La reputación alcanzada por su trabajo como activista y periodista de investigación, aunada a un disruptivo discurso de campaña en el que planteaba desde reformas al sistema legislativo, como la instauración de un esquema bicameral, hasta una profunda fiscalización de la gestión pública, llevaron a Fernando Villavicencio Valencia a alcanzar una curul en la Asamblea Nacional.

Las importantes tramas de corrupción que develó y logró llevar hasta la justicia fueron no solo su mayor credencial para este arriesgado salto a la política, sino que generaron una gran expectativa que fue superada con creces.

“Vamos a demoler esta asamblea corrupta”, advertía el entonces candidato a legislador en una de sus intervenciones ante la prensa. Y argumentaba la trascendencia que tiene en la vida de la gente el combate a la corrupción: “aunque a los políticos corruptos y delincuentes no les guste esta lucha, está probado que entre 20% y 25% del valor de las obras o proyectos es el costo de la corrupción. Es decir, la lucha en contra de esto es la primera batalla por el empleo, la salud y la educación. Si bajamos ese costo tenemos importantes recursos para impulsar proyectos de desarrollo”.

Fernando Villavicencio se propuso investigar casos de corrupción de los Gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso; por ello se planteó un voluminoso plan de trabajo con 26 temas de investigación. Algunas de sus promesas de campaña fueron hacer públicos los procesos y condiciones de contratación de aproximadamente $60.000 millones en deuda externa, así como develar las irregularidades en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, en la renegociación de contratos petroleros, en la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair; además del manejo irregular de las empresas públicas, entre otras.

En febrero de 2021, Fernando Villavicencio resultó electo como asambleísta nacional para el período 2021-2025. Llegó al legislativo por la Alianza Honestidad, aunque meses después se separó de esa organización y se declaró independiente. El 24 de mayo de ese año, fue escogido presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

A pesar de los boicots, desde esta Comisión, al trabajo de Villavicencio, con triquiñuelas como no dar quórum para tratar determinados temas o no aprobar sólidas investigaciones para que no sean debatidas en el pleno de la legislatura, durante dos años el exlegislador investigó al menos 34 temas, presentó 13 denuncias y dos noticias criminis en la Fiscalía General del Estado sobre narcotráfico, ¨narcopolíticos¨ y corrupción. Presentó a debate y votación de la Comisión de Fiscalización, nueve casos que revelaron irregularidades en contratos de fletamento de buques, de preventa de crudo, en obras para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y del parque eólico Minas de Huascachaca y en la ejecución del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre).

La expectativa sobre la gestión de Villavicencio fue más que cumplida. Aquí presentamos una breve revista a su prolífico trabajo.

De su paso por la Asamblea, sus cercanos destacan su imparable ritmo de trabajo (dormía cuatro horas diarias y trabajaba todos los días). “En dos años, Fernando, como presidente, hizo el trabajo que no se hacía desde hace 15 años en esa Comisión (de Fiscalización). Llevó un plan de trabajo que no se había visto antes, donde cada legislador propuso casos de investigación que debían presentar a través informes de fiscalización para su aprobación. Dejó esa comisión sin ningún escándalo de corrupción”, dice César Gonzaga, amigo y colaborador de Villavicencio.

Entre mayo de 2021 y mayo de 2023, la comisión de Fiscalización y Control Político celebró 147 sesiones, presentó ocho informes de fiscalización, tramitó 16 juicios políticos y recibió 462 comparecencias.

Detalle de los juicios políticos tramitados

Su agenda de 26 temas con los que inició su gestión fue incluida en el plan general de trabajo de la Comisión, pero que no pudo concluir o no se concretó en informes de fiscalización, primero por los continuos escándalos de corrupción y la creciente violencia que envolvió al país en los últimos años, temas sobre los que indagó y exigió respuestas por medio de comparecencias y comisiones generales en la mesa de la Comisión de Fiscalización. “Las autoridades le deben respuestas claras al país y al primer poder del Estado”, dijo en una ocasión. Luego vino la disolución de la Asamblea y no pudo continuar su plan de trabajo. 

Asumió, además, investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, la crisis carcelaria del país, el desvanecimiento de glosas en la Contraloría General del Estado y la corrupción en los hospitales.

Destacan también los informes que hizo sobre los casos “Pandora Papers” -investigación periodística internacional que en Ecuador salpicó al presidente Guillermo Lasso por su presunta vinculación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales-; y León de Troya. Este último lo realizó cuando presidía el Frente Parlamentario Anticorrupción. “Del Caso Encuentro a León de Troya” se llama la investigación que explora los tentáculos del crimen organizado y su penetración en las instituciones del Estado; además de la presunta relación de la mafia albanesa con el desaparecido empresario Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. Se suma también el informe sobre irregularidades en contratos suscritos por la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador, Cnel, y Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, que presentó a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado.

Este medio revisó sus denuncias, las sesiones de la Comisión de Fiscalización y sus intervenciones en el pleno de la Asamblea e identificó 34 temas que el legislador logró investigar. Nueve de estos concluyeron con informes de fiscalización.

Los temas relacionados con la minería, carreteras, refinerías del Pacífico y Esmeraldas, puertos, reconstrucción de Manabí, Worley Parsons, Manduriacu, Poliducto Pascuales Cuenca y Toachi Pilatón, no pudo concluirlos debido a la “muerte cruzada”, figura de la Constitución ecuatoriana por la cual el presidente de la República tiene la facultad de cerrar la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones para asambleístas y presidente. En mayo de 2023 el mandatario Guillermo Lasso llamó a la “muerte cruzada” motivando su decreto por la grave crisis política y conmoción interna.

Días después, Villavicencio anunció su candidatura a la presidencia de la República por el Movimiento Construye, que se vio truncada tras su asesinato, perpetrado por sicarios, el pasado nueve de agosto, cuando salía de un mitin político en Quito.

Las revelaciones, denuncias y discursos de Fernando Villavicencio en el pleno del parlamento sobre corrupción y narcotráfico causaron gran revuelo y le generaron más de un problema. En el Consejo de Administración Legislativa (CAL) reposan varias quejas de exasambleístas correístas, socialcristianos, Pachakutik-Rebeldes e Izquierda Democrática, en contra de Villavicencio por “injurias y calumnias”. En una ocasión fue suspendido por 31 días por el CAL controlado por correístas y socialcristianos.

En septiembre de 2022, Fernando Villavicencio anunció su renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, después de que el Consejo de Administración Legislativa admitiera a trámite una queja del entonces asambleísta correísta Ronny Aleaga. “Yo no me voy a quedar para hacer el trabajo sucio, ni me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para la impunidad, yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica. Yo no me presto para tapar los vínculos con el narcotráfico”. “Vayan a cabildear y pónganse de acuerdo a quién ponen en la Comisión de Fiscalización para que haga el trabajo sucio”, les dijo a los legisladores de la bancada de UNES y del Partido Social Cristiano (PSC).

Poco después de que Villavicencio desistiera de su intención de renunciar a la presidencia de la Comisión porque le preocupaba que el correísmo tomara el control de esa mesa legislativa, los legisladores de UNES (3 integrantes), del PSC (1) y del oficialismo (2) dejaron a la Comisión sin quorum.

El 12 de octubre de 2022, por ejemplo, ni correístas, ni socialcristianos, ni aquellos pertenecientes a la bancada de Gobierno dieron quorum a Villavicencio en dos sesiones. La primera convocada para recibir a Guillermo Rodríguez, director del SNAI; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; y Juan Zapata, ministro del Interior, para que informen sobre los hechos violentos suscitados el 3 de octubre de 2022, en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, ubicado en Latacunga, que conllevó al presunto fallecimiento del narcotraficante Leandro Norero Tigua. A esta sesión, solo asistieron los legisladores Bruno Segovia y Pedro Velasco y el propio Villavicencio.

En horas de la tarde, la Comisión debía sesionar para tratar el caso de fiscalización denominado “radares de Azuay”, además de aprobar el calendario de comparecencias en el marco del juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pero tampoco hubo quorum. Nuevamente los legisladores Ana Belén Cordero y Marco Troya (oficialistas); Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova (UNES); y Pablo Muentes (PSC) no se presentaron.

El 19 de octubre de 2022 Villavicencio tampoco tuvo quorum. En la mañana estaban programadas las comparecencias de autoridades del sector petrolero por la investigación que el legislador llevaba adelante sobre los contratos petroleros suscritos con la empresa Schlumberger para los campos Auca, Shushufindi y Libertador. Solo asistieron Bruno Segovia y Pablo Muentes.  A la sesión de la tarde, de ese mismo día, se presentaron los oficialistas Ana Belén Cordero y Marco Troya, Roberto Cuero, Francisco Hidalgo y Andrea Girón (los dos últimos son suplentes de los correístas Gabriela Molina y Comps Córdova) para aprobar el cronograma de comparecencias en el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Cuero habló de un “hartazgo con Villavicencio”. Unes y Cordero le remarcaron el incumplimiento de su palabra respecto de la renuncia a la presidencia de la Comisión.

La última sesión convocada por Villavicencio para el 11 de mayo de 2023 para conocer una acción de protección planteada por Diego Hernán Ordoñez en el marco de un juicio político tampoco tuvo quorum. Los correístas Cuero, Molina, Córdova y el socialcristiano Muentes no asistieron.

En los archivos del CAL consta también la queja que el exlegislador Ricardo Vanegas puso en contra de Villavicencio por haber señalado que era socio de una de las compañías que conformaban el Consorcio Oro Negro, hoy investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de tráfico de influencias. Una indagación que tiene origen en un informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado en 2017.

Él aseguró que se trataba de “acoso laboral y persecución política”. Pero el trabajo de fiscalización de Villavicencio acrecentaba el clima de incomodidad en su contra y por ende el nivel de riesgo al que estaba expuesto, llegando a comprometer su vida. En abril de 2023 Fernando Villavicencio presentó formalmente ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en ese sentido, según ella cinco asambleístas estarían detrás de un intento criminal para acabar con la vida del entonces legislador. Villavicencio listaba los nombres de estos, cuatro correístas y un socialcristiano.  Entre ellos Ronny Aleaga, Roberto Cuero y Pablo Muentes.

Meses después, la tarde del 9 de agosto de 2023, siendo candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios.