pidiendo que se instaure una CICI; no se logró pero el gobierno creó una organización con apoyo de la Organización de Estados Americanos llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCI) que tiene un acompañamiento a las investigaciones penales pero con una estructura mas pequeña que la CICIG.
Hay otro modelo que están intentando en El Salvador, la fiscalía salvadoreña creó una dependencia especial contra la corrupción con fiscales seleccionados y asistencia internacional. La mejor opción depende de cada país.
¿Visitó a la CICIG alguna organización ecuatoriana?
A raíz de una visita que realizó la fiscal de Guatemala a Ecuador, en algún encuentro contra la corrupción, sectores empresariales ecuatorianos miraron que era posible algo similar, entonces visitaron Guatemala, averiguando cómo funciona y su relacionamiento con el ministerio público. Mantuvimos reuniones con la Fiscal General, interesados ellos sobre este tema afirmaron que dada la proximidad de las elecciones, podía ser un tema de debate político de qué forma enfrentar la corrupción y si era una vía la CICIG para el país.

MILHOJAS
Un documento filtrado a la plataforma Ecuador Transparente (ecuadortransparente.org) evidencia de forma pormenorizada los rubros pagados y por devengar a Odebrecht en la construcción del acueducto La Esperanza Refinería del Pacífico.  El documento oficial reseña además el valor preliminar de la obra.
El costo del acueducto de 93 kilómetros que construyó la Constructora Norberto Odebrecht, con especificaciones de oleoducto, para la Refinería del Pacífico ya tiene un precio final referencial. El proyecto fue contratado en 2012 por un valor de USD$ 168 877 126 pero la liquidación de gastos del proyecto, detallado en un documento de la constructora, estableció que la obra tuvo  un costo de USD$ 295´524,087.
El documento RDP-CON-ADC-13001-093-OFI del 21 de noviembre de 2016, firmado por Mario Costa Morales, representante de Odebrecht y dirigido a Jimmy García de Refinería del Pacífico, estableció los rubros finales:
Contrato Original: USD$297´420,594.14
Órdenes de Trabajo: USD$5´988,872,97
Reajuste de Precios: USD$295´524,087.37   LEA QUÍ EL DOCUMENTO
Pero el documento Costa Morales asegura además que se trata de una “liquidación económica preliminar del contrato y de las órdenes de trabajo para su debida revisión y aprobación…” Agrega: “Es importante señalar que en estas cantidades  no se han considerado los rubros que serán ejecutados entre la recepción provisional y definitiva.”
Es decir, con facilidad el precio final podría sobrepasar los 300 millones de dólares, muy alejado del valor que inicialmente barajaron las autoridades de refinería.
El precio por kilómetro construido fue de USD$ 3´177,678.  Para establecer un comparativo fue apenas 33% mas barato que el Oleoducto de Crudos Pesados OCP, que tiene 485 km que a traviesa zonas extremas en tres regiones del país.
El acueducto de la refinería fue construido con normas específicas para un oleoducto (LEA AQUÍ EL OLEODUCTO DE AGUA) ; eso se estableció en los términos de referencia aprobados  en diciembre de 2012. Entonces la empresa mixta Refinería del Pacífico dijo que la tubería que debía usarse para la construcción del acueducto debía cumplir los requerimientos del código ASME B 31.4, que básicamente se usa para el transporte de hidrocarburos.

No existe claridad en la cantidad de dinero que el ex vicepresidente Lenín Moreno recibió del Estado para desempeñar sus funciones de enviado especial del secretario de las Naciones Unidas para la discapacidad y accesibilidad en Ginebra, Suiza.  Milhojas.is identificó que entre 2015 y 2016 Moreno recibió USD$1’066.666,33, pero nuevos documentos establecen que el propio Moreno exigió una asignación anual de 1,6 millones de dólares para vivir y hacer su trabajo. Ese monto fue aprobado en 2014 por el ministro de Finanzas Fausto Herrera Nicolalde.
Documento: Carta de Lenín Moreno para exigir el pago de 1'600.000 dólares de sueldo.
Los pagos a Moreno se fundamentaron en el Decreto Ejecutivo 340 que el presidente Rafael Correa había emitido el 21 de mayo de 2014 (documento⇒). Con el decreto, Correa había modificado la ley que impedía que el Estado entregue donaciones, con lo cual se había perfeccionado el instrumento legal para que Lenín Moreno pudiese cobrar por un puesto en el exterior que no es financiado por la ONU y que tampoco consta como un cargo administrativo en el Estado ecuatoriano.
Una vez publicado el decreto 340, Lenín Moreno Moreno apenas tardó dos días para exigir los pagos. En una carta escrita desde Ginebra el 23 de mayo de 2014, enviada al canciller Ricardo Patiño, pidió que el pago no fuera menor a $1,6 millones anuales.
En la misiva Moreno recordó que el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, lo había nombrado enviado especial: “En su mandato expresa que la sede sería Ginebra, Suiza, dado que en esta ciudad, como usted conoce, convergen los principales organismos relacionados con Derechos Humanos…”
A párrafo seguido esbozó la razón por la que deben pagarle tanto dinero: “la Oficina del Enviado Especial contribuirá a fortalecer las relaciones internacionales para la construcción de un mundo mas justo y solidario, y siendo este tema prioritario para el Estado Ecuatoriano, solicitó a usted se sirva considerar una asignación no menor a USD 1’600.000”.
Documento: Carta del embajador Leonardo Arízaga para verificar si el Ministerio de Finanzas había autorizado los fondos para Lenín Moreno.
Diez días después del pedido de Moreno, el 3 de junio de 2014, la Cancillería hizo el requerimiento formal al Ministerio de Finanzas y anexó además “la síntesis del plan de trabajo y el detalle de los recursos solicitados”.
El 4 de junio de 2014, el embajador Leonardo Arízaga, canciller subrogante, recibió la respuesta del ministro de finanzas Fausto Herrera: “Esta secretaría certifica que asignará en el vigente presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores el  valor de USD$ 1,600.00 para el cumplimiento del pedido formulado…”.
Documento: Carta del ministro de Finanzas, Fausto Herrera, quien autoriza el pago a Lenín Moreno.
MilHojas.is junto con un grupo de abogados y expertos en materia administrativa intentó identificar si esa asignación fue efectivamente entregada. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado determinar si se concretó la entrega, pero al realizar una exhaustiva búsqueda se encontraron ocho Comprobantes Únicos de Registro (CUR), referentes a los meses de marzo a octubre de 2014, cada uno por USD$300.000, bajo el texto: “envío de valores para implementación y arranque de gestión de la oficina del enviado especial de Naciones Unidas sobre discapacidad…”.
Los CUR son órdenes de pago registradas por las entidades públicas en el sistema de gestión financiera, pero no determinan si estas se concretaron o no. En caso de haber recibido el monto asignado y ratificado por el ministro de finanzas el 4 de junio de 2014, significaría que Moreno habría recibido 3,2 millones de dólares  en dos años de gestión.
Queda esperar que el propio Moreno transparente cómo usó el dinero que el Estado le proporcionó para vivir en Europa, si en verdad fue una ayuda a miles de millones de discapacitados en el mundo o tan sólo es una millonaria cifra que no benefició a nadie.
 
Los CUR (Órdenes de pago) para Lenín Moreno durante 2014
1. CUR Moreno marzo 2014
2. CUR Moreno abril 2014
3. CUR Moreno mayo 2014
4. CUR Moreno junio 2014
5. CUR Moreno julio 2014
6. CUR Moreno agosto 2014
7. CUR Moreno septiembre 2014
8. CUR Moreno octubre 2014

No deje de leer la serie de artículos publicados por MilHojas.is sobre Lenín Moreno
Lenín Moreno sigue sin hablar del $1'066.666,33 que recibió
El mega sueldo de Lenín Moreno ya suma $1'066.666,33
Emilio José, Victoria y Diana, los rechazados de RC
Victoria y Emilio José, historias de exclusión en el Gobierno de la inclusión

MilHojas.is

El 20 de junio de 2007 es el día que Rafael Correa no quiere recordar, la  alegría desbordante que mostró en su recorrido por la flamante central hidroeléctrica San Francisco llegó a su climax cuando develó la placa que decía “Inaugurada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana”.  En su discurso agradeció a Odebrecht por terminar anticipadamente la obra y  le premió con 13,000 000 de dólares adicionales.
La felicidad de Correa contrastaba con realidad de la central, que arrancaba con 253 problemas que se fueron acrecentando con los días. Pero entonces nadie se atrevía a levantar crítica alguna contra el gobierno de las mentes lúcidas. De hecho siete días antes de la inauguración se identificó que esos problemas no fueron superados, sin embargo toda autoridad se hizo de la vista gorda.
La verdad era que para bajar supuestamente los costos Odebrecht había eliminado obras civiles necesarias por un monto de 30 millones de dólares, sin embargo ese valor nunca disminuyó porque la constructora incluyó nuevos rubros  y obras adicionales.
Solo era cuestión de tiempo para que las grandes figuras de la Revolución Ciudadana enfrenten su peor pesadilla. Jorge Glas Espinel y Alexis Mera Giler lo sabían desde el pasado marzo,  cuando las autoridades brasileras encarcelaron a Marcelo Odebrecht, el líder de la empresa constructora más grande del continente. En ese mes los fiscales brasileros descubrieron que en las hojas de cálculo de Odebrecht, que detallaban los sobornos a decenas de funcionarios de varios países,  constaban las iniciales “Fr”, siglas que le corresponde a Fernando Luiz Ayres de Cunha Santos Reis, uno de los mayores ejecutivos de la constructora y el hombre que manejó los negocios de Odebrecht en Ecuador por 10 años.

Diario Expreso fue el medio que dedicó los mejores esfuerzos para desenmascarar la corrupción en San Francisco. En la imagen el Contralor Carlos Pólit aparece en el túnel de descarga de aguas. Fue él quien aceptó el acuerdo para el retorno de Odebrecht pese a que la compañía brasileña no cubrió ni la cuarta parte de la más modesta evaluación de los daños causados por la Represa de San Francisco.

En noviembre pasado Santos Reis fue capturado por la policía, entonces los mayores miedos de la Revolución Ciudadana se transformaron en pesadilla. Santos Reis, el hombre que protegió a  Lucio Gutiérrez luego de su caída, el que levantó decenas de contratos como San Francisco, Toachi-Pilatón, Baba, Chongón, el aeropuerto de Tena estaba preso y dispuesto hablar.
El secretario jurídico de la Presidencia no perdió tiempo y encargó a su subsecretario, Vicente Peralta León, que envíe dos abogados de la Presidencia a Brasil para empaparse del caso que ha este momento cuenta con 20 casos penales abiertos y al menos 84 condenados.

La reserva en la investigación brasilera les hizo suponer a Mera y Glas que tendrían tiempo para sortear esa crisis de corrupción hasta después de las elecciones, pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acabó sus planes y ahora deben explicar al país cómo es que esa compañía entregó coimas por 33 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.
Mera se ha justificado en el hecho de que Odebrecht fue expulsada en septiembre de 2008 por el Presidente Rafael Correa por las graves denuncias probadas en la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco , pero dijo que nunca se llegó a probar corrupción de la empresa.
Mera Giler olvida que en los momentos más críticos, antes de la expulsión de la empresa, el entonces ministro coordinador de sectores estratégicos, Derlis Palacios denunció que Odebrecht lo quiso Sobornar. En ese encuentro también estuvo el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, que manejaba el proyecto Toachi-Pilatón, mencionó lo mismo.
El propio Correa fue quien dijo “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado".
Pero en 2010 Odebrecht regresó con fuerza y su record fue limpiado con un acuerdo que fue santificado con el silencio del Contralor General, Carlos Pólit y del Procurador Diego García. El Convenio de Transacción se firmó el 8 de julio de 2010, entre los representantes de Hidropastaza (San Francisco) y Norberto Odebrecht que se comprometió a reparar las fallas de San Francisco más el pago de 20 millones por pérdidas ocasionadas por las paralizaciones de la planta.
El gobierno se comprometió entonces a retirar 50 millones en glosas de Contraloría, cerrar  el arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato y los juicios que se tramitaban en Ambato y dejar sin efecto la demanda internacional en contra del Banco de Desarrollo del Brasil, llamado Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Bandes.
La cifra de 20 millones que ofreció Odebrecht estaba muy lejos de los daños estructurales de la Central San Francisco: la hidroeléctrica tiene graves problemas en los 11 kilómetros del túnel de conducción de aguas ya que no se colocaron los anclajes y dovelas necesarios para la caída de material, el sistema de enfriamiento de agua no era eficiente, nunca se construyó la chimenea de equilibrio y lo más grave fue que se cambió el diseño original de turbinas, lo que ocasionó la destrucción de esos equipos.
El acuerdo se estableció en estos términos, pese a que la auditoría de la firma Electroconsul, concluyó que las pérdidas por paralizaciones de San Francisco ascendían a U$ 83 millones, y la propia Odebrecht ofreció públicamente pagar U$ 43 millones. La totalidad de las demandas de Ecuador en contra de Odebrecht bordeó la cifra de U$ 250 millones. Finalmente, el gobierno de Correa se conformó con U$ 20 millones, recursos de los que no se conoce el destino.
“En esta primera parte del gobierno nosotros hemos sido muy duros con Odebrecht”, dijo Mera. Pero luego llegaron los proyectos Daule-Vinces, Manduriacu, Refinería del Pacífico, poliducto Pascuales-Cuenca y Proyecto La Esperanza, que es el oleoducto de agua, denunciado hace poco en este portal.

Luego de seis años del asesinato del Gral. Jorge Gabela se mantienen las interrogantes respecto al móvil y a los responsables de este crimen, pese a que ya hay sentencias dictadas en contra de cinco personas por el ataque.
La viuda del excomandante de las Fuerzas Armadas, Patricia Ochoa, continúa su lucha por esclarecer la muerte de su esposo. Al sentir agotadas las posibilidades de reunirse con el presidente Rafael Correa, el pasado 14 de diciembre, Ochoa le envió una carta  en la que cuestiona que no se haya levantado la reserva que aún existe sobre el caso y pide al mandatario que exija explicaciones sobre el verdadero informe pericial que se realizó dentro de la investigación.
Imagen: La viuda del General Gabela, Patricia Ochoa, reclama que se aclaren los verdaderos motivos de la muerte de su esposo.
El 19 de diciembre de 2010, dos personas armadas ingresaron a la casa del oficial, ubicada en la urbanización Tornero del Río, en la vía a Samborondón. Le dispararon mientras, supuestamente, intentaban asaltar a su hija. Diez días después Gabela falleció.
Tras identificar como móvil del crimen al robo, cinco sujetos fueron procesados. A tres de ellos se les sentenció a 25 años de cárcel y a dos,como cómplices y encubridores. Este resultado, que se concretó el 1 de abril de 2012, no satisfizo a la viuda, quien ha sostenido siempre que la compra de los helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea a una empresa de la India está relacionada con la muerte de Gabela y que por lo tanto hay un autor intelectual del asesinato que no se ha identificado.
•No deje de leer: ¿Quién mató al General Gabela?
Por Decreto 1317, de octubre del 2012, Correa creó una Comisión Interministerial presidida por la ministra de Justicia Lady Zúñiga. En el 2013, por un valor de $78 mil, esta comisión contrató a la empresa consultora Pericias Forenses, representada por el perito argentino, Roberto Meza para hacer una investigación pericial de la muerte del excomandante de la FAE. En ese entonces, los ofrecimientos oficiales eran que el informe final se haría público luego de ser analizado por el primer mandatario.
En efecto, el informe se entregó a las autoridades ecuatorianas el 2 de septiembre de 2013.
No obstante, este capítulo del caso Gabela no estuvo exento de polémica.
En varias entrevistas a medios de comunicación nacionales el perito aseguró que asesores directos de la ex ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, y del Ministro del interior, José Serrano, le pidieron no incluir en su informe el tema de los helicópteros Dhruv y el de las responsabilidades de la Policía en las investigaciones.
Las aeronaves, compradas en 2008, en alrededor de $45 millones, han protagonizado varios accidentes, incluyendo el fatal choque del helicóptero presidencial, por lo que la flota ha dejado de volar.
Meza dijo que en mayo del 2014 le pidieron eliminar 35 páginas del informe. “Esas páginas identificaban las responsabilidades y el tema de observaciones técnicas que se hacían a toda la investigación….constaban situaciones claras y evidentes de graves errores en la investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía”, según el investigador argentino.
El experto especificó que se refiere a errores en algunas pericias realizadas por la Policía, “como  por ejemplo balísticas que vinculaban casos que a nuestro modo de ver no tenían absolutamente nada que ver porque estaban mal hechas las pericias. No había cómo demostrar lo que se estaba diciendo en esas conclusiones”.
Imagen: Patricia Ochoa le envió una misiva de 13 páginas al presidente, Rafael Correa, en la que cuestiona que no haya transparencia al haber reserva en las investigaciones del asesinato de su esposo, el General Gabela.
En su carta a Correa, la viuda del Gral. Gabela dice que esta es la única alternativa que le han dejado. Hace una reseña de las principales contradicciones que se han hecho evidentes en el proceso de investigación del caso y en el contenido del denominado tercer producto del informe pericial.
Ochoa relata que en la última reunión que mantuvo en Quito con el Comité Interministerial, presidido por la ministra de Justicia de ese entonces, Johana Pesántez, se descartó el delito común en el asesinato de su esposo.
“Usted no sabe cómo duele Sr. Presidente escucharlo decir en su sabatina que el caso de asesinato del General Gabela ya había sido solucionado por la justicia y quedaba dos cositas por investigar… Le parece a usted una insignificancia que el individuo que disparó a mi esposo nunca estuvo involucrado en ninguna instancia judicial?. No tiene relevancia para usted que dicho individuo fuera ajusticiado dos años más tarde del asesinato de mi esposo?.Es aceptable para usted que no se haya querido profundizar la investigación en todos los ámbitos, como por ejemplo el hecho que varios testigos declararon que en el primer carro con personal uniformado que llegó a mi residencia la madrugada del asesinato no fue de la Policía. Le parece justo que haya una persona sentenciada en este caso pudiendo ser inocente?”, señala la viuda.

Ochoa evidencia su indignación por haber recibido de las autoridades de justicia un informe pericial sin firma ni sumilla y con una evidente contradicción, pues en dicho documento se recalca que nunca se llegó al tercer producto o informe final…

En la misiva de dos páginas, Ochoa evidencia su indignación por haber recibido de las autoridades de justicia un informe pericial sin firma ni sumilla y con una evidente contradicción, pues en dicho documento se recalca que nunca se llegó al tercer producto o informe final, cuando en el acta de entrega-recepción firmada por el Ministerio de Justicia y el perito consta que si se entregó ese documento y se lo entregó al Comité Interinstitucional. El denominado tercer producto debía realizarse  si es que el perito encontraba indicios de que Gabela no fue víctima de la delincuencia común.
La viuda también pide la opinión del mandatario sobre los correos hechos públicos en los que se pedía al perito Meza eliminar más de 35 hojas del tercer producto. En esos correos aparecen los nombres del viceministro de Justicia, César Ochoa. 
Cuestiona que si el móvil del asesinato de Gabela fue el robo por qué la reserva en el caso y por qué la Fiscalía no se pronuncia luego de 17 meses de haber recibido el informe del Ministerio de Justicia.
Ochoa dice que así como le han mentido a ella le pueden haber ocultado información a Correa por lo que le dice que “pida explicaciones sobre el verdadero informe pericial y que se lo entreguen firmado y sumillado por el Perito responsable y por favor ordene que nos entreguen a la familia del General la única verdad: el informe original del perito”.

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