Autor: mh

La presa fue inaugurada en el 2016, pese a que se tenía conocimiento de la cantidad de fallas, fisuras y problemas. La hidreléctrica más grande del país fue recibida por Ecuador con 19.000 items pendientes. Foto: Presidencia de la República
REDACCIONES: MILHOJAS, PLANV, LA FUENTE
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Coca Codo Sinclair, el proyecto emblemático de la "revolución energética" del gobierno de Rafael Correa, el cual costó el país USD 3.200 millones, está operando bajo alto riesgo, debido a daños estructurales. La Contraloría General del Estado, en un informe borrador de más de 165 páginas, leído el 14 de noviembre del 2018, encontró 12 fallas graves en el proceso de construcción. Sobre todo, daños en los ocho conductos distribuidores de la casa de máquinas y en dos de las turbinas. Estos daños en los distribuidores consisten en la presencia de 7.648 fisuras en las dos tuberías de presión que conducen el agua hacia los rodetes que a su vez generan la electricidad. Estas tuberías están recubiertas de acero; las fisuras, una de ellas de 38 centímetros, están en las planchas y en las zonas de soldadura. El daño, a criterio de los técnicos consultados por estos portales, es catastrófico, estructural e irreversible.

Puerta de entrada a la casa de máquinas. Foto: Archivo El Comercio

Documento: Denuncia presentada en el 2012 en la Fiscalía, por Cléver Jiménez, que no fue tomada en cuenta por el fiscal Galo Chiriboga.

Documento: El texto de la carta a la Fiscalía.

Documento: El texto de la carta a la Procuraduría.
La Contraloría encontró que "la empresa Sinohydro Corporation, para la construcción de los distribuidores de las ocho turbinas del proyecto empleó materiales no homologados; fabricó los elementos sin efectuar un adecuado control de calidad; soldó elementos adicionales para el transporte y manipuleo; y, soldó candados para efectuar las pruebas hidrostáticas sin aplicar los procedimientos técnicos de soldadura. Asimismo, unió las partes de los distribuidores sin aplicar tratamientos térmicos pos soldadura, lo cual ocasionó que al momento de la construcción se presenten en los distribuidores fisuras de distintas dimensiones, lo que conllevó a que en el año 2015 se efectúen inspecciones y soldaduras de reparación en todos los distribuidores y en el año 2018 se realice una nueva inspección y reparación con soldadura en elementos esenciales para el funcionamiento de las turbinas de la central hidroeléctrica.
"CELEC EP invirtió en esta construcción USD 1.010’844.719,62. Sin embargo, en los primeros dos años de funcionamiento de la central hidroeléctrica, que fue diseñada para una vida útil de 50 años, la contratista ha intervenido por dos ocasiones empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono".

Documento: El texto de la carta a la Contraloría.

Documento: La boleta de notificación a Cléver Jiménez sobre la apertura de la indagación previa. Jiménez denunció a los gerentes de la Obra por un presunto peculado.
Para uno de los consultores que determinaron el valor del daño, esta cifra multimillonaria es lo que el país perdería, porque sería imposible hacerlo sin destruir la casa de máquinas y todo su sistema; pues las partes dañadas están recubiertas de concreto de alta resistencia. "Es preferible hacer otra casa de máquinas", dijo el experto.

Documento oficial a los fiscalizadores de la obra, que da cuenta de las fisuras presentadas en varias unidades, luego de las pruebas de presión. Este informe explica que la presencia de fisuras puede impedir que el agua alcance la presión de 7.5 MPa, que es la presión del diseño, para que el sistema de generación eléctrica funcione.

El organismo de control determinó que las fisuras, las cuales producen filtraciones y que pueden hacer colapsar todo el sistema, fueron provocadas unas por la calidad del material, el cual no cumplía las especificaciones técnicas, y la otra por una mala gestión en el traslado y trasportación de las planchas desde China hasta el sitio de la obra, y las malas soldaduras en los anclajes que permitían la transportación.
Los defectos fueron detectados en los cordones de soldadura, tanto en la fábrica como en el sitio de instalación. Según fuentes vinculadas a la investigación del organismo de control, una de las razones fundamentales para la mala calidad de los materiales era que en el proceso se cambiaron las especificaciones que originalmente eran para acero de fabricación japonesa para favorecer acero de fabricación china.  El uso de este acero, que no tenía la aleación adecuada ni la resistencia necesaria para soportar las presiones fue aceptada por el consorcio mexicano que actuó como fiscalizadora de la obra.
Las más de 7648 fisuras fueron encontradas en el 2015. Sin embargo, lo problemas encontrados en el transcurso de la mega obra,  que fueron ratificados por la Contraloría, fueron reportados desde el 2013, en un informe publicado por la revista Vanguardia y en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada por el entonces asambleísta de PK, Cléver Jiménez.
Las fallas encontradas en el 2015 fueron subsanadas supuestamente. Las Unidades más afectadas fueron la 2, 4, 7 y 8, con más de 1500 fisuras cada una en promedio. Las unidades 3 y 4 tuvieron hasta cuatro reparaciones.

En el 2015, en la etapa de pruebas hidrostáticas, Sinohydro Corporation, la constructora, soldó placas metálicas y candados y luego de efectuada la prueba se retiraron los elementos soldados, y fiscalización detectó, además de las fisuras de las zonas correspondientes a las zonas de soldaduras, una fisura de 38 centímetros de longitud en la brida de ingreso del distribuidor de la unidad 3, así como en sectores con la presencia de indicaciones en las soldaduras de fábrica. Las fisuras fueron reportadas, pero los documentos entregados por la contratista en la dirección de Gerenciamiento y Fiscalización no reportaron novedades en la inspección de las soldaduras, "evidenciando ausencia de supervisión en la construcción de los distribuidores y poniendo en duda la integridad de los documentos de control de calidad", dice el informe de la Contraloría. 

Reacción de Rafael Correa, en el 2012, contra la denuncia de Cléver Jiménez. Hay que actuar con todo, les dice a sus remitentes, incluso con "nuestros legisladores".
Un técnico de la empresa Consulting Inspection Services, CIS, en su informe del 8 de abril del 2015, luego de detallar decenas de irregularidades sobre materiales empleados que no cumplían las especificaciones técnicas ni del contrato, señaló que "ningún tipo de fisura es aceptable; se deben revisar los procesos de soldadura para determinar la causa del agrietamiento y prevenir futuros defectos ; y que la fisuración puede conducir a la pérdida de la integridad estructural, a fugas y a la falla del equipo". 

Portada del informe reservado de la Contraloría sobre el poyecto Coca Codo.
Pero el proceso de reparación también fue observado: "las normas aplicables no establecen el número de veces que un acero al carbono y de baja aleación puede ser reparado mediante soldadura", por cuanto la producción  y el material empleado tiene diferentes parámetros. Pero es práctica de la industria, dice la Contraloría, que la reparación por soldadura del material base y los cordones de soldadura se realicen una sola vez.  Ya la campaña de soldadura y reparación del 2015 incluyeron hasta tres soldaduras de reparación y si en el 2018 se está interviniendo con nuevas soldaduras de reparación, "podemos afirmar que el procedimiento de reparación de fisuras, empleado, no fue el adecuado".
El organismo de control reclama a CELC y a la Unidad de Negocios Coca Codo Sinclair, que tras haber detectado las fisuras, no han recomendado ni dispuesto que se efectúe la evaluación integral de dichas estructuras.  ¿Cuál es su aptitud para el servicio? ¿Cuál es su vida útil? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál su comportamiento futuro si son recipientes sometidos a constante e intensa presión de agua? Preguntas que, según la Contraloría, aún ningún responsable contesta al país.
¿Por qué se habla de un daño estructural? La evaluación permitirá conocer si los distribuidores instalados pueden seguir operando pese a las observaciones técnicas reportadas, pueden soportar más campañas de soldadura de modo indefinido o deben ser reemplazados, a costa de Sinohydro Corporation. En este caso, CELEC EP debe contar, dice la Contraloría, con las garantías necesarias para que el costo de todos esos trabajos sea reconocido por esa empresa. 
Así lo anunció estos días el ministro de Hidrocarburos y Electricidad, Carlos Pérez. Dio el nombre de una empresa alemana que hará la evaluación técnica, sin referirse a los hallazgos de la Contraloría, y dijo que la  constructora china asumiría todos los costos de ese proceso. No mostró al país un convenio o documento alguno con la firma de Sinohydro.

Si esto pasa, si se opta por detener la operación para hacer una reparación integral, tendría que considerarse la cantidad de energía generada por Coca Codo que el país dejaría de recibir. Si entre enero del 2017 y julio del 2018 (un año y medio) la represa generó, con toda su potencia, cerca de 9.600 millones de Kwh (un promedio de 505 millones de kilovatios al mes), a un precio promedio de 9,86 centavos el kilovatio-hora, se tiene que el sistema eléctrico nacional dejaría de recibir USD 49 millones mensuales. Cerca de USD 600 millones al año. A esto hay que sumar los USD 83 millones del costo de instalación de los distribuidores. Además, en caso de que sea imposible reparar el sistema de distribuidores con fisuras y sea necesario  reemplazar la casa de máquinas, esta tiene un valor de USD 1.010' 844.719.
Estos daños ya han causado la paralización de tres unidades para efectos de inspección y reparación. Un reporte del subgerente de producción de CELEC EP – Coca Codo Sinclair da cuenta que entre agosto del 2016 y julio del 2018 la Unidad 4 paralizó 72 días, la Unidad 2 paró 46 días y la Unidad 3 fue paralizada el 20 de julio del 2018 hasta la fecha.
Otra de las fallas en el sistema Coca Codo se presenta en la línea de trasmisión de la subestación El Inga, a la cual llegan dos líneas trifásicas de 500 MW, con un haz de cuatro conductores por fase. En cambio, en el tramo El Inga-Tisaleo-Chorrillos se ha instalado una línea trifásica de 500 MW con un haz de tres conductores elevándose el efecto corona, e incrementando las pérdidas en la línea, la radio interferencia, el ruido y los destellos luminosos alrededor de cada fase. Esto ha provocado la protesta de las comunidades por las que atraviesa. Es, por tanto, una línea que no está operando y es una razón más por la cual la central Coca Codo no pueda evacuar toda la energía que produce. Para completar este cuadro, el cuarto conductor y convertir la línea en un haz de cuatro conductores se requiere una inversión aproximada de USD 28 millones, que se pretende pedir a… China. 
La central hidroeléctrica fue diseñada para una vida útil de 50 años, pero la contratista ha intervenido en dos ocasiones, empleando soldadura en elementos metálicos con bajo contenido de carbono y alta tenacidad; ocasionando que las soldaduras y el material base de los distribuidores se vuelvan más frágiles. La Contraloría señala que es "de total responsabilidad de la contratista, las consecuencias de dicha acción".
Para evaluar la condición de los distribuidores se hicieron varias inspecciones. Foto: Archivo El Comercio
OTROS DAÑOS ENCONTRADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
• Los rodetes de las unidades U4 y U6 presentan áreas afectadas por abrasión y desprendimiento de la protección de carburo de tungsteno, a pesar de lo cual la contratista ha rechazado las solicitudes emitidas por CELEC EP para su reparación, lo que ha ocasionado que a la fecha de corte de esta acción de control no se hayan resuelto las afectaciones reportadas.??
• Sinohydro Corporation y CELEC EP no han llegado a un consenso sobre la aprobación de un cronograma optimizado y consolidado para atender los ítems pendientes definidos en la fase 1 y 2 del proyecto, entre estos la construcción de un campamento permanente de operación, que a la fecha de corte de este examen presenta el avance de un 76,38%, lo que ha dado lugar a que la Unidad de Negocio de Coca Codo Sinclair incurra en gastos adicionales por USD 763.560,00, para el transporte del personal técnico y administrativo desde el campamento hacia la central hidroeléctrica.
• La empresa Sinohydro no atiende en los tiempos establecidos contractualmente ni soluciona de manera efectiva la causa u origen y defectos comunicados por Coca Codo Sinclair, por lo que al corte de esta acción de control persisten 171 defectos sin atención o solución, ocasionándose un perjuicio de USD 465.380,18 a Coca Codo Sinclair; y USD 27’779.406,57 al Estado ecuatoriano por la afectación a los ingresos que debía percibir con la comercialización de la energía producida.?
• La Segunda Junta Combinada de Disputas del contrato EP favoreció a la contratista Sinohydro con una prórroga adicional de 167 días para cumplir con la entrega de la operación inicial y la entrega de la fase 1, sin haberse impuesto una penalidad por 184 días de retraso equivalente a USD 78’200.000,00.??
• La empresa Sinohydro hasta la fecha de corte del examen no culminó con las pruebas de eficiencia del funcionamiento del modo automático a través del sistema, tampoco se reemplazó ni corrigió la calibración de las ecosondas que presentan mal funcionamiento. Además, no se capacitó al personal de CELEC sobre el equipo.??
• El representante legal de Sinohydro presentó solicitudes de reembolso por ítems pendientes no concluidos, mismas que fueron canceladas incumpliéndose además los plazos de entregas.??
• El gerente de Sinohydro no cumplió con el Plan de Capacitación y entrenamiento continuo del personal operativo, conforme los requerimientos técnicos.??
• Los gerentes de la unidad de negocio de Coca Codo Sinclair dispusieron que el equipo de supervisión del proyecto pese a sus limitaciones del personal se encargue del proceso de relevamientos de los ítems pendientes sin establecer las funciones específicas a desempeñar, lo que ocasionó que este proceso no haya sido concluido luego de transcurridos más 500 días.??
• Los responsables de la gestión ambiental de Coca Codo Sinclair no presentaron al Ministerio del Ambiente los Términos de Referencia para contratar y ejecutar las auditorías ambientales, en los periodos 2014-2016 y 2016-2018; tampoco tramitaron la emisión de la licencia ambiental para la fase de operación del proyecto.??
• La empresa Sinohydro manejó inadecuadamente los desechos generados en el campamento de operación permanente, además no cumplió las medidas de control ambiental para la distribución de combustible en los campamentos.??
• La empresa Sinohydro presentó planillas sin incluir documentos de soporte que certifiquen el control de calidad efectuado en la ejecución de los trabajos.

El 7 de agosto de 2018 a las 16h00 se realizó un operativo de desalojo liderado por autoridades policiales del más alto nivel. Un operativo de esa naturaleza realizado en el Ecuador continental difícilmente hubiera pasado desapercibido. En este caso, salvo algunas protestas en redes sociales, no se supo de él. El operativo sucedió en la Isla Puná y al parecer lo que pasa en Puná se queda allí.
Puná, es la isla mayor del Golfo de Guayaquil.  Pese a que administrativamente es parte de Guayaquil, su comunicación con la urbe es limitada. A Puná sólo se llega por agua, ya sea que se tome la embarcación diaria desde la zona del mercado Caraguay, en Guayaquil, o desde Posorja (otra parroquia rural de la ciudad) donde se sale con más frecuencia. El éxito del viaje y el tiempo de duración del mismo depende de la mareas. Por lo menos es hora y media cruzando el mar desde la ciudad. A veces las embarcaciones quedan varadas en el lodo.

Probablemente por ello y también por el sigilo comunicacional con que el que se procedió, no se dio cobertura a un operativo que partió con 25 embarcaciones desde Posorja y movilizó 300 policías bajo el mando del Coronel Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior. El crnel. Tello no era el único alto oficial en el operativo, lo acompañaban el crnel. Johnny Charles Mora Flores, Jefe de Operativo del Distrito Sur y el teniente coronel Jefferson Santamaría. También estaban cuatro comisarios de policía del Guayas: Wilson Layana (Juján), Byron Alcívar (Durán), Lorena Toledo (Playas) y el Ab. Manuel Barreto (Milagro). Dos Agentes Fiscales: Franklin Muzzio Manrique y Alfredo Chonillo Muñoz. Los acompañaba el beneficiario del desalojo: el abogado Fernando Rosero acompañado por sesenta civiles a sus órdenes, que llegaron en sus propias embarcaciones. También fue parte del operativo un helicóptero de la Policía.

El sigilo también se explica porque el desalojo se realizó para cumplir una orden judicial que ha sido denunciada por los afectados como ilegal e inejecutable. En la orden, emitida en una sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, ni siquiera aparecía el nombre de quienes fueron desalojados ese 7 de agosto de 2018, en predios ubicados en el Sector de la comuna ancestral Río Hondo y La Flor de la isla Puná, Segundo Reyes Gonzabay, empresario camaronero oriundo de la isla, su empresa Pescayo S.A.
La sentencia decía que se desaloje a Freiman Solís Sánchez, quien había trabajado en un predio vecino al desalojado. Si bien la sentencia agregaba que también se desalojará a “las personas que aparezcan como invasores en terrenos de “La Hacienda El Placer”, María Leonor Jiménez de Viteri, ex presidenta de la Corte Provincial del Guayas, señala que dado que en materia penal la responsabilidad es personalísima y, siendo el derecho restrictivo, una sentencia que pedía el desalojo de quien ya no estaba ahí y que por otra parte no citaba los nombres de quienes realmente iban a ser desalojados, era inejecutable.
El tema de la inejecutabilidad de la orden de desalojo es sólo la punta del iceberg. De fondo está el hecho de que fiscales, jueces y autoridades como el ex Ministro del Interior, Mauro Toscanini, y el crnel. Tello convirtieron en “invasores” y “traficantes de tierras” a quienes tenían una historia de dominio de décadas de los predios de los que fueron desalojados. Tanto para los abogados de las Comunas, como de la empresa Pescayo S.A. el meollo del asunto es que se trasladó de manera retorcida al ámbito penal un problema que debía haber sido resuelto en el ámbito de lo civil: es decir los demandantes de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer, primero, debieron haber borrado procesos de extinción de dominio y adjudicación de tierras a favor de las comunas y de Segundo Reyes, realizados décadas atrás en el marco de la Ley de Reforma Agraria, lo cual en un régimen de derecho sería muy difícil. Además, por parte del Ab. Fernando Rosero el tiempo ya se había agotado.

Antes del desalojo realizado el 7 de agosto de 2018 hubo varios intentos. El primero ocurrió el 9 de junio y no se concretó. El segundo intento sucedió el 14 de junio y se vio frustrado porque subió la marea y quedaron empantanados. El 22 de junio Fernando Rosero tenía listo ya un contingente para acompañar otro intento de desalojo, que no se dio.
¿Cómo se metió Fernando Rosero en este caso? Fue abogado patrocinador de Zaira Eljuri, quien aseguraba ser la propietaria ya que su tío, supuestamente, le dejó a su fallecido padre los derechos sobre las aportaciones que le correspondían como uno de los propietarios de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Dicha cesión de derechos está denunciada como falsifcada y es objeto de una investigación fiscal que se encuentra pendiente. En agosto de 2015 Rosero patrocinó la demanda de Apertura de la Sucesión Hereditaria (juicio # 092009-2015-06426) y posteriormente una denuncia de invasión que Zaira Eljuri presentó en julio de 2016. El 15 de junio de 2017 Zaira Eljuri, quien se encontraba delicada de salud, otorgó un poder especial a favor de Fernando Rosero, que lo facultaba para realizar cuanto acto jurídico estime en razón del predio perteneciente a la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. Apenas un mes después, el 14 de  julio 2017, Zaira Eljuri falleció, pero al parecer el poder que había otorgado a su abogado se extendería más allá de su muerte.

Estas fotografías corresponden al 29 de septiembre de 2017, cuando Fernando Yávar Núñez, Fernando Rosero Gonzalez y policías acudieron a la Hacienda El Placer, en la parroquia Puná al reconocimiento del lugar de los hechos, correspondientes a la denuncia presentada el 3 de mayo de 2017 por Zaira Eljuri Alarcón en contra Vladimir Sisalima Barros, por el supuesto delito de Ocupación, Uso Ilegal de Suelo y/o Tráfico de Tierras. 
Tras fallecer su apoderada, Rosero se convirtió en el Gerente de la Sociedad en Predios Rústicos Hacienda El Placer. En tal calidad, compareció a la investigación previa No. 090101817050601 que su clienta había iniciado en contra de otro posesionario de las tierras, Vladimir Sisalima Barrios, por el supuesto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, para informar al fiscal a cargo, Fernando Yávar Núñez de la muerte de Zaira Eljuri y que ahora él estaba al frente de la denuncia. En ese acto pidió que el Fiscal incluya a Segundo Reyes Gonzabay como coautor y principal instigador del presunto delito.También pídió a la Fiscalía que realice una inspección in situ para desalojar a Sisalima y Reyes.
El 29 de septiembre de 2017 el fiscal Fernando Yávar Núñez y el Ab. Fernando Rosero González llegaron a Puná en helicóptero para realizar el “reconocimiento del lugar de los hechos” dentro de la investigación previa por el presunto delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras. Durante tal diligencia el Fiscal Yávar dispuso la aprehensión de Freiman Solís Sánchez, guardián de Sisalima, por el delito de tenencia de arma de fuego sin permiso, pues la Policía, al ingresar a su dormitorio, encontró una cartuchera bajo su almohada. Al llegar a Guayaquil el cargo en contra de Freiman Solís fue modificado y, lo acusaron de invasor. Cambiaron también al fiscal y, a partir de eso, lograron la orden de desalojo que dio lugar a la expulsión de las comunas y Reyes de sus tierras.
Entre el 14 de junio y el 7 de agosto de 2018, tanto los abogados de Pescayo S.A. como de las comunas afectadas realizaron varias acciones centradas en la inejecutabilidad de la orden judicial y la tortuosa actuación de la Fiscalía y jueces del Guayas. Acudieron a la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En compañía de la CNA Guayas acudieron ante la Gobernación del Guayas. Se les informó que el Intendente del Guayas no iba a mandar desalojar por la inejecutabilidad.  Los abogados también denunciaron ante el Consejo de la Judicatura la actuación de la ex Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón. El Presidente de la Comuna Ancestral Indígena Río Hondo envió el 5 de julio una comunicación al Viceministro del Interior, solicitando que suspenda la medida.
Pero al parecer la capacidad de presión de Fernando Rosero, sobre quien los afectados señalaron que tendría cercanía con el entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini, era muchísimo mayor.
La noche anterior al desalojo el entonces Intendente del Guayas, Josué Dumani, quien tenía dudas sobre la ejecutabilidad de la orden de desalojo y habría estado esquivando su consumación, estaba en su residencia en una ciudadela cerrada, cuando la general de policía Tannya Varela Coronel llegó hasta su puerta para trasladarle la orden del entonces Ministro del Interior Mauro Toscanini de que tenía que firmar la orden para que la Comisaria de Playas se haga cargo del desalojo, pues la Comisaria de Guayaquil se había reportado enferma.
El día del operativo la abogada de Pescayo, Mariana Mejía, exhibió ante las autoridades los títulos de propiedad (Registro de la Propiedad de Guayaquil) de los predios de donde los estaban desalojando y les indicó que la zona de Playas y Bahía (85.95 hectáreas), donde también estaba ubicada la Granja Acuícola Pescayo, eran terrenos estatales sobre los que tenían un Acuerdo de Concesión de Playas y Bahías vigente, pues ha sido renovado por la autoridad respectiva, de conformidad con la ley desde su concesión original en 1997. El Cnel. Mora Flores contestó a la abogada que no tenía interés en lo que decía y que iba a cumplir con la orden judicial y eso implicaba desalojar todo el predio. 

Más allá de la inejecutabilidad del desalojo, las autoridades extendieron el desalojo a la Zona de Playas y Bahías de 85.95 hectáreas concesionadas a Pescayo desde 1997, misma que se ha renovado de acuerdo a la ley y por lo tanto se encontraba vigente. De ahí que ni el predio ni los bienes que estaban en ella podían haber sido entregados a Rosero.
Tampoco se permitió que el administrador de Pescayo S.A. esté presente en la elaboración del inventario de bienes existentes, entre ellos la producción camaronera que se encontraba en fase de recolección y sembrado, ni los insumos, balanceado, bienes muebles e inmuebles, que eran propiedad de la empresa.
El operativo de desalojo se realizó con uso excesivo de la fuerza pública, los trabajadores y comuneros fueron amenazados y maltratados físicamente por los oficiales de policía y sus subalternos. En el operativo fueron detenidas catorce personas, mujeres, trabajadores, comuneros, guardias de seguridad de Pescayo S.A. No se les leyó sus derechos durante el arresto y fueron puestos a órdenes del juez penal fuera del plazo que determina la ley (26 horas). Incluso se detuvo a la abogada de la empresa, Mariana Mejía, a pedido de Fernando Rosero. Los detenidos fueron esposados desde las cinco de la tarde del día martes 7 de agosto del año 2018 hasta las siete de la noche del miércoles 8 de agosto del año 2018 cuando, después de llevarlos de Puná a Guayaquil y finalmente a Playas, los presentaron ante el Juez de lo Penal de esa localidad para su audiencia de flagrancia. Durante todo eso tiempo no les dieron de beber ni de comer.
La travesía de traslado desde Puná hasta el puerto de Posorja fue azarosa. Las embarcaciones que llevaban a los detenidos se dañaron por lo que tuvieron que pasar durante tres horas, en la madrugada, varados en alta mar hasta que fueron rescatados. Llegaron al Cuartel Modelo de Guayaquil a las 8:30 de la mañana. Las mujeres detenidas fueron llevadas al Hospital Universitario para su revisión. La abogada Mariana Mejía, de 61 años, presentaba un cuadro grave de hipertensión por lo que debió ser medicada repetidamente para que pudiera presentarse con los demás detenidos en la Sala de Audiencia de Flagrancia del Cantón Playas que se encuentra a cuarenta minutos de Guayaquil. Finalmente fueron liberados, pues el juez determinó que no había motivo para procesarlos.
El fin de semana siguiente al desalojo, los vecinos de la Comuna Río Hondo, vieron a los empleados del abogado Rosero cosechando los camarones de las piscinas de Pescayo S.A.
Después del desalojo
Mientras Segundo Reyes Gonzabay enfrenta un juicio por Uso Ilegal de Suelo y Tráfico de Tierras por estar en su propio predio, sus abogados han contratacado y presentaron una denuncia por el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras en contra del Ab. Fernando Rosero González, gerente de los Predios Rústicos Hacienda El Placer, por el desalojo del 7 de agosto de 2018 y por haberse apropiado incluso de la zona de playas y bahías. 

La denuncia fue presentada el ante el Fiscal de Espacios Acuáticos, Víctor Hugo Calderón, quien abrió el expediente número 090101818082237 (161-2018) por desalojo ilegal de Segundo Reyes Gonzabay, de los trabajadores de la Empresa Pescayo S.A. y por la ocupación del área ubicada en zonas de Playas y Bahía sobre los cuales Segundo Reyes tiene derechos de posesión, desde1985 renovados el año 1999 mediante Acuerdo Ministerial No. 101-2008, por lo que posee el derecho exclusivo de ocupación de la camaronera construida sobre tierras estatales.
En el Oficio Nro. MAP-SUBACUA-2018-1804-O del 14 de agosto del 2018, remitido por Luis Daniel Carofilis Hernández, Subsecretario de Acuacultura, y Pesca al Gobernador de la Provincia del Guayas se señala:
“Que el Acuerdo Ministerial No. 101-2008 se encuentra vigente y que se ha renovado los Derechos de Concesión de una área de Zonas de Playa y Bahía, otorgada el 18 de septiembre del año 2008, por una superficie de 85,95 hectáreas ubicadas en el sitio La Florida y El Placer, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, otorgada a favor de la empresa PESCAYO S. A., y concluye que dicha Cartera de Estado, no ha dispuesto realizar ningún desalojo contra ese predio camaronero de 85,95 hectáreas”.

Esta es la certificación de que la concesión sigue siendo de Reyes y que fue despojado de ella con violencia, por parte de Rosero, con colaboración de la Policía. Sin embargo, ni la Gobernación ni la Intendencia quieren desalojar a Rosero. 

Ante lo sucedido, el Fiscal Víctor Hugo Calderón dispuso realizar un reconocimiento del lugar de los hechos, el  mismo que se realizó el 29 de agosto de 2018 con personal técnico de la Dirección de Control Acuícola de la Subsecretaría de Acuacultura, personal Técnico y policías de Medio Ambiente, un perito del departamento de criminalística y un agente investigador de la Policía Judicial, quienes se trasladaron al predio ubicado en el sector La Florida y El Placer, sitio Río Hondo, cantón Guayaquil, lugar donde funciona la camaronera Pescayo S.A. para verificar el estado actual de legalidad y operatividad del predio en referencia.
Al regresar de la diligencia y arribar al Muelle Municipal del Mercado Caraguay en Guayaquil, Daner Reyes Ortega, hijo de Segundo Reyes Gonzabay recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como la General Tannya Varela Coronel, Jefa de la Zona 8 de Policía. Él le pasó la llamada al abogado de Pescayo S.A. Patricio Pazmiño Salazar. La general preguntó si era verdad que habían ingresado al predio 50 policías y si los servidores policiales habían rastrillado sus armas a los empleados de Fernando Rosero que se encontraban ahí, pues él así lo había denunciado. El abogado Pazmiño respondió que eso era falso, ya que solo se había inspeccionado las zonas de playa y bahía en cumplimiento de la diligencia dispuesta por el Fiscal de Espacios Acuáticos, que no había ese número de policías pues sólo estaban un policía de criminalística, un agente investigador de la Policía Judicial del Guayas, dos policías de la UPMA y dos de la Marina. La general agradeció la información.

En este momento está por determinarse fecha de audiencia de juzgamiento en el proceso por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras contra Segundo Reyes Gonzabay, Vladimir Sisalima Barros y el guardián Freiman Solís Sánchez. También está pendiente una indagatoria pedida por el Fiscal Fernando Yávar contra Segundo Reyes Gonzabay y otros por asociación ilícita para invasión de tierras. Contra la abogada de Segundo Reyes, Mariana Mejía por prevaricato. También existe la denuncia de Patricio Pazmiño contra Fernando Rosero por uso de documento falsificado en referencia a la supuesta cesión de derechos de Franco Eljuri a Felipe Eljuri el 8 de marzo de 1977, denuncia contra Fernando Rosero por ocupación, uso ilegal de suelos y/o tráfico de tierras por estar vendiendo la 3.090 hectáreas de Puná y otra por invasor en zonas de playas y bahías, propiedad del Estado, concesionadas a Pescayo S.A.
Por su parte la Comuna Río Hondo, a través de su abogado Ricardo Ochoa, presentó una solicitud de medidas cautelares el día previo al desalojo pero se las negaron. También denunció a la jueza por no tomar en cuenta su fundamento y haber hecho copy/paste de otro fundamento. Pese a que el Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, el 9 de agosto pasado, les contestó que el desalojo no iba a perturbar el área de la comuna, a los cuatro días del operativo la gente de Rosero hizo una zanja en el área de la comuna. Existe un informe del teniente político de Puná sobre esta afectación a la Comuna. Y lo más grave: las tierras de la comuna Río Hondo están incluídas en el predio que Rosero ha puesto a la venta. Por lo que la comuna va a comparecer en calidad de terceros perjudicados en la utilización dolosa de documentos públicos falsos. El Ab. Ricardo Ochoa manifiesta que pese a que a Río Hondo le asiste el derecho, su falta de recursos la pone en situación de desventaja.

22 de junio 2018. Protesta de Comuneros de Puná en apoyo a Segundo Reyes Gonzabay
A los abogados de Reyes, les preocupa en cambio, que se mantenga la parcialidad con la que ha actuado tanto la Fiscalía como los jueces hasta ahora. Según los abogados de Pescayo S.A. la entonces Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, dio luz verde al proceso por invasión y tráfico de tierras, mientras dejó en el limbo la investigación previa sobre la validez del documento de cesión de derechos entre los hermanos Eljuri,en que se fundamenta el otro proceso. Tampoco ha sido buena su experiencia en las cortes, con jueces que no aceptan o no leen las pruebas de sus defendidos. Finalmente, la actuación del Ministerio del Interior, bajo el mando de Mauro Toscanini, su viceministro Andrés De La Vega y el Cnel. Bolívar Tello Astudillo, Director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, al ejecutar una orden de desalojo inejecutable concretaron el despojo de cuatro comunas y un empresario para quienes no existe la seguridad jurídica en el Ecuador.
Al mismo tiempo, si bien se habría caído el convenio de compraventa entre Fernando Rosero y los empresarios camaroneros de Machala, Darío Francelín Coronel Jiménez y Kleber Franco Loayza Cárdenas por seis millones de dólares, en días recientes se ha visto anunciada la venta de 3.080 hectáreas, con camaronera incluída, por 10 millones de dólares. Es decir, pese a toda la opacidad que rodea a los procesos de cesión de derechos sobre estas tierras y a la polémica legal latente sobre su tenencia, parece que a quien logra poner de su parte a los operadores de la justicia, la fortuna le sonríe en Ecuador, pues en este caso particular nada de esto ha impedido que la cotización de los terrenos se incremente en cuatro millones de dólares en muy poco tiempo.

Foto de Presidencia de la República / Foto de Gonzalo Guillén

Amanda Advisors S.A. fue creada –repito– por Rosas & Rosas e inscrita en 2007 con el número de asiento 187053.
Elisa Edghill, quien figura en las empresas del argentino y en la del Fiscal General colombiano, aparece en la misma posición en otras 5.308 sociedades panameñas y 4.845 directorios de firmas fundadas en Panamá. Algo parecido ocurre con Eliseo de León.
Rosas & Rosas y sus tres firmas radicadas en Islas Vírgenes Británicas (inscritas como directores de la empresa del Fiscal Martínez Neira) figuran en un escándalo de lavado de activos y evasión que se desató en Gran Bretaña, cuya cabeza principal es el empresario Derek James Tiney, quien recibía, al parecer, fondos negros de Odebrechet.
En cuanto a la firma offshore del Fiscal General colombiano, Amanda Advisors S.A., fue inscrita en Ciudad de Panamá con un capital social autorizado de US$ 10 mil, dividido en 10 mil acciones comunes al portador, todas con iguales derechos y privilegios. Cada una vale un dólar. Con esta estructura el dueño de los bienes de la empresa es quien posee sus acciones al portador (en este caso Martínez Neira y su familia nuclear), con lo cual consigue evitar que figuren a nombre propio.
Expertos explicaron que Martínez Neira y su núcleo familiar encuadran en el concepto jurídico de “beneficiario real”, desarrollado por la organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional, consagrada a la promoción de medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993 y publica anualmente el índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial.
Lo mismo que en España, el precepto de “beneficiario real” lo acogió por primera vez en Colombia la Superintendencia Financiera y luego se hizo reglamentario.
Offshore es el término usado en el mundo de las finanzas y el derecho para describir los paraísos fiscales o guaridas fiscales (en inglés tax haven, “refugio fiscal”)?. Son utilizados para eludir el pago de impuestos, así como gozar de secreto bancario para evadir y eludir impuestos y blanquear y ocultar capitales.
Llama la atención que el capital autorizado de Amanda Advisors S.A. –la firma offshore del Fiscal Martínez Neira– sea de US$ 10 mil y al mismo tiempo esa firma posea en España un bien valorado en cerca de tres millones de euros, más fondos por una cantidad no especificada.
La información referente a la constitución, existencia y tradición de Amanda Advisors S.A. fue adquirida legalmente en Panamá por este periodista a través del servicio Dato Capital.
El apartamento de Néstor Humberto Martínez Neira y su núcleo familiar en Madrid, España, (puesto a nombre de Amanda Advisors S.A.), está situado en Calle José Ortega y Gasset, número 17, piso cuatro B, puerta izquierda.
La inscripción en el municipio de Madrid corresponde a finca raíz y tiene el “número 14492 Indufir: 28088000019716”. El apartamento fue adquirido en 2014 por medio de compraventa y pagado con un cheque contra una cuenta bancaria española.
La descripción oficial del apartamento respecto a su ubicación y tamaño, es esta:

Foto de Gonzalo Guillén

Por medio de dineros de Amanda Advisors S.A. situados en España, el Fiscal Martínez Neira y su núcleo familiar cubren los gastos de propiedad y uso del apartamento de la exclusiva calle Ortega y Gasset.
Este periodista conoce el nombre –pero no lo revela, por ahora–  de la intermediaria (esposa de un destacado diplomático) que buscó esa propiedad raíz por petición expresa de Martínez Neira. Luego, cuando el Fiscal colombiano encontró que era de su agrado y la eligió, ella se la vendió.
El propietario anterior era Isabel Rúa Figueroa-Ortiz, viuda del periodista Salvador López de la Torre, quien falleció el 2 de febrero de 2011.
El apartamento no tiene empadronamiento debido a que, según se explicó en el ayuntamiento de Madrid, “pertenece a extranjeros”.
En la conserjería del edificio número 17 de la calle Ortega y Gasset, en cuyo primer piso se encuentra una tienda de la perfumera y joyera italiana Bulgari, se informó que, en efecto, el piso 4, sector B, puerta izquierda, es del colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, quien, por cierto, la semana pasada lo visitó durante el viaje oficial que lo llevó con su esposa a Madrid y Londres.
Para esta investigación, durante tres meses fue entrevistada una veintena de personas en Madrid y Bogotá, quienes pidieron provisionalmente el anonimato. Dijeron saber con certeza que el apartamento en cuestión es de Martínez Neira. Varias de ellas indicaron que han estado como invitados en esa propiedad, así como en otras dos –dijeron algunos–, situadas en París y Nueva York.
El Fiscal General Martínez Neira fue invitado a dar su versión de los hechos por medio de un correo electrónico enviado a la jefatura de prensa de la Fiscalía General de la Nación. No respondió. 

La nota en LA NUEVA PRENSA

Pagos desde $1 500 hasta $113 000 fueron realizados en favor de funcionarios del Municipio de Tulcán por el consorcio que ejecutó el proyecto de remodelación de la Plaza Central de esa ciudad, entre 2011 y 2012.
Ninguna de esos pagos se han justificado hasta el momento, el caso ya se investiga en la Comisión de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y también se han presentado denuncias en la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.
El caso se dio a conocer en medio de un litigio entre los socios del consorcio Construnor, a cargo de la rehabilitación del Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones:  $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.
El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se reabrió en noviembre de 2012. A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; Julio Robles, que ya ocupaba la Alcaldía de Tulcán, hasta hoy.
Ocho años después, el 10 de julio pasado, Jorge Fernando Paredes, uno de los tres socios que conformaron el Consorcio Construnor demandó a otro socio: Diego Santillán De la Vega, por el presunto no pago de sus utilidades. “Me he visto perjudicado por el accionar de un ex socio de trabajo y por funcionarios públicos del GAD Municipal de Tulcán”, alega Paredes en la denuncia presentada ante el Consejo de Participación Ciudadana en Carchi.
“Al finalizar los trabajos y no recibir la parte proporcional de las utilidades, y al no tener respuesta a mis requerimientos, me vi en la necesidad de platear una acción de rendición de cuentas”, asegura Paredes en el documento de la demanda.

La rendición de cuentas solicitada fue presentada por Santillán ante el juez Milton Terán Grijalva, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Ibarra. Allí se detallan las comisiones pagadas en favor varios de funcionarios municipales y del mismo Municipio: $1.500 para el jefe de Fiscalización, $2 000 para el director administrativo y otros $2 000 para el director financiero del GAD de Tulcán.

Otros rubros más altos indican un pago de $13 500 en favor de Gonzalo Terán, cuyo roll de participación en el proyecto no se especifica en el documento; $2 000 adicionales para el abogado del GAD de Tulcán; otros USD 3 000 entregados en apoyo para las fiestas de Tulcán; y, el rubro más alto, USD 113 000 para promoción y contribución al mismo gobierno local.

En la misma rendición de cuentas presentada y firmada por Santillán en su defensa asegura que las utilidades del denunciante y ex socio si fueron pagadas, pero también admite que se entregaron valores para beneficiarse de la adjudicación de la obra. “Es necesario reconocer que un porcentaje de los ingresos recibidos en calidad de anticipo fueron repartidos entre los tres socios girándose cheques en nuestro beneficio y, de ese valor entregamos una parte a terceras personas por la adjudicación de la obra”, cita el documento.

Agrega que los cheques entregados fueron firmados de manera conjunta, lo que implicaría una responsabilidad compartida tanto del acusado como del demandante. En declaraciones para un medio local en la provincia del Carchi alegó: “Nos cogieron desprevenidos. Estábamos realizando un peritaje con un contador externo sobre los dineros utilizados para esta obra cuando nos solicitaron que entreguemos la rendición de cuentas; por, ello no se revisó de forma adecuada el escrito”, dijo.
A raíz de esto iniciaron las investigaciones y el concejal del municipio de Tulcán, René Granda presentó una denuncia por presunto cohecho ante el Consejo de Participación Ciudadana, Contraloría y la Fiscalía, para que se investiguen los “posibles actos indebidos ocurridos en la construcción de una obra municipal en 2012”.
No es la primera vez que el concejal Granda denuncia presuntas irregularidades de la actual administración. En otras ocasiones ha expresado sus sospechas de que los hijos de varios concejales del GAD de Tulcán estarían trabajando también en el Municipio. Pero esta acusación la hizo sin dar nombres.

Consultado por este tema, el alcalde de Tulcán, Julio Robles, aseguró que se las acusaciones se dan en el marco de una estrategia política previo a las próximas elecciones en marzo, en las que aspira presentarse como candidato a la Prefectura de la ciudad.
Robles fue electo alcalde de Tulcán por primera vez en 2009, respaldado por el Movimiento Social Conservador del Carchi, del cual es su fundador. En esa ocasión superó en votos al candidato del Movimiento PAIS, Pedro Velasco, con quien también compitió por la Alcaldía en 2014, cuando Robles fue reelecto por cinco años más.
Dicho de otra forma, Robles era alcalde cuando se firmó el contrato de adjudicación para la remodelación del Mercado Central de Tulcán.
El alcalde prefiere mantener distancia respecto al litigio de los socios de Construnor. “El Municipio como institución, el alcalde como alcalde o el alcalde como ciudadano, o cualquiera de los concejales del anterior periodo o de este, ninguno hemos sido mencionados o involucrados en esta denuncia”, dijo en una entrevista concedida este portal.

Aseguró no haber sido citado en el marco del proceso de indagación previa del proceso judicial y que la alcaldía está abierta a proporcionar toda la información que requieran los organismos de control, incluso estar dispuesto rendir su versión ante la justicia en caso de requerirlo.
“No hemos sido involucrados, mencionados o citados. La Fiscalía no me ha pedido ni notificado en nada sobre este primer caso”, manifiesta el alcalde. “Excepto, me han preguntado por escrito los nombres de las personas que ocuparon esos cargos en ese período. Entiendo que nuestra jefe de Talento Humano, en los próximos días estará dando su versión en la Fiscalía en referencia a la información que nos consultaron”.
Señaló que el listado con los nombres de dichos funcionarios ya fue remitido a la Fiscalía pero no quiso revelarlos. Aseguró que son varios los funcionarios que ocuparon en su primer período los cargos que constan en la rendición de cuentas como receptores de los pagos y que algunos de ellos todavía ocupan cargos en el Municipio de Tulcán.

La constructora
El Consorcio Construnor participó en el proceso para la adjudicación del proyecto en 2011, compitió contra tres ofertas. El presupuesto referencial para esta obra fue de $1 565 000. Su oferta, registrada en 573 fojas, fue terminar el proyecto en 320 días con un presupuesto inicial de $1 215 326,88, sin considerar obras complementarias. Esto según reposa en los archivos del Municipio del Tulcán al cual tuvimos acceso.
El mercado cerró sus puertas en febrero de 2011 para dar paso a la remodelación y se volvieron a abrir en noviembre de 2012. La obra fue presentada sin quejas por parte de la Alcaldía respecto a las estructuras, lo que si hubo fueron multas retrasos por un monto cercano a los USD 30 000.

Mercado Central de Tulcán, un proyecto con una inversión de $1,5 millones:  $1,2 millones por el contrato inicial y uno complementario por $287 750.

A la inauguración de la plaza asistieron las dignidades de aquel entonces: María Fernanda Espinosa, como ministra de Patrimonio; Laura Mafla, como gobernadora del Carchi; René Yandún, quien figuraba como prefecto del Carchi; y Robles que ya ocupaba la Alcaldía.

El día de la inauguración del remodelado mercado las autoridades municipales decidieron llamar a la obra plaza del Buen Vivir, asisitieron autoridades gubernamentales y felicitaron al alcalde por la eficiencia municipal.

María Fernanda Epinoza y Silvia Salgado se encargaron de cortar la cinta, un recuerdo de la obra y también de la corrupción.

La mencionada firma no figura en nuevos contratos con el Municipio de Tulcán. Los registros de la empresa en el Servicio de Rentas Internas muestran que las actividades del Consorcio iniciaron el 11 de marzo de 2011 y finalizaron el 14 de agosto de 2012.
La gaceta del SRI registra un auto de pago por USD 10.398,70 en octubre de 2017 y el mismo mes se resuelve cancelar el RUC 0491510633001 del Consorcio el mismo mes, junto con el de otras 147 sociedades.
Actualmente, Construnor no figura en los registros de la Superintendencia de Compañías. Consultando en el portal de sociedades Ecuador Pymes, no aparecen números telefónicos de referencia y la dirección de sus oficinas en Tulcán (La Emerita s/n La Ofelia, Carchi – Tulcán) no existe en los mapas.
Tampoco se conoce ninguna referencia entres los habitantes de la ciudad, aparte de las publicaciones realizadas por el mismo Municipio referentes a la remodelación del Mercado Central. El alcalde Robles tampoco dio ninguna pista adicional sobre la empresa.
Consultados por este medio, el abogado Galo Borja, como representante de Jorge Paredes, como denunciante, no quiso dar información sobre el proceso legal en curso.

MilHojas.is
Un día se bajó de las avionetas que fumigaban las plantaciones bananeras, por el daño que causaban a los trabajadores del campo y sus familias; hoy el capitán Jorge Acosta lucha por el bienestar de ese sector en Ecuador. Hace poco estuvo en Europa para exponer la serie de explotaciones que sufre el agricultor que es partícipe de la siembra y producción del banano. Lo hizo ante la Comisión de vigilancia del Acuerdo Comercial entre la Unión Europa y Ecuador.
Al final, explica en una entrevista con Mil Hojas, diputados que conforman esa importante Comisión, especialmente los españoles, consideraron que en el Ecuador se estaría incurriendo en el conocido domping social (delito económico consistente en la competencia comercial desleal basada en la explotación y bajos salarios a los trabajadores).
Ahora teme que las colonias de países europeos, que son productoras de la apetecida fruta, presenten quejas por la situación expuesta, pero sobre todo espera que el Gobierno Ecuatoriano tome medidas que beneficien al sector, que representa y defiende a través de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesino (ASTAC).
¿Cuál es el principal problema de los trabajadores del banano?
Es un problema que se vuelve crítico en el Ecuador, ya tiene muchos años, pero en lugar de superarlo se ahonda. Ha habido pronunciamientos, como el de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en el año 2010, en los que se refiere de la “forma contemporánea de esclavitud las plantaciones de banano”, entre otras actividades agrícolas.
En el 2012, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución reconociendo que en Ecuador hay una serie de violaciones de derechos, afectaciones a la salud y los derechos de la naturaleza. A partir de ahí, se ha denunciado frecuentemente la violación de los derechos laborales, derechos de medio ambiente. Lastimosamente ningún gobierno, ni el anterior ni ahora, han hecho absolutamente nada. No se han preocupado  por solucionar estos problemas o por lo menos mitigarlos…

¿Cuál es la principal problemática o falencia a la que se enfrenta hoy un trabajador del banano?
Uno de los principales problemas es la falta de libertad sindical. Los trabajadores no tienen la posibilidad de que se les reconozca su derecho a formar sindicatos; como no hay sindicatos no hay organizaciones que defiendan los derechos. Las empresas se permiten violarlos, afectarlos y llegar al extremo que, como dije antes, la Relatora de la Especial de las Naciones Unidas determinó que hay esclavitud en el sector bananero, y otras áreas de producción agrícola, del Ecuador.
¿Pero de qué manera han venido denunciando esas violaciones?, ¿Cómo se han organizado en esa lucha?
Desde que nuestro sindicato se activó, a partir del 2009, ha sido como coordinador de trabajadores bananeros. En el 2014 ya como Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (ASTAC), hemos denunciado la violación de los derechos. Se han creado normas, pero nunca se las cumple; ni la autoridad ha ejercido control sobre ello.
Al 2015, cuando el Presidente Rafael Correa y el Ministerio de Trabajo, promulgaron el Acuerdo 233 para regular las actividades agropecuarias. Ahí están incluidos los trabajadores del campo, tanto de ganadería como del agro, pero que trabajan en cultivos de ciclo corto; ¿Cuáles son esos sembríos? Maíz, arroz, pimientos, tomates, etcétera. Y son de ciclo corto porque desde la siembra hasta la cosecha no pasan más allá de 4 meses y se vuelve a sembrar… Esos sí son trabajadores por temporada. Ese acuerdo sirve para regular esa actividad…
En el 2016, el Ministro de Trabajo y el Presidente Rafael Correa expiden el Acuerdo Ministerial 054, que es donde incluyen en esa modalidad de trabajo, a los trabajadores bananeros y florícolas. Dijeron -y engañando- que la actividad bananera es por temporada, por ciclo. Se la compara a la producción de arroz o de maíz, lo cual no es similar. La actividad bananera es continua, es intensiva, es permanente. En cosecha de banano se trabaja todos los días del año. Los (trabajadores) de empaque, en las grandes haciendas bananeras, trabajan de cinco a seis días hasta 12 horas diarias. Todos los días se cosecha. En las fincas pequeñas es diferente. Ellos procesan cajas dos o tres días de la semana. Pero el Código de Trabajo actual ya establece una modalidad de contratación para quienes laboran en esas condiciones.

Jorge Acosta fue piloto de fumigación, como tal comprobó los graves efectos de ciertos agrotoxicos en la salud de los pilotos, nunca se ha investigado la concurrencia de accidentes y el uso de esos productosFoto: danwatch.dk

¿Cómo se ahondando la crisis de los derechos del trabajador bananero?
El Acuerdo Ministerial el 029 del 2017, que salió meses antes de que Rafael Correa entregue el Gobierno, ratifica los anteriores y despoja a los trabajadores bananeros de su salario básico, incumpliendo varios artículos de la Constitución, el mismo Código del Trabajo, Tratados en materia de Derechos Humanos, Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todo queda violentado con esos acuerdos.
¿Cuánto percibe de salario un trabajador de banano?, ¿Ganan al menos el sueldo básico?
Ahora un trabajador del sector bananero no tiene salario básico. Trabajan por destajo (cobran por trabajo y no por tiempo empleado) o por cajas, o por tareas; en muchos casos quedan en libertad de lo que le quiera pagar el empresario, según su conveniencia. No existe un suelo básico, como tienen todos los trabajadores del Ecuador, que están regularizados. Es muy variable, puedo mostrar roles de pago de quienes ganan 40 dólares a la semana; es decir, por cinco días de trabajo.
¿Usted considera que hubo un retroceso en materia de derechos?
Claro, que lo hubo: todos los acuerdos ministeriales han afectado los derechos del trabajador del banano. Sucedió en años anteriores, hasta los últimos meses de Rafael Correa en el poder; y se repite en el Gobierno actual: En abril del 2018, viene el ministro actual Raúl Ledesma, que dicho sea de paso es hijo del Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, Eduardo Ledesma, y saca un Acuerdo Ministerial, supuestamente para generar empleo; y lo que hace es reconocer todos los acuerdos violatorios anteriores, pero aparte de eso crea una supuesta modalidad de trabajo de seis horas al día. Es totalmente falso: los trabajadores del banano, en el proceso de corte y empaque trabajan entre diez y doce horas al día, desde las 06h00 hasta las 20h00, en muchas ocasiones. A veces sobrepasan las doce horas.

¿Y cuánto llegan a ganar en un día de hasta doce horas?
Empresas grandes pueden llegar a pagar 15 dólares el día, aproximadamente un dólar y algo más por hora; y no tienen posibilidades de horas extras.
¿Se viola el derecho a tener al menos un salario básico?
La Organización Internacional del Trabajo estableció un convenio, que es el 131, establece la necesidad de un salario mínimo, como forma de protección; y el Ecuador ha ratificado ese convenio, pero también lo está violando. Entonces, esta modalidad de contrato, aparte de que explota al trabajador, le da al empleador la posibilidad de persiga al trabajador, que no puede defenderse desde una agremiación.
¿De qué manera lo persigue?
Hay un caso de una compañera que es parte de este sindicato. Ella estaba en periodo de lactancia, pese a eso estaba laborando doce horas al día. Sin que se le respete su derecho a la lactancia. La empresa bananera le había dicho que haga uso de su derecho a la lactancia después de las seis de la tarde; es decir, al cabo de 12 horas de trabajo. La niña estaba con un problema de salud, estaba anémica. Cuando presentamos un reclamo, lo único que hizo la bananera fue contratarla por seis horas. Pero, además, en represalia despiden a su esposo y a ella ahora le dan solo dos días de trabajo por semana. Sustentados en esos Acuerdos Ministeriales atentatorios contra los derechos.
¿Cuándo inician la relación laboral no les hacen firmar contrato?
Algunos les hacen firmar un contrato, pero no se los entregan, lo que ya es una violación a sus derechos.

¿Y los aseguran?
Hay un alto porcentaje que no está asegurado; estimamos que un 70% del trabajadores del banano que no están asegurados al IESS. Hay otros que trabajan 12 horas, pero solo los aseguran por medio tiempo, esto es seis horas. Hay trabajadores a los que hacen facturar, desconociendo todos sus derechos, como que dan servicios prestados. Todas esas formas de explotación contra los trabajadores nacen de estos acuerdos ministeriales.
¿Y sigue funcionando el sistema de contratar a los trabajadores por grupos, con un líder, a quien le pagan por todos?  
Eso existe, se los llama cuadrillas. Todavía hay ese problema también. Igual es para no reconocer los derechos de los trabajadores de manera individual.
¿La ley sigue atentando contra los trabajadores?
Supuestamente se quiere formalizar a esos trabajadores; y la forma de legalizarlos es haciéndolos visibles, pero en formas precarias de trabajo. Por ejemplo, el acuerdo 074 del 2018 refiere que los trabajadores pueden laborar seis días a semana. Pero si se estable como derecho fundamental el descanso continuo de 48 horas, por ejemplo, ahí se está desconociendo ese derecho.
Es decir, se violan todos los acuerdos, protocolos, códigos y hasta la Constitución…
Todas esas violaciones a los derechos caen en el incumplimiento de la Constitución, del Código de Trabajo, Convenios de la OIT, Protocolos de los Derechos Humanos. Pero también viola el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que en su Título XIX, habla de que las partes están obligadas a respetar los Derechos Humanos, Laborales y de Medio Ambiente; y que los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) deben ser respetados.
¿En que otro detalle no se respeta los Derechos Fundamentales de la OIT?
La OIT, entre sus convenios fundamentales, tiene el 087 y 098 que refiere sobre la Libertad Sindical y ASTAC (Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesino), nuestra organización sindical, hasta ahora no tiene registro. Violando el Convenio 087, fundamental según el Acuerdo Comercial. Ahí se refiere la libertad sindical.

Acosta impulsa con esmero la organización de trabajadores en el eje banero y ha concretado acuerdos con organizaciones relacionadas en Centroamérica y Europa.

¿Ha reaccionado de alguna forma la OIT a favor de ASTAC?
La OIT ha acogido nuestra queja, porque estamos pidiendo el registro de ASTAC como sindicado desde el 2014. Le indicó al Gobierno de Rafael Correa y ahora también al Gobierno de Lenin Moreno. Pero ninguno de los dos ha respondido a nuestro petitorio. Por tanto, los derechos de los trabajadores del banano siguen siendo violados en el Ecuador. Incluso, la mensualización de los décimos también ha servido para esconder la explotación porque al agricultor no le pagan los 386 dólares de salario básico, como les correspondería.
¿Y el Acuerdo con la Unión Europea no corre riesgos?
La Unión Europea, lastimosamente, establece prohibiciones pero no sanciones, para los países. Son varias las denuncias, entre esas está la nuestra, pero los gobiernos no respetan. En el Artículo 277 del Título XIX, donde se refiere que por el Comercio o por la Inversión no se pueden reducir los niveles de protección en temas laborables y de Medio Ambiente. El salario básico es una forma de protección para el trabajador. Al quitárselo se está retrocediendo y se está incumpliendo el Artículo 277 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Es decir, hay dos causales para decir que el Ecuador no está cumpliendo con los trabajadores del banano.

¿Qué se ha hecho en torno a esta situación desde ASTAC?
Hace poco estuve en Europa, en Bruselas y en Alemania, tuve una serie de reuniones con sindicatos de la región, con Sindicatos Portuarios. He dicho que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea no se está cumpliendo a cabalidad y que el Título XIX que establece prohibiciones, pero no sanciones, simplemente es de adorno dentro del Acuerdo Comercial. Algunos parlamentarios coincidieron en que Ecuador está incurriendo en dumping social (delito económico consistente en la competencia desleal basada en la explotación y bajos salarios a los trabajadores), porque existen países europeos que tienen en sus colonias producción bananera, pero, a diferencia de acá, se respetan los derechos laborales de los trabajadores y eso sería domping social. Sería importante que el Gobierno del Ecuador tome acciones para proteger y precautelar los Derechos Laborales de los miles de trabajadores del banano.
¿Han obtenido alguna respuesta del Presidente Lenin Moreno?
Lo que ha hecho el Presidente de la República es querer comparar los salarios de los trabajadores del banano con los que pagan países vecinos, como Colombia y Perú.  Entonces dice: el trabajador bananero del Ecuador gana un salario más alto que los trabajadores de la región, pero no es posible hacer esa comparación, porque las condiciones y costo de vida son distintos en esos países. Además, nosotros tenemos el dólar, los vecinos tienen otro tipo de moneda. No es posible hacer esa comparación. Claro, posiblemente 200 dólares para Perú o Colombia sean buenos, pero aquí no, porque 200 dólares es muy inferior al costo de la canasta básica (que supera los 500 dólares). En países vecinos, por ejemplo, les dan bonos para incentivar la producción. Acá no sucede, cientos de agricultores no llegan ni al salario básico.
¿Ante la existencia de un potencial domping social que podría pasarle a Ecuador frente al Acuerdo Comercial con la Unión Europea?
No sé qué harán las colonias de los países europeos que producen banano ante la existencia del domping social, pero si analizan están en todo su derecho porque la explotación se está dando, desde el momento en que se despoja al trabajador bananero de su salario básico. En Ecuador se están violentando derechos fundamentales y vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de los Acuerdos Ministeriales creados entre el 2016 y 2018; y también vamos a pedir una audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.